1 de diciembre de 2022

 

Fuerte disputa interna entre los racionales y los halcones industriales

Techint agita a la UIA para ir contra Massa

Dos cuadros del holding de Rocca pidieron criticarle con dureza su gestión y los yerbateros de Misiones se sumaron diciendo que "vamos a una hiperinflación". Quiénes pusieron un freno y quiénes juegan al límite contra el ministro. 

Leandro Renou


Con Techint como alma mater, los halcones de la Unión Industrial Argentina (UIA) se decidieron a hacerle la guerra al ministro de Economía, Sergio Massa. El primer esbozo del conflicto se vio el martes por la tarde, en la reunión clásica de la entidad, donde directivos del holding de Paolo Rocca pidieron salir a criticar muy fuerte la gestión del sucesor de Martín Guzmán, movida a la que se plegaron los duros que se cuadran a los mandatos de la siderúrgica. 

En un encuentro que se realizó mitad virtual y con otra parte de los dirigentes de la entidad en la sede de Avenida de Mayo, tomaron la palabra dos que hablan poco pero que tienen peso en Techint. "Así no podemos seguir, es un desastre esto", dijeron David Uriburu y Alejandro Gentile. El primero es el sucesor de Luis Betnaza, histórico alfil de Rocca y afuera por jubilación; mientras que Gentile salió de la cantera de UIA joven y se mueve cada vez más rápido dentro de la entidad donde juegan los grandes. Unos minutos antes, el economista y director de la central fabril, Diego Coatz, había repasado la evolución del sistema de autorizaciones de importaciones, con caras largas de algunos presentes. 

Llamó la atención a muchos la jugada tan fuerte cuando el propio Rocca no sólo está en buenas migas con Massa, sino también con el kirchnerismo, en el marco de proceso de construción del gasoducto Néstor Kirchner, del cual Techint es proveedor de los caños. 

Pero eso no fue todo, porque un yerbatero de Misiones le sumó tensión al asunto. "Vamos a una hiperinflación, no hay política contra eso", expresó Diego Videla, que en los 90 supo ser vice de la UIA y hoy es directivo de la cámara de yerbateros y funcionario en la UIA de Misiones. Curiosamente, la yerba fue uno de los productos que más alza tuvo en el rubro canasta básica. 

En esa línea se posicionaron, también, buena parte de los referentes de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), entre ellos la metalúrgica Isabel Martínez. "Tenemos que salir con un comunicado más duro, no nos podemos callar más", aseveró, mientras se elaboraba un documento, clásico luego de las reuniones, en terminos bastante más amable de lo que pedían los ultras. 

Esta vez, el que frenó la embestida fue el propio titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja. "¿Pintarse la cara y pelear? Estamos en negociaciones y ayudando", expresó el abogado, que también preside la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal). Atras de Funes salieron varios a resaltara que, como pocas veces en este gobierno, había hoy una mesa abierta con funcionarios de Economía y el propio Massa, en la que además están Funes y Coatz, entre otros. Una mesa creada para resolver cuestiones en privado. 

La salida a mediar de Funes responde, también, a la idea de que esta jugada fuerte de Techint y sus aliados es también contra Funes, del que no tienen conformidad total sobre cómo está trabajando en la relación con el Gobierno. No es la primera vez que Techint busca condicionar a un titular de la central fabril. En paralelo, los que participaron de la reunión contaron a Página I12 que los hechos son otro capítulo de la guerra Techint versus José Ignacio De Mendiguren. El hoy secretario de Industria nacional es el enemigo número uno del holding de Rocca y se fue de la entidad denunciando un veto de Techint a su candidatura a las listas en las que Funes fue elegido presidente y sucedió al aceitero Miguel Acevedo. 

Cuando el escenario parecía salirse de curso, intervino otro histórico de la UIA para frenar la radicalización. La referencia es para Isaías Drajer, presidente de la Cámara de Laboratorios Nacionales CILFA. "No podemos ocultar que hay problemas, pero estamos gestionando y trabajando en forma conjunta con el ministro", expresó el dirigente. Otro de los presentes cuestionó además que la movida se haga a espaldas de la mesa de negociación y del propio "Vasco" De Mendiguren, que mantiene línea abierta para ordenar temas con sus ex compañeros de entidad. 

"Lo quieren operar por atrás cuando los tipos están siendo sinceros y abriendo una mesa", comentaron dos industriales bonaerenses que también salieron a pedir la paz. Pero la movida de Techint avisa que el fuego no es fácil de apagar. 

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Con el gol de Argentina, el ultraderechista quiso entrar de prepo al despacho de la legisladora

Roberto García Moritán y otro acoso laboral contra Ofelia Fernández

El legislador de Republicanos Unidos , un bloque aliado a Juntos por el Cambio, quiso entrar sin pedir permiso a la oficina de Fernández. La respuesta de una legisladora que lo dejó en offside a García Moritán.

