Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py –la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos –el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del “tres por ciento para Karina (Milei)” gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo. “La Andis, como la conocemos, dejará de existir”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida tiene su peso simbólico pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026. Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue “eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente” que arrastraba la Andis. Entre esos “manejos incompatibles” con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la “radiografía del perro”) y al combo le agregó “médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)”.
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dió la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
La Rosada había intentado sacar de esa causa al juez Adrián González Charvay, pero no lo logró. Además, quiso meter por la ventana del presupuesto 2026 la derogación definitiva de la Ley de Emergencia, y también fracasó. Javier Milei la vetó una vez y, tras la insistencia de ambas cámaras del Congreso, optó por reglamentarla sin fondos, suspendiéndola en los hechos. Pero la justicia ya decretó que la norma tiene plena vigencia legal.
Otros fallos que siguen vigentes, en este caso de la justicia federal de distintas provincias como Formosa y La Rioja, le ordenaron revertir el ajuste en las pensiones, que había sido ideado por Spagnuolo antes que se desatara el escándalo de las coimas. Por ahora, la Rosada acató, a la espera de que concluya la famosa auditoría sobre el sistema, que por ahora –según pudo averiguar Página/12– no tiene siquiera fecha probable de concreción.
Ese tipo de desaguisados demuestran que la administración libertaria nunca supo cómo llevar adelante el ajuste en el área. La Andis primero pasó de la jefatura de gabinete a la órbita de Presidencia, para luego recaer en Salud. Ahora pasará a ser una mera secretaría dentro de ese Ministerio. En el medio hubo más de 300 despidos y se espera que haya una nueva tanda en estos días (serían entre 30 y 60, según los listados que circularon ayer).
De acuerdo a la información que hizo circular el Ministerio de Salud tras la conferencia de Adorni, se espera una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica que tenía la Andis, que pasará a llamarse a secas “Dirección de Discapacidad” dentro de esa cartera. Alejandro Vilches, interventor tras la salida de Spagnuolo, seguirá en el cargo.
“Ya nos desguazaron, así que ahora pasaremos a funcionar de acuerdo a las atribuciones que le quedaban al organismo, que son casi nulas”, contó a este diario una fuente sindical de la ahora exagencia.
La Andis, finalmente, corrió la misma suerte que otros organismos y hasta ministerios considerados descartables por la gestión mileísta, como el ex Ministerio de Mujeres, el INADI o el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Entre las organizaciones que forman parte del sistema de prestaciones crecía luego del anuncio la preocupación por la discontinuidad del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, que es la mesa a la que se sientan las ONG y las instituciones de apoyo para discutir con el Estado y las obras sociales el valor de la hora de los serivicios. Funciona como una suerte de paritaria que fija ese valor para todo el sistema (público, prepagas y obras sociales) por igual, lo que nivela la calidad de la prestación, pero el Ejecutivo estuvo más de un año sin convocar a una reunión. Es uno de los pocos espacios de participación ciudadana en las políticas de discapacidad, y al menos hasta ayer nadie del Gobierno se había comunicado con ellos para brindarles tranquilidad.
Retroceso al modelo médico
Más allá del intento de barrer bajo la alfombra la causa de las coimas, el comunicado del Ministerio de Salud sobre la decisión desnuda la concepción que tiene el gobierno libertario sobre la discapacidad: revela que se tomó “para garantizar que las políticas de discapacidad cumplan efectivamente su finalidad sanitaria”.
“La discapacidad no tiene que estar asociada a la salud. La discapacidad no es una enfermedad. Peleamos muchos años contra el modelo médico, que nos reduce a personas enfermas. No lo somos. Necesitamos un Estado que iguale posibilidades, atento a los apoyos para una vida independiente. Me dan ganas de mandarlos a estudiar”, le dijo al respecto a Página/12 Ana Dones, de REDI, una de las organizaciones más longevas del colectivo.
En 2008, Argentina adhirió con rango constitucional a la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que recomienda a los Estados que sus organismos en discapacidad sean autónomos y apliquen políticas de manera transversal, es decir que sean capaces de coordinar distintas políticas de inclusión con las áreas de salud, educación, inclusión social, etc.
La medida del Gobierno va en contra de esa recomendación –y contra la Convención en sí misma–, por lo que es considerada una regresión en materia de derechos. Es probable que por eso mismo, una vez que se publique en el Boletín Oficial (se espera que sea en la medianoche del miércoles), el decreto con la reestructuración sea judicializado. Organizaciones como ACIJ, el CELS, la APDH y REDI, entre otras, estaban evaluando los pasos a seguir.
Ese modelo médico regresivo al que hacen referencia las organizaciones ya estaba presente en el decreto firmado por Sturzenegger en 2024 que elevó los requisitos para acceder a las “pensiones por invalidez” tal como estaban establecidas por un DNU de 1997, durante el menemismo, que incluía términos y enfoques de mediados del siglo XX, completamente desactualizados.
Esa mirada obsoleta se había transparentado en los Anexos de un decreto complementario al de Sturzenegger, que incluía términos como “idiotas”, “retardado mental”, etc, para referirse a las personas con discapacidad intelectual. Ese fue el primero de los escándalos que le estallaron a Spagnuolo, que tuvo que pedir disculpas y retirar ese documento oficial de circulación.
En el anuncio, Adorni hasta se equivocó con el origen de la Andis: dijo que había sido creado en 2017, pero le erró por 30 años. Antes de llamarse Andis, tuvo de nombre Conadis y fue lanzado en 1987, durante el Gobierno de Alfonsín. El cambio de nombre y de organigrama que parece no tener fin comenzó durante el gobierno de Cambiemos, pero su historia viene desde casi los inicios de la democracia.
“En estos años hemos visto de todo, pero nunca este nivel de perversidad”, dijo Dones. “Ante el escándalo de las coimas tomaron la decisión más fácil: desaparecer la Andis. En el fondo lo que quieren es eso: hacernos desaparecer”, agregó.
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