LLA cuenta los votos para sostener el pliego de Villaverde en el Senado

La nueva conformación de la Cámara alta deberá definir si impugna a la senadora electa del oficialismo, vinculada al presunto narco Fred Machado. Aliados firmes y en duda. El peronismo, en plena reorganización, busca sostener el rechazo al nombramiento.

Los pliegos de los senadores que asumirán serán tratados por el Senado el viernes 28 de noviembre. Sería un trámite si no estuviera el de Lorena Villaverde. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) cuenta los votos para sostener a la rionegrina, que tiene una causa por posesión de cocaìna en Estados Unidos y sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narco.

"Confían en que tienen los votos", afirmaron a El Destape fuentes al tanto de la vida interna del bloque de LLA. El mileísmo podrá defender a Villaverde con la nueva conformación de la Cámara alta, en la que tendrá 18 senadores propios. Necesitan 37 votos, la mitad más uno, aunque el senador que asume se estila que no se vote a sí mismo.

En la comisión de Asuntos Constitucionales, LLA intentó sostener el pliego de Villaverde con la cooperación del PRO, representado por Luis Juez. Con la nueva conformación, el partido amarillo quedaría con cuatro bancas. El oficialismo podría tener el auxilio de la Unión Cívica Radical (UCR), cuyo bloque caerá a diez bancas.

"Hay postura dividida", avisan fuentes boinas blancas, que creen que la mayoría de los legisladores del partido centenario puede actuar en sintonía con el oficialismo y sostener a Villaverde, que en 2002 había sido detenida con 15 kilos de cocaina, y que es cercana a Claudio Cicarelli, primo de Machado.

En las elecciones de octubre, LLA y el partido centenario llegaron a acuerdos electorales en provincias como Chaco y Mendoza que pueden influir, así como las cercanías que pueda haber entre la Casa Rosada y algunos senadores, caso Carolina Losada. Eduardo Vischi, jefe de la bancada e integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales, no firmó el dictamen de mayoría

Al recinto llegará el dictamen que aprueba los pliegos de todos los senadores electos, excepto Villaverde. Siete miembros del interbloque de Unión por la Patria pusieron la firma, al igual que Alejandra Vigo (Provincias Unidas), Pablo Blanco (UCR) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Estos dos últimos habrán finalizado sus mandatos. 

La impugnación fue motorizada por el bloque peronista, denominación que tendrá Unión por la Patria, según había anunciado esta semana el jefe de la bancada, José Luis Mayans. tras la reunión del Partido Justicialista nacional. El peronismo tendrá 20 integrantes, aunque la cantidad podría crecer.

Dentro de Unión por la Patria funciona el bloque Convicción Federal, cuyos cuatro integrantes continuarán después del recambio. En las inmediaciones de estos hacen mutis sobre qué harán con la impugnación de Villaverde, aunque un integrante de esta bancada, Guillermo Andrada, firmó el dictamen de mayoría. 

Por el lado del bloque peronista, afirman que Convicción Federal continuaría como interbloque y que Mayans trabaja para que, aunque sea entrado el 2027, se terminen de unir. También estiman que los dos senadores electos del Frente Cívico de Santiago del Estero estarán dentro de la bancada.

Como sea, en el peronismo se esperanzan con que el oficialismo, pese a la nueva conformación de la Cámara, no pueda sostener a la nrionegrina. "Está difícil hacer el poroteo. El dictamen tuvo firmas del radicalismo y bloques provinciales. Puede ser complicado para Villaverde", avisan.

En el medio, quedan ocho senadores de bloques provinciales, entre nuevos y con mandato, que definirán el destino de Villaverde. Algunos de estos, ante la consulta de este medio, no adelantaron su postura para el viernes que viene.

El Destape

 Un freno al amparo colectivo contra el ajuste

Mientras desfilan los acusados de cobrar coimas, el Gobierno va los tribunales para no cumplir con la emergencia en discapacidad

El procurador del Tesoro recusó al juez de Campana que estaba a punto de declarar la inconstitucionalidad del doble veto a la ley. Los insólitos argumentos para declarar nula la causa.

