Mostrando entradas con la etiqueta Injusticias.. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Injusticias.. Mostrar todas las entradas

24 de noviembre de 2019

Graciana Peñafort destapó otra olla y demostró cómo operan los servicios en Argentina

Una vez más la abogada hizo un repaso de cómo operan los servicios para ensuciar y armar causas. Esta vez se refirió a cómo un siniestro operar de abogados sirvieron para intervenir en causas para perseguir opositores. Acá el hilo de sus posteos
Graciana Peñafort destapó otra olla y demostró cómo operan los servicios en Argentina
En Orsai

27 de diciembre de 2017

La Corte Surpema cerró todos los reclamos por la apropiación de Papel Prensa

Lidia Papaleo había recurrido al máximo tribunal, que ahora declaró “inadmisible” todo reclamo tras el sobreseimiento de Herrera de Noble y Magnetto, entre otros, por parte de Ercolini.

Hace poco más de un año, el juez Julián Ercolini sobreseía a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Guillermo Juan Gainza Paz y Raymundo Juan Pío Podestá en la causa por presunta apropiación ilegal de Papel Prensa durante la dictadura.
Lidia Papaleo, en tanto damnificada, recurrió entonces a la Corte Suprema de Justicia que este martes se expidió, dando por finalizada la causa, al considerar “inadmisible” el recurso extraordinario presentado.
A través de una declaración que lleva la firma de Ricardo Lorenzetti (presidente del tribunal), Elena Highton y Horacio Rosatti, el máximo tribunal desestimó el recurso ante la justicia basándose en el artículo 280 del Código Procesal, Civil y Comercial, que permite no darle lugar al tratamiento del recurso.
Diario Registrado
--------------------------------------------------------------------------
Cambiemos llego para esto!

16 de julio de 2017

Luciana Santillán aclara que su marido no murió por una golpiza de Milagro Sala
“No quiero que se use la muerte de Luca”
La referente de la Corriente del Pueblo jujeña desmiente lo que publicó Clarín. Advierte que la persecución a la líder de la Tupac Amaru es “la punta de lanza para arrasar con las organizaciones del campo popular” y que ese es el objetivo de Gerardo Morales.
Luciana Santillán confirmó que César “Luca” Arias murió a causa de una leucemia fulminante.
Luciana Santillán es referente de la Corriente del Pueblo, una de las organizaciones sociales que en Jujuy pelea por “cambiar algo para mejor” en la vida del sector popular. Su marido era César Cristian “Luca” Arias, otro referente del mismo colectivo, quien falleció en 2006 a causa de una leucemia fulminante. “No quiero, y nadie quiere en la corriente, que se use la muerte de Luca para cuestiones que apuntan a destruir las organizaciones sociales jujeñas”, advirtió la dirigente, en relación a “la mediatización” del hecho. Desde hace más de un mes, Santillán y su abogado, el dirigente de la Coordinadoras de trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, reclaman al diario Clarín y al periodista Gabriel Levinas una rectificación del artículo publicado en junio pasado, en el que se afirmaba que Luca murió “tras una golpiza de Milagro Sala”. “Nunca le endilgamos la muerte de Luca a Sala”, insistió Santillán, para quien la judicialización de la dirigente de la Tupac Amaru es “la punta de lanza para arrasar con todos las organizaciones del campo popular”. “Detrás de toda este armado mediático, en el que ya es juzgada de antemano, que ya es asesina de Luca Arias, esta mediatización de la Justicia, hay un avance contra todos los sectores del campo popular. Eso queremos denunciar y que quede claro”, remarcó. 
“Aun cuando no somos gente que nos hayamos llevado bien con Sala, no somos ni hemos sido tupaqueros, no podemos dejar de ver que su demonización y la persecución política en su contra nos puede y nos va a llegar a todos si se lo permite”, insistió la referente de Corriente del Pueblo. Lo hizo en más de una ocasión y de maneras diferentes durante la entrevista con PáginaI12. Porque Santillán quiere desmentir “la información que echó a circular Clarín que vincula directamente la golpiza que recibió Luca con su muerte” y dejar en claro “que no es cierta”. El 5 de junio pasado, Levinas publicó en ese matutino un artículo en el que atribuye la muerte de Arias a una golpiza que asegura que con otro dirigente de la Corriente del Pueblo recibió de parte de Sala y otros integrantes de la Tupac en una oficina gubernamental. Muy hacia el final del artículo periodístico, titulado “Muerte tras la golpiza de Milagro Sala a un militante”, el periodista informa que Arias falleció seis meses después del hecho y que “los médicos que lo atendieron dijeron que a causa de una leucemia”. “La publicación del artículo es tendenciosa, solo queda circulando que Sala es una asesina”, remarcó Santillán.  
¿Por qué se echan a circular estas informaciones falsas? 
–La golpiza existió y fue denunciada en una causa caratulada como lesiones graves. Seis meses después del episodio, Luca falleció de una leucemia mieloide aguda. Consulté muchos especialistas y médicos que descartaron que tal cosa pudiera tener relación con los golpes, que se pudiera prever, siquiera. Sin embargo, la mediatización del tema convirtió al hecho en un asesinato. A la opinión pública le llegó a través de los medios que Sala está siendo investigada por el asesinato de Luca y eso es lo que se termina reproduciendo, con la intención, entendemos, de destruir a las organizaciones sociales e incluso al pueblo de Jujuy. Hoy consideramos que la judicialización de Sala es la punta de lanza para ir por todas las organizaciones de Jujuy. No queremos ser cómplices de la utilización de una enfermedad en una cuestión que entendemos claramente que es contra todos. 
–¿Qué lleva a que se crea todo lo que se dice de Sala en los medios? 
–Está muy arraigado el discurso del endemoniamiento de Sala en Jujuy, desde la clase media para arriba. Ella no goza de buena opinión en el pueblo de Jujuy. Pero creemos que este caso está siendo usado para avanzar contra todo, no solo contra Sala y la Tupac; para arrasar con conquistas sociales, laborales. Y a Sala si bien le endilgan desvíos de fondos, no está presa por nada de eso; está presa por luchar, por un acampe, por un escrache a quien hoy claramente es el entregador del pueblo de Jujuy, Gerardo Morales. Es muy desesperante que el pueblo en general la quiera presa perpetua a Sala cuando en realidad ese es el destino que nos espera a todos los que queremos cambiar algo para mejor. 
–Planteó que Sala es víctima de una persecución política. ¿Entiende que es un mecanismo que se va a aplicar políticamente en general?
–La mayoría de las organizaciones sociales de Jujuy entendemos que lo que el gobierno de Morales está haciendo con Sala es un botón de muestra. Y la situación es grave porque la estrategia del gobierno es meterle miedo al pueblo, decirle que si se organiza la va a pasar mal; un miedo tan grande que anula toda reacción popular para defender a Sala y reclamar por su libertad. No vamos a negar errores que se han cometido desde la Tupac, y quizás esos errores sean los que dificultan su defensa. Para el que vive en Jujuy y no es tupaquero es difícil la defensa de Milagro Sala. Pero para los tupaqueros y el resto de los militantes del campo popular es difícil la vida: estamos siendo perseguidos como nunca, somos víctimas de arrestos sin motivo, de aprietes. Es tal el contexto represivo que movés un dedo, cortás una calle reclamando y ya te cae la policía. Hay una falta de respeto a los derechos constitucionales de peticionar, de reclamar, que es terrible. Hay un barrio en la capital, el Luca Arias, que es donde nosotros conservamos mayor fuerza, donde cada vez que movilizamos, que lo militarizan con excusas como para que la gente no salga a la calle. Meten miedo. Meten causas. Gerardo Morales agarró nuestro barrio para destruir nuestra organización y constantemente hay aprietes de la policía, de los funcionarios, de los punteros. El gobernador viene al barrio y abiertamente plantea que va a hacer desaparecer a las organizaciones. Es una cuestión muy grave de represión y de desaparición de todo lo que sea organización y construcción social popular. 
–¿Cuál es la base social de apoyo a Morales en esta estrategia?
–Era la clase media durante el primer año de gobierno. Pero ahora también la están afectando, está muy desprestigiado. Porque están arrasando con todos los sectores: los maestros no tienen paritarias, hay más de 1200 maestros que cobran irregularmente los sueldos, la salud está pésima... Está todo en una situación gravísima económica y reivindicativamente hablando, pero bueno... siguen cohesionando con abominar a la Tupac, continúan con los aprietes, como sucedió con el sindicato de azucareros. Fue un golpe mediático muy fuerte contra Sala durante el primer año de gestión en relación con la corrupción: que bolsones de plata, que desvíos, que mansión, que autos de lujo; así se logró que la gente empezara a mirar con muy malos ojos a la Tupac y al resto de las organizaciones, a los sindicatos. A partir de entonces, todos somos chorros. Ese golpe de efecto nos dejó como pueblo desguarecidos, sin herramientas para salir a luchar. El único bueno era Morales, el salvador que había venido a poner las cosas en su lugar. Pero ahora eso ya se dio vuelta. El bueno está recortando todas las asistencias sociales, están planeando despidos masivos en el sector público, entregando la puna y la quebrada a las multinacionales, regalando el litio de Jujuy... El bueno viene por todo. Su segundo golpe, es el represivo. Si te movés y te organizás, te pueden armar causas que tranquilamente hacen y deshacen en la Justicia. La Justicia no tiene nada de imparcial, Menem espera por causas de asociación ilícita en su casa y Milagro Sala está presa. 
–¿Piensa que Sala es una presa política?
–Sí. Como cualquier ciudadano argentino, le deben seguir un proceso judicial porque hay cosas por las que deberá rendir cuentas a la Justicia, pero en libertad. Es una detención arbitraria la suya. Sentimos que las causas que le armaron por el acampe, la que le inventaron por el escrache, son causas en contra del pueblo, no solo en contra de ella.
Pagina 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
LIBEREN A MILAGRO SALA!!!

