Los pasos que deberá atravesar la denuncia de Nisman sobre el presunto plan para favorecer a Irán
El juez Lijo analiza las escuchas para definir si se cometió delito
Por ahora el magistrado trabaja en la transcripción de los CD. Deberá determinar si hay alguna imputación para formular a los mencionados, e impulsar una investigación.
Tiempos - Hasta que finalice la feria de enero, Lijo no prevé tomar decisiones sobre la denuncia presentada por Nisman.
La justicia federal está analizando si existe prueba alguna para avanzar en la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, sobre un presunto plan criminal para encubrir a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. En sigilo, desde que decidió anticipar su regreso y abrir la feria tras la muerte del fiscal, el juez Ariel Lijo dispuso una serie de medidas para verificar la "base fáctica" de los hechos denunciados por Nisman, con el objetivo de identificar si, más allá del impacto institucional que causó, existe un delito que deba ser investigado en el extenso escrito en el que se planteó la existencia de un plan gubernamental para encubrir y desviar la causa. La transcripción de las cientos de horas de escuchas telefónicas impondrá el ritmo de trabajo. No habrá definiciones antes de los primeros días de febrero, cuando, de existir elementos para impulsar la causa, se defina qué juez deberá investigarla.
Volvió antes de sus vacaciones, decidió abrir la feria, buscó preservar la prueba, ofreció protección para algunos de los acusados y comenzó a trabajar en el análisis de las intervenciones telefónicas. Así, Lijo reaccionó tras la muerte de Nisman, luego de que la justicia federal evitara dar un respaldo a la denuncia cuando la jueza María Servini de Cubría descartó abrir la feria para tratarla. Esta decisión intentó contener la conmoción por la muerte del fiscal que también llegó a los tribunales de Comodoro Py. Ordenó resguardar las copias de las escuchas que estaban en la UFI AMIA y articuló junto al fiscal federal Ramiro González una estrategia para avanzar con cautela en el contenido de la denuncia. A partir de febrero, el trámite adquirirá una nueva dinámica.
Más allá de las 300 fojas plagadas de consideraciones políticas y conjeturas, donde Nisman expuso su hipótesis, la prueba con la que lo fundamentó y que consta en la causa es la siguiente:
Volvió antes de sus vacaciones, decidió abrir la feria, buscó preservar la prueba, ofreció protección para algunos de los acusados y comenzó a trabajar en el análisis de las intervenciones telefónicas. Así, Lijo reaccionó tras la muerte de Nisman, luego de que la justicia federal evitara dar un respaldo a la denuncia cuando la jueza María Servini de Cubría descartó abrir la feria para tratarla. Esta decisión intentó contener la conmoción por la muerte del fiscal que también llegó a los tribunales de Comodoro Py. Ordenó resguardar las copias de las escuchas que estaban en la UFI AMIA y articuló junto al fiscal federal Ramiro González una estrategia para avanzar con cautela en el contenido de la denuncia. A partir de febrero, el trámite adquirirá una nueva dinámica.
Más allá de las 300 fojas plagadas de consideraciones políticas y conjeturas, donde Nisman expuso su hipótesis, la prueba con la que lo fundamentó y que consta en la causa es la siguiente:
–Escuchas telefónicas de los abonados N° 11-3238-4699, 11-3315-6908, 11-3964-0799 y 11-6224-0263, tres celulares y una línea fija correspondientes a Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, dirigente comunitario iraní al que Nisman consideró un enlace con Teherán y con Mohsen Rabbani. Allí se registran diálogos con Luis D'Elía, con Fernando Esteche y con el presunto "espia" Allan Bogado. Lijo también le pidió al juez de la causa principal, Rodolfo Canicoba Corral, que le certifique de qué manera habría autorizado esta escucha en 2008, y que le remita los antecedentes del pedido de Nisman, ya que para formular esta denuncia el fiscal no pidió nuevas intervenciones. Las conversaciones quedaron registradas en 961 CD resumidas en 19 discos cuyas transcripciones serán realizadas por el juzgado de Lijo.
–Declaración testimonial del extinto periodista José "Pepe" Eliaschev, cuya publicación acerca de una negociación espuria entre Argentina e Irán por intercambios comerciales fue el puntapié inicial para que Nisman justifique la existencia de un plan criminal. Allí Eliaschev declara haber tenido contacto con un documento interno del gobierno iraní en inglés, no en farsí, en el que se plantearía un giro en la política exterior local en lo que refiere al atentado. También se anexó una declaración de D'Elía ante Nisman.
–Dos notas del Ministerio de Relaciones Exteriores y un oficio dirigido al jefe del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, cuya fecha es mayo de 2014.
–Copias de los artículos periodísticos que le sirvieron al fiscal para hilvanar prácticamente toda la denuncia. Allí están todos los principales medios como Tiempo Argentino, Perfil, Clarín, Página/12, Infobae, La Nación, IranDailyBrief, Agencia Judía de Noticias e IRNA, entre otros.