Con la mejor cara de piedra, mientras desfilan por Comodoro Py los protagonistas de las coimas en la Andis, el Gobierno se niega a implementar los fondos necesarios para cumplir con la ley de Emergencia en Discapacidad, ni siquiera si se lo exige la justicia. El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó al juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien estaba cerca de declarar nulo el DNU con que la Rosada había vetado la ley por segunda vez, tras la insistencia del Congreso. El juez había dado lugar a un amparo colectivo impulsado por familiares y organizaciones del sector, que siguen denunciado el ahogo económico de los prestadores, cuyas instituciones de apoyo están al borde de la quiebra. En ese marco de puja por recursos, el procurador pidió además declarar “abstracto” el expediente, con un insólito argumento: alegó que las partidas para aplicar la norma en realidad están garantizadas en el presupuesto de 2026, pero no en el proyecto del Gobierno, sino en el dictamen de minoría. Es decir, en el de la oposición.

El amparo colectivo había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos menores de edad con discapacidad. Reclamaban la real aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue suspendida en los hechos mediante el Decreto 681/2025, que lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aquel decreto fue la respuesta del Gobierno a la insistencia de la oposición sobre la ley, que obtuvo amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso. Lo que hizo Francos fue promulgarla, pero sin fondos y suspendiendo prácticamente todos sus artículos, una forma decorosa de vetarla por segunda vez.

Los padres se habían presentado ante el juez con un pedido de amparo para que la ley se aplique con el argumento de que sus hijos –que necesitan apoyos destinados a las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA)-- deben obtener una atención adecuada. Las organizaciones del colectivo se sumaron al planteo: escuelas especiales, centros de día, centros terapéuticos y empresas de transporte especializado formaron parte de la demanda contra el Estado. También lo hicieron otras organizaciones como REDI y ACIJ. El expediente venía cobrando forma y González Charvay rechazó sistemáticamente los planteos del Gobierno tendientes a que la causa no prosiga.

En una de sus últimas resoluciones, el juez incluso había ordenado publicar en el Boletín Oficial un edicto informando la existencia del amparo colectivo para sumar más familias a la causa. Fue poco después de que rechazara varios planteos del Gobierno, que llegó a objetar el pedido de amparo porque la familia que lo impulsó tenía cobertura de OSPJN, la obra social de los judiciales. González Charvay contestó que la OSPJN utiliza los valores del Nomenclador Nacional (es decir el valor de las prestaciones que fija la Andis) como referencia para calcular los reintegros a las familias, por lo que su desfinanciamiento afecta directamente a sus hijos.

Según pudo averiguar Página/12, estaba a punto de dictar un fallo de fondo que declarase la inconstitucionalidad del decreto de Francos. Pero el Gobierno logró apartarlo. Ahora definirá la Cámara de San Martín.

El argumento del procurador en ese sentido fue que González Charvay había “prejuzgado” porque en una de sus resoluciones escribió que el decreto de Francos suspendió la ley. Pero en realidad había hecho una cita literal. El DNU dice textualmente que la Emergencia quedaba reglamentada pero “suspendida en su ejecución” hasta tanto no aparezcan los fondos.

“Lo que busca el Ejecutivo es ganar tiempo, con argumentos que demuestran su poco apego a la Constitución, algo que vienen demostrando desde el decreto 681/2025, que es una suerte de veto del veto del veto”, le dijo a este diario el abogado constitucionalista Diego Armesto, representante de las organizaciones que impulsan el amparo.

En busca de algo de tiempo, el Gobierno anunció a fines de octubre un aumento de los aranceles de las prestaciones del 31 por ciento a cobrar en tres tramos, hasta enero de 2026. Las organizaciones lo criticaron por insuficiente y reclamaron la ley, que otorgaba aumentos muy superiores y una compensación por lo perdido en los últimos 12 meses en los que el arancel estuvo congelado.

“El aumento otorgado a los prestadores no respeta lo establecido por la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad”, advirtió el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que agrupa a varios de los centros de día y transportistas. Según el Foro, el incremento representa “la mitad -o incluso menos- del atraso arancelario acumulado durante esta gestión”. “Muchos prestadores debieron cerrar sus puertas durante este año, según datos oficiales de la Provincia de Buenos Aires”, agregaron.

Lo curioso es que ese aumento real que introducía la ley fue incorporado al dictamen de minoría de la oposición del Presupuesto 2026 --el que lleva la firma del diputado Oscar Agost Carreño--, pero no en el del Gobierno, que por el contrario refrenda el ajuste en el área. Insólitamente, el procurador apeló a ese incremento del dictamen de minoría para argumentar que el amparo colectivo no tiene sentido.

