Milei entrega el territorio a empresas extranjeras bajo los lineamientos de Estados Unidos
Los cambios normativos incluidos en el ampuloso proyecto "inviolabilidad de la propiedad privada" representan una derogación de facto de la ley que protege el dominio nacional de las tierras rurales. Milei cede a las presiones de EE.UU y pone en venta parte del territorio.
La primera modificación trascendental se hizo durante la gestión de Maurio Macri al borrar por decreto los controles cruzados entre la ex AFIP y la Unidad de Información Financiera para detectar las maniobras de lavado de activos vía compra de tierras. Ahora Milei impulsa la derogación de hecho de toda la norma e inscribe a las operaciones de compra – ventas de tierras rurales como “inversiones” plausibles de ser judicializadas a través de los tribunales internacionales del CIADI.
“Fingen la restricción a organismos públicos estatales extranjeros pero no dicen nada de las empresas privadas que son un vehículo para la entrega de soberanía. El 90% de las operaciones realizadas durante la gestión de Mauricio Macri y Javier Milei fueron adquisiciones de privados –extranjeros- a través de triangulaciones vía fideicomisos donde el que da la cara posee un DNI local. Esta es una derogación encubierta de la Ley de tierras”, sostuvo el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, uno de los autores de la norma aprobada durante el álgido diciembre de 2011 ante las esquirlas de lo que había sido el famoso Grupo A.
Los cambios normativos para los amigos
Bajo el ampuloso título de la “Inviolabilidad de la propiedad privada”, la administración Milei pretende modificar con tan solo nueve artículos la totalidad de la ley de protección del dominio nacional de las tierras rurales. En la práctica, se trasmutan los sujetos obligados, una alteración estratégica que vacía de contenido el espíritu original de la norma.
En concreto, el texto que propone La Libertad Avanza se limita a regular la posesión de tierras rurales por parte de “Estados extranjeros” y de aquellas formas societarias donde un Estado defina la voluntad de la empresa. Esta formulación se encuentra muy en línea con lo escrito en el documento de seguridad nacional de los Estados Unidos – publicado la semana pasada - que ya tuvo un impacto directo sobre los pliegos para la licitación del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, donde se inhabilitó la participación de empresas chinas.
Al centrarse exclusivamente en los supuestos controles sobre Estados extranjeros, la administración Milei libera de toda limitación a personas humanas y empresas extranjeras. Los datos históricos relevados por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) indican que la mayor proporción de tierras en manos extranjeras está titularizada a nombre de personas jurídicas privadas (empresas) y no de Estados.
“La iniciativa también suprime la limitación basada en la nacionalidad del comprador. Bajo el nuevo marco, podría darse un escenario extremo pero legalmente posible, donde un gran número de ciudadanos extranjeros adquiera tierras en pequeñas parcelas, sumando una superficie descomunal”, reflexionó Florencia Gómez, ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales y ex directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, en un artículo publicado en el portal Soberanía Digital (Sergio Rossi).
En términos de nacionalidad, las empresas y personas estadounidenses son las que más tierras rurales poseen, de acuerdo a las estadísticas informadas por el RNTR a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por el Destape en junio de 2024. En total, cuentan con 2.742.851 hectáreas, el 1,03% del total de tierra extranjerizada.
Las empresas y personas de nacionalidad italiana poseen 2.053.153 hectáreas (0,77% del total), de los cuales la mitad se encuentra en manos de la Compañía de Tierras del Sud (Benetton). En la localidad de Cushamen – Chubut, el nivel de extranjerización llega al 22%, dominado por las estancias de Benetton, territorio en el que Patricia Bullrich ordenó la represión de la Gendarmería que derivó en la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en agosto de 2017.
Luego siguen los tenedores de tierras españoles con el control sobre sobre 1.739.620 hectáreas (0,65%); Canadá con 491.604 hectáreas (0,18%) y Chile con 609.908 hectáreas (0,23%) y Uruguay con 581.000 hectáreas (0,22%). Bajo nacionalidad china se encuentran registradas 19.580 hectáreas (0,01%).
De acuerdo al análisis de Florencia Gómez, la modificación del límite basada en la nacionalidad abre la puerta a la proliferación de apropiaciones de los bienes comunes de los argentinos, como el acceso a los lagos cordilleranos y otras fuentes de agua. Los Joe Lewis de la vida ya no necesitarán recurrir a la figura del testaferro local para fraguar una compra de tierras como la realizada en plena década del ´90 donde además se violó la ley de Seguridad de Frontera.
