Plan C

Crisis autoinflingida

Bullrich busca una salida elegante a su fracaso legislativo

El Presupuesto se debatirá sin el artículo que deroga el financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. La furia presidencial y el odio al Congreso.

Paula Marussich

Encerrado en su propio laberinto, el Gobierno busca una salida a la crisis autoinfligida que desató en la madrugada del jueves, cuando el palacio y la calle marcaron un límite. Con los puentes dinamitados y sin los apoyos políticos que esperaba, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás en cuestión de días con las derogaciones de la emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario, la eliminación de la indexación automática de las asignaciones y la flamante reforma laboral. Los interlocutores entre el Congreso y las provincias fallaron y el “todo o nada libertario” comenzó a resquebrajarse. El viernes, Bullrich se reunió con los radicales, quienes le hicieron saber a la exministra que “no aceptarían reescribir una coma” de lo que fue rechazado en Diputados. Bullrich no tuvo más remedio que comprometerse a avanzar con el texto aprobado en la Cámara baja “tal como llegó”. La oposición desconfía de la contramarcha y sospecha que el oficialismo insistirá con los cambios directamente en el recinto. No se equivoca. En Balcarce 50 ya trabajan en nuevos proyectos para condicionar al Congreso: un paquete de iniciativas destinadas a regular la ejecución presupuestaria, en sintonía con el proyecto de Compromiso Fiscal, que también quedó en el camino.

Patricia Bullrich libra una cruzada solitaria para intentar salvar el fallido período de extraordinarias y sancionar el Presupuesto 2026 después de Navidad. La jefa de la bancada libertaria, principal promotora de cerrar el año con la reforma laboral y la Ley de Leyes aprobadas, chocó con la impericia de su propio espacio político y busca ahora una salida elegante que le permita al Gobierno exhibir algún pergamino antes del 30 de diciembre. La exministra asistió a la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta con instrucciones de la Casa Rosada para reponer, bajo un nuevo formato, las derogaciones de la emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario pero el rechazo de la UCR fue rotundo. En el Senado no quieren pagar el costo político de un gobierno que ajusta sin mirar a quién. Bullrich y Ezequiel Atauche, presidente de la comisión, se limitaron a reunir las firmas necesarias para alcanzar el dictamen y anunciaron que el Presupuesto se votará “tal como llegó de Diputados”, sin el capítulo 11, el próximo 26 de diciembre al mediodía.

Con el dictamen en mano, la ministra dijo a la prensa: “No tenemos cambios previstos. Vamos a seguir adelante con este dictamen”. Y agregó: “Tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal. Así que, ante la posibilidad de tener déficit, tendremos que ver cómo se arregla, pero no va a ser mediante este presupuesto sino a través de otros instrumentos”.

Con ese compromiso la ministra cosechó las firmas de Atauche, Bartolomé Abdala, Agustín Monteverde, Bruno Olivera (LLA), Daniel Kroenemberg, Silvana Schneider, Mariana Juri (UCR), Carlos Espínola (Unidad Federal), Beatriz Ávila (Independencia), Andrea Cristina (PRO) y estampó la propia.

La oposición desconfía. Sospechan que el oficialismo insistirá con los cambios directamente en el recinto. En principio porque las declaraciones de Bullrich marcaron un contrapunto con los dichos de Diego Santilli, ministro del interior que por la mañana anticipó que el Gobierno buscaría reponer el capítulo 11 del Presupuesto en el Senado. “Ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado” dijo en declaraciones radiales.

Cumbre en la Rosada

Acorralado en su propia trampa, el Gobierno comenzó a trabajar un plan B. Si bien en la fatídica madrugada del jueves Javier Milei les hizo saber a sus operadores en el recinto que, tal como estaba, el Presupuesto no le servía y que estaba dispuesto a vetarlo, el viernes esa opción desapareció del menú.

Por la tarde, en la Casa Rosada se reunieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; Eduardo “Lule” Menem; y los ministros Diego Santilli y Luis “Toto” Caputo. El encuentro que comenzó pasadas las cuatro de la tarde se extendió por más de dos horas. Aunque todas las miradas apuntan a Santilli —a quien dentro del oficialismo le adjudican buena parte de la responsabilidad del fracaso—, fue Toto Caputo quien empujó a jugar un temerario pleno en Diputados que incluyó las derogaciones del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.

Pese a los dichos públicos de Patricia Bullrich, los funcionarios acordaron intentar incorporar modificaciones al Presupuesto directamente en el recinto. Según pudo reconstruir este diario, el plan no sería avanzar sobre el financiamiento universitario ni la emergencia en discapacidad —los dos puntos más sensibles del capítulo 11 que más movilizan a la sociedad—, sino rescatar otros artículos que se cayeron por la lógica del “todo o nada” libertario. Por caso la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El primero de los puntos busca recomponer el vínculo con el PRO luego de que Ritondo hiciera saber que acudiría a la justicia por las designaciones en la Auditoría General de la Nación. La idea se la trasladó el propio Santilli a Ritondo la tarde del viernes. El diálogo entre ellos no está roto pero la reconstrucción de la confianza está atada al éxito de la nueva estrategia.

Si el oficialismo logra incorporar los cambios, intentará devolver el texto a la Cámara de origen para su aprobación definitiva el lunes 29 o el martes 30 de diciembre, al filo del cierre del período de extraordinarias.

La estrategia choca de frente con el reclamo de los gobernadores, que vienen insistiendo en la reactivación de la obra pública sin obtener respuesta. En el Senado hay apenas dos senadores porteños que podrían empujar la restitución de fondos de coparticipación para su distrito; para el resto, el intento incluso podría leerse como una provocación.

De hecho, la schiarettista Alejandra Vigo recordó en su cuenta de X que “a Córdoba le adeudan alrededor de $690.000 millones, mientras que el Presupuesto 2026 destina apenas $122.762 millones para el conjunto de las 13 provincias”. La senadora cordobesa también cuestionó al secretario Carlos Guberman por “desconocer el monto reclamado por Córdoba” y por negar “la existencia de un acuerdo en el marco de una causa que se tramita ante la Corte Suprema”. Y agregó: “El proyecto, además, debilita servicios públicos esenciales: mantiene paralizadas las obras públicas, limita el crecimiento y profundiza las desigualdades entre provincias”.

La furia de Milei con el Congreso y los gobernadores que rechazaron el capítulo 11 es total. El Presidente quiere que se avance con la llamada ley de “disciplina fiscal”, que blinda la regla del déficit cero y busca atar de manos al Congreso mediante un esquema de castigos —incluso penales— para quienes voten leyes que alteren el equilibrio fiscal. El proyecto ni siquiera pasó por la comisión de Legislación Penal y si bien la intención del oficialismo era tratarlo el jueves el oficialismo no llegó a ni siquiera a presentar su miembro informante. Para febrero la Casa Rosada baraja nuevas opciones para condicionar al parlamento: un proyecto que regule la forma en la que se ejecute el presupuesto, la regla fiscal y retomará la discusión por la reforma laboral.

Pagina 12