1 de junio de 2016

Dan la sentencia sobre el autosecuestro de Macri en los ‘90


(Tengamos memoria)


  •   |  

  • Es en una causa por graves violaciones a los derechos humanos y en la que Juan Carlos Bayarri resultó víctima en 1991 y además único querellante. Estuvo preso 12 años, 6 meses y 15 días hasta que la Cámara Federal anuló su causa, la cual en la actualidad tiene nula cobertura periodística.
    Por Lucía Cueto (*)
    Especial para ANDigital 
    Este jueves, a las 18, se leerá la sentencia en contra de los comisarios federales apadrinados por el procesado jefe de Gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en una causa por graves violaciones a los derechos humanos y en la que Juan Carlos Bayarri resultó víctima en 1991 y además único querellante.
    Estuvo preso 12 años, 6 meses y 15 días hasta que la Cámara Federal anuló su causa, la cual en la actualidad tiene nula cobertura periodística.
    “Estoy seguro de triunfar, pero de no ser así continuaré hasta el final”, aseguró Bayarri quien recientemente editó de manera independiente (ya que ninguna editorial aceptó imprimirlo) el libro “Los frutos del árbol venenoso”, donde relata su terrible experiencia.
    Los medios de comunicación no están cubriendo esta causa que actualmente se encuentra en juicio oral por los aberrantes delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos. ¿Los acusados? Amigotes de Mauricio Macri y un exsecretario judicial.
    En este caso de graves violaciones a los derechos humanos intervino la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo supranacional que condenó por ello a nuestro país en el marco del caso N° 11.280 “Bayarri Juan Carlos Vs. Argentina”.
    Que se sepa, que se difunda. Tenemos como alcalde de la Ciudad de Buenos Aires a un Macri que se autosecuestró para luego ser una voz autorizada en cuestiones políticas. Bayarri fue un ciudadano más elegido al azar para ser acusado de secuestrador.
    (*) Periodista
    @lula_cue

    6 de agosto de 2015

    DIPUTADOS

    La Pampa declaró de interés legislativo al informe de la Agencia Télam sobre el Río Atuel

    La Cámara de Diputados declaró de interés legislativo al informe audiovisual elaborado por la Agencia Nacional de Noticias sobre el corte del río Atuel, por decisión unilateral de Mendoza, y el perjuicio económico y social generado en el oeste pampeano por la falta de agua.


    Además, durante la sesión realizada ayer en Santa Rosa, los legisladores pidieron formalmente al Poder Ejecutivo provincial que declare de interés provincial al informe "Río Atuel, historia de un despojo", que realizó Télam en octubre de 2014 y publicó en enero de este año.

    "Este informe es fundamental para seguir difundiendo la problemática del Atuel ante el comportamiento absolutamente mezquino de las autoridades mendocinas", dijo esta tarde a Télam el diputado radical Martín Berhongaray, autor de la iniciativa.

    Agregó que "es importante que todos los argentinos conozcan la problemática" y destacó que "es un hecho inédito que la agencia oficial de noticias se ocupe de este tema, tratando el despojo que sufrió el pueblo pampeano".

    Berhongaray, además, recordó que "durante más de medio siglo" el gobierno cuyano "vino aprovechándose del agua en forma unilateral, inconsulta, arbitraria e ilegal" con un marcado desprecio por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales.

    El río Atuel es escenario de un conflicto que proviene de principios del siglo XX entre las provincias de La Pampa y Mendoza, que fue demandada judicialmente por segunda vez en mayo del año 2014, por el uso unilateral de las aguas del cauce, que pertenece a ambos distritos.

    En la demanda, presentada por el gobernador Oscar Jorge, La Pampa le imputa a Mendoza violar la sentencia de 1987 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que se reconoció la interprovincialidad del río, e incumplir convenios firmados entre ambas provincias.

    La agencia Télam resalta en el informe que "hace poco más de 65 años una decisión unilateral de la provincia de Mendoza avanzó sobre un río interprovincial como el Atuel, provocando con el paso del tiempo un verdadero desastre ambiental y un éxodo poblacional que aún está presente entre el puñado de pampeanos que habita el inmenso oeste".

    En un recorrido multimedia, la agencia presenta una visión histórica de los acontecimientos a través de testimonios de pobladores, militantes de la causa social por la vuelta del río y autoridades locales; entre ellas el gobernador Jorge.
    Telam

    15 de julio de 2015


    La Cámara Federal rechazó la indagatoria para Magnetto y Mitre

    El fallo de la Sala I ratifica la decisión del juez Ercolini de no citar a los directivos de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa.

