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27 de octubre de 2026

El vínculo con Fred Machado

Espert apeló el procesamiento por lavado de dinero: busca frenar el embargo de mil millones de pesos

El exdiputado libertario busca recuperar la posibilidad de salir del país, mientras la Justicia investiga el origen de su millonario patrimonio.

José Luis Espert apeló su procesamiento por presunto lavado de dinero y pidió que la Justicia lo sobresea. Acorralado por una causa que vuelve a poner en primer plano sus vínculos con Federico “Fred” Machado, el exdiputado libertario también reclamó que se levanten el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país, dos de las medidas que le impuso el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

  • Ravier dijo que las amenazas de Milei a periodistas fueron una “metáfora”
  • La causa gira alrededor de una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde Estados Unidos. El dinero llegó a través de una empresa vinculada a Machado, condenado en ese país por lavado de activos.

    Para explicar el ingreso, Espert presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. El servicio, sin embargo, nunca llegó a prestarse. La fiscalía sostiene que ese acuerdo habría servido para dar una apariencia legal a fondos cuyo origen está bajo investigación.

    Los argumentos de Espert para despegarse de la causa

    La defensa de Espert cuestionó que el juez haya avanzado con el procesamiento sin contar todavía con la respuesta al exhorto enviado a Estados Unidos para determinar la procedencia de los activos. Según expuso, la resolución se basa en un delito precedente que, según sostiene el abogado del exdiputado, aún no fue probado.

    El exdiputado también buscó desarmar la hipótesis de ocultamiento. En este sentido argumentó que el dinero ingresó en una cuenta a su nombre, que los vehículos adquiridos con esos fondos quedaron registrados y que no hubo movimientos destinados a disimular quién era su titular. Además, negó que Machado haya recibido una devolución del dinero.

    Espert también planteó que las “eventuales irregularidades fiscales” vinculadas con la transferencia deberían analizarse en el ámbito tributario y no como una maniobra de lavado. La Justicia, por su parte, mantiene bajo análisis el contrato, el recorrido del dinero y su utilización.

    El vínculo de Espert con Machado

    La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario aportó recursos logísticos, entre ellos el uso de aeronaves. Ese vínculo quedó en el centro de la controversia judicial por los 200 mil dólares que el economista recibió meses después.

    La investigación también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A. La resolución de Mirabelli incluyó medidas patrimoniales contra los involucrados y restringió la salida del país de Espert.

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    24 de octubre de 2026

    La causa $LIBRA sin acusados

    Esa manito judicial que deja libres a los hermanos Milei

    Todos los protagonistas de la criptoestafa, entre ellos Novelli y Terrones, fueron sobreseídos. No se investigó el destino de los millones de dólares transferidos por Davis.

    Irina Hauser

    El caso $LIBRA, el primer gran escándalo paradigmático de presunta corrupción que sacudió al gobierno de Javier Milei, está a un paso de quedar impune. Sin haber sido citados a indagatoria, el Presidente, su hermana Karina, los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, el estadounidense Hayden Mark Davis (creador del token) y otros personajes vinculados a la trama, fueron sobreseídos sin más y a pesar de que la investigación dejó abierto un enorme abanico de interrogantes, entre ellos adónde fueron a parar los millones de dólares transferidos por Davis antes y después del lanzamiento de la criptomoneda, que pasaron por cuentas de dos intermediarios vinculados con el grupo que lanzó el criptoactivo.

    La decisión de sobreseer a todo el mundo, pese a que hubo peritajes reveladores y no se profundizaron cuestiones esenciales, fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien se supone que actúa en los tribunales federales en nombre de los intereses de la sociedad. El núcleo de su planteo fue que no existió una estafa y que los hechos “no encuadran en una figura legal”, o sea que no hubo delitos. No importa tampoco para él si fue el presidente Milei quien llamó a comprar $LIBRA en la red “X” como si fuera una forma de contribuir con pequeños emprendimientos (algo que, desde ya, no sucedió) y si quienes invirtieron perdieron todo o parte por una maniobra que hizo crecer y caer abruptamente el valor del activo, por lo que un grupo se quedó con millones de ganancias (280 millones de dólares, según Arkham). Tampoco se configuraron para la fiscalía otros delitos, como el cohecho (coimas), ni las negociaciones incompatibles con la función pública, ni abuso de autoridad, ni tráfico de influencias. Aquí no ha pasado nada de nada.

