Qué es la ley corta que ayer votó el Senado y ahora pasa a Diputados
Proyecto de impacto acotado
El proyecto oficial habilitaba a las telefónicas a brindar televisión vía satélite en enero de 2019, pero los legisladores postergaron ese desembarco hasta julio de 2020. Lo que sí busca lograrse es la liberación de espectro de Arsat para otorgarlo a los privados.
El Senado le dio media sanción ayer con 46 votos a favor y 11 en contra al proyecto de ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conocido como “Ley corta”. Cuando el ministro de Modernización Andrés Ibarra anunció en febrero que iba a enviar esta iniciativa al Congreso uno de los objetivos principales era lograr la habilitación para que las telefónicas pudieran brindar televisión satelital a partir de enero de 2019. Sin embargo, los cambios introducidos por los legisladores postergaron esa posibilidad hasta julio de 2020 en las grandes ciudades y hasta 2022 en las más chicas. Lo que sí tendrá efecto inmediato si el proyecto se convierte en ley es el cambio que se introduce en la ley de Desarrollo de la Industria Satelital que le reservaba a Arsat bandas de frecuencia de espectro con carácter preferencial, las cuales ahora podrán pasar a manos de los privados. El proyecto promueve además la compartición de infraestructura pasiva para acelerar el despliegue de redes.
Desde el 1 de enero de este año, las telefónicas pueden brindar televisión en todas las localidades del país, salvo las de menos de 80 mil habitantes o en aquellos distritos donde actualmente el servicio es prestado únicamente por cooperativas o pymes, donde deberán esperar al menos hasta enero de 2019.
El decreto 1340/16 preveía que la competencia comenzaría en enero inicialmente sólo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y las ciudades de Santa Fe, Córdoba y Rosario, pero el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) amplió el área a través de la resolución 5641/17 publicada el 22 de diciembre en el Boletín Oficial, el día después de aprobar la fusión Telecom- Cablevisión, que el viernes pasado también obtuvo el visto bueno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Pese a ello, la competencia continúa siendo limitada porque Telefónica y Claro no tienen una red de fibra óptica que les permita hacerle frente al poder de mercado de Telecom-Cablevisión. Para acelerar esa competencia, venían reclamando que se las habilite a brindar televisión vía satélite, algo que está prohibido por el DNU 267/2015. El año pasado el gobierno dejó trascender que las habilitaría a través de otro DNU, pero, luego de un fuerte lobby de las cableras, Ibarra informó en febrero que enviarían un proyecto de ley para que sea el Congreso el encargado de definir.
Esa habilitación es la que se discutió ayer en el Congreso, aunque algunos senadores parecieron no estar muy al tanto del tema. “¿Qué es lo que estamos votando? Estamos habilitando a Telefónica y a Claro a que pongan plata, a que pongan fibra óptica en el suelo. Tienen dos años para hacerlo”, aseguró el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, pese a que las telefónicas nunca tuvieron limitación para invertir en fibra óptica. Más desconcertante resultó la intervención de Oscar Castillo, senador del Frente Cívico y Social de Catamarca, aliado de Cambiemos, quien aseguró que es importante “la cuestión de la competencia, el uso de la infraestructura y, más que nada, que se puedan controlar los megawatts (sic) y todas estas cuestiones que nos llegan y salen”.
Algunos legisladores de la oposición aprovecharon la oportunidad para criticar al gobierno por la decisión de autorizar la fusión Cablevisión-Telecom al mismo tiempo que dice promover la competencia con la “ley corta”. “El Grupo Clarín no tiene aliados estratégicos, tiene socios ocasionales. Una vez que obtiene de esos socios lo que necesita los mata. Empiecen a cuidarse porque en la medida en que le han entregado lo último que quería, que era autorizar la fusión, van a ver lo que viene”, sostuvo Marcelo Fuentes, senador del Frente para la Victoria por Neuquén.
El proyecto enviado por el Ejecutivo habilitaba a las telefónicas a brindar televisión vía satélite a partir de enero de 2019, pero los senadores patearon para adelante esa fecha. En Buenos Aires, Córdoba y Rosario recién podrían brindar el servicio a partir de julio de 2020. Esa posibilidad se extenderá al resto de las ciudades de más de 100.000 habitantes en enero de 2021, mientras que en las localidades de menos de 100.000 habitantes, recién podrán hacerlo a partir del 1 de enero de 2022. Los que se verán perjudicados con esta medida son los consumidores que tendrán que seguir esperando por una mayor competencia que mejore los servicios.
El freno a las telcos es un triunfo de los cableros, pero las telefónicas tampoco dieron la pelea a fondo porque su foco ahora está puesto en expandir la red de fibra, pues consideran que es la única manera para hacerle frente al Grupo Clarín. La fuerte suba del dólar registrada en los últimos meses operó como un fuerte desincentivo para competir vía satélite.
Otro punto clave del proyecto es la modificación artículo 11 de la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital. El texto original decía: “Resérvanse con carácter preferencial a la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT las bandas de frecuencias que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente ley”. En ese anexo II se reservaban para la compañía estatal 130 MHz en distintas bandas de frecuencia. El gobierno de Mauricio Macri había prometido que iba a poner el espectro a disposición de los privados, pero para ello necesita modificar la ley de Desarrollo de la Industria Satelital.
El proyecto promueve además la compartición de infraestructura pasiva para acelerar el despliegue de redes. Esta última medida no solo habilita a los licenciatarios privados a compartir torres, postes y ductos entre sí sino que también pone a disposición de esas firmas la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) de Arsat. En primera instancia, las partes deberán tratar de ponerse de acuerdo, pero si no lo logran el Ente Nacional de Comunicaciones será el encargado de intervenir.
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