Milei amenazó con más reformas: "Abróchense los cinturones"

Ante empresarios, el Presidente afirmó que el resultado electoral de octubre lo respaldan para avanzar con el presupuesto 2026 y sacar las reformas laboral, tributaria y judicial. 

El presidente Javier Milei afirmó que avanzarán con más reformas de achique del Estado y desregulación de la economía, en base al resultado de las elecciones de octubre.  "Así que abrochense los cinturones porque va a haber más reformas", señaló en su discurso en su visita a la Corporación América.

"Si uno mira las elecciones en términos de las distintas fuerzas, sin mezclar cosas que no se mezclan, el resultado fue 41 a 24 y eso se llama 'primera vuelta'. Eso abre las perspectivas, no solo para que estemos más tranquilos, sino en avanzar con más fuerza. Nosotros no vamos a calmar nuestra vocación reformista. y el apoyo que recibimos va a hacer que aceleremos aún más", afirmó en su discurso, en el que recordó que hace dos años ganaba el ballotage presidencial.

Milei sostuvo que a las "tres anclas" que pregona, "la cambiaria, la monetaria y la fiscal" se le suman "la geopolítica y la política". Esta última alude al triunfo electoral de octubre.

"El pueblo argentino decidió acompañar la disciplina. No cayó ante el soborno de la política de recibir algo durante el año electoral y después pagar el costo", alertó, para luego jactarse de que "dos tercios de los argentinos decidieron abrazar el rumbo a las ideas de la libertad y no volver al pasado"

Sobre la geopolítica, afirmó que "Argentina tiene la posibilidad de ser protagonista de un cambio de reglas de juego globales. "Estados Unidos necesita un aliado firme en América Latina para ayudarlo a ordenar un continente descarriado por el socialismo del siglo XIX", dijo.

El Presidente adelantó que enfrentará "el desafio de aprobar el presupuesto 2026 y sacar las reformas laboral, tributaria y judicial", porque "el país necesita más libertad y seguridad para crecer". "Quedan 600 mil decretos, el problema es que solo están digitalizados 70 mil", desafió.

Una vez más, atacó a la oposición en el Congreso y sostuvo que debió "soportar cuarenta leyes que intentaron sabotear el programa de gobierno". "Yo me comprometí a entrar a un año electoral apretando la política fiscal y monetaria. Nunca pasó en la Argentina ni en el mundo", opinó..

Además, insistió con lo que denomina "batalla cultural"."Si las personas no están comprometidas con las ideas, uno puede hacer dos buenos gobiernos o tres, pero el gérmen del socialismo sigue ahí", opinó.

El Destape

 

La advertencia del gobierno de Xi Jinping tras la amenaza de Sanae Takaichi

Máxima tensión entre China y Japón por Taiwán: “Tomaremos medidas severas”

La mandataria nipona habló de un posible envío de tropas para respaldar a las fuerzas separatistas de Taiwán. Desde Beijing exigen que se retracte. El impacto económico de la crisis diplomática.

Desde Beijing,

La histórica conflictividad que atraviesan las relaciones diplomáticas entre China y Japón suma en estos días una nueva escalada. Las expresiones de la mandataria nipona Sanae Takaichi acerca de un posible envío de tropas para respaldar a las fuerzas separatistas de Taiwán no solo recibió el fuerte repudio del gobierno de Xi Jinping, sino que está desencadenando una serie de acciones sin precedentes en las últimas décadas: amenazas cruzadas, advertencias a la ciudadanía por posibles agresiones, cancelación masiva de vuelos comerciales y hasta traslado de aviones de combate. “Tomaremos medidas severas”, advirtieron desde Beijing en caso de que no se retracte.

“Las declaraciones de Takaichi son extremadamente peligrosas. Constituyen una grave injerencia en los asuntos internos de China y una seria violación del principio de una sola China”, se quejó Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas. En el debate anual de la Asamblea General de la ONU sobre la reforma del Consejo de Seguridad, el funcionario chino señaló que la postura de la ultraderechista “constituye una afrenta a la justicia internacional y representa una flagrante ruptura con el compromiso de Japón con el desarrollo pacífico”. Además, remarcó que el país carece de las “aptitudes necesarias” para aspirar a un puesto permanente en ese Consejo.