    Como era esperable, Milei tuiteó contento y agradecido, victimizándose: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?” Dijo que “la justicia puso las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas”. Más tarde amenazó a medios y periodistas que se ocupan del tema.

    El primer indicio de que la causa iba en este camino fue el apartamiento de los cinco querellantes: uno de ellos es el especialista Martín Romeo y el resto es un grupo de inversores representados por Juan Grabois. Esa discusión, sin embargo, no está terminada. Los sobreseimientos, dispuestos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en función de la falta de acusación, fueron resueltos antes de que llegue una definición de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la situación de los damnificados, que habían sido apartados a pedido de Novelli por el juzgado. Luego esa medida la confirmó la Sala I Cámara Federal con los votos de Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

    Fue una de las primeras decisiones que firmó Bertuzzi luego de conseguir acuerdo del Senado para regularizar su situación, ya que había ocupado el cargo de camarista nombrado a dedo desde 2018. Asumió, tras saltar del puesto 21 en el concurso a conseguir el cargo, junto con Pablo Yadarola, que saltó desde el puesto 17. Fue un momento bisagra, a comienzos de septiembre, a partir del cual se firmaron sucesivos fallos para blindar al Gobierno, entre ellos el que Casación archivó esta semana en beneficio de Luis Caputo y Federico Sturzenegger por la deuda de 57.100 millones de dólares con el FMI. El clima actual incluye, en simultáneo, la ofensiva judicial macrista-mileísta contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner con la aceleración del juicio conocido como Hotesur-Los Sauces.

    Como sea, todavía existe una posibilidad de que Casación reconozca a los querellantes de $LIBRA y esto abriría ruta de revisión de los sobreseimientos. Los jueces que deberán decidir son Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacubocci.

    Las asombrosas fuentes del fiscal

    La tesis de que no existió estafa fue presentada por uno de los acusados, Novelli, para alegría de todos los demás. El planteo que recogieron la fiscalía y el juez es que no se puede hablar de un engaño (necesario para el fraude) porque el token existió, intervenían empresas reales y, en todo caso, el fracaso o las pérdidas sufridas por los inversores son un problema de ellos, que sabían que nadie les garantizaba rentabilidad, estabilidad del precio ni nada y que se trata de un mercado volátil y especulativo. Equipararon $LIBRA con una memecoin, algo que los especialistas discuten, ya que ese tipo de moneda es como un juego sin propósitos económicos, pero $LIBRA sí fue ofrecida como inversión.

    $LIBRA fue lanzada el 14 de febrero de 2025. En rigor, se hizo pública la criptomoneda y la posibilidad de comprarla por el famoso tuit de Milei, que lo publicitaba como vía de crecimiento para el país y para apoyar a pequeños y medianos emprendimientos. Adjuntaba en el posteo el link para poder invertir. Uno de los enigmas nunca respondidos en la causa es quién le facilitó el contrato al mandatario. Desde el lanzamiento, a las 19.01, $LIBRA pasó de valer un centavo de dólar a casi cinco dólares en cuestión de minutos y se desplomó en poco tiempo. A medianoche, Milei publicó otro tuit donde decía que en realidad no estaba interiorizado respecto del proyecto. En el ínterin, el equipo creador y otras personas que tenían información privilegiada hicieron operaciones en el momento exacto, de modo que unas pocas billeteras se quedaron con el botín y el resto de los inversores perdió.

    “La sola secuencia temporal entre la promoción, el incremento de la cotización y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que esa evolución hubiera sido previamente organizada con una finalidad defraudatoria”, dice la resolución. El juez se apoyó también en que la sala macrista-mileísta de la Cámara Federal había dicho que la hipótesis de un “plan desde las más altas esferas” estaba “diluida”.

    El estrecho vínculo entre Milei y Novelli pasó extrañamente a un segundo plano para la justicia. Tanto el presidente como su hermana tuvieron llamadas frenéticas con el trader –que se encontraba en Dallas con Davis-- minutos antes del lanzamiento y después, cuando se desplomó la moneda. Momento en que también el Novelli tuvo contactos con Santiago Caputo y el jefe del Consejo de Asesores, Demián Reidel.