    La Cámara Federal rechazó la indagatoria para Magnetto y Mitre
    La Sala I de la Cámara Federal ratificó ayer -el mismo día en que rechazó sobreseer al Jefe de Gobierno Mauricio Macri por la causa de las escuchas ilegales-, que el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y el director del diario La Nación, Bartolomé Mitre no deben ser llamados a declaración indagatoria en la causa Papel Prensa. En un fallo dividido, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah sostuvieron la decisión del juez Julián Ercolini quien, en marzo, había rechazado el pedido de la fiscalía tras argumentar que aún está pendiente una voluminosa pericia contable para determinar si la empresa fue adquirida a precio vil durante la última dictadura. El voto en disidencia fue de Eduardo Freiler, quien se pronunció por anular la decisión del juez y exigirle que se manifieste nuevamente sobre las pruebas de un delito de lesa humanidad en el presunto desapoderamiento, y no solo a un reclamo de índole patrimonial.
    Luego de considerar la apelación de la fiscalía y celebrar una audiencia el 23 de junio pasado para escuchar los argumentos de las partes, la Cámara Federal decidió ayer por mayoría respaldar a Ercolini. Por eso ratificó su decisión de no hacer lugar a las indagatorias de Magnetto, Mitre, de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y del ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura, Raimundo Pío Podestá, además de la del supuesto intermediario en la venta Guillermo Gainza Paz, pedidas a comienzo de marzo. Para ello utilizaron diversos argumentos. Farah reiteró los motivos por los que consideró que esa sala no debía analizar la apelación interpuesta por el entonces fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella. Ballestero cargó contra el fiscal de Cámara, Germán Moldes –quien desistió de apoyar el llamado a indagatoria de los imputados-, pero validó que se aguarde la finalización del peritaje contable que ya cumplió dos años desde que fue ordenado, y que intentó ser interrumpido por las defensas.
    "Sin ingresar en el debate acerca de si los elementos colectados hasta el momento dan mérito o no al estándar exigido por la ley para llamar a una persona a prestar declaración indagatoria, el relato de hechos que han efectuado los acusadores evidencia que una imputación cursada hoy carecería de las precisiones necesarias para clausurar eficazmente la atribución de la conducta delictiva de la que se trata", señaló Ballestero. Antes, tuvo un duro párrafo con Moldes, a quien cuestionó por dedicarse a cuestionar que la Cámara hubiera abierto la posibilidad de analizar la cuestión. "Prefirió empeñar sus esfuerzos argumentativos en explicar por qué la materia resultaría ajena a la consideración de este Tribunal, ignorando abiertamente que esa cuestión, pretérita, había quedado ya zanjada", criticó su escasa fundamentación y su apartamiento del rol de fiscal en sostener la acción penal. El camarista se centró entonces en la necesidad de que culmine el informe pericial encargado por el juez. "Dada la peculiaridad del delito en discusión -una extorsión-, la información que aquella prueba está destinada a brindar lejos puede tildarse de intrascendente", evaluó.
    Freiler se diferenció de sus pares y remarcó que existe una "confusión" en el objeto procesal que estableció el juez y que no se trata de un delito de índole patrimonial el que se investiga sino de un delito de lesa humanidad cometido en el acto de desapoderamiento de la firma fabricante de papel para diarios de sus verdaderos dueños –el Grupo Graiver- en el contexto de complicidad con la dictadura. Si existió una venta, cualquiera sea el precio que se hubiera pagado, si fue en un contexto de amenazas, intimidación y violencia de parte de los grupos empresarios compradores y de los militares, pudo haber sido sólo un acto simulado. Para el juez ese es eje de la pesquisa sobre el que deberá centrarse Ercolini a partir de la actividad de la fiscalía y de la querella y para garantizar la defensa de los imputados. "Voto por disponer la nulidad del pronunciamiento revisado, con la finalidad de que el magistrado dicte uno nuevo de acuerdo con lo manifestado en los considerandos", sostuvo el camarista para apuntalar la posición de la fiscalía y de la querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos, no sin además poner de relieve las dilaciones que atravesaron el expediente en los cinco años que lleva de trámite. 
    Tiempo argentino

    8 de mayo de 2015


    Álvaro Coleffi impulsó las causas contra los cómplices civiles en Bahía Blanca de la última dictadura

    Apartaron de su cargo al único juez que se le atrevió a Massot

    El magistrado que actuó en el caso contra el dueño de La Nueva Provincia fue censanteado por la Cámara local, integrada por un ex espía durante la represión. "Es un disciplinamiento brutal", opinó la UFI de Derechos Humanos.

    Apartaron de su cargo al único juez que se le atrevió a Massot
    El ex juez subrogante de Bahía Blanca, Álvaro Coleffi, quien impulsó las causas contra los cómplices civiles de la última dictadura en esa ciudad bonaerense fue cesanteado ayer del Poder Judicial por la Cámara Federal local, integrada por un ex Personal de Inteligencia del Ejército durante la represión. Fue el único magistrado que se animó a indagar al empresario periodístico Vicente Massot por crímenes de lesa humanidad. "Es un mensaje de disciplinamiento brutal dirigido a quienes investiguen a los sectores poderosos de Bahía Blanca", afirmó Miguel Palazzani, integrante de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, a este diario. Un integrante de la corporación judicial lo acusó de filtrar escuchas a la prensa en una causa de narcotráfico de alto impacto mediático.
    Desde el momento en que Coleffi asumió como juez subrogante y tomó la decisión de avanzar en los expedientes sensibles para los actores civiles de Bahía Blanca comenzó a sentir el hostigamiento de la corporación judicial local.
    Sufrió una recusación en el caso Massot –que se basó en el escrito de un par–, denuncias penales y diversos sumarios internos que lo llevaron a dar un paso al costado en los casos de lesa humanidad. En el último mes, mientras ejercía como secretario del Juzgado Federal Nº 1, vivió una arremetida feroz: le allanaron la vivienda cual si fuera un delincuente, le requisaron su vehículo, fue citado a indagatoria y ayer le comunicaron que fue cesanteado, es decir, que fue echado del Poder Judicial.
    La figura jurídica con la que expulsaron a Coleffi se debe a que no era un juez natural sino que era un secretario de juzgado devenido en magistrado subrogante. Es decir, un funcionario judicial por lo que basta un sumario y no un juicio político para removerlo. La causa por la que sufrió la acometida judicial nada tiene que ver con los expedientes de lesa humanidad. Se trata de una causa de narcotráfico que involucra a Juan Ignacio Suris, pareja de la mediática vedette Mónica Farro. La justicia local le adjudica a Coleffi, quien entonces se desempeñaba como secretario de Santiago Ulpiano Martínez, la filtración de las escuchas telefónicas que se le practicaron a Suris.
    El secretario de la causa "Suris" es Mario Fernández Moreno, el mismo que denunció a Coleffi y a los titulares de la Unidad Fiscal de DD HH  local, José Nebbia y Miguel Palazzani, para apartarlos del caso "Massot". Esa acusación desencadenó la recusación de Coleffi que lo llevó abandonar el expediente. Fernández Moreno continúa siendo secretario de la causa en la que se investiga el rol que desempeñó el diario La Nueva Provincia durante el terrorismo de Estado.
    La decisión de expulsar a Coleffi la tomó la controvertida Cámara Federal de Bahía Blanca y la firmaron los jueces Luis Montezanti y Pablo Candisano Mera. Montezanti es un ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército que revistó en el Batallón 601 durante el terrorismo de Estado. Por su pasado, fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero no se logró llevar al acusado a juicio político. Por su parte, a Candisano Mera se lo vincula con Santiago Ulpiano Martínez, quien denunció a Coleffi penalmente. Además del caso Massot, Coleffi también avanzó contra la Iglesia y el Poder Judicial local. Para revertir su situación, sólo le queda plantear un recurso ante la corte Suprema de Justicia de la Nación.
    Tiempo argentino

