PLAN C
Inquietud entre vecinos y turistas
Un sismo de 4,9 puntos en la escala de Richter sorprendió este jueves a los vecinos y turistas de Mar del Plata. Pese a la incertidumbre generada, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que la intensidad fue nivel débil, por lo que no hubo mayores inconvenientes.
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) comunicó en la actualización de su informe que este jueves 19 de febrero a las 08.15 se reportó un sismo de 4.9 puntos y que fue a una profundidad de 9 kilómetros.
A su vez, otro de los datos aportados es que el epicentro fue a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata; a 160 kilómetros al sudeste de Necochea; y a 282 kilómetros al sudeste de Tandil.
Acerca de las consecuencias, describieron que “se percibe en el interior de los edificios. Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar”.
Desde el SEGEMAR señalan que dicho sismo fue catalogado con el color rojo debido a que tuvo que ser revisado por un sismólogo, aunque las autoridades sostienen que no hay peligrosidad alguna.
No se registraron heridos, ni estructuras dañadas.
El geólogo Federico Isla conversó con el medio local 0223 y señaló que habrá mayor oleaje pero “no hay alerta de tsunami”.
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Hermano del rey Carlos III del Reino Unido
La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, informó que los agentes acudieron esta mañana a la finca de Sandringham y detuvieron a Andrés, quien permanece retenido en una comisaría.
El escándalo en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se profundizó luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara los mails en los que el expríncipe le facilitaba a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.
Entre ellos que se encuentra un acuerdo entre el banco Royal Bank of Scotland y la empresa automovilística Aston Martin. También compartió informes sobre Vietnam, Singapur y China, que eran parte de su actividad pública.
Esta mañana, a través de un comunicado, la Policía indicó que la detención de Andrés se produjo “bajo sospecha de mala conducta en un cargo público" y agregó que se están realizando “registros en domicilios” de Berkshire, donde está Windsor, y Norfolk.
“Tras una evaluación exhaustiva, abrimos una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación”, subrayó el documento.
“Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente”, puntualizó la nota.
Las fuerzas policiales británicas evalúan el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para traficar con menores de edad.
En 2014, Virginia Giuffre fue traficada al Reino Unido por Epstein cuando ella era menor de edad y obligada a mantener relaciones sexuales con el expríncipe, una acusación que Andrés sienmpre negó.
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Colectivos, trenes, subtes y vuelos interrumpidos por 24 horas
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lanzó una dura amenaza vía redes sociales para los que participan hoy de las movilizaciones en contra de de la reforma laboral, en el marco del paro general.
"Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no", escribió la sucesora de Patricia Bullrich. El Gobierno montó un megaoperativo en los alrededores del Congreso y también amenaza con aplicar el protocolo antipiquetes a las protestas en distintos puntos del AMBA.
"El que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias. Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar", insistió y finalizó: "Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden".
Javier Milei amaneció en la quinta de Olivos con la noticia en todos los canales de televisión y las redes sociales por las que se informa inundadas con el cierra de la empresa de neumáticos FATE y el despido de 920 personas. El Presidente estalló con el dueño de la fábrica, Javier Madanes Quintanilla. Este empresario es además el dueño Aluar, la única empresa productora de aluminio primario en Argentina y una de las mayores de Sudamérica.
Milei está enfurecido con Madanes Quintanilla, una de las 15 personas más ricas de la Argentina, porque tiene la teoría de que el dueño de FATE y Aluar lo está extorsionando. El mandatario dijo que Madanes eligió la fecha exacta, a un día del paro y del debate por la reforma laboral, para tomar esta decisión. Según Milei, el empresario quiere acelerar el acuerdo de Argentina con Estados Unidos para que Donald Trump apure la baja de aranceles en aluminio.
"El 70% de su producción lo exporta a Estados Unidos. Lo está apretando a Milei. El Gobierno viene pidiendo la baja de aranceles al aluminio, eso está dentro del tratado de acuerdo comercial como algo a destrabarse", explicó a El Destape una fuente del riñón presidencial.
