Por qué la causa de las Fotocopias de los Cuadernos está a punto de caerse
La Cámara de Casación ordenó que se entreguen las grabaciones de los supuestos arrepentidos en esta causa, un registro que exige la ley pero que Bonadio y Stornelli nunca mostraron.
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La causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial. La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
La ley del Arrepentido, impulsada por el propio Mauricio Macri, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio. Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
El dato lo reveló ayer el periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino, que tuvo acceso a la resolución de la Cámara de Casación. La misma llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados (Verbitsky dixit), y dice: “Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase –con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos”.
La resolución de la Cámara de Casación es un decreto que acordaron los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los últimos dos también fueron designados por Macri. El escrito lo firmó sólo la jueza Figueroa como presidenta de la sala I del máximo tribunal penal del país.
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
La ley del Arrepentido fue el instrumento Made in USA que importaron Macri y Patricia Bullrich con el único objetivo de apuntalar la persecución judicial a opositores. El artículo 6 es claro. Dice, textual: “Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. Clarito. Y todo indica que no cumplieron con la ley.
Tras el fallecimiento de Bonadio el juzgado 11 de Comodoro Py quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá buscar en los cajones si esas grabaciones existen o confirmar las sospechas que rondan desde el inicio de este caso: que no.
Si aparecen las grabaciones, algo muy poco probable ya que sino ya las habrían incluido en el expediente, quedará a la vista qué dijeron y qué no los arrepentidos. Ya hubo varios casos, como informó El Destape, donde los arrepentidos decían una cosa pero la prensa antikirchnerista los hacía decir otra.

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