Panorama político
A la ofensiva
El gobierno confirmó que su objetivo será la destrucción del peronismo/kirchnerismo y los sindicatos, que todavía siguen más enfocados en sus problemas internos.
La destrucción del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero constituyen el principal objetivo del gobierno, según confirmaron esta semana Javier Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Pero los dos agrupamientos en la mira del oficialismo están más enfocados en resolver sus heridas internas. En Bolivia, tras la victoria electoral de la derecha, la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, condenada por el golpe contra Evo Morales, recordó a la decisión de la Corte de confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia se alinea según los resultados electorales.
Dos días después del resultado electoral, la Corte confirmó el sobreseimiento de Macri y rechazó 20 recursos interpuestos por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos, cuyo juicio comenzó este jueves. Se trata de una causa armada con una fotocopia con miles de adulteraciones y que fue escrita por dos personas diferentes; con testimonios obtenidos en forma extorsiva, y montada por el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en otras causas paralelas por extorsión junto con su colaborador, el condenado Marcelo D’Alessio, y por el fallecido juez Claudio Bonadio. Antes de convertirse en Inquisidor oficial del macrismo, Bonadio tenía nueve pedidos de juicio político —algunos de mucha gravedad— que nunca tuvieron tratamiento en la Magistratura con mayoría macrista.
La campaña tan polarizada quedó reflejada en las consignas. Fuerza Patria planteó el eje de “hay que frenar a Milei”. El oficialismo convocó a “acabar con el kirchnerismo” o “hay que poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo”. En el primer caso, habla de dos fuerzas que compiten. En cambio el oficialismo habla de exterminio, lo que tiene cierta similitud con la dictadura.
Para el sector corporativo del capital concentrado, el movimiento popular es un obstáculo para su proyecto de país altamente desigual, con grandes niveles de pobreza y baja ocupación, desindustrializado, subordinado a Estados Unidos, proveedor de hidrocarburos, minerales, carnes y granos, un país que no requiere educación ni salud pública. Este proyecto se expresó antes a través de Macri y ahora con Milei.
Los dos objetivos que planteó Milei el jueves en su enésima visita a Estados Unidos, fueron barrer al peronismo-kirchnerismo y desmantelar la estructura sindical. La campaña de Patricia Bullrich fue “te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre”. Federico Sturzenegger reconoció el lunes en una reunión con empresarios españoles que el corazón de la reforma laboral que propondrán al Congreso es desarticular la fuerza del movimiento obrero al abrir la negociación por empresa.
El proyecto de la derecha no acepta voces discordantes porque plantea situaciones extremas en el país, con ganancias enormes para un puñado y la pobreza para la inmensa mayoría. El problema es que el oficialismo con sus aliados representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es menos del 30 por ciento del padrón. El resultado es un país de tres tercios: el oficialismo y sus aliados, un poco menos el peronismo-kirchnerismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático.
Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas del oficialismo. Su objetivo es la destrucción del que no consiente. Estados Unidos pidió que el oficialismo construya estabilidad. El gobierno cumple esa exigencia con la destrucción del que piensa diferente.
La primera iniciativa postelectoral de Milei fue convocar a los gobernadores pero dejó fuera a Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella, excluyendo así no sólo a los que votaron por esos mandatarios, sino a la totalidad de sus gobernados. Fue un acto de discriminación ideológica como parte de su estrategia de destrucción. Porque al mismo tiempo, entre los veinte invitados, había otros gobernadores que tienen cercanía con iniciativas del kirchnerismo como los de Santiago del Estero y La Pampa, así como otros peronistas más alejados de esas posiciones.
En vez de cerrar filas frente a esa ofensiva, en el kirchnerismo-peronismo se acentúan las tendencias a polarizar una interna donde no hay confrontación de proyectos. Kicillof surgió del riñón del kirchnerismo. Se plantean diferencias de gestión con La Cámpora, la agrupación que dirige Máximo Kirchner. Aunque no se han planteado diferencias de fondo, algunas diatribas en las redes sugieren posiciones irreconciliables. Es posible pensar la interferencia de trolls del oficialismo en esos foros para agudizar el desconcierto.
Una fractura de ese tipo en la oposición sería una garantía de triunfo para la reelección de Milei en 2027. Algo similar a lo que pasó en Bolivia por una interna mal resuelta. El debate interno resulta inevitable para una agrupación como Fuerza Patria, luego de una derrota por la mínima diferencia en la provincia de Buenos Aires, cuando esperaba ganar por amplio margen. De la gestión de ese debate dependerá en gran medida el proceso político de los próximos meses.
El liderazgo de Cristina Kirchner y el ascenso de la figura de Axel Kicillof no tienen por qué colisionar. Si se ordenan, son figuras que se complementan desde lugares diferentes.
El comienzo del juicio por la causa Cuadernos busca un doble impacto en este momento. Consciente de la disfunción fanatizada del antiperonismo, busca ofrecerle el circo mientras profundiza un ajuste que también los afectará a ellos.
En medios judiciales se especula que el juicio se prolongará entre un año y medio y dos años. Eso incluirá toda la segunda parte de la gestión de Milei y culminará con las elecciones presidenciales. Está concebido de esa manera. De la misma forma, busca remover la interna. En un sentido podría atenuarla porque nadie podrá desligarse de la defensa de la expresidenta.
El otro frente de la ofensiva del oficialismo será contra las organizaciones sindicales. La primera iniciativa legal que se conoció tras las elecciones fue la reforma laboral. Un sector del peronismo y sus aliados en Fuerza Patria se propusieron elaborar una reforma propia que busque la creación de trabajo sin la abolición de derechos, como plantea el proyecto oficialista.
La reunión del Congreso de la CGT para elegir a una nueva conducción tensó las corrientes internas de la central. Las dificultades para lograr una conducción unipersonal expuso los problemas para acordar entre todas las corrientes. Se necesitan tres personas para representarlas o expresar alguna afinidad que impida la ruptura o el retiro de alguna de ellas. De hecho, la nueva conducción no tiene el equilibrio combativo que le daba Pablo Moyano y tampoco representantes del sector más conciliador de Luis Barrionuevo.
El trío de Jorge Sola, del gremio del Seguro; Octavio Argüello, de Camioneros, y Cristian Jerónimo, del Vidrio, tiende a una posición más dialoguista. El problema es que el diálogo es una acción entre dos partes. Pero el gobierno descarta el diálogo y algunas de sus figuras más influyentes plantearon que buscarán “desmantelar” a los sindicatos. Es difícil que funcione el diálogo como estrategia con un gobierno que no quiere el diálogo y que sólo acepta el consentimiento a sus imposiciones.
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