Recurrirá el fallo de Llorens y Bertuzzi

Espionaje ilegal: la fiscalía apelará el sobreseimiento de Macri

El expresidente había sido denunciado por captación ilegal de correos electrónicos de dirigentes políticos y periodistas.

Luciana Bertoia

La fiscalía quiere que continúe la investigación sobre el rol que habría tenido Mauricio Macri en uno de los tantos casos de espionaje en los que fue denunciado. Según pudo saber Página/12, el fiscal José Luis Agüero Iturbe va a recurrir la resolución de la Cámara Federal porteña que, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, benefició el lunes al expresidente.

En mayo de 2020, Cristina Caamaño –entonces interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– denunció el hallazgo de un disco rígido que no había sido borrado definitivamente y en el que había rastros de que se habían almacenado correos electrónicos de distintos dirigentes políticos y periodistas.

Entre otros, figuraban Luis Majul, Nicolás Massot, Laura Alonso, Verónica Magario, Carlos Tomada, Héctor Daer, Carlos Castagneto, Elizabeth Gómez Alcorta y Rodolfo Tailhade.

A la posible interceptación ilegal de correos electrónicos se sumó otro hecho: una infiltración. La información surgía de un audio que difundió el periodista Rolando Graña en el que Alan Ruiz decía que habían infiltrado a una agente femenina en la agrupación Kolina. Tras esta revelación, Castagneto –presidente de Kolina– se presentó en el expediente y unió los dos hechos.

Alan Ruiz era un hombre que había trabajado inicialmente con Patricia Bullrich. Se sumó a la AFI en la segunda mitad de la gestión de Cambiemos y quedó a cargo de un área conocida como Operaciones Especiales. No tardó en enfrentarse con los espías conocidos como Súper Mario Bros, que lo grabaron clandestinamente cuando él se jactaba de las tropelías que estaban cometiendo.

En noviembre del año pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Macri y compañía en esta causa. Las querellas apelaron la resolución y señalaron que había un aparato orquestado de producción de inteligencia por fuera de la norma, que se fue observando en distintas denuncias que salieron a la luz a partir de las presentaciones judiciales que hizo la entonces interventora Caamaño.

Pablo Lanusse, abogado de Macri, refutó esa caracterización: dijo que no eran más que “borbotones retóricos” propios de una “barricada política”.

Pocos días después de la renovación de la Cámara Federal que propició Javier Milei, Llorens y Bertuzzi –que llegaron al tribunal durante el macrismo– confirmaron el sobreseimiento de Macri. Ellos ya lo habían sobreseído en julio de 2022 por el caso del espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En ese momento, el fallo también fue firmado por Leopoldo Bruglia.

Agüero Iturbe va a recurrir la resolución de Llorens y Bertuzzi, según pudo saber este diario. Lo que llevará el caso inevitablemente a la Cámara Federal de Casación Penal.

El máximo tribunal penal del país deberá, así, revisar los argumentos que dieron Llorens y Bertuzzi para sepultar otro expediente que tenía a Macri como protagonista.

Los camaristas apuntaron a una serie de supuestas irregularidades para cortar la investigación. Sostienen que está en duda cómo se halló el disco y si pudo haber sido manipulado antes de que el hecho fuera denunciado ante los tribunales. Sin el disco en cuestión, dicen, no puede llevarse adelante una investigación independiente.

Fallos para no investigar a los espías

La Cámara Federal –en general con los votos de Llorens y Bertuzzi– fue desmontando todas las acusaciones de espionaje que se formularon contra Macri y contra los funcionarios de la AFI macrista. La impugnación de la evidencia ya se había registrado también en el caso del llamado Proyecto AMBA, que funcionó entre 2016 y 2017 en provincia de Buenos Aires y, según reconstruyó el juez Alejo Ramos Padilla, se usó para hacer inteligencia política.

Los mismos jueces también anularon los procesamientos que había dictado el juez Ernesto Kreplak en la causa de la Gestapo Sindical. En esa oportunidad, Caamaño había aportado un video en el que se veía a funcionarios bonaerenses, empresarios y altos mandos de la AFI concertar maniobras para sacarse de encima a Juan Pablo “Pata” Medina, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Para Llorens y Bertuzzi, no estaba claro que ese encuentro haya sido para concertar el plan que incluyó espionaje ilegal.

Antes, habían desarmado la causa de los Súper Mario Bros –los policías de la Ciudad que pasaron a la AFI cuando asumió Macri–. En ese caso, dijeron que hubo tareas de inteligencia ilegal, pero que éstas eran realizadas por los agentes que funcionaban como “cuentapropistas”. La explicación sirvió para excluir de la investigación a los altos mandos de los servicios, que habían sido procesados por el juez Juan Pablo Augé.

En julio de 2022, la Sala I sobreseyó a Macri por el caso del ARA San Juan. Allí reconoció que la AFI hizo tareas de inteligencia sobre familiares de los submarinistas, pero entendió que estaban justificadas porque estaba en riesgo la seguridad interior y la seguridad del Presidente. La abogada Valeria Carreras, que suele explicar que esposas y madres fueron tratadas como si fuesen terroristas, hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de que el argumento de la Cámara Federal fuese validado por la Casación y la Corte Suprema.