“El proyecto de minoría --dice el escrito de Castro Videla al que accedió este diario-- dispone la incorporación al presupuesto de los “créditos correspondientes a la Ley de Emergencia Nacional en Materia de Discapacidad”, por lo que “se desprende indubitablemente que las asignaciones presupuestarias en cuestión” están ya incorporadas, por lo que “las cuestiones debatidas en esta causa se refieren a una materia que está siendo considerada por el Congreso Nacional”.

Las organizaciones salieron a cuestionar la postura ficial y defendieron el avance de la causa, al tiempo que ironizaron sobre las coimas en la Andis, causa que avanza con testimoniales en Comodoro Py. “Mientras la justicia federal investiga cómo desviaron miles de millones de pesos de fondos destinados a discapacidad —con empresarios detenidos y evidencia contundente—, el mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó“, sostuvieron.

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Desde que asumió Milei la canasta de servicios y transporte público aumentó un 525%

Los datos se desprenden del último Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET.

Según un informe del IIEP (UBA-CONICET), el gasto en servicios públicos aumentó un 1,8% interanual en noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde diciembre de 2023, el presupuesto familiar aumentó un 525%.

Un hogar promedio del AMBA requirió en noviembre un presupuesto de $173.480. Esa cifra incluye los gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público para una familia.

Los datos se desprenden del último Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET. El estudio marca que el costo de la canasta de servicios subió un 1,8% respecto al mes anterior y se ubica un 30% por encima de los valores registrados en el mismo mes de 2024.

El peso del transporte para las familias

Al desglosar los gastos mensuales, el transporte público se consolida como la carga más pesada para el bolsillo, ya que representa casi la mitad del total de la canasta:

• Transporte: $81.233
• Electricidad: $37.098
• Gas: $24.071
• Agua: $31.078

En el rubro transporte, el informe destaca una brecha significativa entre lo que paga el usuario y el costo real del servicio. Si bien el boleto de colectivo promedio se ubica en $592,2, el “costo técnico” sin ningún tipo de subvención estatal sería de $1.662.

Actualmente, los hogares del AMBA abonan tarifas que, en promedio, cubren el 52% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado absorbe el 48% restante. Los porcentajes varían según el servicio y la categoría del hogar (mayores o menores ingresos).

Aumentos por encima de la inflación

El reporte realiza una comparativa impactante respecto al inicio de la gestión actual. Si se toma como punto de partida diciembre de 2023, todos los servicios públicos aumentaron muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En este período, la canasta total de servicios tuvo un incremento del 525%. El detalle por servicio muestra la disparidad de los ajustes:

• Transporte: +912%
• Gas: +748%
• Agua: +365%
• Luz: +263%

En ese mismo período la inflación acumulada es del 240%. La explicación es que la canasta del IPC tiene más de 20 años y está desactualizada, por lo que le da poco peso al aumento de los servicios. Lo que más influye en el número final son los alimentos, que por la recesión y la estabilidad cambiaria son los que menos aumentos han sufrido.

Los aumentos en noviembre

El incremento mensual del 1,8% en el gasto de los hogares responde a una combinación de actualizaciones tarifarias y factores estacionales:

• Transporte: El costo promedio ponderado del boleto subió un 6,6%. Esto se debe a que las líneas de jurisdicción nacional aumentaron un 9,7% tras haber estado congeladas desde agosto, mientras que las líneas de la Ciudad ajustaron por la fórmula vigente (IPC del mes anterior+2%), arrojando una suba del 4,1%.
• Energía eléctrica: Comienza a notarse la curva ascendente de consumo propia de la llegada del verano. Además, los cuadros tarifarios presentaron alzas del 3,6% en el cargo fijo y 3,8% en el variable.
• Gas: Aunque aumentaron los cargos fijos (3,5%) y variables (4%), el impacto final se vio atenuado por la reducción en el consumo debido a las temperaturas más cálidas.
• Agua: Hubo un incremento en el cuadro tarifario, ajustado levemente por la cantidad de días del mes (noviembre tiene un día menos que octubre).
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Milei amenazó con más reformas: "Abróchense los cinturones"

Ante empresarios, el Presidente afirmó que el resultado electoral de octubre lo respaldan para avanzar con el presupuesto 2026 y sacar las reformas laboral, tributaria y judicial. 

El presidente Javier Milei afirmó que avanzarán con más reformas de achique del Estado y desregulación de la economía, en base al resultado de las elecciones de octubre.  "Así que abrochense los cinturones porque va a haber más reformas", señaló en su discurso en su visita a la Corporación América.

