Plan C

Seguirá sin cumplir la Ley de Financiamiento

Pese a la masiva marcha, el Gobierno redobla su ataque a las universidades

El subsecretario de Políticas Universitarias dijo que la norma que destina fondos para sostener a las casas de altos estudios “nació muerta”. “Se pueden juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, sentenció. La última palabra la tiene la Corte Suprema.

A horas de la contundente marcha en defensa de la universidad pública que ayer se desplegó en todo el país, el Gobierno ratificó que no va a revertir el ajuste contra las casas de estudio, volvió a catalogar a la marcha como “política” y se quejó de que el Estado tenga que financiar “el problema” del ingreso irrestricto a la educación superior.

“Pueden juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, fue la provocación que lanzó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para desacreditar la protesta que ayer colmó la Plaza de Mayo.

Lo que quiso decir es que por más gente que se movilice, la protesta no tendrá eco dentro de la Casa Rosada y la política de motosierra contra las universidades continuará sin miramientos, al menos hasta que la Corte Suprema resuelva la constitucionalidad y vigencia o no de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada dos veces por el Congreso.

Marcha “política”

Álvarez es el primer funcionario que se levantó temprano para poner en marcha la estrategia de desacreditación pública que el Gobierno tiene diseñada para intentar contrarrestar el efecto demoledor del reclamo que ayer volvió a unir a prácticamente todos los sectores de la vida pública.

Los argumentos que desplegó el funcionario son los mismos que en varias oportunidades fueron rechazados, pero que igualmente se intentarán instalar. Uno de ellos, el más frecuente, es que la marcha de ayer se habría tratado de un acto partidario de la oposición.

“La marcha es política y está organizada por los partidos opositores”, afirmó Álvarez durante una entrevista por Radio Mitre, y mencionó la participación de varios referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y dirigentes gremiales que adhirieron.

Pero apuntó particularmente contra el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, a quien cuestionó por “hablar como si fuera un inocente profesor cuando es un político profesional; tiene fotos con (Axel) Kicillof”. Por eso, insistió, “la marcha no está cruzada por la política, es política”.

Ajuste a toda costa

Otro de los arrugados argumentos que el funcionario sacó a relucir y que son parte de la estrategia comunicacional del oficialismo es que la Ley de Financiamiento Universitario no podría cumplirse porque no especifica los fondos para su puesta en marcha.

Se trata de la misma cantinela con la que el Gobierno vetó la primera sanción de la ley y que luego la Justicia revirtió en parte. “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, dijo.

Por eso, agregó tergiversando la legislación administrativa, “la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta porque viola el primer principio, que es el presupuestario”.

Ingreso, gratuidad, graduados y extranjeros

Pero las expresiones más ofensivas del subsecretario de Educación fueron aquellas con las que atacó los estandartes históricos de las universidades públicas, como lo son el ingreso irrestricto y la posibilidad de que miles de estudiantes de bajos recursos tengan una chance de acceder a una carrera.

“El ingreso irrestricto tiene el problema que vos lo tenés que financiar”, se quejó el funcionario y habló de la posible implementación de cupos de ingreso y arancelamiento.

Luego salió a blandir números que no dijo de dónde los tomaba pero con los que dejó en claro que al gobierno de Javier Milei le pesa la formación de nuevos profesionales. Dijo que al Estado “le cuesta 50 millones de pesos” un ingeniero graduado y lanzó que, con esos costos, “si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir 4.300 millones de pesos”.

Álvarez también apeló al argumento xenófobo contra los estudiantes extranjeros y deslizó la posibilidad de aplicar un sistema de ingreso selectivo. Luego, intentó defenderse de las críticas: “Que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario porque en realidad lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción”.

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