Nuevos vientos

En la Cámara Federal dicen que se impuso una dinámica renovada tras la reestructuración que produjo la administración de La Libertad Avanza (LLA). Bertuzzi consiguió el aval del Senado para estar sentado en ese tribunal --después de que la Corte dijera que el traslado que le había otorgado Macri no era permanente--. Se incorporó también Pablo Yadarola, que fue votado por unanimidad en la Cámara Alta. La única excepción fue el senador Martín Soria, que se levantó para no votar. Soria lo había denunciado por el viaje a Lago Escondido.

La Sala I quedó conformada por Llorens, Bertuzzi y Yadarola. Llorens es uno de los nombres que suenan como potenciales candidatos de Milei para la Corte Suprema.

En la última semana, la Sala I también salió al auxilio de Luis Caputo, a quien le confirmó un sobreseimiento por negociaciones incompatibles con la función pública. El tribunal también archivó la investigación por el préstamo que Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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No lo condenan por la causa correo, parques eólicos etc, etc, menos lo condenaran por esto, es un intocable lamentablemente.

Más de 200 organismos apoyan a la jueza Marta Pascual

Respaldo al fallo que frenó el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia

Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades y colectivos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes se expresaron a favor de la magistrada.

Santiago Bruneto

Más de 200 organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicatos, universidades y colectivos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) respaldaron la resolución de la jueza Marta Pascual que frenó la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de punibilidad en la Provincia de Buenos Aires. Las organizaciones nucleadas en la Mesa de Articulación de Niñez y Adolescencia repudiaron, al mismo tiempo, “las expresiones reaccionarias y ajenas a la democracia y al sistema republicano” por parte de La Libertad Avanza, cuyos legisladores bonaerenses ya amenazan con impulsar el juicio político contra Pascual. Este miércoles, en tanto, llegó la primera apelación a la resolución.

El respaldo a la jueza se reflejó en un documento difundido este miércoles, en el que se destacan firmas de organismos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), H.I.J.O.S. o el Servicio de Paz y Justicia, y de colectivos en defensa de los NNyA como la Red Federal y Plurinacional de Niñeces, Adolescencias y Juventudes, la Red de Organizaciones Nacionales de Niñez y Adolescencia Territoriales o la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires (APIABA). También se ven firmas de sindicatos o universidades, como la UBA, la Universidad Nacional del Comahue o la Universidad Nacional de Luján.

Las más de 200 firmas que acompañan el documento de la mesa de articulación repudian allí el ataque que viene sufriendo la jueza por parte de referentes libertarios, que amenazan con no acatar el fallo y abrirle juicio político a la magistrada. En el documento, la mesa advierte que “tanto las expresiones de funcionarios públicos como las consabidas expresiones de algunos medios hegemónicos de comunicación, que aportan más desinformación, y las que provienen de las granjas de trolls pagos, son de una lastimosa irresponsabilidad rayana con la apología del delito”.

En diálogo con Página/12, María Elena Naddeo, secretaria general de la APDH y referente de la APIABA, indicó, por su parte, que la jueza “tiene una gran trayectoria y conocimiento de los temas específicos de les adolescentes”. “Las críticas que se le formulan y la amenaza de juicio político por el sector oficialista son de una terrible hipocresía, desconocen la potestad del Poder Judicial y de la división de poderes, cuando el Gobierno de Milei incumple leyes votadas una y otra vez por el Congreso Nacional”, señaló Naddeo, que agregó que “quien merece el juicio político es el presidente, que no cumple con el financiamiento universitario ni con programas elementales de derechos básicos como medicamentos y apoyos para personas con discapacidades”.

El fundamento del repudio a la amenaza de juicio político es simple: ningún juez puede ser enjuiciado políticamente por un fallo que no le agrada al gobierno de turno y que encima respondió a la presentación de un hábeas corpus presentado por una ONG, la Federación Familia Grande Hogar de Cristo: “Como cualquier medida judicial, la decisión está sujeta a revisión, prueba y a un proceso que puede revertirla, mediante los recursos legales de los que disponen quienes, teniendo legitimidad para ello, consideren que no se actuó con arreglo a derecho”, apunta el comunicado. Este miércoles, de hecho, se conoció que la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Fiscalía General Departamental de Lomas de Zamora ya apeló la resolución, cuyo trámite seguirá en las instancias judiciales correspondientes.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano García dijo a este diario que la resolución de la jueza “aporta un poco de racionalidad a la implementación de un nuevo sistema que fue aprobado sin asidero en la realidad, ni las estadísticas o datos que dan cuenta de este problema”. “La nueva ley no resolverá nada de lo que dice que viene a arreglar y no tiene ningún sentido, excepto apaciguar la voracidad de un punitivismo irracional y voraz, destinado a alimentar las políticas neoliberales que tratan a la pobreza como las causas de la violencia y el delito en nuestra sociedad”, agregó.