La disputa se desató luego de que la primera mujer en estar al frente del Ejecutivo japonés afirmara hace dos semanas que, ante una eventual operación militar de China en Taiwán, podría enviar tropas para colaborar con los separatistas. La provocación encendió el enojo de Beijing, que sostiene que Taiwán es parte inalienable del territorio chino y exige su reunificación de manera ininterrumpida desde 1949. Como respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores presentó una dura protesta a Japón en donde afirmó que la posición de Takaichi está “dañando los cimientos políticos de los lazos entre China y Japón” y que genera consecuencias “sumamente negativas”.

El fin de semana, el gobierno de Xi Jinping y la embajada china en Japón instaron a sus ciudadanos a extremar las medidas de seguridad y evitar viajar a ese país. El mensaje provocó un fuerte coletazo en el sector turístico. Más de diez aerolíneas –como Air China, China Eastern y China Southern– ofrecieron cancelaciones gratuitas de pasajes hasta fin de año. La medida tuvo un alto nivel de aceptación –más de medio millón de boletos cancelados hasta el martes– y se vio reflejada también en la cancelación masiva de reservas hoteleras. El impacto, además, llegó a los mercados: acciones japonesas vinculadas al turismo y al comercio minorista se desplomaron, dado que los chinos son la principal fuente de ingresos (27 por ciento) del turismo receptivo.

La maniobra del gigante asiático tuvo réplica japonesa. “Presten atención a su entorno y eviten en la medida de lo posible las plazas donde se reúnen grandes multitudes o los lugares que puedan ser frecuentados por muchos japoneses”, recomendó la embajada nipona en China. “Si ve a una persona o a un grupo que le parezca mínimamente sospechoso, no se acerque a ellos y abandone la zona inmediatamente”, agregó la diplomacia, quien sugirió tener “cuidado” al interactuar con ciudadanos chinos.

En paralelo, el gobierno de Xi advirtió ayer que si Takaichi no se retracta tomará “medidas severas”. En principio, anunció la suspensión de las importaciones de marisco japonés. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, Japón incumplió con sus responsabilidades regulatorias para garantizar la calidad y seguridad de los productos. Aunque, más allá de la justificación burocrática, aclaró: “Dada la situación actual, incluso si se exportaran estos productos, no habría mercado para ellos”. En este contexto, quedaron clausuradas las negociaciones para reanudar las importaciones de carne vacuna. Por último, los órganos reguladores de China frenaron el proceso de autorización de nuevas películas japonesas y cancelaron el estreno de seis películas que ya tenían fecha de presentación.

Para sumar tensión al conflicto, Japón movilizó el lunes aviones de combate. El argumento que utilizó para justificar la maniobra fue que detectó un supuesto dron chino en las proximidades de su isla más cercana a Taiwán. “Se confirmó que una aeronave no tripulada, supuestamente de origen chino, sobrevoló la zona entre la isla de Yonaguni y Taiwán. En respuesta, se movilizó la aviación de combate”, explicó el Ministerio de Defensa de Japón. Desde Beijing, en tanto, el portavoz de la oficina que se ocupa de los asuntos de Taiwán, Zhu Fenglian, calificó el posicionamiento japonés como un “intento de revivir el militarismo que pisotea la justicia internacional”.

Con el objetivo de intentar destrabar el conflicto, el director general del Departamento de Asuntos Asiáticos de China, Liu Jinsong, se reunió en Beijing con Kanai Masaaki, director general de Asuntos Asiáticos de Japón. Al salir del encuentro, los periodistas le preguntaron a Liu Jinsong si “estaba satisfecho con las conversaciones”. La respuesta fue rotunda: “Por supuesto que no”. Así, la crisis que comenzó hace unos días con las declaraciones de la mandataria japonesa, escaló a un conflicto diplomático con consecuencias económicas y movimientos militares.