    Pero, además, por los ingresos a la Casa Rosada durante 2024 y comienzos de 2025 quedó claro que Novelli y su socio eran visitantes frecuentes, que incluso acompañaron a Davis a ver a Milei días antes del operativo $LIBRA. De hecho, es conocido que el estadounidense se sacó una foto el 30 de enero de 2025 en la Casa de Gobierno con el jefe de Estado, quien lo presentaba como asesor en materia de criptomonedas y blockchain. El momento crucial de las tratativas había sido octubre anterior, con el evento Tech Forum, organizado por el dúo de criptobros, con intervención de Morales, donde Milei fue orador. Davis, su padre y hermano aplaudieron en primera fila.

    La resolución tomó como fuentes para quitar responsabilidades a Milei y el resto de los implicados un reciente fallo del Tribunal de Nueva York contra Kelsier (la empresa de Davis) por las pérdidas derivadas de este caso, que cerró la demanda colectiva al decir que las criptomonedas son de carácter especulativo y que el hecho de que las promueva una figura pública no las vuelve una trampa punible.

    Taiano dijo también que Estados Unidos había rechazado sus pedidos de colaboración porque los elementos que enviaba eran insuficientes. El argumento era que no se había demostrado nexo entre los investigados y ciertos registros solicitados. Es decir, le endilgaban algún error y el fiscal decidió no insistir.

    Para exculpar a Milei, se aferró también a un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) que decía que no había tuiteado como presidente de la Nación ni desde una cuenta en función de ese cargo. Como si en algún momento dejara de ejercer la presidencia. La idea es que hizo el posteo como un ciudadano cualquiera. Como informó este diario, el Gobierno le pidió a la OA una evaluación y armó una unidad especial para este tema para ejercer como filtro en la información que se enviaba a la justicia y decir que no se había violado la Ley de Ética ni cometido ninguna irregularidad. La fiscalía, incluso para desligar a Karina Milei, tomó una contestación de su propia secretaría y de la de Legal y Técnica y sostuvo que el hecho de que ella hubiera autorizado el de Davis y Bartosz Lipinski a la Rosada no quiere decir que haya tenido relación con el tema. Además, señala que no participó en el Tech Forum.

    La denuncia original, que hicieron los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se refería a relatos que atribuían pagos a la hermana del presidente para acceder a él. Hubo dos empresarios (Diógenes Casares y Charles Hoskinson) que se refirieron públicamente a pedidos de dinero para ver a Milei. Nunca fueron llamados a dar testimonio, ni ellos ni otros requeridos por las querellas con insistencia. Para el fiscal no hacía falta porque no se refirieron a Karina Milei en esas expresiones. Pero no era lo único: el sitio CoinDesk publicó mensajes de Davis a otros empresarios donde se jactaba de enviarle dinero a Karina para que Milei hiciera lo que él pretendía: “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que le digo”. Esta pata de la investigación luego se unificó con la causa madre, que incluía varias denuncias y se refería a la posible estafa y el rol del presidente.

    El fallo insiste en que no se acreditó la intervención de Milei “en un contrato u operación en ejercicio de sus funciones oficiales, ni la existencia de un interés particular que hubiera condicionado la actuación de la administración pública”. Tampoco, agrega, se asignaron recursos estatales al operativo $LIBRA. El juez incluso equiparó el papel del presidente con “la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica o emprendimiento comercial”.

    El celular de Novelli y la ruta del dinero

    Taiano se las ingenió para demorar medidas cruciales y luego complicar el acceso a los resultados. De por sí, se tomó cerca de seis meses para mandar a analizar el contenido de los celulares de Novelli y Morales. Una vez que la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP) de la Procuración avanzó, bloqueó el acceso al resultado a las querellas.

    Cuando se conoció el contenido, quedó clara su relevancia: aparecieron las llamadas en el momento del lanzamiento y borradores de diversos contratos que conectaban a Davis, Novelli, Terrones Godoy, Morales, Milei y Karina. Como se filtró parte de ese informe de la DATIP, el juez decidió relativizar su valor como prueba. Dijo que se había violado la cadena de custodia. Insólito, teniendo en cuenta que el informe ya estaba en manos de la fiscalía desde cuatro meses antes. La primera publicación fue de la abogada y periodista Natalia Volosin.