Milei ahora va a fondo contra Madanes. En su entorno consideran que es una situación similar a la vivida con Paolo Rocca, dueño de Techint. "Milei no tiene miedo de afectar intereses políticos, judiciales o empresariales. Nadie lo hizo antes", se envalentonó un miileísta enterado del enojo del Presidente ante este medio.
El Gobierno ahora va por el capítulo troll. Los libertarios de las redes comenzaron a inundar X con post contra Madanes. Uno fue el Gordo Dan. "Este es Javier Madanes, dueño de Fate y Aluar. Con una fortuna estimada en 1.500 millones de dólares según Forbes 2024, es la persona número 12 más rica de la Argentina. Amante de los gobiernos kirchneristas —durante las gestiones de Néstor y Cristina multiplicó varias veces su patrimonio gracias a cuantiosos subsidios y créditos blandos para la expansión de Aluar, y cobrando a los pobres argentinos, encerrados en el zoológico kirchnerista, hasta tres veces más que en el exterior por los neumáticos de Fate—, fanático de Moreno y defensor del cepo cambiario ad infinitum, fue además uno de los principales aportantes de la campaña Alberto Fernández. Hoy declara la “quiebra” porque se abrieron las importaciones. ¿Podés creer?", tuiteó Daniel Parisini.
En medio del enojo presidencial en Olivos, Milei tuiteó “¿Conspiranoico yo? Fin“, en base a su teoría que empezaba a filtrarse en los medios de comunicación.
A las 13.20 partió el vuelo presidencial con Milei arriba rumbo a Estados Unidos, donde lo espera Donad Trump para dar comienzo al Board of Peace, este grupo de países de ultraderecha que quieren emular a la ONU.
El Destape
Ante la Corte Suprema
En ese sentido, Capital Humano se refirió a la condena penal que recae sobre la ex presidenta para argumentar su decisión bajo una reinterpretación libre del artículo 29, que estipula que “la finalidad de las asignaciones” que le habían sido otorgadas son “incompatibles” para quien “haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido…” al beneficio.
“Es claramente inexistente el alegado derecho alimentario afectado, demostrando así el fallo recurrido, manifiesta errónea aplicación del derecho”, concluyó. Ésto se debe a que la Cámara Federal de Seguridad Social había justificado su fallo mencionando que “corresponde otorgar prevalencia al carácter alimentario del derecho”, y aludiendo a que la disposición oficial la deja a CFK en “situación de desprotección”.
Para remover el beneficio a la pensión por viudez de CFK, Anses había equiparado una condena penal con la remoción del cargo y sostuvo que la asignación se otorga como prestación al honor, mérito y buen desempeño. Sin embargo, el texto de la norma 29 señala que los funcionarios removidos por juicio político no reciben las asignaciones en cuestión. Además, el Gobierno confunde las asignaciones de expresidente y cónyuge con la suspensión de jubilaciones, pensiones o retiros civil o militar como consecuencia de la inhabilitación absoluta que establece el Código Penal.
En este sentido, el abogado Facundo Fernández Pastor, quien representa a la expresidenta en estos temas, recordó algunos ejemplos para ilustrar: “Zulema Yoma cobra la asignación por (el ex presidente) Carlos Menem porque no fue destituido con juicio político y según la jurisprudencia es la única causal para que no la perciba”. E incluso, dijo, en el caso de Eduardo Moliné O’Connor, que fue destituido como juez de la Corte Suprema, el alto tribunal integrado por conjueces, le reconoció el carácter alimentario a la asignación vitalicia. “Pero si el punto es que se trata de asignaciones no contributivas por el honor de ser Presidente, no se discutiría el de Néstor, que no tuvo condena”, señaló como para mostrar que hay trampas y omisiones de la ley en todos los planteos que pretende castigar a CFK con la quita en cuestión.
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Quedan sin efecto los despidos
Llevaba cuatro meses en el poder
Perú volvió a cambiar de presidente este martes tras la destitución del mandatario interino José Jerí, en una decisión del Congreso que profundiza la inestabilidad política del país. Se trata del octavo relevo en la jefatura del Estado en menos de diez años, una crisis que se arrastra desde las elecciones de 2016 y que no encuentra salida a pocas semanas de nuevos comicios generales.
Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento resolvió remover a Jerí de su cargo en medio de investigaciones por presuntas irregularidades durante su breve gestión. El ahora exmandatario llevaba apenas cuatro meses en el poder.
Entre los cuestionamientos que precipitaron su salida figuran reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y sospechas sobre la contratación de funcionarias que previamente habían mantenido encuentros con él en el Palacio de Gobierno.
Luego de la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, remarcó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.
En ese sentido, convocó a una sesión de urgencia para este miércoles a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.
Jerí había asumido la presidencia de manera interina en su condición de titular del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte en octubre pasado. Al ser censurado como jefe del Parlamento, perdió automáticamente su condición de presidente encargado, en un nuevo capítulo de la prolongada crisis institucional peruana.
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Será sin movilización
Javier Milei quiere la sanción de la reforma laboral en su escritorio lo antes posible. A su entender, es un triunfo que quiere exponer en el discurso de apertura de sesiones del Congreso de marzo próximo. Por lo tanto, la pretensión del oficialismo es aprobar el proyecto esta misma semana. La fecha probable es el jueves 19. En ese contexto, la CGT y tras una reunión de su consejo directivo por Zoom, anunció la realización de un paro nacional de 24 horas para esa jornada o cuando se concrete la sesión. Es el cuarto paro que la central obrera realiza desde que los libertarios gobiernan la Argentina. Se prevé una medida de fuerza con potencia, sobre todo porque los gremios del transporte adhieren, lo que garantiza un parate importante en todo el país. Eso no quita que frente al Congreso haya movilizaciones de gremios, organizaciones sociales y políticas contra este dañino proyecto. La duda que persiste, al menos en lo legislativo, es si habrá o no modificaciones al texto aprobado en el Senado que reclaman incluso desde algunos sectores aliados al gobierno en el Congreso.
El paro siempre estuvo en los discursos de los triunviros de la CGT. Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello lo dijeron en el acto que hicieron el pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo, pero -vale aclararlo- no encabezaba la nómina de acciones prevista en el plan de lucha que enarbolaban.
Ahora esta medida de acción directa, la más importante de todas y prevista incluso en la Constitución Nacional, comenzó a organizarse. Durante el encuentro virtual que mantuvo el consejo directivo de la CGT se impuso sin problemas el paro nacional. Eso sí, antes se rechazaron propuestas que incluían una movilización. Los integrantes del secretariado nacional, con apoyo de los sectores conocidos como Gordos e Independientes, desactivaron la vuelta a la calle.
El miércoles a las 11 en la sede de la CGT, el triunvirato informará oficialmente la realización de la huelga nacional. Se espera que esté confirmada la sesión para el día siguiente.
La opción por el paro tiene al menos dos motivos. Uno de ellos es que la conducción sabe que no pueden postergar más esta medida, mucho menos después de la media sanción en el Senado. El otro motivo es que lograron que se sumaran los gremios más importantes a la hora de parar el país: los maquinistas de La Fraternidad de Omar Maturano y la escurridiza Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Los trenes son los que transportan buena parte de los trabajadores que llegan a la Ciudad de Buenos Aires desde el conurbano. Los colectivos se hacen cargo del resto. Ahora, si ambos no funcionan la postal de un país detenido por un paro nacional de trabajadores se vuelve imponente.
La participación de La Fraternidad y la UTA no es un dato menor. Ambos gremios mantienen discrepancias con la conducción de la CGT que ahora las dejaron de lado. Igual Maturano no oculta sus críticas y señala el exceso de dialoguismo en la conducción cegetista y la demora en llamar a un huelga nacional. Incluso considera que debería ser más extensa y se inclina por unas 48 horas de paro.
Dentro de esta panorama hay una duda que persiste y es que los colectiveros que responden a Roberto Fernández cumplan con el compromiso asumido de no hacer circular las unidades. La duda no es gratuita, hay antecedentes. Tal vez por eso es que, medio en serio medio en broma, en la reunión de CGT se pidió que Fernández esté presente en la conferencia de prensa de este miércoles.