    26 de abril de 2013


    Violenta represión de la Metropolitana en el desalojo a los talleres del Borda

    Más de 200 agentes de la policía porteña avanzaron sobre los trabajadores del centro de salud con gases lacrimógenos. Desde temprano, demuelen los talleres protegidos. El operativo se debe a las intenciones del Gobierno porteño de construir en ese espacio un centro cívico. Hay heridos y detenidos. Los trabajadores del Borda anunciaron paro y movilización para el próximo martesLegisladores en el lugar negocian para que se retire la Metropolitana.

    Infonews

    La Policía Metropolitana protagonizó esta mañana una violenta represión sobre los trabajadores del Hospital Borda en medio de un operativo de desalojo y demolición del Taller Protegido 19, donde los pacientes realizan sus tratamientos. En ese lugar, el Gobierno porteño pretende construir parte del nuevo Centro Cívico.
    Desalojan los talleres del Borda
    Desalojan los talleres del Borda
    A los palos y con gases lacrimógenos, más de 200 agentes de la fuerza porteña avanzaron sobre enfermeros, médicos y distintos empleados del centro de salud enrolados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que se interponían en las calles internas del hospital para evitar que los policías llegaran y derribaran el Taller Protegido 19. 
    Represión en el Borda
    En respuesta a la violenta represión, los trabajadores de ATE anunciaron paro y movilización para el próximo martes a las 11 de la mañana
    Producto de la represión y de las balas de goma que tiró la Metropolitana,varios trabajadores sufrieron cortes en distintas partes del cuerpo y tres fueron detenidos. La tensión en el lugar continúa dado que los efectivos derribaron los talleres, no se retiran del lugar y desafían a los empleados formando un cerco con escudos para impedirles el paso. 
    En medio de este escenario, también hay pacientes del neuropsiquiátrico a quienes esta situación "angustia y afecta", según explicaron los profesionales de la salud que apuntaron al Gobierno PRO por no protegerlos.   
    "Denunciamos al Gobierno de la Ciudad porque la Justicia dijo que este lugar es patrimonio histórico y que no se puede avanzar sobre él", aseguró uno de los trabajadores presente en el lugar y subrayó que los policías hirieron a varios de sus compañeros.
    Ricardo Talabera, de ATE, informó: "El operativo se inició a las 6, por la calle Pedriel, sin orden judicial y comenzaron a retirar los materiales de los talleres de carpintería y herrería de los pacientes y demolieron el lugar".
    Por su lado, el legislador porteño del Frente Popular Progresista (FPP) Aníbal Ibarra aseguró que los policías se presentaron "sin una orden judicial” y consideró que semejante operativo "no se hace sin el OK del jefe de Gobierno (Mauricio Macri)".
    En tanto, el secretario general de UTE, Eduardo López, sostuvo: "La salud no es un negocio, es un derecho. Queremos hablar con alguna autoridad de Salud. Hay dos médiicos heridos y pacientes lastimados"
    En ese mismo sentido, la legisladora María Rachid denunció: “No me dejan pasar, me empujaron y me golpearon. Nadie se hace cargo, nadie dice quién está a cargo del operativo”.
    Laura García Tuño, legisladora, dijo a la cámara de CN23 “el Gobierno de la Ciudad debería haber previsto esto y no exponer a los pacientes y a los trabajadores”.

    El legislador Jorge Selser informó en CN23 que dos médicos y una enfermera fueron detenidos. "Citaremos a la ministra de Salud y al de Seguridad para exigir explicaciones", agregó el presidente de la comisión de Salud de la Legislatura porteña.
    Infonews
    El legislador Alejandro Bodart dijo: "han hecho un cerco e intentan que la gente no entre. Quieren evitar que la gente se manifieste. Esto es responsabilidad del gobierno de Macri. Acá vinieron a reprimir".
    “La responsabilidad es del ministro Chaín”, denuncia el legislador Francisco “Tito” Nenna.
    El senador porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, también repudió la represión desatada por la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Borda. "Se priorizan los negocios", opinó.
    Desalojan los talleres del Borda
    Desalojan los talleres del Borda

     


    12 de diciembre de 2012


    Trece absoluciones para que festejen las redes de trata

    Los jueces consideraron que no había pruebas y dejaron sin condena el caso Marita Verón. La madre, Susana Trimarco, dijo que pedirá su juicio político. Llamado de Cristina Kirchner.