"Si uno mira las elecciones en términos de las distintas fuerzas, sin mezclar cosas que no se mezclan, el resultado fue 41 a 24 y eso se llama 'primera vuelta'. Eso abre las perspectivas, no solo para que estemos más tranquilos, sino en avanzar con más fuerza. Nosotros no vamos a calmar nuestra vocación reformista. y el apoyo que recibimos va a hacer que aceleremos aún más", afirmó en su discurso, en el que recordó que hace dos años ganaba el ballotage presidencial.

Milei sostuvo que a las "tres anclas" que pregona, "la cambiaria, la monetaria y la fiscal" se le suman "la geopolítica y la política". Esta última alude al triunfo electoral de octubre.

"El pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. No cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante el año electoral y después pagar el costo", alertó, para luego jactarse de que "dos tercios de los argentinos decidieron abrazar el rumbo a las ideas de la libertad y no volver al pasado"

Sobre la geopolítica, afirmó que "Argentina tiene la posibilidad de ser protagonista de un cambio de reglas de juego globales. "Estados Unidos necesita un aliado firme en América Latina para ayudarlo a ordenar un continente descarriado por el socialismo del siglo XIX", dijo.

El Presidente adelantó que enfrentará "el desafio de aprobar el presupuesto 2026 y sacar las reformas laboral, tributaria y judicial", porque "el país necesita más libertad y seguridad para crecer". "Quedan 600 mil decretos, el problema es que solo están digitalizados 70 mil", desafió.

Una vez más, atacó a la oposición en el Congreso y sostuvo que debió "soportar cuarenta leyes que intentaron sabotear el programa de gobierno". "Yo me comprometí a entrar a un año electoral apretando la política fiscal y monetaria. Nunca pasó en la Argentina ni en el mundo", opinó..

Además, insistió con lo que denomina "batalla cultural"."Si las personas no están comprometidas con las ideas, uno puede hacer dos buenos gobiernos o tres, pero el gérmen del socialismo sigue ahí", opinó.

El Destape

 

La advertencia del gobierno de Xi Jinping tras la amenaza de Sanae Takaichi

Máxima tensión entre China y Japón por Taiwán: “Tomaremos medidas severas”

La mandataria nipona habló de un posible envío de tropas para respaldar a las fuerzas separatistas de Taiwán. Desde Beijing exigen que se retracte. El impacto económico de la crisis diplomática.

Desde Beijing,

La histórica conflictividad que atraviesan las relaciones diplomáticas entre China y Japón suma en estos días una nueva escalada. Las expresiones de la mandataria nipona Sanae Takaichi acerca de un posible envío de tropas para respaldar a las fuerzas separatistas de Taiwán no solo recibió el fuerte repudio del gobierno de Xi Jinping, sino que está desencadenando una serie de acciones sin precedentes en las últimas décadas: amenazas cruzadas, advertencias a la ciudadanía por posibles agresiones, cancelación masiva de vuelos comerciales y hasta traslado de aviones de combate. “Tomaremos medidas severas”, advirtieron desde Beijing en caso de que no se retracte.

“Las declaraciones de Takaichi son extremadamente peligrosas. Constituyen una grave injerencia en los asuntos internos de China y una seria violación del principio de una sola China”, se quejó Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas. En el debate anual de la Asamblea General de la ONU sobre la reforma del Consejo de Seguridad, el funcionario chino señaló que la postura de la ultraderechista “constituye una afrenta a la justicia internacional y representa una flagrante ruptura con el compromiso de Japón con el desarrollo pacífico”. Además, remarcó que el país carece de las “aptitudes necesarias” para aspirar a un puesto permanente en ese Consejo.

La disputa se desató luego de que la primera mujer en estar al frente del Ejecutivo japonés afirmara hace dos semanas que, ante una eventual operación militar de China en Taiwán, podría enviar tropas para colaborar con los separatistas. La provocación encendió el enojo de Beijing, que sostiene que Taiwán es parte inalienable del territorio chino y exige su reunificación de manera ininterrumpida desde 1949. Como respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó una dura protesta a Japón en donde afirmó que la posición de Takaichi está “dañando los cimientos políticos de los lazos entre China y Japón” y que genera consecuencias “sumamente negativas”.

