El juez aliado del diputado renovador Sergio Massa dispuso medidas de alto impacto y poco efecto probatorio
Bonadio ordenó un allanamiento con tono mediático a empresa ligada a CFK
Además citó a indagatoria al procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, pese a que había sido recusado por el funcionario judicial. Sospechas de intencionalidad política detrás de ambos actos.
Acusado - Bonadío es uno de los jueces que mayor cantidad de causas por mal desempeño acumula en la Magistratura.
El juez federal Claudio Bonadio allanó un departamento vacío en el que hace algún tiempo funcionó una sede de la empresa hotelera Hotesur, de la que la presidenta, Cristina Fernández, reconoció tener parte del paquete accionario. Hotesur es la administradora de un hotel en El Calafate, uno de los emprendimientos privados que llevó adelante el matrimonio entre Néstor Kirchner y la actual presidenta. Apenas 24 horas después de que el fiscal federal Carlos Stornelli impulsara la investigación ante una denuncia de la diputada nacional de la alianza GEN - UNEN Margarita Stolbizer, el juez dispuso una medida de gran espectacularidad pero escaso aporte probatorio para los delitos que fueron denunciados por la legisladora: violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
No fue la única medida que generó suspicacias. También citó a indagatoria al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, para el próximo martes, en el marco de una curiosa causa impulsada por la jueza María Gabriela Lanz, pareja de un narcotraficante condenado a 20 años de prisión. Ambas decisiones echaron un manto de sospecha sobre la posible intencionalidad política del magistrado, a quien se vincula con la campaña del renovador Sergio Massa.
A media mañana de ayer y por los canales de prensa que el juez elige habitualmente para dar a conocer las medidas que le interesa que se conozcan, Bonadío dejó trascender que se estaba allanando "el hotel de Cristina en El Calafate". Rápidamente la versión quedó desactivada por la jueza federal de Río Gallegos, quien tiene jurisdicción sobre esa ciudad (donde tiene su sede Hotesur) y también sobre El Calafate, donde está situado el hotel. La magistrada Andrea Askenazi Vera aclaró que no había recibido ningún pedido de Bonadio. Y por el funcionamiento de la justicia en un sistema federal, ninguna medida de esa naturaleza podría ocurrir en esas localidades sin que la jueza local interviniera.
Entonces surgió la aclaración: el allanamiento tuvo por escenario oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, en un departamento situado en la calle Lavalle 975, de la Capital Federal, donde Hotesur tiene registrada su sede jurídica. ¿Bonadio no sabía que ese lugar estaba vacío? El 10 de noviembre pasado, el matutino Clarín publicó un artículo en el que denunció supuestas irregularidades contables y registrales de la empresa Hotesur. En un párrafo de esa nota consignó textualmente: "La sede social de la empresa, por ejemplo, quedó radicada en la calle Lavalle 975 piso cuatro departamento 5. En ese lugar alguna vez funcionó una oficina de Hotesur, pero cuando la firma tenía otros dueños. Hace años que allí ya no hay registros de actividad de la empresa. La sede está inactiva."
La diputada Stolbizer describió públicamente sus sospechas sobre prácticas de lavado de dinero a través del Hotel Alto Calafate, administrado por Hotesur. Pero en la causa penal, la imputación contra la presidenta se centra en que, si bien su participación en Hotesur está consignada en su declaración jurada de bienes, no se aclara el porcentaje de la sociedad que le pertenece. Figura una supuesta deuda con la sociedad por un importe similar al de la participación accionaria "sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento". Además, desde 2011 no hay balances ni presentaciones ante la Inspección General de Justicia. Y, finalmente, la legisladora advirtió que "no se conocen los activos, los pasivos, la conformación societaria actual ni quiénes integran el directorio en la actualidad".
El juez Bonadio dispuso medidas de recopilación de información en la Inspección General de Justicia (IGJ) y también en la AFIP, en ambos casos a través de la Policía Metropolitana. Ambos organismos emitieron ayer comunicaciones oficiales. La AFIP recordó que "este tipo de información la justicia la pide por oficio", y calificó de "extraordinario y poco frecuente" el despliegue ordenado por el magistrado.
La IGJ, por su parte, se limitó a informar que "se hizo entrega de la documentación obrante relativa al ejercicio sobre dicha Sociedad, de las facultades de control propios de la Inspección General de Justicia". «
No fue la única medida que generó suspicacias. También citó a indagatoria al titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, para el próximo martes, en el marco de una curiosa causa impulsada por la jueza María Gabriela Lanz, pareja de un narcotraficante condenado a 20 años de prisión. Ambas decisiones echaron un manto de sospecha sobre la posible intencionalidad política del magistrado, a quien se vincula con la campaña del renovador Sergio Massa.