Este lunes, Página/12 ya había informado sobre un comunicado emitido por APIABA en el que pedían la suspensión del nuevo régimen a escala nacional no sólo por el rechazo a la baja en la edad de punibilidad, sino porque, denuncian, comenzó a ser aplicado sin garantías presupuestarias ni estructurales para su funcionamiento. Ahora, la mesa volvió a advertir que “esa carencia de recursos recaerá dramáticamente en forma directa sobre los derechos de lxs pibxs, agravando más aún los efectos negativos que de por sí tiene la ley en cuestión”. Sobre el fallo de Pascual señalaron, así, que “no exige mayor prueba entender que si no hay presupuesto, recursos materiales y técnicos para implementar una ley, la misma se torna inviable”.

Naddeo agregó sobre esto que “la suspensión solicitada por la jueza tiene absoluto criterio de realidad, ya hemos dicho que esta ley no sirve y que en muchos territorios no están las condiciones dadas para su aplicación”. “Tenemos que profundizar el debate y brindar a la franja mas vulnerable de la población algo mas que palos y cárcel”, agregó la expresidenta del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. Desde APIABA también emitieron un nuevo comunicado sobre la cuestión, respaldando a la jueza y exigiendo “evitar todo tipo de avasallamiento contra su persona y la propia Justicia”.

Para García, por su parte, la ley en general “debería ser declarada inconstitucional”: “Va en contra de la Constitución nacional, la Convención de Derechos del Niño y otros pactos incorporados a ella. El fallo de la jueza Pascual aporta una lectura necesaria aunque se queda corta: no hay fondos para garantizar la aplicación de la ley y por tanto la aplicación de sus nuevos institutos anunciados para la reeducación serán una ficción”, sostuvo y agregó que “está reforma solo empeorará el estado actual de las niñeces más vulneradas y esto claramente nos hará una sociedad peor, más inhumana y desigual”.

Pagina 12

 Fallo de la jueza Marta Elba Pascual, titular de  Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Lomas de Zamora.

Buenos Aires le puso un freno concreto a la baja de la edad de punibilidad

La justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación de la ley nacional que baja la edad de punibilidad a 14 años, argumentando falta de condiciones materiales e institucionales para alojar y asistir a más adolescentes en el sistema penal. La voz de la Pastoral Judicial de la diócesis de San Justo.

Victoria Gert

La resistencia a la baja de la edad de punibilidad dejó de ser solamente una discusión política y desde este lunes tiene una consecuencia práctica en la provincia de Buenos Aires. La Justicia provincial estableció que la ley que incorporó a los adolescentes de 14 y 15 años al universo de personas penalmente punibles no podrá aplicarse durante 60 días.

La decisión la tomó la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 2 de Lomas de Zamora, al hacer lugar al hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La presentación fue realizada en favor de los adolescentes privados de la libertad y había pedido expresamente que se suspendiera la ley nacional hasta que estuvieran garantizadas las condiciones mínimas para aplicarla.

La resolución llegó inmediatamente después de la entrada en vigencia del nuevo régimen. No fue una declaración de inconstitucionalidad y tampoco un pronunciamiento definitivo sobre la conveniencia de bajar la edad. Pascual fue particularmente cuidadosa en ese punto y dijo que las eventuales contradicciones de la legislación con la Constitución y los tratados internacionales deberán discutirse posteriormente.

Lo que sí consideró suficientemente acreditado para intervenir ahora fue la certeza de que si se incorpora inmediatamente a chicos de 14 y 15 años al régimen penal, aumentará la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema y potencialmente privados de la libertad, mientras los dispositivos bonaerenses no están actualmente en condiciones de recibir una población significativamente mayor respetando todos los estándares exigidos.

Ahí está el núcleo del fallo y también el dato político porque la Casa Rosada modificó el régimen penal y amplió considerablemente la población que puede ser sometida a proceso y eventualmente privada de libertad, pero la ejecución efectiva de buena parte de esas medidas recaerá sobre las provincias.

La incorporación de los jóvenes de 14 y 15 años, junto con otros cambios introducidos por la ley, aumentará, según la jueza, tanto los ingresos como la permanencia de adolescentes dentro de los dispositivos penales.

El hábeas corpus había cuantificado el posible impacto. Según los datos del Ministerio Público bonaerense utilizados por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entre 2022 y 2025 hubo un promedio anual de 3.258 adolescentes de entre 14 y 17 años cuyos procesos terminaron en sobreseimiento por razones relacionadas con la inimputabilidad. La cifra incluye tanto a menores de 16 años como a jóvenes de 16 y 17 imputados por delitos que no quedaban alcanzados por el régimen anterior.

La comparación que hizo la presentación es todavía más gráfica. Los dispositivos provinciales de restricción y privación de libertad tienen capacidad para alojar a menos de 700 adolescentes. Los demandantes estimaron que la reforma podría incorporar al sistema alrededor de 3.000 jóvenes que hasta ahora no eran punibles. No quiere decir que esos 3.000 adolescentes vayan automáticamente a quedar detenidos. Sí significa que fiscales, jueces, defensores, equipos técnicos y centros especializados deberán trabajar potencialmente con un universo mucho mayor.