El fin de semana, el gobierno de Xi Jinping y la embajada china en Japón instaron a sus ciudadanos a extremar las medidas de seguridad y evitar viajar a ese país. El mensaje provocó un fuerte coletazo en el sector turístico. Más de diez aerolíneas –como Air China, China Eastern y China Southern– ofrecieron cancelaciones gratuitas de pasajes hasta fin de año. La medida tuvo un alto nivel de aceptación –más de medio millón de boletos cancelados hasta el martes– y se vio reflejada también en la cancelación masiva de reservas hoteleras. El impacto, además, llegó a los mercados: acciones japonesas vinculadas al turismo y al comercio minorista se desplomaron, dado que los chinos son la principal fuente de ingresos (27 por ciento) del turismo receptivo.

La maniobra del gigante asiático tuvo réplica japonesa. “Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses”, recomendó la embajada nipona en China. “Si ve a una persona o a un grupo que le parezca mínimamente sospechoso, no se acerque a ellos y abandone la zona inmediatamente”, agregó la diplomacia, quien sugirió tener “cuidado” al interactuar con ciudadanos chinos.

En paralelo, el gobierno de Xi advirtió ayer que si Takaichi no se retracta tomará “medidas severas”. En principio, anunció la suspensión de las importaciones de marisco japonés. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, Japón incumplió con sus responsabilidades regulatorias para garantizar la calidad y seguridad de los productos. Aunque, más allá de la justificación burocrática, aclaró: “Dada la situación actual, incluso si se exportaran estos productos, no habría mercado para ellos”. En este contexto, quedaron clausuradas las negociaciones para reanudar las importaciones de carne vacuna. Por último, los órganos reguladores de China frenaron el proceso de autorización de nuevas películas japonesas y cancelaron el estreno de seis películas que ya tenían fecha de presentación.

Para sumar tensión al conflicto, Japón movilizó el lunes aviones de combate. El argumento que utilizó para justificar la maniobra fue que detectó un supuesto dron chino en las proximidades de su isla más cercana a Taiwán. “Se confirmó que una aeronave no tripulada, supuestamente de origen chino, sobrevoló la zona entre la isla de Yonaguni y Taiwán. En respuesta, se movilizó la aviación de combate”, explicó el Ministerio de Defensa de Japón. Desde Beijing, en tanto, el portavoz de la oficina que se ocupa de los asuntos de Taiwán, Zhu Fenglian, calificó el posicionamiento japonés como un “intento de revivir el militarismo que pisotea la justicia internacional”.

Con el objetivo de intentar destrabar el conflicto, el director general del Departamento de Asuntos Asiáticos de China, Liu Jinsong, se reunió en Beijing con Kanai Masaaki, director general de Asuntos Asiáticos de Japón. Al salir del encuentro, los periodistas le preguntaron a Liu Jinsong si “estaba satisfecho con las conversaciones”. La respuesta fue rotunda: “Por supuesto que no”. Así, la crisis que comenzó hace unos días con las declaraciones de la mandataria japonesa, escaló a un conflicto diplomático con consecuencias económicas y movimientos militares.

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Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado

El pliego de Villaverde, la narcosenadora, a un paso del rechazo

La mayoría de los senadores firmaron un despacho para impedir el ingreso de la aspirante rionegrina libertaria.

Fue una batalla. Sin gritos ni empujones, pero una batalla donde la oposición en el Senado argumentaba a favor de rechazar el pliego de la senadora electa libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), involucrada en casos de narcotráfico en los Estados Unidos. Los senadores de La Libertad Avanza y alguno de sus aliados, contraatacaban presentando impugnaciones plagadas de chicanas y recién escritas contra los pliegos de los peronistas Martín Soria (Río Negro) y el chaqueño Jorge Milton Capitanich. El campo de batalla fue la comisión de Asuntos Constitucionales. La oposición logró, finalmente, un dictamen de rechazo a Villaverde que se definirá el 28 de noviembre próximo cuando se realice la sesión de jura de los nuevos legisladores.

El rechazo a que Villaverde se incorpore a la Cámara alta cosechó ocho votos de Unión por la Patria (UxP), uno del radical Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri, la cordobesa Alejandra Vigo y, para sorpresa de muchos, el salteño Juan Carlos Romero. Este último es un habitual aliado del bloque libertario. Las once firmas lo convierten en un dictamen de mayoría que lo habilita a su tratamiento en primer término.

No fue el único, también hubo otro dictamen de mayoría para los 23 senadores y senadoras electas.