–Otro disco que contiene nueve archivos de audio y de video con presentaciones públicas, que se encuentran descriptas en la denuncia.
Una de las primeras medidas adoptadas por Lijo fue exigir a la Secretaría de Inteligencia (SI) que confirme si Ramón Héctor Allan Bogado y el ex fiscal Héctor Yrimia –mencionados en la denuncia como presuntos espías– formaban parte del organismo, a partir de la instrucción presidencial de la desclasificación de cualquier información vinculada a la causa. La respuesta del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli fue que ninguno de los dos "pertenece ni ha pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio" de la ex SIDE. Ante la respuesta, Lijo ordenó la protección de Bogado y de Yrimia. Fuentes judiciales informaron que de todas formas avanzarán sobre la investigación de ambos para establecer si pudieron haber sido personal "inorgánico", o si han prestado algún tipo de colaboración a la SI. Sobre Bogado pesa una denuncia por "tráfico de influencias" porque, no siendo agente de plantilla, se presentaba ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como espía, según informó la SI a través del registro del Departamento de ContrainteIigencia de la Dirección General de Operaciones, que conducía Antonio Stiusso. Los hallazgos en aquel expediente a cargo del juez federal Luis Rodríguez podrían ser solicitados como parte de la prueba. Bogado rechazó la custodia, pero Lijo decidió reforzar su seguridad de todos modos.
Yrimia, por su parte, fue candidato a diputado en 2009 por el Partido de la Ciudad en tándem con Jorge Giorno. Se identifica como presidente de la Fundación DACSSI (Defensa de los Activos Críticos mediante Sistemas de Seguridad Inteligente) y afirma haber sido entrenado "por las Agencias Federales de los Estados Unidos de América, tales como el FBI, DEA, Servicio Secreto y Aduana, en la lucha contra delitos de alta complejidad". Fuentes del mercado de la seguridad privada relataron que se manejaba en relación con políticos y empresarios, y daba conferencias sobre la temática antisecuestros.
–Declaración testimonial del extinto periodista José "Pepe" Eliaschev, cuya publicación acerca de una negociación espuria entre Argentina e Irán por intercambios comerciales fue el puntapié inicial para que Nisman justifique la existencia de un plan criminal. Allí Eliaschev declara haber tenido contacto con un documento interno del gobierno iraní en inglés, no en farsí, en el que se plantearía un giro en la política exterior local en lo que refiere al atentado. También se anexó una declaración de D'Elía ante Nisman.
–Dos notas del Ministerio de Relaciones Exteriores y un oficio dirigido al jefe del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, cuya fecha es mayo de 2014.
–Copias de los artículos periodísticos que le sirvieron al fiscal para hilvanar prácticamente toda la denuncia. Allí están todos los principales medios como Tiempo Argentino, Perfil, Clarín, Página/12, Infobae, La Nación, IranDailyBrief, Agencia Judía de Noticias e IRNA, entre otros.
–Otro disco que contiene nueve archivos de audio y de video con presentaciones públicas, que se encuentran descriptas en la denuncia.
Una de las primeras medidas adoptadas por Lijo fue exigir a la Secretaría de Inteligencia (SI) que confirme si Ramón Héctor Allan Bogado y el ex fiscal Héctor Yrimia –mencionados en la denuncia como presuntos espías– formaban parte del organismo, a partir de la instrucción presidencial de la desclasificación de cualquier información vinculada a la causa. La respuesta del secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli fue que ninguno de los dos "pertenece ni ha pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio" de la ex SIDE. Ante la respuesta, Lijo ordenó la protección de Bogado y de Yrimia. Fuentes judiciales informaron que de todas formas avanzarán sobre la investigación de ambos para establecer si pudieron haber sido personal "inorgánico", o si han prestado algún tipo de colaboración a la SI. Sobre Bogado pesa una denuncia por "tráfico de influencias" porque, no siendo agente de plantilla, se presentaba ante funcionarios de la Administración Nacional de Aduana como espía, según informó la SI a través del registro del Departamento de ContrainteIigencia de la Dirección General de Operaciones, que conducía Antonio Stiusso. Los hallazgos en aquel expediente a cargo del juez federal Luis Rodríguez podrían ser solicitados como parte de la prueba. Bogado rechazó la custodia, pero Lijo decidió reforzar su seguridad de todos modos.
Yrimia, por su parte, fue candidato a diputado en 2009 por el Partido de la Ciudad en tándem con Jorge Giorno. Se identifica como presidente de la Fundación DACSSI (Defensa de los Activos Críticos mediante Sistemas de Seguridad Inteligente) y afirma haber sido entrenado "por las Agencias Federales de los Estados Unidos de América, tales como el FBI, DEA, Servicio Secreto y Aduana, en la lucha contra delitos de alta complejidad". Fuentes del mercado de la seguridad privada relataron que se manejaba en relación con políticos y empresarios, y daba conferencias sobre la temática antisecuestros.
