Crisis financiera: el Riesgo País se dispara a 1038 puntos y marca un nuevo récord
Los mercados descreen al Gobierno de Javier Milei y adelantan la fragilidad del modelo económico. La suba ya impacta en el financiamiento de las empresas.
El Riesgo País medido por el JP Morgan se dispara a 1.038 puntos en el inicio de la jornada de los mercados y marca un nuevo récord nominal en lo que va del año. Los mercados profundizan el descreimiento al Gobierno de Javier Milei y adelantan la fragilidad del modelo económico. La suba ya impacta en el financimiento de las empresas.
Durante los últimos meses, el indicador de riesgo argentino registró un marcado incremento: desde los 410 puntos básicos de la primera semana de julio llegó a 830 hacia mediados de noviembre, luego de haber tocado picos de 950 a principios de este mes. Este viernes 20 de noviembre llega a los 1.038 puntos y marca un nuevo récord.
El impacto de la suba del riesgo país en el financiamiento de las empresas
El Banco Provincia señaló que, pese a la ausencia de una reacción significativa del dólar, el aumento del riesgo país ya tiene repercusiones concretas sobre la actividad económica. Como ejemplo, mencionó la fuerte desaceleración en la adquisición de divisas por parte del Banco Central (BCRA), cuyo promedio mensual pasó de US$1.900 millones durante la primera mitad del año a US$880 millones en el período agosto-octubre.
La principal consecuencia se manifestó en el financiamiento empresarial, debido a que el mayor costo de la deuda pública restringió el acceso al crédito del sector privado. En concreto, el volumen conjunto de obligaciones negociables y préstamos bancarios denominados en dólares se redujo un 20%, desde un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio hasta US$2.100 millones entre agosto y octubre. Al dejar fuera del cálculo a YPF, la disminución alcanza el 35%, con una baja de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales.
El Destape
Tarifazo en AySA: tras la privatización, el agua aumentará para millones de personas en febrero
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo esquema tarifario que elimina subsidios y aumenta los costos del servicio que fue privatizado por Milei hace un mes.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó una reestructuración de las tarifas de AySAque provocará aumentos en las facturas de millones de usuarios residenciales. La medida comenzará a regir el 1° de febrero de 2027. Según las estimaciones de la empresa, otros cientos de miles de usuarios recibirían rebajas, mientras que para otro grupo similar no habría variación.
La Resolución 45/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, redefine el mapa tarifario al reemplazar las actuales once categorías geográficas por cinco niveles. El cálculo se basará en la situación socioeconómica estimada para cada zona, a partir de información del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares.
"Los coeficientes zonales, que permanecían sin revisión desde las décadas de 1960 y 1980, serán actualizados para adecuar la clasificación tarifaria a las transformaciones urbanas, demográficas y socioeconómicas que experimentó el Área Metropolitana de Buenos Aires durante las últimas décadas", explicó AySA en un comunicado, y agregó que el nuevo esquema "permitirá avanzar hacia una distribución tarifaria que refleje de manera más adecuada las diferencias socioeconómicas entre las distintas áreas".
El ERAS rechazó, sin embargo, el cronograma propuesto por AySA, que contemplaba subas acumulativas del 5% mensual sobre los cargos variables. En su lugar, estableció un tope del 1,5% mensual para los aumentos de ese componente originados en la reforma. Las reducciones, por el contrario, se aplicarán de manera inmediata desde febrero. El límite no equivale a un congelamiento general de la factura frente a otras actualizaciones tarifarias.
Según las estimaciones AySA, el 59,7% de los usuarios residenciales, unos 2,03 millones, experimentaría aumentos del 22,4% en promedio, mientras que el 20,3% (692.550 usuarios) tendría reducciones y el 20% restante (680.733) no registraría modificaciones. Para el conjunto de los usuarios residenciales, la empresa proyectaba un incremento promedio del 11%.
Respecto a la privatización, que en octubre pasado adjudicó la empresa a un consorcio de compañías, AySA señaló que "en caso de existir recursos excedentes en el Programa de Tarifa Social, el organismo regulador (ERAS) podrá destinarlos a ampliar las metas de inversión previstas para la concesión, de acuerdo con las condiciones contractuales correspondientes".
Cómo será la nueva clasificación de usuarios de AySA desde febrero de 2027
La reforma establece cinco niveles con sus respectivos coeficientes, determinados mediante información del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares: bajo (0,75), medio bajo (1,25), medio (1,75), medio alto (2,25) y alto (2,75). Los barrios cerrados quedarán incluidos en el nivel más alto y los barrios populares, en el más bajo.
