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¿Justicia o persecución política?: Te mostramos las inconsistencias de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad

El fallo del caso Vialidad podría definirse esta semana en Casación, exponiendo una sentencia cargada de inconsistencias y ambigüedades. La periodista Sofía Caram, quien investigó a fondo el proceso, denuncia una condena sin pruebas concretas, armada sobre interpretaciones y sin ninguna evidencia directa que vincule a la expresidenta.

La causa Vialidad, que esta semana podría alcanzar un punto crítico con el fallo de la Cámara de Casación, ha levantado polémica en torno a la justicia y los límites de la persecución política. En el ojo de la tormenta se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo rol en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz se ha convertido en el centro de una trama judicial que, a pesar de años de investigación, no ha podido probar de forma directa su responsabilidad en los delitos que se le imputan. Sofía Caram, periodista y autora de Condenada, expone en un extenso hilo en la red social X las fragilidades del fallo de primera instancia, dejando al descubierto la construcción de una condena que parece más guiada por la especulación que por pruebas concretas.

Desde el inicio, la causa Vialidad ha estado salpicada de irregularidades y decisiones polémicas. Uno de los pilares de la acusación fue la supuesta existencia de sobreprecios en las obras asignadas al empresario Lázaro Báez, un aliado cercano a Fernández de Kirchner. Sin embargo, como explica Caram en su hilo, los peritajes encargados de investigar la cuestión arrojaron conclusiones contradictorias y ninguna de las pruebas fue concluyente en términos de sobreprecios. Los tres peritos convocados por el tribunal llegaron a cifras y resultados tan distintos que la misma sentencia debió reconocer la imposibilidad de establecer una metodología de cálculo unificada y confiable. En lugar de tomar esto como una señal de la debilidad del caso, los jueces optaron por hacer sus propias interpretaciones de los datos, actuando prácticamente como peritos, lo cual constituye un hecho inusual y altamente cuestionable en el ámbito judicial.

 

 

Otro aspecto crucial es la falta de testigos que señalaran de manera directa la implicación de la expresidenta en las maniobras de asignación de obra pública. Durante el juicio, ninguno de los interrogados pudo afirmar que Cristina Fernández hubiese dado la orden de favorecer a Báez en las licitaciones, ni que haya intervenido en las decisiones que se tomaron en el seno de la Dirección Nacional de Vialidad. En el propio fallo, los magistrados admiten que la prueba contra la exmandataria no es directa sino indiciaria, lo cual representa una flagrante violación al principio de “in dubio pro reo”, un estándar básico de la justicia que requiere que en caso de duda, el fallo beneficie al acusado. En cambio, el tribunal optó por condenar sobre la base de un “relato de interpretaciones”, en palabras de Caram, que no se sostiene sobre evidencia clara ni irrefutable.

La periodista destaca además la manipulación que el tribunal hace de los mensajes de texto hallados en el celular del exsecretario de Obras Públicas, José López. Estos mensajes fueron introducidos por la fiscalía en una etapa avanzada del juicio, impidiendo que los acusados y sus defensas pudieran cuestionarlos debidamente en el marco del proceso. A través de estos mensajes, que fueron interpretados sin mayores cuestionamientos por los jueces y fiscales, se buscó construir una narrativa en la que Fernández de Kirchner aparece favoreciendo a Báez en forma encubierta. Sin embargo, la misma Caram subraya que en esos mensajes nunca se menciona de manera explícita a la expresidenta, sino a una genérica "señora", y la supuesta reunión entre ella y Báez que sugieren los fiscales carece de pruebas fehacientes.

Otra de las pruebas en las que se basó la condena fue la firma de un decreto de Fernández de Kirchner que modificaba un fideicomiso de obras creado en 2001 y destinado a la provincia de Santa Cruz. Para los jueces, este acto administrativo, en apariencia legítimo y alineado con las facultades del Poder Ejecutivo, habría sido realizado con el fin último de beneficiar a Báez. Sin embargo, los jueces no lograron demostrar de manera concreta cómo dicha firma podría constituir una maniobra ilegal y, en cambio, apelaron nuevamente a una interpretación de hechos sin conexión lógica directa.

El contexto en el que se desenvuelve esta causa se agrava con el avance de un gobierno que, en línea con su política de desmantelamiento de las instituciones públicas, parece dispuesto a utilizar el sistema judicial como herramienta de persecución política. La periodista Sofía Caram es enfática al destacar cómo el fallo parece más un acto de “limpieza” política que de justicia, una narrativa que se fortalece con cada declaración de los sectores cercanos a Javier Milei, quien, como es de público conocimiento, ha expresado abiertamente su deseo de remover jueces y cambiar las reglas del sistema judicial argentino.

En este escenario, la falta de una revisión profunda y minuciosa por parte de la Casación significaría una validación del uso político del Poder Judicial, un peligroso precedente que podría comprometer la independencia judicial y el respeto por las garantías constitucionales en Argentina. La condena a Cristina Fernández de Kirchner se erige, así, no como una respuesta legítima ante un presunto acto de corrupción, sino como una maniobra de desgaste contra una figura política central en la historia contemporánea del país, cuyo único “delito” parece haber sido ejercer sus funciones y ganar las elecciones con el respaldo de millones de votantes.

La causa Vialidad revela el alcance de la manipulación judicial en Argentina, un proceso en el que las pruebas se transforman en relatos y las sospechas se erigen en pruebas. Frente a una sentencia en Casación que amenaza con convertirse en un hito de la injusticia, la sociedad debe cuestionarse hasta qué punto el sistema judicial es capaz de actuar de manera imparcial o si se ha convertido en el brazo ejecutor de una agenda política orientada a debilitar a sus opositores. La condena a Fernández de Kirchner no es sólo un ataque a una exmandataria, sino un atentado a las bases mismas de la democracia y el Estado de Derecho.

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