Plan C

La empresa venezolana realizará los escrutinios

Smartmatic, dueña de las elecciones

Ganó la licitación y realizará la transmisión electrónica de los resultados electorales. Indra recurrirá a la Justicia.

Por Miguel Jorquera

La empresa Smartmatic ganó la licitación que llevó adelante el Correo Argentino y será la encargada del escrutinio provisorio de las primarias de agosto, de la elección general de octubre y de un eventual ballottage presidencial en noviembre de este año. Con una mejor oferta económica, Smartmatic desplazó a la española Indra, que viene haciendo esta tarea desde hace 22 años, y que planteó “gravísimas observaciones” técnicas a sus competidores y podría judicializar la licitación. Smartmatic, de origen venezolano y con sede central en Londres, también se adjudicó la licitación del cuestionado escaneo y transmisión de datos de las actas de escrutinio. El PJ definió la disputa como “una pelea de negocios” y presentaron un pedido de informes ante el Ministerio de Interior ante la sospecha sobre la capacidad técnica de Smartmatic para la transmisión de datos de todas las mesas electorales, para cuya tarea utilizaría “15 mil netbooks provistas por Educ.ar mediante un convenio ad hoc” con el gobierno nacional.

Con una oferta económica de 17 millones de dólares para desarrollar el escrutinio provisorio de todo el proceso de la elección presidencial, Smartmatic desplazó a la catalana Scytl que presentó un costo de 17,9 millones y a la española Indra que ofertó 19,2 millones de dólares.  

Aunque Indra podría judicializar el proceso licitatorio. La multinacional española había objetado sin éxito, antes de apertura de los sobre de las ofertas económicas, las carencias técnicas de sus competidoras que incluían experiencias cuestionadas que las mismas desarrollaron en otros países. 

“Los oferentes no cumplirían con los requisitos técnicos mínimos exigidos para participar del procedimiento de selección y, por lo tanto, no ofrecerían condiciones que garanticen suficientemente el cumplimiento efectivo de las prestaciones a contratar”, remarcó Indra en una presentación de 16 páginas enviada al Correo Argentino, a cargo de la licitación. Por lo que la compañía no da todavía por perdido el negocio que desarrolla en la Argentina desde 1997. De no prosperar los reclamos de Indra, Smartmatic se quedaría con todo el proceso del escrutinio provisorio desde la transmisión de datos, que también ganó con una oferta de 1.360.000 dólares por el software que se utilizará para esa función. La empresa salió al cruce de los cuestionamientos. “Ganamos la licitación con una oferta económica del diez por ciento menor que Indra y superamos los requisitos técnicos”, dijo a PáginaI12, Andrés Rombolá, el gerente general para el Cono Sur de Smartmatic, quien también defendió la capacidad técnica de la compañía y mencionó –entre otras experiencias internacionales– la licitación que ganaron en Los Angeles, Estados Unidos, para la realización de las elecciones “compitiendo con 30 compañías de EE.UU. y Canadá”, “cuyo sistema electrónico pasó los controles establecidos por el FBI y la CIA”. 

“Es una pelea de negocios”, sostuvo el apoderado del PJ nacional, Jorge Landau ante la consulta de Página 12. De todas maneras, insistió en el aspecto más cuestionado del cambio en el sistema electoral que introdujo el Gobierno: la transmisión electrónica de los resultados. El PJ nacional realizó un pedido de informes ante el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Interior, Adrián Pérez, para conocer detalles del sistema. Entre ellos, si “las 15.000 netbooks y los 15.000 escáneres que serían utilizados en el proceso de captura y transmisión de los resultados de cada mesa serán provistas por Educ.ar mediante un convenio ad hoc, son los mismos que oportunamente se distribuyeron a estudiantes secundarios, su capacidad técnica y su estado de mantenimiento”. Por lo que solicitó “información técnica detallada sobre todo el equipamiento a utilizar y el software de trasmisión contratado, cerrado y sin que intervenga ninguna universidad o institución oficial que analice el código abierto y dictamine sobre la conveniencia y confiabilidad de su uso”. Además de “la realización de una prueba operativa piloto de todo el sistema desde una escuela, incluyendo la utilización del software”.

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