Por otra parte, se extenderá un recargo del 10% sobre el precio del servicio cloacal a 51.602 usuarios con medidor del denominado Radio Antiguo porteño, por el mantenimiento de los desagües pluviales.
Finalmente, la resolución dispone que los ingresos adicionales generados por la reforma se destinen a la tarifa social. El ERAS estima un excedente de $237.676 millones, a valores de diciembre de 2025, durante el primer ciclo tarifario.
Qué pasará con las tarifas sociales
Los beneficiarios actuales de la tarifa social conservarán el valor de sus facturas hasta la renovación o finalización del beneficio. Además, el programa se prorrogará excepcionalmente por un año para quienes tengan el subsidio vigente al 31 de diciembre de 2026.
En paralelo, el organismo regulador rechazó el esquema original de AySA, que contemplaba incrementos acumulativos de hasta el 5% mensual sobre los cargos variables. En su lugar, estableció un límite del 1,5% mensual sobre ese componente de la factura por efecto de la nueva zonificación, mientras que las reducciones se aplicarán inmediatamente desde febrero.
Además, el ERAS decidió mantener el descuento del 15% para las dos categorías socioeconómicas inferiores, cuando AySA originalmente pretendía conservarlo únicamente para la más baja.
Para quienes pierdan ese beneficio por ser reclasificados en categorías superiores, su eliminación se realizará gradualmente entre febrero y noviembre de 2027.
El Destape
Los 71 senadores presentes aprobaron la norma
El Senado aprobó la Ley de Discapacidad: un voto unánime fruto de la movilización y la lucha
Las personas con discapacidad, su familia, los prestadores y organizaciones de todo el país son los responsables del apoyo total en el Senado. El presupuesto, la otra pelea.
Eva Moreira
Las familias y las organizaciones lo hicieron. Gracias a la lucha del colectivo de discapacidad y a la movilización popular, finalmente se sancionó por unanimidad la nueva ley de Fortalecimiento de Discapacidad, que busca convertir en un régimen estable las medidas que estaban plasmadas en la emergencia vigente, que vence en diciembre. La visita del papa León XIV le dio el último impulso, y la iniciativa pudo convertirse en ley con el voto afirmativo de los 71 senadores presentes en la Cámara alta. Desde diversas bancas opositoras pidieron que los recursos necesarios para la norma estén plasmados en el Presupuesto 2027, y mostraron dudas sobre el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Esa preocupación la tienen las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) festejaron la sanción, pero advirtieron que “esta ley sin presupuesto no se sostiene. Sin las partidas necesarias, esta ley es letra muerta”. Poco después de la votación y frente al edificio del Congreso, una madre junto a su hijo piensa un segundo antes de responder sobre la sanción de la ley: “La lucha venció a la crueldad”, afirmó.
“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, dijo el Papa durante su visita al Cottolengo Don Orione, y los senadores se hicieron eco de esa frase en el recinto. La oposición aprovechó para marcarle al gobierno de Javier Milei la brutalidad que se mantuvo contra el sector. “Desde que asumió el gobierno, las personas con discapacidad están desprotegidas”, dijo la senadora catamarqueña Lucia Corpacci, que le aclaró al oficialismo que el proyecto sancionado “no es del Ejecutivo”.
Fueron varios los que recordaron la animosidad del Gobierno, específicamente del presidente, con las personas con discapacidad. La tucumana Beatriz Ávila fue una de las senadoras que repasó las etapas de la ley de emergencia, y una de las que advirtió que “la discapacidad no puede ser variable de ajuste”. Juliana di Tulio, del bloque Justicialista, se expresó en el mismo sentido y marcó el desinterés constante que el Ejecutivo ha mostrado por uno de los sectores más sensibles de la sociedad. “Lo único que le interesa a Milei es su reelección. Yo creo que ni el Papa les puede hacer ese milagro”, cuestionó la senadora bonaerense sobre la falta de empatía del primer mandatario que dedicó mensajes en sus redes sociales para insultar a un niño con autismo. De esta forma acusó al oficialismo de tener un “discurso perverso” al marcar las contradicciones y las crueldades del gobierno de Javier Milei con el colectivo de discapacidad.