El legislador porteño Roberto García Moritán volvió a la carga con su violencia machista contra su par Ofelia Fernández. En esta oportunidad, fue durante el partido de Argentina contra Polonia. El empresario gastronómico quiso entrar de prepo al despacho de la legisladora, sin golpear. Incluso, después subió su intromisión a las redes sociales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el marido de Pampita se mostró yendo hasta la oficina de Ofelia. Al llegar, golpeó la puerta y se lo escucha decir "Ofelia, empieza el partido. Dejá de trabajar y vení. Vamos a ver el partido". Ante la no respuesta intenta ingresar al despacho, lo cual no está permitido, no solo por ser una falta de respeto a la privacidad sino porque puede considerarse como acoso laboral.

Sin embargo, eso no fue todo. En el pie de la publicación, las agresiones continuaron. “Quise invitar a Ofelia a ver el partido, pero no había nadie...", escribió Moritán ironizando con la ausencia de la legisladora en la definición de un encuentro apasionante por el pase a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Por el momento, Fernández no se pronunció sobre lo ocurrido y desde su entorno no confirmaron si la legisladora va a responder a la agresión del ultraderechista. Sin embargo, desde el Frente de Todos, la legisladora Claudia Neira salió en defensa de su compañera, y respondió con ironía al tuit de Moritán. “Hola, te fui a ver a tu despacho recién pero no estabas”, escribió Neira, demostrando que Moritán solo quiso provocar contra Ofelia Fernández

Antecedentes

Esta no es la primera vez que el legislador de Republicanos Unidos, que integra el bloque de Juntos por el Cambio, apunta contra Ofelia. A principios de este año, Moritán brindó una entrevista en la que acusó a la legisladora de "encontrar un negocio en la política".

Además, el legislador sostuvo que "está atrapada en un sistema que no tiene salida. Ella es tal vez el mejor ejemplo de lo que le pasa a una parte de la clase política argentina. Encontró un negocio ahí, lo sabe, y tiene que maximizar su oportunidad".

Fernández no pasó por alto las críticas y respondió"Jajajaja a mí al menos me conocen el nombre y apellido...", escribió la legisladora, ironizando con la idea ya instalada de que todos los medios identifican a Moritán como "el marido de Pampita". 

E inmediatamente agregó: "A los dos nos dieron trabajo votándonos, ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia”. “Yo no busco negocios, tengo convicciones", cerró. 

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Revés para Luis Juez y maniobra de Cecilia Moreau en defensa de la autonomía parlamentaria

El embrollo judicial que paraliza a la Magistratura

La justicia rechazó el amparo del senador de JxC que ahora analiza acudir a la Corte con un per saltum. La presidenta de la Cámara de Diputados dio marcha atrás con las designaciones de los cuatro consejeros y apeló el fallo que le sacó una silla a la oposición. El Consejo, paralizado. Los efectos de la judicialización de la política.

Irina Hauser

Lo único que queda claro por ahora del intríngulis sobre las designaciones pendientes en el Consejo de la Magistratura, es que el organismo seguirá por un tiempo sin los ocho representantes del Congreso (cuatro senadores y cuatro diputados) y, de ese modo, paralizado. Este miércoles la jueza María Alejandra Biotti rechazó la medida cautelar promovida por el senador del PRO Luis Juez para que se impida la asunción de Martín Doñate (Unidad Ciudadana) como consejero. La magistrada dijo que se encaminará a resolver la cuestión de fondo, pero Juez no descarta llevar un per saltum a la Corte Suprema. Por su lado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló el fallo del juez Martín Cormick que había anulado el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes y, a la vez, dejó sin efecto la resolución que daba por elegidos no sólo a ella sino a los cuatro diputados/as que irían al Consejo. 

En un comienzo, todo parecía indicar que la polémica se limitaría al caso de Doñate, tras una decisión de la Corte Suprema que anuló su primera designación, la que caducaba el 18 de noviembre, con los mandatos de todos los consejeros. Pero el nombre del senador volvió a ser enviado para ocupar un lugar en el cuerpo que elige y sanciona a los jueces, y Luis Juez volvió a la carga con una medida cautelar y un amparo y con una denuncia por supuesta desobediencia contra Cristina Fernández de Kirchner por apartarse de lo que habían dicho los supremos. La Corte había acusado al Frente de Todos de utilizar un "ardid" y dividir el bloque para conseguir un lugar en el Consejo por la segunda minoría, pese a que ya tenían otra banca. Pero la situación actual es sutilmente distinta: para la nueva designación de Doñate el bloque ya estaba dividido. Con todo judicializado, el alto tribunal decidió posponer la convocatoria a la jura de los senadores/as que integrarían el consejo (los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y al radical Eduardo Vischi). 