La jueza no necesitó apoyarse solamente en una proyección. Tiene experiencia directa sobre lo que ocurre dentro de esos lugares. En el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad de Lomas de Zamora ya había dispuesto limitar a 60 el número de adolescentes alojados porque las condiciones no alcanzaban los estándares mínimos. Pascual reconoció avances edilicios y mejoras en alimentación y agua potable, pero sostuvo que siguen pendientes problemas en educación, formación profesional, acceso al trabajo y tiempos de aislamiento. También señaló que dificultades semejantes existen en otros establecimientos bonaerenses.

En uno de los párrafos más fuertes de su resolución escribió: “Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”. Y agregó un argumento que invierte la lógica con la que suele presentarse la discusión. La severidad del castigo no garantiza por sí misma mayor seguridad. Las condiciones en las cuales se cumple ese castigo influyen sobre el nivel de violencia con el que los adolescentes regresarán después a la sociedad.

La consecuencia fue inmediata. Pascual suspendió la Ley 27.801 durante 60 días en toda la provincia y fijó para el 16 de septiembre a las 10 una audiencia a la que deberán concurrir los responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo bonaerense involucradas en la aplicación del régimen. Deberán informar qué hicieron, qué tienen previsto hacer y en qué plazos. La jueza ordenó además al Ministerio de Seguridad, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.

Por eso el efecto político de la resolución va bastante más allá de un expediente judicial de Lomas de Zamora. La provincia queda temporalmente fuera del nuevo esquema y la discusión que el gobierno nacional planteó en términos de edad comienza a trasladarse hacia una pregunta mucho más costosa: dónde, con qué personal, con qué recursos y bajo qué condiciones van a cumplirse las nuevas medidas.

Ese punto también estaba desarrollado en el hábeas corpus. La presentación advirtió que no alcanza con construir nuevas plazas. La reforma exige operadores socioeducativos, equipos interdisciplinarios, personal especializado, supervisores y estructuras territoriales para realizar el seguimiento individual de los adolescentes. Incluso señala que la nueva ley incorpora una figura, la del supervisor, que actualmente no existe con esas características en la estructura institucional bonaerense.

También habrá más trabajo para el propio Poder Judicial. Más adolescentes sometidos al régimen significan más causas, audiencias, intervenciones de defensores y fiscales, evaluaciones individuales y controles sobre el cumplimiento de las sanciones. El escrito advirtió que una expansión rápida del sistema puede terminar reduciendo el contacto individualizado con los adolescentes y dificultando el cumplimiento de los plazos procesales.

No hay plata

Según la presentación que originó la cautelar, la Ley 27.801 impone nuevas obligaciones a las jurisdicciones sin establecer un mecanismo específico para financiar su implementación. “Sin que se haya girado un solo peso con ese fin”, sostuvo el hábeas corpus. El escrito vinculó esa situación con la disputa general de Kicillof con Milei por los fondos nacionales que la Provincia considera adeudados.

El gobierno bonaerense había anticipado políticamente esa discusión. Javier Alonso, ministro de Seguridad provincial, sostuvo que concentrar todo el debate en la edad era equivocado y que bajar la edad por sí sola no modifica las condiciones que llevan a un adolescente a cometer un delito.

La Provincia contrapuso a ese enfoque el programa Entramados, que reúne a las carteras de Seguridad, Justicia, Niñez, Salud, Desarrollo Social, Educación, municipios, organizaciones comunitarias y actores judiciales para detectar adolescentes en riesgo o que ya tuvieron contacto con el sistema penal e intervenir sobre sus trayectorias antes de que se consolide la reincidencia.

Kicillof utilizó justamente ese programa para marcar su diferencia con Milei. La Provincia sostiene que ya existen herramientas para actuar cuando un adolescente comete un delito y que la cuestión fundamental es intervenir tempranamente para modificar trayectorias delictivas. No propone eliminar las sanciones. Sostiene que el castigo no reemplaza la prevención.

La Iglesia también advierte

A esta discusión se incorporó ahora un actor con fuerte presencia territorial en el conurbano: la Iglesia.

A pocas horas de la entrada en vigencia de la nueva ley, la Pastoral Judicial de la diócesis de San Justo difundió el documento Cuidar a las infancias excluidas. Allí reclamó que la implementación del régimen no profundice las condiciones de vulnerabilidad que ya padecen numerosos niños y adolescentes y recordó un principio central de la justicia juvenil: la privación de la libertad debe ser excepcional y utilizarse como último recurso.

El planteo conecta directamente con el argumento que aparece tanto en la presentación del Hogar de Cristo como en la política bonaerense de intervención temprana. La Pastoral Judicial recordó datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA según los cuales más de la mitad de los menores vivía el año pasado en hogares pobres y más del 10 por ciento en la indigencia. Sobre esa realidad colocó una frase particularmente significativa: existen infancias que crecen en territorios donde “el Estado se repliega y avanza el narcotráfico”.

