El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) pergeñaron un plan para la venta de edificios y campos con el objetivo de favorecer una serie de negocios privados en detrimento del interés público. La saga se inició con el remate de un inmueble ubicado en pleno barrio de Palermo por un total de 18 millones de dólares. La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) había detectado al menos diez irregularidades en todo el proceso, desoídas por las autoridades del Poder Ejecutivo. El INTA debía haber recibido el 70% de la operación, unos 12 millones de dólares, que nunca ingresaron al organismo.
Este es el núcleo central de una denuncia penal presentada este jueves por el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade y Nahuel Levaggi, titular de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
“La desaparición de esos 12 millones de dólares que son del INTA le ocasionan a la institución un daño patrimonial gravísimo. Esto, conjugado con todas las irregularidades del proceso de venta de Cerviño 3101 que constan exhaustivamente en el dictamen de la PIA, hacen encuadrar a la conducta de sus principales ejecutores, Nicolás Bronzovich (INTA) y Nicolás Alberto Pakgojz (AABE), en los tipos penales de fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”, puede leerse en la denuncia penal.
También fueron denunciados penalmente los directores que pertenecían a las entidades rurales que, más allá de algunas declaraciones públicas en favor del organismo, avalaron el proceso de desfalco a cambio de conservar su lugar en el directorio.
Entre los denunciados por Tailhade y Levaggi por fraude, negociaciones incompatibles y abuso de autoridad se encuentran el actual vicepresidente de la entidad, Carlos Alberto Antonio Vera; el actual representante de la Sociedad Rural, Juan Manuel Bautista; Sergio Melgarejo, quien al momento de la estafa era delegado de Confederaciones Rurales Argentinas; Jorge Omar Dutto en representación de AACREA y Nicolás Carlino (Coninagro). También se denunció a quien ocupaba la vicepresidencia del INTA, María Beatriz Giraudo Gaviglio, luego designada en el SENASA.
“Todos sabemos que el gobierno es corrupto pero hay entidades autárquicas que aún mantienen cierta dignidad. Evidentemente no es el caso del directorio del INTA, salvo puntuales excepciones. Su presidente y los representantes de las entidades rurales son cómplices y le dieron vía libre a este desfalco. Son las mismas entidades que cacareaban república y basta de corrupción cuando gobernaba Cristina y ahora permiten y avalan sin ningún cuestionamiento estos actos ilícitos”, sostuvo Tailhade, en diálogo con El Destape, quien agregó:
“Juan Manuel Bautista, representante de la Sociedad Rural Argentina, no sólo convalida este afano sino que además ni él ni su entidad hablan del dirigente de la SRA de Diamante Leonardo Airaldi, que está preso por narco y por haber contratado sicarios para matar a los jueces y fiscales que lo investigan”.
El proceso de desfalco de la entidad también contempló la liquidación de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires. El secretario general de APINTA, Paulo Alejandro García, presentó un recurso de reconsideración ante las autoridades del organismo. “La maniobra obedece a la intención de la AABE de sacar a remate las tierras del INTA y venderlas a desarrolladores de barrios privados cerrados. La EEA AMBA se encuentra, por ejemplo, en las adyacencias de Parque Leloir, una zona inmobiliaria de alta gama”, denunció García.
La inmobiliaria VIP
La AABE fue convertida en la inmobiliaria de La Libertad Avanza así como lo había sido durante el macrismo (2016-2019). Su actual titular es Tania Alejandra Yedro pero las denuncias administrativas y penales recaen sobre el ex director del organismo, Nicolás Alberto Pakgojz, un ex directivo de la consultora de Eduardo Elsztain (IRSA).
Desde el inicio de la administración Milei, la AABE avanzó con un plan de remates de bienes públicos – bajo la lógica de la motosierra y para juntar divisas al servicio del FMI- sin tener en consideración los alcances del Decreto 1382/2012.
De acuerdo a la denuncia penal presentada por Tailhade y Levaggi, el decreto 1382/12 le impone a la AABE que todas las ventas que se realicen lo sean “con el fin de construir emprendimientos de interés público destinados al desarrollo y la inclusión social”. Nada de esto fue lo que sucedió con el edificio del INTA ubicado en pleno barrio de Palermo.
