Fracasó una acusación contra el juez que investiga coimas a boliches
Publicado el 11 de Octubre de 2011
Germán Garavano lo denunció por haber pedido en una comisaría copias de documentación obtenida en el allanamiento a un local, comprometedora para la gestión macrista. El Consejo de la Magistratura rechazó el planteo .
La fiscalía general de la Ciudad de Buenos Aires intentó sin éxito que el juez que investiga la presunta existencia de un mecanismo corrupto para la habilitación de locales nocturnos fuera removido de su cargo. El Consejo de la Magistratura rechazó un pedido de juicio político formulado por el fiscal general porteño Germán Garavano, a instancias de su subalterno Walter López, contra el juez de instrucción Juan Ramos Padilla, quien instruye una causa en la que aparecen investigados funcionarios del área de Habilitaciones del gobierno porteño por supuestamente cobrar coimas a empresarios de boliches para facilitarles las habilitaciones y avisarles cuándo serían inspeccionados.
Garavano promovió el juicio político de Ramos Padilla a raíz de una extraña superposición de episodios ocurridos en abril pasado, cuando un empresario que había denunciado que era extorsionado por funcionarios porteños sufrió un allanamiento en su local llevado a cabo por la justicia de la Capital Federal, en el que le secuestró documentación con la que proyectaba probar la coacción que decía estar padeciendo.
El caso tiene por protagonista a Jorge Ricardo Opaso, dueño del boliche Palo Alto Saloon, ubicado en Avenida Rivadavia 10.699. Inspectores porteños clausuraron reiteradamente su local argumentando que cuenta “con instalaciones de madera, altamente inflamable” y que en “diversas oportunidades el sitio funcionaba como salón de baile clase C, sin la respectiva registración”.
Pero en el juzgado de Ramos Padilla tramita la causa 47.321/10, caratulada “Opaso, Jorge Ricardo s/extorsión”, en la que el dueño de Palo Alto relató “de manera exhaustiva, la serie de dificultades que debió sortear para lograr habilitar su local, lo cual, afirma, empezó a ocurrir en el año 2006, 2007, 2008 hasta la actualidad. Hace referencia al ‘sistema corrupto del gobierno porteño’, y describe cada uno de los requisitos que se exigen para lograr la habilitación de un local. Concretamente refiere: ‘Donde radica la coima es en el tiempo para entregarte ese certificado… un año o un mes según la urgencia que tengas.’ En definitiva, cuando hay algo mal, no hay posibilidad de obtener los certificados, pero cuando está todo bien, ahí es donde vienen las exigencias de dinero y uno tiene que someterse a la extorsión o a veces esperar años para poder trabajar… no nos quedaba más alternativa que pagar y poder trabajar y sustentar nuestra vida o perder todo de modo que frente a ese estado de necesidad no tenemos defensa.”
El boliche de Opaso fue inspeccionado y clausurado, incluso con tapiado en puertas y ventanas, el 16 de abril pasado. Ese día recibió en su celular un llamado desde un usuario desconocido: “Me dijo: mirá, el tema es corto, yo te puedo ayudar, vos la cagaste cuando hiciste la denuncia del dinero que se te pidió, pero ahora esto judicialmente ya se murió. Ya Berkowsky (Vanesa, ex directora general de Fiscalización y Control del gobierno porteño) tiene en su escritorio una copia del expediente de todas las pelotudeces que hablaste y está caliente como una pipa… la justicia dejala que se va a cansar. No vayas cuando te llamen, deja que eso se disuelva.” La voz anónima añadió: “Vos estás por entrar al edificio. Vos estás con una remera roja. Ya te hicieron cagar todas las habilitaciones y te quedaste sin nada. Te van a fundir. Berkowsky te va a mandar inspecciones y estés en regla o no, te van a cerrar igual, y para que veas que no soy un boludito te voy a dar una noticia, hoy te van a caer a la tarde noche y te van a hacer mierda. No te van a dejar abrir en todo el fin de semana.” Todo, hasta el color de la remera que vestía, era rigurosamente cierto. La conversación quedó grabada en una escucha telefónica ordenada por Ramos Padilla. Ni Opaso, ni su interlocutor, lo sabían.
El allanamiento anunciado derivó en el secuestro de documentación que Opaso planeaba presentar ante el juzgado de Ramos Padilla. Cuando el juez de instrucción se enteró de lo que estaba ocurriendo ordenó a la Comisaría 44 que le entregara fotocopias de la documentación, pero el fiscal porteño López y la jueza Luisa María Escrich se lo negaron. Entonces el juez dejó asentado que “intervenía en una pesquisa por un delito de acción pública que involucra funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entendió que era necesario preservar la prueba, razón por la cual dispuso que se volviera a fajar la caja con documentación”.