Con el argumento de esa postergación, la jueza Biotti sostuvo que no había urgencia ni peligro por la demora de una decisión, y rechazó el planteo de Juez porque consideró que no había "inminencia en la toma de posesión de los cargos por los representantes del Senado" y que "no puede obviarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra estudiando la situación". En la discusión original sobre la designación de Doñate, el fuero contencioso administrativo había rechazado tanto en primera como en segunda instancia el reclamo de Juez con el argumento de que la formación de bloques parlamentarios no es un asunto en el que se deba meter la justicia, pero la Corte tuvo otra postura y se explayó en un ataque dirigido a Cristina Fernández de Kirchner. 

Esta semana la sorpresa vino del juzgado de Cormick donde todavía tramitaba una demanda contra la designación de la diputada radical Roxana Reyes como consejera. El magistrado no acotó su decisión al nombramiento de Reyes que caducó el 18 de noviembre, sino que la hizo extensiva a su designación actual. El amparo inicial había sido presentado por el diputado Germán Martínez, jefe del bloque de Diputados, contra el nombramiento que había aprobado el expresidente de la Cámara, Sergio Massa. Cormick invocó los argumentos de la Corte en el caso de Doñate y dijo que el PRO y el radicalismo se habían presentado juntos en las últimas dos elecciones, por ende, no podían aspirar a lugares de consejeros por separado para quedarse con la segunda minoría, sino que ésta debe ser para otro bloque. Ordenó que la presidencia de la Cámara "dicte una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical". 

Por ahora, la presidenta de Diputados decidió dejar sin efecto las designaciones de los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, la de Alvaro González y Reyes, debido a que Cormick invocó decisiones recientes de la Corte y a "la configuración de razones de interés público y a la notoria trascendencia institucional de la cuestión debatida". En su apelación plantea la necesidad de preservar la autonomía de la Cámara y sus decisiones. "Los estándares reseñados revelan que la pretensión objeto de autos, involucra una cuestión que no es susceptible de ser abordada en sede judicial por pertenecer a la ´zona de reserva legislativa´, lo que sella definitivamente la suerte de la acción intentada. En efecto, la sentencia ignora que el objeto de esos actuados no resulta propio de la competencia de la esfera de un caso justiciable", dice la presentación, que será resuelta por la Cámara del fuero contencioso. "Apelo a la responsabilidad de todas la fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema", sostuvo Moreau.

Por su lado, Reyes y Mario Negri se presentaron en nombre del bloque de diputados de la UCR --ella también como consejera designada-- en la causa para ser reconocidos como "tercero interesado". Dijeron que la sentencia de Cormick, que pretenden recurrir, fue "absurda", "abstracta" y "extemporánea", porque alude a una designación terminada y cuestiona otra que nadie había impugnado judicialmente. Además dicen que en la Cámara los bloques del PRO y UCR estaban conformados con anterioridad. Piden que les concedan participar en el pleito y que se anule el fallo. 

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30 de noviembre de 2022

Temor en JxC: Diputados debate el proyecto de reforma de la ley de lavado de dinero

Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará hoy el debate sobre el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Temor en JxC: Diputados debate el proyecto de reforma de la ley de lavado de dinero

Miercoles 30 de noviembre de 2022 | 07:32


Las comisiones volverán a reunirse tras haber el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre, en el que expusieron el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros.

El plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, fue citado para hoy las 11.

Fuentes legislativas del oficialismo señalaron que se comenzará a analizar el dictamen pero no se firmará despacho ya que en esta ocasión no fue citada la comisión de Legislación Penal, que conduce María Luján Rey (PRO).

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La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerio de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

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Una de las reformas más importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

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Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

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En los fundamentos de la iniciativa se afirma que "se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI".

"En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas", sostuvo el Ejecutivo en el proyecto enviado al Congreso.

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La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, elevando las sanciones a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En Orsai

La justicia ordenó una inhibición de bienes a Buquebus por más de $123 millones

Es en concepto de importes que la empresa había recibido para cumplir con el pago del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La justicia ordenó una inhibición de bienes a Buquebus por más de $123 millones

Martes 29 de noviembre de 2022 | 21

La Justicia ordenó la inhibición general de bienes de la empresa Buquebus por más de 123.000.000 de pesos, ante la falta de reintegro de fondos hacia la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en concepto de importes que la empresa había recibido para cumplir con el pago del Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La Resolución 2022-127-E de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP declaró la caducidad de los beneficios de “Salarios Complementarios”, al constatar que la firma Los Cipreses SA operó en el mercado de valores mediante la adquisición de títulos en pesos para su posterior venta en moneda extranjera, inmediatamente después de recibir 63.611.993 de pesos, entre mayo y diciembre de 2020.

