Guillermo Madero será jefe de gabinete de Defensa
Presti ascenderá a un funcionario que obstaculizó la búsqueda de los bebés robados y visitó represores
Es uno de los que sostiene que se “persiguió” a los militares y que hay una “industria del juicio de derechos humanos”.
Carlos Presti todavía no asumió al frente del Ministerio de Defensa, pero ya tiene decidido quién será su jefe de gabinete. Guillermo Madero, actual subsecretario de la cartera, ya agradeció en redes sociales las felicitaciones por su ascenso. La elección de Madero no despeja las dudas que sembró la designación de Presti, hijo de un represor que fue procesado y detenido por secuestros y desapariciones perpetrados durante la última dictadura. Madero tiene como antecedentes haber obstaculizado la búsqueda de bebés robados durante el terrorismo de Estado y haber ido a visitar a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
“Gran responsabilidad, un orgullo acompañarlo”, escribió en X Madero después de que el periodista Eduardo Feinmann tuiteó que la primera decisión que había tomado Presti sería quién será su jefe de gabinete.
Madero proviene de Cambiemos. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Patricia Bullrich lo designó director nacional de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos. En ese momento, destacaban que era un hombre que venía del riñón de Guillermo Montenegro, actual intendente de General Pueyrredón y uno de los dirigentes del PRO que se calzaron el buzo violeta de La Libertad Avanza (LLA).
Su llegada al Ministerio de Defensa se dio de la mano de Luis Petri. Fue primero subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar. Luego, lo designaron subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria. En algún momento trascendió que un sector de retirados lo auspiciaba como reemplazo del mendocino.
Mientras estaba en la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, Madero fue el primero en dar una señal de cambio desde el Ministerio de Defensa. En febrero de 2024, rechazó enviar una historia clínica que había pedido la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que asiste a las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de bebés robados durante el terrorismo de Estado.
La nota se difundió en redes vinculadas a los sectores pro-impunidad. Entre los argumentos que vertía Madero para rechazar la remisión de la documentación estaba que el Poder Ejecutivo no puede conducir investigaciones, algo que, a su entender, le correspondería únicamente al Ministerio Público Fiscal (MPF).
No fue el único embate contra la Conadi. En mayo del año pasado, Bullrich se plegó a la estrategia de negarle información y, a través de un comunicado oficial, la calificó como un “organismo militante”. Dos meses después, Javier Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de esa institución y que le permitía acceder a archivos en poder del Estado para encontrar a los nietos y a las nietas de las Abuelas de Plaza de Mayo.
El 7 de marzo de 2024, Madero fue uno de los dos funcionarios que visitó a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Quien lo acompañó fue el entonces director nacional de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario, Lucas Miles Erbes, quien luego salió eyectado de la gestión.
La visita fue confirmada a Página/12 a través de un pedido de acceso a la información. Allí, el Ministerio sostenía que la recorrida había sido para ver el estado de las instalaciones. Sin embargo, este diario recogió la versión de que los represores habían quedado muy esperanzados tras el encuentro con los funcionarios de Petri.
Pocas semanas después, Petri echó a los integrantes de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental, que funcionaban en Defensa desde 2010. Esos grupos, catalogados como “nefastos” por el ministro, se dedicaban a aportar información requerida por la justicia para el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad.
Después de que este medio informó lo que había sucedido en Defensa, el fiscal general Miguel Palazzani –que interviene en las causas por lesa humanidad en Bahía Blanca y Neuquén– envió un oficio al ministerio pidiendo que preserve el acervo documental.
El oficio cayó mal en el edificio Libertador. Fue Madero quien respondió al requerimiento de Palazzani con una nota al procurador interino Eduardo Casal, recordando que no puede haber comunicación directa entre fiscales y el Poder Ejecutivo, sino que esta debe estar mediada por la Procuración General de la Nación. Acto seguido, Casal llamó la atención a Palazzani, cuyo único interés era evitar que se perdiera información clave para las causas.
A principios de mes, el fiscal Félix Crous denunció al director general del Estado Mayor de la Armada, Juan Carlos Coré, por el intento de destruir información almacenada en el Archivo General de esa fuerza. En su presentación, Crous sostuvo que había que leer la intentona dentro del contexto en el que ocurrió y enumeraba una serie de hechos que darían cuenta de un “esfuerzo persistente y coordinado dirigido a obstruir la preservación de la prueba de los delitos cometidos durante la última dictadura”. El primer hecho que mencionaba era la negativa de Madero de entregar los legajos que había solicitado la Conadi.
En una columna publicada en el portal Infobae en julio, Madero se refirió a una supuesta “doctrina Petri” en relación con las Fuerzas Armadas, que incluye su intervención en tareas de seguridad interior y que termina con la llamada “doctrina (Nilda) Garré”, que restringía su actuación únicamente como respuesta a ataques de otros Estados.
“A través de una visión ideológica restrictiva y una interpretación parcial de la memoria histórica —enfocada únicamente en la vertiente terrorista de los 70— se relegó a las Fuerzas Armadas a un papel meramente testimonial. Su subordinación se acentuó hacia políticas centradas exclusivamente en derechos humanos, perspectivas de género y actos de memoria, sin considerar la integralidad histórica a la que llamamos ‘memoria completa’”, se quejó, con amargura, Madero.
El funcionario no se privó de hablar de la “industria de los juicios de derechos humanos”, repitiendo una fórmula que ya había empleado Victoria Villarruel durante la campaña. “Este proceso de invisibilización incluyó una persecución, como lo fue el caso del grupo creado en el ámbito del Ministerio de Defensa, con acceso irrestricto a todos los antecedentes del personal militar, y que involucró revisiones discrecionales de legajos de personal militar con portación de apellido, hasta operaciones políticas en medios de comunicación oficialistas, actuando como un organismo parajudicial, que sirvió para la industria de los juicios de derechos humanos llevados a cabo durante esas dos décadas”, se quejó.
Treinta y seis fiscales subrayaron el valor de los ERyA para investigar crímenes de lesa humanidad, a contramano de la crítica que hace quien ocupará –de confirmarse– la jefatura de gabinete del Ministerio de Defensa.
Desde la Casa Rosada presentan mientras tanto la llegada de Presti, un militar en actividad, a la cartera como el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas. Para otros, implica un mensaje contra la rendición de cuentas por parte de quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante la última dictadura --algo que hizo de la Argentina un ejemplo en el mundo.
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