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Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado

El pliego de Villaverde, la narcosenadora, a un paso del rechazo

La mayoría de los senadores firmaron un despacho para impedir el ingreso de la aspirante rionegrina libertaria.

Fue una batalla. Sin gritos ni empujones, pero una batalla donde la oposición en el Senado argumentaba a favor de rechazar el pliego de la senadora electa libertaria Lorena Villaverde (Río Negro), involucrada en casos de narcotráfico en los Estados Unidos. Los senadores de La Libertad Avanza y alguno de sus aliados, contraatacaban presentando impugnaciones plagadas de chicanas y recién escritas contra los pliegos de los peronistas Martín Soria (Río Negro) y el chaqueño Jorge Milton Capitanich. El campo de batalla fue la comisión de Asuntos Constitucionales. La oposición logró, finalmente, un dictamen de rechazo a Villaverde que se definirá el 28 de noviembre próximo cuando se realice la sesión de jura de los nuevos legisladores.

El rechazo a que Villaverde se incorpore a la Cámara alta cosechó ocho votos de Unión por la Patria (UxP), uno del radical Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri, la cordobesa Alejandra Vigo y, para sorpresa de muchos, el salteño Juan Carlos Romero. Este último es un habitual aliado del bloque libertario. Las once firmas lo convierten en un dictamen de mayoría que lo habilita a su tratamiento en primer término.

No fue el único, también hubo otro dictamen de mayoría para los 23 senadores y senadoras electas.

El oficialismo, molesto por este resultado, buscó forzar una crisis que obligue al peronismo a negociar, al advertirles que va a presentar un dictamen contra los pliegos de Soria y Capitanich. Esto es, a todas luces, una maniobra desesperada porque recién este miércoles ingresaron esas impugnaciones. Las que recibió Villaverde, en cambio, ya llevaban varios días en la comisión de Asuntos Constitucionales que preside Vigo, a la sazón esposa del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

El contraataque libertario lo lideró el riojano Juan Carlos Pagotto que no sólo adelantó las presentaciones contra Soria y Capitanich, sino que elaboró una compleja tesis de defensa de Villaverde. A su lado asentía otro cordobés, Luis Juez, sacó a relucir su conocimiento del código penal para también defender a la todavía diputada rionegrina. Para él todo es un ataque que se concretó a partir de titulares de los diarios sin sustento legal. Para mucho habla más de la experiencia que desde los libros judiciales, porque supo ser una de las lanzas principales contra los gobiernos kirchneristas donde denunciaba blandiendo hojas de diarios.

Otra riojana, en este caso la peronista Florencia López calificó como “un bochorno que sobre la hora, en un intento desesperado por salvar la narcopolítica y a una narcosenadora, traten de ingresar expedientes que lo único que van a hacer es confundir esta reunión”. Pagotto se salía de la vaina para responderle. Y es que López había desgranado con pelos y señales las relaciones de Villaverde con el empresario Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado, pero además, el vínculo con un primo de Machado, Claudio Cicarelli, “pasó de ser profesor de básquet a multimillonario. Ahora es un empresario de la minería, las tierras raras, la energía… Lo mismo que decía Espert, que era asesor de la minería. El vínculo con el narcotráfico está probado", afirmó.

A su turno, el jefe del bloque de UxP, José Mayans, recordó lo que había ocurrido con el diputado José Luis Espert, vinculado a Machado por “recibir fondos de una minera del acusado por narcotráfico, y esa minera acusada de lavado de dinero por 600 millones de dólares en Estados Unidos. Él nunca admitió haber recibido fondos hasta que la evidencia lo tapó”. Por último aseguró que Villaverde “ha comprado una banca y no podemos permitir que esa persona que tiene relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”.