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Ante la falta de respuesta a la demanda realizada por el organismo que conduce Carlos Castagneto en junio de 2022, la justicia determinó que al monto reclamado originalmente se le sume el pago de otros 48.878.597 de pesos en concepto de intereses y costas, lo que hace a un total de 123.611.639 de pesos.

En la causa, interviene el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, quien ordenó la ejecución de los montos exigidos y notificó al Registro Nacional de Buques, al Registro Nacional la Propiedad del Automotor, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. (InfoGEI) Mg

En Orsai

 

El proyecto tiene media sanción del Senado y favorecerá a más de 800 mil personas

El FdT en Diputados busca la sanción de la  moratoria jubilatoria

Maria Cafferata


A un mes de que se venza la moratoria previsional que beneficia a miles de personas que están en edad de jubilarse pero no tienen los aportes, la Cámara de Diputados reactivó el debate del plan de pagos de deuda previsional que cuenta con media sanción del Senado. El proyecto había sido cajoneado durante varios meses, pero, apurado por la cuenta regresiva y la presión de un sector del kirchnerismo, el bloque oficialista volvió a ponerlo en agenda convocando a una reunión de comisión para mañana miércoles. 

El objetivo del Frente de Todos es poder dictaminar el proyecto ese mismo día, de modo de poder llevarlo al recinto en la última semana del año (que será el 14 o 15 de diciembre). Pese al rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo se entusiasma con poder repetir las adhesiones que ya había conseguido en la Cámara alta --en donde tuvo el acompañamiento de bloques minoritarios que, en Diputados, son claves a la hora de definir una votación-- y terminar de convertirlo en ley antes de que termine el año.

"Esto es pasito a pasito", vienen repitiendo en las filas del oficialismo desde que Alberto Fernández prorrogó, por decreto, la moratoria previsional que rige desde 2014. El DNU, firmado en julio, tenía como objetivo dar un changüí a la Cámara de Diputados para que terminara de sancionar el proyecto que venía del Senado, de modo de evitar que cerca de 800 mil personas terminasen quedando a la deriva sin poder acceder a una jubilación a pesar de contar con la edad requerida. La nueva fecha límite se pateó para el 31 de diciembre, sin embargo, durante seis meses, el proyecto no avanzó. Finalmente, casi al filo del fin de año parlamentario, el bloque FdT terminó respondiendo a las presiones de muches de sus legisladores --con el kirchnerismo duro a la cabeza-- y terminó convocando a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social para tratarlo mañana miércoles a las 12. 

La iniciativa --cuyos autores son les cristinistas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde-- había sido aprobado en el Senado a fines de junio y propone habilitar un plan de pagos que permita cancelar años de deuda previsional a personas que están por jubilarse pero que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes. Este plan de pagos mensual será accesible tanto para quienes ya cumplieron con la edad jubilatoria como para quienes aún les queda hasta 10 años (pero ya anticipan que no llegarán con los aportes).

Los números de la media sanción habían entusiasmado, desde un principio, al oficialismo de la Cámara baja. El acompañamiento de senadores como Alberto Weretilneck (de Juntos Somos Río Negro) y Alejandra Vigo (de Córdoba Federal) generaban la expectativa de poder contar con el apoyo de interbloques como Provincias Unidas --en donde hay dos diputados de JSRN-- y del interbloque Federal (IF) --donde hay tres cordobeses que responden a Juan Schiaretti--, lo que en la práctica le permitiría fantasear con una aprobación a pesar del rechazo de JxC. "Me parece un mecanismo más sano que quienes estén en condiciones de pagar paguen y no se aplique un mecanismo populista como el de Macri que es entregar jubilaciones por la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) sin aportes, cobrando el 80 por ciento de la jubilación mínima", adelantó a este diario el presidente del IF, Alejandro "Topo" Rodríguez, aunque advirtió que el FdT todavía no había explicado como iba a financiar la medida (que se calcula que tendrá un costo fiscal de 0,3 puntos del PBI). Se le suma, además, que la izquierda --que tenía su propio proyecto de moratoria-- también podría acompañar la iniciativa del oficialismo.

JxC, mientras tanto, está trabajando en presentar su propio dictamen de minoría. Si bien en el Senado el interbloque opositor votó dividido --con un sector del PRO votando en contra y la UCR absteniéndose--, esta vez buscará mostrar un frente unificado. Les diputades de JxC argumentan que el plan de pagos es un "parche" que afecta aún más a la deteriorada caja de la ANSES y que se estaría "beneficiando" a quienes no cumplieron con sus 30 años de aportes en desmedro de quienes sí lo hicieron. La propuesta del dictamen de minoría --impulsada por Alejandro Cacace-- sostiene establecer una "prestación proporcional" de acuerdo a cuántos años de aportes tenga la persona.

