Volvieron los tarifazos: el gas sube 16% y la luz un 3,6% desde febrero

Lo anunció la Secretaría de Energía en el marco de la quita de subsidios, que entró en vigencia a mediados de enero.

En el marco de la quita de subsidios, el Gobierno de Javier Milei implementó un nuevo tarifazo a partir del 1° de febrero, de casi un 17% promedio en el caso del gas, al que se suma una suba del 3,6% en el servicio de la luz.

Así lo oficializó la Secretaría de Energía a través de diversas resoluciones sobre la luz y el gas, publicadas este viernes en el Boletín Oficial. En concreto, la dependencia que dirige María Tettamanti precisó que la tarifa de gas tendrá una suba de 16,86% promedio en todo el país. Por su parte, la electricidad sufrirá un aumento será del 3,59% para los usuarios de Edesur y Edenor en el AMBA.

El Gobierno ya había implementado fuertes tarifazos entre febrero y abril de 2024, con subas de un 150% en el caso de la luz y de hasta un 300% en el caso del gas. Sin embargo, durante los meses siguientes el Gobierno procuró aumentar ambas tarifas por debajo de la inflación mensual, para evitar una aceleración de la suba de precios.

Eso cambió nuevamente en los últimos meses, luego de las elecciones, cuando se desreguló la generación mayorista de energía y se aplicó una mayor suba en ese tramo de la tarifa final. Ahora, la implementación de la quita de subsidios, que en el caso del gas arranca el 1° y en el caso de la luz comenzó el 16 de enero, supone un nuevo salto en las tarifas energéticas.

Por qué suben tanto el gas y la luz en febrero

La propia Secretaría de Energía explicó que los motivos de este tarifazo de febrero son:

• Cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria
• Aumento mensual por fórmula (IPIM + IPC) para que las tarifas no pierdan valor
• Aplicación del nuevo esquema de subsidios SEF
• Aplicación del precio de gas unificado/fijo en todo el año. Esto genera un salto en febrero por única vez, pero en un mes de muy bajo consumo de gas.

Además, desde el Gobierno nacional explicaron que “se busca darle previsibilidad al usuario para que en los meses donde más necesita consumir gas (invierno) no se le dispare el precio”. De acuerdo con la interpretación oficial, “se evita así sobresaltos estacionales de la factura a lo largo del año”.

Aun así, Energía buscó minimizar el impacto de esta suba al aclarar que "la categoría Residencial más numerosa (R1), que representa el 42% del total de usuarios (casi 4 millones de usuarios), tendrá aumentos de $3.000 o menos" en la factura final.

El Destape

 

El Presidente, más comprometido

Cómo es el acuerdo que firmaron Hayden Davis y Javier Milei antes de la estafa $LIBRA

El CEO de Kalsier Ventures y creador de la criptomoneda y sus aceitados vínculos con el Gobierno.

Antes del escándalo de la estafa con $LIBRA, Javier Milei y el empresario Hayden Davis, creador de la criptomoneda, firmaron un acuerdo para que el CEO de Kalsier Ventures fuera asesor del gobierno argentino en blockchain e inteligencia artificial.

El texto, al que accedió Clarín, es una carta enviada por Hayden Davis a Javier Milei el 29 de enero de 2025. Tan solo dos semanas antes de la estafa $LIBRA promocionada por el Presidente que provocó que miles perdieran millones de dólares y que unos pocos los ganaran.

El acuerdo se firmó la última vez que Davis estuvo en Argentina, en el marco de una visita que duró menos de dos días a finales de enero del año pasado. En esas pocas horas llegó a reunirse con Milei en la Casa Rosada, en donde también estuvieron los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El propio jefe de Estado compartió en redes sociales una imagen del cuentro. “Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial", escribió Milei.

Ese mismo día dos billeteras cripto atribuidas a Davis enviaron cada una unos 500 mil dólares a la cuenta de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años que aparece como intermediario y tiene sus cuentas congeladas por la Justicia.

En menos de tres horas, el hombre en cuestión transfirió todo el dinero a otra billetera señalada como CPE22, una presunta cueva cripto de acuerdo a un informe producido por la fiscalía de Eduardo Taiano.

El periodista Hugo Alconada Mon reveló en su momento que Hayden tenía firmado un acuerdo para convertirse en asesor oficial del Estado argentino para todo lo relacionado con “blockchain, inteligencia artificial (IA) y criptomonedas”, firmado en noviembre de 2024.

