La AGN detectó serias irregularidades en la Oficina Anticorrupción macrista: de Caputo a Bullrich, los funcionarios que se beneficiaron y hoy están en el gobierno de Milei
La Auditoría General de la Nación señaló que la entidad que comandó Laura Alonso facilitó el conflicto de intereses de quienes integraban el gobierno de Mauricio Macri y no controló como debía las declaraciones juradas que presentaron los funcionarios por lo que también hizo la vista gorda para evitar enriquecimientos ilícitos. Los casos de los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich, del presidente del BCRA Santiago Bausili y del secretario de Industria Juan Alberto Pazo.
La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó recientemente que la actuación de la Oficina Anticorrupción (OA) durante el macrismo estuvo repleta de irregularidades y fue ineficiente. Entre otras cosas, señaló que la entidad que comandó Laura Alonso facilitó el conflicto de intereses de quienes integraban el gobierno de Mauricio Macri y no controló como debía las declaraciones juradas (DDJJ) que presentaron los funcionarios por lo que también hizo la vista gorda para evitar la detección de enriquecimientos ilícitos. Muchos de aquellos que se beneficiaron con el desdén de ese organismo hoy están otra vez en la gestión pública. Volvieron en la administración de Javier Milei –previo paso por el ámbito privado- como si el Estado tuviese una puerta giratoria. Entre ellos se destacan: el ministro de Economía Luis Caputo; el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Alberto Pazo y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por citar solo algunos ejemplos de quienes debieron ser señalados –antes y ahora- por la OA. La AGN también cuestionó la arbitrariedad con que la OA macrista se presentó como querellante en la Justicia. La prueba es contudente: solo lo hizo en causas contra dirigentes kirchneristas.
Un síntoma de lo que está sucediendo hoy lo sintetiza el reciente nombramiento de Ana Carina Larocca como Directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA. Larocca era la encargada de detectar los conflictos de intereses durante el macirmso en la entidad anticorrpución y fue desplazada del organismo durante la gestión de Alberto Fernández. Si bien el informe de la AGN confirma que el área que estuvo bajo la órbita de Larocca no fue para nada eficiente –al menos para lo que tenía que hacer-, fue repuesta en la OA por Milei y el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona en un cargo más alto que el que tuvo con Macri tal como se desprende del decreto 259/2024 publicado el pasado 15 de marzo en el Boletín Oficial. El mensaje pareciera ser el de la garantía de impunidad para quienes regresaron a la función pública.
Un dato relevante para comprender la gravedad de lo que está ocurriendo: la Oficina Anticorrupción se creó en 1999, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para elaborar y coordinar programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional. Junto con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (Fiscalía anticorrupción) tiene competencias y atribuciones para promover investigaciones administrativas y judiciales. Lo que se desprende del trabajo de la AGN es que hubo una manipulación del organismo para proteger funcionarios macristas y perseguir a dirigentes kirchneristas, que fue una característica del gobierno de Macri. La protección permitió que varios de aquellos funcionarios hoy estén nuevamente en el Estado.
Según pudo constatar El Destape, en la actualidad, Laura Alonso figura como asesora del bloque PRO en el Congreso como planta temporaria con la categoría A3, que es la tercera categoría más alta de las 14 que hay en la Cámara de Diputados.
El informe de la AGN
La AGN auditó la gestión que estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019. La AGN, a diferencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), no controla en tiempo real, no es concomitante. Pero en particular, este caso se demoró más de la cuenta porque la administración que comandó Laura Alonso obstaculizó el trabajo de auditoría.
Tal como consta en la resolución 23/2024 de la AGN del 26 de marzo pasado, en la que se aprueba este informe, el colegio de auditores recuerda “que las tareas de campo se iniciaron en mayo de 2018 no pudiendo desarrollar los procedimiento por la falta de colaboración y de entrega de la información solicitada por parte de la Oficina Anticorrupción”. Esta obstaculización fue judicializada por parte de la AGN, que obtuvo sentencia favorable de primera instancia en septiembre de 2019. Pero la OA de Laura Alonso apeló esa decisión que finalmente la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó dos meses más tarde. “De esta manera se retomaron los trabajos de campo en el mes de marzo de 2020 las que se extendieron hasta julio de 2023”. Por eso recién se aprobó el informe a fines de marzo pasado.
A la luz de lo que surge del trabajo de la AGN, se comprende la negativa de Alonso a que se audite su gestión en la entidad.
De acuerdo al informe, la AGN se topó con los siguientes hallazgos:
En materia de Declaraciones Juradas
- En la OA macrista “no se concretaron las reformas necesarias para mejorar la calidad de la información contenida en la Declaración Jurada Patrimonial Integral, situación que dificulta la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito afectando la transparencia en el manejo de los recursos públicos”.