La advertencia introduce otro elemento en la controversiaporque apunta a la responsabilidad del Estado sobre chicos que crecieron bajo condiciones de pobreza, exclusión, violencia y penetración del narcotráfico.

El documento de la Pastoral remite además a las llamadas Reglas Papa Francisco para el trato de personas excluidas. En particular recuerda que una persona no debería ser castigada con prisión por situaciones que sean consecuencia directa de la exclusión, de violencias estructurales o de impedimentos materiales.

La posición adquiere un significado especial porque se produce en San Justo, corazón de La Matanza y uno de los territorios del conurbano donde la discusión sobre inseguridad, narcotráfico, pobreza juvenil y presencia estatal se desarrolla diariamente. No es una declaración abstracta sobre legislación penal. Es una advertencia formulada desde una diócesis que trabaja sobre uno de los territorios donde el nuevo régimen tendría mayor impacto.

También refuerza un dato político. La objeción a que la baja de la edad sea presentada como respuesta suficiente al delito juvenil no proviene sólo del gobierno de Kicillof o de organismos de derechos humanos. Ahora incluye a sectores de la Iglesia que ponen el acento en la pobreza, el narcotráfico, la exclusión y la responsabilidad previa del Estado.

La resistencia bonaerense tampoco empezó con el fallo de Pascual. Defensores oficiales del fuero juvenil, la Comisión Provincial por la Memoria, organizaciones de derechos humanos y entidades sociales ya habían cuestionado el nuevo régimen. La Federación Familia Grande Hogar de Cristo llevó ahora esa discusión a una consecuencia concreta.

La Federación, que trabaja territorialmente con niños, adolescentes, jóvenes y familias en situaciones de vulnerabilidad, había pedido que la entrada en vigencia de la ley se suspendiera hasta que existieran las condiciones mínimas compatibles con los derechos de los adolescentes. Para la entidad, la cuestión no consiste en discutir la ley en abstracto, sino las consecuencias concretas que tendría su aplicación sobre centros que no poseen hoy infraestructura, recursos educativos y profesionales suficientes.

La discusión de fondo continuará porque la ley sigue vigente a nivel nacional y la cautelar bonaerense tiene, por ahora, una duración limitada. Tampoco resolvió Pascual si bajar la edad a 14 años es constitucional o compatible con los tratados internacionales de protección de la infancia.

Pero durante los próximos 60 días la nueva edad de punibilidad no podrá aplicarse en la provincia de Buenos Aires.

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Confirmaron sobreseimientos

La Cámara Federal de Milei salió al auxilio de Macri y Caputo

Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hicieron caer otra causa por espionaje ilegal que tenía al expresidente como imputado e hicieron lo propio en la denuncia en la que estaba pedida la indagatoria del actual ministro de Economía por negociaciones incompatibles con la función pública.

Luciana Bertoia

La Cámara Federal parece haber ganado un nuevo ímpetu a partir de la reciente reestructuración que impulsó Javier Milei. El primer beneficiado por una tanda de fallos fue el actual Presidente después de que Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaran la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA. Pero la cadena de favorecidos no se agota allí: en las últimas horas el tribunal también ratificó el sobreseimiento de Mauricio Macri en una causa por espionaje ilegal. Lo mismo hizo con respecto a Luis “Toto” Caputo en un expediente por negociaciones incompatibles.

El jueves, la Sala AMIA se llenó de jueces, fiscales, funcionarios y operadores judiciales para asistir a la jura de Bertuzzi y Pablo Yadarola como camaristas federales. Bertuzzi había llegado al tribunal en 2018 por decisión de Macri, que lo trasladó sin que mediara concurso alguno. Tras un fallo de la Corte, concursó, quedó atrás, pero así y todo Milei lo eligió.

Al día siguiente de la jura, Llorens y Bertuzzi firmaron dos fallos de alto impacto: el del caso $LIBRA –que involucra al Presidente y a su hermana, Karina Milei– y el que ratifica el archivo de la investigación sobre el préstamo que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que favorece a Caputo y a Federico Sturzenegger.

Todos los expedientes podrían haberse firmado antes de la jura, pero en la Cámara Federal esperaron la salida de Leopoldo Bruglia, que debió volver al Tribunal Oral Federal (TOF) 4 desde donde había sido trasladado. Yadarola, por su parte, todavía no se incorporó formalmente, aunque antes de dejar el juzgado en lo penal económico que ocupaba archivó la causa sobre las valijas que llegaron en el avión de Leonardo Scatturice.

Macri puede festejar que la Cámara Federal confirmó otro sobreseimiento en un expediente sobre espionaje ilegal. Este se había iniciado el 26 de mayo de 2020, cuando Cristina Caamaño –por entonces interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– denunció que, como parte de los análisis de rutina de soportes tecnológicos del organismo, habían encontrado un disco rígido en el que se podía ver que habían almacenado correos electrónicos de distintas personas.