Lewis, el amigo británico de Mauricio Macri, que supo ser dueño de una pista de aterrizaje en línea recta a las Malvinas (luego vendida a capitales árabes), posee casi 12.000 hectáreas en Lago Escondido, Río Negro, aunque podrían ser mucho más a partir de maniobras con otros testaferros. Bajo bandera británica aparecen registradas en el país 246.048 hectáreas (0,09%). Los titulares de los Emiratos Árabes Unidos cuentan con 4900 hectáreas según lo informado por el RNTR.
Pérdida de soberanía en los tribunales internacionales
El espíritu original de la Ley 26.737 excluía del régimen de inversiones las operaciones de compra venta de tierras por parte de personas o empresas extranjeras. En su artículo 11 contenía una clausula interpretativa destinada a blindar al Estado argentino al no considerar a la tierra rural como una inversión protegida por tratados internacionales. En los fundamentos del texto original se expresaba lo siguiente:
“Este proyecto de ley excluye del concepto de inversión la compraventa o adquisición de derechos sobre las tierras rurales, toda vez que se trata de un recurso natural no renovable que es de titularidad del Estado, nacional o provincial, o de los habitantes de la República Argentina. En consecuencia, se procura efectivizar el derecho irrenunciable del Gobierno Nacional al ejercicio de su soberanía y la preservación de la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales”.
Con esta formulación se pretendía blindar al país de las posibles demandas ante los tribunales extranjeros como el CIADI. Milei eliminó la cláusula protectora.
“Esta supresión no es un detalle técnico, sino la demolición del pilar soberanista que justificó la ley original. Mientras el mensaje de 2011 buscaba efectivizar el derecho irrenunciable al ejercicio de la soberanía, la reforma que propone el Consejo de Mayo desarma el mecanismo creado para protegerla, exponiendo al país a litigios internacionales si intentara regular en el futuro. Es una contradicción histórica y jurídica. Se deroga el núcleo de una ley invocando principios que la misma ley fue diseñada para defender”, sostuvo Gómez.
Paraísos fiscales, litio y tierras raras
Milei profundiza el recorrido trazado por Macri. La norma original, modificada de manera estructural durante los primeros meses de la gestión de la Alianza Cambiemos, establecía una serie de controles claves y cruzados con diferentes organismos del Estado, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la ex AFIP. De esta manera se buscaban evitar las maniobras de lavado de activos vía compra de tierras canalizadas a través de Paraísos Fiscales.
El primer censo del RNTR había arrojado que el 7 por ciento del total de campos extranjerizados, es decir 1.113.655 hectáreas, estaba en manos de empresas radicadas en guaridas fiscales. Macri voló ese cruce de datos y pasó a considerar “nacionales” tierras que estaban inscriptas en mamushkas de otros países pero cuyos beneficiarios finales eran argentinos.
¿Una promoción directa para el lavado de dinero? Con las reformas delineadas por La Libertad Avanza, los Paraísos Fiscales son más que bienvenidos.
De acuerdo a los datos oficiales del RNTR, la cantidad total de tierras bajo bandera extranjera asciende a los 13,2 millones de hectáreas, un 4,97% del total de las tierras rurales del país (267 millones de hectáreas). El límite que fijaba la norma era un máximo del 15% a nivel país, y sus diferentes equivalencias por localidad.
Existen ciudades del país donde la extranjerización de tierras alcanza un 56% como en General Lamadrid (La Rioja), un 25% en la región de Magallanes en San Cruz o un 59% en San Carlos (Salta).
La empresa Livent que se fusionó con Allkem para crear Arcadium Lithium, sociedad controlada por BlackRock, The Vanguard Group y la JP Morgan, posee dos proyectos de litio, uno en Antofagasta de la Sierra (Catamarca) y otro en General de Güemes, Salta. De acuerdo a los datos del RNTR, la superficie extranjerizada en Güemes llega al 28,82% del total de las tierras rurales de la provincia. Dentro de esta jurisdicción, no podría ingresar ninguna otra sociedad extrajera. Por eso quieren la eliminación de esta norma.
