6 de mayo de 2025

Revés para Caputo: Un fallo judicial devuelve un fondo clave a PBA

El año pasado las empresas distribuidoras de gas en la provincia de Buenos Aires habían quitado un impuesto en las boletas a pedido del gobierno Nacional. El gobierno de Kicillof apeló y la justicia otorgó una medida cautelar. Qué dice el fallo. 


El Juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata hizo lugar a la presentación que realizó el gobierno de Axel Kicillof para que las cooperativas y distribuidoras de gas puedan seguir percibiendo el Fondo Especial de Obras en las boletas, medida que el gobierno de Javier Milei había ordenado interrumpir. De esta manera, la justicia le da otra revés a Luis Caputo, artífice de dicha medida. 

La jueza María Ventura Martínez otorgó una medida cautelar para que las empresas Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas, Naturgy; Cooperativa de Electricidad de San Bernardo; Cooperativa de Henderson; Grupo Servicios Junín, Cooperativa de Servicios Públicos de Fátima; Cooperativa de Abasto; Cooperativa de Tres Límites; Cooperativa de Electricidad de Suipacha, y Cooperativa de Morse, vuelvan a tributar en la boleta el impuesto previsto en el artículo 2 de la Ley 8.474 (Crea el Fondo Especial para Obras de Gas), cuyo fin es el “financiamiento de obras provinciales de gas”.

Se trata de un impuesto que representa el 4% de la factura de cada usuario o usuaria y que se dejó de cobrar en octubre del año pasado tras dos decretos de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, bajo la órbita de Luis Caputo, y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). El gobierno provincial percibía alrededor de $40 millones por el Fondo Especial para Obras de Gas y ello dejó de percibirse desde el 2024. 

Según se desprende del fallo, el derecho del gobierno provincial “a exigir la continuidad de la actuación como agentes de recaudación a las distribuidoras, está suficientemente fundamentado en la vigencia y operatividad de la ley 8.474”. Además agrega que “el impuesto como sistema de percepción mediante un porcentaje en la facturación al usuario, jamás tuvo reproches constitucionales por parte de las distribuidoras ni de usuarios”, por lo que “hay una práctica institucional sostenida al respecto”. 

Vale remarcar que las empresas prestadoras, si bien son de jurisdicción nacional, tienen asiento en la provincia de Buenos Aires, y por ello la medida cautelar dispuesta el 1 de abril debe ser acatada. El fallo no es retroactivo, por lo que el gobierno provincial anticipó que “hará una nueva presentación para que así lo sea”. Vale remarcar que la medida cautelar no implica a todas las compañías ya que hubo dos presentaciones judiciales y aún resta resolverse la segunda. 

Desde el gobierno bonaerense esgrimieron que “hubo una decisión nacional de desfinanciar la ejecución de obras de gas”, y por ello la presentación judicial cuestionando “la arbitraria decisión por ilegítima e inconstitucional, violatoria de las competencias locales y del principio de autonomía provincial”.

Al respecto el subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gastón Ghioni, dijo que “este es el primer paso de una batalla que seguiremos dando porque lo que queda claro es el modo de gestionar del gobierno nacional: mediante una mera resolución de un funcionario, pretenden avasallar no sólo la jurisdicción provincial sino también lo resuelto por representantes del pueblo bonaerense en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”.

Desde que se creó el Fondo Especial para Obras de Gas algunas de las obras realizadas son los gasoductos a través de los cuales se abastecen áreas que resultaban carentes del servicio de gas por redes como el gasoducto de la Costa, gasoducto Noroeste, gasoducto Noreste, y gasoducto Sur.

El Destape

Salió a respaldar el proyecto, aunque especula con posponer la sanción

La incomodidad del Gobierno por el debate de Ficha Limpia

El miércoles se trataría en el Senado. El oficialismo prefiere aprobar la iniciativa después de las elecciones porteñas para no fortalecer la candidatura de Silvia Lospennato, impulsora del texto. En la Cámara Baja, el Gobierno logró frenar la puesta en marcha de la comisión investigadora por la criptoestafa.

Paula Marussich

El oficialismo se quedó sin tiempo y terminó atrapado en su propio acting. El próximo miércoles, el Senado buscará debatir si convierte en ley el proyecto de Ficha Limpia. La iniciativa, que busca impedir la postulación de Cristina Kirchner, se volvió una paradoja incómoda para el Gobierno: mantener su forzada prédica moralista o evitar favorecer al PRO en plena disputa por el control de la Ciudad de Buenos Aires. En el Congreso, la ley ya obtuvo media sanción con amplio respaldo en Diputados. Sin embargo, en el Senado comenzaron a circular versiones que ponen en duda su sanción definitiva. Aunque desde el oficialismo esgrimen razones técnicas, la lectura política se impone: patear la definición para evitar que el PRO capitalice una victoria legislativa a días de la elección porteña. En medio de las idas y vueltas, los libertarios en la Cámara alta salieron a reafirmar su apoyo a la norma.