     Por Soledad Vallejos
    Desde San Miguel de Tucumán
    Absueltos. Anoche un tribunal tucumano resolvió, “por unanimidad”, que ninguno de los trece imputados por el secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón debía ser condenado. Cuatro horas después de lo anunciado inicialmente, tras esperar bajo el calor espeso del fin de la tarde en las escaleras del Palacio de Justicia, Susana Trimarco escuchó que la Sala II de la Cámara en lo Penal absolvía a los acusados para quienes la fiscalía había pedido entre 25 y 12 años y medio de prisión, en función de las responsabilidades adjudicadas. La lectura de la resolución no llevó más de diez minutos. La secretaria del juzgado leyó: no se hacía lugar a la acción civil, todos resultaban absueltos. Antes de que se terminara de escuchar el veredicto, la sala donde se realizaba la audiencia estalló: Gonzalo “Chenguita” Gómez gritó “¡mamá!”; Irma Medina quiso abrazarlo; Fernando “Chenga” Gómez rompió en llanto. Los familiares y amigos del resto de los imputados sollozaron entre gritos. La lectura de quiénes quedaban absueltos debió recomenzar. Eran todos. Hubo un instante de silencio. Susana Trimarco permaneció mirando al frente, en silencio. Desde un banco detrás de ella, Rosa Schonfeld, madre del estudiante Miguel Bru, no contuvo un sonoro “¡hijos de puta!”. Y la sala estalló. La policía de-salojó el lugar en tiempo record.
    En la cabina de una camioneta, acompañada por los abogados Carlos Varela Alvarez y José D’Antona, Susana Trimarco dejó el lugar; en la caja del vehículo, el diputado nacional Horacio Pietragalla sollozaba.
    Minutos después, en la Fundación María de los Angeles, el abogado Varela Alvarez advirtió que “esto no termina acá”. “Es una vergüenza, una estafa” y “la van a pagar”, dijo a continuación Trimarco, quien segundos antes había pedido a una abogada de la Fundación y amiga de Marita que dejara de llorar. “La adversidad nos hace fuertes”, arremetió el abogado D’Antona, quien reiteró lo que había contado Trimarco: al conocer la noticia, Micaela, la hija de Marita, ya adolescente, lloró. “El Poder Judicial de Tucumán está podrido”, señaló, antes de adelantar que “las lágrimas de Micaela las van a pagar con el cargo”. “No pararé hasta pedir el juicio político a los jueces”, dijo Trimarco. D’Antona añadió que el Poder Judicial de Tucumán debe ser “intervenido” porque el fallo “es un acto de corrupción”.
    Trimarco relató entonces que había recibido un llamado de Cristina Kirchner: “No puedo creer lo que hicieron, contá conmigo”, contó que le había dicho.
    El veredicto estaba anunciado para las cinco de la tarde. Minutos antes de dar esa hora, la cita fue pospuesta para las siete. Los jueces Alberto César Piedrabuena, Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano permanecían en el Palacio de Justicia desde el fin de la instancia de últimas palabras de los imputados, a media mañana. A quince minutos de las siete, Susana Trimarco cruzaba la plaza de los tribunales escoltada por los abogados, Varela Alvarez, D’Antona, Carlos Garmendia y Germán Díaz. Le seguían los pasos funcionarios nacionales, provinciales, diputados. Al verla, las decenas de personas de organizaciones sociales y partidos políticos que se concentraban en el lugar comenzaron a aplaudir. Poco después, todos entonaban “Todavía cantamos”, cuya letra el abogado Varela Alvarez había repartido.
    Siete y media, Trimarco esperaba ante las puertas de los tribunales. El calor tucumano apretaba. Por la cuadra y las escaleras rondaban haciendo tiempo los diputados Pietragalla y Stella Maris Córdoba; la coordinadora del Programa Nacional de Rescate a víctimas de trata, Zaida Gatti, la legisladora (MC) Vilma Ripoll, el jefe de la División Trata de Personas de la policía tucumana, Julio Fernández; el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Juan Mena. La espera se extendía, pero no había palabras que la explicara. A la vuelta de la esquina, sobre otra calle, los imputados esperaban también que les franquearan el ingreso. Juan Derobertis esperaba bajo un árbol; Chenguita Gómez se apoyaba sobre una valla mientras su novia le acariciaba la cabeza.
    Recién poco después de las ocho, a instancias de uno de los abogados de la querella, la policía judicial permitió a Trimarco ingresar al edificio, pero sólo cuarenta minutos después le permitieron el paso a la sala de audiencias. Desde las escaleras donde primero habían tomado asiento, la madre de Marita Verón comenzaba a inquietarse. A instancias del abogado D’Antona, integrantes de la policía judicial intermediaron con personal del juzgado. “No nos tengan miedo. Vamos a escuchar cualquier resultado. Hace diez años que esperamos y necesitamos una respuesta”, dijo desde la escalera Varela Alvarez, que pedía que alguien comunicara sus palabras a los jueces. “Si la respuesta es adversa, haremos lo necesario. Le pedimos a la Justicia tucumana que no nos tenga miedo”.
    Minutos después, permitieron que Trimarco y su equipo subiera el tramo de escaleras que faltaba. Los imputados y todos sus abogados ya se encontraban allí. La imputada Medina tenía los ojos colorados, la imputada Milhein lloraba, el menor de los imputados Gómez a duras penas se contenía.
    Eran las nueve y diez y en la Sala II de la Cámara en lo Penal no volaba una mosca. La fila de bancos más cercana a la puerta cobijaba a Trimarco, integrantes de la Fundación María de los Angeles, representantes de instituciones y organizaciones sociales. Entre una y otra fila, policías. Contra las paredes, policías; entre el banco para la prensa y el sector de los imputados, policías. La secretaria del juzgado dijo “de pie”, la puerta de la salita de los jueces se abrió y el aire se cortaba con un cuchillo.
    Lo que estaba por leer la secretaria del juzgado, adelantó el presidente del tribunal, Piedrabuena, era “una breve síntesis” cuyos fundamentos serían dados a conocer el 18. La funcionaria judicial anunció que las decisiones habían sido tomadas por unanimidad y leyó: que los hermanos María Jesús y Víctor Angel Rivero, Daniela Milhein y Andrés Alejandro González eran absueltos; que también lo era el ex policía Pascual Andrada; que Derobertis, Fernando Gómez, Azucena Márquez...
    –¡Mamá! –gritó entonces Chenguita, y en la sala empezó a crecer un murmullo. Le siguió un ruido. La lectura del veredicto ya no se escuchaba.
    La secretaria retomó. La lista de absueltos continuaba con Mariana Bustos, Carlos Luna, Paola Gaitán, Gonzalo Gómez.
    –¡Gracias dios mío! –estalló Chenga.
    A metros, desde la fila de bancos tras Trimarco se escuchaban tantos sollozos como desde la fila de familiares y amigos de los imputados.
    La secretaria leyó que el tribunal no hacía a lugar a la acción civil. Que remitía “las piezas procesales pertinentes” a una fiscalía de instrucción en el caso de Milhein y González, y al Juzgado de Instrucción Nº 3 en el caso de Medina, sus hijos, Bustos, Luna, Gaitán, Márquez y Andrada para “la correspondiente investigación de las eventuales conductas criminosas”.
    Rosa Schonfeld gritó “¡hijos de puta!”. Todo el público se puso de pie en un segundo. La policía de-salojó la sala.
    La plaza ante tribunales estallaba en cánticos que pedían justicia. Al cabo de media hora, en la Fundación María de los Angeles reinaban el silencio, los ojos llorosos.
    Flanqueada por sus abogados, acompañada por los diputados y funcionarios nacionales y provinciales, Trimarco dijo que “ya tenía información de que La Chancha (Rubén) Ale ha sacado los dólares debajo del colchón y les puso a ellos”, en referencia a los jueces, a quienes ella y los abogados sindicaron de “corruptos”. “No puede ser esto. Es una vergüenza, es una estafa. Estafaron a todas las pobres víctimas que se sentaron a decir lo que les hicieron”, dijo. Y señaló que “estoy más firme que nunca, así –y sin levantarse de la silla marcó el paso con dos fuertes pisadas–, como un soldado. No voy a parar hasta que estos tres delincuentes estén donde tengan que estar”.
    Habían quedado atrás diez años de investigación; diez meses de debate oral; cuatro horas de espera en plena calle.

    Página 12

    ***********************

    Todo hombre tiene "su" precio y lamentablemente la mafia que maneja este negocio es tan grande y fuerte que será difícil terminar con ellos, es mucho dinero, pero bueno, tal como manifestó Susana, mientras haya mercado, jamás se terminará con este tristísimo flagelo.

    21 de julio de 2012

    Nordelta: figuraba como baldío, pero era un lujoso country

    Son 234 casas y 75 piletas construidas en el exclusivo complejo de Tigre.
    La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) descubrió que todas las casas de un barrio del complejo Nordelta, en el partido de Tigre, no estaban declaradas ante el Fisco y figuraban como baldíos, según informó el organismo estatal.

    Se trata del barrio Los Alisos, que cuenta con 234 casas y 75 piletas de natación, las que sumadas a otras propiedades de lujo fiscalizadas en el predio totalizan 114.721 metros cuadrados sin incorporar al Fisco provincial.

    Esta irregularidad denunciada por ARBA implica una evasión de más de 1,3 millón de pesos de impuesto inmobiliario, detalló un comunicado de la agencia recaudadora.