Los principales opositores recordaron que el primer veto de Javier Milei fue el 4 de agosto de 2025. Aquella decisión presidencial arrasó con la totalidad de la Ley de Emergencia sancionada el 10 de julio para atender las necesidades más urgentes del sector. Luego, el Congreso rechazó el veto con dos tercios de sus votos. Pero poco valió el pronunciamiento del Poder Legislativo. La Casa Rosada encontró un vericueto para no aplicar la ley. Introdujo una condición para llevar adelante su ejecución: que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Más tarde intervino la Justicia, que entendió que el Estado no podía justificar la inacción en la cuestión presupuestaria. Recién el 4 de febrero el gobierno terminó de reglamentar la ley 27.793. Pero desde el colectivo de discapacidad se denunció su falta de aplicación, lo que también terminó en una denuncia judicial. En ese ínterin, el gobierno reprimía y gaseaba a las familias y a las organizaciones que reclamaban en las puertas del Congreso los derechos para las personas con discapacidad.
Los legisladores también detallaron que la oposición en el Congreso comenzó a presionar por prorrogar la Ley de Emergencia que el gobierno a regañadientes había empezado a cumplir ahora a instancias de la justicia. La movilización popular y la lucha de las familias fueron clave para imponer el tratamiento del tema. El anuncio de la visita del papa León XIV al Cottolengo, perjudicada por la falta de financiamiento al sector, acabó por poner en alerta al Gobierno.
Un sector de los libertarios, en coordinación con Patricia Bulrrich y Martin Menem, empezó a trabajar en “una ley superadora” que al principio no tenía la más mínima forma. Finalmente, decidieron copiar los principales puntos de la Ley de Emergencia que pedía prorrogar la oposición. En tanto se ajustaba el texto, apareció una jugada del asesor Santiago Caputo, en el Presupuesto 2027. El capítulo VI iba en sentido contrario a lo que el bloque violeta trabajaba en Diputados. Proponía cambios profundos en derechos que fueron reconocidos por la Ley 27.793 y la 24.901.
Para salir del brete, Menem puso al aliado, el diputado Oscar Herrera Ahuad, a recolectar los pedidos de las organizaciones. Uno de los que les negó a las propias personas con discapacidad la participación en el debate en el plenario de comisiones. El misionero recogió algunas de las solicitudes de los sectores para poder avanzar en un texto de consenso y conseguir en aquel momento la media sanción antes que el Papa llegara al país. La propia Karina Milei se presentó en la Cámara de Diputados para darle respaldo a la norma, que ahora logró la sanción definitiva en el Senado.
Patricia Bullrich hizo un análisis diferente de lo que ocurrió al defender la propuesta. Buscó hacer pie en que la ley de Fortalecimiento de la Discapacidad “genera transparencia y previsibilidad en las familias”. Para la libertaria, la ley de emergencia no lo hacía. Otro de sus argumentos en contra de la ley vigente es que en 2025 esa norma “se dio a los gritos”. Sobre la iniciativa ahora sancionada, resaltó que “dice de dónde va a salir cada peso”.
Otro tema en el que hizo foco fue en las auditorías. “Esta ley controla en serio”, dijo la exministra de Seguridad. Los opositores habían apuntado fuerte a las bajas de pensiones que hizo el gobierno. “Ponen en tela de juicio que una persona con discapacidad tiene una discapacidad. No es de buen argentino lo que hacen”, afirmaba Di Tullio al cuestionar el salvaje sistema de revisiones que llevaron adelante.
Desde la oposición tienen dudas en lo que pueda hacer el gobierno. “Hay que ver si cumplen”, dijo el senador camporista Eduardo De Pedro, y arremetió contra el gobierno al marcar que “uno escucha un desprecio permanente hacia las personas con discapacidad por parte del presidente”. El rionegrino Martin Soria, en el mismo sentido, marcó las contradicciones del Ejecutivo. “Este repentino interés no debe engañarnos”, dijo el peronista y apuntó contra el presupuesto 2027 del gobierno. A esto respondió Patricia Bullrich con la intención de mostrar alguna certeza. “Los acuerdos se tienen que honrar”, dijo la libertaria.
Desde el colectivo de discapacidad festejan la sanción de la Ley, pero alertan sobre lo que pueda pasar con el presupuesto. “Esta ley sin presupuesto no se sostiene. Si el jueves no pasa nada, esta ley es letra muerta”, dijo a Página/12, Ana Dones integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). La semana que viene, la Cámara de Diputados tiene previsto que el dictamen de presupuesto sea debatido en el recinto. Las partidas para discapacidad serían las únicas en las que el ejecutivo habría cedido.