La utilización de empresas locales como vehículos –especialmente las mineras provinciales – para fraguar la titularidad de las tierras bajo producción minera de grandes corporaciones trasnacionales fue el camino utilizado por la administración Milei para no dar cuenta de los verdaderos porcentajes de extranjerización. La maniobra salta a la vista al comparar las extensiones de los proyectos declarados en documentos oficiales con los porcentajes difundidos por el Registro a través del pedido de acceso a la información pública realizado por El Destape en junio del año pasado.
La empresa Lake Resources NL, con sede en Australia, posee el proyecto Kachi, ubicado en Antofagasta de la Sierra, Catamarca. El porcentaje de extranjerización en Antofagasta se ubica en el 0,12%, es decir apenas 3500 hectáreas bajo bandera extranjera. Según describe la propia empresa en sus documentos oficiales, el proyecto de Kachi abarca 49.000 hectáreas, lo que representaría un 0,45% de extranjerización a no ser por la estrategia de inscribir el proyecto bajo la operadora local Morena del Valle Minerals S.A. La norma sancionada en 2011 contemplaba las herramientas para determinar los beneficiarios finales vinculados a las empresas titulares de las tierras rurales.
La misma sociedad posee otro proyecto en Jujuy, denominado Olaroz, con jurisdicción sobre 45.000 hectáreas ubicadas en Susques. Esto debería representan el 4,18% de las hectáreas de la localidad o del 0,85% del total provincial. Sin embargo, el RNTR informó que el porcentaje de extranjerización en Susques es igual a cero.
El proyecto que deroga de facto la norma que protege el dominio público nacional va por las tierras raras. Dentro de los aportes utilizados por el Consejo de Mayo se utilizó un proyecto de la ex radical y ahora libertaria Silvana Giudici en que se especifica que “las tierras raras se encuentran en el noroeste, en las provincias de Salta y Jujuy, en la provincia de San Luis y en el sur de la provincia de Santiago del Estero.
Según lo informado por el RNTR, a cargo del escribano Bernardo Mihura de Estrada, el nivel de extranjerización de tierras rurales en Salta llega al 11,31% (1,7 millones de hectáreas), en Jujuy es del 3,65% (193.000 hectáreas), en San Luis se ubican en el 2,68% (203.000 hectáreas) y en Santiago del Estero son 670.000 hectáreas, un 4,94% de extranjerización.
¿Lo que no se ve no existe? Si no hay registración, avanza la entrega.
Milei sigue arrodillado ante Trump
El proyecto sobre la “inviolabilidad de la propiedad privada” es un nuevo avance hacia la desregulación (re regulación) económica para capitales financieros trasnacionales y una herramienta de alineamiento geopolítico con los Estados Unidos.
La única restricción que mantiene la Libertad Avanza corresponde al tope de 1000 hectáreas para Estados extranjeros o entidades bajo su control. ¿A quién se quiere proteger o a quién se pretende expulsar? De acuerdo a las consultas realizadas por El Destape, dentro del RNTR no existían hasta el momento pedidos de autorización de Estados extranjeros para la adquisición de tierras.
Por ende, esta supuesta limitación debería entenderse en línea con lo publicado por Trump en su documento “Estrategia de Seguridad Nacional 2025” donde se fijan los lineamientos para expulsar del “continente americano” a los países que sean “enemigos de los Estados Unidos”. El más claro, China.
La administración Milei no tardó en arrodillarse ante este principio de seguridad nacional estadounidense al publicar los pliegos para la licitación del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal y esta semana lo volvió a realizar con la propuesta legislativa titulada de manera ampulosa “la inviolabilidad de la propiedad privada”.
“La reforma opera como un instrumento de política exterior: libera el mercado para el capital privado aliado mientras establece una herramienta de cerrojo legal explícito contra la adquisición por parte de Estados considerados adversarios por Washington. No se trata solamente de desregular; se trata de elegir a quién favorecer y afianzar una dependencia, un vasallaje”, concluyó Gómez en su texto publicado en el portal Soberanía Digital.
¿Qué Estado extranjero podría querer más de 1000 hectáreas? Se sabe, Estados Unidos controla territorios a través de sus empresas privadas y del lobby de sus Embajadas. La única limitación que quedará en pie en la ley de tierras podría ser una herramienta para bloquear la presencia de actores extra hemisféricos u hostiles –según la doctrina norteamericana-. ¿Se buscan evitar así bases logísticas o de soporte, o la presencia de otros países que podrían montar servidores de IA en la Patagonia?
El Destape
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