MARCELO ROMA DEBIÓ DEJAR EL CASO POR ORDEN DEL JUEZ FACUNDO CUBAS
Apartaron al fiscal que tenía paralizada la causa contra Macri por la UCEP
La decisión sobrevino tras el pedido de una víctima de los operativos de "limpieza" del espacio público. Dudas sobre el futuro de la pesquisa.
Indigentes - La población vulnerada de la Ciudad fue la más violentada por la ex Unidad de Control del Espacio Público.
Tras más de un año de inactividad del expediente, el fiscal que debía impulsar la causa contra el jefe de gobierno, Mauricio Macri, por los abusos de la ex Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), y que pidió su sobreseimiento, fue separado de la dirección de la investigación. La decisión fue adoptada por el juez de instrucción Facundo Cubas. Sobrevino luego de que la querella que representa a una de las indigentes golpeada por la patota que realizaba operativos de "limpieza" del espacio público recurriera a la Ley de Procedimientos Administrativos para remover al fiscal, algo que amenazaba con crear un escándalo puertas adentro del Poder Judicial.
El 11 de julio de 2013, después de un año de que la causa registrara un parate absoluto por una maniobra de la defensa del alcalde, la Sala II de la Cámara de Casación dispuso que se retomara la investigación contra Macri. Se lo acusaba de conocer el accionar ilegal de la patota de la UCEP, que registró 17 hechos de violencia denunciados, con testimonios y documentación. Pero el fiscal Marcelo Roma no adoptó ninguna medida de prueba adicional en todo ese tiempo.
Macri había sido sobreseído a fines de 2011 por pedido del fiscal y en una decisión que la jueza subrogante María Fontbona de Pombo tomó horas antes de la feria judicial de verano. Sin embargo, la Cámara del Crimen anuló la resolución que tenía al líder del PRO como único beneficiario, en abril de 2012. Desde entonces, su defensa intentó bloquear el expediente en Casación, algo que se llevó otro año sin que nadie investigara las irregularidades.
Ante esa inactividad, Adrián Albor –abogado que representa a la víctima Graciela Cisneros– intentó apartar al fiscal que tenía delegada la instrucción, y contaba con todo el poder de impulsar la causa pero no lo hacía. Puntualmente, solicitó que se revoque aquella delegación que hizo Cubas ya que el fiscal tampoco había devuelto la causa, a pesar de que entendía que no había motivos para continuar.
Esa situación de parálisis se tornó en un nuevo laberinto: el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, no accedió al pedido para removerlo y designar otro fiscal a cargo. Afirmó que no tenía elementos sobre los que expedirse porque la decisión de que Macri siguiera imputado estaba firme, lo que dejó un vacío acerca del pedido de continuidad de Roma en la causa.
La querella recurrió a la Ley de Procedimientos Administrativos como una vía que, con antecedentes a favor de la Corte Suprema, pudiera salvar la situación. La disputa podría haber escalado hasta la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, como jefa de los fiscales, y luego a la justicia en lo contencioso administrativo. Cubas evitó que la situación pasara a mayores, y decidió él mismo revocar la delegación en el fiscal y retomar la dirección de la investigación.
La causa está prácticamente empantanada desde sus inicios, en 2008. A pesar de que ahora Cubas estará al frente del expediente, no hay garantías sobre si esto logrará que se imprima una nueva dinámica. Hay pruebas documentales que nunca han llegado a ser incorporadas, como la copia de un disco rígido que pertenecía a la UCEP, con datos, mapas, fotos y archivos.
Varios de los implicados fueron reciclados pese al escándalo, y terminaron distribuidos en puestos relevantes en la administración PRO. «
El 11 de julio de 2013, después de un año de que la causa registrara un parate absoluto por una maniobra de la defensa del alcalde, la Sala II de la Cámara de Casación dispuso que se retomara la investigación contra Macri. Se lo acusaba de conocer el accionar ilegal de la patota de la UCEP, que registró 17 hechos de violencia denunciados, con testimonios y documentación. Pero el fiscal Marcelo Roma no adoptó ninguna medida de prueba adicional en todo ese tiempo.
Macri había sido sobreseído a fines de 2011 por pedido del fiscal y en una decisión que la jueza subrogante María Fontbona de Pombo tomó horas antes de la feria judicial de verano. Sin embargo, la Cámara del Crimen anuló la resolución que tenía al líder del PRO como único beneficiario, en abril de 2012. Desde entonces, su defensa intentó bloquear el expediente en Casación, algo que se llevó otro año sin que nadie investigara las irregularidades.
Ante esa inactividad, Adrián Albor –abogado que representa a la víctima Graciela Cisneros– intentó apartar al fiscal que tenía delegada la instrucción, y contaba con todo el poder de impulsar la causa pero no lo hacía. Puntualmente, solicitó que se revoque aquella delegación que hizo Cubas ya que el fiscal tampoco había devuelto la causa, a pesar de que entendía que no había motivos para continuar.
Esa situación de parálisis se tornó en un nuevo laberinto: el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, no accedió al pedido para removerlo y designar otro fiscal a cargo. Afirmó que no tenía elementos sobre los que expedirse porque la decisión de que Macri siguiera imputado estaba firme, lo que dejó un vacío acerca del pedido de continuidad de Roma en la causa.
La querella recurrió a la Ley de Procedimientos Administrativos como una vía que, con antecedentes a favor de la Corte Suprema, pudiera salvar la situación. La disputa podría haber escalado hasta la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, como jefa de los fiscales, y luego a la justicia en lo contencioso administrativo. Cubas evitó que la situación pasara a mayores, y decidió él mismo revocar la delegación en el fiscal y retomar la dirección de la investigación.
La causa está prácticamente empantanada desde sus inicios, en 2008. A pesar de que ahora Cubas estará al frente del expediente, no hay garantías sobre si esto logrará que se imprima una nueva dinámica. Hay pruebas documentales que nunca han llegado a ser incorporadas, como la copia de un disco rígido que pertenecía a la UCEP, con datos, mapas, fotos y archivos.
Varios de los implicados fueron reciclados pese al escándalo, y terminaron distribuidos en puestos relevantes en la administración PRO. «
Fueros federales para Colombi
La Corte Suprema de Justicia falló en contra de la defensa del gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi (UCR), en una causa por presunta evasión impositiva. El tribunal decretó que el caso debe resolverse en los estrados federales y no en la justicia provincial, como pedían los abogados del mandatario provincial. Así resolvió un planteo de supuesto conflicto de competencia en una causa que investiga al mandatario provincial por presuntas maniobras fraudulentas para la compra de dos inmuebles.
Tiempo argentino
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