Ese borrador incluía un pago inicial de 300 mil dólares, seguido por otros seis de 250 mil dólares mensuales cada uno.

La información luego fue recogida y ampliada por la Comisión Investigadora del Congreso sobre el caso $LIBRA, que identificó una billetera virtual (CivUA) que recibió transferencias por 300 mil y 250 mil dólares cripto en las mismas fechas que mencionaba el acuerdo.

La Comisión sospecha que los dueños de esa billetera serían Novelli, Terrones Godoy o Sergio Morales, quien era asesor de la Comisión Nacional de Valores.

También se descubrió que esa billetera CivUA realizó transferencias a otras billeteras que pertenecían a Novelli y a Morales entre el 22 de noviembre de 2024 y el 17 de enero de 2025.

La estafa de $LIBRA

El 14 de febrero Hayden Davis lanzó el token $LIBRA. A pesar de haber dicho que solo lo difundió, Milei fue el primero en compartir en redes sociales el link a la criptomoneda y lo hizo tan solo unos minutos después de que saliera.

“La Argentina Liberal crece!! Este proyecto se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinas”, escribió el Presidente al compartir el link.

Nada de eso era cierto, era simplemente una criptoestafa. El valor del token pasó de 0,3 a casi 5 dólares en minutos. A la hora, se produjo un Rug Pull, que se da cuando los desarrolladores promocionan el proyecto, lo inflan y lo abandonan repentinamente llevándose consigo las ganancias.

Cuando esto ocurre el valor de la criptomoneda se desploma inmediatamente. Casi el 90% de los inversores perdió más de 250 millones de dólares en total.

El texto completo del acuerdo entre Davis y Milei

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de enero de 2025

Al Señor Presidente

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA, DR. JAVIER MILEI

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial. Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado.

Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento. Por este motivo, le hago llegar este documento de propuesta de asesoramiento.

Documento de Propuesta de Asesoramiento

Propuesta General

Asesoramiento sobre tecnología blockchain e inteligencia artificial:

Mi objetivo es brindar asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para facilitar el entendimiento, análisis, implementación e impacto de soluciones tecnológicas innovadoras, contribuyendo al aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la economía digital en la República Argentina.

Servicios ofrecidos

El presente servicio incluye, pero no se encuentra limitado, al asesoramiento sobre el análisis, implementación y desarrollo de las siguientes acciones en particular:

Automatización mediante contratos inteligentes: Aplicación de smart contracts para simplificar procesos administrativos y contractuales, reduciendo costos operativos y aumentando la eficiencia.

Digitalización de documentos públicos: Registro y almacenamiento seguro de documentos oficiales, como títulos de propiedad, certificados y otros activos, mediante blockchain.

Desarrollo de ecosistemas de innovación digital: Asesoramiento para fomentar el crecimiento de startups y proyectos relacionados con blockchain e inteligencia artificial en el ámbito local.

Educación y capacitación: Creación de programas formativos destinados a funcionarios públicos en el uso y potencial de blockchain e inteligencia artificial.

Agradezco la oportunidad de presentar este documento y confío en que, con su apoyo, podré contribuir significativamente al desarrollo económico y tecnológico del país.

Por medio de la presente, pongo a su disposición mis servicios de manera totalmente gratuita, renunciando expresamente a cualquier tipo de contraprestación, ya sea en dinero, especie o cualquier otra forma de remuneración.

Solicito su firma en este documento para formalizar el apoyo y compromiso con esta iniciativa, entendiéndose la libertad de las partes de proponer futuras negociaciones, en los términos del Art. 969 del Código Civil y Comercial de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener la más estricta confidencialidad de la Nación. A su vez, me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente.

Asimismo, y a requerimiento exclusivo de su parte, manifiesto por la presente que el asesoramiento brindado podrá extenderse a materias no especificadas en este documento, siempre que se encuentren dentro de mi ámbito de competencia y conocimiento.

Finalmente, dejo constancia de que, a partir de la firma de ambas partes, el presente documento surtirá los efectos correspondientes, formalizando mi intención de brindar los servicios de asesoramiento en los términos aquí establecidos.

Atentamente,

Hayden Mark Davis

Co-fundador Kelsier

Javier Gerardo Milei

Presidente de la Nación Argentina

PJB

Pagina 12

 

Los gobernadores de Tucumán, Salta y Catamarca ante la reforma laboral

La Rosada les exige votos antes que cualquier compensación

Los dialoguistas Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil reconocen que es necesario el proyecto, pero piden cuidar las arcas provinciales. Santilli les reclama primero los votos. El temor del cheque en blanco.

