Piñera pretende encarcelar a los estudiantes que tomen colegios
Publicado el 4 de Octubre de 2011
A caballito de las demandas por la inseguridad y la idea de que “los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”, el presidente se granjeó críticas desde todos los sectores, incluidos los propios magistrados judiciales.
Un proyecto de ley para sancionar desde los saqueos hasta la ocupación de colegios, anunciado por el presidente Sebastián Piñera, desató críticas de los dirigentes estudiantiles, la oposición y los jueces chilenos. El anuncio, realizado el domingo, llegó en medio de las multitudinarias marchas juveniles que desde hace cinco meses levantan una plataforma que exige la gratuidad y la calidad de la educación pública. El proyecto del gobierno derechista pone el acento en “el resguardo” del orden público y modifica al Código Penal, convirtiendo en delitos la toma de recintos fiscales o particulares –sean escuelas, universidades, casas u hospitales–, el saqueo de comercios y la interrupción del tránsito.
El anuncio de Piñera se produjo a sólo tres días de instalarse formalmente la primera mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes para debatir, básicamente, sobre la demanda de gratuidad de la educación pública. Las movilizaciones derribaron a un 22% la popularidad de Piñera, mientras los estudiantes aumentaron a un 89% el apoyo ciudadano a sus demandas. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, justificó el proyecto diciendo que “la gran mayoría de los chilenos nos pide como gobierno que tengamos una actitud de firmeza”.
Giorgio Jackson, presidente de los alumnos de la Universidad Católica y uno de los voceros del movimiento estudiantil, dijo que las ocupaciones de los institutos han sido pacíficas, por lo que “no se ve por qué las tomas tengan que ser penalizadas con 541 días a tres años de cárcel”, como lo propone el proyecto presidencial. “Eso es un despropósito”, agregó. Piñera critica insistentemente a los jueces por dejar en libertad a los manifestantes detenidos en el marco de las protestas estudiantiles, y a los fiscales, por “la ineficacia con la que persiguen a los delincuentes”.
El dirigente regional de los jueces, José Delgado, respondió señalando que será el Congreso el que debe decidir sobre el proyecto del presidente, pero advirtió que “seguir aumentando los tipos penales no tiene ningún sentido”. Delgado dijo que la legislación procesal chilena “es un ejemplo a nivel latinoamericano (...) por lo que me parece que hacer más cambios es apuntar mal al problema, hay que centrarse en la prevención del delito y no en la reacción penal o la modificación de las leyes procesales”.
El presidente nacional de los magistrados, Hugo Llanos, fue más duro, y calificó las críticas como “improcedentes, por inmiscuirse en las facultades de otro poder del Estado”. Agregó que, además, son “infundadas, porque la persecución penal de los delitos corresponde a otros órganos del Estado”, en alusión a los fiscales.
Incluso el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, un obstinado crítico de la ocupación de colegios, advirtió que “es muy complejo aplicarles penas de cárcel a los niños que toman los colegios”. A diferencia de Zalaquett, algunos de sus pares han ordenado el desalojo de las escuelas con el ingreso de la policía a los recintos. El jefe de la bancada de legisladores del opositor Partido Demócrata Cristiano, Aldo Cornejo, opinó que “el gobierno no puede pretender solucionar problemas estructurales de la educación metiendo en la cárcel a los estudiantes”.<
El anuncio de Piñera se produjo a sólo tres días de instalarse formalmente la primera mesa de diálogo entre el gobierno y los estudiantes para debatir, básicamente, sobre la demanda de gratuidad de la educación pública. Las movilizaciones derribaron a un 22% la popularidad de Piñera, mientras los estudiantes aumentaron a un 89% el apoyo ciudadano a sus demandas. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, justificó el proyecto diciendo que “la gran mayoría de los chilenos nos pide como gobierno que tengamos una actitud de firmeza”.
Giorgio Jackson, presidente de los alumnos de la Universidad Católica y uno de los voceros del movimiento estudiantil, dijo que las ocupaciones de los institutos han sido pacíficas, por lo que “no se ve por qué las tomas tengan que ser penalizadas con 541 días a tres años de cárcel”, como lo propone el proyecto presidencial. “Eso es un despropósito”, agregó. Piñera critica insistentemente a los jueces por dejar en libertad a los manifestantes detenidos en el marco de las protestas estudiantiles, y a los fiscales, por “la ineficacia con la que persiguen a los delincuentes”.
El dirigente regional de los jueces, José Delgado, respondió señalando que será el Congreso el que debe decidir sobre el proyecto del presidente, pero advirtió que “seguir aumentando los tipos penales no tiene ningún sentido”. Delgado dijo que la legislación procesal chilena “es un ejemplo a nivel latinoamericano (...) por lo que me parece que hacer más cambios es apuntar mal al problema, hay que centrarse en la prevención del delito y no en la reacción penal o la modificación de las leyes procesales”.
El presidente nacional de los magistrados, Hugo Llanos, fue más duro, y calificó las críticas como “improcedentes, por inmiscuirse en las facultades de otro poder del Estado”. Agregó que, además, son “infundadas, porque la persecución penal de los delitos corresponde a otros órganos del Estado”, en alusión a los fiscales.
Incluso el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, un obstinado crítico de la ocupación de colegios, advirtió que “es muy complejo aplicarles penas de cárcel a los niños que toman los colegios”. A diferencia de Zalaquett, algunos de sus pares han ordenado el desalojo de las escuelas con el ingreso de la policía a los recintos. El jefe de la bancada de legisladores del opositor Partido Demócrata Cristiano, Aldo Cornejo, opinó que “el gobierno no puede pretender solucionar problemas estructurales de la educación metiendo en la cárcel a los estudiantes”.<
Tiempo Argenino.
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El "alma putrefacta" de Pinochet nunca estuvo tan presente como en estos momentos, el proyecto de Piñera de modificar el còdigo penal, dibujado como resguardo de la ley y el orden, no es otra cosa màs que una medida represiva para justificar legalmente los siniestros planes que pueda tener preparado para los jòvenes, muy atrevidos por cierto, que pretenden mediante sus manifiestos, abortar los negociados del mandatario.
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