Luego llegó el turno del salteño Juan Carlos Romero. Este resaltó la “manifiesta gravedad creciente que tiene el narcotráfico en la Argentina” y advirtió que “una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos”, dijo y advirtió que el problema judicial fue por venta de droga y que recibió un castigo menor porque se declaró culpable y entregó información. Es más, les dijo a los senadores, incluso los oficialistas, que por ser una informante se le borraron los antecendentes en la justicia norteamericana. Cuando lo dijo, todos los presentes estaban convencidos que el dictamen de rechazo a Villaverde estaba garantizado. No se equivocaron.

En cuanto al caso de Capitanich, el salteño dice que se lo puede criticar por su vínculo con el clan Sena, “pero esos son errores políticos que además la gente castigó en la última elección. Pero no veo causa que le impida ser senador”.

La opositora neuquina Silvia Sapag dijo que con el caso Villaverde se está a tiempo de impedir que alguien con problemas de narcotráfico ocupe una banca en el Senado: “Ya tiene dos condenas en Estados Unidos y tiene una particular cualidad de vincularse con el narcotráfico”, afirmó.

La neuquina se negó a tener que esperar que un juez defina por encima de la potestad que tiene el cuerpo de rechazar los pliegos de aspirantes a senadores. Para eso trajo como ejemplo el caso del exsenador Edgardo Kueider: “No podemos permitir que Villaverde sea avalada para que ocupe su banca y quiero que se tengan en cuenta los antecedentes y las denuncias para no otorgarle los títulos”.

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 Volvió a cuestionar el juicio por los "cuadernos truchos"

Cristina Kirchner: “Argentina sin Estado de Derecho y con la cancha inclinada”

La expresidenta mencionó el procesamiento del sargento retirado Bacigalupo “por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos”. “Nunca exageramos”, afirmó y repitió que la causa busca tapar la crisis económica. “El papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday”, describió.

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntarle al juicio de la Causa Cuadernos y reiteró que el objetivo es que “si no hay pan, que haya circo” para tapar los efectos del modelo económico de Javier Milei.

“Nunca exageramos. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión", denunció la exmandataria.

Los cuadernos adulterados

CFK denunció que “apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos” porque los peritajes confimaron que “fueron fabricados”.

Señaló que la semana pasada el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado Jorge Bacigalupo por “haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos”.

“Bacigalupo, según la ‘versión oficial’ del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!“, denunció Cristina.

Y planteó: “Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?”.

“Si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico”

CFK repitió que la causa Cuadernos busca tapar la situación económica del país, a la que ejemplificó con las recientes compras del Cyber Monday.

“Para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre", mencionó.

Y agregó: “Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones…“,

“Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico", concluyó.

El posteo completo de CFK

NUNCA EXAGERAMOS.

Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto… una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión.

Bueno… apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos. Las pericias oficiales confirmaron que los Cuadernos Truchos no fueron escritos: fueron fabricados.

La semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos.

Bacigalupo, según la “versión oficial” del diario La Nación, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot… quien luego se los llevó directamente a Stornelli. ¡Un escándalo!

Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío… ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?

ARGENTINA SIN ESTADO DE DERECHO… Y CON LA CANCHA INCLINADA.

P/D 1: Sobre el procesamiento de Bacigalupo, La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios... Mutis por el foro.

P/D 2: Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones…

Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico.

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Denunciaron “maniobras turbias” detrás del proceso privatizador de las centrales nucleares

La legisladora Florencia Carignano denunció durante una reunión de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones "maniobras opacas" detrás del intento privatizador de NA-SA. Las miradas apuntan al presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Roberto Villamonte.

