3 de noviembre de 2016

DECLARO ANTE LOS JUECES JULIAN ERCOLINI Y DANIEL RAFECAS

Doblete de Báez en Tribunales

El empresario no respondió preguntas en su indagatoria por supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz y volvió a pedir la nulidad de ese trámite. Además sugirió pruebas y reclamó el sobreseimiento.
Lázaro Báez miró al juez Julián Ercolini y le dijo: “¿Cómo es posible que me imputan a mí actos administrativos?”. De inmediato tomó la posta su abogado, Maximiliano Rusconi, y el empresario no habló más. Pero continuó su argumentación en esa línea y dijo que no podía ser que a Báez, “quien no fue funcionario” sino adjudicatario de obras viales, le imputaran lo mismo que a la ex presidenta de la Nación. Aunque ya había pedido la nulidad de la indagatoria, volvió a solicitarla en el acto, alegando que tampoco veía “una descripción precisa, clara y circunstanciada del hecho” del cual se supone que está acusado. También sugirió pruebas y reclamó el sobreseimiento.
Las diecisiete personas que fueron citadas a indagatoria están imputadas por el delito de asociación ilícita, según la descripción que hizo el juzgado en función del dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Ellos dicen que Báez se convirtió en empresario de la obra pública a poco de iniciarse el gobierno de Néstor Kirchner en 2003, y que a partir de ahí su empresa Austral Construcciones y otras conexas fueron beneficiarias de la mayor parte de las obras viales de la provincia de Santa Cruz. Que eso habría sido posible porque los funcionarios de confianza de los Kirchner en la provincia fueron integrados al gabinete nacional para hacer negocios con las concesiones. Esa hipótesis fue calificada de ridícula por Cristina Fernández de Kirchner el día de su indagatoria y, además, sostuvo que toda decisión sobre obras y presupuesto pasaba por el Congreso y que aún los DNU eran refrendados allí.
Báez planteó ayer que no pueden atribuirle lo mismo que los funcionarios. No quiso contestar preguntas, algo que es su derecho, pero presentó un descargo. “El dictamen fiscal que me involucra hace un relato de distintas circunstancias administrativas, procesos, controles, autorizaciones, pero lejos está de precisar, individualizar o mostrar algún acto u omisión atribuible, en algún momento témporo espacial al suscripto”, dice un tramo. El defensor le preguntó a Ercolini cuál era la prueba. “Para mí es toda”, le contestó, genéricamente. Ahí el abogado planteó la nulidad y el fiscal Pollicita pidió la palabra. El juez le dijo que sí, pero Rusconi se adelantó y le preguntó si esa intervención implicaba que se le estaba “corriendo vista” ya de la nulidad para que contestara con su posición. Y se armó una discusión. Ercolini terminó habilitando al fiscal a hablar. Pollicita le advirtió a Rusconi que su planteo era sesgado porque él consideraba que sí había actos puntuales referidos a Báez. “Dentro del grupo organizado de personas y funcionarios cada uno tuvo un rol”, contestó. Le dijo que Báez conformó Austral Construcciones “cuatro días antes de la asunción de Kirchner” y participó en “52 licitaciones irregulares”.
Rusconi dijo que el dictamen de la fiscalía estaba plagado de “presunciones antojadizas que revelan el profundo desconocimiento de la obra pública”. Reclamó entonces una serie de medidas de prueba, algunas en coincidencia con las que ya pidieron CFK y el ex ministro de Planificación Julio De Vido: una pericia amplia de la obra pública a nivel provincial y a nivel nacional de 2003 a 2016; la declaración testimonial de las actuales autoridades de la Dirección de Vialidad Nacional para que expliquen objetivos del informe de auditoría que se realizó en enero último; un análisis comparativo de los procesos de licitación de Santa Cruz con los de otras provincias y municipios en el mismo período; un informe de los costos de producción de obra vial para determinar si en Santa Cruz tenía características particulares.
Báez declaró ayer también ante el juez Daniel Rafecas, en una causa iniciada a raíz de una denuncia presentada por el juez Sebastián Casanello a raíz de que el empresario aludió ante la prensa a supuestas presiones para que no hable en la causa por supuesto lavado de dinero en su contra. Báez dijo que considera la decisión de Casanello de mantenerlo preso como un “apriete o amenaza”. En la causa también se analizan mensajes de audio que serían del fiscal Guillermo Marijuán al juez en los que le pediría que trabajen juntos para “meter un gol histórico”.
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