El Laberinto Judicial del Atentado a CFK: La Decisión que Podría Desviar la Investigación
La Cámara Federal y el Laberinto de la Impunidad: El Caso de los Celulares Borrados y la Oscura Trama Político-Judicial
La reciente decisión de la Cámara Federal de no investigar los celulares borrados de las secretarias de Gerardo Milman, ex jefe de campaña de Patricia Bullrich, añade un nuevo capítulo al enredado proceso judicial que sigue el atentado contra la vicepresidenta argentina. La determinación de la justicia y sus implicaciones en la causa revelan una preocupante falta de transparencia y un posible encubrimiento de las pistas políticas aún abiertas.
En un giro inesperado y controvertido, la Cámara Federal ha decidido no investigar los celulares borrados de las secretarias de Gerardo Milman, el ex jefe de campaña de Patricia Bullrich en el momento del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Este fallo ha desatado una ola de críticas y especulaciones sobre la independencia y el rigor de la justicia en el tratamiento de este complejo caso.
El reciente dictamen de la Cámara Federal, que contradice la petición de una investigación exhaustiva, ha sido recibido con escepticismo. La decisión responde a un argumento centralizado en la supuesta irrelevancia de los datos borrados en los teléfonos. La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo argumentaron que los dispositivos no contenían información crucial, una afirmación que ha sido puesta en duda por expertos y observadores de la causa.
La resolución de la Cámara se basa en la premisa de que el contenido borrado no tiene relevancia probatoria, una postura que parece obviar el hecho de que la eliminación de datos podría estar directamente relacionada con la ocultación de pruebas cruciales. La negativa a investigar más a fondo las comunicaciones de las secretarias de Milman, y la manipulación del teléfono del propio ex funcionario, ha llevado a la percepción de que hay un intento de minimizar o desviar la atención de posibles vínculos políticos en el atentado.
Específicamente, la decisión del tribunal ha sido criticada por la falta de rigor en la investigación de una de las pocas pistas políticas aún vigentes. En el marco del juicio, que se centra en los autores materiales del atentado —Brenda Uliarte, Fernando Sabac Montiel y Gabriel Carrizo—, la inclusión de evidencias políticas podría arrojar luz sobre posibles motivaciones y conexiones más amplias, algo que ahora parece estar siendo desestimado.
La causa, que ha suscitado una atención considerable por su impacto en la política argentina, sigue avanzando en medio de controversias. La Cámara Federal también ha confirmado la continuidad de la prisión preventiva de Sabac Montiel, tras dos años de detención, un periodo durante el cual se ha acumulado un cúmulo de interrogantes sin respuesta. Aunque la legislación permite prolongar la prisión preventiva solo bajo condiciones específicas, como el riesgo de fuga o la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, el tribunal ha señalado que aún hay muchas pistas pendientes por explorar.
Una de estas pistas es la conexión con la organización Revolución Federal, que ha sido vinculada a la agitación política y la violencia que precedió al atentado. Esta organización, que recibió fondos significativos del grupo empresarial Caputo Hermanos, sigue siendo un punto de controversia en la investigación, especialmente en cuanto a la financiación y los nexos con los eventos violentos que se produjeron.
En el reciente juicio oral, las declaraciones de los policías que intervinieron en la detención de Sabac Montiel han agregado nuevos elementos al caso. La confirmación de que el celular del detenido estaba apagado durante su traslado ha planteado más preguntas sobre el estado de las pruebas y la transparencia del procedimiento. La falta de análisis del dispositivo, que se ha visto dañado y aún no ha sido examinado en profundidad, representa otro obstáculo en la búsqueda de justicia.
A medida que el juicio continúa, se espera que las investigaciones avancen para esclarecer estos temas pendientes. Sin embargo, el actual entorno judicial sugiere que la causa podría estar atrapada en un laberinto de impunidad y encubrimiento. La situación plantea serias dudas sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la corrupción y la violencia política en Argentina.
En conclusión, el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo un reflejo preocupante de las tensiones políticas y judiciales en el país. La decisión de la Cámara Federal de no investigar a fondo los celulares borrados es solo una de las muchas controversias que han marcado este proceso, y la falta de respuestas claras y coherentes solo alimenta las sospechas sobre la integridad y el compromiso de las instituciones judiciales.
Datos aportados por Irina Hauser
EN ORSAY
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