“Empiezan a verse algunas maniobras turbias (por parte del Gobierno nacional) para tratar de establecer un precio mínimo de las tres centrales nucleares que pretenden privatizar”. La diputada Florencia Carignano (Unión por la Patria) alzó la voz durante la reunión informativa de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones al cuestionar la decisión del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, Roberto Villamonte, de autoexcluirse del proceso de valuación de los principales activos de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

“Seguramente quieren dejar por escrito que las empresas no valen nada”, enfatizó la diputada Ana María Ianni (UxP – Santa Cruz), en diálogo con El Destape. La maniobra para establecer una suerte de precio vil para la privatización de NA-SA ya había sido expuesta por este medio en un artículo publicado la semana pasada, en el que también se informaba sobre la presentación de una medida cautelar para frenar su proceso de venta, aun sin respuesta por parte del Juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

La maniobra oficial parece tan burda que el propio titular de la Comisión Bicameral, Juan Carlos Romero (Cambio Federal - Salta), conspicuo dador de gobernabilidad para la administración Milei, se puso nervioso ante las evidentes irregularidades. “Esta dificultad que estamos viendo, por llamarla así, atenta contra la voluntad de transparencia que debería tener este proceso”, sostuvo el senador.

La opacidad informativa de Milei

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones le había solicitado al Poder Ejecutivo información específica sobre 8 empresas que se pusieron en venta a partir de la Ley de Bases pero la respuesta oficial fue enviar informes circunstanciados de 5 compañías, entre ellas NA-SA. Al desglosar el texto de 48 páginas remitido a la comisión la semana pasada, quedó en evidencia la maniobra del Gobierno y el presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación para delegar el proceso de valuación de activos y tercerizarlo a una entidad financiera. ¿Con qué objetivo?

El 20 de enero de este año, el Poder Ejecutivo le solicitó al TTN la valuación del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina. La respuesta otorgada por el titular del cuerpo colegiado, Roberto Villamonte, fue que “en la actualidad dicho Organismo sólo está en condiciones de realizar la tasación de todo tipo de bienes tangibles, o empresas exclusivamente a partir de la valuación de sus activos físicos, con motivo de que no posee, dentro de sus Normas Nacionales de Valuación, una norma específica que le permita tasar activos financieros o intangibles a partir de un enfoque de ingresos” (Nota N° NO-2025-65865326-APNTTN# MEC).

En otro apartado, Villamonte sostuvo que “la tasación solicitada y su extensión en el tiempo exceden el análisis convencional de flujos de fondos o valuación patrimonial que realiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación”. De esta manera, recomendaba convocar a un banco público para realizar la tasación. ¿Será el BNA también en proceso de convertirse en sociedad anónima? ¿O el BICE?

Este dato llamó la atención de varios legisladores integrantes de la Bicameral. “El TTN ya hizo dos tasaciones en el 2015 y 2017; realizó las valuaciones de Atucha I y Atucha II y ahora se autoexcluyó a través de una nota firmada por el presidente del Tribunal y no el pleno, diciendo que no puede hacer la tasación y recomienda hacerla con un banco. Empiezan a verse algunas maniobras turbias para tratar de dejar el precio mínimo de tres centrales nucleares”, denunció Carignano.

La base material para esta sospecha es que el TTN realizó un proceso de tasación en 2017, tal como señaló El Destape. La intención de delegar dicha tasación a un banco privado podría permitir “valuaciones muy bajas”; desde la Secretaría de Energía vienen solicitando que se tasen todas las empresas energéticas por "flujo de fondos", y así obtener cifras escandalosamente bajas.

Según indicaron a este portal especialistas en tasación - que pudieron estudiar el caso de NA-SA-, las centrales bajo la gestión de NA-SA tendrían un valor cercano a los 13.000 millones de dólares (valor actualizado de las centrales), mientras que el Gobierno pergeña tasar el 44% de sus acciones a través del BICE o el BNA en torno a los 1000 millones de dólares (una posible maniobra similar a la utilizada en la década de 1990 para vender a precio vil el predio de la Sociedad Rural en Palermo).

“Es llamativo que el Tribunal de Tasaciones se auto excluya de este proceso. Lo hacen adrede porque seguramente, desde el Gobierno quieran dejar por escrito que las empresas públicas no valen nada. Lo otro alarmante es que es un denominador común en todos los informes que nos enviaron. La Bicameral tiene que dar una opinión sobre este proceso de privatización y no nos informan nada”, aseveró Ana María Ianni.

