Plan C

Milei y su maquinaria del miedo: Intentarán meter preso a Roberto Navarro

La Argentina de Javier Milei revive un capítulo oscuro de su historia, restableciendo el estado de excepción y utilizando el terror como herramienta política para silenciar la disidencia y perpetuar una crisis económica sistémica. La persecución judicial de opositores y periodistas críticos revela la verdadera naturaleza del régimen.

 Argentina, bajo el liderazgo de Javier Milei, ha vuelto a caer en la trampa del estado de excepción, desde el cual la Constitución se ha convertido en un mero libro viejo y las garantías fundamentales de los ciudadanos son sistemáticamente desmanteladas. En un país históricamente conocido por su capacidad de movimiento y resistencia, el actual gobierno busca instaurar un clima de terror, implementando lo que Michel Foucault llamó "tecnologías de poder, castigo y control" para paralizar a la sociedad.

Este fue el análisis realizado por el periodista Ari Lijalad en su editorial desarrollado en El Destape Radio. El objetivo más allá de esta estrategia de terror no es que la transferencia de retribución la tengan los verdes amantes del poder, aquellos que dictan políticas a Mile desde detrás de las sombras. Este plan, que se implementó en 1976 mediante una dictadura militar respaldada por el poder económico, ahora se está llevando a cabo bajo una fachada democrática. Sin embargo, la aplicación de estas políticas económicas draconianas es imposible paralizar a una sociedad que, ante los robos y las humillaciones, no teme salir a las calles.

De esta manera Lijalad explicó que los casos recientes ilustran claramente esta realidad. Por un lado, diez y seis personas permanecen detenidas por manifestarse contra la "Ley de Bases", acusadas de "terroristas" por el fiscal Carlos Stornelli, quienes paradójicamente tendrían que estar en su nombre con actividades de espionaje ilegal. Este fiscal, junto con la jueza María Servini, ordenó las detenciones con base en un tuit de una cuenta falsa y notas de los medios Clarín y La Nación, creando un pretexto absurdo para la represión.

Los manifestantes se reúnen entre los detenidos y hay una familia vendiendo empanadas para subsistir. La ley Servini, conocida por su longevidad en la industria de carga y por intentos previos de censura como el caso de Tato Bores, permite utilizar la maquinaria judicial como arma de intimidación, perpetuando una cultura de picardía que busca derribar a la población. .

No se considera el uso del poder judicial, denominado Lijalad, como instrumento de represión. La semana pasada se abrió un proceso penal contra Roberto Navarro, director de El Destape, acusado de "incitación a la violencia colectiva". Esta acusación, impulsada por figuras mediáticas cercanas al poder como Eduardo Feinmann y Luis Majul, surgió luego de que Navarro advirtiera contra los insultos de los discursos de odio, pocos días antes del intento de atacar a Cristina Fernández de Kirchner. El caso, previamente devaluado por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Rolando Ríos, ha sido reabierta por los jueces nombrados por Mauricio Macri, destacando el uso del aparato judicial para abordar el período crítico.

Navarro se enfrenta a una pena de tres a seis años de prisión, con una clara intención de silenciar su voz y la de otros periodistas que intentan cuestionar el poder. Esta persecución no es sólo contra Navarro, sino también contra todo el período independiente en Argentina, intentando inyectar fondos e impedir que las irregularidades gubernamentales sean investigadas y denunciadas.

La reapertura del caso contra Navarro coincide con las revelaciones de su medio sobre el acopio de más de cinco mil kilos de bienes entregados por el gobierno, destinados a una posterior distribución que nunca se concretó. Esta revelación de la crueldad estatal es un motivo obvio para una reprimenda judicial, que intenta acusar a la gente de exponer la verdad.

La situación en Argentina es alarmante. El gobierno de Mile, al igual que en épocas oscuras de la historia nacional, utiliza la miel y la persecución para consolidar su poder y promover políticas avanzadas que beneficien a una élite a expensas de la suficiencia del alcalde. Este estado de excepción, donde el terror es la norma y la justicia está presente para reprimir, no puede tolerarse.

La resistencia histórica de la sociedad argentina, desde las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hasta los movimientos sindicales y estudiantiles, es una luz de esperanza en medio de esta oscuridad. El periodismo independiente y crítico, que se niega a ser silenciado, juega un papel crucial en la defensa de la democracia y los derechos humanos. La guerra continúa, y aunque el gobierno de Milei pretende imponerse a su régimen, la historia demuestra que el pueblo argentino no puede reconciliarse fácilmente.

El camino hacia la justicia y la libertad es arduo, pero necesario. Los ataques contra los derechos fundamentales deben denunciarse y combatirse, y la verdad debe prevalecer sobre el terror. Argentina enfrenta uno de sus momentos más críticos y la respuesta de la sociedad será crucial para su futuro.

EN ORSAI