El diputado se resiste a declarar sobre el origen de $ 2 millones que recibió en 2007, año en que se consagró gobernador de su provincia
Piden el desafuero de Binner por aportes irregulares a su campaña
El requerimiento incluye a Lifschitz, ex tesorero del PS y hoy candidato en Santa Fe. Para la justicia, son injustificados sus faltazos para aclarar los fondos que obtuvieron de, entre otras, una empresa que ganó la explotación del puerto de Rosario.
"Tiempos de cambio" - Binner, en uno de los mitines previos a su victoria de 2007, que lo llevó a la gobernación y que ahora está bajo la lupa de la justicia federal - Foto: télam
Pese a que el socialismo de Santa Fe achicó la brecha electoral tras las primarias del 19 de abril pasado, en el plano judicial sumó un problema grave para su candidato a gobernador, Miguel Lifschitz. El fiscal federal con competencia electoral Walter Rodríguez pidió formalmente su desafuero –al igual que el del presidente del partido y diputado nacional Hermes Binner– por negarse a declarar en la causa que investiga "aportes privados" irregulares en su campaña a la gobernación en 2007 por casi $ 2 millones. Una auditoría de la Cámara Nacional Electoral reveló una posible violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, la 23.215, que podría inhabilitarlos como candidatos. La justicia entendió que faltaron de manera injustificada a brindar explicaciones por lo que pidió que sean conducidos por la fuerza. Entre las irregularidades detectadas hay aportes de empresas concesionarias de servicios públicos, sindicatos y de una empresa que ganó una licitación para explotar el puerto santafesino y que está bajo la lupa por lavado de dinero producto del narcotráfico.
A través de un comunicado difundido el último día hábil de abril, la fiscalía federal que comanda Rodríguez ordenó que se le quiten los fueros a Lifschitz y Binner por su reticencia a presentarse ante la justicia para ser indagados. La fiscalía con competencia electoral que tiene delegada la investigación sobre los aportes ilegales de la campaña que en 2007 lo catapultó a la gobernación santafesina, los citó en dos oportunidades a declarar.
Nunca se presentaron ni contestaron los requerimientos.
Los balances correspondientes a ese financiamiento de campaña que fueron desaprobados a raíz de las irregularidades encontradas, llevan la firma de Binner como presidente del PS, y de Lifschitz como tesorero. Además de las ausencias, ambos propusieron recusar al juez que tiene a su cargo el expediente, Reinaldo Rubén Rodríguez.
Al tomar su decisión, el fiscal destacó que concurrieron a declarar los representantes de otras fuerzas que también presentaban objeciones. Entre ellos también estuvo el candidato del PRO que encabezó las PASO, Miguel Del Sel, que arrastra irregularidades de su campaña a la gobernación en 2011 (ver recuadro). "La fiscalía celebró el acto previsto por el artículo 353 bis del Código Procesal Penal en los casos del Partido del Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y PRO". Pero agregó que "no así con los referentes del Partido Socialista a raíz de registrar dos inasistencias injustificadas del presidente y su tesorero, que dieron espacio al impulso de la publicación del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto en la Ley 25.320". Así puso en marcha el pedido de desafuero.
Esa norma prevé que "cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político".
El pedido no tiene un trámite sencillo: deberá ser puesto en la agenda de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados –para el caso de Binner–, emitir un dictamen en 60 días y obtener un tratamiento en el recinto a los 180 días. Lo mismo para el Senado santafesino, donde Lifschitz tiene una banca por Rosario, pero además integra esa comisión clave.
Tiempo reveló el 14 de octubre de 2014 que la causa podía poner en riesgo las candidaturas del socialismo, dado que se les imputa un delito que podría inhabilitar sus postulaciones. Tanto el entonces presidente como el tesorero y hoy aspirante a la gobernación santafesina eludieron el llamado ante lo que podría ser una complicación judicial con incidencia electoral.
En 2008, el auditor León Derhovsepian, que integra el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Electoral, informó en el expediente que "no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos" para esa campaña, sino "una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados".
El balance fue finalmente desaprobado ante la imposibilidad de probar el origen de $ 1.879.207,07 pesos. Como consecuencia, la justicia ordenó el retiro de los aportes estatales al financiamiento partidario del PS. Las irregularidades fueron constatadas –además de por el auditor– por la de los tres fiscales federales que, por el paso del tiempo, intervinieron en el trámite de la causa –Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y el propio Rodríguez– quienes también dictaminaron por cuestionar la documentación y no aprobar los estados contables que le están trayendo un dolor de cabeza al PS.
