Leyes de consumidores: ya empieza la batalla judicial
A medida que avanza en el Congreso el paquete de leyes de defensa del consumidor, cada vez queda más en claro que la normativa preocupa a un sector poderoso del empresariado porque limita su renta extraordinaria.
Foto: hernÁn mombelli
Amedida que avanza en el Congreso el paquete de leyes de defensa del consumidor, cada vez queda más en claro que la normativa preocupa a un sector poderoso del empresariado porque limita su renta extraordinaria.
Pero no sólo eso: también restringe la facultad de algunas grandes compañías de fijar las reglas de juegos del mercado y les resta capacidad operativa para erosionar al gobierno de turno con maniobras especulativas de inocultable tufillo político. Este último punto tendría que tomarlo en consideración la oposición, sobre todo aquellos partidos que tienen posibilidades de acceder de forma efectiva al poder, que no será tal si no pueden gobernar.
De cualquier manera, los hombres de negocios aglutinados en el poderoso Grupo de los 6 (G-6) ya han adelantado que no van a respetar la decisión de los legisladores, elegidos por el voto popular, y que prevén judicializar algunos aspectos de la norma para tratar de inutilizarla en la práctica. El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, fue el crítico más original porque cuando ya se cansó de "pegarle" a la normativa se dedicó a descalificar a los legisladores que le dieron media sanción en la Cámara Alta.
"Un gobierno que hace años tiene la mayoría en el Congreso, una tropa que vota todo, me hace acordar a la obediencia debida durante la dictadura", afirmó el dirigente plástico. Se le fue la mano a Méndez, un hombre inteligente y de larga trayectoria en la política empresaria argentina, que debería distinguir a esta altura del partido entre la política de Estado de un gobierno democrático y la de un gobierno de facto que eliminó y desapareció a miles y miles de personas, amén de todo el daño que hizo en materia económica, particularmente a la industria.
Por suerte, en la UIA hay algunos dirigentes más mesurados. "Estamos frente a un gobierno absolutamente constitucional y democrático", afirmó uno de los vicepresidentes de la entidad, José Urtubey, quien agregó: "Yo no soy exégeta de Héctor (Méndez), pero en mi opinión, lejos estamos de hablar de ley de obediencia debida en el Parlamento."
Lástima que últimamente en la UIA siempre priman las posturas más extremas y las de "obediencia debida" dictada por Méndez, que escucha cada día más las indicaciones de los miembros supernumerarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y menos las voces de los industriales auténticos que integran el tejido de pequeñas y medianas empresas del interior.
De hecho, las pymes se verían beneficiadas indirectamente por una ley que les pone un coto a los abusos de monopolios y oligopolios, ya que estos últimos aprovechan su condición para subordinar a sus intereses a las empresas de menor tamaño, fijándoles desde los plazos de pago hasta aspectos relativos a su organización interna.
Con una mayor presencia gubernamental y con un organismo burocrático ideado para evitar que los excesos en algunos eslabones de la cadena productiva deriven en incrementos desmesurados, las pymes también contarían con un respaldo para evitar que los grandes formadores de precios les impongan valores discrecionales y condiciones de negocios leoninas.
Un ejemplo concreto para que quede más claro. Hoy, los grandes supermercados les pagan a sus proveedores, particularmente a las pymes, 180 días después de que entregan la mercadería en el súper. Esto genera una enorme inequidad porque los proveedores negocian muchas veces a "pérdida", pues entre que se firma el convenio y se hace efectivo el cobro transcurren períodos muy extensos en los que los aumentos de costos evaporan buena parte de la rentabilidad de las pymes proveedoras.
Entretanto, las grandes cadenas de supermercados remarcan en las góndolas los precios de los productos, aprovechando la debilidad del proveedor y del consumidor. Este caso sirve también para ilustrar porque el malestar creciente de las grandes compañías con estas leyes está esencialmente vinculado a la defensa de su "renta extraordinaria". Hay muchas grandes empresas, particularmente multinacionales, que hoy tienen altos márgenes de beneficios dolarizados gracias a su capacidad para imponer los precios en un mercado controlado por un número reducido de competidores y un negocio cautivo de 40 millones de consumidores. De acuerdo con un informe oficial realizado por la Secretaría de Comercio, en la Argentina una empresa controla el 80% de la producción de panificados, dos empresas detentan el 82% de la producción de leche, cuatro empresas dominan el mercado azucarero y sólo dos firmas manejan el 82% del negocio de las gaseosas. De la misma manera, cuatro compañías controlan el 83% del mercado de productos de limpieza y tres empresas se reparten el mercado de la cerveza. Por ello, el punto que más preocupa a los hombres de negocios es aquel que autoriza al Estado a "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia" y "niveles máximos y mínimos de precios", y "niveles mínimos" de producción, comercialización o distribución. También les horroriza la creación de un Observatorio de Precios para evitar abusos y faculta al ente contralor a exigirle a la empresa la documentación y los libros en caso de que se produzcan incrementos injustificados de los valores o conductas anticompetitivas que contribuyan a inflar los precios.