Entre los espiados estaban Rodolfo Tailhade, Elizabeth Gómez Alcorta, Carlos Tomada, Verónica Magario, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Majul y Carlos Castagneto, lo que mostraba la vocación ecuménica de los servicios a la hora de recolectar información. El 22 de junio de 2020, Castagneto –presidente de la agrupación Kolina– se presentó para ampliar la denuncia después de que el programa GPS hubiese pasado una grabación en la que un alto funcionario de la AFI, Alan Ruiz, contaba que habían infiltrado a una agente femenina en esa agrupación.

El sobreseimiento de Macri había sido firmado en noviembre pasado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. La Cámara lo validó con las firmas de Llorens y Bertuzzi. Como en otros casos, los jueces no desacreditaron la versión de que haya existido inteligencia ilegal sino que recurrieron a impugnaciones formales:

• Que los discos rígidos no fueron debidamente resguardados, por lo que las fechas podrían estar adulteradas;
• Que no había pruebas para sostener que los discos integraban la red informática oficial de la AFI;
• Que resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido;
• Que no se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos.

Puesto en duda el origen de los discos, se terminó el problema. “No existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados”, señalaron Bertuzzi y Llorens, que dejaron en claro que esto impedía determinar la responsabilidad penal de los imputados.

La misma dupla de jueces ya había ido desarmando varias denuncias de espionaje durante el macrismo: la del Proyecto AMBA –por dudas en la cadena de custodia de la documentación–, la de los Súper Mario Bros –porque los espías eran cuentapropistas y eso impedía investigar a sus jefes– y la de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan –porque estaba en riesgo la seguridad del Presidente–.

En las próximas semanas llegará a la Cámara Federal otro recurso: contra el reciente sobreseimiento de Gustavo Arribas y compañía por espiar periodistas y activistas con la excusa de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y G20 que organizó el macrismo.

Salven a Toto

En 2017, a partir de la filtración de los Paradise Papers, el diputado Rodolfo Tailhade motorizó una denuncia contra el entonces ministro de Finanzas de Macri, “Toto” Caputo, por una serie de delitos: omisión maliciosa en la presentación de declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y lavado de activos.

Caputo no había informado en sus declaraciones juradas que era uno de los dueños y principales accionistas de Princess International Group LTD, radicada en las Islas Caimán y controlante de Noctua Partners. A ese conglomerado, Caputo le facturó por la prestación de servicios entre el 3 de marzo de 2016 y el 6 de abril de 2017, cuando ya era funcionario de Macri. Como ministro, también emitió bonos que terminaron beneficiando al grupo del cual él también era beneficiario.

El abogado de “Toto” Caputo es Matías Cúneo Libarona, hermano de Mariano, exministro de Justicia de Milei. Cúneo Libarona argumentó que Caputo se olvidó de declarar sus vínculos con las sociedades por su “inexperiencia” en la función pública. Otro de los argumentos es que el titular de Princess era Flavio Caputo, hermano de “Toto”. Como prueba de esto, la defensa aportó un acta firmada por Claudio Caputo, primo del ministro y padre del asesor Santiago Caputo. Flavio Caputo es el referente de Caputo Hermanos, involucrado en el financiamiento del grupo ultraviolento Revolución Federal, que se desactivó tras el intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner.

El juez Julián Ercolini rechazó el pedido de Rívolo de indagar a “Toto” Caputo y validó la versión del ministro. La decisión del magistrado fue también ratificada por Llorens y Bertuzzi. “No se observa un actuar delictual doloso por parte del funcionario público denunciado en perjuicio de la administración pública”, escribieron.

“No se encuentra probado que el funcionario público que intervino en la emisión de bonos aquí investigado lo hiciera buscando favorecer a un privado por encima del interés estatal”, añadieron. Según los camaristas también hay nuevas medidas probatorias que pueden realizarse, por lo que corresponde confirmar el sobreseimiento del actual ministro de Economía.

Caputo también salió favorecido al desestimar otra denuncia por abuso de autoridad que había presentado Marcela Pagano cuando se dictó el decreto 478/2026, que autorizaba la toma de deuda y extendía la jurisdicción de Nueva York. La denuncia no tenía impulso fiscal y, según la Cámara, los cuestionamientos al decreto deberían llevarse al fuero en lo contencioso administrativo federal.

Blinden a Monteoliva

En un día frenético, Llorens también decidió que la investigación por la represión del 6 de agosto –cuando se discutía la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada– tramite en el juzgado de Ercolini y no en el de María Servini. Entre los denunciados está la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que fue apuntada tanto por Pagano, Gregorio Dalbón y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Monteoliva, a través de dos funcionarios, contraatacó: presentó una denuncia pidiendo que se investigue y detenga a quienes se manifestaron por supuestos actos terroristas.

Comodoro Py transita una nueva era desde la semana pasada. Este martes, Milei designó a otros tres jueces: Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco –que asumirán en el TOF 6– y Valeria Rico –que se sentará en el TOF 4–.

En la Cámara Federal, buscan instalar que soplan nuevos vientos. “El viejo sistema ya no existe”, dice un camarista.