    Entre los documentos más elocuentes hallados en el aparato de Novelli, había una “oferta irrevocable” de Kelsier Group (empresa de Davis) fechada el 21 de noviembre de 2024. Estaba dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales. Buscaba una “asociación indirecta con el gobierno argentino” y mencionaba como interlocutores al Presidente y Karina Milei. Este acuerdo coincide, además, con transferencias de Davis a la hermana de Novelli, Pía, como parte de pago. El fallo dice que no se pudo probar si el acuerdo existió porque no aparecía la firma de nadie.

    Otro de los documentos claves, que parecía redactado por Novelli, hablaba de un convenio con “H” (Hayden Davis) y preveía tres pagos: 1,5 millones de dólares en tokens líquidos o efectivo como adelanto, otros 1,5 millones por un tuit de Milei anunciando a Hayden Davis como asesor y 2 millones por la firma de un contrato con Milei y eventualmente su hermana. El juzgado dice que según el peritaje “no es posible acreditar que dicha nota o acuerdo hubiera sido comunicado a Hayden Davis u otra persona, ni que la propuesta allí mencionada hubiera sido efectivamente formulada, recibida y aceptada”. Tampoco se dispusieron medidas adicionales para profundizar esa pista tan relevante.

    Los términos del tuit de Milei donde presentaba a Davis como su asesor llamativamente coincidía con parte de ese texto. El encuentro, además, coincidió con otra cuestión central: las trasferencias de fondos desde cuentas vinculadas a Davis en el momento en que estaba reunido con el mandatario en la Casa Rosada y con posterioridad al lanzamiento de $LIBRA. Ese 30 de enero, el jubilado Orlando Mellino (con domicilio en una plaza) recibió dos transferencias de 507.000 dólares cada una. Y el 4 de febrero el financista colombiano Camilo Rodríguez Blanco, radicado en Argentina, recibió casi 4 millones de dólares de ese origen. A partir de ahí se pierde el rastro.

    Rodríguez Blanco no era un personaje de reparto: según los mensajes extraídos del celular de Novelli era su financista y el que convertía dinero cripto en cash. De los mensajes surge que incluso lo contactó en momentos que necesitaba efectivo para hacer pagos a los Milei. Las billeteras de Mellino y Rodríguez Blanco solían interactuar con las de Novelli y Terrones Godoy. Toda esta pista quedó trunca y ambos hombres que tuvieron un papel evidente para canalizar fondos fueron sobreseídos también.

    Justo ese 4 de febrero ocurrió algo de suma importancia en esta historia: Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco de Galicia. Fue con su madre, Alicia Rafaele y su hermana Pía, con bolsos que descargaron allí. Ambas mujeres volvieron el 17 de febrero, primer día hábil después del escándalo cripto, y se llevaron todo lo que había. Cuando el fiscal mandó allanar el lugar, como es evidente no había nada. Entre las razones que esgrime para decir que no se probaron delitos, señala que las cajas que allanó tardíamente estaban vacías. El celular de Morales, también incautado con tres semanas de demora, carecía de contenido. Lo había cambiado. Madre e hija también fueron sobreseídas.

    Davis había dicho en un comienzo que él se había quedado con el dinero de los argentinos. Dijo que eran 100 millones de dólares. Julian Peh, que manejaba Kip Protocol (sello de la web compartida en el tuit del Presidente como la que se encargaría del proyecto de inversión), también fue desvinculado. Milei nunca dijo nada sobre Davis y sus afirmaciones. Siempre lo mantuvo a salvo.

    Otra de las razones por las que el juez y el fiscal descartan delitos es que tanto la Secretaría Legal y Técnica y Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, dijeron que no se elaboraron, registraron ni archivaron resoluciones, dictámenes o cualquier otra intervención oficial vinculada con $LIBRA. O sea, se toma como prueba central que el propio Gobierno investigado alega que no intervino oficialmente en el negocio con el token y una de las dependencias consultadas es la que está a cargo de una de las funcionarias imputadas. Es bastante absurdo.

    Las querellas tienen una carta más por usar, ante Casación, para intentar revertir este desenlace. Todo indica que la usarán. Ahí se verá hasta dónde llega el manejo del Poder Judicial del gobierno libertario.

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    22 de octubre de 2026

    Investigan un pago de 200 mil dólares

    Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero: le prohibieron salir del país y embargaron sus bienes

    La investigación apunta al pago de 200 mil dólares recibidos por Espert desde la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico.