    Por su parte, la empresa desarrolladora del complejo de Tigre, Nordelta SA, sostuvo que el predio "cuenta actualmente con nueve barrios residenciales que constan de más de 3.100 lotes y/o unidades aproximadamente, las cuales tienen denunciadas sus mejoras ante ARBA y contribuyen al pago del impuesto inmobiliario en millones de pesos anuales".

    El organismo estatal que preside Martín Di Bella indicó que el barrio Los Alisos posee un lago interno de 7,3 hectáreas, un Club House con quincho, parrilla, 4 canchas de tenis y una cancha de fútbol 5, entre otras comodidades.

    Y añadió que, con la evasión en el Impuesto Inmobiliario, los contribuyentes habían dejado de pagar 674.944 pesos, por lo que la Agencia los intimó a regularizar su situación.

    En estos controles, los fiscalizadores también hallaron sin declarar un complejo de departamentos, "Quartier Nordelta", de unos 30 mil metros cuadrados que tendría que pagar en Impuesto Inmobiliario $ 171.790 y que estaba declarado como baldío, según la información oficial.

    También se comprobó que el edificio "Loft de Bahía Grande" figuraba como baldío ante el Fisco: son 10.300 metros cuadrados que tendría que pagar de impuestos $ 96.456 al año. 

    ARBA señaló que tampoco estaban declaradas las mejoras en el Hotel Intercontinental de Nordelta, un emprendimiento 5 estrellas que no incorporó unos 900 metros cuadrados, lo que representa una evasión a la Provincia de $ 155.983, detalló el organismo bonaerense.

    En un comunicado, Di Bella calificó como "inadmisible" la actitud de los dueños de estas propiedades, y subrayó que "desde el Gobierno trabajamos con fuerza para terminar con la evasión, sobre todo en aquellos sectores que, a pesar de ostentar una evidente capacidad económica, se niegan a cumplir con sus obligaciones tributarias".

    Además, recordó que las nuevas construcciones y las ampliaciones "pueden declararse a través de un simple trámite que se realiza por internet, desde la web de ARBA. No hay excusas para incumplir".

    Como parte de su descargo, Nordelta SA indicó que el barrio Los Alisos es "un complejo nuevo, en el cual se están llevando a cabo los trámites municipales y provinciales a fin de que oportunamente los propietarios de los lotes del barrio, puedan incorporar las mejoras que existen en el mismo".

    "Actualmente los vecinos de dicho barrio abonan a la Municipalidad de Tigre sus impuestos y/o tasas, pudiendo efectuar la denuncia de las construcciones ejecutadas sobre sus propiedades", señaló la empresa, que se comprometió de todos modos a "evacuar la intimación cursada" por ARBA.

    Con respecto al Edificio Quartier, la compañía desarrolladora dijo que "el plano de mensura y subdivisión correspondiente al lote donde está construido (...) salió registrado a principios del año 2012" y agregó que "al momento de ingresarse el plano para su aprobación se denunció el avance de la obra existente, que era del 81% aproximadamente".

    "Actualmente se están realizando las gestiones a fin de que ARBA incorpore el avance final de obra (...) Sin perjuicio de ello, dicho inmueble tiene una valuación fiscal de $ 27.201.567 y abona en concepto de impuesto inmobiliario en forma anual aproximadamente la suma de $ 500.000", subrayó.

    Por último, Nordelta SA sostuvo que "la parcela correspondiente al Hotel Intercontinental consta en ARBA como edificada con una valuación fiscal de $ 49.134.203, la cual fue declarada en mayo de 2011, y abona aproximadamente $ 600.000 por año en concepto de impuesto inmobiliario".
    Ámbito.com

    19 de junio de 2012

    "Un premio" para Fanchiotti a diez años de la Masacre de Avellaneda

    Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, quien fue asesinado junto a Darío Santillán durante un operativo represivo de la policía bonaerense contra los movimientos piqueteros que intentaban realizar un corte en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, aseguró que el expolicía Alfredo Fanchiotti, condenado a prisión perpetua por los crímenes, "fue trasladado el jueves pasado al penal de Baradero, que posee un régimen de detención abierto". En enero de 2008, Fanchiotti había salido del penal de Olmos sin autorización judicial, acompañado por un subjefe de la cárcel.






    "El traslado fue realizado entre gallos y medianoche y en el mayor sigilo porque saben que es una medida que apunta a su libertad", comentó, en diálogo con el portal Plazademayo.com, Claudia Ferrero, abogada de la familia Kosteki.
    En ese sentido, la hermana de Maxi relató: "La semana pasada me informaron que Fanchiotti iba a ser trasladado a (la prisión de) Baradero esta semana, que tiene un régimen abierto. Sin embargo, aceleraron esas fechas y fue trasladado el jueves por la noche para que nadie se enterara de ese 'premio'".
    Ferrero sostuvo que el paso del policía del penal de Olmos a Baradero significa "la última etapa antes de que un preso recupere su libertad". "Se les da permisos de doce horas de tal modo que sólo deben pernoctar en el penal. El objetivo es reintegrar a los reclusos a la sociedad. Pero no se puede hacer eso con Fanchiotti, condenado a cadena perpetua y cuando no han pasado diez años de reclusión", denunció la abogada.
    Kosteki recordó que en enero de 2008 el expolicía salió del penal de Olmos, sin permiso judicial, "para ser llevado a un asado en la casa del juez Rolando Lima, quien está preso por irregularidades en su gestión". Fanchiotti había sido acompañado por el subjefe de Vigilancia y Tratamiento, según quedó registrado en el libro de guardia, por lo que la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense presentó entonces una denuncia penal y el Ministerio de Justicia intervino la unidad de detención.
    El traslado de Fanchiotti "abre la puerta a la impunidad a pocos días del 26 de junio, cuando se cumplen diez años de los asesinatos de nuestros compañeros. Se trata de una provocación", afirmó Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán.
    Además de Fanchiotti, por los crímenes, perpetrados durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, también fue condenado a prisión perpetua el expolicía Alejandro Acosta, durante el juicio realizado en 2005. Sin embargo, el año pasado, la Cámara de Casación bonaerense benefició a los otros cinco policías que recibieron diversas condenas y los eximió de prisión. Incluso, los jueces de la sala I del tribunal absolvieron al que fue jefe de Fanchiotti, el extitular de la departamental de Lomas de Zamora Félix Osvaldo Vega, quien había sido condenado a 4 años de prisión por encubrimiento.
    Pagina 12

    16 de octubre de 2011

    EN 2002, EL CONGRESO LAS HABÍA DEROGADO, PERO EL GOBIERNO DE EDUARDO DUHALDE LAS PROTEGIÓ CON UN VETO

    Veintiséis obispos y arzobispos cobran jubilaciones de privilegio

    Publicado el 16 de Octubre de 2011

    Al año, suman casi 3,5 millones de pesos. Las dispuso Videla en 1977, son exclusivas para el culto católico y las paga el Estado. La defensa corporativa de un beneficio decretado por la dictadura militar y los casos de quienes lo rechazaron.
     