Tras un encuentro en la Casa de la Provincia de Salta, los mandatarios del norte se mostraron dispuestos a acompañar la reforma laboral libertaria, pero condicionaron tímidamente su apoyo a eventuales compensaciones. Lo que comenzó como una reunión para forzar la baja del artículo 191, que recorta fondos coparticipables, terminó con una visita presuntamente sorpresiva del ministro del Interior, Diego Santilli, y una foto en la que se lo ve sonriente junto a los gobernadores de Tucumán, Salta y Catamarca. Los mandatarios coincidieron en “la necesidad de una reforma”, aunque advirtieron que debe contemplar “la realidad fiscal de las provincias”. Santilli trasladó los reclamos a la Casa Rosada, donde el ala dura del Gobierno, comandada por Luis Caputo, se resiste a dar de baja el artículo que impactará de lleno en las arcas provinciales y pretende supeditar cualquier compensación al acompañamiento de la ley. Un cheque en blanco que los gobernadores empiezan a dudar en firmar. Frente a la intransigencia del oficialismo, los mandatarios buscarán reunirse la próxima semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para coordinar una estrategia común.

Faltan 13 días para que la reforma laboral se trate en el Senado. Confiado, el Gobierno quiere que la sesión sea el mismo 11 de febrero. Atento a evitar sorpresas de último momento, el ministro del Interior, Diego Santilli, se acercó ayer al mediodía a la reunión que los gobernadores dialoguistas Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil mantuvieron en la Casa de la Provincia de Salta. Durante el encuentro no hubo planteos sobre el núcleo central de la ley -que afectará a millones de trabajadores- sino sobre su impacto en las arcas provinciales. El curso de las negociaciones confirma el nivel de desconexión que existe entre la agenda de los trabajadores y los intereses de los mandatarios. “Entendemos que es una ley necesaria, pero nunca afectando los intereses de nuestra provincia”, dijo el salteño al finalizar el encuentro. Por su parte, Osvaldo Jaldo compartió un posteo en el que alertó que “la caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizaría las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”.

Según pudo reconstruir Página/12, Santilli les hizo saber que las compensaciones podrían llegar después del acompañamiento parlamentario a la reforma laboral. Un sistema de premios y castigos de dudosa ejecución. Sin garantías por parte del Gobierno, los dialoguistas comenzaron a intercambiar mensajes con otros mandatarios para impulsar un encuentro en el CFI. Si bien al cierre de esta edición todavía no había una fecha confirmada, la reunión podría concretarse la próxima semana con la participación de otros gobernadores. El último antecedente de este tipo fue cuando los mandatarios avanzaron en el Congreso con la búsqueda de la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La lectura que empieza a imponerse es que la negociación “uno a uno” de los gobernadores con Balcarce 50 -incluso entre los más alineados- podría dejarlos sin nada. “Empiezan a entender la necesidad de tener una postura común para ganar fuerza”, explicó una fuente al tanto de las conversaciones entre los mandatarios.

Los gobernadores compartieron una agenda de trabajo que comenzó temprano en la mañana. Hasta la Casa de Salta también llegaron algunos diputados y senadores que podrían acercarse a un armado político que quedó inconcluso tras conocerse la definición de los bloques parlamentarios en el Congreso. Tanto Sáenz como Jalil y Jaldo coquetean desde hace tiempo con la idea de conformar el bloque federal más numeroso en la Cámara baja. Si bien las conversaciones existen, los encuentros no terminan de plasmar cohesión. Ni el misionero Hugo Passalacqua ni el neuquino Rolando Figueroa participaron de la reunión, a pesar de haber manifestado la intención de hacerlo.

Convertido en un catalizador de reclamos pero sin poder de fuego real, Santilli calificó el encuentro como positivo y afirmó: “Queremos que Argentina tenga formalización laboral y hablamos sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias, entendiendo que los argentinos queremos que haya una baja de impuestos”. Luego se trasladó a la Casa Rosada, donde volvía a reunirse la mesa política.

Las posiciones

Allí conviven dos posiciones. La más intransigente la encabeza Luis “Toto” Caputo, que se rehúsa a hacer concesiones a los gobernadores y, mucho menos, a retirar el artículo que modifica la recaudación del Impuesto a las Ganancias. “No se va a tocar”, insistieron en Balcarce 50 una vez concluido el encuentro, en el que además se abordó la presión para que el Gobierno declare cuanto antes la emergencia ígnea. El oficialismo analizó el costo político de seguir dilatando una respuesta en medio de la crisis y los bailes del presidente y optó por evitar que el rédito se lo lleve el PRO, teniendo en cuenta que la iniciativa con mayores adhesiones que circula en el Senado es la impulsada por la chubutense Elizabeth Terenzi alineada a Ignacio Torres.