El oficialismo, molesto por este resultado, buscó forzar una crisis que obligue al peronismo a negociar, al advertirles que va a presentar un dictamen contra los pliegos de Soria y Capitanich. Esto es, a todas luces, una maniobra desesperada porque recién este miércoles ingresaron esas impugnaciones. Las que recibió Villaverde, en cambio, ya llevaban varios días en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Vigo, a la sazón esposa del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El contraataque libertario lo lideró el riojano Juan Carlos Pagotto que no sólo adelantó las presentaciones contra Soria y Capitanich, sino que elaboró una compleja tesis de defensa de Villaverde. A su lado asentía otro cordobés, Luis Juez, sacó a relucir su conocimiento del código penal para también defender a la todavía diputada rionegrina. Para él todo es un ataque que se concretó a partir de titulares de los diarios sin sustento legal. Para mucho habla más de la experiencia que desde los libros judiciales, porque supo ser una de las lanzas principales contra los gobiernos kirchneristas donde denunciaba blandiendo hojas de diarios.

Otra riojana, en este caso la peronista Florencia López calificó como “un bochorno que sobre la hora, en un intento desesperado por salvar la narcopolítica y a una narcosenadora, traten de ingresar expedientes que lo único que van a hacer es confundir esta reunión”. Pagotto se salía de la vaina para responderle. Y es que López había desgranado con pelos y señales las relaciones de Villaverde con el empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado, pero además, el vínculo con un primo de Machado, Claudio Cicarelli, “pasó de ser profesor de básquet a multimillonario. Ahora es un empresario de la minería, las tierras raras, la energía… Lo mismo que decía Espert, que era asesor de la minería. El vínculo con el narcotráfico está probado", afirmó.

A su turno, el jefe del bloque de UxP, José Mayans, recordó lo que había ocurrido con el diputado José Luis Espert, vinculado a Machado por “recibir fondos de una minera del acusado por narcotráfico, y esa minera acusada de lavado de dinero por 600 millones de dólares en Estados Unidos. Él nunca admitió haber recibido fondos hasta que la evidencia lo tapó”. Por último aseguró que Villaverde “ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”.

Luego llegó el turno del salteño Juan Carlos Romero. Este resaltó la “manifiesta gravedad creciente que tiene el narcotráfico en la Argentina” y advirtió que “una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos”, dijo y advirtió que el problema judicial fue por venta de droga y que recibió un castigo menor porque se declaró culpable y entregó información. Es más, les dijo a los senadores, incluso los oficialistas, que por ser una informante se le borraron los antecendentes en la justicia norteamericana. Cuando lo dijo, todos los presentes estaban convencidos que el dictamen de rechazo a Villaverde estaba garantizado. No se equivocaron.

En cuanto al caso de Capitanich, el salteño dice que se lo puede criticar por su vínculo con el clan Sena, “pero esos son errores políticos que además la gente castigó en la última elección. Pero no veo causa que le impida ser senador”.

La opositora neuquina Silvia Sapag dijo que con el caso Villaverde se está a tiempo de impedir que alguien con problemas de narcotráfico ocupe una banca en el Senado: “Ya tiene dos condenas en Estados Unidos y tiene una particular cualidad de vincularse con el narcotráfico”, afirmó.

La neuquina se negó a tener que esperar que un juez defina por encima de la potestad que tiene el cuerpo de rechazar los pliegos de aspirantes a senadores. Para eso trajo como ejemplo el caso del exsenador Edgardo Kueider: “No podemos permitir que Villaverde sea avalada para que ocupe su banca y quiero que se tengan en cuenta los antecedentes y las denuncias para no otorgarle los títulos”.

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 Volvió a cuestionar el juicio por los "cuadernos truchos"

Cristina Kirchner: “Argentina sin Estado de Derecho y con la cancha inclinada”

La expresidenta mencionó el procesamiento del sargento retirado Bacigalupo “por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos”. “Nunca exageramos”, afirmó y repitió que la causa busca tapar la crisis económica. “El papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday”, describió.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntarle al juicio de la Causa Cuadernos y reiteró que el objetivo es que “si no hay pan, que haya circo” para tapar los efectos del modelo económico de Javier Milei.

“Nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión", denunció la exmandataria.

Los cuadernos adulterados

CFK denunció que “apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos” porque los peritajes confimaron que “fueron fabricados”.

Señaló que la semana pasada el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado Jorge Bacigalupo por “haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos”.

“Bacigalupo, según la ‘versión oficial’ del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!“, denunció Cristina.

Y planteó: “Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”.