Desde REDI también destacaron la lucha de las familias y de los prestadores para poder lograr la ley, que aclaran que no es una norma que contempla todos los pedidos, ni las necesidades que pretende el sector. “No es la ley que queremos”, dijo la histórica referente, Ana María Dones.
Senado La Cámara alta aprobó por unanimidad la nueva ley de Discapacidad Gabriel Cano / Comunicacin Senado.. Gabriel Cano / Comunicacin Senado.
En diálogo con este diario, la actriz Valentina Bassi analizó que el oficialismo “pegó un volantazo importante”, y aclaró que la tiene sin cuidado, como lo argumentaron desde el gobierno. “Lo que importa es que están hablando de nuestras demandas y nuestros derechos. Lo que quiere decir que tuvo fuerza nuestro reclamo”. A su vez, advirtió que “la ley no va a dar estabilidad si no la cumple el ejecutivo”, y volvió sobre los padecimientos que sufren las personas con discapacidad y los prestadores de salud. “Seguimos en emergencia, los prestadores están endeudados hasta la coronilla”, ejemplificó.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebraron la conquista. “Es resultado de la lucha sostenida de las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores, trabajadores y organizaciones de todo el país”, indicaron. “Ahora es fundamental que el Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para garantizar la implementación efectiva de la ley”, agregaron. La lucha continúa.
Pagina 12
19 de noviembre de 2026
Más fondos para la SIDE: Milei amplió su presupuesto en $6.100 millones
El Gobierno realizó una nueva ampliación presupuestaria en el área de inteligencia, luego de la que ya había implementado en julio pasado. Hace una semana habían convocado a una búsqueda laboral de espías y el primer día se postularon más de 40.000 personas.
El Gobierno de Javier Milei dispuso un aumento de $6.157 millones en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial como parte de una ampliación presupuestaria mayor.
La ampliación corresponde al programa de Información e Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la Nación, y está destinada íntegramente a gastos corrientes. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo justificó las modificaciones presupuestarias en la necesidad de atender gastos de funcionamiento, personal, equipamiento e inteligencia, entre otros conceptos.
Según las planillas anexas, los mayores incrementos corresponden a servicios comerciales y financieros, con $1.500 millones; mantenimiento, reparaciones y limpieza, con $1.323 millones; y alquileres de maquinaria, equipos y medios de transporte, con $1.000 millones.
Además, se destinaron otros $800 millones para pasajes y viáticos, $600 millones para servicios de internet, $534 millones para capacitación y difusión, y $400 millones para impuestos y tasas.
La totalidad de los nuevos fondos corresponde a servicios no personales y el anexo no identifica partidas adicionales para gastos reservados. Tampoco detalla el presupuesto total que tendrá la SIDE después de la modificación ni permite determinar el porcentaje de incremento respecto de los recursos que tenía asignados previamente.
Las ampliaciones presupuestarias para la SIDE y los mayores gastos reservados
A mediados de julio pasado, el Gobierno ya había aumentado en $49.261,5 millones el presupuesto de la SIDE, dentro de la modificación presupuestaria aprobada por Milei mediante el DNU 594/2026.
En ese momento, del total incorporado al organismo, casi $7.500 millones fueron asignados a gastos reservados. Se trata de erogaciones vinculadas a actividades de inteligencia cuyo uso queda exceptuado de los mecanismos habituales de publicidad y desglose presupuestario debido al carácter secreto de las operaciones.
Anteriormente, el Gobierno ya había aumentado los gastos reservados para la SIDEen otras ocasiones. La mayor fue en julio de 2024 por unos $100.000 millones, pero también en marzo de 2025 por $1.600 millones y en mayo de 2025 por $8.017 millones.
Además, a inicios de noviembre el Poder Ejecutivo dispuso fondos para la SIDE al lanzar un curso público para el ingreso de nuevos agentes el año próximo, con postulaciones que seguirán abiertas hasta el 30 de noviembre.
La ampliación presupuestaria de este jueves
El Gobierno de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con ampliaciones para la ANSES, pensiones no contributivas y programas de discapacidad, en el marco de fuertes atrasos para esas partidas en los últimos años.
Además, se incluyen refuerzos para defensa, energía y la SIDE, mientras que en paralelo redujo partidas de asistencia financiera del Tesoro y transferencias a empresas públicas.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la adecuación era necesaria para garantizar el funcionamiento de distintas áreas del Estado y advirtió que, de no realizarse inmediatamente, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. También justificó los cambios en necesidades salariales, de funcionamiento y equipamiento.