El jefe de bloque, Ezequiel Atauche, difundió en las últimas horas un comunicado en el que afirmó: “Este miércoles tenemos la oportunidad histórica de enviar un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad: aquellos que se quieran esconder en los fueros para evitar el veredicto de la Justicia no van a tener más impunidad. Por eso ratificamos nuestro compromiso como bloque para aprobar el proyecto de Ficha Limpia que tiene media sanción de Diputados”. El texto intentó disipar las dudas que ellos mismos sembraron.

Es que el lunes, desde la Casa Rosada se filtró que los votos no estaban asegurados y por eso se encomendó al propio Atauche la tarea de recolectar avales firmados de los senadores que acompañarían la votación. “Son ellos los que otra vez buscan aplazar el tratamiento”, confió a este diario un senador dialoguista, sorprendido por la maniobra.

La relación de La Libertad Avanza con Ficha Limpia ha sido, desde el inicio, ambigua. A fin del año pasado, en Diputados, fue el propio oficialismo el que rompió el quórum para evitar su tratamiento. En Balcarce 50 suelen repetir que “Ficha Limpia no es una prioridad” y desconfían de delegar semejante poder a una Justicia que no controlan. Sin embargo, los focus group que llegaron por esos días al "triángulo de hierro" cambiaron las perspectivas. Entonces, el Gobierno decidió presentar su propio proyecto, con cambios cosméticos, al que venía impulsando Silvia Lospennato.

Las dudas sobre si el oficialismo realmente quiere sancionar Ficha Limpia no son nuevas. Ya en la reunión de labor parlamentaria del 22 de abril, dos legisladores que participaron del encuentro revelaron a este diario que “el oficialismo no quiere aprobar la ley” para no fortalecer la candidatura de Silvia Lospennato. Ese día, el pedido del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, para posponer el tratamiento del proyecto sorprendió tanto a aliados como a opositores, y encendió las alarmas. El PRO contaba con el respaldo confirmado de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, lo que en teoría allanaba el camino para avanzar con la sanción. Sin embargo, el oficialismo decidió suspender la sesión, escudándose en el duelo por la muerte del papa Francisco. La jugada fue acompañada por el interbloque de Unión por la Patria, único espacio que rechaza abiertamente la iniciativa que podría dejar fuera de competencia a Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional.

Una de las más enojadas con la maniobra libertaria fue Silvia Lospennato, quien salió a responder las versiones que indicaban que el oficialismo buscaba frenar el proyecto para no favorecerla. “¿A quién le importa de quién es un proyecto?”, lanzó, visiblemente molesta. “Lo que importa es que no tengamos corruptos condenados con fueros. Lo que importa es si queremos garantizar la impunidad de Cristina o no. Eso es lo que está en juego”. A pesar de los intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por despejar las dudas durante el fin de semana, las especulaciones persisten. “Yo creo que va a haber sesión y se va a aprobar. Están los votos. Ya no quedan dudas”, aseguró. Sin embargo, la cúpula del triángulo de hierro volvió a desautorizarlo.

En los pasillos del Congreso, una de las hipótesis que más fuerza había cobrado —aunque luego se desinfló— era que el oficialismo intentara aprobar el proyecto con modificaciones que forzaran su regreso a Diputados. Esa opción requería un pedido formal de cambios, algo que en su momento plantearon los diputados misioneros, al reclamar la inclusión de una cláusula sobre delitos digitales. Pero los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se desmarcaron públicamente y advirtieron que no serán quienes dilaten el trámite legislativo. Salvo que el Gobierno consiga a último momento un nuevo colaboracionista que pida reabrir el texto, esa vía parece hoy clausurada. La otra estrategia posible para evitar la sanción sin asumir el costo político sería más silenciosa: recurrir a las ausencias. El domingo 11 de mayo habrá elecciones en cuatro provincias, lo que podría servir como excusa para que algunos senadores falten a la sesión del miércoles. Una forma prolija de esquivar el costo de frenar el avance del proyecto sin dar explicaciones. Por eso, el Gobierno, a través de Atauche, salió a confirmar asistencia por asistencia. La Casa Rosada no baja instrucciones a la presidenta del senado pero pareciera trabajar para que la sesión se caiga. La moneda está en el aire.

En diálogo con este diario, la senadora Alicia Kirchner cuestionó el uso político de la agenda anticorrupción y dijo: “Durante la semana vamos a ver cuáles son los avances. Puede haber muchos rumores, pero eso se define minutos antes, horas antes de cada sesión. Por lo menos, eso es lo que yo veo en este año y medio. Puede haber contradicciones incluso entre ellos mismos, muchas cosas”, señaló. Y remató: “Al Presidente no le preocupa la corrupción. Lo vimos en vivo y en directo publicitar una estafa con la criptomoneda Libra, sin ponerse colorado”.