Otros pedidos de la Bicameral

La comisión Bicameral también solicitó información sobre otras empresas estatales que no figuran actualmente dentro de la Ley de Bases para su privatización pero sí son objeto de transformación en sociedades anónimas, como el caso del Banco Nación.

Entre las empresas adicionales sobre las que se le pedirá información al Poder Ejecutivo también figuran Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Radio y Televisión Argentina, Ferrocarriles Argentinos, Banco Nación, Casa de Moneda, puertos, otras empresas ferroviarias, empresas de energía, entre otras. 

Por otro lado, “se solicitará definiciones concretas sobre los entes reguladores ya que en los procesos más avanzados (ferrocarriles y autopistas) no está claro qué organismo será el regulador de control y si podrá garantizar la competencia”.

El plan nuclear: eliminar las capacidades estatales

La empresa estatal fue creada en 1994 tras la escisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA- creada por Perón en 1950) para manejar los activos de Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan entre 7% y 8% de la generación eléctrica nacional.

“La venta parcial de NA-SA agravaría la desinversión y significaría la pérdida de capacidad estatal para planificar e invertir en un sector estratégico. Su gestión estatal es más valiosa que cualquier ingreso por privatización”, alertó el Instituto Argentina Grande (IAG) en un reciente informe.

A precios constantes de septiembre de 2025, el gasto devengado de la Comisión Nacional de Energía Atómica alcanzaba los 388.169 millones de pesos, mientras que en 2024 se había reducido a 283.012 millones. Este nivel de gasto representa el valor más bajo desde 2010 y supone una caída real del 27% respecto de 2023. “Si el ritmo actual de gasto se mantiene, 2025 cerraría con una reducción del 43% en comparación con 2023”, agregó el informe elaborado por los equipos técnicos de Gabriel Katopodis.

El proceso de reforma del Estado de la Argentina durante la década menemista ya probó que las privatizaciones no son un trámite “técnico” sino una suerte de “palanca de poder”. En los ´90, utilizaron este instrumento (la venta a previo vil de muchos activos del Estado) para cerrar la convertibilidad y viabilizar el plan Brady.

“El Estado saneó empresas y socializó pasivos; luego vendió activos estratégicos a precio bajo, consolidando monopolios privados que capturaron rentas reguladas. El resultado fue concentración y extranjerización del aparato productivo, tarifas regresivas y pérdida de capacidad estatal para ordenar precios relativos y la inversión. El patrón de acumulación que emergió fue dependiente de deuda externa y flujos de capital volátiles”, enfatizó el IAG.

Ante este escenario, donde la Argentina fue colocada (y se colocó) como una pieza más del programa de los Estados Unidos en su puja global por sostener su hegemonía, habría que preguntarse qué gana o qué pierde el país con la entrega de sus activos claves.

“Si el objetivo nacional es diversificar la estructura productiva, subir la complejidad tecnológica, integrar el territorio y aliviar la restricción externa, la vara para evaluar privatizaciones es concreta: ¿aumentan la inversión neta y la productividad sistémica, promueven encadenamientos y contenido local, expanden cobertura con tarifas asequibles y reglas anti-renta, y preservan palancas públicas en sectores estratégicos? Si la respuesta es no, venta barata, desregulación pro-oligopolios, contratos dolarizados sin exigencias duras de inversión y transferencia tecnológica, no hablamos de desarrollo sino de desguace”, concluyó el IAG.

El Destape

La defensa apelará la decisión del TOF 2 en la causa Vialidad

Ordenan decomisar bienes de CFK

El tribunal de la causa Vialidad pidió ayer decomisar los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner (que se encuentra detenida en su casa de San José 1111 por esa causa) junto a los de las otras personas condenadas, como el empresario Lázaro Báez, por un monto superior a los 684 mil millones de pesos. La resolución fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF), integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, y la defensa de ya anticipó que apelará la medida.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, y también se incluye un inmueble a nombre de la exmandataria y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

En escritos presentados el martes pasado, la expresidenta cuestionó el decomiso de los bienes porque ninguno de ellos sirvió para cometer ningún delito ni fue producto de ningún delito, empezando porque la casi totalidad de esos bienes se compró muchísimo antes de que exista la causa Vialidad o las obras con las que se armó ese expediente. Por lo que su defensa anticipó que presentarán un recurso ante Casación y, después, seguirán con recursos extraordinarios.

