El proceso por las escuchas quedó en un limbo judicial
Publicado el 9 de Octubre de 2011
La Cámara de Casación Penal debe resolver un recurso de la defensa de Macri, pero una maraña de resoluciones y maniobras leguleyas dejó despoblada de jueces la Sala III.
La causa por las escuchas ilegales, que tiene procesado al jefe de gobierno Mauricio Macri, está en suspenso a la espera de que la Cámara de Casación Penal resuelva el recurso de queja interpuesto por el líder del PRO para que se revea su situación. Una maraña de resoluciones dejaron despoblada de jueces a la Sala III de ese fuero, que sumó en el camino el escándalo por intento de soborno en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, y una denuncia de manipulación de los sorteos por parte del Grupo Exxel. La integración de la Sala quedó en un limbo, mientras que ya transcurrió casi un año y tres meses desde que el procesamiento de Macri fue confirmado por integrar una asociación ilícita que realizaba pinchaduras telefónicas.
La defensa de Macri presentó el 10 de septiembre de 2010 el recurso de queja ante Casación luego de que diez días antes, la Cámara Federal le hubiera negado el acceso, tras haber confirmado el procesamiento dictado por Oyarbide. La Sala III estaba entonces integrada por Eduardo Riggi, Ángela Ledesma y Liliana Catucci. Riggi, como presidente de Cámara tuvo la facultad de no integrar la Sala y su lugar fue ocupado por el recientemente renunciado juez Gustavo Mitchell. En su fallo del 23 de noviembre, Casación ordenó a la Cámara Federal volver a pronunciarse sobre la recusación de Oyarbide, pero allí Catucci se inclinó por el apartamiento del juez, lo que le valió que la querella pidiera que se aparte del caso por haber “adelantado opinión” sobre la resolución final. Esta solicitud fue rechazada con los votos de Ledesma, Mitchell y de Gustavo Hornos, el 1 de marzo de este año.
Con la confirmación de la integración de la Sala III, los jueces quedaron habilitados para tratar el planteo “en queja” de Macri pero nunca se pronunciaron. Sorpresivamente, el 6 de mayo, Catucci pidió excusarse, con el mismo argumento que había señalado la querella sobre haber adelantado opinión sobre Oyarbide. A esta altura, las sucesivas resoluciones de los jueces para decidir si aceptaban o no la salida de la jueza terminaron por complicar el panorama y dejaron vacante la integración para tratar la cuestión de fondo.
En el medio, surgió la denuncia, a fines de abril, de los letrados de los supermercados Carrefour que pidieron se declare nula la designación de la Sala III para que revise los procesamientos de ejecutivos del Exxel Group y de la consultora Price Waterhouse, acusados de estafar a la cadena con la venta de la mitad de las acciones de Supermercados Norte con estados contables fraguados. Aún fresco estaba el antecedente contra Riggi y Mitchell, mencionados en escuchas telefónicas que derivaron en una investigación por intento de soborno del gremio que conducía el ferroviario José Pedraza para garantizar la libertad de la patota que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Los sorteos informáticos de Casación quedaron, entonces, en el ojo de la tormenta.
Con Catucci queriendo alejarse del caso escuchas, Mitchell y Ledesma pidieron remplazo para decidir, aduciendo una “mejor garantía de imparcialidad”. Los jueces subrogantes Guillermo Yacobucci y Luis García rechazaron intervenir a mediados de año, y apuntaron que la prioridad la tenían los magistrados Augusto Díaz Ojeda y el propio Riggi, que al no ostentar ya la presidencia de la Cámara quedaba habilitado para integrarse a la Sala. El pasado 22 de septiembre, estos últimos rechazaron remplazar a Mitchell y a Ledesma, con lo que la salida de Catucci quedó en suspenso. Cinco días después, Díaz Ojeda finalizó su interinato y fue remplazado por Mariano Borinsky, al mismo tiempo que se conocía la renuncia de Mitchell. Cercado por una causa en el Consejo de la Magistratura, por haber legalizado apropiaciones de bebés durante la dictadura, y con la investigación de las coimas en el caso Ferreyra acechándolo, su renuncia quedó a disposición del Poder Ejecutivo. El caso escuchas tampoco se vislumbraba sencillo: el juez Mitchell es tío de Alejandro Mitchell, a quien se lo señala como abogado de Juan Navarro, cuyo primo fue una víctima de las pinchaduras.