- La OA de Laura Alonso “no logró el fortalecimiento en la interrelación con las áreas de Recursos Humanos de los organismos donde se desempeñan los funcionarios obligados según lo previsto en el Plan de Acción, detectándose que en el 47% de los sujetos incumplidores no se cursó la correspondiente comunicación mientras que el 53% se realizó extemporáneamente”.
- “La OA no lleva un registro de las intimaciones cursadas verificándose un bajo nivel de denuncia a los funcionarios incumplidores (3,84%) para el periodo auditado, lo que dificulta la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito y debilita la rendición de cuentas de los funcionarios ante la sociedad”.
- “La OA no dio cumplimiento de forma efectiva y oportuna a las funciones asignadas detectándose debilidades en los mecanismos de control de la evolución patrimonial de los funcionarios públicos”.
En materia de conflictos de intereses y violación de la Ley de Ética Pública
- La OA macrista “no diseñó para los casos en que le sea requerido un procedimiento de análisis de conflicto de intereses en el proceso de designación de funcionarios de alta jerarquía, ni un protocolo con estándares de conducta y normas post empleo”. Esto permitió la puerta giratoria en el gobierno macrista, que estuvo repleto de ejecutivos que se volcaron a la función pública. Esta situación se repite, y de una forma mucho más agresiva, en la actualidad.
- “La ausencia de un Manual de Procedimientos para la intervención en los Conflictos de Intereses dificulta la función de prevención y detección e impacta directamente sobre la eficacia del proceso”.
Sobre el rol de la OA como querellante en la Justicia
- “La ausencia de criterios objetivos específicos para asumir el rol de parte querellante genera un impacto significativo en la eficiencia y efectividad del trabajo asignado y deriva en el tratamiento de las querellas sin una adecuada fundamentación, dado que no se advierten los parámetros utilizados para ponderar los casos en los que la auditada decida intervenir en su calidad de querellante, viéndose afectada la transparencia necesaria para este tipo de intervenciones por parte de la entidad auditada”. Es decir, la OA de Laura Alonso se presentó a querellar de forma arbitraria. Lo que quedó de manifiesto en que se perseguía a exdirigentes kirchneristas en la Justicia mientras se miraba para otro lado en lo que hace a funcionarios macristas.
Finalmente, la AGN concluye que “no se ha podido constatar el grado de avance en el periodo auditado de los compromisos asumidos por la OA en el Plan Nacional Anticorrupción”.
Entre las conclusiones se destaca que “con relación a los controles obligatorios encomendados a la OA sobre la evolución patrimonial de los funcionarios mencionados en el art. 5° de la Resolución 1000/2000 MJyDH, la carencia de un registro de reportes sobre los controles efectuados, no permite acreditar que se hayan realizado las revisiones correspondientes”. “Asimismo, se detectaron debilidades en los mecanismos de control implementados para su análisis, situación que no posibilita garantizar de forma efectiva y oportuna el cumplimiento de las funciones asignadas”, se añade.
El informe lleva la firma de los 6 auditores que tenía la AGN al momento que se realizó el informe: Juan Manuel Olmos (presidente); María Graciela de la Rosa; Juan Ignacio Forlón; Gabriel Mihura Estrada; Alejandro Nieva; y Javier Fernández. El séptimo auditor debía ser Miguel Pichetto, quien asumió como diputado nacional y su cargo en la AGN aún no fue ocupado. El 6 de abril pasado vencieron los mandatos de Forlón y Mihura de Estrada por lo que la AGN quedó ahora con 4 integrantes.
Muchas de las cuestiones señaladas por este informe fueron abordadas la durante la presidencia de Alberto Ferández, en la gestión de Felix Crous al frente de la OA.
Los beneficiarios de una OA ineficiente
Esta situación en la OA comandada por Laura Alonso permitió que funcionarios macristas con posibles conflictos de intereses no fueran investigados como correspondía y hoy estén de vuelta en el Estado. A continuación una serie de ejemplos:
En julio de 2020, un informe de la OA "albertista" complicó la situación judicial del exministro de Finanzas durante el macrismo, Luis Caputo (hoy ministro de Economía), y de quien fuera su segundo en aquella cartera, Santiago Bausili (hoy titular del BCRA). Ese trabajo de la gestión Crous expuso a Laura Alonso, ya que dejó en evidencia que la anterior administración hizo la vista gorda en ese caso. El documento se elaboró a pedido de la Justicia y analizó la actuación de los exfuncionarios en la negociación de la deuda y el pago a los “holdouts” a la luz de ley de Ética Pública y sus inversiones financieras posteriores. El estudio se presentó en una causa que tramitaba en los tribunales federales de Comodoro Py y donde se investigó posibles “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” de Caputo, Bausili y Mario Quintana. En un dictamen del 17 de junio de 2020, el fiscal de ese caso, Federico Delgado (ya falleció), sostuvo que “los datos objetivos de la causa revelan la presencia de un conflicto de intereses o negociaciones incompatibles en las que incurrieron Santiago Bausili y Luis Andrés Caputo, porque como funcionarios públicos dividieron su lealtad entre los intereses públicos y privados”. “Los hechos reconstruidos en este expediente revelan que los antecedentes de los nombrados incidieron en las decisiones que adoptaron como funcionarios públicos y que debieron estar guiadas por el interés de la sociedad, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores”, añadió. A Bausili, por ejemplo, se lo acusaba de entregarle un negocio millonario al Deutsche Bank, entidad bancaria a la que estuvo vinculado y que dejó 5 días después de asumir el gobierno. Sí, después, según consta en el trabajo de la OA de Crous.