El otro punto que provoca malestar a las compañías es el que las obliga a pagar de forma anticipada las multas para evitar la clásica bicicleta "administrativa" y el periplo judicial por el cual los consumidores jamás reciben su resarcimiento y las empresas licúan, gracias al paso del tiempo, el castigo económico.
Sin embargo, en el caso de que Diputados lo convierta en ley, el paquete de leyes de los consumidores se dirimirá en el terreno judicial. José Ignacio de Mendiguren, dirigente industrial y referente económico de Sergio Massa, ya informó en condición de portavoz que el G-6 decidió "de forma inmediata la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma", porque atenta contra la división de poderes.
Además, "el vasco" De Mendiguren adelantó que contrataron al Estudio Cassagne para preparar la presentación. Según el periodista Horacio Verbitsky, la familia Cassagne tiene una larga trayectoria vinculada a negocios durante la última dictadura militar. "Juan Carlos Cassagne elaboró buena parte del régimen de subsidios a los grupos económicos de la Patria Contratista, como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria. Fue uno de los contados funcionarios de alto rango del gobierno justicialista confirmados por los golpistas", explicó oportunamente Verbitsky. Sin embargo, el estudio Cassagne dejó a un lado sus menesteres con la denominada "Patria contratista" y se ha remozado con los años y los vaivenes generacionales. Ahora, ubicado siempre en la misma vereda, se dedica a asesorar a grandes grupos económicos como la Sociedad Rural para que enfrenten al Estado en los estrados judiciales. Tanto es así que fue seleccionado como uno de los estudios líderes en "prácticas del derecho de los negocios" por la revista Apertura. El Estudio Cassagne está integrado por seis socios, tres asociados, dos consultores y un batallón de más de 20 abogados. En la práctica, este estudio atiende los intereses de empresas de ámbitos tan diversos como la energía eléctrica, el transporte, petróleo y gas, radio, televisión y telecomunicaciones, sector financiero, bancario y firmas industriales (frigoríficos, alimentarias, farmacéuticas, pesqueras, etc.). El estudio Cassagne, a través de su cara visible, Juan Carlos Cassagne, se ha pronunciado de forma pública en diversas ocasiones en contra de normativas aprobadas por el Ejecutivo o el Congreso de la Nación que afectan a los sectores más concentrados del país, como las retenciones agropecuarias, la Ley de Medios de comunicación y la reestatización de Aerolíneas Argentinas. El Estudio Cassagne será una pieza clave en esta nueva batalla jurídica, tal como lo ha sido en cada operación de lobby que inició en los juzgados comerciales para postergar o evitar los pagos que debían hacer sus clientes al Estado gracias a las argucias jurídicas que ahora se pretende enmendar con este paquete de leyes.
Pero no sólo eso: también restringe la facultad de algunas grandes compañías de fijar las reglas de juegos del mercado y les resta capacidad operativa para erosionar al gobierno de turno con maniobras especulativas de inocultable tufillo político. Este último punto tendría que tomarlo en consideración la oposición, sobre todo aquellos partidos que tienen posibilidades de acceder de forma efectiva al poder, que no será tal si no pueden gobernar.
De cualquier manera, los hombres de negocios aglutinados en el poderoso Grupo de los 6 (G-6) ya han adelantado que no van a respetar la decisión de los legisladores, elegidos por el voto popular, y que prevén judicializar algunos aspectos de la norma para tratar de inutilizarla en la práctica. El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, fue el crítico más original porque cuando ya se cansó de "pegarle" a la normativa se dedicó a descalificar a los legisladores que le dieron media sanción en la Cámara Alta.
"Un gobierno que hace años tiene la mayoría en el Congreso, una tropa que vota todo, me hace acordar a la obediencia debida durante la dictadura", afirmó el dirigente plástico. Se le fue la mano a Méndez, un hombre inteligente y de larga trayectoria en la política empresaria argentina, que debería distinguir a esta altura del partido entre la política de Estado de un gobierno democrático y la de un gobierno de facto que eliminó y desapareció a miles y miles de personas, amén de todo el daño que hizo en materia económica, particularmente a la industria.
Por suerte, en la UIA hay algunos dirigentes más mesurados. "Estamos frente a un gobierno absolutamente constitucional y democrático", afirmó uno de los vicepresidentes de la entidad, José Urtubey, quien agregó: "Yo no soy exégeta de Héctor (Méndez), pero en mi opinión, lejos estamos de hablar de ley de obediencia debida en el Parlamento."
Lástima que últimamente en la UIA siempre priman las posturas más extremas y las de "obediencia debida" dictada por Méndez, que escucha cada día más las indicaciones de los miembros supernumerarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y menos las voces de los industriales auténticos que integran el tejido de pequeñas y medianas empresas del interior.
De hecho, las pymes se verían beneficiadas indirectamente por una ley que les pone un coto a los abusos de monopolios y oligopolios, ya que estos últimos aprovechan su condición para subordinar a sus intereses a las empresas de menor tamaño, fijándoles desde los plazos de pago hasta aspectos relativos a su organización interna.