Por su actitud fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, pero el cuerpo resolvió que “no se observa ninguna irregularidad en la actuación del magistrado que configure alguna de las causales de remoción, ni ninguna falta disciplinaria”. Y avaló su continuidad al frente de la investigación.
Garavano promovió el juicio político de Ramos Padilla a raíz de una extraña superposición de episodios ocurridos en abril pasado, cuando un empresario que había denunciado que era extorsionado por funcionarios porteños sufrió un allanamiento en su local llevado a cabo por la justicia de la Capital Federal, en el que le secuestró documentación con la que proyectaba probar la coacción que decía estar padeciendo.
El caso tiene por protagonista a Jorge Ricardo Opaso, dueño del boliche Palo Alto Saloon, ubicado en Avenida Rivadavia 10.699. Inspectores porteños clausuraron reiteradamente su local argumentando que cuenta “con instalaciones de madera, altamente inflamable” y que en “diversas oportunidades el sitio funcionaba como salón de baile clase C, sin la respectiva registración”.
Pero en el juzgado de Ramos Padilla tramita la causa 47.321/10, caratulada “Opaso, Jorge Ricardo s/extorsión”, en la que el dueño de Palo Alto relató “de manera exhaustiva, la serie de dificultades que debió sortear para lograr habilitar su local, lo cual, afirma, empezó a ocurrir en el año 2006, 2007, 2008 hasta la actualidad. Hace referencia al ‘sistema corrupto del gobierno porteño’, y describe cada uno de los requisitos que se exigen para lograr la habilitación de un local. Concretamente refiere: ‘Donde radica la coima es en el tiempo para entregarte ese certificado… un año o un mes según la urgencia que tengas.’ En definitiva, cuando hay algo mal, no hay posibilidad de obtener los certificados, pero cuando está todo bien, ahí es donde vienen las exigencias de dinero y uno tiene que someterse a la extorsión o a veces esperar años para poder trabajar… no nos quedaba más alternativa que pagar y poder trabajar y sustentar nuestra vida o perder todo de modo que frente a ese estado de necesidad no tenemos defensa.”
El boliche de Opaso fue inspeccionado y clausurado, incluso con tapiado en puertas y ventanas, el 16 de abril pasado. Ese día recibió en su celular un llamado desde un usuario desconocido: “Me dijo: mirá, el tema es corto, yo te puedo ayudar, vos la cagaste cuando hiciste la denuncia del dinero que se te pidió, pero ahora esto judicialmente ya se murió. Ya Berkowsky (Vanesa, ex directora general de Fiscalización y Control del gobierno porteño) tiene en su escritorio una copia del expediente de todas las pelotudeces que hablaste y está caliente como una pipa… la justicia dejala que se va a cansar. No vayas cuando te llamen, deja que eso se disuelva.” La voz anónima añadió: “Vos estás por entrar al edificio. Vos estás con una remera roja. Ya te hicieron cagar todas las habilitaciones y te quedaste sin nada. Te van a fundir. Berkowsky te va a mandar inspecciones y estés en regla o no, te van a cerrar igual, y para que veas que no soy un boludito te voy a dar una noticia, hoy te van a caer a la tarde noche y te van a hacer mierda. No te van a dejar abrir en todo el fin de semana.” Todo, hasta el color de la remera que vestía, era rigurosamente cierto. La conversación quedó grabada en una escucha telefónica ordenada por Ramos Padilla. Ni Opaso, ni su interlocutor, lo sabían.
El allanamiento anunciado derivó en el secuestro de documentación que Opaso planeaba presentar ante el juzgado de Ramos Padilla. Cuando el juez de instrucción se enteró de lo que estaba ocurriendo ordenó a la Comisaría 44 que le entregara fotocopias de la documentación, pero el fiscal porteño López y la jueza Luisa María Escrich se lo negaron. Entonces el juez dejó asentado que “intervenía en una pesquisa por un delito de acción pública que involucra funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entendió que era necesario preservar la prueba, razón por la cual dispuso que se volviera a fajar la caja con documentación”.
Por su actitud fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, pero el cuerpo resolvió que “no se observa ninguna irregularidad en la actuación del magistrado que configure alguna de las causales de remoción, ni ninguna falta disciplinaria”. Y avaló su continuidad al frente de la investigación.
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