Si el Gobierno decide mantener el texto tal como está dictaminado, podría correr el riesgo de perder artículos en la votación en particular. El oficialismo se muestra confiado. Bullrich transmite a la mesa política que tendrá unos 44 apoyos, si no más. Esos 44 votos implican a todos los senadores, a excepción del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, donde conviven tensiones no resueltas que podrían derivar en nuevas fugas en las próximas horas. “Ya no somos 28”, dijo un legislador de ese espacio a este diario y encendió las luces de alarma. El peronismo no contaba con fisuras a días del tratamiento de la reforma más regresiva que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Este viernes Santilli continuará su gira federal en la provincia de Corrientes, donde visitará al recientemente asumido gobernador Juan Pablo Valdés. La agenda del ministro también incluye una reunión con el misionero Hugo Passalacqua, que controla otros dos votos clave en el Senado. El gobernador iba a participar del encuentro con los mandatarios del norte, pero a último momento desistió. En tiempos de negociaciones abiertas, cada cual atiende su juego.

Pagina 12

 

Melella denunció una intervención encubierta sobre toda la provincia de Tierra del Fuego

El gobernador fueguino, Gustavo Melella, presentó una medida cautelar para declarar inconstitucional la intervención federal sobre el Puerto de Ushuaia. El mandatario denunció una apropiación territorial por parte de la administración Milei y un desfinanciamiento de la provincia.

 

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur denunció una intervención federal indirecta sobre la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia. El mandatario presentó una medida cautelar para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación del pasado 21 de enero. El texto presentado por Melella constituye una advertencia para el conjunto de los gobernadores y gobernadoras del país al señalar el avasallamiento del federalismo por parte de la administración Milei.

“La Nación no puede, por vía administrativa ni mediante un ente descentralizado, intervenir de hecho una provincia o una de sus instituciones bajo la apariencia de una intervención administrativa sectorial”, puede leerse en el texto de la cautelar presentada ante el juzgado federal de Ushuaia con el patrocinio legal de los abogados Emiliano Víctor Fossatto y Juan Carlos Cassagne.

En la cautelar se incluyó la deposición del empleado de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Adrián Néstor Bleuer, quien denunció ante la Prefectura que a partir de la intervención federal quedaron sin control los sistemas vinculados al derrame de hidrocarburos, incendios y escaneo de los vehículos que circulan por las instalaciones. Una zona liberada.

La intervención federal se dio en el contexto de la llegada de una comitiva de congresistas de los Estados Unidos – de los cuales todavía se desconoce su identidad – y las sospechas por parte de los funcionarios provinciales, como es el caso de Roberto Murcia, presidente de la DPP, de una entrega futura de dichas instalaciones al “Comando Sur de los Estados Unidos”.

Camuflar una intervención federal

Luego de varios días de concretada la intervención del Puerto de Ushuaia, el gobernador Melella decidió actuar con la presentación de una medida cautelar en la que se describieron “las argucias administrativas” invocadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación con la intención de camuflar la intervención federal a la provincia fueguina.

El Puerto de Ushuaia se encuentra regido por un régimen jurídico provincial propio, integrado por el convenio de transferencia Nación – Provincia del 25 de septiembre de 1992; la Ley provincial número 69 (creación de la Dirección Provincial de Puertos); la normativa provincial reglamentaria y complementaria que regula la administración, explotación, financiamiento y control de los puertos provinciales.

“Este plexo normativo configura un sistema cerrado, coherente y autosuficiente, mediante el cual la provincia ejercer de manera plena sus competencias constitucionales sobre un bien integrante de su dominio público provincial”, puede leerse en el texto presentado por Melella. Es decir, Nación avanzó directamente sobre la provincia y no simplemente un puerto.

“La Dirección Provincial de Puertos (DPP) administra el Puerto de Ushuaia por delegación legal interna, como órgano especializado pero no sustituye a la Provincia como sujeto constitucional, motivo por el cual no puede ser dictada una ´intervención administrativa´ sobre el Puerto sin afectar a la DPP como ente administrador, y a sí mismo a la provincia, como si el puerto de Ushuaia se tratara de un ente ajeno al Estado provincial”, enfatizaron los letrados Fossatto y Cassagne. Y agregaron: “De esta manera, una intervención administrativa dispuesta por un ente descentralizado nacional sobre la actividad que lleva a cabo un ente descentralizado provincial se erige como puerta de entrada para una intervención federal indirecta”.