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La nueva Cámara Federal debutó con un blindaje a Milei en la causa $LIBRA

El tribunal con integrantes recientemente impuestos por Milei confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas.

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas que sufrieron luego de comprar el criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promocionado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales.

El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que los damnificados no pudieron demostrar, en el marco de la investigación, que hubiera existido un ardid destinado a inducirlos a adquirir el token. La Justicia consideró que los inversores no pudieron dar cuenta de que hubieran sido engañados para comprar el criptoactivo ni que las pérdidas estuvieran directamente relacionadas con un delito.

La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara, a partir de un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli. Los jueces confirmaron la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, quien había aceptado el pedido de la defensa y había dejado fuera del proceso como querellantes a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.

La decisión se produjo luego de que Bertuzzi fuera oficializado por Milei como nuevo integrante de la Sala I porteña, junto con Pablo Yadarola. El nombramiento se concretó mediante el Decreto 848/2026, después de que el Senado aprobara su pliego el 27 de agosto, con 44 votos a favor.

Qué cambia para los cinco inversores

El apartamiento no implica que los cinco inversores queden desvinculados de los hechos investigados ni que la Justicia haya descartado la existencia de un delito en el caso $LIBRA. La consecuencia concreta es procesal: dejaron de ser querellantes y, por lo tanto, ya no podrán intervenir en el expediente como acusadores particulares ni ejercer las facultades que esa condición les otorgaba.

La Cámara consideró que no lograron demostrar cuál fue el engaño concreto que los habría llevado a comprar el token ni el vínculo directo entre esa supuesta maniobra y las pérdidas que sufrieron. También sostuvo que las decisiones adoptadas al comienzo de la investigación eran provisorias y podían revisarse a medida que aparecieran nuevas pruebas.

La investigación sobre el lanzamiento y posterior desplome del criptoactivo continúa, y el fallo tampoco establece la responsabilidad penal de las personas involucradas.

El Destape

El hecho había ocurrido en marzo de 2025

La causa de las valijas tuvo como destino el archivo

Se trata de los 15 bolsos de Laura Arrieta, organizadora de la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que ingresaron al país sin control aduanero. El juez Yadarola concluyó que no se determinó que fuera un caso de contrabando y cuestionó el rol de los agentes de Aduanas.

Irina Hauser

En sus últimas horas previas a asumir en la Cámara Federal, Pablo Yadorala firmó el archivo de la causa en la que se investigaban las valijas y bultos que Laura Arrieta ingresó al país sin pasar por controles tras llegar a Aeroparque en un avión privado del influyente empresario Leonardo Scatturice, de fuertes vínculos con el gobierno libertario. En su papel aún de juez penal económico, después de un año y medio de trámite del expediente, concluyó que no es posible hablar de contrabando no solo porque el equipaje no pasó por el escáner y no se sabe qué había adentro, sino porque el análisis de las imágenes y algunos testimonios lo llevaron a concluir que parecían “equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional”. En cambio, decidió enviar a sorteo para que algún juzgado de Comodoro Py investigue el posible incumplimiento de deberes de los funcionarios/as que debieron controlar.

La resolución aclara que el archivo podría no ser definitivo y que la causa debería reabrirse si Estados Unidos contesta los oficios que el juez envió varias veces, donde pedía a las autoridades que precisaran datos sobre el vuelo –que había salido del aeropuerto Opa-Locka, en Miami-, la ruta, los pasajeros, el equipaje, la mercadería declarada y registros de control al momento de la partida. Parece improbable que esa información llegue, al menos por ahora. Se le atribuye, de hecho, oficiar como nexo entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, entre otras cosas a través de un contrato de una de las empresas ligadas a él, Tactic Global LLC, con la SIDE.

El vuelo privado con matrícula N18RU llegó al Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero de 2025 a las ocho de la mañana. La tripulación estaba conformada por José Luis Bresciano y Juan Pablo Pinto más Arrieta, todos consignados como empleados de OCP TECH, una de las empresas del grupo encabezado por Scatturice. Según declaró el principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) José Flores Herbas, Arrieta bajó de la aeronave con un celular en la mano y se lo pasó a la guarda de la Oficina de Control de Pista de la Dirección General de Aduanas (DGA), Cintia Cali, quien estaba esperando y le hizo un ademán con la cabeza, después de lo cual llevaron a la pasajera al sector de arribos internacionales, donde se dirigieron también Bresciano y Pinto. La pesquisa no obtuvo precisiones sobre esa llamada, que parecía guardar relación con el trato particular recibido. La reconstrucción se hizo en base a imágenes (que, según la resolución, son de baja calidad e incompletas) y relatos de testigos.