¿Todo marcha acorde al plan?

Mientras tanto, en la Cámara Baja, el oficialismo logró frenar la puesta en marcha de la comisión investigadora del escándalo cripto que tiene como protagonista al presidente Javier Milei y su entorno más cercano. El operativo dilatorio, diseñado por el titular del cuerpo, Martín Menem, impidió que se eligieran autoridades y estiró los plazos hasta la próxima sesión prevista para la semana del 19 de mayo. Ese día también se debatirán otros temas sensibles como el financiamiento universitario, la declaración de emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional.

La oposición buscará aprovechar ese escenario para forzar la votación de la presidencia de la comisión y denunciar la maniobra del oficialismo, que amplió de manera irregular la cantidad de integrantes: pasó de 24 a 28 con el único objetivo de sumar más bancas propias. “Como dijo Massot en la comisión, tendríamos los votos para que la presidencia quede del lado de quienes queremos que la comisión funcione. Veremos qué pasa en el medio”, apuntó una legisladora opositora encargada de la estrategia. El propio Massot estimó que la comisión cuenta con el respaldo de al menos 140 diputados en el recinto, una mayoría suficiente frente a los 120 que podrían reunir libertarios y aliados. La Cámara está partida entre quienes buscan blindar al presidente y quienes exigen investigarlo.

El martes 14 de mayo será otra fecha clave: están citados nuevamente los ministros que se ausentaron en la primera interpelación por el caso $LIBRA. Tanto Mariano Cúneo Libarona (Justicia) como Luis “Toto” Caputo (Economía) habían excusado su inasistencia alegando problemas de agenda. Esta vez, si vuelven a faltar, desde la oposición no descartan avanzar con otras medidas. Ya se baraja una posible denuncia judicial o incluso la presentación de pedidos de juicio político, bajo el argumento de que estarían incumpliendo la obligación constitucional de asistir al Congreso cuando son convocados.

Pagina 12


Es la séptima identidad política que asume en su carrera

Patricia Bullrich termina su conversión y se afilia a La Libertad Avanza

La ministra de Seguridad da el portazo definitivo del PRO para unirse formalmente a la fuerza de Javier Milei, a la que hace menos de dos años enfrentó en las elecciones. Lo hará en un acto con Karina Milei y Manuel Adorni ¿Será candidata a senadora?

Patricia Bullrich será protagonista esta tarde de otra más de sus conversiones políticas, la séptima en lo que va de su carrera militante: se afiliará formalmente a La Libertad Avanza (LLA), el partido del gobierno de la que es funcionaria y que fue creado por Javier Milei, el hombre a quien hace solo un año y medio enfrentó como candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

El gesto será el portazo definitivo de la ministra de Seguridad al PRO, el partido del que fue presidenta hasta su enfrentamiento intestino con Mauricio Macri, el hombre que le había dado cobijo y cargos durante los últimos diez años.

El salto de Bullrich a LLA

El anuncio surgió de las fuentes mismas del gobierno nacional, que además celebraron que en el acto de afiliación estarán la titular de LLA y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y candidato a legislador porteño y mandadero presidencial, Manuel Adorni.

La ceremonia de traspaso ideológico que Karina Milei y Adorni apadrinarán tendrá lugar esta tarde a las 18 en una emblemática plaza de la ciudad de Buenos Aires, cuyo nombre aún no se dio a conocer.

Al acercamiento de Bullrich a LLA comenzó no bien perdió en las presidenciales de 2023 donde ella fue la candidata macrista de Juntos por el Cambio. Días antes del balotaje que alzó a Javier Milei a la primera magistratura, ella y Mauricio Macri lo apoyaron abiertamente y sin condiciones.

El gesto de gratitud fue retribuido con su desembarco en el ministerio que había encabezado durante toda la presidencia de Macri y sólo un mes en la de Fernando De la Rúa.

De aquí para allá

Las idas y vueltas de la ministra de Seguridad no se ciernen a los últimos años. Desde su juventud viró de un lado al otro de la política.

En los años ’70 integró la Juventud Peronista (una militancia que le costó acusaciones como la de “poner bombas en jardines de infantes”, hecha por el propio Milei), con el regreso de la democracia militó en el Partido Justicialista.

Fue diputada nacional del menemismo entre 1993 y 1997, y luego se alió a Nueva Dirigencia, el partido fundado por Gustavo Béliz. Tiempo después, creó su propia fuerza política: Unión por Todos, con la cual se alió a la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

También pasó por el Frepaso, el frente creado por Carlos Chacho Álvarez que en 1997 conformó la Alianza, un conglomerado con la UCR y otras fuerzas políticas que llegó al gobierno en 1999, desbancando al menemismo.

Bullrich fue secretaria de Política Criminal ministra de Trabajo durante el gobierno de la Alianza. Hico un breve paso por el Ministerio de Seguridad, entre octubre y noviembre de 2001, antes de la caída de Fernando de la Rúa.