    El exdiputado libertario José Luis Espert fue procesado este jueves por la Justicia Federal de San Isidro en la causa que lo invesiga por presunto lavado de dinero. Además, el magistrado Lino Mirabelli le prohibió la salida del país y ordenó el embargo de sus bienes por 1000 millones de pesos. Su contador también quedó procesado en el marco de la misma causa.

    A comienzos de esta semana, el tribunal había rechazado los planteos de nulidad y los cuestionamientos al fiscal Fernando Domínguez formulados por la defensa Espert, que de esa manera intentó eludir el procesamiento.

    Sin embargo, ese intento no le alcanzó para detener el proceso que lo investiga por haber recibido 200 mil dólares de Minas del Pueblo, la turbia compañía vinculada al pseudo empresario Federico “Fred” Machado, extraditado el año pasado como narco desde Argentina a Estados Unidos y condenado allí solo por lavado de dinero.

    Esa relación y esa causa fueron las que jaquearon la vida política de Espert, el hombre que supo trepar con una retórica de mano dura contra el delito y que el presidente Javier Milei convirtió en principal socio electoral en la provincia de Buenos Aires.

    En el procesamiento, el fiscal argumentó que el exdiputado del “cárcel o bala” recibió esos 200 mil de una organización criminal mediante la compra de dos automóviles de alta gama, y de su integración a un fideicomiso en Costa Esmeralda.

    Las pruebas recogidas indican que el dinero le fue girado a al “Profe” Espert (tal como lo llamaba Milei) por una transferencia bancaria proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc., otra compañía ligada a Machado.

    La explicación que el ahora procesado dio en su momento fue que ese dinero le fue pagado por una asesoría a Minas del Pueblo, pero sin embargo el fiscal determinó que esa firma guatemalteca fue solo un sello para justificar desvíos.

    Tal como lo había informado este diario, Domínguez recibió un informe clave del organismo recaudador de Guatemala que daba cuenta de que la minera, en años anteriores al pago a Espert, declaró un capital de 10 millones de dólares y una deuda de 300 mil (2018), con mínima actividad. La fiscalía sostuvo que, en realidad, el contrato era una simulación y los servicios del exdiputado no existieron.

    Por la complejidad del caso, el procesamiento decidido hoy por Mirabelli no fue solo para el exdiputado. También alcanzó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino y a la sociedad anónima Varianza, ligada a Espert. Al primero la Justicia le trabó un embargo de 700 millones de pesos y a la sociedad, 500 millones.

    En el pedido del procesamiento, Domínguez estableció que el camino del lavado fue, primero, con la colocación del depósito; luego a través de una transferencia y finalmente en la compra de los autos y el fideicomiso.

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    19 de octubre de 2026

    La investigación de la timba de Caputo y Bausili con las reservas

    Piden allanar el Banco Central por el negocio del oro con el Deutsche Bank

    Se reclama secuestrar los correos del BCRA, que se negó a entregarle los contratos a la AGN, e indagar al ministro de Economía y al titular de la entidad. La denuncia penal por la pérdida de 1.023 millones de dólares suma, además, a un nuevo acusado del directorio del Central.

    Raul Kollmann

    El abogado Gregorio Dalbón le pidió a la Justicia federal que allane el Banco Central y secuestre -o copie- la información de sus servidores y casillas de correo para establecer quién eligió al Deutsche Bank -banco en el que Luis Caputo y Santiago Bausili fueron directivos- como contraparte de las operaciones con el oro de las reservas que le costaron al país 1.023 millones de dólares.

    En el mismo escrito, Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía y el presidente del BCRA, además del superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y ahora se sumó el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio.

    Dalbón pidió la indagatoria de los cuatro. “Lo aquí novedoso, Señor Juez, se vincula con la necesidad de establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”, planteó.

    La presentación se hizo en la causa 4971/2026, en trámite ante el juez Ariel Lijo, y se apoya en la revelación de Página/12 del domingo 18: el Deutsche Bank, el banco en el que Caputo llegó a ser director y Bausili, un altísimo funcionaro, fue una de las contrapartes del negocio. La pérdida en sí había sido anticipada en exclusiva por este diario el 13 de septiembre, antes de que la Auditoría General de la Nación (AGN) la confirmara al aprobar el balance 2025 del Central.