Guiados por Cali y Silvia Abalsamo, responsable interina de la División Aeroparque Metropolitano (vicejefa de Aduana), los tres atravesaron un circuito que no tenía ningún tipo de control. En ese momento el escáner estaba disponible, no había nadie. Ingresaron 15 bultos en total, la mayoría de los cuales habría pertenecido a Arrieta. Un registro escrito consignaba solo cinco. Luego, inmediatamente, ingresaron otros pasajeros que sí fueron revisados. El avión de Scatturice estuvo en el hangar de la empresa Royal Class hasta el 5 de marzo. Según los tripulantes, habían quedado dos valijas adentro, una de Arrieta y otra de Víctor Germán Du Plooy. Pero la inspección previa a que partiera hacia París, arrojó que no había nada adentro. Un misterio.

La investigación comenzó el 17 de marzo del año pasado, con una denuncia del Servicio Aduanero, después de que Carlos Pagni revelara la historia del vuelo en La Nación. El tiempo transcurrido desde el arribo del avión hasta ese entonces es otro de los argumentos por los que Yadarola dice que hay detalles que no se pueden recuperar y que son esenciales en una causa de contrabando. En cuanto a las comunicaciones, consignó que se pudo establecer que hubo flujo de datos, pero no se sabe si hubo una llamada de WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, Instagram o alguna otra aplicación. No se esclareció de dónde vino la instrucción para evitar el control. Como es habitual, el Gobierno en su momento mintió: el exvocero Manuel Adorni dijo que Arrieta había pasado los controles y que solo llevaba un carry-on y una valija. Milei trasladó la carga al personal aduanero, al que atribuyó la decisión de quién pasa y quién no.

La explicación del juez

“Si bien la ausencia de registros de escáner impide certeza absoluta sobre el contenido específico, la valoración conjunta de imágenes, características externas observables, declaraciones de pilotos, documentación y contexto permite sostener, con la prudencia propia de esta etapa, que lo transportado aparece prima facie más compatible con equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional que con mercadería ostensiblemente identificable como carga comercial típica, sin perjuicio de la imposibilidad de clausurar definitivamente otras hipótesis hasta tanto se reciba la cooperación internacional pendiente”, dice un tramo de la resolución.

Aunque quedó a la vista que fueron funcionarios los que indicaron eludir los controles para hablar de contrabando, dice el fallo, se tendría que haber detectado mercadería que debería pasar por Aduana, algo que no sucedió porque no hubo registro del escáner y por ende, “se desconoce el contenido de los bultos”). Agrega que, si la prueba no alcanza para establecer “la existencia de un acuerdo doloso entre los funcionarios que autorizaron el paso sin control” entonces no se puede hablar de un ardid o engaño.

Yadarola aclaró que a Cali y Abalsamo no les tomó declaración testimonial porque estimaba que podrían quedar imputadas. Son parte del grupo de funcionarios que incluyó al “extraer testimonios” para que la Cámara Federal haga un sorteo y otro juzgado, pero de Comodoro Py, investigue otros posibles delitos. “Las particulares circunstancias del caso sí habilitan la posible comisión de delitos ajenos” al fuero penal económico, “consistentes en incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos”.

“Pese a los diversos requerimientos efectuados, la D.G.A. no ha explicado adecuadamente qué motivó la decisión de los agentes aduaneros para que Arrieta, Pinto y Bresciano egresaran de la zona primaria aduanera mediante un paso habilitado solo para ellos, sin ningún tipo de control sobre sus equipajes. Ello no implica desconocer que los criterios de selectividad para el control de equipajes en el ámbito aeroportuario…” Pero en este caso, agregó, coincide con el fiscal Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que señalaron que tuvieron un trato diferencial: “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero…”.

Más allá de que se abra una causa nueva, nada hace suponer que se vaya a conocer de dónde salió la orden para liberar de todo rigor la entrada de Arrieta y compañía.

Los personajes

Arrieta, muy cercana a Scatturice, tiene 33 años y se ocupó de parte de la organización de la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se hizo en Buenos Aires, donde disertó Milei. CPAC Argentina fue inscripta como tal por Scatturice en Florida, Estados Unidos, como sociedad sin fines de lucro (él figuraba como director y Arrieta como tesorera). En ese país es el foro conservador más antiguo, un evento que aglutina a la ultraderecha.

El empresario supo trabajar en la Secretaría de Inteligencia y aceitó su vínculo con el gobierno de Milei a través de Santiago Caputo, aunque con el gobierno de Milei comenzó a multiplicar contratos con el Estado. OCP Tech es una de sus empresas y obtuvo más de quince contratos con organismos públicos. A través de Tactic, parte COC Global Enterprise, firmó el contrato con la SIDE. También había comprado Flybondi (ahora en plena reestructuración) y OCA. Algunos de los negocios fueron denunciados por el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade, quien también pidió que se investigaran otros seis vuelos antes y después del de las valijas sin control.

El juez Yadarola –recordado como uno de los pasajeros del vuelo privado que llevó a un grupo de jueces y funcionarios a Lago Escondido invitados por Clarín- cierra este capítulo incómodo para el Gobierno con la oficialización de su ascenso, impulsado por el ministro Juan Bautista Mahiques, a pocas horas de prestar juramento en la Sala I de la Cámara Federal. Un tribunal donde la Casa Rosada espera blindarse en escándalos de corrupción como el caso Libra.

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