10 de diciembre de 2016

CAMBIEMOS, LA CORTE SUPREMA Y LOS TRIBUNALES FEDERALES
Una alianza funcional

LA primera medida de gobierno fuerte de Mauricio Macri apenas asumió apuntó directo al corazón judicial: nombró dos jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión. Fue un síntoma revelador de por dónde pasa hoy buena parte de la vida política. Los viejos jueces, Ricardo Lorenzetti, presidente supremo, y sus colegas Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, no se la hicieron fácil. Se negaron a tomarles juramento a los elegidos. Horacio Rosatti, peronista de origen, y Carlos Rosenkrantz, abogado de empresas ligado a Clarín, tuvieron que pasar por la audiencia pública de rigor y la votación del Senado. Macri quiso exhibir fuerza frente al fallo que los supremos le habían dejado de regalo para iniciar su gestión: el que obligó a devolver millones de pesos de coparticipación a las provincias. Rosatti es la pata peronista de los nombramientos.
Lorenzetti y Macri no son hoy aliados ni enemigos. Es un vínculo en estado de tensión. Así como frenó el tarifazo del gas, el tribunal dejó en veremos el de la luz, y concedió otros guiños no menores al Gobierno: decisiones regresivas sobre derechos laborales, cierto aval a los despidos en el Estado y el traspaso de la investigación de la muerte de Alberto Nisman al fuero federal, donde se la relacionaría con su denuncia contra Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Fue parte de la contribución suprema al festival de Comodoro Py.
Los jueces federales suelen sobreactuar ante los cambios de gobierno, despabilando expedientes contra los funcionarios que se van. Pero nadie recuerda tanta hiperactividad como este año. Quizá en otros tiempos no eran tan claras las coaliciones político-empresariales, y en especial con los grandes medios, lo que ha hecho que muchos jueces resulten funcionales a ambos ámbitos. Hay que conceder que la imagen del ex secretario de obras públicas José López atrapado en un convento con casi 9 millones de pesos en un bolso y el video de la financiera SGI donde el hijo de Lázaro Báez contaba 5 millones de dólares, alimentaron un clima judicial antikirchnerista y envalentonaron a algunos jueces. Pero algunas imputaciones forzadas al extremo, como la del juez Claudio Bonadio en la causa del dólar futuro contra Cristina y parte de su equipo económico, provocaron una reacción social igualmente apasionada a los pies de los tribunales de Retiro. Bonadio ha sido uno de los grandes beneficiarios de la composición macrista del Consejo de la Magistratura, que le cerró varias denuncias mientras mantiene en vilo a los jueces en los que no confía, como Daniel Rafecas o Eduardo Freiler.
Las causas contra CFK brotan y ya hay procesamientos. Pero también hay expedientes contra Macri o funcionarios de su gestión. La diferencia es que están en la etapa en que jueces o fiscales administran medidas probatorias con lentitud, en un compás de espera. Es cuando queda claro que los expedientes son fuente de poder y una amenaza latente para los denunciados. Macri y su gente tienen causas por su vínculo con sociedades offshore detectadas con los Panama Papers; hay una por favorecer empresas de seguros con contratos en la Operadora Ferroviaria estatal; Gabriela Michetti es investigada por dudas sobre el del dinero robado en su casa y el de la fundación Suma. Está el caso del pacto bilateral con Qatar con una estructura offshore; otro por la emisión de títulos de deuda por 685 mil millones de pesos con tasas que habrían manipulado el valor de la divisa.
Una causa elocuente llevó a que un fiscal pidiera indagar a Daniel Angelici, presidente de Boca y operador en tribunales, por tráfico de influencias: se probaron sus llamadas al ex juez federal Norberto Oyarbide (de poco agrado de Macri, a quien procesó por espionaje) antes de su renuncia. Según testigos, el juez no quería irse y ofrecía investigar la denuncia de Nisman y a CFK. La denuncia, increíblemente, fue de Elisa Carrió, de Cambiemos.   
En el ranking de preocupaciones sociales la situación económica le gana por lejos a la corrupción. Pero cada vez que habla en público Lorenzetti lo señala como “el” tema y estimula a los jueces. Durante el gobierno de CFK apoyó –felizmente– el avance de las causas sobre crímenes del terrorismo de Estado, una tarea para nada terminada. Ante el nuevo gobierno, trasladó el emblemático “Nunca Más” al campo de los delitos contra la administración. Con ese lema, creó órganos especiales para dar a los jueces las funciones previstas para los fiscales en el sistema acusatorio que el Congreso aprobó en 2015 y que el macrismo dilató y dejó en los papeles mientras intentaba eyectar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó: intentó con presiones y no pudo; probó con un proyecto de reforma para acortar su mandato o enjuiciarla, y tampoco pudo. Carrió salió a frenar la propuesta, que facultaba a una comisión bicameral casi a manejar el Ministerio Público.   
Pero el suceso judicial quizá más grave que inauguró la era macrista, con una concepción aberrante de los derechos elementales y contraria a los tratados internacionales de derechos humanos, fue la detención de la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala. Si bien se originó como un asunto local, en Jujuy, tuvo todo el respaldo del Gobierno nacional. La situación de Sala implicó la multiplicación de causas para mantenerla presa (posteriores a su arresto), la manipulación de expedientes, su estigmatización como dirigente mujer, la intromisión del gobernador Gerardo Morales y el armado previo de su Corte a medida. Nada muy distinto de lo que se ve, con modalidades variables, en Comodoro Py, donde un juez hasta quiso llevar por la fuerza a declarar a Hebe de Bonafini.
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