El Destape
Se votaba una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas
Repudio absoluto a la abstención argentina en la ONU
Taiana, Díaz y Filmus, entre otros, cuestionaron al Gobierno por no apoyar el fortalecimiento de las políticas contra las violencias.
Soledad Ferrari
La política exterior de Milei y de Quirno sigue dándole la espalda a la legislación nacional y a los derechos humanos a nivel internacional. Este martes, la Argentina se abstuvo de respaldar en la ONU la resolución que instaba a los Estados a incrementar los esfuerzos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. El diputado nacional Esteban Paulón cree que este tipo de decisiones le hacen mucho daño a la Argentina, ya que termina votando una resolución que es contraria a su propia legislación nacional. “Se olvidaron de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esto nuevamente pone al gobierno argentino y a la República Argentina en un lugar de sumisión total y de falta de consecuencia y de coherencia con su política histórica de derechos humanos”.
De esta manera, el presidente libertario volvió a dar una muestra grosera del alineamiento directo y acrítico con la política exterior de Estados Unidos. La Argentina compartió posición con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso. Somalia fue el único país que votó en contra. Israel, uno de los principales aliados internacionales de Milei, acompañó la iniciativa.
Oleada de repudios. Nada sorprende de quien se burla de los discapacitados y de aquellos que no llegan a fin de mes. La decisión está en resonancia con las acciones despiadadas que implementa Milei. Desde que asumió, no hace otra cosa que talar todo tipo de políticas públicas, abandonar a las personas que sufren violencia de género y sostener una acción decidida en un sentido contrario.
Para Estela Díaz, ministra de las Mujeres, se trata de violencia política, simbólica y de discriminación que tienen sus expresiones por redes sociales. “Lo hemos visto hasta el cansancio. Cuesta encontrar calificativos para decir lo que Milei expresa en ese sentido, porque se subordina al dictado de lo que debe hacer en esos foros, mira al papá Trump y lo copia. Nosotros la podemos cotejar en la gestión que llevamos adelante en todos los municipios. Nos acompañan y nos piden más recursos, más intervención, presencia en relación al abordaje de las violencias en los municipios gobernados por todos los signos políticos”.
Díaz asegura que, en los sondeos de opinión, ni los votantes de Milei acompañan estos posicionamientos tan evidentes en el desprecio por la calidad de vida, en este caso de las mujeres.
Para “Nati” Morales, diputada de Jujuy, se trata de una decisión más de un gobierno negacionista y misógino, “tanto que en ámbitos como la ONU, ni siquiera tiene política de condenar aunque sea formalmente la violencia contra infancias y mujeres. Su accionar es más bien simbólico, un accionar para seguir sosteniendo una posición de la internacional de derecha”.
La delegación argentina no pidió la palabra para fundamentar su posición. La estadounidense sí explicó sus reparos. Washington objetó las referencias a las políticas de género, la salud sexual y reproductiva y la educación sexual. El resultado fue el mismo para los dos gobiernos. En el caso argentino, quedó abierta una pregunta que la explicación posterior de Cancillería tampoco despejó. “El diablo está en los detalles”, dijo el canciller Pablo Quirno cuando le preguntaron por la abstención. Aseguró que el Gobierno está en contra de la violencia hacia mujeres y niñas y sostuvo que ciertos aspectos del documento no coincidían con la posición oficial. No mencionó un párrafo, una medida ni una formulación concreta. Fuentes de Cancillería dijeron que el texto incluía conceptos que consideraban ideológicamente controvertidos y que algunas disposiciones no contemplaban adecuadamente las legislaciones y políticas de cada país.
El diputado y excanciller Jorge Taiana calificó la abstención en su cuenta de X como un “nuevo bochorno diplomático”. El legislador consideró histórica la iniciativa que la Argentina decidió no acompañar. La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade también apuntó contra el presidente en esa red. “El vergonzante voto de abstención, no es de la Argentina. Es del gobierno de @JMilei”, escribió. En el mismo posteo cuestionó el alineamiento con Donald Trump y cerró con “Mi repudio absoluto”. El exministro de Educación Daniel Filmus definió la abstención como “una decisión que nos aleja del consenso internacional y de la tradición diplomática argentina en defensa de los derechos humanos”.