La sentencia, que adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, había fijado inicialmente el decomiso en $84.835 millones, monto que fue actualizado actualizado a $684.990 millones tras la intervención de peritos oficiales y fiscales, junto con el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la expresidenta. “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, había dicho el funcionario judicial.

La medida alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal.

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Luego de que Trump se mostrara abierto a enviar tropas para combatir a los carteles narco en el país vecino

Sheinbaum rechaza una posible intervención militar de Estados Unidos en México

“Podemos colaborar, pero nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero“, dijo la mandataria mexicana tras la amenaza de su par estadounidense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes cualquier posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmara el lunes que estaría dispuesto a enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico.

“Yo le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero“, apuntó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

“Coordinación sin subordinación”

Sheinbaum explicó, a su vez, que el tema no es nuevo y que su par estadounidense hizo sugerencias similares en varias conversaciones previas. “Lo he mencionado muchas veces en las charlas telefónicas que he tenido con el presidente Trump. Él ha sugerido en varias ocasiones o ha dicho ‘les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México para combatir a los grupos delictivos’”, señaló.

Sin embargo, la presidenta reiteró que tanto el magnate republicano como funcionarios y legisladores, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, quien recientemente visitó México, fueron informados de la postura mexicana. “Ellos han entendido, tal es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación y los primeros puntos quedan muy claros: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación”, aseguró Sheinbaum.

Sheinbaum recordó que, incluso tras esas conversaciones, el gobierno de Estados Unidos difundió un comunicado en el que quedó claro que solo intervendrían si México lo solicitaba. “Nosotros no lo vamos a pedir porque no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero”, remarcó.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen un día después de que Trump mencionara sus ganas de lanzar ataques contra los carteles en México. “¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien”, expresó el mandatario estadounidense en una rueda de prensa en la Casa Blanca y agregó: “No digo que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo”.

Trump aseguró que mantiene conversaciones con el gobierno de México y que el país latinoamericano sabe cuál es su postura. “Pongámoslo así: no estoy contento con México”, declaró el presidente, tras apuntar que cientos de miles de personas han muerto en Estados Unidos por las drogas. Las palabras del republicano suponen un cambio de tono, debido a que hasta ahora había elogiado a la mandataria mexicana por su cooperación con Washington en el combate al narcotráfico.

La presencia de EE.UU. en el Caribe

En la misma rueda de prensa del lunes, Trump dijo que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, dijo.

El mandatario dio estas declaraciones a la prensa en el Despacho Oval en medio de la Operación Lanza del Sur que ordenó para combatir el narcotráfico en Latinoamérica y elevó especialmente la tensión con Venezuela ante un posible ataque estadounidense dentro de su territorio. El despliegue militar en el Caribe se considera el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Desde septiembre, el Ejército estadounidense destruyó una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 70 personas, a las que califica de “narcoterroristas”. Caracas denuncia que la presencia militar estadounidense es un plan para propiciar un cambio de gobierno e imponer una autoridad títere con la que Washington pueda apoderarse de recursos naturales venezolanos, principalmente el petróleo.

Cada ataque estadounidense es anunciado en redes sociales por la Casa Blanca, en publicaciones en las que por lo general se adjunta un video de una lancha flotando en el agua antes de una gran explosión y un incendio posterior. A su vez algunas áreas de la embarcación están difuminadas, lo que impide verificar cuántas personas iban efectivamente a bordo en cada caso. En ninguna ocasión Washington ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país.

A finales de octubre, la ONU acusó al gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, confirmó que las personas a bordo fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que tales acciones deben parar independientemente de los presuntos delitos que se les imputen.

Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo, y que desde su punto de vista lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado. Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas.

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