El revés judicial llega tras el escándalo por el recuento de votos en las PASO y en medio de la peleada campaña para renovar autoridades, el próximo 14 de junio. «
A través de un comunicado difundido el último día hábil de abril, la fiscalía federal que comanda Rodríguez ordenó que se le quiten los fueros a Lifschitz y Binner por su reticencia a presentarse ante la justicia para ser indagados. La fiscalía con competencia electoral que tiene delegada la investigación sobre los aportes ilegales de la campaña que en 2007 lo catapultó a la gobernación santafesina, los citó en dos oportunidades a declarar.
Nunca se presentaron ni contestaron los requerimientos.
Los balances correspondientes a ese financiamiento de campaña que fueron desaprobados a raíz de las irregularidades encontradas, llevan la firma de Binner como presidente del PS, y de Lifschitz como tesorero. Además de las ausencias, ambos propusieron recusar al juez que tiene a su cargo el expediente, Reinaldo Rubén Rodríguez.
Al tomar su decisión, el fiscal destacó que concurrieron a declarar los representantes de otras fuerzas que también presentaban objeciones. Entre ellos también estuvo el candidato del PRO que encabezó las PASO, Miguel Del Sel, que arrastra irregularidades de su campaña a la gobernación en 2011 (ver recuadro). "La fiscalía celebró el acto previsto por el artículo 353 bis del Código Procesal Penal en los casos del Partido del Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y PRO". Pero agregó que "no así con los referentes del Partido Socialista a raíz de registrar dos inasistencias injustificadas del presidente y su tesorero, que dieron espacio al impulso de la publicación del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto en la Ley 25.320". Así puso en marcha el pedido de desafuero.
Esa norma prevé que "cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político".
El pedido no tiene un trámite sencillo: deberá ser puesto en la agenda de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados –para el caso de Binner–, emitir un dictamen en 60 días y obtener un tratamiento en el recinto a los 180 días. Lo mismo para el Senado santafesino, donde Lifschitz tiene una banca por Rosario, pero además integra esa comisión clave.
Tiempo reveló el 14 de octubre de 2014 que la causa podía poner en riesgo las candidaturas del socialismo, dado que se les imputa un delito que podría inhabilitar sus postulaciones. Tanto el entonces presidente como el tesorero y hoy aspirante a la gobernación santafesina eludieron el llamado ante lo que podría ser una complicación judicial con incidencia electoral.
En 2008, el auditor León Derhovsepian, que integra el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Electoral, informó en el expediente que "no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos" para esa campaña, sino "una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados".
El balance fue finalmente desaprobado ante la imposibilidad de probar el origen de $ 1.879.207,07 pesos. Como consecuencia, la justicia ordenó el retiro de los aportes estatales al financiamiento partidario del PS. Las irregularidades fueron constatadas –además de por el auditor– por la de los tres fiscales federales que, por el paso del tiempo, intervinieron en el trámite de la causa –Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y el propio Rodríguez– quienes también dictaminaron por cuestionar la documentación y no aprobar los estados contables que le están trayendo un dolor de cabeza al PS.
El revés judicial llega tras el escándalo por el recuento de votos en las PASO y en medio de la peleada campaña para renovar autoridades, el próximo 14 de junio. «
antecedentes del escándalo socialista
La nómina de irregularidades por las que Binner y Lifschitz fueron imputados se centra en los denominados "aportes privados" que el socialismo declaró recibir para la campaña de 2007 de personas físicas y/o jurídicas (empresas) por casi $ 1,9 millón. De ese monto, según reveló en su momento Radio Nacional Santa Fe, unos $ 565.394,48 fueron "Aportes Partidarios para Fines Generales"; $ 938.172,59, "Aportes Privados para Campaña Provincial"; $ 316.740 de "Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para Campaña Nacional"; y $ 58.900 para "Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas para Campaña Nacional".
La auditoría de la Cámara Electoral objetó la documentación de respaldo presentada por las autoridades partidarias. Pero también fueron cuestionados los aportes al PS de $ 30 mil de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales del departamento Castellanos; otros $ 5000 provenientes de la Asociación de Cooperativas Argentinas; $ 6000 de la Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje; $ 11 mil de la empresa Terminal Puerto de Rosario y $ 10 mil de la concesionario de transporte Monticas SA, entre otros.
Según el juez Rodríguez, el PS "no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007". Pero hay irregularidades incluso más llamativas: entre quienes pusieron dinero para que Binner llegara a la gobernación figura "Terminal Puerto Rosario SA", empresa que en 2002 ganó la licitación del puerto, algo expresamente prohibido por la Ley 23.215 ya que no se pueden recibir "contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas".
