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Salta: Drogas en Patrulleros, ambulancias y camiones de bomberos

En Salta, dos policías han sido imputados y se les ha dictado prisión preventiva por 120 días, tras ser encontrados transportando 420 kilos de cocaína en una camioneta oficial. La imputación, que incluye el agravante de ser funcionarios públicos, evidencia un alarmante nivel de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. El incidente pone en tela de juicio la eficacia de las instituciones encargadas de la prevención y persecución del narcotráfico.

(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, formalizó la investigación penal requerida por el fiscal Marcos César Romero contra los dos agentes de la Policía de Salta, quienes fueron detenidos por la Gendarmería Nacional en un control sobre la Ruta Nacional 34, en la localidad de Aguaray. La gravedad del delito, que podría conllevar una pena mínima de seis años de prisión, se ve agravada por la condición de funcionarios públicos de los acusados y la participación de un tercer individuo, actualmente prófugo.

El pasado martes, a las 7:20, el personal de la Gendarmería Nacional realizaba un Operativo Público de Prevención sobre la Ruta Nacional 34. En el kilómetro 1466, detuvieron una camioneta Toyota Hilux 4x4 con ploteados de "POLICIA, 911 Emergencias", que era conducida por un agente de la Policía de Salta acompañado de dos individuos. Al ser interrogados, los ocupantes del vehículo dieron respuestas contradictorias sobre su destino, generando sospechas en los gendarmes.

Ante la insistencia de los efectivos, se reveló que en la caja de la camioneta había cinco neumáticos cubiertos por bolsas de arpillera negras. La situación se tornó aún más sospechosa cuando el tercer ocupante del vehículo intentó huir, disparando contra los gendarmes que lo perseguían. Aunque logró escapar, los oficiales encontraron en la caja de la camioneta ocho bolsas de arpillera con 400 paquetes de cocaína, que pesaban un total de 420 kilos.

El efectivo que escapó durante la incautación de 420 kilos de cocaína oculta en un móvil de la Policía de Salta es el oficial Julio Omar Núñez, oriundo de Tartagal. Núñez trabajaba en el Centro de Video Vigilancia de la Policía de Tartagal. Al día de la fecha aún no trascendió si el hombre, de 40 años de edad, ya fue detenido o todavía se encuentra prófugo.

En la audiencia de formalización, la jueza Ivana Hernández dio lugar a la solicitud de la fiscalía de dictar prisión preventiva para los dos policías detenidos, al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Los acusados se negaron a declarar, y se ordenaron allanamientos en sus domicilios para recabar más pruebas y buscar al tercer ocupante de la camioneta.

El hallazgo de la droga, valuada en millones de dólares, y la detención de los agentes involucrados representan un golpe significativo al narcotráfico en la región. Sin embargo, también pone de manifiesto la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública, cuestionando la integridad y la eficacia de las fuerzas policiales en la lucha contra el narcotráfico.

La implicación de policías en actividades ilícitas no es un fenómeno nuevo en Argentina, pero cada nuevo caso añade una capa de desesperanza y desconfianza en el sistema. La participación de funcionarios públicos en el narcotráfico revela una falla sistémica en la vigilancia y control de quienes deben proteger a la ciudadanía.

El caso de Salta se suma a una lista creciente de incidentes que exponen la fragilidad de las instituciones frente a la corrupción y el crimen organizado. La utilización de vehículos oficiales para el transporte de drogas no solo es un acto de traición a la confianza pública, sino también un indicativo del nivel de impunidad con el que operan ciertos sectores de las fuerzas de seguridad.

El rol de la justicia en estos casos es crucial para restablecer la confianza en las instituciones. La rápida intervención de la Gendarmería y la decisión firme de la jueza Ivana Hernández de dictar prisión preventiva son pasos en la dirección correcta. Sin embargo, es esencial que la investigación continúe con rigor y transparencia, y que se asegure la captura del prófugo para completar el círculo de la justicia.

El desenlace de este caso tendrá implicaciones significativas para la lucha contra el narcotráfico en Argentina. Las autoridades deben reforzar los mecanismos de control interno y garantizar que aquellos encargados de la seguridad pública no se conviertan en facilitadores del crimen organizado.

La batalla contra el narcotráfico es, en última instancia, una batalla por el alma de las instituciones públicas. Casos como el de Salta deben servir como un llamado a la acción para implementar reformas estructurales que impidan la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad. Solo a través de una vigilancia estricta y una justicia implacable se podrá recuperar la confianza pública y garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad.

 

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En el año también se secuestraron droga en una camioneta de bomberos y en una ambulancia

En lo que va del año, se han registrado tres incidentes de narcotráfico utilizando vehículos públicos en Salta. En marzo, una camioneta de bomberos voluntarios de Aguas Blancas fue interceptada con 341 kilos de cocaína. En abril, una ambulancia que partió de Orán fue detenida en Santiago del Estero con 134 kilos de cocaína.

El caso más reciente ocurrió en Aguaray, donde un móvil de la Policía de Salta fue descubierto transportando 420 kilos de cocaína. Estos casos exponen la creciente utilización de vehículos oficiales para el tráfico de drogas y subrayan la necesidad urgente de una intervención efectiva para combatir la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.

Además, cada uno de estos eventos no solo refleja la audacia de las redes criminales, sino también una alarmante complicidad institucional que amenaza con socavar la confianza pública en las autoridades. La respuesta de las fuerzas de seguridad y la justicia debe ser contundente y ejemplar para desmantelar estas estructuras y restaurar la integridad en los servicios públicos.

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