El FdT, mientras tanto, confía en poder emitir dictamen de mayoría este miércoles y convertirlo en ley dentro de dos semanas. El tiempo corre y, de no poder sancionarse antes del 31 de diciembre, se calcula que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres en edad jubilatoria quedarán a la deriva.

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Deben presentarse a declarar este jueves

Atentado a CFK: Vuelven a citar como testigos a las asesoras de Gerardo Milman

La Justicia Federal volvió a convocar como testigos a las dos colaboradoras del diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman que lo acompañaron el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, según un testigo de la causa, habría hecho referencias al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ocurriría dos días después.

La convocatoria es para este jueves por la mañana y fue dispuesta por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien se encuentra al frente de la investigación desde la semana pasada por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, que le delegó la instrucción en medio de fuertes críticas de la querella.

Las colaboradoras de Milman son Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes ya declararon en el expediente: las contradicciones en sus testimonios en relación a sus respectivas presencias en la confitería Casablanca y al tema de conversación motivaron que en su momento la querella reclamara que se les secuestren los teléfonos celulares. Fue la negativa a realizar esa medida de prueba la que generó las más fuertes criticas de los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, hacia el trabajo de Capuchetti, al punto de que reclamaron su apartamiento de la causa.

Los abogados de la querella llegaron con el reclamo del secuestro de los celulares hasta la Cámara Federal porteña que el viernes pasado emitió una resolución en la que señaló que era una medida procedente pero que antes debían llevarse a cabo otras, que tenían que ver con declaraciones testimoniales.

"Es inaudito tener que explicar por qué es importante contar con la única prueba que podría haber corroborado un testimonio de extrema gravedad sobre un atentado que podría haber cambiado la historia de nuestro país", remarcaron en su momento los abogados de la querella al reclamar el secuestro de los celulares para buscar allí cualquier mención o indicio que pudiera permitir corroborar o descartar la pista.

"El resto del testimonio (del testigo) se corroboró con lo declarado por Bohdziewicz y Gómez Mónaco y la prueba producida por la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Si lo que vuestra señoría esperaba es que las dos testigos admitieran haber escuchado que su jefe dijo ('cuando la maten yo estoy camino a la costa'), la única forma de dilucidar la verdad de lo sucedido el 1 de septiembre parece que será a través de alguna confesión inesperada", explicaron.

La pista Milman se inició el 23 de septiembre a las 17, cuando Jorge Abello, asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y aseguró ante la jueza Capuchetti que había escuchado a Milman referirse a un eventual atentado antes de que ocurriera. Abello contó que el 30 de agosto, 48 horas antes de que se concretara el atentado fallido, escuchó a Milman decirles a dos colaboradoras la siguiente frase, entre risas: "Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa".

La investigación de esa pista permitió confirmar que Abello, Milman y sus dos colaboradoras coincidieron en la confitería Casablanca, ubicada a metros del Congreso, el día señalado por el testigo; aunque hasta el momento no hubo nadie más que el que hubiera escuchado esa frase en boca del diputado de Juntos por el Cambio.

El lunes se produjo otra testimonial en relación a esta pista: el diputado Marcos Cleri (Frente de Todos) exhibió el mensaje que recibió de parte de Abello, diciéndole haber escuchado a Milman referirse al ataque fallido antes de que ocurriera. El dato más relevante tiene que ver con la hora de aquel mensaje, ya que lo recibió instantes después de que trascendiera la noticia del intento de magnicidio.

"Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa", decía el primero de cuatro mensajes consecutivos que Abello le envió por WhatsApp a Cleri el 1 de septiembre desde las 22.36. "Créeme estoy temblando", decía el cuarto mensaje que Cleri recibió de Abello menos de dos horas después de que se conociera la noticia de que un hombre de 35 años, Fernando André Sabag Montiel, había intentado matar a la vicepresidenta.

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29 de noviembre de 2022

 

El fallo inesperado que le quita una silla a la oposición

Magistratura: Efecto búmeran que vuelve sobre la propia Corte Suprema

Con el antecedente del fallo de la Corte Suprema contra Doñate, el juez Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Magistratura al considerar que la UCR y el PRO son un mismo bloque. El debate, los escenarios y la pregunta que dejó picando Juliana di Tullio: "¿E ora che facciamo, Rosatti?"