Pasado el eco del “que se vayan todos”, Bullrich volvió en 2007 y volvió a ser electa diputada nacional, cargo que ocupó hasta 2015, cuando su socio Mauricio Macri la ungió como ministra de Seguridad durante toda la administración del PRO/Cambiemos/Juntos por el Cambio.

La amalgama entre ambos fue tal que Macri la convirtió en su sucesora dentro del PRO: Bullrich fue presidenta de esa fuerza política entre 2020 y 2024, pero después todo cayó en desgracia.

¿Candidatura en puerta?

Lo que se rumorea es que el motivo por el cual los vientos de la política nacional hicieron que la veleta de su destino girara hacia LLA se debe a que el mileísmo la quiere como candidata a senadora nacional, en las próximas elecciones nacionales. Pero todo está por verse.

Si siguiera en el PRO esa alternativa sería imposible, como tampoco fue posible el cierre de un acuerdo global entre el PRO y LLA para las listas de cara a octubre próximo. Según critica la propia Bullrich, Macri es quien impone incontables condiciones para cerrar un entendimiento conjunto.

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Presión en las reservas antes de las elecciones: las empresas tienen que pagar deuda por u$s 800 millones

Es solo lo que corresponde al vencimiento de capital de las Obligaciones Negociables. A eso se debe sumar los intereses que no informan. Y están los créditos bancarios que deberían renovar. Ya hay cuatro empresas que se declararon en default.

Fernando Alonso

Las empresas privadas enfrentan vencimientos del capital de la deuda de unos u$s 800 millones hasta las elecciones, y de más de u$s 1.000 millones hasta fin de año, en un clima financiero local e internacional más complicado que dificulta el acceso al financiamiento y que generará mayor presión sobre el mercado de cambios, donde el Banco Central sigue sin poder sumar reservas. A lo largo de este mes, los vencimientos de capital suman u$s 113 millones y otros u$s 49 millones en junio, cuando termina el trimestre de mayor oferta de divisas proveniente de la cosecha gruesa.

Según estadísticas del economista Federico Glodowsky, en el primer trimestre los vencimientos sumaron u$s 174,2 millones, en el segundo trimestre sumarán u$s 305,9 millones, en el tercero u$s 498,1 millones y en el último u$s 267,2 millones. El temor que se instaló en marzo en los mercados por los términos del acuerdo con el FMI frenó la emisión de deuda corporativa, que venía a un ritmo de dos mil millones de dólares en enero y mil millones de dólares en febrero a u$s 598 millones en marzo, frente a los u$s 1.484 millones de ese mes del año pasado.

La otra característica de la deuda que destacó Glodowsky fue que de tener una extensión promedio de 36 meses la emitida el año pasado se acortó a una duración de 29 meses este año, reflejando los temores: se presta menos y a menor plazo.

La dimensión de la deuda del sector privado emitida en el mercado de capitales y liquidada en el mercado oficial, donde intervino el año pasado como comprador el Banco Central, cobra mayor preocupación a partir del default decretado el miércoles pasado y conectado hoy de la empresa Albanesi, dedicada a la generación de energía eléctrica.

Generación Mediterránea (GEMSA) y Central Térmica Roca S.A., ambas controladas por el Grupo Albanesi, anunciaron oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no podrán afrontar el pago de intereses por u$s 19,5 millones correspondientes a sus obligaciones negociables (ON) con vencimiento el 5 de mayo de 2025.

Riesgos de impago

El impago corresponde a los intereses de  la emisión de ON de las Clase XXXIX, XL y XLI, que en su momento fueron colocadas por un monto global de u$s 1.000 millones, y se suman a los default que ya declararon las empresas vinculadas al sector agropexportador, Grupo Los Grobos, Agrofina y Surcos, en estos casos tanto de los vencimientos en divisas como en pesos.

La deuda externa financiera del sector privado alcanza a fin de 2024 los u$s 41.755 millones, mostrando un aumento trimestral de u$s 1.918 millones y de u$s 2.085 millones en comparación con 2023. El incremento del trimestre estuvo explicado principalmente por el aumento de u$s 1.546 millones en los préstamos bancarios y u$s 467 millones de deuda en los mercados financieros, según estadísticas del BCRA.

En el mercado atribuyen este último default a medidas tomadas por la administración de Javier Milei para generar un superávit fiscal sobre la base de postergar o incumplir pagos, como fue la suspensión de pagos de CAMMESA a principios del 2024. La empresa estatal que administra el mercado eléctrico mayorista cortó el flujo de fondos a las generadoras y finalmente pagó solo el 50% y no reconoció intereses, lo que obligó a un mayor endeudamiento de las empresas para mantener el giro de negocios.