El escenario por delante abre múltiples frentes en el plano judicial, que van desde la nulidad de todo lo actuado por Oyarbide hasta la elevación a juicio oral. Mientras tanto, aún no hay jueces para integrar la sala que resuelva la excusación de Catucci, y tampoco se sabe cómo serán los remplazos a los magistrados que rechazaron involucrarse, en un caso cuyo destino ya se tornó indescifrable.
La defensa de Macri presentó el 10 de septiembre de 2010 el recurso de queja ante Casación luego de que diez días antes, la Cámara Federal le hubiera negado el acceso, tras haber confirmado el procesamiento dictado por Oyarbide. La Sala III estaba entonces integrada por Eduardo Riggi, Ángela Ledesma y Liliana Catucci. Riggi, como presidente de Cámara tuvo la facultad de no integrar la Sala y su lugar fue ocupado por el recientemente renunciado juez Gustavo Mitchell. En su fallo del 23 de noviembre, Casación ordenó a la Cámara Federal volver a pronunciarse sobre la recusación de Oyarbide, pero allí Catucci se inclinó por el apartamiento del juez, lo que le valió que la querella pidiera que se aparte del caso por haber “adelantado opinión” sobre la resolución final. Esta solicitud fue rechazada con los votos de Ledesma, Mitchell y de Gustavo Hornos, el 1 de marzo de este año.
Con la confirmación de la integración de la Sala III, los jueces quedaron habilitados para tratar el planteo “en queja” de Macri pero nunca se pronunciaron. Sorpresivamente, el 6 de mayo, Catucci pidió excusarse, con el mismo argumento que había señalado la querella sobre haber adelantado opinión sobre Oyarbide. A esta altura, las sucesivas resoluciones de los jueces para decidir si aceptaban o no la salida de la jueza terminaron por complicar el panorama y dejaron vacante la integración para tratar la cuestión de fondo.
En el medio, surgió la denuncia, a fines de abril, de los letrados de los supermercados Carrefour que pidieron se declare nula la designación de la Sala III para que revise los procesamientos de ejecutivos del Exxel Group y de la consultora Price Waterhouse, acusados de estafar a la cadena con la venta de la mitad de las acciones de Supermercados Norte con estados contables fraguados. Aún fresco estaba el antecedente contra Riggi y Mitchell, mencionados en escuchas telefónicas que derivaron en una investigación por intento de soborno del gremio que conducía el ferroviario José Pedraza para garantizar la libertad de la patota que asesinó al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Los sorteos informáticos de Casación quedaron, entonces, en el ojo de la tormenta.
Con Catucci queriendo alejarse del caso escuchas, Mitchell y Ledesma pidieron remplazo para decidir, aduciendo una “mejor garantía de imparcialidad”. Los jueces subrogantes Guillermo Yacobucci y Luis García rechazaron intervenir a mediados de año, y apuntaron que la prioridad la tenían los magistrados Augusto Díaz Ojeda y el propio Riggi, que al no ostentar ya la presidencia de la Cámara quedaba habilitado para integrarse a la Sala. El pasado 22 de septiembre, estos últimos rechazaron remplazar a Mitchell y a Ledesma, con lo que la salida de Catucci quedó en suspenso. Cinco días después, Díaz Ojeda finalizó su interinato y fue remplazado por Mariano Borinsky, al mismo tiempo que se conocía la renuncia de Mitchell. Cercado por una causa en el Consejo de la Magistratura, por haber legalizado apropiaciones de bebés durante la dictadura, y con la investigación de las coimas en el caso Ferreyra acechándolo, su renuncia quedó a disposición del Poder Ejecutivo. El caso escuchas tampoco se vislumbraba sencillo: el juez Mitchell es tío de Alejandro Mitchell, a quien se lo señala como abogado de Juan Navarro, cuyo primo fue una víctima de las pinchaduras.
El escenario por delante abre múltiples frentes en el plano judicial, que van desde la nulidad de todo lo actuado por Oyarbide hasta la elevación a juicio oral. Mientras tanto, aún no hay jueces para integrar la sala que resuelva la excusación de Catucci, y tampoco se sabe cómo serán los remplazos a los magistrados que rechazaron involucrarse, en un caso cuyo destino ya se tornó indescifrable.
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