Se reunió por primera vez la comisión de fiscales de todo el país que se creó para abordar la problemática
Celulares: investigarán "crimen organizado" tras el robo hormiga
Convocarán a empresas del sector y a directivos de la Comisión de Comunicaciones para clarificar cómo se monitorean los equipos. Hay más de 6000 hurtos diarios de teléfonos.
Ideóloga- La fiscal Cristina Caamaño impulsó la Comisión: "Queremos ver qué hay detrás del robo simple en la calle", dijo - Foto: hernÁn mombelli
Un grupo de fiscales comenzó la semana pasada a investigar a las mafias que operan con teléfonos celulares que fueron robados de locales o arrebatados en la vía pública, en lo que se conoce como hurto hormiga. Por medio de la Resolución 899, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, formalizó la creación de una comisión de fiscales que deberán estudiar y analizar el tema, para que haya en su seno estructuras de combate estratégico a la "criminalidad organizada" de bandas delictivas que utilizan los móviles para la comisión de ilícitos, tales como secuestros convencionales o virtuales. Dicho cuerpo de funcionarios del Ministerio Público –que por la problemática federal incluye fiscales de todo el país– se reunió por primera vez el jueves pasado, encuentro en el que se delinearon los pasos a seguir. La comisión fue una sugerencia de la titular de la Dirección de Gestión Operativa de Casos (DiGOC), Cristina Caamaño. Y sus metas no fueron producto del azar sino de un informe de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal, cuyo titular es el fiscal Diego García Yomha. En ese trabajo se presentaron datos de investigaciones criminales, y estudios del mercado de la telefonía celular y la normativa que aplica al sector. "Queremos ver qué hay detrás del robo en la calle, qué esquema de criminalidad opera", explicó Caamaño a Tiempo, y adelantó que la comisión se reunirá una vez por mes. Entre las primeras medidas que tomará el cuerpo, se incluye la citación a las empresas de telefonía celular, para que den cuenta de cómo opera el mercado. Y harán lo propio con los directivos de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). "por un lado, buscamos la prevención, bajar el índice de robos y hurtos de celulares para que se refleje en menos delito mayor. Otro objetivo es clarificar los métodos de comercialización de los equipos", detalló Caamaño. El problema radica en que, en lo diario, el de los teléfonos móviles es un mercado plagado de agujeros negros: por caso, la comisión busca saber quién provee los chips de teléfonos que se venden en quioscos y en la vía pública; quién controla y abastece la venta de equipos "liberados" (aquellos que pueden cargar el chip de cualquier compañía); cuál es la situación de los llamados "bolseros", que compran muchas líneas por el canal forma y nunca se precisa dónde van esos aparatos; y cómo pueden hacer la compañías para realizar seguimientos de las líneas en operación. "Nosotros hemos pensado que las empresas deberían registrar cada celular –explicó la fiscal–, ellos dicen que esto sería muy caro, pero entendemos que en todos estos años han tenido una rentabilidad muy elevada. Hay que charlar ese tema, porque desde 2004, según la ley del sector, los destinatarios de la compra de teléfonos deben estar identificados." Si bien la comisión persigue el robo hormiga como vehículo para ir detrás de superestructuras, las estadísticas muestran un alto nivel de robos que, en su mayoría, terminan siendo teléfonos que van a parar a manos de grandes grupos que operan en las sombras en cualquier lugar del país (ver aparte). Los últimos datos disponibles del sector, correspondientes a la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (Catema), se roban a diario unos 6000 teléfonos, un total de 2 millones al año en todo el país. Actualmente, según cifras de la consultora Carrier y Asociados, hay 37 millones de aparatos activos en todo el país, mientras que el total de líneas declaradas asciende a más de 60 millones. «
todas las provincias presentes
Teniendo en cuenta que las grandes estructuras delictivas operan en todo el país, en la comisión hay fiscales de casi todas las regiones: un fiscal por las provincias del NEA, otro por Rosario; por Morón y dos por Capital Federal. Estará el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, Jorge Di Lello; su colega de la Fiscalía Federal de Primera Instancia N° 1 de Morón, Sebastián Basso; y la fiscal a cargo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, Adriana Saccone.
Tiempo argentino
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