Accionistas vinculados al gobierno maniobraron con información privilegiada en una inusual compra de acciones para obtener ganancias millonarias
La decisión de eliminar una restricción histórica que limitaba la distribución de dividendos en la Caja de Valores benefició a ByMA, controlada por figuras cercanas al gobierno. Las señales de alarma en el mercado por el incremento atípico del volumen operado ponen en jaque la transparencia del sistema financiero bajo el liderazgo de Javier Milei.
(Por Walter Onorato) El 31 de diciembre, mientras el país celebraba el cierre del año, el gobierno de Javier Milei aprobó una medida histórica: eliminó una restricción vigente por 50 años que limitaba al 10% la distribución de dividendos de la Caja de Valores, controlada casi en su totalidad por Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA). La decisión desbloqueó la posibilidad de repartir 120 mil millones, beneficiando directamente a una entidad cuyos principales accionistas están vinculados al núcleo duro del poder.
Este anuncio, sin embargo, llegó acompañado de movimientos bursátiles que desataron sospechas de posibles maniobras de insiders. En las semanas previas, el volumen de operaciones de ByMA creció un 527%, un fenómeno atípico en un mercado que solía comportarse con estabilidad. El alza del precio de sus acciones, que alcanzó un 14,5% tras el anuncio, refuerza las especulaciones sobre el uso de información privilegiada para obtener ganancias millonarias.
ByMA, el principal mercado bursátil de Argentina, es también una empresa cuyos principales accionistas son un misterio para el público. Entre los nombres que emergen se encuentran Nicolás "Nicky" Caputo, primo del ministro de Economía, y Ernesto Allaria, quienes ya habían consolidado su influencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta concentración de poder plantea preguntas sobre la transparencia del sistema financiero argentino.
Pese a los movimientos inusuales de compra en las semanas previas al anuncio, las autoridades bursátiles no activaron los mecanismos de control habituales, como el "llamado a plaza", una herramienta diseñada para frenar la negociación de acciones en caso de variaciones sospechosas. Este silencio regulatorio pone bajo la lupa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), dirigida por Roberto Silva, un abogado vinculado a los círculos financieros que se benefician de estas desregulaciones.
El escándalo de ByMA no es un caso aislado, sino un síntoma de la promiscua relación entre regulados y reguladores que caracteriza al sistema financiero argentino. Operadores consultados sostienen que este episodio debería haber motivado una investigación inmediata por parte de la CNV para identificar a los beneficiarios de las transacciones inusuales. Sin embargo, las probabilidades de que esto ocurra son mínimas.
“El mercado financiero argentino vive de los favores del poder”, afirmó un operador que prefirió mantener el anonimato. Este punto se evidencia en la opacidad de la estructura de ByMA, que limita la transparencia sobre quiénes poseen el control real de la entidad.
Desde su asunción, Javier Milei ha prometido una economía más liberal y desregulada. Sin embargo, las decisiones tomadas parecen beneficiar únicamente a un grupo selecto de actores cercanos al poder, mientras el ciudadano promedio enfrenta una economía cada vez más desigual.
El caso de ByMA es paradigmático: mientras el gobierno promueve la eliminación de restricciones históricas bajo el pretexto de fomentar el crecimiento económico, los beneficios parecen concentrarse en los bolsillos de quienes ya ostentan el control financiero. Este modelo no solo perpetúa las desigualdades, sino que mina la confianza pública en las instituciones.
Las preguntas sin respuesta
El salto del volumen operado en ByMA plantea dudas fundamentales:
- ¿Quiénes se beneficiaron de las compras masivas de acciones antes del anuncio?
- ¿Por qué las autoridades no suspendieron la cotización de la acción ante movimientos tan atípicos?
- ¿Qué papel juegan las conexiones políticas en la toma de decisiones financieras?
Estas preguntas no solo reflejan una crisis de transparencia, sino también una falta de compromiso del gobierno con el fortalecimiento institucional y la protección de los intereses colectivos.
El episodio de ByMA es un retrato fiel de las contradicciones del gobierno de Milei. Mientras se insiste en la retórica de la libertad económica, las decisiones tomadas en los pasillos del poder siguen favoreciendo a unos pocos privilegiados. La falta de controles y la opacidad de las operaciones bursátiles ponen en jaque la credibilidad de las instituciones y dejan al descubierto las verdaderas prioridades del gobierno: proteger a los suyos a costa de la confianza pública.
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