Por decreto Javier Milei permitirá que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior
Con los decretos 1107 y 1112, el presidente Javier Milei habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior. Este movimiento, presentado como respuesta a las “nuevas amenazas”, plantea interrogantes graves sobre los principios democráticos y los riesgos de la militarización de los conflictos sociales. En la nota, un análisis crítico sobre los decretos que rompen con una doctrina clave de la democracia argentina.
(Por Osvaldo Peralta) El gobierno de Javier Milei ha proclamado un discurso de desguace estatal en varias áreas clave. Sin embargo, en otros sectores, como la defensa nacional, está ocurriendo lo contrario. Con dos decretos firmados en diciembre de 2024, Milei expande el poder de las Fuerzas Armadas, permitiendo su intervención en asuntos de seguridad interior, una decisión que rompe con uno de los pilares fundamentales de la democracia argentina: la separación entre defensa y seguridad.
Históricamente, Argentina estableció una clara distinción entre ambos conceptos después de los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1976-1983). Desde entonces, las Fuerzas Armadas solo podían actuar ante agresiones externas. Milei, con su conocido estilo provocador y desafiando consensos democráticos, decidió ignorar al Congreso y avanzar con decretos que concentran un poder desmedido en el Ejecutivo.
El decreto 1107 habilita a las Fuerzas Armadas a custodiar “objetivos de valor estratégico”, una categoría imprecisa que incluye desde represas hasta infraestructuras digitales. Antes, estas tareas requerían estados de emergencia o la formación de un comité de crisis. Ahora, la decisión recae exclusivamente en el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, una figura polémica que ya había intentado medidas similares durante el gobierno de Mauricio Macri.
El decreto 1112 profundiza el alcance de esta reforma al permitir que los militares intervengan en amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el cibercrimen. Incluso, autoriza a las Fuerzas Armadas a ejercer funciones de poder de policía, como la detención de personas. Este cambio doctrinario se presenta como una respuesta a las “nuevas amenazas”, pero en realidad reaviva temores de militarización de conflictos sociales.
La oposición política y las organizaciones de derechos humanos no tardaron en manifestarse. Diputados del Frente de Todos expresaron su “profunda preocupación”, acusando a Milei de “avanzar sobre el Congreso” y violar leyes vigentes. Para el Frente de Izquierda, los decretos representan “una violación flagrante” que debería ser anulada.
Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió sobre el riesgo de que el gobierno utilice estas normas para militarizar conflictos sociales. “El temor es que cualquier oposición organizada, desde manifestantes hasta comunidades indígenas, sea etiquetada como amenaza terrorista”, alertó. Este escenario no es descabellado, considerando que Milei ha descalificado reiteradamente a sus críticos como “enemigos del progreso”.
Sabina Frederic, exministra de Seguridad, señaló que estas medidas no solo son ideológicamente cuestionables, sino también instrumentalmente inviable. “Argentina ya cuenta con una de las tasas más altas de policías por habitante y fuerzas como la Gendarmería, capacitadas para estas tareas. Involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior no es solo innecesario, sino potencialmente desastroso”, sostuvo.
La experiencia en otros países latinoamericanos confirma estos riesgos. En México, la militarización del combate al narcotráfico derivó en un aumento de la violencia y la violación sistemática de derechos humanos. En Argentina, las cicatrices del pasado deberían ser un recordatorio suficiente para evitar repetir errores similares.
Los decretos también representan un golpe al equilibrio institucional. Al concentrar decisiones en el Poder Ejecutivo y reducir la participación del Congreso y el Consejo de Defensa Nacional, se diluyen los mecanismos de supervisión democrática. Esto contradice el principio republicano de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
Además, el uso de las Fuerzas Armadas para tareas internas compromete su rol principal de defensa nacional. Como explica un experto en derecho constitucional, “las doctrinas militares se basan en la aniquilación del enemigo, no en la gestión de conflictos sociales. Esta confusión de roles podría tener consecuencias catastróficas”.
Los decretos de Milei plantean una pregunta fundamental: ¿Estamos construyendo un sistema más seguro o sembrando las semillas de nuevas tensiones y desequilibrios? La historia argentina enseña que la militarización de la seguridad interior no solo es ineficaz, sino también peligrosa. En un contexto donde las instituciones democráticas son constantemente desafiadas, preservar la separación entre defensa y seguridad es una tarea urgente e ineludible.
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