La captura de la renta portuaria

La intervención del Puerto de Ushuaia se concretó el 21 de enero a las 0.07 de la madrugada, cuando se hicieron presentes en las instalaciones de la provincia Cristian Regueiro, gerente de coordinación de la Unidad Ejecutora de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y Gustavo Ferrero, gerente de asuntos jurídicos. La excusa de la medida utilizada por la administración Milei fue el desvío de fondos.

La provincia había aprobado una ley para redirigir recursos del Puerto hacia la obra social de los trabajadores del Estado fueguino pero que nunca se ejecutó. El único movimiento financiero fue un préstamo del puerto al gobierno provincial, utilizando intereses generados por plazos fijos (no capital del Puerto), el cual se paga con intereses y constituyó –según la gobernación – en una inversión rentable para la institución. Estas fueron las “argucias” señaladas en la medida cautelar presentada ante el juzgado federal de Ushuaia.

Para Melella, según se interpreta del texto de la denuncia, el fondo de la cuestión sería otro: “La ocupación de territorio provincial por autoridades nacionales en un establecimiento provincial de dominio público”. También la captación de la renta, en una clara violación al federalismo.

El primer efecto concreto de la intervención no fue la adopción de medidas técnicas ni la realización de auditorias ni la implementación de un plan de adecuación en función de la denuncia administrativa impulsada por Juan Avellaneda, secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario (persona que quedó a cargo del Puerto) sino la toma de control de la facturación, la recaudación y la disposición de los ingresos portuarios. Lo que se intervino no fue su infraestructura sino su renta.

“La Nación asume por una vía administrativa y sin sustento constitucional facultades fiscales y financieras que no posee, apropiándose de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia. La intervención opera como un mecanismo de transferencia forzada de fondos provinciales al Estado nacional, encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control. La asunción por parte de la ANPYN de la recaudación, administración y disposición de los ingresos del Puerto de Ushuaia constituye la manifestación más clara y contundente de una intervención total, que excede cualquier facultad de fiscalización o seguridad”, denunció Melella.

La intervención federal del Puerto (y la provincia) está en línea con el plan de Milei de desfinanciar la jurisdicción, ahogarla económicamente. El presupuesto anual de la DPP ronda los 20.000 millones de pesos anuales. ¿Será todo parte de un plan para despoblar con el objetivo de entregar los recursos naturales provinciales y el acceso a la Antártida?

El riesgo a un desastre natural

El texto de la cautelar presentado por el Gobernador Melella contiene la exposición de Adrián Néstor Bleuer, empleado de la Dirección Provincial de Puertos, formulada ante un oficial de la Prefectura Naval el pasado 26 de enero. Allí quedaron registradas una serie de irregularidades surgidas a partir de la intervención del Poder Ejecutivo Nacional. En las palabras de Bleuer se aprecia un riesgo inminente:  

• Desde el momento de la intervención se desconoce quiénes son los oficiales de protección de instalaciones portuarias, dado que los oficiales designados por la DPP no estarían ingresando al puerto.
• Se desconoce el funcionamiento actual del sistema de control de ingreso, el sistema de cámaras y el sistema general de alarmas de incendios y hombre al agua, ya que tampoco se permite el ingreso de personal técnico de la dirección de informática y comunicaciones.
• Tampoco se realizan porcentajes de escaneo y revisación de vehículos establecidos en el plan de protección.
• En lo referente al plan de emergencia para derrame de hidrocarburos y mercancías peligrosas del puerto, dicho certificado posee la misma característica en lo referente a la titularidad de la operación de puerto, a lo que se le debe sumar la gravedad de que el personal de control de derrames que opera el equipamiento en caso de emergencia tampoco está autorizado a ingresar, con la gravedad que se siguen operando mercancías peligrosas como la carga de millones de litros de gas oil a los grandes cruceros, la extracción de residuos oleosos y otros tipos de residuos que pueden producir derrames.

La opacidad detrás de la visita de los congresistas

El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Mariano Hermida, fue uno de los académicos que participó en una de las reuniones protagonizadas por los siete congresistas que llegaron desde los Estados Unidos. De acuerdo a lo manifestado durante un reportaje en el programa Palo y Zanahoria que conduce Mariano Martín por El Destape, el encuentro versó sobre el interés de los visitantes en las investigaciones que se venían desarrollando en la provincia sobre el cambio climático.