Irina Hauser

Un inesperado fallo del juez Martín Cormick anuló la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. La resolución se refiere tanto al mandato que ya cumplió, que terminó hace diez días, como al nuevo, para el cual todavía no prestó juramento. El argumento es que si se les concede un representante al bloque del PRO y otro al de la UCR --que participaron juntos en las dos últimas elecciones--  "se estaría vedando de participar a la real segunda minoría" de la Cámara baja, situación que, dice el juez, sería similar a la que se planteó en el Senado y que llevó a que la Corte Suprema anulara la designación de Martín Doñate por la división del bloque oficialista. La decisión pone en un brete al alto tribunal, que la semana pasada anunció en una acordada que tomaría juramento a los diputados y diputadas designados para formar parte del organismo (aunque no puso fecha), no así a los representantes del Senado ante la nueva judicialización de parte del senador del PRO Luis Juez. 

La senadora del Frente de Todos, Juliana di Tullio, ilustró este escenario en un tuit donde cita un tramo del fallo. "Los dos párrafos del juez Cormick aplicando el último fallo de la CSJN (Corte Suprema) en el Consejo de la Magistratura, ordena que la representante de la segunda minoría NO le corresponde a la UCR. ¿E ora che facciamo, Rosatti?", ironizó en su publicación.

El primer párrafo del fallo que cita dice: "De otorgarle un integrante al bloque constituido por el PRO y otro integrante al bloque de la UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el citado fallo (el referido a Doñate). Ello, porque los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto que busca representar a tres espacios políticos diferentes". También le ordena a la presidencia de la Cámara (de Diputados) dictar una nueva resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical". O sea, deberían enviar un nuevo nombramiento. 

Panorama complejo

Todo este embrollo ha logrado hasta ahora como resultado, que el Consejo, que elige y sanciona a los jueces y juezas, siga paralizado. El punto de partida fue el fallo de la Corte de diciembre del año pasado, que declaró la inconstitucionalidad de la integración del organismo y ordenó reponer la ley de 1997, que contempla 20 miembros y pone como presidente al mismo titular supremo, ahora Horacio Rosatti. Hasta el 18 de noviembre último hubo una composición de transición. La designación original de Doñate, por la segunda minoría, fue denunciada por Juez, que quería ese lugar. Los supremos la anularon el 8 de noviembre último porque consideraron que el bloque del Frente de Todos se había dividido mediante un "ardid" para lograr esa banca. La nueva designación de Doñate está judicializada otra vez. Por ahora, la jueza Alejandra Biotti se declaró incompetente y dijo que debería intervenir el juez que ya lo hizo en la demanda anterior, Pablo Cayssials, quien había fallado a favor de Doñate. El nombramiento de Reyes fue denunciado el año pasado por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Su designación corrió por cuenta del entonces presidente de la Cámara, Sergio Massa. 

Esto último es lo que resolvió finalmente Cormick en un fallo que, igual que el de la Corte, parte de la base de que la justicia pude opinar sobre este asunto y no sería una intromisión en otro poder. A su entender, la designación de Reyes viola la propia ley del Consejo, en este caso la que estaba derogada y repuso la Corte. "El espíritu de la ley --dice el fallo-- es otorgar un lugar a tres espacios políticos diferentes. Dos integrantes del partido que cuenta con mayor cantidad de votos y un integrante de cada uno de los siguientes", en alusión a la primera y segunda minoría tanto del Senado como de Diputados. Citó como ejemplo las conformaciones del organismo previas a su composición de 13 miembros --que estuvo vigente desde 2006-- y señaló que siempre estuvo claro que eran tres bloques diferenciados los que tenían representación. Coincidió con la Corte en que "si se permitiera, antes o después, que un conjunto de legisladores dividieran bloques, aunque fueran candidatos de la misma lista, se estaría produciendo lo que la Corte advierte como 'la instrumentación de un artificio o artimaña'" que a su entender es más reprochable cuando se "procura lesionar la exigencia de representación política....". 

Ahora se abren varios caminos posibles y no está claro aún qué sucederá primero:   

* Según el fallo, la presidencia de la Cámara de Diputados debería designar a un/a nuevo/a representante por la segunda minoría. Quienes se sienten aludidos como tales son los integrantes del Interbloque Federal, pero aún no definieron si reclamarán el lugar. La otra cuestión clave es qué hará la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que es quien podría apelar. Tampoco estaba claro al cierre de esta nota. 

En tribunales no descartan que se presente la propia Roxana Reyes, quien hasta ahora no lo había hecho. El juzgado podría aceptarla como parte. 

El otro punto es qué hará la Corte Suprema, que la semana pasada anunció que les tomaría juramento a los diputados cuyos nombres envió la presidencia de la Cámara: Vanesa Siley y Rodolfo Tailadhe, del Frente de Todos, por la mayoría; Alvaro González  por el PRO y, precisamente, Roxana Reyes por el radicalismo. El fallo de Cormick es bastante específico al señalar que no se refiere sólo a la designación de Reyes del año pasado. En la parte resolutiva sostiene: que hace lugar a la acción de amparo del diputado Martínez "declarando nula la resolución 689/22 de la presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o alianzas a las que ya le han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría". ¿Esperarán los supremos a una nueva designación? ¿O a que el pleito llegue a sus despachos? ¿O a Reyes le tomarán juramento? 

