Plan C

La estrategia del Gobierno para desvincular a Prefectura del crimen del joven mapuche

Repudian "nuevas mentiras" sobre Rafael Nahuel

Por Adriana Meyer

La pulseada del Gobierno para desvincular a la Prefectura del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel sumó un nuevo capítulo. Los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Técnicos de CNEA (Atcnea) y la Asociación de Profesionales de CNEA (Apcnean) del Centro Atómico Bariloche, repudiaron la difusión de “mentiras” sobre la causa judicial.

“Queremos expresar nuestra indignación por nuevas mentiras en la nota publicada en Clarín del 9 de julio en la cual nuevamente se ataca sin fundamento a nuestros compañeros de trabajo”, expresaron representantes sindicales de esas tres agrupaciones. Mientras tanto, otros medios ya se deleitan con lo que denominan la “ocupación” de un hotel abandonado en cercanías del territorio recuperado de Villa Mascardi donde murió Nahuel luego del operativo del grupo Albatros, el 25 de noviembre. “Son una ofensa a los investigadores y técnicos de la institución, cuyos resultados de los trabajos son independientes de toda posición política e ideológica”, enfatizaron sobre la insistencia en instalar la teoría funcional al Gobierno del “enfrentamiento armado” entre la Prefectura y esa comunidad originaria.

Los delegados Armando Aligia, Rodolfo Sánchez, José Lago Fernández y Leando Da Rold elaboraron un extenso documento en el que describieron las “falsedades” de la publicación que llevó por título Conflicto en la Patagonia, que volvió a plantear la existencia de “dos versiones” sobre los restos de pólvora encontrados en las manos de los jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Nahuel, Fausto Jones Huala y Lautaro González, como así también del propio joven asesinado. En primer lugar aclararon que no hubo diferentes resultados entre peritajes porque en Bariloche sólo hicieron un informe, luego destacaron que los estudios no fueron hechos bajo una orientación política sino científica, y por último refutaron directamente las supuestas “fuentes” mencionadas en el cuestionado artículo.

A Salta por sugerencia de Bariloche

Los delegados recordaron que en febrero ese diario publicó que “las pericias en las extremidades de los integrantes de Prefectura Naval y mapuches para detectar restos de pólvora difirieron sustancialmente en sus conclusiones. Mientras el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche dictaminó que no había residuos de pólvora en Nahuel, en el Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta indicaron lo contrario”. Al respecto señalaron que “en la realidad, en Bariloche no se llevó a cabo ninguna pericia, sino simplemente un estudio técnico  de cuantas partículas de antimonio, bario y plomo, había en distintas muestras anónimas. Ese estudio debe ser interpretado por peritos idóneos para que ellos determinen cuales muestras corresponden o no a disparos”. Y agregaron: “A sugerencia misma de los trabajadores del Centro Atómico Bariloche, ese estudio se envió al servicio de Salta para que ellos hagan la pericia. Estos son los que determinarían quien disparó o no. Por lo tanto son completamente falsas e infudadas las notas del periodista Claudio Andrade, cuando afirmó que `los científicos del Instituto Balseiro habrían confirmado a la Justicia Federal que fueron encontrados restos de pólvora en las manos del Rafael Nahuel’”.

El fantasma K

Aligia, Sánchez, Lago Fernández y Da Rold recordaron que otra nota del mismo autor sostuvo que “en el Gobierno consideran que no fue pertinente enviar a hacer los análisis de las cintas de carbono a un departamento que dirige la científica Adriana Serquis conocida por su militancia kirchnerista. Serquis ha calificado al gobierno de Mauricio Macri como una dictadura”.  Sobre la aventurada hipótesis, los representantes sindicales expresaron: “No nos consta ninguna declaración pública de ningún trabajador involucrado en la pericia respecto de calificaciones al gobierno. Más allá de eso, el procedimiento técnico fue detallado y todos los datos originales entregados, por lo que no hay ninguna posibilidad de falsear los resultados. Estas declaraciones son una ofensa a los investigadores y técnicos de la institución, cuyos resultados de los trabajos son independientes de toda posición política e ideológica. Además las muestras eran anónimas”. 