La mayoría del endeudamiento del sector privado generado a lo largo de la administración de Milei fue inducido por las políticas económicas del ministro Luis Caputo que favorecieron el “carry trade” o bicicleta financiera: tomar deuda en dólares, venderle las divisas al BCRA y comprar deuda del Tesoro en pesos, generando una renta financiera extraordinaria.

El problema es que la actividad en la economía real no acompañó esa estrategia y en el caso de las empresas del sector agroexportador se perjudicaron por la apreciación del tipo de cambio que generó una pérdida de rentabilidad y la imposibilidad de afrontar los vencimientos.

La estrategia de carry trade también sufrió un golpe con la devaluación que siguió a la unificación del mercado de cambio que se generó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien el dólar se ubicó por debajo de la cotización de los dólares financieros, en el mercado al que acceden las empresas subió un 10% respecto del tipo de cambio mayorista previo.

El mercado viene observando las dificultades de la administración de Milei para aumentar las reservas del Banco Central con compras de divisas y mantiene la preocupación sobre un incumplimiento de la deuda pública, lo que se refleja en el índice de Riesgo País arriba de los 700 puntos. Hasta ahora, el incremento de reservas internacionales fue generado con endeudamiento, con el FMI por u$s 12.000 millones; con organismos internacionales por otros u$s 6.100 millones y está anunciado también que el BCRA tomará otro crédito de bancos comerciales internacionales por al menos u$s 2.000 millones.

Además, el BCRA aprobó la emisión de una nueva deuda en bonos Bopreal por hasta u$s 3.000 millones para dar salida a fondos de las empresas atrapados en el cepo.

Esta estrategia de financiamiento no es acompañada por el mercado, donde se considera que sin compras legítimas se mantendrá la duda sobre la capacidad del Gobierno de hacer frente a los vencimientos de capital e intereses de los bonos Globales (con legislación extranjera) y Bonares (con legislación local).

En julio el Gobierno afronta un pago del orden de los US$4.400 millones que están garantizados con los fondos del Fondo Monetario pero en enero enfrenta otro vencimiento similar.

El Destape

La UTA va por un paro de colectivos por tiempo indeterminado: "Que se preparen"

Mientras rige el paro por 24 horas en todo el país, desde la UTA avisaron que si no se resuelve el conflicto podrían extender la medida de fuerza sin una fecha determinada.

Ya rige el paro de colectivos por 24 horas convocado por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el gremio que conduce Roberto Fernández adelantó que el próximo paso podría ser una medida de fuerza por tiempo indeterminado, en caso de que el sector empresarial y el Gobierno nacional de Javier Milei no tomen medidas en el asunto para resolver el conflicto en el marco de las paritarias 2025.

En declaraciones a El Destape 1070, fue el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, quien adelantó un posible "paro (de colectivos) por tiempo indeterminado" si no hay una mejora en oferta salarial a los gremios, que reclaman un salario inicial de $1 1.700.000 para los choferes. "Qué se preparen", remarcó el dirigente gremial.

 Gusso dialogó con Mariano Martín y allí remarcó que los trabajadores tienen "gastos, como alquileres, autos, vestimenta, queremos comernos un asado el domingo, no queremos ser esclavos". "No queremos dejar de tener sindicatos en la República Argentina". Apuntó contra Milei, "ya que si no marcás la tarjeta, no cobrás" y porque "se metió con el gremio más fuerte del país. "Vamos al paro y será por tiempo indeterminado si el Consejo Directivo (de la UTA) lo establece". 

Paro de colectivos por tiempo indeterminado: qué dijo la UTA

El secretario Gremial de la UTA recordó que ya se terminó el tiempo de la conciliación obligatoria, que dictó la Secretaría de Trabajo a principios de abril y que impidió que el gremio se sumara al paro general de la CGT del último 10 de abril. 

"Las bases están pidiendo al consejo directivo nacional que si hoy no le hacen un llamado a Roberto Fernández (titular de la UTA), que no hagan una promesa... si no aparece la plata queremos un paro por tiempo indeterminado", advirtió Gusso en declaraciones a AM530.

Además, en otras declaraciones a La Patriada, evaluó estar "muy contento" por el acatamiento de la medida a nivel nacional. 

En ese sentido, puso de ejemplo lo que sucede en DOTA, una de las empresas que decidieron no plegarse al paro y descontarle el día a los choferes que no trabajen.

"En el grupo DOTA, que es donde tiene acciones el presidente Milei, la gente que no paró en el paro general por miedo a los despidos, no sacaron colectivos hasta hace un ratito", detalló Gusso.

En paralelo, el vocero de la UTA, Mario Calegari, expresó que pese a cambios de funcionarios en el Gabinete, "la política del Gobierno es dar aumentos salariales inferiores a la inflación". También adelantó que "habrá un plan de lucha" si no se resuelve el conflicto.

"Puede cambiar algún funcionario pero la política es una sola. La política del Gobierno es estar en este momento con aumentos salariales inferiores a la inflación", se quejó Calegari en diálogo con El Destape 1070.