Bausili llegó a estar procesado por la mentada incompatibilidad hasta el día que se lo anunció como candidato a presidir el BCRA. Coincidencias temporales que Comodoro Py suele administrar a la perfección: el 5 de diciembre de 2023, cinco días antes de la asunción de Milei, la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín “Doctrina” Irurzun y Eduardo Farah, revocó su procesamiento.
Bausili estaba procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por su accionar durante el gobierno de Macri por favorecer a su ex empleador, el Deutsche Bank, uno de los bancos que se benefició con la colocación de los títulos de deuda pública emitidos por el Estado argentino, en la que participó el propio Bausili siendo funcionario. La mano derecha de Toto Caputo había sido empleado del Deutsche Bank hasta que asumió en el gobierno de Macri y tenía bonos del banco. Hasta comienzos de diciembre, Bausili tenía un embargo de 40 millones de pesos por estar a los dos lados del mostrador durante la negociación de la deuda y el pago a los “holdouts”. Su abogado fue Matías Cuneo Libarona, hermano de Mariano, el actual ministro de Justicia de Milei.
Según denunció recientemente el diputado Rodolfo Tailhade en un informe que elaboró para su canal de YouTube, Juan Alberto Pazo, actual secretario de Industria y Desarrollo Productivo, es uno de los grandes beneficiarios del aumento de la carne porque controla un fondo ganadero que se llama Invernea. Pero además, denunció el diputado, participa en sociedades offshore en Panamá, en sociedades en Miami y posee un departamento lujoso también en Miami -a través de una sociedad LLC - que no declaró entre 2016 y 2019 cuando fue funcionario macrista. Entre marzo de 2016 y febrero de 2017 Pazo fue Director de Comunicación de la UIF (gestión de Mariano Federici). Luego pasó a desempeñarse como Superintendente de Seguros de la Nación, organismo descentralizado del Ministerio de Economía, hasta que el macrismo se fue del gobierno.
Terminamos una investigación que debería provocar la renuncia inmediata de un importante funcionario de Milei. Spoiler: le encontramos más offshores y propiedades sin declarar que a Macri y toda su familia, primos segundos incluidos.
La periodista Invy Cangaro también publicó en Dataclave los vínculos de este empresario textil con Federici: “Pazo fue CEO de ‘Las Blondas’, el holding textil de su esposa, Josefina Helguera, asociada con Francisco De Narváez; una empresa a la que luego, como funcionario de la UIF, debió investigar”. El vínculo de Pazo con Federici y entre sus esposas continúa hasta hoy. Lo mismo que su amistad con Caputo. "Las Blondas " comercializa, entre otras, a la marca "Rapsodia".
Es evidente que este caso también expone la inacción de la OA macrista.
La actual ministra de Seguridad también fue denunciada en la Justicia por la OA a cargo de Felix Crous, que vio lo que la OA de Laura Alonso no quiso ver. Hubo cuatro presentaciones contra Bullrich. Fueron en los casos “G20”, “Lanchas”, “Ciberseguridad” y “Sistemas de Fronteras”. Las cuatro causas siguen en trámite.
A esto se suma que en la actualidad muchos funcionarios del gobierno de Milei aún no presentaron sus declaraciones juradas. Y que hay muchos “asesores fantasma” que tal como publicó este medio ingresan a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos cual lobistas. Algunos fueron designados en cargos ad honorem. Otros ni siquiera. De esto dan cuenta las siguientes notas publicadas en El Destape:
¿Qué hará ahora la actual gestión de la OA?
La OA como órgano de persecución
Tal como se señaló, la AGN también sostuvo que la OA fue arbitraria durante el macrismo para definir en qué casos judiciales se involucraba como querellante.
Tal como publicó El Destape el 16 de junio de 2019, la OA de Laura Alonso al menos querellaba en 19 causas contra funcionarios kirchneristas y en ninguna en que estuviera involucrado algún funcionario macrista, cuando había sobradas muestras que desde Macri para abajo había razones para involucrarse en temas de corrupción.
Ante este escenario, la gestión de Crous decidió que la OA deje de actuar como querellante en causas judiciales. En la actualidad, en otro síntoma de lo que vendrá, el ministro de Justicia Cuneo Libarona retomó la idea de que la OA se presente a querellar. Un indicio más de la restauración que se busca imponer en el organismo anticorrupción.
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