En favor de su argumento, mencionaron que las máximas autoridades de la institución, que asumieron con este gobierno, han respaldado el estudio. En una nota pública el presidente, vicepresidente y gerente general de la CNEA afirmaron que “el análisis realizado por el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche evaluó la presencia de componentes químicos utilizando un microscopio electrónico de barrido sobre muestras codificadas sin nombres, enviadas oportunamente por el juzgado, hecho que aseguró el anonimato de las personas motivo de la investigación, garantizando la imparcialidad del estudio. El perfil eminentemente técnico del Informe elaborado por CNEA está sustentado por la idoneidad y profesionalismo del grupo científico y técnico interviniente; el uso de equipamiento de última generación; y el procedimiento utilizado que impedía conocer a quiénes pertenecían las muestras estudiadas”.

Los delegados también desmintieron otro relato del artículo: “Fuentes científicas relataron que la doctora recorrió la institución con un documento escrito por ella misma, donde se avala su trabajo en el caso Nahuel. Le pidió a casi todos los miembros del staff de la institución que lo firmaran pero muchos se negaron”. En este punto dijeron: “Esto es una falsedad completa. La nota fue elaborada por trabajadores del Centro Atómico Bariloche reunidos en asamblea, y fuimos los mismos trabajadores los que recolectamos firmas entre nuestros compañeros. Nadie se negó a firmar”. A modo de síntesis, el documento de ATE, Atcnea y Apcnean manifestó: “Desmentimos y corroboramos nuevamente la tergiversación de los hechos que repetidamente hace el periodista Andrade. Desde que ocurrió el hecho vemos que trata de sostener la hipótesis de que hubo un enfrentamiento armado en la muerte de Rafael Nahuel y darle un supuesto halo de veracidad sosteniendo relatos infundados, mentiras y desprestigiando con ataques perversos la labor de los trabajadores del Centro Atómico Bariloche, que simplemente están colaborando con la justicia por pedido de ella misma. Una vez más, repudiamos este tipo operaciones y que no tienen nada que ver con dar información o con el periodismo”.

¿Perros=armas?

En tanto, la fiscal del caso profundiza la línea oficial, que abona la teoría del supuesto fuego cruzado entre ocho miembros del grupo Albatros y los mapuches que habían recuperado el territorio en Villa Mascardi, ordenó más detenciones.

Así lo consignó el sitio En estos días, que también dio cuenta de las curiosas interpretaciones de la fiscal federal Silvia Little sobre las escuchas de la causa: cuando los mapuches hablan de “perros” según ella se refieren a armas.

La Lof Lafken Winkul Mapu había sido desalojada el 23 de noviembre, con la detención de mujeres y niños, a pedido de Parques Nacionales, y dos días después se produjo la incursión armada de la Prefectura que terminó con el asesinato de “Rafita” Nahuel. El juez de la causa, Gustavo Villanueva, ordenó la intervención de líneas telefónicas que pertenecen a miembros de esa comunidad que habían permanecido en la montaña. Los jóvenes mapuches admiten en sus conversaciones que están “pasando frío”, piden que les lleven “milanesas” para comer, y en otro tramo de las escuchas anticipan que irían al lago Mascardi “a pescar con los perros”. Según escribió el periodista Santiago Rey, esta última frase fue interpretada por miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la fiscal Little como un mensaje en clave: “perros” para los mapuches serían “armas”. Sin embargo, no existe en el expediente otro indicio que confirme esta forma de hablar por parte de los mapuches, que están acusados de “atentado al orden constitucional” aunque el caso comenzó como “usurpación”. Tampoco en la causa sobre el asesinato de Nahuel hay alusión alguna a la presencia de armas, aunque sí de canes.

Por su parte, el acusado prefecto Francisco Javier Pintos sigue en libertad y, como consignó el portal barilochense, entró en varias contradicciones en su extensa declaración indagatoria, sobre todo al no poder explicar el faltante de municiones de su arma MP5. Hasta ahora los prefectos que declararon protegieron a Pintos. El compañero de armas al que acusó por la muerte de Rafita, Juan Ramón Obregón, otro de los argumentos de su defensa, aún no fue interrogado.

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