Consultado sobre cómo seguirá el reclamo después del paro, planteó: "Si no se resuelve de esta forma, habrá un plan de lucha".

La postura de los empresarios de transporte

El director de la empresa DOTA, Marcelo Pasciuto, confirmó que no le pagan el día de trabajo a aquellos choferes que deciden sumarse a la medida de fuerza del gremio. La sanción implica no cobrar una suma de entre $30.000 y $40.000, que varía según antigüedad. Pese a esto, argumenta la existencia de "libertad de trabajo".

"El que quiera trabajar, trabaja, y el que quiere hacer el paro lo puede hacer", dijo Pasciuto en diálogo con este medio. Sin embargo, explicó que hay consecuencias para quienes eligen parar. "El día ausente no es pago. Varía según la antigüedad. La libertad de trabajo está, después cada uno asume su responsabilidad", detalló.

En tanto, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, destacó como "un esfuerzo" el aumento de $100.000 que ofrecieron las empresas de transporte y que fue rechazado por el gremio. 

“Las empresas hicieron su esfuerzo, se ofreció pasar de $1.200.000 a $1.300.000”, dijo Fusaro en diálogo con La Red. Desde UTA pretenden un salario básico de $1.700.000

Si bien admitió que "es difícil perder el día" de trabajo para los choferes que deciden plegarse al paro, cuestionó la medida al indicar que "no ayuda para nada" a la discusión salarial. "Nos tenemos que ver la cara al otro día con menos recursos que antes", agregó.

La actitud del Gobierno frente al paro

En plena medida de fuerza, y al igual que lo hizo en el último paro de transporte, el Gobierno nacional volvió a difundir la línea telefónica 134, en la que se pueden realizar denuncias de "extorsión" a trabajadores para obligarlos a sumarse a la protesta.

"Si querés trabajar y te están extorsionando, amenazando o usando la violencia para obligarte a parar, no estás solo. Podés hacer la denuncia y vamos a actuar", compartió el Ministerio de Seguridad en su cuenta de la red social X.

Mientras un grupo de choferes de la Línea 60 se congregaron en la colectora de Autopista Panamericana en Ingeniero Maschwitz para luego protestar en Puente Saavedra, desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la vigencia del protocolo antipiquete para liberar trazas de la vía pública obstruida en manifestaciones.

"Está muy bien el derecho de huelga y a manifestarse, pero no podés avanzar sobre los derechos de los demás", señaló el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, en diálogo con La Nación+.

El Destape

Lo que el ministro no quiere que se sepa

La verdad detrás del violento ataque de Luis Caputo a los periodistas

El ministro de Economía se plegó a los ataques de Javier Milei contra los periodistas, luego de que se difundiera un peritaje clave en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner donde la familia Caputo está en la mira.

A tono con el mensaje que repite semana a semana Javier Milei, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo lanzó una seguidilla de ataques a los periodistas, afirmó que "por mérito propio" la profesión "tiende a desaparecer" y afirmó que los comunicadores deben tomar nota y cambiar. Sin embargo, ¿qué hay detrás de sus declaraciones? ¿Qué enojó al funcionario?

La periodista experta en judiciales de Página|12 Irina Hauser explicó por la 750 qué hay detrás de los nuevos ataques del ministro de Economía y aseguró que la crítica no es casual, sino que esconde la intención de intentar ocular información.

Después de que el presidente Javier Milei aseguró que “no se odia lo suficiente” a la prensa y de que el ministro asegurara que es una profesión que va a “desaparecer”, Hauser explicó que esto no se puede separar de las causas judiciales que apuntan al Gobierno.

Creo que ni a Caputo ni a Milei les gustan los datos. Por eso están empeñados en desacreditar a los periodistas”, tradujo en un lenguaje llano las intenciones detrás de la nueva campaña mediática del odio.

Y precisó con claridad: “Hace poco se conoció un peritaje contable en la causa donde se investiga a la organización Revolución Federal, un grupo pequeño de jóvenes muy violentos que tenía dos formas de actuar en los meses previos al atentado”.

Esto es un peritaje sobre el financiamiento de un grupo que “salía a la calle a desplegar acciones muy agresivas contra dirigentes políticos: desde insultos hasta pararse a centímetros, escupir, tirar basura, llevar horcas y guillotinas con frases amenazantes”.

Además, la periodista y autora del libro Muerta o presa, la trama violenta detrás del atentado a Cristina Kirchner, Morel hacía encuentros en las redes sociales, especialmente en Twitter Spaces, “donde decían abiertamente que había que matar dirigentes, que había que desestabilizar al Gobierno, y que había que matar, sobre todo, a Cristina Kirchner”.

“Uno de sus referentes, Jonathan Morel, decía que había que meterse en la multitud, hacerse pasar por militante, cantar la marcha peronista y pasar a la historia. Eso fue lo que intentó hacer Fernando Sabag Montiel, aunque la bala no salió”, dijo.