"Recibimos un correo de invitación de parte de la agregada científico-tecnológica de la embajada de EE.UU en Argentina, el 8 de enero, en el que nos invitaban a una reunión con una comitiva bipartidista de 7 congresistas de Estados Unidos para dialogar sobre temas de cambio climático e investigaciones al respecto en términos de ambiente", sostuvo Hermida.

"Les contamos sobre el desfinanciamiento sobre la agenda de Ciencia y Tecnología en la Argentina en los últimos dos años, las discontinuidades y también al cierto grado de negacionismo que es común con respecto a la agenda del cambio climático tanto en Argentina como por algunos miembros gubernamentales de Estados Unidos", agregó el académico.

Los “visitantes” realizaron varias reuniones, ante cierta opacidad informativa. El mismo Hermida sostuvo que desde la Embajada les habían recomendado no dar aviso a la prensa. Los congresistas también visitaron la planta de glifosato y urea ubicada en “Estancia La Violeta” que pertenece a la empresa Tecnomyl. El predio de esta empresa se encuentra frente al terreno que compró una empresa china para el desarrollo de una usina eléctrica.

“Claramente vinieron a tantear las inversiones chinas en la provincia”, sostuvo en diálogo con El Destape, Daniel Guzmán editor del portal Agenda Malvinas.

La identidad de los congresistas, sus asesores e integrantes de la Embajada norteamericana en todo el recorrido realizado en Tierra del Fuego y Vaca Muerta aún permanece en la opacidad, salvo por el nombre del senador Morgan Griffin.

El Destape

 

El Frente Sindical Unido

Se creó un nuevo espacio gremial contra la reforma laboral

En la sede la UOM se anunció este espacio que aglutina gremios de la CGT pero también de las dos CTA. Marchas en Córdoba, Santa Fe para culminar frente al Congreso el día que se debata el proyecto en el Senado.

Felipe Yapur

Se llama Frente de Sindicados Unidos (FreSU). Lo integran gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado y La Fraternidad, entre otros. En este nuevo espacio, donde abrevan gremios de la CGT y de las dos CTA, acordó un plan de acción con movilizaciones en diferentes provincias para culminar el 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento de la reforma en el Senado, en una gran movilización frente al Congreso. Habrá que ver cómo reacciona la conducción de la CGT, ante esta muestra de autonomía en lo que hace a la lucha contra la reforma laboral.

Este grupo, que según los organizadores llega al medio centenar, considera que no hay espacio para la negociación porque ninguno de los artículos del proyecto oficial es positivo para los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

“Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976″, dice el documento que los integrantes del Fresu dieron a conocer luego del encuentro.

Como la semana pasada, la reunión se realizó en la sede de la UOM que conduce Abel Furlán, el dirigente sindical que viene reclamándole a sus compañeros de la conducción cegetista una mayor firmeza contra la reforma laboral que impulsa el gobierno.

El FreSU no descarta ni rechaza la negociación, pero sus integrantes consideran que no se puede negociar con un gobierno que no busca beneficios ni respeto por los derechos de los trabajadores.

El documento lo dice con claridad: “Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores”. Es más, afirma que el gobierno de Milei busca que el proyecto sea el resultado de “negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales”.

Afirma este grupo que todo lo que está haciendo la Casa Rosada es una maniobra política que “entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina”.

El encuentro de este miércoles definió el comienzo de un plan de lucha que contempla, por ahora, dos movilizaciones en Córdoba y Santa Fe. Se realizarán el 5 y 10 de febrero respectivamente. La elección de las provincias tiene como objetivo presionara sus gobernadores. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaron, dejaron entrever ciertas diferencias con el proyecto oficial.

El plan de lucha tendrá como acción final una movilización frente al Congreso prevista para el 11 de febrero. El oficialismo considera que ese día podrán bajar el texto que destruye los derechor laboral al recinto de la Cámara de Senadores. Los trabajadores estatales que se sumaron al FreSU tiene previsto convocar para ese día un paro general.

“No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo”, afirman los gremios en documento publicado. Incluso señalan que este texto normativo responde al modelo económico que promueve Milei “que necesita salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical para avanzar en el desguace y privatización de las empresas públicas y el desmantelamiento del entramado productivo e industrial del país”.

Ahora resta saber cuál será la reacción de la cúpula cegetista, que apuesta por el diálogo con gobernadores y legisladores en lugar de medidas de acción directa.

Pagina 12