    El banco de la casa

    Según la AGN, la pérdida en las operaciones de oro se compone de 960,2 millones de dólares de “resultado negativo por opciones” y 62,8 millones de primas, y se pagó “con egresos de divisas”. O sea, salieron dólares contantes y sonantes de las reservas.

    De acuerdo con las publicaciones que cita Dalbón, el BCRA compró un seguro contra una baja del oro y lo pagó vendiéndoles a bancos el derecho a comprar el metal a algo más de 3.000 dólares la onza. El oro terminó cotizando por encima de los 4.000 y el Central tuvo que cubrir la diferencia.

    El escrito recuerda que Caputo y Bausili pasaron por el Deutsche Bank y que el presidente del Central ya fue investigado por negociaciones incompatibles con la función pública, por contrataciones que habrían beneficiado a ese mismo banco. Para colmo, según publicó Página/12, el BCRA se negó a entregarle a la AGN copia de los contratos, que contienen las condiciones pactadas y los nombres de quienes las autorizaron.

    Nadie sabe tampoco cuánto cobraron los bancos en comisiones: Dalbón menciona una cifra superior a los 60 millones de dólares, un dato que circuló públicamente.

    Los correos del Central

    El abogado sostiene que la prueba central es documental y electrónica, y que está en manos de un organismo cuyas máximas autoridades son, justamente, las denunciados. La información, advierte, “puede ser modificada, ocultada o suprimida con facilidad por quienes tienen acceso a ella”. Por eso pidió que peritos informáticos copien los correos de la Presidencia del BCRA, del directorio y de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos de 2024 y 2025, junto con los registros de acceso y modificación. Si el juez no ordena el allanamiento, reclama al menos una orden de presentación con la intimación a conservar la documentación.

    La situación de Ferro, el nuevo apuntado en la causa, se vincula con su lugar en el directorio, que según la Carta Orgánica debe intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario. La investigación deberá determinar si participó en la aprobación, el control o la ratificación de las operaciones y en la selección de las contrapartes.

    Seguir la plata

    Además del allanamiento, Dalbón propuso una serie de medidas para reconstruir quién ganó con el oro argentino:

    • Pedirle al BCRA que explique cómo eligió a cada contraparte, con las invitaciones y las ofertas recibidas, y quién propuso las operaciones.
    • Exigirle el costo total, con comisiones, honorarios y márgenes, y el detalle de a quién se le pagó cada concepto.
    • Requerirle al Deutsche Bank los contratos y que informe si pagó comisiones o retrocesiones a terceros, con nombre y apellido de los beneficiarios.
    • Consultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) si registran reportes sobre estas operaciones.
    • Preguntarle a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos si se reportó algún pago a funcionarios argentinos vinculado con el negocio.
    • Designar peritos contadores y expertos en derivados para medir el perjuicio.

    Los delitos denunciados

    Los delitos denunciados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (de dos a seis años de prisión) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si se acreditara una estructura estable, se sumaría la asociación ilícita (de tres a diez años).

    Como se ve, la pregunta que quedó flotando desde el informe de la AGN -si el Central perdió 1.023 millones, ¿quién los ganó?- ya tiene un primer nombre. Lo que falta saber es si alguien más cobró por el camino.

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    18 de octubre de 2026

    Denunciaron penalmente al Gobierno por la represión: "Excedieron límites legales"

    La demanda contempla delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se pidió apartar a las fuerzas federales de la investigación y se solicitaron informes y registros de los domos de la zona.

    El gobierno de Javier Milei fue denunciado penalmente por la Comisión Provincial por la Memoria por el accionar de las fuerzas federales durante la represión de este jueves a la movilización universitaria y contra el DNU 70 frente al Congreso. Advierten que los efectivos "excedieron los límites legales" del uso de la fuerza pública y se pidieron registros de cámaras al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se abrió un expediente judicial para recabar informes de la Defensoría y del SAME.

    El Destape accedió a la denuncia de la CPM, presentada el último viernes por la noche contra el Comando Unificado de seguridad nacional y porteño por el accionar represivo durante la Marcha Federal Universitaria realizada en la Plaza del Congreso.

    Según la presentación, las conductas de los efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, PSA y la Policía de la Ciudad "excedieron los límites de la normativa vigente en el uso de la fuerza". 

    "Ello encuadraría en delitos de acción pública, cuya autoría y participación corresponde ser investigada mediante las conductas de los funcionarios, efectivos policiales y autoridades nacionales en el ejercicio de sus funciones", se indicó.