Así las cosas, hasta el momento, el Consejo está rengo, sin los representantes legislativos. Sólo juraron los estamentos de jueces, abogados,  académicos y el delegado del Poder Ejecutivo. 

Rechazo de la UCR 

La diputada Reyes retuiteó el comunicado del bloque de diputados de la UCR que salió a cuestionar al juez Cormick y sostuvo que su fallo es "arbitrario, político, nulo y extemporáneo" y que fue dictado para generar "confusión". Para el radicalismo "no afecta la validez y cumplimiento" de la resolución de Diputados que designó a los nuevos consejeros. Sostiene que el magistrado se mete en la "interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente intima a la Cámara de Diputados a designar a los representantes del Consejo de una forma que no es la prevista por la ley (...) la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques...". Intentan, a la vez, diferenciarse con la discusión en el Senado por el nombramiento de Doñate: "No se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el PRO son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional". Lo que sucede es que Cormick amplía la interpretación. Para los radicales la discusión ya era abstracta. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, se sumó a los cuestionamientos del radicalismo con argumentos similares. 

Ahora hay final abierto y hay que ver cómo se posiciona la Corte en este caso, si usa los mismos argumentos que aplicó a Doñate, tratándose de una representante de la UCR.   

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La Casación bonaerense ordena volver atrás 

Una causa montada contra los Moyano: Un fallo que muestra cómo la Justicia falla cuando falla

Con el juez Víctor Violini a la cabeza del voto, una sala de la Cámara de Casación cuestionó fallas procesales, conductas ilegales y el uso impreciso de la figura de asociación ilícita.

Martin Granovsky

Uso de denuncias falsas. Utilización de prueba ilegal. Aplicación de la figura de arrepentido cuando no corresponde. Ausencia de elementos para determinar que el acusado fue jefe de una asociación ilícita. Contradicciones, “lagunas lógicas e imprecisiones en la motivación de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, que violaron el debido proceso y el derecho de defensa”. Investigación direccionada “a intentar incriminar al intento imputado y a Hugo y Pablo Moyano”. Por tanta perfección jurídica el presidente de la sala III de la Casación Bonaerense, el juez Víctor Violini, pidió el sobreseimiento del ex secretario general de Independiente Héctor Maldonado.

Violini también escribió que “ante la posible o probable comisión de un delito de acción pública por parte del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, corresponde remitir copia de la presente sentencia” al juez federal de La Plata que sea sorteado.

El presidente de la sala III de Casación, la máxima instancia penal específica porque luego está la Suprema Corte, pidió tener en cuenta el contexto de lo que llamó, en latín, “strepitu fori”, o sea un gran escándalo. El estrépito en la plaza pública incluyó, según Violini, “el descubrimiento de una ‘mesa judicial’ destinada a incriminar falsamente a sindicalistas, contando para este fin con el apoyo de políticos, empresarios y miembros del Poder Judicial”. Es una referencia a la Operación Gestapo que encabezó Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la gobernadora María Eugenia Vidal que quiso formar una fuerza especial contra los gremios.

La Casación debió fallar en una queja interpuesta por Maldonado contra la decisión de la Sala II de la Cámara de Lomas de Zamora de elevar a juicio la causa que lo involucra.

La defensa de Maldonado describió procedimientos a su juicio irregulares y los consideró parte de una “persecución sistemática en contra de los señores Hugo y Pablo Moyano” y Maldonado. Dijo que un ejemplo fue que el juez Silvio Carzoglio resultó damnificado por espionaje y extorsión cometidos por la Agencia Federal de Inteligencia de Mauricio Macri. Otro ejemplo fue la declaración tomada, en carácter de presunto arrepentido, figura que no sería aplicable en la provincia de Buenos Aires, a Pablo “Bebote” Alvarez, figura histórica de la barra brava de Independiente.

Violini consideró legítima la queja de Maldonado. Su colega Borinsky no. El tercer juez, Daniel Carral, habló de “una serie de yerros en la valoración probatoria” y la admitió. Dos a uno, queja aceptada.

En cuanto a la imputación contra Maldonado de haber formado parte de una asociación ilícita en Independiente junto a directivos y barras “desde fecha indeterminada”, según Violini en los 51 cuerpos de expediente (10.200 páginas) no hay una imputación “clara, precisa y circunstanciada”.

