El gobierno acusó a los oficiales por insubordinación policial
Condenan a 12 años a los policías que intentaron asesinar a Correa
Un tribunal de Ecuador condenó a seis oficiales por el delito de magnicidio durante la rebelión ocurrida en septiembre de 2010 y que fue denunciada por el gobierno y organismos internacionales como una violenta intentona golpista.
Arenga - "Si quieren matar al presidente, aquí está: mátenlo si les da la gana", había dicho Correa ante los insubordinados - Foto: AP
Un tribunal de Ecuador condenó a 12 años de prisión a seis oficiales por el intento de asesinato del presidente Rafael Correa durante la rebelión policial que ocurrió en septiembre de 2010 y que fue denunciada por el gobierno y organismos internacionales como una violenta intentona golpista. Un incidente que despertó la preocupación de todos los países latinoamericanos y en el que fue asesinado uno de los guardaespaldas del presidente ecuatoriano.
La decisión fue tomada por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, después de recibir la denuncia en la que el gobierno acusó a los oficiales por insubordinación policial. En las sucesivas audiencias realizadas por el caso, el fiscal Gustavo Benítez presentó 51 testimonios y 38 pruebas documentales –entre las que constan informes de pericias de audio y video, versiones de policías y militares, secuencias fotográficas de los involucrados– para demostrar que los seis oficiales sentenciados intentaron asesinar a Correa el 30 de septiembre de 2010, cuando una sublevación por presuntos reclamos gremiales decantó en un intento de golpe de Estado.
Ese día, durante el alzamiento policial, el presidente fue agredido y retenido por más de diez horas en el Hospital de la Policía, hasta que fue rescatado por el Ejército. "Si quieren matar al presidente, aquí está: mátenlo si les da la gana", había dicho Correa ante los insubordinados. Dos policías, dos militares y un estudiante universitario murieron durante la violenta jornada. A ellos se sumaron cinco personas que fallecieron en Guayaquil en medio de los saqueos y el caos que se produjo en la segunda ciudad ecuatoriana.
El pasado 10 de junio, una comisión investigadora sobre el caso concluyó que las protestas eran parte de un golpe de Estado planificado por actores políticos y económicos. Uno de los miembros del organismo, Oscar Bonilla, aseguró que "los responsables" fueron "actores políticos, organizaciones de militares y policías en servicio pasivo, sectores de la Policía y miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos, los poderes fácticos locales vinculados con poderes internacionales que planificaron los hechos también fuera del país".
La investigación expuso también "la intervención de actores económicos dentro y fuera del país, interesados en interferir en los procesos de transformación estructural del Estado que inició el régimen del izquierdista Rafael Correa". Y apuntó que el clima de desestabilización no estuvo aislado de los procesos antidemocráticos registrados en la región.
Tras el intento de golpe, la Unasur repudió el accionar policial en Ecuador y respaldó al presidente Correa, al tiempo que exigió condenas efectivas para los responsables. "Las jefas y jefes de Estado y de gobierno de Unasur reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, la paz social y el irrestricto respeto a los Derechos Humanos", afirmó el organismo en un comunicado, tras una reunión de urgencia realizada en Buenos Aires.
Según el Ministerio del Interior ecuatoriano, por los hechos del 30 de septiembre más de 900 policías fueron sancionados administrativamente y al menos 130 tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en la intentona golpista. Uno de los abogados de los policías sentenciados ayer dijo que apelará la condena. Hasta ahora, los oficiales se encontraban recluidos en una cárcel de Quito a la espera de recibir una condena definitiva.
La decisión fue tomada por el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, después de recibir la denuncia en la que el gobierno acusó a los oficiales por insubordinación policial. En las sucesivas audiencias realizadas por el caso, el fiscal Gustavo Benítez presentó 51 testimonios y 38 pruebas documentales –entre las que constan informes de pericias de audio y video, versiones de policías y militares, secuencias fotográficas de los involucrados– para demostrar que los seis oficiales sentenciados intentaron asesinar a Correa el 30 de septiembre de 2010, cuando una sublevación por presuntos reclamos gremiales decantó en un intento de golpe de Estado.
Ese día, durante el alzamiento policial, el presidente fue agredido y retenido por más de diez horas en el Hospital de la Policía, hasta que fue rescatado por el Ejército. "Si quieren matar al presidente, aquí está: mátenlo si les da la gana", había dicho Correa ante los insubordinados. Dos policías, dos militares y un estudiante universitario murieron durante la violenta jornada. A ellos se sumaron cinco personas que fallecieron en Guayaquil en medio de los saqueos y el caos que se produjo en la segunda ciudad ecuatoriana.
El pasado 10 de junio, una comisión investigadora sobre el caso concluyó que las protestas eran parte de un golpe de Estado planificado por actores políticos y económicos. Uno de los miembros del organismo, Oscar Bonilla, aseguró que "los responsables" fueron "actores políticos, organizaciones de militares y policías en servicio pasivo, sectores de la Policía y miembros de Fuerzas Armadas que se vincularon a los hechos, los poderes fácticos locales vinculados con poderes internacionales que planificaron los hechos también fuera del país".
La investigación expuso también "la intervención de actores económicos dentro y fuera del país, interesados en interferir en los procesos de transformación estructural del Estado que inició el régimen del izquierdista Rafael Correa". Y apuntó que el clima de desestabilización no estuvo aislado de los procesos antidemocráticos registrados en la región.
Tras el intento de golpe, la Unasur repudió el accionar policial en Ecuador y respaldó al presidente Correa, al tiempo que exigió condenas efectivas para los responsables. "Las jefas y jefes de Estado y de gobierno de Unasur reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, la paz social y el irrestricto respeto a los Derechos Humanos", afirmó el organismo en un comunicado, tras una reunión de urgencia realizada en Buenos Aires.
Según el Ministerio del Interior ecuatoriano, por los hechos del 30 de septiembre más de 900 policías fueron sancionados administrativamente y al menos 130 tienen procesos judiciales pendientes, de los cuales 85 fueron dados de baja por su participación en la intentona golpista. Uno de los abogados de los policías sentenciados ayer dijo que apelará la condena. Hasta ahora, los oficiales se encontraban recluidos en una cárcel de Quito a la espera de recibir una condena definitiva.
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