    En concreto, la denuncia penal encuadra el accionar de las fuerzas de seguridad y de sus mandos jerárquicos y políticos en los "delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El primer delito se fundamenta en la represión indiscriminada con postas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras que los otros apuntan a las órdenes impartidas por fuera de la normativa vigente y en violación de los principios que regulan el uso de la fuerza.

    ¿Qué dice la denuncia?

    Fue cerca de las 15 del viernes cuando cientos de efectivos de Policía Federal y Gendarmería comenzaron un brutal operativo policial sobre parte de los manifestantes, que provocó que los dirigentes universitarios tengan que interrumpir el discurso que daban sobre un escenario frente al Congreso y la posterior desconcentración de la movilización.

    Según el mismo organismo, 550 personas resultaron heridas o afectadas por gases lacrimógenos, gas pimienta y postas de goma, las cuales debieron ser atendidas en el lugar. También se denunció que hubo "al menos 6 personas detenidas arbitrariamente" por parte de la Policía porteña durante la desconcentración.

    "Tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina", se agregó en la denuncia.

    Todos los pedidos de la demanda

    • Ministerios de Seguridad de Nación y CABA: nómina del personal y recursos utilizados durante el operativo, con la cantidad de efectivos por fuerza, armamentos, vehículos e instrumentos.
    • Órdenes de actuación: copias de las instrucciones impartidas por los mandos superiores a través de la radio policial durante la represión.
    • Registro de manifestantes: información sobre policías que obtuvieron registros fílmicos y fotográficos de los manifestantes y sobre la existencia de órdenes judiciales que autorizaran ese procedimiento.
    • Relevamiento de pruebas: que la recopilación de pruebas, testimonios y videos en comercios de la zona quede a cargo de agentes del Juzgado o de la Fiscalía interviniente, y no de las fuerzas de seguridad denunciadas.
    • Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: copias de todas las grabaciones de domos y cámaras ubicados en el perímetro delimitado por Rivadavia, Callao, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, entre las 12 y las 21.
    • Defensoría General de la Nación y SAME: informe sobre posibles denuncias o registros heridos durante la jornada y un listado de todas las atenciones médicas realizadas.
    • El Destape

    17 de octubre de 2026

    Más de 40 organizaciones pidieron la intervención de la ONU

    Después de una represión brutal, Monteoliva busca cubrirse las espaldas con una denuncia penal

    Hubo cuatro detenidos que ya fueron liberados. También aprehendieron a dos adolescentes: a uno le aplicarán el régimen penal juvenil. La CPM registró que cerca de 800 efectivos participaron del operativo. La televisión mostró cómo la Gendarmería retiraba los cartuchos para que no quedaran pruebas de la violencia estatal.

    “Los mismos violentos de siempre”, escribió en sus redes sociales la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un intento por desacreditar a quienes se habían manifestado en defensa de la universidad pública. Las palabras de la funcionaria podrían ser, de acuerdo a lo relevado por organismos de derechos humanos y mecanismos de prevención de la tortura, una descripción del accionar de las fuerzas a su cargo: disparos a la cara con balas de goma, personas heridas en la cabeza con lanzagases, uso de gases lacrimógenos y embestidas con camiones hidrantes. En esta oportunidad, hubo hasta adolescentes detenidos. A uno de ellos le aplicarán el recientemente estrenado régimen penal juvenil. Para tratar de cubrir sus espaldas ante lo que se vio como una represión para impedir el reclamo de estudiantes, docentes y la comunidad educativa, Monteoliva presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py con poco sustento. Mientras tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, pidieron la intervención de relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Comité de los Derechos del Niño.

    Las fuerzas de seguridad ni siquiera dejaron que terminara el acto por la quinta marcha federal universitaria en la que se le reclamaba al Gobierno que cumpliera con la ley que aprobó el Congreso y con los fallos que firmó el Poder Judicial.

    Cerca de las 15.30 del jueves comenzaron los camiones hidrantes a lanzar largos chorros de agua contra quienes se manifestaban. Quince minutos después, empezaron los gases lacrimógenos —que incluso ingresaron al Congreso y al anexo de la Cámara de Diputados—. Poco después de las 16, los medios ya informaban que una mujer había sido herida en la cabeza aparentemente con una granada disparada por un lanzagases. Todo indicaba que las fuerzas de seguridad buscaban repetir una escena que quedó grabada, con mucho dolor, en la memoria reciente: la represión del 12 de marzo del año pasado, cuando un proyectil —disparado por un lanzagases— le abrió el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo.