En una alusión abierta que bien podría encuadrarse en juicios como el de Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, escribió Violini que “se observa con regularidad que en muchas oportunidades se recurre a la figura de la asociación ilícita en los casos en los que los investigadores no pueden recabar prueba suficiente de la intervención de determinadas personas en las maniobras, acciones o delitos que se investigan”. En esa eventualidad “se recurre a la figura del artículo 210 del Código Penal a efectos de poder sustentar la acusación, a la par que en muchos casos, la imputación se reduce al solo dato objetivo de la existencia de una relación interpersonal, funcional, comercial o profesional entre los sospechados, pero sin que se verifique esfuerzo alguno por demostrar no sólo la existencia de la asociación, sino también los extremos que hacen que a cada persona se le pueda imputar su pertenencia”.

“O dicho de otro modo”, sigue el escrito de Violini, “normalmente se observa que ante una dificultad probatoria, los investigadores parten de la premisa de una asociación ilícita para 'luego intentar acreditar las distintas maniobras que ésta habría desarrollado, cuando en rigor de verdad, y por una cuestión meramente lógica, el camino a desarrollar debería ser el inverso, es decir, acreditar las acciones, maniobras o delitos cometidos por un grupo de personas de modo coordinado, planeado o cuanto menos aceptado, para luego de ello, ‘derivar’ que los imputados no constituyen una mera agrupación temporal o banda, sino una ‘asociación’”.

Borinsky y Carral no coincidieron con la postura de Violini de fallar por el sobreseimiento de Maldonado. Propusieron, en cambio, “devolver jurisdicción al Juzgado de Garantías N° 9 de Avellaneda, a fin que dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho”. Así quedó resuelto, entonces, por mayoría de 2 a 1. Volver a empezar, diría Alejandro Lerner.

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Tiene 230 metros de largo y transportaba 72 mil toneladas de soja

Un buque chocó contra un espigón del puerto de Quequén y casi se hunde

La nave está bajo inspección para determinar si puede viajar hasta Singapur o si debe ser reparada. Sufrió la rotura de uno de los paneles del casco por donde ingresó agua a la embarcación. No hubo víctimas ni riesgo para el medio ambiente. Investigan la causa del incidente.

Un buque de bandera liberiana cargado con más de 72.000 toneladas de soja chocó anoche contra la Escollera Norte del Puerto de Quequén en el partido bonaerense de Necochea. El accidente, que no dejó muertos ni heridos, provocó la rotura de uno de los paneles del casco que causó el ingreso de agua a la nave. Por eso, se ordenaron inspecciones para determinar si puede continuar viaje o si debe ser descargado y enviado a reparación. 

El siniestro, informaron fuentes de Prefectura Naval Argentina (PNA), se produjo a última hora del lunes cuando la embarcación "Tai Knighthood", que mide 229 metros de largo y 38 de ancho y que tenía a China como destino, era remolcada a través del canal de egreso de la terminal marítima, con asesoramiento de un práctico local. 

Por causas que son motivo de investigación, el buque se acercó de manera excesiva a la escollera norte del puerto y se produjo un roce entre la estructura de roca y la parte izquierda del casco. Luego de la colisión se detectó una fisura en uno de los paneles del doble fondo del barco, lo que ocasionó el ingreso de agua y una leve inclinación hacia la izquierda.

Finalmente, se dispuso que la embarcación fuera remolcada para liberar el canal de acceso y que fondeara en un área habilitada, a unos 5 kilómetros del puerto, para evaluar los daños. El navío, según se informó, estaba cargado con soja, lo que dificultó las operaciones de rescate que iniciaron los busques remolcadores.

La tripulación del barco, en tanto, se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

Tai Knighthood

El "Tai Knighthood", construido en 2021, había ingresado el último fin de semana al Puerto de Quequén, donde cargó 34 mil toneladas de soja para completar una carga total de 72.600, con destino a Singapur. Según precisaron fuentes de la PNA, el buque dejó a las 22.35 del lunes el muelle Giro 3, asistido por dos remolcadores, y casi una hora después, a las 23.30, se reportó el siniestro.

Esta mañana, la PNA informó en un comunicado que se llevaban a cabo "inspecciones técnicas de rigor en lo relacionado a la parte estructural del casco del buque, al equipamiento técnico de seguridad y a los procesos internos".

Entre otras tareas de inspección, un equipo de buzos de la fuerza de seguridad "realizaban inmersiones junto al buque para determinar el tipo de daño", ya que la fisura se produjo bajo la línea de flotación.

Lo que se busca determinar, explicaron las fuentes de la fuerza, es si el buque está en condiciones de continuar viaje o si debe ser descargado y conducido para su reparación a un dique apto para embarcaciones de esas dimensiones.

A su vez, indicó el comunicado de la PNA, "se realizan las correspondientes actuaciones administrativas a fin de determinar las razones que motivaron el hecho". 

Por el momento, se descarta la posibilidad de riesgo para el medio ambiente, aseguró la fuerza. 

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