En materia de protección, el Estado argentino tiene una trayectoria por demás destacada. Son años de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes y mujeres, con una legislación modelo a nivel internacional. A María Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo, le preocupa que lo ocurrido en la ONU refuerce el temor de las víctimas en Argentina a efectuar denuncias y generar una situación de anomía por las posibles sanciones al Estado ante futuros reclamos internacionales. “Después de tener un alto recorrido con relación a acompañar y suscribir convenciones internacionales y sancionar legislación modelo como la 26.485, entre otras, esta abstención puede traer consecuencias. Esto es un retroceso”. En este contexto, la víctima no tendrá la permeabilidad del Estado para efectuar denuncias.
La votación se realizó el martes en Nueva York, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que trata asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. La propuesta, impulsada por Francia y Países Bajos junto con otros países, pide a los Estados que refuercen sus políticas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. El texto incluye la violencia en entornos digitales y aborda el acceso a la salud sexual y reproductiva.
La Cancillería objetó que el texto no contemplaba adecuadamente las leyes y políticas de cada país. El argumento tropieza con los compromisos que el propio Estado ya asumió. La Convención de Belém do Pará lo obliga a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También está la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional. La abstención deja esas obligaciones intactas. Lo que cambió fue la posición del Gobierno argentino cuando tocó respaldar en la ONU una iniciativa para hacerlas valer. En 2024, el gobierno de Milei había votado en contra de una resolución similar. Esta vez se abstuvo. El resultado volvió a dejar a la Argentina del lado de una minoría cuando se discutían medidas de prevención y protección frente a la violencia.
Pagina 12
En una realidad paralela
Milei volvió a negar que la gente no llega a fin de mes
Una vez más, el presidente Javier Milei volvió a negar que “la gente no llega a fin de mes”, tal como indican diversas encuestas. Sin embargo, en una entrevista televisiva desde la Casa Rosada, admitió que “la gente experimenta privaciones”, producto de los estragos de su programa económico. Además, volvió a tragarse las críticas que constantemente le hace la jefa del bloque de su partido en el Senado, Patricia Bullrich y negó los rumores acerca de una posible desvinculación de la exministra de La Libertad Avanza (LLA). “Es mi socia política”.
La frase de Milei sobre su relación con la excandidata presidencial tiene lugar en medio de la tensión al interior del espacio violeta. Cada vez con más poder, Bullrich no se ahorra las críticas públicas a las decisiones que toma el Presidente y su entorno. La más reciente, por caso, fue cuando la senadora pidió una rebaja impositiva para las PyMES. “La gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”, fueron las palabras que utilizó. Esa vez, también expresó que para asegurar la reelección de LLA en 2027, “tiene que haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”.
Días antes de eso, el mandatario había compartido una publicación en redes que le caía como anillo al dedo a las intenciones de Bullrich. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, fue la frase elegida por el libertario.
Sin embargo, este miércoles, al ser consultado sobre el tema, Milei negó que el mensaje tenga como destinataria a la senadora y se despegó de los rumores sobre un posible corrimiento de Bullrich del espacio. “Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”, dijo. Como salvavidas, utilizó su recurso más cómodo. “se lo escribí al kirchnerismo”, esbozó.
Siguiendo con el relato anticasta, el libertario se atrevió a sostener que una pelea entre él y Bullrich “es el deseo del círculo rojo porque parte del status quo está perdiendo con este modelo”.
Como si no hubiera tiempo para reflexionar de aquella vez en la que sostuvo que era “una pelotudez” decir que hay argentinos que no llegan al día 20 de cada mes y burlarse de la situación, el presidente volvió a insistir con su desplante. “Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, dijo.
Como cada vez que hace un planteo bizarro, la explicación que le sucede es aún más insólita. “¿La gente puede pasar diez días sin beber y sin comer?”, preguntó, buscando la complicidad del entrevistador, cosa que encontró a medias. “No, se endeuda para poder”, le respondió el periodista. “Ese es un pensamiento incorrecto, porque eso (el endeudamiento) dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, disparó con arrogancia, como si no estuviera describiendo la realidad de millones de los ciudadanos que gobierna.
Para no quedar mal parado, el libertario admitió que existen ciudadanos que tienen dificultades reales en su economía. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, postuló.
Pagina 12
La trastienda de la cumbre en San Fernando
Detrás de la foto: la jugada de Sergio Massa, el aval de Cristina Kirchner y un desafío para Axel Kicillof
El encuentro comenzó a perfilar una corriente interna que competiría con el gobernador. El tigrense busca construir una alianza federal que trascienda al peronismo. La posible suspensión de las PASO tensa la interna.
