Plan C

 

Los errores políticos de LLA y la postergación del debate por la reforma laboral.

El día que el Gobierno quemó los puentes

Los aliados libertarios ardieron contra el oficialismo tras los resultados de la noche de miércoles. “Se rompieron muchos acuerdos”, aseguran.

Sobregirado por el triunfo de octubre, el gobierno libertario decidió ir a todo o nada y chocó contra un límite. Lo que se encaminaba a ser un período extraordinario virtuoso para la Casa Rosada —con el Presupuesto aprobado y la media sanción de la reforma laboral— empezó a resquebrajarse. En la frenética madrugada del miércoles, mientras el oficialismo hacía concesiones de todo tipo para evitar el naufragio del capítulo 11, que contenía las derogaciones al financiamiento universitario y a la emergencia en discapacidad, “se rompieron muchos acuerdos”, explicaron desde el propio oficialismo a este diario. La consecuencia inmediata fue la suspensión del tratamiento de la reforma laboral hasta febrero, un objetivo que el peronismo y la CGT buscaron desde el inicio, pero que terminó materializándose por el amateurismo político de La Libertad Avanza. El lobby subterráneo del colectivo de familiares de personas con discapacidad también ganó su batalla.

En poco más de un mes, el Gobierno dinamitó buena parte del capital político que cosechó tras las elecciones del 26 de octubre. Pese a contar con la primera minoría en Diputados y un número más gravitante en el Senado, las últimas horas dejaron al desnudo la mala praxis política del oficialismo. El principio del fin de los acuerdos comenzó esta semana, cuando el Gobierno decidió incluir en el capítulo 11 del proyecto de Presupuesto las derogaciones del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. El lunes, Toto Caputo anticipó la maniobra a la mesa política libertaria como parte de la estrategia para blindar el superávit fiscal.

Aun cuando recibió advertencias de todo tipo, el Gobierno se mostró intransigente y llevó al recinto un dictamen que eliminaba las dos leyes sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo e insistidas con mayoría agravada en ambas cámaras. Incluso espacios como la Coalición Cívica advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la maniobra que vulneraba la ley de Administración financiera pero al oficialismo no le importó.

Convencido de que la primera minoría y el despilfarro de ATN girados a provincias presuntamente dispuestas a colaborar —66.500 millones de pesos en un mes— alcanzaría para imponer su voluntad, el oficialismo se jugó un pleno: forzó la votación por capítulo e incorporó allí las concesiones producto de las negociaciones para obligar a los diputados a respaldar el capítulo completo. La más obscena llegó de madrugada, cuando Bertie Benegas Lynch pidió sumar al artículo 11 la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la órbita del Consejo de la Magistratura.

Para entonces, las versiones sobre negociaciones de vacantes en la Auditoría General de la Nación ya resultaban estruendosas. En un movimiento desesperado para salvar el capítulo, Martín Menem habilitó la discusión de la AGN con el peronismo y el bloque Innovación Federal. Cerca de las tres de la madrugada juraron Mónica Almada, referenciada en Lule Menem; Juan Ignacio Forlón, cercano a Máximo Kirchner; y Pamela Caletti, alineada con el gobernador salteño Gustavo Sáenz. Según explicó una fuente a este diario, “el acuerdo con Salta es más amplio: buscan sacarle al peronismo uno de sus dos lugares en el Senado y colocar a alguien de los gobernadores norteños colaboradores”.

“El Pro va a ir a la Justicia para declarar esto inconstitucional. La falta de códigos y de compromisos asumidos corre por cuenta de La Libertad Avanza y de quien preside esta Cámara”, advirtió un encolerizado Cristian Ritondo. El manotazo de ahogado de Martín Menem marcó un punto de quiebre con el PRO, que el jueves ya evaluaba retirar el apoyo incondicional a La Libertad Avanza. También dinamitó la relación con Provincias Unidas, que impulsaba para la AGN a Emilio Monzó.

“El peronismo hizo política: consiguió lugares en la AGN, el órgano que controla el uso de los recursos públicos, a costo cero, y ganó influencia en la Cámara para seguir negociando otras cuestiones clave, como las vacantes del Poder Judicial”, explicó un diputado entrada la madrugada.

La Libertad Avanza deberá ahora reconstruir sus vínculos con viejos aliados si pretende aprobar el Presupuesto cuando el proyecto regrese a la Cámara de origen con el capítulo 11 reincorporado y, además, avanzar con el debate por la reforma laboral. El intento por salvar la Ley de Leyes comienza este jueves por la mañana en el Senado. El oficialismo buscará aprobar allí el texto con modificaciones y volverá luego a medir su suerte en Diputados.

Si para el 1° de enero no logra sancionarlo, volverá a regir —por tercer año consecutivo— el presupuesto correspondiente al último año del gobierno de Alberto Fernández.

Un lobby poderoso y subterráneo

En medio de las frenéticas negociaciones entre la Casa Rosada y sus propios gobernadores, los diputados comenzaron a recibir una catarata de llamados y mensajes del colectivo de familiares de personas con discapacidad. “Hablamos con mil diputados, estuvimos 36 horas seguidas hablando con ellos y Tucumán nos aseguró que iba a votar todo en contra”, contó a Página/12 la actriz Valentina Bassi.

Los mensajes llegaron incluso al celular del gobernador Osvaldo Jaldo. “Le mandé un mensaje extremadamente preocupada y tuvimos un intercambio un poco tenso, pero quiero rescatar que me respondió. Tucumán, Catamarca y Salta fueron los que más nos respondieron”, relató la mamá de Lisandro Rossel, un joven con trastorno del espectro autista.

Bassi destacó la articulación del colectivo de discapacidad que, en medio del nerviosismo y la incertidumbre de la madrugada, logró “tejer una red” para contactar a legisladores y gobernadores. Un tejido poderoso que terminó colándose por las rendijas del Congreso con mayor efectividad que los miles de millones en ATN que giró la Casa Rosada para impedir lo inevitable.

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