    La Policía Federal Argentina (PFA), que es la que más efectivos provee en los operativos represivos que monta el Gobierno, seguía esa misma senda. Un efectivo quedó retratado mientras apuntaba directamente hacia el fotógrafo de Página/12 Guido Piotrkowski, quien recibió dos impactos de bala de goma en el tórax.

    La agresión contra los trabajadores de prensa fue una de las marcas de la represión del jueves. Laura Quispe, de TeleSISA, recibió nueve impactos de bala de goma y debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía. Hubo otros fotógrafos, periodistas y camarógrafos que registraron distintas lesiones en tórax, brazos y piernas. El CELS exhibió imágenes de efectivos de la PFA y la Prefectura apuntándoles directamente a los manifestantes —en algunos casos, a los ojos—.

    Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 550 personas requirieron asistencia. La entidad que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos contabilizó que se dispararon al menos 120 granadas de gas lacrimógeno. Un móvil de TN mostró, cuando ya había caído la noche, cómo los gendarmes recogían los cartuchos, los ponían en una bolsa y se los llevaban ante lo que parecía un operativo para no dejar pruebas de la represión.

    En plena desconcentración, cerca de las 17.11, fueron aprehendidos dos estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda: uno de catorce años y otro, de 17. Los tuvieron retenidos en Montevideo y Sarmiento. El mayor, a quien imputaron por resistencia a la autoridad, fue liberado con mayor rapidez, pero deberá afrontar una causa penal. Al más chico lo tuvieron alrededor de dos horas, estimó Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

    Un poco más tarde, se registraron cuatro detenciones de personas adultas: tres varones y una mujer. Uno de ellos fue detenido en Congreso, según informes del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Los otros fueron aprehendidos a varias cuadras de donde estaba el escenario del acto: en Chacabuco y Avenida de Mayo. La chica que fue detenida es estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF) y, según comentaron integrantes de organismos de derechos humanos que fueron a reclamar por su liberación, fue escogida por las fuerzas de seguridad porque llevaba una bandera de Colombia. Todos enfrentan cargos por resistencia a la autoridad.

    El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) denunció que durante la jornada del jueves hubo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza. El órgano avisó que se encontraba documentando irregularidades en el operativo y posibles vulneraciones de derechos.

    Para el CELS, las últimas represiones del Gobierno tienen características similares. El Ministerio de Seguridad informa un número de detenciones que no se condice con los datos de las defensorías y fiscalías. El operativo fue violento y desproporcionado y el foco del ataque estuvo puesto en los trabajadores de prensa.

    A última hora del viernes, la CPM presentó una denuncia penal por el accionar que desplegaron la PFA, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad. En la presentación —encabezada por Pérez Esquivel, Barrancos y Roberto Cipriano García—, se estima que unos 800 efectivos participaron del operativo. Hay un relevamiento que indica que 50 trabajadores de prensa sufrieron algún tipo de herida o afectación; lo mismo que quince integrantes de la CPM.

    Más temprano había ingresado en Comodoro Py la denuncia de dos funcionarios que dependen de Monteoliva, Germán Pugnaloni (enlace con el Poder Judicial) y Lisandro Franco (director nacional de Normativa). La presentación, que no identifica a manifestante alguno, era por resistencia y atentado a la autoridad, lesiones y daño.

    Según el Ministerio de Seguridad, hubo individuos que provocaron violentos incidentes con los rostros cubiertos —no menciona, por ejemplo, a quien agredió a un camarógrafo de C5N y que se sospecha que podría ser un infiltrado vinculado a alguna fuerza o servicio de inteligencia—. De acuerdo con la denuncia que motorizó Monteoliva, buscaban “establecer un escenario general de estrépito en la comunidad” e impedir la actividad legislativa. En realidad, el principal interesado en que la Cámara de Diputados no sesionara era el Gobierno porque no quería que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 corriera riesgo.

    La denuncia, que busca justificar la intervención de los tribunales federales por el mero hecho de que la marcha fue en las inmediaciones del Congreso, quedó radicada en el Juzgado Federal 6, que subroga Daniel Rafecas.

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