La trastienda de la cumbre en San Fernando
Detrás de la foto: la jugada de Sergio Massa, el aval de Cristina Kirchner y un desafío para Axel Kicillof
El encuentro comenzó a perfilar una corriente interna que competiría con el gobernador. El tigrense busca construir una alianza federal que trascienda al peronismo. La posible suspensión de las PASO tensa la interna.
Massa consiguió montar la escena que había imaginado. El amplio espectro peronista se sumó a una fotografía que lo ubicó en el centro, flanqueado por la cordobesa Natalia de la Sota, el santiagueño Gerardo Zamora y el sanjuanino Sergio Uñac. El tigrense, ambidiestro de oficio, se presentó como un arquitecto de la unidad, sin disimular sus ambiciones electorales. “Hoy me toca la responsabilidad de ayudar a otros. Después, llegado el momento, se decidirá”, expresó sobre una posible candidatura. El kirchnerismo aportó referentes de primera línea al convite en San Fernando. La convocatoria, orquestada por el Frente Renovador y el Peronismo Federal, sinceró la intención de conformar una corriente interna que, eventualmente, pulse con la de Axel Kicillof. La decisión de no invitar al gobernador obedeció más a la naturaleza del encuentro que a un gesto de hostilidad. Le evitó al bonaerense la incomodidad de participar de un espacio que se encamina a enfrentarlo. “Nadie puede sentirse ofendido. El Movimiento Derecho al Futuro organiza actos a los que nosotros no estamos invitados”, alegó Victoria Tolosa Paz, a cargo de la asistencia. En la Gobernación coincidieron con el diagnóstico y solo se ocuparon de aclarar dos cuestiones: que no se trató de un faltazo y que están preparados para dar la pelea. La incógnita es cómo se librará esa disputa, sobre todo si la Casa Rosada logra su cometido de suspender las PASO.
El encuentro en San Fernando clarificó el horizonte justicialista. Si bien no implicó la formalización de un espacio, constituyó el primer paso de una línea interna que Massa, aunque no lo diga, aspira a liderar. La nutrida asistencia volvió a reunir a sectores que hace tiempo no transitan la misma vereda, desde referentes kirchneristas hasta exfuncionarios albertistas. “Hay que resetear discusiones y empezar de nuevo, para volver a juntar a sectores enfrentados por situaciones coyunturales”, subrayó el diputado Sebastián Galmarini.
La postal en el distrito massista exhibió, además, un carácter federal y un volumen territorial del que Kicillof aún carece. Además de los presidenciables Uñac y Zamora, se vio en las primeras filas a otros seis exgobernadores: Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut) y Roxana Bertone (Tierra del Fuego). El objetivo del armado es saltar la tranquera bonaerense, recuperar el terreno perdido en provincias que tiempo atrás controlaban y sumar al frente anti-Milei a otras fuerzas políticas.
“No alcanza solo con el peronismo. Hay que ir a buscar a sectores del radicalismo, a sectores independientes de la producción y del campo, que tengan ganas de construir un proyecto diferente de país”, explicó el líder del Frente Renovador. “Hay que construir esta nueva mayoría que de vuelta la página Milei, un cambio de época”, sumó el entrerriano Guillermo Michel. La amplitud de la convocatoria, sin embargo, contrasta con la indefinición sobre quién conducirá un espacio de procedencias tan diversas.
La jugada de Massa contó con el aval de Cristina Kirchner. La presencia de dirigentes de La Cámpora, como Mayra Mendoza, Mariano Recalde y Facundo Tignanelli, implicó una venia de la expresidenta y ratificó el entendimiento que el exministro viene cultivando con el kirchnerismo. Ante la pelea abierta con Kicillof, el tigrense apuesta a que la última palabra de CFK juegue a su favor. En el kirchnerismo, por ahora, insisten en que el único plan sigue siendo “Cristina candidata”. “Vamos a trabajar hasta el último día para que lo sea”, ratificó Máximo Kirchner en un acto en La Pampa, junto al gobernador Sergio Ziliotto.
¿Y si no hay PASO?
En los pasillos del Teatro Otamendi sobrevoló, durante toda la jornada, la certeza de que el Gobierno finalmente consiguió el apoyo para suspender las primarias. “Con o sin PASO, el peronismo va a ir junto a otros sectores políticos y sociales unido a la elección porque así lo requiere la sociedad”, avisó la diputada Cecilia Moreau. Por delante aparecen, en principio, tres caminos posibles, todos espinosos.
