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El campo propone derogar la Ley de Manejo del Fuego para aprovechar los incendios con emprendimientos inmobiliarios

La Sociedad Rural de Rosario apoya abiertamente el proyecto del diputado libertario Beltrán Benedit para derogar la Ley de Manejo del Fuego. Alegan que atenta contra la propiedad privada, mientras críticos señalan que se trata de una peligrosa apertura para la especulación inmobiliaria. El diputado argumenta que la normativa actual es ineficaz y perjudica la producción agropecuaria. Sin embargo, detrás de esta postura, se esconden intereses que podrían poner en riesgo la protección ambiental y favorecer prácticas especulativas.

(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) La reciente propuesta del diputado nacional por la Libertad Avanza, Beltrán Benedit, de derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego, ha generado una intensa polémica. La Sociedad Rural de Rosario, uno de los actores más influyentes del sector agropecuario, se ha pronunciado abiertamente a favor de la iniciativa, calificando la normativa vigente como "inútil e ineficaz". Pero, ¿Qué hay realmente detrás de este apoyo entusiasta?

La ley en cuestión, popularmente conocida como “Ley Máximo” por el impulso recibido de parte de Máximo Kirchner, fue implementada en 2020 con el objetivo de proteger los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales. Esta normativa introdujo una modificación crucial en el artículo 22 bis de la Ley de Manejo del Fuego 26.815, estableciendo la prohibición de vender terrenos incendiados por un período de entre 30 y 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios descontrolados.

La Sociedad Rural de Rosario, en un comunicado, argumenta que esta ley "es inútil e ineficaz" y sostiene que "se violan competencias jurisdiccionales". Guillermo Farbman, socio y asesor de la entidad, declaró que la normativa "afectó durante mucho tiempo la producción agropecuaria" y que "no tiene ni pie ni cabeza". Para Farbman, la ley actual obliga al abandono de los campos incendiados, impidiendo su uso productivo durante décadas, lo que considera "sumamente arbitrario" y "no científico".

El discurso de los ruralistas se centra en la defensa de la propiedad privada y la crítica a lo que consideran una interferencia indebida del Estado en la gestión de los terrenos. Sin embargo, detrás de esta postura aparentemente técnica, hay intereses que apuntan a una mayor libertad para explotar y comercializar tierras, incluso a costa de la preservación ambiental.

La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) también ha expresado su rechazo a la ley actual, describiéndola como un "nuevo intento de avance sobre la propiedad privada". Para CAIR, la prohibición de actividades agrícolas en terrenos incendiados constituye una "confiscación estatal sin precedentes", que solo sirve para "espantar la inversión productiva".

El diputado nacional por la Libertad Avanza, Beltrán Benedit.

Este rechazo no es un fenómeno aislado. Desde su implementación, la Ley 27.604 ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores del campo, que ven en las restricciones impuestas una amenaza a sus intereses económicos. La normativa aprobada por el poder legislativo prohíbe cualquier actividad agrícola distinta al uso habitual de la superficie al momento del incendio y establece que, en casos de incendios en bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, las prohibiciones se extienden hasta 60 años.

El libertario Beltrán Benedit, junto a otros diputados de su bloque, ha argumentado que la ley carece de "suficiente respaldo técnico" y que "no ha cumplido con sus objetivos declarados". Según Benedit, la realidad ha demostrado que la normativa se basa en un supuesto erróneo y está cargada de "contenido ideológico y prejuicios". El diputado sostiene que la ley actual viola el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad al imponer restricciones sin diferenciar las circunstancias de los incendios.

El proyecto de derogación de Benedit propone una "regulación más razonable del manejo del fuego", que permitiría restaurar el derecho a la propiedad privada y devolver a las provincias la competencia para tomar decisiones frente a los siniestros. Para los ruralistas, esta propuesta representa una oportunidad para recuperar terrenos que consideran injustamente estigmatizados y desaprovechados. Por supuesto, anteponen la necesidad económica ante que el cuidado responsable de la ecología.

Sin embargo, los críticos de esta iniciativa advierten que derogar la Ley 27.604 podría abrir la puerta a la especulación inmobiliaria y al uso indiscriminado de terrenos que deberían ser preservados por su valor ecológico. La normativa actual busca precisamente evitar que los incendios se conviertan en una excusa para transformar áreas naturales en desarrollos inmobiliarios o agrícolas intensivos.

El debate en torno a esta ley refleja una tensión profunda entre la protección del medio ambiente y los intereses económicos de los propietarios rurales. La propuesta de derogación no solo pone en riesgo la integridad de los ecosistemas afectados por incendios, sino que también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Esto va de la mano con el artículo que escribimos denominado: La Impunidad del Desmonte: El Gobierno de Milei y la Destrucción de los Bosques en el Norte Argentino que invitamos a que te tomes 5 minutos para leerlo.

En el mismo narramos la complicidad entre el actual gobierno y la agroindustria impulsando la deforestación ilegal mientras la biodiversidad y los derechos indígenas se ven amenazados. A partir de una denuncia de Greenpeace se descubrió un alarmante incremento en la deforestación en el norte del país. La destrucción de los bosques, impulsada por intereses económicos, está provocando una emergencia ambiental y social sin precedentes.

En un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad, resulta crucial mantener y reforzar las normativas que protejan nuestros recursos naturales. La Ley 27.604, con todas sus imperfecciones, representa un esfuerzo por limitar el impacto negativo de los incendios en los ecosistemas y evitar que se conviertan en una oportunidad para la especulación.

La derogación de esta ley, tal como proponen el libertario Benedit y sus aliados, podría significar un retroceso significativo en la protección ambiental, favoreciendo a corto plazo a un sector que busca maximizar sus beneficios a expensas del bien común. Es necesario un debate profundo y bien fundamentado que considere no solo los derechos de los propietarios, sino también la responsabilidad colectiva de preservar nuestro entorno natural para las generaciones futuras.

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