El gobierno dejó al reactor Carem abandonado mientras anuncia una inversión pivada
Cómo lograr destruir un proyecto soberano
Con una inversión de 690 millones de dólares y el trabajo de técnicos y científicos formados durante décadas, esta innovación íntegramente argentina estaba muy avanzada cuando Milei llegó a la Rosada. Hoy se está arruinando.
Varios metros de agua se acumulan en el cilindro central de acero que contiene al reactor. Los subsuelos se inundan y no hay bombas de achique presupuestadas. Alrededor, los pastizales ganan terreno con el pago a las empresas tercerizadas cortado. A la izquierda, el edificio principal del BoP (Balance of Plan, Balance de Planta), debería atesorar la turbina para el vapor producido por el reactor. Pero esa gran pieza, que es la más cara del proyecto, hoy está tapada apenas por una lona, y también se inunda. Otros delicados componentes ya comprados esperan en los cinco galpones y el pañol del mismo predio de Lima, Zárate. Pero la mayoría de los técnicos encargados de su compleja conservación fueron despedidos. Desde hace ya unos meses allí también comienzan a recibir visitas de delegaciones de empresas y Estados, nacionales y extranjeros, con una inédita orden oficial de mostrar todo lo que requieran, y otro sospechoso suceso previo: un hackeo masivo que vulneró años de desarrollo propio.
Esto está pasando con el Carem 25, el prototipo del primer reactor pequeño 100 % argentino capaz de abastecer de energía eléctrica a una ciudad entera –toda una utopía de innovación cuando comenzó a pensarse, recién llegada la democracia-. Al momento de asumir Javier Milei, un 80 por ciento de la obra civil y el 65 por ciento de la obra total estaban concluidos, los principales insumos estaban comprados, y se preveía su puesta en marcha para 2028.
Hoy todo está paralizado, pero el freno no es gratis: mientras el material y la obra no se conserven adecuadamente, se vá arruinando.
Mientras tanto, el gobierno anuncia una millonaria inversión privada, con el beneficio del SuperRigi, de la empresa Meitner Energy –de capitales iraníes radicados en Estados Unidos, aportantes a la campaña de Donald Trump-. Los mismos jefes de equipo que renunciaron a la CNEA por sus salarios destruidos –y también un par de gerentes-, hoy trabajan en las oficinas de esta empresa, ya instaladas en Bariloche y CABA. Muchos “se llevaron”, completos, a todos sus equipos. Es un capital humano invaluable, formado durante años en tareas muy específicas, y con carísimas capacitaciones certificadas que dictan contadas empresas del exterior.
Todo sucede “con la nuestra”: lo que se está desarmando y dejando venir abajo es una inversión de 690 millones de dólares que hizo la Argentina -todas y todos sus ciudadanos-, sólo en este reactor. Y que, lejos de generar pérdida al Estado, genera ingresos, también millonarios, con los distintos proyectos de desarrollo atómico que tiene en marcha la Argentina.
La paralización del Carem es apenas un botón de muestra del modo en que el gobierno de Javier Milei tiene decidido truncar, planificadamente, el desarrollo atómico argentino. Con variantes, la situación se replica en otros proyectos insignia como el reactor multipropósito RA10, que también produce radioisótopos, y el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, la planta de enriquecimiento de uranio que funciona en el paraje Pichileufú Arriba, a 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche.
Así Argentina se baja del lugar ganado entre los 8 países del mundo que pueden completar el ciclo del uranio, desde su extracción hasta su enriquecimiento. El gobierno comete “un crimen a cielo abierto”, coinciden los técnicos consultados por Página/12. “Renuncia a una carrera tecnológica donde se ubicaba por delante de varios competidores internacionales y en la que actualmente participan más de un centenar de proyectos, en recursos clave de este contexto geopolítico”, sintetiza la física y diputada por Río Negro Adriana Serquis, que presidió la Comisión Nacional de Energía Atómica entre 2021 y 2024.
De remate
Página/12 accedió a la orden oficial interna, aprobada por la Presidencia de CNEA, que da vía libre a toda “visita que guarde vinculación con la elaboración potencial de una Iniciativa Privada (en mayúscula en el original), cualquiera sea el origen, nacionalidad o naturaleza jurídica del Interesado”. Aclara que ese interesado puede ser “cualquier persona humana o jurídica, nacional o extranjera”. Indica que pueden “requerir información, documentación, antecedentes o autorización para visitar un emplazamiento, predio, instalación, inmueble o activo que se encuentre bajo la órbita de la CNEA”.