    En la Argentina, 26 obispos y arzobispos retirados cobran jubilaciones de privilegio, aun sin haber hecho aportes en toda su vida. Son, por así decirlo, “jubilaciones divinas”, que están sustentadas íntegramente por el Estado Nacional y se otorgan con exclusividad a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, generando un gasto mensual de $ 287.560. Es decir, $ 3.450.720 al año, que deben pagar con sus impuestos todos los argentinos. Los creyentes y los no creyentes. Incluso, los que pertenecen a otros cultos religiosos.
    El beneficio fue otorgado por la última dictadura militar, de armoniosa relación con la cúpula eclesiástica. La ley que lo estableció fue sancionada en 1977 y lleva la rúbrica del genocida Jorge Rafael Videla. Se trata de uno de los tantos legados que nuestro país heredó de tiempos dictatoriales. Pero, a diferencia de lo que sucedió con otras leyes, que fueron modificadas o derogadas, esta norma aún se mantiene intacta.
    A 28 años del retorno de la democracia, la Iglesia Católica nunca perdió este privilegio, incluso cuando el propio Congreso de la Nación lo echó por tierra en 2002. Ese año, el Poder Legislativo derogó todos los regímenes jubilatorios especiales, pero el entonces presidente interino Eduardo Duhalde vetó parcialmente la disposición del Parlamento, con lo que el beneficio para los eclesiásticos, junto a otros, continuó vigente (ver recuadro). Su eliminación es, de esta manera, una cuenta pendiente de todos los gobiernos constitucionales que se sucedieron desde 1983 a la fecha.
    La Ley 21.540, sobre la “Asignación a determinados dignatarios pertenecientes al Culto Católico Apostólico Romano”, fue sancionada el 25 de febrero de 1977. A través de ella, la dictadura dispuso que arzobispos y obispos retirados gozaran “de una asignación mensual y vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia”. Además, se determinó que este dinero fuese otorgado a los prelados que acreditaran “75 años de edad o incapacidad” y que la remuneración sería “móvil”, con lo que, a cada aumento del sueldo básico de los magistrados, también se produce, automáticamente, un incremento en las jubilaciones de la jerarquía eclesiástica.
    El universo de quienes están habilitados a percibir este privilegio se compone de 27 obispos y siete arzobispos eméritos –es decir, retirados–, lo que arroja un total de 34 casos. Sin embargo, algunos de ellos decidieron no recibir esta asignación especial, como sucede con Paulino Reale, ex obispo de Venado Tuerto, quien explicó: “No tramité el beneficio porque me acostumbré a vivir con poco. Los que lo cobran, bueno, es una decisión personal. Tiene que ver con cómo y dónde quieren vivir.” El mismo camino siguieron, también, los arzobispos eméritos Estanislao Karlic, de Paraná, y Eduardo Mirás, de Rosario.
    Quienes sí accedieron a este privilegio conforman, según informó la Secretaría de Culto de la Nación, un total de 26 religiosos: 21 obispos y cinco arzobispos. Siguiendo la medida del 70% del salario de un juez nacional de primera instancia –que en la actualidad cobra exactamente un  básico de $ 15.805,94– cada uno de los prelados que se acogieron a este ventajoso régimen percibe $ 11.060 al mes, lo que equivale a ocho jubilaciones mínimas. Dicho de otra forma: un solo “jubilado divino” cobra lo mismo que ocho comunes. Y si se suman los 26 casos confirmados por la Secretaría de Culto, los casi 3,5 millones de pesos que las arcas públicas deben erogar al año para este fin, equivalen a 12.500 asignaciones universales por hijo o a 2400 jubilaciones mínimas.
    Sin embargo, algunos de los privilegiados sostuvieron que actualmente perciben un monto inferior a los 8000 pesos. Por ejemplo, el ex obispo de Morón Justo Oscar Laguna, quien accedió a este beneficio a principios del año 2005, aseguró que “la asignación apenas supera los 7000 pesos y debería ser mucho más, porque no alcanza para nada”.
    Desde el área de Culto mantienen bajo llave la nómina de prelados que reciben estas jubilaciones. Sin embargo, Tiempo Argentino pudo determinar que los siguientes son algunos de los beneficiarios. En lo que refiere a los cinco arzobispos, se trata de Moisés Blanchoud, prelado emérito de Salta; Domingo Castagna, de Corrientes; Rubén Di Monte, de Mercedes; Mario Maulión, de Paraná; y Edgardo Storni, de Santa Fe. Entre los 21 obispos, se encuentran, entre otros, el mencionado Laguna; Miguel Hesayne, de Viedma; Pedro Lira, de San Francisco; Jorge Lona, de San Luis; Néstor Navarro y José Pedro Pozzi, ambos de Río Negro; Cipriano García Fernández, de Cafayate; Rinaldo Bredice, de Santa Rosa; Bernardo Witte, de Concepción; José Sartori, de Chaco; Pedro Ronchino, de Comodoro Rivadavia; Emilio Bianchi Di Cárcano, de Azul; y Guillermo Leaden, de Buenos Aires.
    Algunos de ellos comenzaron a percibir el dinero dispuesto por la Junta Militar en la década de 1990. Por ejemplo, el ex obispo salteño Pedro Lira, que en la actualidad tiene 97 años, explicó que cobra esta asignación desde hace más de dos décadas. “Es un dinero para gente culta. No es sólo para los obispos”, esbozó el prelado, quien realizó una enérgica defensa del beneficio creado por la dictadura: “Esta ley la dieron los militares, y en esto hay que respetarlos, porque la cultura está despreciada en este país. Gracias a Dios se introdujo esta ley.” En un determinado momento, Lira dio por concluida abruptamente la entrevista: “Usted, periodista, tiene una curiosidad morbosa. La curiosidad no es de varón, es de mujer”, arguyó. Antes de cortar la comunicación, el ex obispo se despidió con un “viva la patria, viva Dios”. En los últimos 20 años, Lira cobró más de un millón de pesos gracias a su privilegiada jubilación.
    El arzobispo emérito de Salta, Moisés Blanchoud, que cobra este beneficio desde 2003, sostuvo: “Es, simplemente, lo que el gobierno nacional debe devolver a la Iglesia Católica por lo que nos robó la presidencia de Rivadavia en 1822.”
    También hay prelados más jóvenes, que empezaron a percibir la asignación recién el año pasado. Es el caso del obispo emérito de San Luis, Jorge Lona, quien consideró: “Esta asignación es parte de lo que dicta la Constitución Nacional. He cumplido mi responsabilidad durante mis años de actividad y me parece que no debe ser motivo de escándalo.”
    Otros eclesiásticos prefirieron, directamente, no referirse al tema. Por ejemplo, el obispo emérito de Viedma, Miguel Hesayne, retirado desde 1995, adujo que “su consulta es lo mismo que si yo le preguntase cuánta plata tiene en el bolsillo”. Idéntica respuesta planteó el ex obispo de Cafayate, Cipriano García Fernández, quien manifestó encontrarse “muy ocupado” para referirse al tema.
    Un punto que habla del especial trato que la Junta Militar mantuvo con la curia, es que este beneficio es propiedad exclusiva de la jerarquía católica, ya que los 2500 cultos restantes que existen en el país no gozan de ningún tipo de retiro especial. Por si fuese poco, a pesar de que al jubilarse el Estado les garantiza una situación económica acomodada, durante sus años de actividad estos prelados no deben realizar aportes jubilatorios. Es tan sólo otro de los tantos privilegios de los que gozan (ver recuadro).
    Tiempo dialogó extensamente con uno de los religiosos más conocidos que percibe este beneficio: monseñor Justo Oscar Laguna. En la entrevista, el ex obispo de Morón justificó la enorme distancia entre una jubilación ordinaria y la asignación especial que perciben los prelados argentinos: “¿Sabe cuántos años fui obispo? Cincuenta. ¿A usted le parece que un lavacopas debería tener la misma jubilación que un obispo? A mí me parece que no.” Asimismo, Laguna reconoció que “los obispos deberían realizar aportes jubilatorios durante sus años de actividad”. Y, pese a que es el primer sacerdote católico procesado en una causa por Derechos Humanos (al presuntamente mentir sobre el asesinato del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, durante la última dictadura), aseguró: “No me gusta que esto haya nacido de un decreto en el Proceso. Siempre debe haber intervención del Parlamento.”
    Llamativamente, quienes se alejaron de sus cargos eclesiásticos por motivos polémicos no quedaron exentos de este beneficio. El caso de Edgardo Storni, que renunció a la diócesis de Santa Fe envuelto en escándalos sexuales y económicos por los que está siendo juzgado, es paradigmático.
    Storni dejó la actividad el 21 de septiembre de 2002, acusado de abusos sexuales, pedofilia y malversación de fondos. Tres meses más tarde, el entonces secretario de Culto Esteban Caselli aprobó la jubilación de privilegio que Storni cobra desde los 66 años, mucho antes de haber cumplido los 75, tal como dicta la ley. Ya en 2009, el arzobispo emérito fue condenado por el delito de “abuso sexual agravado” a la pena de ocho años de prisión. Pero en mayo de 2011, la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe declaró la nulidad de la sentencia condenatoria, por lo que la causa volverá a primera instancia, al Juzgado de Sentencia Nº 3, a cargo del juez Cristian Fiz. Pese a todo, Storni retuvo su título de arzobispo emérito y continuó cobrando su asignación especial. En ese lapso, por este concepto embolsó más de 500 mil pesos.
    Si se suman todas las jubilaciones mensuales que percibieron estos 26 prelados en los últimos diez años, se deduce que el Estado argentino erogó un monto global aproximado de 14 millones de pesos. La cifra se desprende de las distintas asignaciones que los obispos y arzobispos retirados percibieron desde el año 2001 a la actualidad, y se basa en el porcentaje determinado por la Ley 21.540.
    “Si bien todas estas remuneraciones se sustentan en instrumentos legales, no son legítimas, ya que fueron decretadas por la dictadura militar”, sostuvo Fortunato Mallimaci, sociólogo de la religión perteneciente al CONICET y especialista en temas relacionados con la Iglesia Católica. “Estos beneficios no respetan la pluralidad religiosa y constituyen un privilegio otorgado a las jerarquías católicas que no corresponde a un país democrático”, agregó Mallimaci.
    En el mismo sentido se pronunció el ex diputado nacional Luis Zamora. “Es algo completamente repudiable. ¿Por qué los judíos, los evangelistas o los ateos deben mantener a una iglesia en la cual no creen?”, se preguntó el referente de Autodeterminación y Libertad, quien se hizo famoso por ser uno de los pocos legisladores que rechazó tajantemente la jubilación de privilegio que le correspondía como diputado.
    Es preciso recordar que la mencionada Ley 21.540, además de la firma de Videla, lleva las de Julio Bardi y César Guzzetti, cuyos prontuarios no son tan conocidos como el del ex presidente de facto, pero no por eso resultan menos condenables. Bardi fue ministro de Bienestar Social y ocupó un cargo clave en los años más duros de la represión: de 1977 a 1978, fue jefe de inteligencia del Estado Mayor General Naval. Por su parte, Guzzetti –quien falleció en 1988– fue ministro de Relaciones Exteriores de Videla, cargo que le permitió mantener un trato aceitado con Henry Kissinger, secretario de Estado de los EE UU, y quien dio la aprobación tácita para que el gobierno militar desplegara un aparato represivo que de inmediato derivó en el terrorismo de Estado.
    Como se ve, sobran antecedentes para cuestionar la legitimidad de esta ley y las razones de su vigencia. Sin embargo, las autoridades máximas de la Iglesia Católica aún conservan este privilegio que les legó Videla, quien solía repetir eso de que “un terrorista no es solamente alguien con un arma de fuego o una bomba, sino también alguien que difunde ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”.
    Tiempo argentino

