Plan C

La Alameda presentó su denuncia

Aportes truchos al uso porteño

Son los casos de empleados y funcionarios que aparecen aportando a la campaña de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires.

Por Irina Hauser

Dos semanas atrás, Elisa Carrió cuestionaba el uso de aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires y se jactaba de que “en Capital hubo transparencia”. Sin embargo, la Fundación La Alameda -que hizo una de las primeras denuncias penales sobre el tema- empezó a recibir llamados de empleados y funcionarios de distintos rangos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se encontraron en las listas de aportes privados a la campaña de Cambiemos de 2015 y 2017 en territorio porteño pero dicen no haber puesto ni un centavo. “Estos empleados manifestaron conocer un mecanismo implementado reiteradas veces en el tiempo, mediante el cual se introduce dinero ilegal y/o de las arcas públicas para financiar diferentes campañas electorales, del actual partido gobernante en esa jurisdicción”, dice una ampliación de la denuncia que la organización entregó ayer en el juzgado de Sebastián Casanello. En un sobre cerrado, entregaron nombres de las personas que quieren denunciar judicialmente y que están dispuestas a ir a declarar, pero piden que se preserve su identidad por temor a represalias. La lista se completa con otros nombres que figuran en el organigrama del gobierno de la Ciudad y que según cotejó La Alameda aparecen con aportes de 25.000 pesos o más, en su mayoría en efectivo. Son 300 en total con donaciones totales de 8,3 millones de  pesos. Desde el espacio de Carrió Vamos Juntos, difundieron un comunicado que dice que la denuncia “es falsa y malintencionada”.  

En La Alameda, la organización popular que lidera Gustavo Vera, que también tiene su fuerza política (Bien Común), desde hace días que sus integrantes atienden llamados y consultas por las redes sociales a cuatro manos porque armaron una aplicación donde es posible buscarse como aportante en 2015 y 2017, y son cientos de personas las que se encuentran. Así fue como empezaron a llamarlos también de distintas dependencias porteñas: ministerio de Ambiente, Defensa del Consumidor, Teatro Colón, Ministerio de Salud, sólo para empezar. Entre las consultas, apareció inclusive un agente de la policía de la Ciudad desesperado porque se supone que desde su función no puede aportar dinero a un partido político, sin embargo aparecía haciéndolo. Hay casos en Desarrollo Urbano y Transporte, y hasta indicios de que figuraría algún controlador de faltas. La presentación ante Casanello pide especialmente que se resguarde la identidad de estos denunciantes/víctimas, que además de relatar que advirtieron el mecanismo, señalan que “los funcionarios responsables de las distintas áreas figuran como aportantes, y que el dinero correspondería a dinero de empresas contratistas del Estado o al mismo presupuesto del Gobierno”.

Hasta ahora estaba clara la existencia de un modus operandi de Cambiemos para justificar millonarios aportes de campaña en la provincia de Buenos Aires, con distintas modalidades como el uso de identidades de personas que viven en la pobreza y cobran planes sociales (campaña legislativa 2017)  y también el uso de los datos personas de ex candidatos y candidatas a intendencias, concejos deliberantes o consejos escolares (campaña presidencial 2015). El caso de la Ciudad de Buenos Aires introduces una nueva jurisdicción y otra modalidad, ya que hay funcionarios y ex funcionarios de todo rango (directores, subsecretarios, gerentes y empleados) que aparecen con aportes en ambas campañas, en especial la del año pasado, con la alianza política Vamos Juntos que llevó como candidatas a Elisa Carrió y a María del Carmen Polledo. La Alameda hizo su primera denuncia sobre casos de aportantes truchos en territorio bonaerense y pidió que se investigue lavado de dinero. Su ampliación de ayer contiene el capítulo porteño, y algunos datos más y aportantes de la provincia de Buenos Aires.  

El comité de campaña de Vamos Juntos, que condensa las figuras de Carrió y del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, difundió ayer un comunicado que cuestiona la denuncia y dice que “ninguna contribución a la campaña Vamos Juntos fue realizado sin la voluntad de quienes eligieron colaborar”. Además descartó una relación entre “un bono por desempeño que percibieron algunos empleados municipales y los aportes a la campaña”. Esto último alude a información revelada por el periodista Juan Amorín –quien destapó la olla de los aportantes truchos en El Destape– según la cual en la Ciudad de Buenos Aires el 10 de marzo de 2017 un grupo de empleados porteños recibió un extra salarial, y el 10 de agosto, esa misma lista de empleados aparecen aportando 25.000 pesos cada uno a la campaña de Carrió en efectivo.

La ampliación de denuncia de La Alameda afirma que “se usaron datos privados con los que cuentan las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para generar una inmensa cantidad de aportantes falsos” en las campañas Cambiemos en 2105 y las alianzas Cambiemos Buenos Aires y Vamos Juntos en 2017. Y reclama conocer “quienes son los responsables intelectuales y materiales de implementar tal sistema ilegal” como así “los empleados y funcionarios que pudieron prestar su consentimiento para dicha maniobra”. La presentación judicial también suma datos empleados de reparticiones nacionales que se hallaron como aportantes a la campaña Cambiemos Buenos Aires (en provincia). Mencionan miembros de AFIP y fuerzas de seguridad, entre otras. Como medida básica, piden que se tomen declaraciones testimoniales a las personas que figuran como aportantes. Casanello le giró al fiscal Carlos Stornelli todo el nuevo material para defina el enfoque y las medidas adoptar. En base a la denuncia original de aportantes en tierra de María Eugenia Vidal, para las campañas de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, ya fueron citados a declarar como testigos 50 supuestos aportantes. En esta misma causa, el juez aceptó como “amicus curiae” (amigo del tribunal) a Margarita Stolbizer, que también hizo una denuncia, con la particularidad de que insiste en desligar a Vidal -titular del PRO bonaerense– del tema.

En la investigación preliminar que el fiscal electoral Jorge Di Lello cuando se conocieron los primeros datos informados por Amorín, ya se corroboraron cuestiones básicas: que cerca de 150 aportantes privados son beneficiarios de planes sociales, que viven en la pobreza, y que muchos de ellos fueron afiliados al PRO sin saberlo. Desarrollo Social y Anses  ya enviaron todas las respuestas a la fiscalía. Falta un informe de Gendarmería que debía hacer un relevamiento para constatar la situación de vulnerabilidad en que viven los supuestos donantes, que hace impensable que hayan puestos aportes de unos 2500 (cuando cobran planes de 4500 y no llegan a fin de mes). Di Lello considera que debe ocuparse de ver si hay delito el juez electora platese, Adolfo Ziulu, subrogante actual. En otros despachos consideran el juez electoral deberá investigar una violación a la ley de financiamiento, pero hay delitos penales que pueden rastrearse por cuerda separada, desde el lavado hasta el uso de identidad y falsificación de firmas, o también el uso de grandes bases de datos, como parece haber ocurrido. Di Lello mandó ya a la Cámara electoral, material sobre aportes truchos a la campaña 2015 publicado en los medios en las últimas semanas, porque allí está apelada la resolución de María Servini de quitarle a Cambiemos los aportes públicos por la deficiencia en la rendición de la campaña presidencial.

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Ojo, en CABA los aportantes son cómplices de lavado de dinero ya que sabían la operación. .