La deuda con las obras sociales aumenta la tensión con la CGT
Otra deuda millonaria del Gobierno
La gestión libertaria se había comprometido a pagar 60 mil millones de pesos antes de fin de año pero solo desembolsó un tercio de lo pactado.
En medio de la tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT) por la retrógrada reforma laboral que impulsa la Casa Rosada, el Gobierno incumple el pago millonario de una deuda con las obras sociales sindicales que se financia con el aporte de los propios trabajadores. El monto adeudado por el Gobierno alcanzaba los 60.000 millones de pesos, por el que en octubre pasado, a través del ministerio de Salud y en la previa de la elección legislativa nacional, acordó con los gremios un esquema de tres pagos durante el último trimestre de este año pero a escaso días de terminar el calendario 2025 pagó apenas un poco mas de un tercio del acuerdo pactado: 23.000 millones de pesos.
Desde el Ejecutivo explican que la demora no responde a una decisión política ni a la disputa con la CGT por la reforma laboral, y se la adjudican a la complejidad administrativa del proceso. Según el propio Gobierno, los reclamos involucran 2,3 millones de expedientes, algunos correspondientes a años anteriores a 2021, e incluso con presentaciones que se remontan a 2019.
Cada uno de esos trámites, aseguran, debe ser revisado de manera individual. Un argumento reiterado por los funcionarios mileístas para no cumplir con las leyes ni desembolsar recursos económicos a los sectores más castigados por la motosierra libertaria.
Desde el Gobierno argumentaron que “es una deuda histórica, tiene más de seis años”. El acuerdo original contemplaba distribuir los fondos en tres etapas entre todas las obras sociales que hubieran presentado la documentación.
En la Casa Rosada insisten en que el proceso continúa, que los pagos se realizan “por tandas” y que, una vez alcanzado un volumen significativo de expedientes validados, se libera el dinero correspondiente. Pero nadie da precisiones sobre cuándo se retomarán los desembolsos, ni por qué se interrumpieron luego del primer pago comprometido.
Plata de los trabajadores
Los fondos destinados a regularizar la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente del salario de los trabajadores registrados. Durante la gestión del Frente de Todos, una parte de esos recursos fue transferida a una cuenta del Banco Nación para generar intereses y utilizarse luego en reintegros por prestaciones especiales, como discapacidad o tratamientos de alto costo.
De acuerdo a la información que manejan los dirigentes sindicales involucrados en la negociación, esos fondos no habrían sido utilizados desde el cambio de gobierno (hace dos años), y estiman que el monto acumulado podría rondar los 300.000 millones de pesos. Una situación que alimenta el malestar gremial, que denuncia una retención de recursos que pertenecen a los trabajadores.
El Gobierno quiso atar su incumplida promesa de pago de la deuda al compromiso cegetista de bajar la conflictividad gremial, pero el planteo fue rechazado por la central sindical.
La masiva movilización de las centrales sindicales el 18 de diciembre en Plaza de Mayo contra la reforma laboral que derriba derechos conquistados por los trabajadores por mas de siete décadas, recrudeció el conflicto con la CGT con el Gobierno en medio de una ola de cierres de empresas y despidos masivos por la política económica oficial.
En el Gobierno no descartan que la incautación de los millonarios recursos acumulados con el aporte de los propios trabajadores, sirva como moneda de negociación. Aunque difícilmente la tensión con los gremios disminuya ante la embestida libertaria que pretende avanzar con la reforma laboral en febrero (durante la extensión de sesiones extraordinarias del Congreso).
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