El primero consiste en organizar una interna abierta, como viene proponiendo Sergio Uñac. La alternativa, sin embargo, entraña no pocas complicaciones. Montar una elección de alcance nacional demanda cuantiosos recursos, una estructura territorial aceitada y reglas de juego cuya elaboración amenaza con abrir nuevas controversias entre las distintas tribus del justicialismo. Desde la confección de los padrones hasta el régimen de avales, cada detalle podría convertirse en un nuevo motivo de discordia.
La segunda salida es una candidatura de consenso, una solución que choca de lleno con el enfrentamiento público entre el kirchnerismo y Kicillof. La expresidenta no quiere ungir al gobernador como su candidato y, en el cristinismo, acumulan enojo por una disputa que se profundizó tras su encarcelamiento. Kicillof, en tanto, rechaza un acuerdo de cúpulas y tiene presente el fantasma del Frente de Todos. Sostiene que, bajo ese esquema, las decisiones de una eventual gestión quedarían sujetas a una negociación permanente entre sus principales accionistas. El gobernador considera que su candidatura debe surgir de una competencia que le otorgue legitimidad propia y, sobre todo, autonomía para gobernar. Además, pretende estar lo más lejos posible de los fotos de unidad. Considera que frente a la desconexión que la sociedad tiene con la dirigencia política, ese tipo de exhibiciones en un año no electoral, no suman. Por esa razón, faltó a la cumbre peronista en La Rioja a fines de julio.
En el Frente Renovador, mientras tanto, empiezan a explorar una tercera posibilidad, menos convencional: que las PASO bonaerenses terminen oficiando como una suerte de primaria presidencial anticipada. El razonamiento parte del desdoblamiento del calendario electoral y del peso determinante de la Provincia. Según sostienen en el massismo, una victoria contundente de determinada corriente interna podría inclinar la balanza a favor de su referente nacional.
Con el panorama aún incierto de las PASO, el exministro de Economía hizo un llamado a la dirigencia justicialista para evitar que las ambiciones individuales terminen por frustrar una construcción común. “La obligación que tenemos con millones de argentinos es suficiente argumento para que no prime la mezquindad, ni el egoísmo, ni la vanidad”, sostuvo y pronosticó el desenlace de la interna de cara a 2027: “El año pasado decían que terminábamos en tres listas y un día hubo unidad. Va a haber unidad y vamos a ser gobierno el año que viene”.
Pagina 12
18 de noviembre de 2026
La Justicia frenó los descuentos sobre la pensión por viudez de CFK
El fallo lleva la firma de la titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis.
El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que deje de descontarle a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 20% sobre la pensión de privilegio que recibe por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La medida fue adoptada por la jueza Karina Alonso Candis.
En el fallo al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, la magistrada intimó a Anses a que dentro de los próximos 10 días “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”.
El planteo judicial se originó después de que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó un fallo de la jueza Alonso Candis y ordenaron restablecer provisoriamente la pensión por viudez, la cual comenzó a recibir nuevamente desde agosto de este año. Sin embargo, junto con la restitución del beneficio, la Anses le aplicó una retención mensual del 20% “a los efectos del recupero de los fondos indebidamente percibidos”. Así, de los más de $15,6 millones que debía cobrar mensualmente, se le debían restar $3.136.630,81 “hasta alcanzar la suma de $660.052.338,87”.
Cristina empezó a cobrar el beneficio en diciembre de 2010, dos meses después del fallecimiento del exmandatario Néstor Kirchner, ocurrido el 27 de octubre de ese año. Sin embargo, tanto esta prestación como la jubilación de privilegio que percibía como expresidenta quedaron en la mira por sus causas judiciales
Qué había dicho el Gobierno a través de Adorni
En 2024, después de que quedó firme la condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad, el Gobierno decidió dar de baja la jubilación y la pensión de privilegio. En una resolución, Anses cuestionó el merecimiento por su situación judicial. "Durante el mandato del presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos", argumentó el entonces vocero presidencial Manuel Adorni.
Cristina Kirchner apeló esta medida y, en junio de 2026, la Justicia ordenó que se le restituya la pensión por viudez. La asignación vitalicia como exmandataria quedó en suspenso tras su condena y aún no volvió a percibirla.