INTERROGANTES
¿Hay algún delito en lo que denunció Nisman? Esa será la primera incógnita a despejar. El fiscal mencionó un plan criminal pero apoyado en muchos hechos que son públicos, con eje en el Memorándum de Entendimiento con Irán que fue una herramienta diplomática que tuvo su trámite reglamentario en el Congreso y que pese a que se aprobó jamás se llevó a la práctica. Por eso Lijo y González quieren saber con qué pruebas cuentan para llevar adelante la acusación. Para muchos juristas, en cambio, nada de lo que expresa la denuncia puede ser considerado delito y mucho menos cómo se involucra a funcionarios públicos del más alto nivel por las referencias de terceros que son los escuchados. De todas formas, en los últimos días, tanto Esteche como Khalil designaron abogados en la causa. Ambos nombraron al reconocido penalista Fernando Burlando como su representante.
¿Hay alguien formalmente imputado? No. Una vez que Lijo analice el contenido de la denuncia y sepa con qué elementos cuenta, se la remitirá a González. Si se impulsa la acción penal, recién entonces habrá imputaciones sobre todas o algunas de las personas a las que Nisman involucró en la maniobra. Restará conocer si el fiscal también pedirá indagatorias o los embargos que solicitó Nisman. Todo ello deberá entonces ser convalidado por el juez.
¿Cuáles son los escenarios que puede enfrentar la denuncia a partir del fin de la feria? Uno de los menos probables, más por lo que implica a nivel político que jurídico, es que sea archivada sin más trámite. Eso implicaría que no tenía ningún sustento ni la prueba la acusación contra ninguno de los señalados por la maniobra. Otra posibilidad es que el fiscal o el juez opinen que esto se trata de un hecho nuevo y no hay relación en las causas que tramitan ambos por irregularidades en la investigación de la causa AMIA. De ser así, debería sortearse y si hay otro juzgado que se niegue a aceptar el expediente, habrá un conflicto de competencia que deberá dirimir la Cámara. El propio Nisman le había explicado a Tiempo Argentino antes de morir los motivos por los que radicó la denuncia en el juzgado a cargo de Lijo. "Tiene todas las causas conexas por irregularidades, eso ya está definido así", argumentó, pese a las críticas del oficialismo por haber elegido un juzgado que le ha traído dolores de cabeza al gobierno. Si Lijo encuentra conexión con alguna de las causas a su cargo o entiende que debe ser él quien intervenga, recién entonces comenzará el trámite formal de la denuncia. En los tiempos de la justicia, esto podría dilatarse aun más.
¿Hay algún delito en lo que denunció Nisman? Esa será la primera incógnita a despejar. El fiscal mencionó un plan criminal pero apoyado en muchos hechos que son públicos, con eje en el Memorándum de Entendimiento con Irán que fue una herramienta diplomática que tuvo su trámite reglamentario en el Congreso y que pese a que se aprobó jamás se llevó a la práctica. Por eso Lijo y González quieren saber con qué pruebas cuentan para llevar adelante la acusación. Para muchos juristas, en cambio, nada de lo que expresa la denuncia puede ser considerado delito y mucho menos cómo se involucra a funcionarios públicos del más alto nivel por las referencias de terceros que son los escuchados. De todas formas, en los últimos días, tanto Esteche como Khalil designaron abogados en la causa. Ambos nombraron al reconocido penalista Fernando Burlando como su representante.
¿Hay alguien formalmente imputado? No. Una vez que Lijo analice el contenido de la denuncia y sepa con qué elementos cuenta, se la remitirá a González. Si se impulsa la acción penal, recién entonces habrá imputaciones sobre todas o algunas de las personas a las que Nisman involucró en la maniobra. Restará conocer si el fiscal también pedirá indagatorias o los embargos que solicitó Nisman. Todo ello deberá entonces ser convalidado por el juez.
¿Cuáles son los escenarios que puede enfrentar la denuncia a partir del fin de la feria? Uno de los menos probables, más por lo que implica a nivel político que jurídico, es que sea archivada sin más trámite. Eso implicaría que no tenía ningún sustento ni la prueba la acusación contra ninguno de los señalados por la maniobra. Otra posibilidad es que el fiscal o el juez opinen que esto se trata de un hecho nuevo y no hay relación en las causas que tramitan ambos por irregularidades en la investigación de la causa AMIA. De ser así, debería sortearse y si hay otro juzgado que se niegue a aceptar el expediente, habrá un conflicto de competencia que deberá dirimir la Cámara. El propio Nisman le había explicado a Tiempo Argentino antes de morir los motivos por los que radicó la denuncia en el juzgado a cargo de Lijo. "Tiene todas las causas conexas por irregularidades, eso ya está definido así", argumentó, pese a las críticas del oficialismo por haber elegido un juzgado que le ha traído dolores de cabeza al gobierno. Si Lijo encuentra conexión con alguna de las causas a su cargo o entiende que debe ser él quien intervenga, recién entonces comenzará el trámite formal de la denuncia. En los tiempos de la justicia, esto podría dilatarse aun más.
Tiempo argentino
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¿El juez le pasa las grabaciones a TN?
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