Esa firma está envuelta en un escándalo de lavado de dinero del narcotráfico bajo investigación en España en la que se intenta probar que inyectó más de U$S 12 millones a través de paraísos fiscales, en la operatoria del puerto. La justicia federal imputó a ambos referentes la violación del artículo 63 de esa norma que podría reprimir con inhabilitación de seis meses a diez años para presentarse a cargos electivos.
La auditoría de la Cámara Electoral objetó la documentación de respaldo presentada por las autoridades partidarias. Pero también fueron cuestionados los aportes al PS de $ 30 mil de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales del departamento Castellanos; otros $ 5000 provenientes de la Asociación de Cooperativas Argentinas; $ 6000 de la Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje; $ 11 mil de la empresa Terminal Puerto de Rosario y $ 10 mil de la concesionario de transporte Monticas SA, entre otros.
Según el juez Rodríguez, el PS "no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007". Pero hay irregularidades incluso más llamativas: entre quienes pusieron dinero para que Binner llegara a la gobernación figura "Terminal Puerto Rosario SA", empresa que en 2002 ganó la licitación del puerto, algo expresamente prohibido por la Ley 23.215 ya que no se pueden recibir "contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas".
Esa firma está envuelta en un escándalo de lavado de dinero del narcotráfico bajo investigación en España en la que se intenta probar que inyectó más de U$S 12 millones a través de paraísos fiscales, en la operatoria del puerto. La justicia federal imputó a ambos referentes la violación del artículo 63 de esa norma que podría reprimir con inhabilitación de seis meses a diez años para presentarse a cargos electivos.
explicaciones pro
El cómico y candidato a gobernador de Santa Fe por Unión PRO, Miguel Del Sel, también fue citado por la justicia electoral para explicar irregularidades en su campaña proselitista de 2011, en las que casi se alza con el cargo que hoy disputa.
A diferencia de los representantes del Partido Socialista, el referente del macrismo se presentó a declarar ya que aparece como presidente del PRO en 2012, cuando rubricó un balance que fue objetado por las autoridades electorales.
Al año siguiente, el auditor de la Cámara Nacional Electoral, Roberto Franco, desaconsejó la aprobación del balance 2012 del partido que fundó el jefe de Gobierno Mauricio Macri.
"Teniendo en cuenta los resultados de las tareas de auditoría realizadas y considerando las observaciones formuladas en el presente informe, no me resulta posible aconsejar la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012 presentados por el PRO Propuesta Republicana del distrito Santa Fe", expresó Franco en su dictamen.
Uno de los problemas tiene que ver con que el PRO no informó sobre partidas pendientes de cobro. Sin embargo, “surge que el partido tendría un saldo pendiente de cobro neto de sanciones provenientes de aportes públicos 2011 por $ 50.985,65 más el Aporte Público para Boletas Diputados Generales por $ 213.441,12 y un aporte asignado por Diferencia de Campaña de Diputados Primaria de $ 5.118,88”.
Según el balance, arrojaba un saldo negativo de $ 283.505,91 y registraba aportes privados no justificados por $ 5.004. Aunque menores, ya registra otros antecedentes: en 2011 no consiguió aprobar su balance, mientras que el de 2013 fue presentado fuera de término.
A diferencia de los representantes del Partido Socialista, el referente del macrismo se presentó a declarar ya que aparece como presidente del PRO en 2012, cuando rubricó un balance que fue objetado por las autoridades electorales.
Al año siguiente, el auditor de la Cámara Nacional Electoral, Roberto Franco, desaconsejó la aprobación del balance 2012 del partido que fundó el jefe de Gobierno Mauricio Macri.
"Teniendo en cuenta los resultados de las tareas de auditoría realizadas y considerando las observaciones formuladas en el presente informe, no me resulta posible aconsejar la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012 presentados por el PRO Propuesta Republicana del distrito Santa Fe", expresó Franco en su dictamen.
Uno de los problemas tiene que ver con que el PRO no informó sobre partidas pendientes de cobro. Sin embargo, “surge que el partido tendría un saldo pendiente de cobro neto de sanciones provenientes de aportes públicos 2011 por $ 50.985,65 más el Aporte Público para Boletas Diputados Generales por $ 213.441,12 y un aporte asignado por Diferencia de Campaña de Diputados Primaria de $ 5.118,88”.
Según el balance, arrojaba un saldo negativo de $ 283.505,91 y registraba aportes privados no justificados por $ 5.004. Aunque menores, ya registra otros antecedentes: en 2011 no consiguió aprobar su balance, mientras que el de 2013 fue presentado fuera de término.
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