El vínculo con Caputo es directo, según detalló Hauser. “Revolución Federal, para ese despliegue, necesitaba dinero. No se movían con dos pesos. Una organización así necesita sustento”, explicó Hauser. Tras lo que añadió: “Morel tenía una carpintería en Boulogne. Ni cartel a la calle tenía. Y el cuento que cuenta él, como también la hermana de Caputo, es que pasó por el taller, se le ocurrió comprar una mesa ratona, y que se le rompió. Entonces volvió a reclamar”.

“En lugar de devolverle el dinero, le encargaron un trabajo enorme para equipar 60 departamentos en Añelo, cerca de Vaca Muerta. Y por eso le pagaron más de 15 millones de pesos”, afirmó Hauser sobre lo que dice la investigación judicial.

Y afirmó: “El peritaje contable que se conoció hace pocos días dice que no hay justificación para que se haya pagado ese dinero, y que Morel no tenía capacidad de realizar semejante trabajo. Se pagó, además, un 20% más. Imaginemos: un taller que no tenía cartel, sin trayectoria, sin empleados, sin herramientas”.

Entonces, ¿qué le molesta a Caputo? Que se sepa que su familia puso plata para algo que no sabemos bien qué fue, pero que seguro fue para fomentar la violencia”, concluyó la periodista sobre la nueva ofensiva del Gobierno.

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Luego de subejecutarlos

Motosierra sin fin: el Gobierno eliminó definitivamente el FISU y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica

En una nueva muestra de su desprecio por las políticas públicas, el Gobierno de Javier Milei eliminó dos fondos fiduciarios clave: uno destinado a la ciencia y tecnología, y otro a la vivienda. Esta decisión, tomada a través del Decreto 446/2024, profundiza el ajuste en áreas críticas para el desarrollo del país y confirma que el Ejecutivo prioriza el recorte indiscriminado antes que el bienestar de la población. El anuncio fue hecho por el vocero presidencial devenido en candidato, Manuel Adorni, a través de un posteo en Twitter en el que se vanaglorió de que la administración libertaria ya cerró otros tantos fondos destinados a políticas sociales. "Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión", festejó. 

Ciencia y vivienda, otra vez en la mira del ajuste

Los fondos afectados son el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONCyT) y el Fondo Fiduciario Público de Vivienda, ambos instrumentos clave para financiar investigación y acceso a la vivienda digna. Su eliminación no es casual: responde a la lógica destructiva de un Gobierno que ya ha recortado presupuestos educativos, desfinanciado universidades y paralizado programas sociales.

Mientras Milei habla de "liberar fuerzas productivas", su gestión ahoga sectores estratégicos. Sin inversión en ciencia, Argentina retrocede en soberanía tecnológica; sin políticas de vivienda, se agrava el déficit habitacional que ya afecta a millones.

Un patrón de desinversión y abandono

Esta no es la primera vez que el Gobierno ataca fondos fiduciarios. Anteriormente, ya había vaciado otros destinados a salud, ambiente y desarrollo social. El argumento de "racionalizar el Estado" es solo un eufemismo para justificar el desmantelamiento de políticas públicas que, aunque imperfectas, eran un paliativo ante la crisis.

Lo grave es que estos recortes no surgen de un análisis técnico, sino de una ideología extremista que considera al Estado como un enemigo, incluso cuando se trata de garantizar derechos básicos.

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"Esto ya lo vivimos en el 2001"

Operación Roca: casi 2 mil militares llegan hoy a Tartagal 

Organismos de derechos humanos y partidos de izquierda rechazaron la injerencia de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna. Advirtieron que "bajo el pretexto de guerra al narcotráfico, se pretende profundizar la represión y el control social".

Elena Corvalan

Cerca de 1.900 militares llegarán hoy a la ciudad de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta, en el marco de la Operación Julio Argentino Roca, lanzada por el Ministerio de Defensa de la Nación como parte de una ampliación del Plan Güemes, de refuerzo del control en la frontera norte.

El operativo fue anunciado a mediados de abril por el ministro de Defensa, Luis Petri, en el acto de ampliación del Plan Güemes, cuya aplicación, impulsada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador Gustavo Sáenz, comenzó en diciembre del año pasado en el departamento Orán y ahora se extendió a los departamentos San Martín y Rivadavia. Desde su lanzamiento organismos de derechos humanos de la provincia vienen alertando sobre la utilización de cuestiones de seguridad para justificar medidas de represión y control social. 

Ayer, representantes de organismos de derechos humanos y de partidos de izquierda convocaron a una conferencia de prensa para denunciar que, "bajo el pretexto de guerra al narcotráfico, lo que se pretende es profundizar la represión y el control social en el marco de un brutal ajuste contra el pueblo, como lo demuestra el hecho de que se habilita la militarización de cualquier 'objetivo de valor estratégico', lo que incluye protestas, manifestaciones y conflictos sociales en empresas o establecimientos públicos".

