Petrogas S.A.: Fraude millonario, desvío de dinero y la sombra de un gobierno cómplice
La denuncia contra los exdirectivos de Petrogas S.A. expone una compleja red de corrupción que involucra desvío de fondos, contrataciones irregulares y la connivencia del poder local. Mientras la justicia investiga, las sospechas sobre la relación entre estos actos y el gobierno de Javier Milei plantean serias dudas sobre la verdadera independencia del poder político en Argentina
(Por Osvaldo Peralta) El reciente escándalo de corrupción que envuelve a Petrogas S.A., la empresa insignia de servicios petroleros de la comarca de Neuquén, pone de relieve un entramado de fraude millonario que no solo sacude los cimientos de la compañía, sino que también plantea inquietantes interrogantes sobre la complicidad del poder político en Argentina. Bajo la administración de Javier Milei, el país parece estar sumido en un clima de impunidad donde los grandes intereses económicos y el poder se entrelazan de manera peligrosa, socavando la confianza pública en las instituciones.
El caso, destapado por la denuncia presentada el 15 de agosto por el abogado Maximiliano Orpianesi en representación de la nueva administración de Petrogas S.A., revela un modus operandi sistemático de los exdirectivos de la empresa, quienes, aprovechándose de sus cargos, orquestaron una serie de maniobras fraudulentas que incluyen la contratación de vehículos a precios inflados, el desvío de fondos a empresas extranjeras y la inclusión de personal no calificado en roles estratégicos. Estos actos no solo vaciaron las arcas de la compañía, sino que también desnudan una cultura de corrupción profundamente arraigada en el seno del poder económico y político.
Un Plan Sistemático para Desfalcar a Petrogas S.A.
La denuncia detalla cómo Abel Osvaldo Galván, uno de los exadministradores de Petrogas S.A., creó una empresa paralela, Ápice S.R.L., a través de la cual alquiló más de diez vehículos a la empresa el 6 de diciembre de 2021, a tarifas exorbitantes. Este contrato fue aprobado por Héctor Cancio, quien actuaba como presidente de Petrogas en ese momento. A esta maniobra se suma el alquiler previo de una camioneta a través de la pareja de Galván, incrementando las sospechas sobre la manipulación de fondos y recursos de la empresa para fines personales.
Otro acto fraudulento que resalta en la denuncia es el desvío de 30 mil dólares a Conveyor Belt Technology LTDA, una firma chilena dedicada a la actividad minera, que según los denunciantes, nunca prestó servicio a Petrogas S.A. Este movimiento financiero, registrado en 2019, es uno de los ejemplos más claros de posibles actividades ilícitas que tienen lugar en el sector energético argentino.
Además, la contratación irregular de abogados como operarios de yacimientos petroleros, quienes “nunca prestaron funciones a nuestra empresa”, revela una estrategia deliberada para incluir personal no calificado en roles estratégicos, posiblemente para facilitar la defraudación de fondos. Estas prácticas no solo reflejan una gestión empresarial deshonesta, sino que también ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control interno en las empresas argentinas, especialmente en un contexto donde el poder político parece estar más interesado en proteger a sus aliados que en garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
La Conexión Política y el Silencio del Gobierno
Este escándalo tiene lugar en un momento particularmente delicado para Argentina, donde la figura de Javier Milei ha polarizado a la sociedad. Mientras el gobierno de Milei se presenta como un defensor de la libertad económica y la lucha contra la corrupción, los hechos sugieren que, en realidad, se ha instaurado un régimen donde los poderosos pueden actuar con total impunidad, siempre que mantengan las apariencias de legalidad.
El hecho de que uno de los principales involucrados en este escándalo, Alejandro Cancio, sea el actual secretario de Hacienda de la municipalidad de Plaza Huincul y esté vinculado al fallecido Héctor Cancio, exdirectivo de Petrogas, sugiere una conexión inquietante entre el poder político local y los intereses empresariales corruptos. Esta situación plantea serias dudas sobre la independencia de las investigaciones judiciales y la capacidad de la justicia para actuar sin presiones políticas.
Además, la falta de una respuesta contundente por parte del gobierno de Milei ante estos hechos no hace más que alimentar las sospechas de complicidad. Mientras la justicia intenta avanzar en la investigación, el silencio del poder político es ensordecedor. No es descabellado pensar que el gobierno actual, que se ha mostrado abiertamente favorable a los intereses empresariales, podría estar más interesado en proteger a sus aliados que en garantizar la justicia.
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Una Justicia en la Encrucijada
La fiscalía de Cutral Co, encabezada por Gastón Liotard, se encuentra ahora ante el desafío de llevar adelante una investigación que podría desentrañar uno de los mayores escándalos de corrupción en la industria petrolera de la región. Sin embargo, la influencia política y económica que rodea a este caso representa un obstáculo significativo para el avance de la justicia.
Las autoridades han comenzado a recabar pruebas y a solicitar información a registros del automotor y de comercio, así como a investigar las relaciones comerciales de la empresa. Sin embargo, dada la magnitud del fraude y los poderosos intereses involucrados, es probable que el proceso judicial enfrente numerosas trabas y dilaciones.
El actual abogado de Petrogas S.A., Maximiliano Orpianesi, ha declarado que “los tres tenían armado un plan sistemático para vaciar las arcas de la empresa”. Sin embargo, la verdadera magnitud de este plan aún está por determinarse, y es probable que los resultados de la auditoría contable en curso arrojen cifras impactantes.
El Futuro de Petrogas S.A. y la Confianza en la Industria Petrolera
Mientras tanto, la nueva administración de Petrogas S.A., liderada por Carlos Rubén Tort, se enfrenta a la ardua tarea de restaurar la integridad financiera y operativa de la empresa. Pero más allá de los esfuerzos individuales, el futuro de Petrogas y de la industria petrolera en la región dependerá en gran medida de la capacidad de la justicia para actuar con independencia y de la voluntad del gobierno de Milei para permitir que las investigaciones avancen sin interferencias.
Este caso no solo afecta a una empresa, sino que también pone en riesgo la confianza en todo un sector económico clave para la región. Las denuncias de fraude dentro de empresas como Petrogas S.A. tienen el potencial de erosionar la credibilidad de la industria petrolera y de generar un clima de desconfianza generalizada entre los trabajadores y la comunidad.
El camino hacia la justicia y la transparencia en este caso será largo y arduo. Pero si algo queda claro es que la connivencia entre el poder político y económico en Argentina sigue siendo una amenaza latente para la democracia y el bienestar de la sociedad. El caso Petrogas S.A. es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción no solo se libra en los tribunales, sino también en el ámbito de la opinión pública, donde la presión ciudadana puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia.
EN ORSAI
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