Por si quedan dudas, la comunicación que llegó por sistema GDE el 8 de mayo –revisada por el actual gerente administrativo de la CNEA, Juan Ignacio Bruera, un contador sin experiencia en el área, y uno de los felices adjudicatarios de un préstamo del Banco Nación por 200 millones de pesos- detalla qué se entiende por activo: “Todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un Interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita”.
Como todos sus compañeros, Carolina Ayala recibió esa orden en el Centro Atómico Bariloche, donde trabaja en el laboratorio de residuos nucleares. “Manipulo material radiactivo, tengo dos personas a cargo y cobro menos de un millón de pesos. Si me quedo es porque amo y defiendo lo que hago, y porque no me quiero ir del país”, resume su situación. En su laboratorio eran diecisiete investigadores. Hoy quedan cuatro.
“Es una orden grave. Es como que abren una feria para que vengan a ver qué les gusta y llevárselo de oferta. Incluso no queda claro el límite en las áreas sensibles y reservadas, que en estos proyectos son muchas. Nos están diciendo que estamos de remate”, lamenta.
Nuevos dueños
Otra investigadora de la CNEA que pidió mantener su identidad en reserva describe cómo los actuales funcionarios a cargo ponen a disposición de esas visitas “todo”, incluyendo laboratorios, activos tecnológicos, procesos e información técnica, y lo más grave, todo el know how propio.
Menciona una recorrida en particular al Centro Atómico Ezeiza, en instalaciones vinculadas a mecanismos de control del ciclo del combustible nuclear, un sector “de alto nivel de confidencialidad”. “Ahí entró un grupo de gente de la empresa Meitner, como pancho por su casa. Los gerentes les dijeron: sí, pase, por favor. En la misma semana de esa visita, la subgerenta de Diseño Nuclear y Mecánico se fue a trabajar… a Meitner. Ya antes se había ido el subgerente anterior, con su respectiva gente. Es muy impune todo”, lamenta.
La científica repasa otros “pases” que conoce: el jefe de Procesos, el de Electricidad; cada uno “se llevó” a Meitner su grupo de ingenieros de confianza. “Todos con al menos 10 años de experiencia y con sueldos muy bajos para su calificación, que pasaron a cobrar entre 5 y 10 veces más”, explica. Lo analiza como una consecuencia buscada del doble movimiento de ahogo salarial por un lado, y “entrega” por el otro.
Después del hackeo
“El edificio del reactor, donde está su núcleo y el recipiente de presión, llegó a tener más de 20 metros cúbicos de agua. Ahí hoy está oxidandose el liner de contención. El edificio que está al lado, que aloja la turbina y el turbo grupo, tuvo 7 metros de agua. Alrededor es un yuyal”, describe Rodolfo Kempf el estado del Carem. Trabaja en el Centro Atómico Constituyentes, en combustibles nucleares; su grupo estuvo a cargo del desarrollo tecnológico del combustible del reactor.
Más allá de la obra civil, al igual que otros trabajadores consultados por Página/12 analiza lo peligroso del abandono a nivel general de todo el proyecto: la ingeniería, el modelado computacional, las licencias obtenidas, el desarrollo tecnológico en general. Al igual que los recursos humanos formados, son acaso más “caros” que la millonaria inversión de la obra.
Por eso preocupó tanto el extraño hackeo que sufrió toda la CNEA en diciembre. “Nunca vimos algo igual, fue un apagón masivo, tardaron dos meses en volver todos los sistemas. Toda la información confidencial del Carem y otros proyectos quedó expuesta. No se perdió nada, pero alguien que entra y sabe lo que está buscando, se puede llevar muchísimas soluciones de ingeniería que lleva años desarrollar", explican.
De los 61 últimos despidos que sufrió la CNEA, 35 eran trabajadores abocados al Carem, y en particular a áreas de conservación. Hoy los científicos, ingenieros y técnicos de todas las sedes son “custodiados” por Gendarmería, como una presencia reforzada y permanente: si antes esta fuerza tenía presencia en las sedes de la CNEA como centinela de objetivos estratégicos que hacen a la soberanía nacional, hoy se encarga de vigilar y firmar a sus trabajadores, dispersarlos si hay reuniones y, llegado el caso, reprimirlos si se manifiestan contra los despidos.
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