    14 de septiembre de 2011

    MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA


    El día en que Julio volvió a hablar

    El testimonio aportado por Jorge Julio López, desaparecido desde octubre de 2006, en el juicio que condenó al exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, fue leído durante la segunda jornada del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata contra 26 represores, entre ellos Etchecolatz, en el marco de la causa denominada "Circuito Camps", que reúne los delitos de lesa humanidad cometidos en cinco centros clandestinos de detención, donde López fue desaparecido por primera vez. Además, durante la audiencia se detalló el rol que le cupo al Destacamento 101 de Inteligencia platense en las detenciones ilegales y en el robo de bebés durante la última dictadura militar.






    La lectura del testimonio de López, albañil y militante secuestrado en 1976, se dio en el marco de la acusación por los hechos cometidos en la comisaría quinta de La Plata. En el juicio contra Etchecolatz, en el que se lo condenó a cadena perpetua, López reconoció haber estado en esa dependencia e identificó al exdirector de Investigaciones de la Policía como uno de los hombres que lo torturó en esa dependencia.
    En esa oportunidad, el albañil también había declarado que mientras estuvo detenido en el destacamento de Arana pudo observar cómo Etchecolatz "ajustició" a un detenido en el patio del centro clandestino de detención. Guadalupe Godoy, ex abogada de López y querellante, explicó que "por primera vez se ve una mirada global de lo que fue el aparato represivo en la ciudad de La Plata. No tenemos un hecho aislado, sino un conjunto que abarca 280 casos, distribuido en cinco centros clandestinos con 26 imputados, que no son sólo los que ejecutaron los tormentos sino también parte de los que los planificaron y dieron las órdenes".
    Durante la segunda jornada, el TOF 1 desarrolló además el rol cumplido por el Destacamento 101 de Inteligencia a partir de la imputación al exjefe de esa área, Alejandro Arias Duval, por la participación en la privación ilegal de la libertad de más de 80 personas y en la sustracción, retención y ocultamiento de cuatro niños menores de 10 años. Según la elevación a juicio, el Destacamento que dirigía Arias Duval "prestó un apoyo imprescindible en la implementación y desarrollo de la represión clandestina".
    "La tarea de los organismos dedicados a recolectar, almacenar, administrar y entregar la información desempeñaban un rol esencial en el impulso de los mecanismos de funcionamiento del aparato organizado de poder", precisó el tribunal y agregó: "Se ha acreditado que el Destacamento 101 también tuvo una intrínseca relación con el sistema de centros clandestinos de detención que operaba en la zona".
    En ese sentido, la acusación resalta que los secuestros y detenciones "eran precedidos necesariamente por una labor de inteligencia que individualizaba a las futuras víctimas (...) El Destacamento 101 contribuyó sin dudas a aumentar la capacidad ofensiva del aparato organizado de poder en el que se hallaba inserto y del cual constituyó un eslabón indispensable".
    Pàgina 12