El encuentro, virtual por el feriado de carnaval, se había vuelto imprescindible una vez que la Rosada hizo trascender que esta semana buscará sancionar el proyecto. Durante la reunión, el triunviro y dirigente camionero, Octavio Argüello, se mostró proclive a sumar una movilización. El secretario gremial de la CGT, el metalúrgico Osvaldo Lobato, hizo la misma propuesta. La UOM, impulsora de un perfil más combativo de la central obrera y promotora del FreSU (Frente Sindical Unido), detalló la necesidad de estar frente al Congreso. El impacto negativo que tiene este proyecto, pero sobre todo el modelo económico, en los gremios de la industria es más que preocupante.
La propuesta no encontró eco, pero por ahora el FreSU mantiene su convocatoria a movilizar el jueves. Los partidos de izquierda y organizaciones sociales ya adelantaron que más allá del paro de la CGT, se movilizarán al Congreso.
La otra duda que circuló entre lo participantes es si el paro general podría impedir que la sesión se realice con normalidad. Es poco probable que eso ocurra. Si bien los trabajadores legislativos van a adherir a la medida de fuerza, su tarea será reemplazada por personal jerárquico. A los sumo, como confió un conocedor de esa tarea sindical, ese día los diputados no tendrán café en sus bancas o la comida del almuerzo o cena. En tanto, los taquígrafos trabajarán porque no son parte del gremio legislativo que dirige Norberto Di Próspero.
En tanto, la conducción cegetista dejó entrever que todavía espera poder influir en algunos diputados. De hecho van a participar de la reunión de comisión que debe emitir dictamen este miércoles para que al día siguiente pueda ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.
La apuesta de la conducción de la central obrera es que se logren introducir modificaciones en el texto aprobado por la Cámara alta. Sobre todo al artículo 44 que impone la reducción salarial por enfermedades que no estén relacionadas con la tarea que cumpla el trabajador.
La posible modificación, que no debilita el daño que tiene toda la iniciativa, si provocaría un malestar en el gobierno al demorar la sanción porque cualquier cambio obliga a que el proyecto retorne al Senado, la Cámara de origen.
Ahora bien, cualquier dilación podría perjudicar el uso político publicitario que Milei pretende darle a la reforma laboral. Y es que el Presidente quiere citar la ley sancionada como uno de sus principales éxitos de gestión durante el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo.
Consciente de ese peligro, la senadora Patricia Bullrich está prometiendo desde modificaciones al artículo 44 en el decreto reglamentario, pasando por un DNU y hasta una ley complementaria para que se vote tal como está el texto normativo. Para que le crean antes deberían haber existido gestos que garanticen la confianza que requiere aceptar este cheque en blanco que impulsa la belicosa senadora.
El tema de las licencias médicas genera rechazos, incluso en bloques como el PRO (ver aparte). Allí reside la esperanza de la conducción cegetista para lograr incluso alguna otra modificación que mengüe el daño. El tema es la cantidad de votos que se cosechen a la hora de aprobar esas correcciones. Cuanto más respaldo tenga le resultará más difícil al oficialismo rechazarlas en el Senado. Lo ideal sería que se aprueben con los dos tercios de diputados. Eso obligará a los libertarios a buscar los seis votos que le faltarían ya que la media sanción se logró con 42 votos. Y esas voluntades las tendrían que obtener en el bloque Justicialista, una tarea un tanto imposible.
Lo cierto es que más allá de las modificaciones que puedan hacerse o no al proyecto de reforma laboral, como reconoció un dirigente del consejo directivo a este diario, el impacto negativo que tendrá en los trabajadores todavía no se puede mensurar. Pero además advirtió que también impactará en la CGT. “Habrá que esperar otro gobierno peronista para que se restituyan todos los derechos que se están conculcando y es poco probable que para ese entonces haya una sola CGT”, presagió.