A media mañana de ayer y por los canales de prensa que el juez elige habitualmente para dar a conocer las medidas que le interesa que se conozcan, Bonadío dejó trascender que se estaba allanando "el hotel de Cristina en El Calafate". Rápidamente la versión quedó desactivada por la jueza federal de Río Gallegos, quien tiene jurisdicción sobre esa ciudad (donde tiene su sede Hotesur) y también sobre El Calafate, donde está situado el hotel. La magistrada Andrea Askenazi Vera aclaró que no había recibido ningún pedido de Bonadio. Y por el funcionamiento de la justicia en un sistema federal, ninguna medida de esa naturaleza podría ocurrir en esas localidades sin que la jueza local interviniera.
Entonces surgió la aclaración: el allanamiento tuvo por escenario oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Concretamente, en un departamento situado en la calle Lavalle 975, de la Capital Federal, donde Hotesur tiene registrada su sede jurídica. ¿Bonadio no sabía que ese lugar estaba vacío? El 10 de noviembre pasado, el matutino Clarín publicó un artículo en el que denunció supuestas irregularidades contables y registrales de la empresa Hotesur. En un párrafo de esa nota consignó textualmente: "La sede social de la empresa, por ejemplo, quedó radicada en la calle Lavalle 975 piso cuatro departamento 5. En ese lugar alguna vez funcionó una oficina de Hotesur, pero cuando la firma tenía otros dueños. Hace años que allí ya no hay registros de actividad de la empresa. La sede está inactiva."
La diputada Stolbizer describió públicamente sus sospechas sobre prácticas de lavado de dinero a través del Hotel Alto Calafate, administrado por Hotesur. Pero en la causa penal, la imputación contra la presidenta se centra en que, si bien su participación en Hotesur está consignada en su declaración jurada de bienes, no se aclara el porcentaje de la sociedad que le pertenece. Figura una supuesta deuda con la sociedad por un importe similar al de la participación accionaria "sin que se aclaren conceptos o razones de dicho endeudamiento". Además, desde 2011 no hay balances ni presentaciones ante la Inspección General de Justicia. Y, finalmente, la legisladora advirtió que "no se conocen los activos, los pasivos, la conformación societaria actual ni quiénes integran el directorio en la actualidad".
El juez Bonadio dispuso medidas de recopilación de información en la Inspección General de Justicia (IGJ) y también en la AFIP, en ambos casos a través de la Policía Metropolitana. Ambos organismos emitieron ayer comunicaciones oficiales. La AFIP recordó que "este tipo de información la justicia la pide por oficio", y calificó de "extraordinario y poco frecuente" el despliegue ordenado por el magistrado.
La IGJ, por su parte, se limitó a informar que "se hizo entrega de la documentación obrante relativa al ejercicio sobre dicha Sociedad, de las facultades de control propios de la Inspección General de Justicia". «
Bonadio rechazó la recusación y citó a Gonella
El titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el fiscal Carlos Gonella, fue citado a prestar declaración indagatoria para el próximo martes por el juez federal Claudio Bonadio. Está acusado de los presuntos delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secretos". ¿Qué hizo Gonella? A través de los canales de comunicación del Ministerio Público Fiscal reveló una investigación que involucra un tema de su área. La jueza de instrucción penal María Gabriela Lanz, vinculada sentimentalmente con el empresario español Valentín Temes Coto –condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico en el caso conocido como "Manzanas Blancas"–, se sintió agraviada cuando Gonella brindó detalles de una causa en la que la propia magistrada está bajo investigación por supuesto lavado de dinero.
Gonella y el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff recusaron a Bonadio. Pero el juez rechazó ese planteo y, sin esperar que la decisión sea confirmada por la Cámara de Apelaciones, convocó a ambos imputados. El juez rechazó tener "enemistad manifiesta" con Gonella, a quien –dijo– "ni siquiera" conoce. "No se vislumbra cuál es la razón que lleva (al titular de la Procelac) a sostener la existencia de un temor razonable y fundado de parcialidad." Gonella deberá presentarse en Comodoro Py 2002 el próximo martes, inmediatamente después del fin de semana largo.
Bonadio recibió hace algunos días un fuerte respaldo de la corporación judicial, a través de un documento de la Asociación de Magistrados. Cuestionado su accionar en esta causa por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la entidad que nuclea a jueces y funcionarios de alto rango del Poder Judicial replicó que "la descalificación del juez Bonadio pretende modificar su proceder en una causa en trámite, la cual implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes". No sólo eso: la Asociación también brindó su apoyo a la jueza Lanz, considerando que la investigación que la involucra está relacionada, en realidad, con "cuestiones que hacen a su esfera privada".
Bonadio recibió hace algunos días un fuerte respaldo de la corporación judicial, a través de un documento de la Asociación de Magistrados. Cuestionado su accionar en esta causa por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la entidad que nuclea a jueces y funcionarios de alto rango del Poder Judicial replicó que "la descalificación del juez Bonadio pretende modificar su proceder en una causa en trámite, la cual implica una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, especialmente prohibida para los funcionarios de otros poderes". No sólo eso: la Asociación también brindó su apoyo a la jueza Lanz, considerando que la investigación que la involucra está relacionada, en realidad, con "cuestiones que hacen a su esfera privada".
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