Extinción de dominio: el último antecedente del DNU de Mauricio Macri le costó al país U$S200 millones
La CONAREPA fue creada por la dictadura militar para perseguir a ex funcionarios peronistas, que fueron resarcidos luego en democracia.
El Presidente Mauricio Macri decretó la aplicación de la figura de extinción de dominio para “recuperar” el dinero de la corrupción, lo hizo por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia tras idas y venidas en el Congreso, sin embargo, apenas se conoció la medida, las críticas no cesaron.
Ocurre que, la última dictadura implementó una medida similar, que terminó costando US$ 200 millones al Estado.
La implementación por la vía del decreto del presidente Mauricio Macri de la “extinción de dominio”, con el presunto objetivo de “recuperar el dinero mal habido” de la corrupción política, el narcotráfico y otros delitos, puede terminar costándole al país cientos de millones de pesos toda vez que, de acuerdo al criterio de reconocidos juristas, se trata de una medida inconstitucional.
Uno de los antecedentes que se registran con medidas similares es el de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA), que se ocupó de juzgar a ex funcionarios y empresarios ligados al tercer gobierno peronista, que actuó entre 1973 y 1976 con las presidencias de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón.
El organismo incautó propiedades y bienes de esos detenidos, tales como la Quinta 17 de Octubre que el tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón tuvo en el barrio Puerta de Hierro, en Madrid, España, y un chalé suyo en la calle Gaspar Campos, del partido bonaerense Vicente López.
Al no tener sentencia, varios de los damnificados debieron ser recompensados ya que nunca recuperaron sus bienes. En el año 2010, en el marco de las las políticas de DD.HH, la entonces mandataria Cristina Kirchner ordenó el traspaso de los expedientes de la CONAREPA al Archivo Nacional de la Memoria.
La CONAREPA detuvo y confiscó los bienes a 80 personas, que, luego del retorno de la Democracia y re instaladas las garantías constitucionales, reclamaron ante el Estado y obtuvieron indemnizaciones por 200 millones de dólares, en el año 2001.
El Destape
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