“Si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico”

CFK repitió que la causa Cuadernos busca tapar la situación económica del país, a la que ejemplificó con las recientes compras del Cyber Monday.

“Para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre", mencionó.

Y agregó: “Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones…“,

“Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico", concluyó.

El posteo completo de CFK

NUNCA EXAGERAMOS.

Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión.

Bueno… apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos. Las pericias oficiales confirmaron que los Cuadernos Truchos no fueron escritos: fueron fabricados.

La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos.

Bacigalupo, según la “versión oficial” del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!

Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?

ARGENTINA SIN ESTADO DE DERECHO… Y CON LA CANCHA INCLINADA.

P/D 1: Sobre el procesamiento de Bacigalupo, La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios... Mutis por el foro.

P/D 2: Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones…

Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico.

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Denunciaron “maniobras turbias” detrás del proceso privatizador de las centrales nucleares

La legisladora Florencia Carignano denunció durante una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones "maniobras opacas" detrás del intento privatizador de NA-SA. Las miradas apuntan al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Roberto Villamonte.

“Empiezan a verse algunas maniobras turbias (por parte del Gobierno nacional) para tratar de establecer un precio mínimo de las tres centrales nucleares que pretenden privatizar”. La diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria) alzó la voz durante la reunión informativa de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones al cuestionar la decisión del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Roberto Villamonte, de autoexcluirse del proceso de valuación de los principales activos de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

“Seguramente quieren dejar por escrito que las empresas no valen nada”, enfatizó la diputada Ana María Ianni (UxP – Santa Cruz), en diálogo con El Destape. La maniobra para establecer una suerte de precio vil para la privatización de NA-SA ya había sido expuesta por este medio en un artículo publicado la semana pasada, en el que también se informaba sobre la presentación de una medida cautelar para frenar su proceso de venta, aun sin respuesta por parte del Juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

La maniobra oficial parece tan burda que el propio titular de la Comisión Bicameral, Juan Carlos Romero (Cambio Federal - Salta), conspicuo dador de gobernabilidad para la administración Milei, se puso nervioso ante las evidentes irregularidades. “Esta dificultad que estamos viendo, por llamarla así, atenta contra la voluntad de transparencia que debería tener este proceso”, sostuvo el senador.

La opacidad informativa de Milei

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones le había solicitado al Poder Ejecutivo información específica sobre 8 empresas que se pusieron en venta a partir de la Ley de Bases pero la respuesta oficial fue enviar informes circunstanciados de 5 compañías, entre ellas NA-SA. Al desglosar el texto de 48 páginas remitido a la comisión la semana pasada, quedó en evidencia la maniobra del Gobierno y el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación para delegar el proceso de valuación de activos y tercerizarlo a una entidad financiera. ¿Con qué objetivo?

El 20 de enero de este año, el Poder Ejecutivo le solicitó al TTN la valuación del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina. La respuesta otorgada por el titular del cuerpo colegiado, Roberto Villamonte, fue que “en la actualidad dicho Organismo sólo está en condiciones de realizar la tasación de todo tipo de bienes tangibles, o empresas exclusivamente a partir de la valuación de sus activos físicos, con motivo de que no posee, dentro de sus Normas Nacionales de Valuación, una norma específica que le permita tasar activos financieros o intangibles a partir de un enfoque de ingresos” (Nota N° NO-2025-65865326-APNTTN# MEC).

En otro apartado, Villamonte sostuvo que “la tasación solicitada y su extensión en el tiempo exceden el análisis convencional de flujos de fondos o valuación patrimonial que realiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación”. De esta manera, recomendaba convocar a un banco público para realizar la tasación. ¿Será el BNA también en proceso de convertirse en sociedad anónima? ¿O el BICE?

Este dato llamó la atención de varios legisladores integrantes de la Bicameral. “El TTN ya hizo dos tasaciones en el 2015 y 2017; realizó las valuaciones de Atucha I y Atucha II y ahora se autoexcluyó a través de una nota firmada por el presidente del Tribunal y no el pleno, diciendo que no puede hacer la tasación y recomienda hacerla con un banco. Empiezan a verse algunas maniobras turbias para tratar de dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares”, denunció Carignano.

La base material para esta sospecha es que el TTN realizó un proceso de tasación en 2017, tal como señaló El Destape. La intención de delegar dicha tasación a un banco privado podría permitir “valuaciones muy bajas”; desde la Secretaría de Energía vienen solicitando que se tasen todas las empresas energéticas por "flujo de fondos", y así obtener cifras escandalosamente bajas.