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Reforma laboral
La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a reconocer que el mileísmo “cometió un error” al votar el controvertido artículo sobre licencias por enfermedad en la Reforma Laboral pero lo hizo depositando la culpa en la supuesta existencia de una insólita “mafia de los certificados” creada para justificar el ausentismo y “aumentar la litigiosidad” laboral.
“Cometimos un error que, bueno, nobleza obliga lo vamos a arreglar”, total “es algo que puede pasar en 210 artículos”, reconoció la exfuncionaria y arremetió con una singular explicación que intentó depositar la carga del problema en trabajadores que supuestamente falsifican justificativos médicos en connivencia con médicos y abogados.
“Para mí, cambiar ese artículo está muy bien porque es terminar con una mafia. Hay cientos de personas presas por certificados truchos en la Argentina”, acusó sin dar pruebas.
Según trascendió, el Gobierno aceptará modificar ese artículo en el dictamen que se firmará este miércoles y llegará el jueves al recinto de Diputados. El objetivo sería que el 27 de febrero el Senado sancione definitivamente el proyecto con ese cambio, para que el presidente Javier Milei pueda consumar su obsesión de tener la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
El argumento se trató de otro intento de despegar al oficialismo del gravísimo yerro. Durante una entrevista por un canal oficialista, Bullrich insistió una y otra vez con que ese controvertido punto será modificado por iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) y no por los innumerables cuestionamientos que recibió de parte de la oposición y hasta aliados.
Lejos de admitir el error político o la terquedad por tener mayorías pactadas, Bullrich sostuvo que los cambios “que aún se están discutiendo en la Secretaría de Legal y Técnica” del Poder Ejecutivo fueron pensados “después de hablar con una serie de jueces laborales ‘razonables’ y empresarios pymes”.
Según contó, esos supuestos magistrados no les habrían advertido sobre las contradicciones y controversias que el oficialismo no pensó al votar el cambio en el artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo, sino que le habrían dicho que ese punto “generaba ausentismo, litigiosidad, problemas terribles de empresas truchas que daban una mafia de los certificados” laborales para justificar supuestas enfermedades.
Para sostener esa acusación, la exministra intentó dar una prueba de ello y contó una anécdota tan llamativa como incomprobable.
“Mirá qué casualidad -le dijo al presentador de TV-, hoy a la mañana voy a la panadería de cerca de mi casa para comprarle al Presidente unas galletitas que le gustan, y dos de las que atienden (N de R: panaderas) me dicen ‘qué bueno Patricia lo de las licencias porque acá nos joroban siempre. Acá tenemos que hacer el trabajo del panadero que una semana no viene, del que hace las medialunas que tampoco viene, que siempre vienen con un certificado y que ahora van a tener que laburar”.
La anécdota de delación que (se) le ocurrió como anillo al dedo y que pone en un mismo plano labores y oficios -como si la atención al público fuera lo mismo que el horneado del pan- fue para insistir con el oficialismo promovió los cambios en el proyecto. “Nosotros introdujimos el cambio”, insistió.
Lo que la legisladora evitó responder fue por qué el oficialismo impulsó la votación de eso que ahora reconoce como error. Habló de “la gran reconfiguración del poder sindical” que instala esa ley, del congelamiento de la cuota solidaria para los gremios y de la supuesta litigiosidad a la que le ley le pondría freno. Pero no explicó por qué se votó un artículo que fue objetado durante horas de debate.
A la hora de volver a hablar del cambio, repitió que “la idea fue nuestra” basado en “la experiencia internacional sobre la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados. Las dos mafias”.
Casi al final de la charla, la exministra admitió que “tuvimos un error”. “La ley original no distingue en enfermedades. El error no fue haber aclarado las enfermedades severas o degenerativas o irrecuperables”.
Así que “para mí, cambiar ese artículo está muy bien porque es terminar con una mafia. Hay cientos de personas presas por certificados truchos en la Argentina”, acusó sin dar pruebas.
Los cambios, según explicó, “los está analizando la Secretaría Legal y Técnica” del Gobierno. Una vez terminados, se enviará a Diputados la sugerencia de corrección. “Eso sí, no empañamos la ley”, cerró, al confirmar que la norma mantendrá su espíritu antitrabajador.
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