Con una mayor presencia gubernamental y con un organismo burocrático ideado para evitar que los excesos en algunos eslabones de la cadena productiva deriven en incrementos desmesurados, las pymes también contarían con un respaldo para evitar que los grandes formadores de precios les impongan valores discrecionales y condiciones de negocios leoninas.
Un ejemplo concreto para que quede más claro. Hoy, los grandes supermercados les pagan a sus proveedores, particularmente a las pymes, 180 días después de que entregan la mercadería en el súper. Esto genera una enorme inequidad porque los proveedores negocian muchas veces a "pérdida", pues entre que se firma el convenio y se hace efectivo el cobro transcurren períodos muy extensos en los que los aumentos de costos evaporan buena parte de la rentabilidad de las pymes proveedoras.
Entretanto, las grandes cadenas de supermercados remarcan en las góndolas los precios de los productos, aprovechando la debilidad del proveedor y del consumidor. Este caso sirve también para ilustrar porque el malestar creciente de las grandes compañías con estas leyes está esencialmente vinculado a la defensa de su "renta extraordinaria". Hay muchas grandes empresas, particularmente multinacionales, que hoy tienen altos márgenes de beneficios dolarizados gracias a su capacidad para imponer los precios en un mercado controlado por un número reducido de competidores y un negocio cautivo de 40 millones de consumidores. De acuerdo con un informe oficial realizado por la Secretaría de Comercio, en la Argentina una empresa controla el 80% de la producción de panificados, dos empresas detentan el 82% de la producción de leche, cuatro empresas dominan el mercado azucarero y sólo dos firmas manejan el 82% del negocio de las gaseosas. De la misma manera, cuatro compañías controlan el 83% del mercado de productos de limpieza y tres empresas se reparten el mercado de la cerveza. Por ello, el punto que más preocupa a los hombres de negocios es aquel que autoriza al Estado a "establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia" y "niveles máximos y mínimos de precios", y "niveles mínimos" de producción, comercialización o distribución. También les horroriza la creación de un Observatorio de Precios para evitar abusos y faculta al ente contralor a exigirle a la empresa la documentación y los libros en caso de que se produzcan incrementos injustificados de los valores o conductas anticompetitivas que contribuyan a inflar los precios.
El otro punto que provoca malestar a las compañías es el que las obliga a pagar de forma anticipada las multas para evitar la clásica bicicleta "administrativa" y el periplo judicial por el cual los consumidores jamás reciben su resarcimiento y las empresas licúan, gracias al paso del tiempo, el castigo económico.
Sin embargo, en el caso de que Diputados lo convierta en ley, el paquete de leyes de los consumidores se dirimirá en el terreno judicial. José Ignacio de Mendiguren, dirigente industrial y referente económico de Sergio Massa, ya informó en condición de portavoz que el G-6 decidió "de forma inmediata la preparación judicial para el caso de que no se pueda modificar la norma", porque atenta contra la división de poderes.
Además, "el vasco" De Mendiguren adelantó que contrataron al Estudio Cassagne para preparar la presentación. Según el periodista Horacio Verbitsky, la familia Cassagne tiene una larga trayectoria vinculada a negocios durante la última dictadura militar. "Juan Carlos Cassagne elaboró buena parte del régimen de subsidios a los grupos económicos de la Patria Contratista, como director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria. Fue uno de los contados funcionarios de alto rango del gobierno justicialista confirmados por los golpistas", explicó oportunamente Verbitsky. Sin embargo, el estudio Cassagne dejó a un lado sus menesteres con la denominada "Patria contratista" y se ha remozado con los años y los vaivenes generacionales. Ahora, ubicado siempre en la misma vereda, se dedica a asesorar a grandes grupos económicos como la Sociedad Rural para que enfrenten al Estado en los estrados judiciales. Tanto es así que fue seleccionado como uno de los estudios líderes en "prácticas del derecho de los negocios" por la revista Apertura. El Estudio Cassagne está integrado por seis socios, tres asociados, dos consultores y un batallón de más de 20 abogados. En la práctica, este estudio atiende los intereses de empresas de ámbitos tan diversos como la energía eléctrica, el transporte, petróleo y gas, radio, televisión y telecomunicaciones, sector financiero, bancario y firmas industriales (frigoríficos, alimentarias, farmacéuticas, pesqueras, etc.). El estudio Cassagne, a través de su cara visible, Juan Carlos Cassagne, se ha pronunciado de forma pública en diversas ocasiones en contra de normativas aprobadas por el Ejecutivo o el Congreso de la Nación que afectan a los sectores más concentrados del país, como las retenciones agropecuarias, la Ley de Medios de comunicación y la reestatización de Aerolíneas Argentinas. El Estudio Cassagne será una pieza clave en esta nueva batalla jurídica, tal como lo ha sido en cada operación de lobby que inició en los juzgados comerciales para postergar o evitar los pagos que debían hacer sus clientes al Estado gracias a las argucias jurídicas que ahora se pretende enmendar con este paquete de leyes.
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