Según indicaron a este portal especialistas en tasación - que pudieron estudiar el caso de NA-SA-, las centrales bajo la gestión de NA-SA tendrían un valor cercano a los 13.000 millones de dólares (valor actualizado de las centrales), mientras que el Gobierno pergeña tasar el 44% de sus acciones a través del BICE o el BNA en torno a los 1000 millones de dólares (una posible maniobra similar a la utilizada en la década de 1990 para vender a precio vil el predio de la Sociedad Rural en Palermo).

“Es llamativo que el Tribunal de Tasaciones se auto excluya de este proceso. Lo hacen adrede porque seguramente, desde el Gobierno quieran dejar por escrito que las empresas públicas no valen nada. Lo otro alarmante es que es un denominador común en todos los informes que nos enviaron. La Bicameral tiene que dar una opinión sobre este proceso de privatización y no nos informan nada”, aseveró Ana María Ianni.

Otros pedidos de la Bicameral

La comisión Bicameral también solicitó información sobre otras empresas estatales que no figuran actualmente dentro de la Ley de Bases para su privatización pero sí son objeto de transformación en sociedades anónimas, como el caso del Banco Nación.

Entre las empresas adicionales sobre las que se le pedirá información al Poder Ejecutivo también figuran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Radio y Televisión Argentina, Ferrocarriles Argentinos, Banco Nación, Casa de Moneda, puertos, otras empresas ferroviarias, empresas de energía, entre otras. 

Por otro lado, “se solicitará definiciones concretas sobre los entes reguladores ya que en los procesos más avanzados (ferrocarriles y autopistas) no está claro qué organismo será el regulador de control y si podrá garantizar la competencia”.

El plan nuclear: eliminar las capacidades estatales

La empresa estatal fue creada en 1994 tras la escisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA- creada por Perón en 1950) para manejar los activos de Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan entre 7% y 8% de la generación eléctrica nacional.

“La venta parcial de NA-SA agravaría la desinversión y significaría la pérdida de capacidad estatal para planificar e invertir en un sector estratégico. Su gestión estatal es más valiosa que cualquier ingreso por privatización”, alertó el Instituto Argentina Grande (IAG) en un reciente informe.

A precios constantes de septiembre de 2025, el gasto devengado de la Comisión Nacional de Energía Atómica alcanzaba los 388.169 millones de pesos, mientras que en 2024 se había reducido a 283.012 millones. Este nivel de gasto representa el valor más bajo desde 2010 y supone una caída real del 27% respecto de 2023. “Si el ritmo actual de gasto se mantiene, 2025 cerraría con una reducción del 43% en comparación con 2023”, agregó el informe elaborado por los equipos técnicos de Gabriel Katopodis.

El proceso de reforma del Estado de la Argentina durante la década menemista ya probó que las privatizaciones no son un trámite “técnico” sino una suerte de “palanca de poder”. En los ´90, utilizaron este instrumento (la venta a previo vil de muchos activos del Estado) para cerrar la convertibilidad y viabilizar el plan Brady.

“El Estado saneó empresas y socializó pasivos; luego vendió activos estratégicos a precio bajo, consolidando monopolios privados que capturaron rentas reguladas. El resultado fue concentración y extranjerización del aparato productivo, tarifas regresivas y pérdida de capacidad estatal para ordenar precios relativos y la inversión. El patrón de acumulación que emergió fue dependiente de deuda externa y flujos de capital volátiles”, enfatizó el IAG.

Ante este escenario, donde la Argentina fue colocada (y se colocó) como una pieza más del programa de los Estados Unidos en su puja global por sostener su hegemonía, habría que preguntarse qué gana o qué pierde el país con la entrega de sus activos claves.

“Si el objetivo nacional es diversificar la estructura productiva, subir la complejidad tecnológica, integrar el territorio y aliviar la restricción externa, la vara para evaluar privatizaciones es concreta: ¿aumentan la inversión neta y la productividad sistémica, promueven encadenamientos y contenido local, expanden cobertura con tarifas asequibles y reglas anti-renta, y preservan palancas públicas en sectores estratégicos? Si la respuesta es no, venta barata, desregulación pro-oligopolios, contratos dolarizados sin exigencias duras de inversión y transferencia tecnológica, no hablamos de desarrollo sino de desguace”, concluyó el IAG.

El Destape