“El programa de la AABE tiene un criterio liquidativo y se centra en propiedades de alto valor en el mercado aptas para desarrollos inmobiliarios urbanos que nada tienen que ver con programas de vivienda social, educación, promoción social, salud u otros ejes que apunten al bienestar general. La lógica es la del negocio inmobiliario para beneficio de terceros”, puede leerse en la denuncia.
Las irregularidades que delataron a la inmobiliaria AABE
Antes de que se definiera el remate del edificio del INTA en diciembre de 2024, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un contundente informe con una serie de irregularidades que delataban al oficialismo:
- La desafectación del inmueble fue iniciada por un organismo incompetente.
- No se encontraron informes que den sustento a la tantas veces repetida innecesaridad del inmueble.
- Ciertos integrantes del consejo directivo expresaron sus reservas para la continuación del trámite de desafectación del bien, entendiendo que la conformidad requerida a ese órgano resultaba un requisito formal en el marco de una decisión adoptada por terceros que carecían de competencia para ello.
- El Pliego de Condiciones Particulares para participar de la subasta incluyó un cargo de construcción que luce irrazonable en relación con el objetivo buscado de simplemente reducir costos.
- Dicho cargo, además, se constituyó en una fuerte restricción a la competencia, lo cual atenta contra los principios que deben regir en todas las contrataciones públicas.
- Se advirtió llamativa premura de parte de la administración en concretar el fin propuesto, es decir subastar la propiedad.
La conclusión de la PIA fue contundente. “La Administración Nacional tiene una amplia discrecionalidad a la hora de plantear las políticas públicas que entiende pertinentes para llevar adelante su plan de gobierno. Sin embargo, años de madurez institucional ya han demostrado que discrecionalidad no significa ausencia de explicación, sino todo lo contrario: a mayor discrecionalidad, mayor resulta la exigencia de explicar el porqué de las decisiones tomadas”, puede leerse en la resolución firmada por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la PIA y Esteban Venditti en diciembre de 2024.
¿Dónde está la plata?
El edificio de la calle Cerviño se vendió en la subasta pública 392-0206-SPU24 al precio de 18.500.000 millones de dólares. El comprador fue el “Estudio Brukman & Mansilla”. Los trabajadores del INTA sospechan de una relación estrecha con la propia IRSA.
Una pregunta clave: ¿a dónde fue a parar el dinero de la venta de ese inmueble? Según la legislación de la AABE vigente al momento de concretarse la operación, el 70% debía depositarse en una cuenta del organismo. “A un año de la venta, los 12.950.000 dólares del INTA no aparecen por ningún lado”, denunció Tailhade antes de concluir:
“La desaparición de esos millones de dólares que son del INTA le ocasionan a la institución un daño patrimonial gravísimo. Esto, conjugado con todas las irregularidades del proceso de venta de Cerviño 3101 que constan exhaustivamente en el dictamen de la PIA, hacen encuadrar a la conducta de sus principales ejecutores, Bronzovich y Pakgojz, en los tipos penales de fraude a una administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.
Para encubrir sus desprolijidades delictivas, en marzo del año pasado, Milei firmó el DNU 186/25 a partir del cual modificó el decreto 1382 y estableció que todo lo vendido por la AABE sea depositado en una cuenta del Tesoro Nacional. Cuando en su último informe ante la Cámara de Diputados le preguntaron al ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dónde estaba el dinero de la venta del inmueble del INTA, el funcionario se escudó en el cambio normativo concretado después de la venta. La trampa hecha ley.
Milei no solo avasalló un decreto sino que se llevó puesta una Ley, ya que esa distribución del 70-30 había sido fijada por la ley 27.341 (Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017).
La Estación Experimental del AMBA
El recientemente asumido Secretario General de la Asociación del Personal del Instituto de Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Paulo García, pidió la nulidad de la resolución que disolvió la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) a través de un recurso administrativo.
Su argumento central es que el cierre se sostenía en un decreto delegado que ya había sido rechazado por el Congreso (el 462/2025) en agosto del año pasado.
“El cierre de la EEA AMBA obedece a la intención de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) de sacar a remate las tierras del INTA y venderlas a desarrolladores de barrios privados cerrados. La EEA AMBA se encuentra, por ejemplo, en las adyacencias de Parque Leloir, una zona inmobiliaria de alta gama. De allí que para la AABE sea necesario cerrarla y pasar a disponibilidad (y luego echarlos) a todos los técnicos del INTA que trabajan en esa Estación Experimental”, sostuvo García en el recurso de reconsideración presentado ante las autoridades del INTA.
El Destape
