Plan C

El Ciadi confirmó que las empresas de peajes retiraron su demanda en tiempo récord

Un buen pago puede hacer milagros

Sin negociar y en menos de un mes, el gobierno de Macri abonó casi 500 millones de dólares a las concesionarias de peajes. 

Por Sofía Caram

El Ciadi le confirmó a la justicia argentina que las empresas de peajes retiraron en tiempo récord la demanda que habían presentado contra el Estado. La principal hipótesis de la causa es que esa denuncia fue una puesta en escena para justificar el pago de casi 500 millones de dólares a las concesionarias. El tribunal internacional llegó a poner fecha para una primera audiencia, que nunca se realizó. De esta manera, el organismo confirmó oficialmente que, sin negociar ni una sola vez y en menos de un mes, el gobierno de Macri aceptó entregar esa suma millonaria a Autopistas del Sol SA, donde Socma --de la familia presidencial-- llegó a tener el 23 por ciento de la participación accionaria.

Entre las distintas medidas de prueba impulsadas por el juez Rodolfo Canicoba Corral se incluyó un pedido de informe al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). Si bien había poca expectativa respecto de la colaboración del organismo con sede en Washington, finalmente la información fue enviada vía Cancillería Argentina y ya es una foja más de la causa, a la que tuvo acceso Página 12.

El tribunal que depende del Banco Mundial notificó que abrió el expediente ARB/15/48, el 7 de diciembre de 2015, a partir de la demanda de la que había presentado la firma española Abertis, controlante de Ausol y Grupo Concesionario del Oeste. Mauricio Macri ya había ganado las elecciones y faltaban sólo tres días para la toma del mando.

En el escrito, el Ciadi detalla paso a paso cómo fue el proceso de la demanda que amenazaba con sacarle al Estado 1.135 millones de dólares. Los tiempos son lentos en este tipo de trámites, que suelen durar años e incluyen numerosos encuentros entre las partes. En este caso transcurrieron tres años desde la presentación de la apertura de la causa hasta que Abertis desistió de la denuncia. Sin embargo, pasó solamente un mes entre que el Estado y la compañía le informaron al Tribunal que había un proceso de acuerdo y el cierre definitivo del expediente. Curiosamente, sin una sola audiencia presencial ante el organismo dependiente del Banco Mundial, las partes llegaron a un acuerdo en tiempo record.

Del detalle de los movimientos del expediente que cursó en el Ciadi y las fechas de cada uno de ellos se desprende que la Dirección Nacional de Vialidad -a cargo en su momento de Javier Iguacel- en ningún momento buscó ganarle la contienda a los empresarios ni agotar las instancias judiciales en la Argentina. Por el contrario, le reconoció los casi 500 millones de dólares a Ausol en calidad de inversiones no amortizadas, al tiempo que renovó los contratos por decreto presidencial, sin llamado a licitación ni dar intervención al Congreso.

El organismo le informó al juzgado de instrucción número 6 que el 30 de septiembre de 2016 hubo una primera y única sesión de arbitraje por conferencia telefónica. Un año después, el 10 de octubre de 2017 el Tribunal fijó fecha para una audiencia presencial. El encuentro debía ser en Washington el 13, 14 y 15 de Junio de 2018 y luego se pospuso para el 20 y 21 de agosto. Esa mediación nunca sucedió. Un mes antes de la fecha prevista para negociar cara a cara, el 6 de agosto de 2018, las partes le informaron al Ciadi que había una “proceso de aveniencia de la diferencia” y que acordaron “cancelar la audiencia”. Y tan solo 39 días después, el 13 de agosto de 2018 la demanda fue retirada: “Abertis le solicita respetuosamente al Tribunal que deje constancias de la terminación del procedimiento”.

Quien representaba al Estado era el Procurador del Tesoro, Carlos Balbín. En uno de sus dictámenes el letrado buscó revertir el argumento de las concesionarias ante el Ciadi, que afirmaban que debían ser compensadas por el supuesto congelamiento de los cuadros tarifarios de la gestión anterior. Luego de eso y de su actuación en la misma dirección -defender las arcas estatales- en la causa Correo, Balbín fue desplazado. En su lugar fue colocado Bernardo Saravia Frías, ex letrado de la familia Macri. El corrimiento de Balbín terminó de despejar el camino para que Iguacel y el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich negociaran sin trabas con las empresas. Mientras ambos funcionarios anunciaban como un gran logro que habían logrado frenar una demanda millonaria contra la Argentina, le entregaban a los holdings casi todo lo que exigían. Según la denuncia todo fue “una gran puesta en escena”. Abertis, por la participación accionaria de la empresa del Presidente Macri en Ausol, ya sabía que los contratos iban a prorrogarse y que el Estado iba a estar dispuesto a pagar. El Gobierno, por su parte, ya sabía que Abertis nunca avanzaría con la demanda ante del Ciadi.

En paralelo, como ya detalló este diario, el copamiento de Vialidad Nacional por parte de ex directivos de Iecsa y de Sideco Americana terminó de garantizar los múltiples beneficios para los consorcios en las condiciones obtenidas para los nuevos contratos de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Ambos extendidos hasta el año 2030 y cuya vigencia podría ponerse en cuestión en caso de quedar demostrado el fraude contra el Estado. 

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