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Javier Milei entrega a IMPSA al capital privado y abandona la soberanía energética argentina

La venta de las acciones de IMPSA por parte del gobierno de Mendoza marca el inicio de una serie de privatizaciones bajo la presidencia de Javier Milei. En un país que aún enfrenta los estragos de crisis económicas y deudas externas, el destino de esta empresa estratégica desata un debate sobre el futuro de la industria energética nacional y el impacto en los trabajadores.

La reciente aprobación en el Senado de Mendoza para vender el 21,2% de las acciones de IMPSA, que la provincia aún posee, es mucho más que un trámite burocrático. Se trata de la primera gran privatización en la agenda económica del gobierno de Javier Milei, el autoproclamado libertario que ha prometido liberar a Argentina de lo que él llama el “yugo estatal”. Sin embargo, esta medida ha encendido la alarma de diversos sectores que ven en esta operación una entrega del patrimonio nacional al capital privado, con consecuencias devastadoras para la soberanía económica del país.

IMPSA, la histórica empresa metalúrgica y energética que en su mejor momento exportaba el 85% de su producción y era una de las principales generadoras de empleo en Mendoza, ahora se encuentra a merced de un proceso de venta internacional. La deuda millonaria que arrastra, superior a los 500 millones de dólares, ha sido la excusa perfecta para que el gobierno de Mendoza, en sintonía con el plan privatizador de Milei, abra la puerta a inversores extranjeros.

Desde su fundación en 1907, IMPSA ha sido un símbolo de la industria nacional, involucrada en proyectos de infraestructura estratégica como hidroeléctricas, parques eólicos y energía nuclear. Sin embargo, los problemas financieros que comenzaron a aquejarla en la última década, exacerbados por los fracasos de negocios internacionales en Brasil y Venezuela, la llevaron al borde de la quiebra.

En 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizar la empresa, aportando 15 millones de dólares junto con la provincia de Mendoza, que añadió 5 millones más, con el objetivo de evitar su colapso y preservar más de 700 puestos de trabajo. En ese momento, la estatización fue vista como un movimiento estratégico para salvar una empresa clave no solo por su capacidad de exportación, sino también por el entramado de pequeñas y medianas empresas que dependían de ella.

No obstante, tres años después, el gobierno de Milei decide seguir el camino opuesto, entregando IMPSA a capitales privados con el argumento de la inviabilidad económica. Pero, ¿es realmente esta la única solución? El gobierno no ha presentado alternativas a esta venta que no sea la entrega de una empresa estratégica al mejor postor.

Empresas de diversas partes del mundo, como la estadounidense ARC Energy, ya han mostrado interés en adquirir IMPSA, tentadas por una inversión que se proyecta rentable a largo plazo, dada la importancia de la empresa en sectores como el petróleo, el gas y las energías renovables. ARC Energy incluso ofreció una capitalización inicial de 30 millones de dólares, una cifra que, aunque significativa, está muy lejos de resolver los problemas financieros estructurales que arrastra la compañía.

La pregunta que muchos se hacen es si este proceso de privatización será verdaderamente beneficioso para Argentina. Si bien se ha prometido que los inversores deberán presentar planes de negocio que garanticen la continuidad de las operaciones, la preservación de los empleos y la participación de las pymes en la cadena productiva, las experiencias anteriores con privatizaciones en el país han demostrado que, una vez que el control pasa al sector privado, los intereses del capital tienden a primar sobre los compromisos con el desarrollo local y el bienestar social.

La privatización de IMPSA no solo es un golpe a la industria nacional, sino también a la soberanía energética del país. IMPSA ha sido históricamente una empresa clave en la producción de equipamiento para la generación de energía, desde hidroeléctricas hasta parques eólicos. Entregar su control a inversores extranjeros podría comprometer la capacidad del país de gestionar su propio sistema energético.

En un contexto global donde las energías renovables son cada vez más importantes y los países buscan reducir su dependencia de fuentes contaminantes, Argentina parece estar yendo en la dirección contraria, cediendo el control de su infraestructura energética a manos privadas que no necesariamente compartirán los intereses nacionales.

Otro punto crítico de esta privatización es el futuro de los trabajadores de IMPSA. Aunque se ha asegurado que la continuidad laboral será uno de los criterios evaluados en la venta, la historia de las privatizaciones en Argentina muestra un patrón preocupante: recortes, despidos y precarización laboral. La venta de IMPSA podría ser el primer paso en un proceso de ajuste que afecte directamente a las familias de los trabajadores y a la economía local.

Además, la venta de esta empresa está lejos de ser una solución mágica para los problemas financieros de IMPSA. Con una deuda superior a los 500 millones de dólares, los potenciales compradores tendrán que asumir ese pasivo, lo que podría llevar a planes de ajuste que impacten negativamente en la plantilla laboral y en la cadena productiva local.

En Mendoza, la votación para autorizar la venta de las acciones de IMPSA no estuvo exenta de polémicas. La vicegobernadora Hebe Casado acusó a los senadores demarchistas de votar “con el kirchnerismo” en contra de la medida, mientras que ellos defendieron su posición afirmando que no se oponen a la privatización per se, sino a las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo.

Este cruce de acusaciones refleja una realidad más amplia: el debate no es solo sobre la venta de una empresa, sino sobre el modelo de país que se está construyendo. En lugar de apostar por políticas industriales que fortalezcan la capacidad productiva nacional, el gobierno de Javier Milei parece decidido a profundizar la dependencia de capitales extranjeros, dejando al país en una situación de vulnerabilidad frente a los intereses globales.

La venta de IMPSA bajo el gobierno de Javier Milei no es solo un acto económico, es un acto político que pone en juego el futuro de la industria nacional, la soberanía energética y el bienestar de miles de trabajadores. En nombre de la eficiencia y el mercado, se está llevando a cabo una entrega del patrimonio estratégico de Argentina. La historia de las privatizaciones en el país debería ser una advertencia: una vez que las empresas pasan a manos privadas, es el pueblo el que paga el precio más alto.

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