En este sentido recordaron que el gobierno de Javier Milei, "en acuerdo con Sáenz", autoriza a las fuerzas armadas, a través del decreto 1112/24, Sistema de defensa nacional, "a proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia. Esto ya lo vivimos en el 2001", afirmaron con la presencia en Tartagal y General Mosconi de la Gendarmería Nacional que reprimió y asesinó a cinco trabajadores del movimiento piquetero.

En el presente, "ya tuvimos dos ejemplos de la impunidad que le otorga Bullrich a las FF.AA, con el asesinato de 2 jóvenes trabajadores: Fernando Gómez, de Salta, e Ivo Torres, de Jujuy, a manos de la Gendarmería", agregaron. El trabajador de frontera Fernando Gómez fue asesinado el 18 de diciembre, en un operativo encuadrado en el Plan Güemes en Orán. 

"La justificación es la lucha contra el narcotráfico y las redes de trata. Este propósito es una estafa al pueblo porque el nivel de entrelazamiento del narcotráfico con policías, jueces, gendarmes e intendentes es abrumador. Es el mismo estado que implementó un blanqueo que permitió a las redes de narcotráfico legalizar su dinero espurio", afirmaron los organismos y partidos como Rebelión Popular, PRML, el PTS y el Partido Obrero. En Salta, acusaron al gobierno provincial de estar "garantizando la impunidad a su funcionario Benjamín Cruz, ex Secretario de Seguridad, conocido por sus vínculos con sicarios y jefes de los carteles de Orán".

Las organizaciones que participaron de la conferencia de prensa precisaron que con la llegada de las fuerzas armadas a Tartagal, se sumarán más de 10.000 efectivos, entre miembros del Ejército, Gendarmería, Prefectura y la Fuerza Aérea; de los cuales 1.300 se quedarán en forma permanente en las áreas de intervención, afirmaron. Añadieron que el operativo prevé "el despliegue de efectivos militares en provincias como Salta, Jujuy, Formosa, Misiones y Corrientes". 

Las operaciones se extienden ahora a Tartagal, Aguaray, Salvador Mazza y el extremo noreste de la provincia, Santa Victoria Este y Misión La Paz, ya en el departamento Rivadavia, que también comparte frontera con Paraguay.

La decisión del gobierno nacional de involucrar a las fuerzas armadas en la seguridad en zonas de frontera viene siendo cuestionada por especialistas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), porque choca con las leyes de defensa nacional y de seguridad interior. 

El gobierno provincial no brindó mayor información sobre la puesta en práctica de la Operación Roca. La semana pasada difundió un parte de prensa anunciando la llegada de los refuerzos militares a la zona de frontera de Tartagal y Salvador Mazza, pero fue eliminado rápidamente por pedido del ministro de Defensa nacional, que tampoco dió mayores precisiones, aunque hizo declaraciones en las que insistió en que la ley se seguridad interior no impide a las fuerzas armadas intervenir en cuestiones de seguridad interna. 

“Nosotros creemos que las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad tienen que estar en frontera”. “Nosotros queremos ir contra los narcos, queremos ir contra el crimen organizado, queremos utilizar todo el peso y poder del estado para ir contra esa delincuencia internacional y para proteger a los argentinos”, aseguró Petri. 

Los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda señalaron que "los gobiernos de las últimas décadas han reforzado de distintas formas la presencia de las fuerzas represivas en los barrios y otros rincones del país y, sin embargo, el narcotráfico y la trata no han cesado de crecer". Y denunciaron la ilegalidad del decreto presidencial 1112/24, Sistema de defensa nacional, porque "viola leyes taxativas como la ley de Defensa, la Ley de Inteligencia y la Ley de Seguridad Interior". "Con un decreto ilegal, se abre la puerta para la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión interna en la Argentina", denunciaron.

Como ocurrió en la ciudad de Orán y con el pueblo de Aguas Blancas, que también tiene frontera internacional, la llegada de más miembros de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad obligó al gobierno provincial y a los municipios locales a realizar inversiones para brindarles alojamiento. 

En el caso de Tartagal, el intendente Franco Hernández Berni, informó en declaraciones a Cadena 3 que se realizaron obras para recibir a los efectivos, entre ellas, se hicieron mejoras en el Regimiento de Infantería de Monte 28, que será el centro logístico del operativo. También se refaccionó el viejo hospital que ahora funcionará como centro de monitoreo y alojamiento para las tropas. El jefe comunal adelantó que el miembros del Ejército ya "detuvieron a personas en flagrancia".

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Creo que se debe convocar al congreso rápidamente y denunciar a Petri , Bullrich y al gobernador por mal desempeño de sus funciones, violan la Constitución y las leyes.