Denunciaron “maniobras turbias” detrás del proceso privatizador de las centrales nucleares
La legisladora Florencia Carignano denunció durante una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones "maniobras opacas" detrás del intento privatizador de NA-SA. Las miradas apuntan al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Roberto Villamonte.
La opacidad informativa de Milei
La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones le había solicitado al Poder Ejecutivo información específica sobre 8 empresas que se pusieron en venta a partir de la Ley de Bases pero la respuesta oficial fue enviar informes circunstanciados de 5 compañías, entre ellas NA-SA. Al desglosar el texto de 48 páginas remitido a la comisión la semana pasada, quedó en evidencia la maniobra del Gobierno y el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación para delegar el proceso de valuación de activos y tercerizarlo a una entidad financiera. ¿Con qué objetivo?
El 20 de enero de este año, el Poder Ejecutivo le solicitó al TTN la valuación del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina. La respuesta otorgada por el titular del cuerpo colegiado, Roberto Villamonte, fue que “en la actualidad dicho Organismo sólo está en condiciones de realizar la tasación de todo tipo de bienes tangibles, o empresas exclusivamente a partir de la valuación de sus activos físicos, con motivo de que no posee, dentro de sus Normas Nacionales de Valuación, una norma específica que le permita tasar activos financieros o intangibles a partir de un enfoque de ingresos” (Nota N° NO-2025-65865326-APNTTN# MEC).
En otro apartado, Villamonte sostuvo que “la tasación solicitada y su extensión en el tiempo exceden el análisis convencional de flujos de fondos o valuación patrimonial que realiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación”. De esta manera, recomendaba convocar a un banco público para realizar la tasación. ¿Será el BNA también en proceso de convertirse en sociedad anónima? ¿O el BICE?
Este dato llamó la atención de varios legisladores integrantes de la Bicameral. “El TTN ya hizo dos tasaciones en el 2015 y 2017; realizó las valuaciones de Atucha I y Atucha II y ahora se autoexcluyó a través de una nota firmada por el presidente del Tribunal y no el pleno, diciendo que no puede hacer la tasación y recomienda hacerla con un banco. Empiezan a verse algunas maniobras turbias para tratar de dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares”, denunció Carignano.
La base material para esta sospecha es que el TTN realizó un proceso de tasación en 2017, tal como señaló El Destape. La intención de delegar dicha tasación a un banco privado podría permitir “valuaciones muy bajas”; desde la Secretaría de Energía vienen solicitando que se tasen todas las empresas energéticas por "flujo de fondos", y así obtener cifras escandalosamente bajas.
Según indicaron a este portal especialistas en tasación - que pudieron estudiar el caso de NA-SA-, las centrales bajo la gestión de NA-SA tendrían un valor cercano a los 13.000 millones de dólares (valor actualizado de las centrales), mientras que el Gobierno pergeña tasar el 44% de sus acciones a través del BICE o el BNA en torno a los 1000 millones de dólares (una posible maniobra similar a la utilizada en la década de 1990 para vender a precio vil el predio de la Sociedad Rural en Palermo).
“Es llamativo que el Tribunal de Tasaciones se auto excluya de este proceso. Lo hacen adrede porque seguramente, desde el Gobierno quieran dejar por escrito que las empresas públicas no valen nada. Lo otro alarmante es que es un denominador común en todos los informes que nos enviaron. La Bicameral tiene que dar una opinión sobre este proceso de privatización y no nos informan nada”, aseveró Ana María Ianni.
Otros pedidos de la Bicameral
La comisión Bicameral también solicitó información sobre otras empresas estatales que no figuran actualmente dentro de la Ley de Bases para su privatización pero sí son objeto de transformación en sociedades anónimas, como el caso del Banco Nación.
Entre las empresas adicionales sobre las que se le pedirá información al Poder Ejecutivo también figuran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Radio y Televisión Argentina, Ferrocarriles Argentinos, Banco Nación, Casa de Moneda, puertos, otras empresas ferroviarias, empresas de energía, entre otras.
Por otro lado, “se solicitará definiciones concretas sobre los entes reguladores ya que en los procesos más avanzados (ferrocarriles y autopistas) no está claro qué organismo será el regulador de control y si podrá garantizar la competencia”.
El plan nuclear: eliminar las capacidades estatales
La empresa estatal fue creada en 1994 tras la escisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA- creada por Perón en 1950) para manejar los activos de Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan entre 7% y 8% de la generación eléctrica nacional.
“La venta parcial de NA-SA agravaría la desinversión y significaría la pérdida de capacidad estatal para planificar e invertir en un sector estratégico. Su gestión estatal es más valiosa que cualquier ingreso por privatización”, alertó el Instituto Argentina Grande (IAG) en un reciente informe.
A precios constantes de septiembre de 2025, el gasto devengado de la Comisión Nacional de Energía Atómica alcanzaba los 388.169 millones de pesos, mientras que en 2024 se había reducido a 283.012 millones. Este nivel de gasto representa el valor más bajo desde 2010 y supone una caída real del 27% respecto de 2023. “Si el ritmo actual de gasto se mantiene, 2025 cerraría con una reducción del 43% en comparación con 2023”, agregó el informe elaborado por los equipos técnicos de Gabriel Katopodis.
El proceso de reforma del Estado de la Argentina durante la década menemista ya probó que las privatizaciones no son un trámite “técnico” sino una suerte de “palanca de poder”. En los ´90, utilizaron este instrumento (la venta a previo vil de muchos activos del Estado) para cerrar la convertibilidad y viabilizar el plan Brady.
“El Estado saneó empresas y socializó pasivos; luego vendió activos estratégicos a precio bajo, consolidando monopolios privados que capturaron rentas reguladas. El resultado fue concentración y extranjerización del aparato productivo, tarifas regresivas y pérdida de capacidad estatal para ordenar precios relativos y la inversión. El patrón de acumulación que emergió fue dependiente de deuda externa y flujos de capital volátiles”, enfatizó el IAG.
Ante este escenario, donde la Argentina fue colocada (y se colocó) como una pieza más del programa de los Estados Unidos en su puja global por sostener su hegemonía, habría que preguntarse qué gana o qué pierde el país con la entrega de sus activos claves.
“Si el objetivo nacional es diversificar la estructura productiva, subir la complejidad tecnológica, integrar el territorio y aliviar la restricción externa, la vara para evaluar privatizaciones es concreta: ¿aumentan la inversión neta y la productividad sistémica, promueven encadenamientos y contenido local, expanden cobertura con tarifas asequibles y reglas anti-renta, y preservan palancas públicas en sectores estratégicos? Si la respuesta es no, venta barata, desregulación pro-oligopolios, contratos dolarizados sin exigencias duras de inversión y transferencia tecnológica, no hablamos de desarrollo sino de desguace”, concluyó el IAG.
El Destape
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