El archivo que condena a la senadora
Las contradicciones de Bullrich: de impulsar la ley de Tierras a defender la extranjerización
Aunque ahora defiende a capa y espada la derogación de la ley de Tierras, en 2010 proponía un debate urgente para regular y fijar límites y topes a la extranjerización.
Agustin Golman
Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogó la ley de Tierras, la senadora consideró que fue un error intentar avanzar con un proyecto específico de derogación antes del pronunciamiento de la Justicia.
“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo, en un mensaje dirigido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor intelectual del megaDNU y de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Pero esta Bullrich recargada, filosa y alfil parlamentario de Milei contrasta con la Bullrich que hace apenas una década y media atrás reclamaba junto con Elisa Carrió el tratamiento de una ley para establecer límites a la compra de tierras de parte de capitales extranjeros.
Aquel episodio quedó registrado en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados el 11 de agosto de 2010. Allí pedía el tratamiento sobre tablas de una serie de proyectos, ya que no habían sido aprobados en comisión. “Ambos se refieren al régimen de restricciones y límites a la adquisición de dominio de los inmuebles rurales”, planteaba Bullrich entonces.
Se trataba de un proyecto de ley de Carrió para limitar la venta de tierras argentinas a manos extranjeras.
En esa sesión, ella misma lo defendió: “Se presentó allá por el año 2000, en virtud de la necesidad de saber con precisión quiénes son los propietarios de tierras en la Argentina. Tuvo su origen en la Federación Agraria, lo presenté en 2001. Lo seguimos presentando a lo largo de 10 años y nunca un gobierno permitió apoyarlo. Pero como ahora el ministro (Julián) Domínguez ha dicho que es un tema importante me parece que después de diez años se puede tratar con o sin despacho de comisión”.
A grandes rasgos, el proyecto de Carrió exigía un tiempo prolongado de residencia legal en el país antes de que los extranjeros fueran habilitados a comprar extensiones de tierra, para evitar especulación inmobiliaria y evitar que los fondos extranjeros aprovechen devaluaciones locales para comprar millones de hectáreas. También establecía que se debía certificar el origen del dinero, para comprobar que no proviniera de actividades ilícitas.
La ley de Tierras de Carrió también prohibía las compras especulativas y establecía topes del 10 al 15 por ciento para la venta de tierras a extranjeros, y la prohibición de hectáreas donde hubiera fuentes de agua dulce o acuíferos estratégicos, así como los límites en zonas de frontera.
Esos proyectos confluyeron en la ley de Tierras que se discutió en el Congreso en 2011 y fue aprobada por una amplia mayoría.
Sin embargo, Bullrich y Carrió votaron en contra de la ley impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bajo el argumento de que implicaba una delegación de poderes al Poder Ejecutivo para otorgar autorizaciones, la falta de un catastro antes de fijar prohibiciones y los supuestos grises de la norma en la protección de recursos estratégicos.
Pero ahora Bullrich está en contra de esa mirada que defendía en 2010 y 2011.
“Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía”, argumentó en agosto, durante el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, reforzando su comparación entre el proceso de extranjerización de tierras y recursos con la compraventa de propiedades.
“Es absurdo pensar que se van a quedar con el agua y los recursos naturales. El acceso al agua está garantizado bajo todas las leyes argentinas”, dijo Bullrich, quien sostuvo que la ley de 2011 sólo sirvió para “disuadir la inversión” por la pérdida del valor de las tierras. “Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale”, afirmó.
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