Persecución y saña contra Milagro Sala: el Gobierno pidió que vuelva a la cárcel
Pese al delicado estado de salud de la dirigente social, el gobierno de Javier Milei presentó un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poner fin a su prisión domiciliaria.
La Subsecretaría de Derechos Humanos cuestionó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por mantener la prisión domiciliaria de Milagro Sala y le exigió al organismo que la dirigente social “termine de cumplir su condena tras las rejas” y no mediante el beneficio que se le otorgó por los graves problemas de salud que atraviesa.
El pedido que redobla la persecución política contra la extitular de la organización Tupac Amaru fue confirmada a través de un comunicado del Ministerio de Justicia. El texto sostiene que Sala “fabrica un relato para sostener un privilegio” y la acusa de ser “un criminal (SIC, en masculino) que robó a los pobres”.
“Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar impunidad (…) Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”, dice el comunicado de la subsecretaría a cargo de Joaquín Mogaburu, exsecretario del Tribunal Oral Federal (TOF) 7, donde tramita la polémica “Causa de los cuadernos”, y quien en varias oportunidades abogó por la liberación de los genocidas detenidos y acusados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
El planteo fue hecho a la Corte CIDH, organismo que al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso de Sala privada de la libertad desde hace 10 años.
El delicado estado de salud de Milagro Sala
Durante su detención, la exdirigente sufrió varios episodios de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad, convivió con la agonía de su esposo tras un allanamiento policial y estuvo internada en varias oportunidades. La última vez fue trasladada al Hospital de Gonnet, en la ciudad de La Plata, con diagnóstico reservado por un complejo cuadro de salud.
A pesar de ello, la animosidad del área que debiera velar por los derechos humanos motorizó un nuevo planteo ante el organismo internacional que con distintas medidas protegió la integridad de la exlegisladora jujeña.
Lo que el gobierno de Javier Milei pide es que “su prisión sea efectiva y termine de cumplir su condena tras las rejas”. El texto difundido a través de las redes sociales contiene una inusitada dureza y animosidad.
Sala “debería estar cumpliendo su condena en la cárcel sin privilegios, con el resto de los delincuentes”, añade el comunicado con tono revanchista que, como si fuera poco, pone en tela de juicio a la decisión de la Corte IDH.
“Esta medida de la CIDH (SIC) se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres pese a tener una condena firme”, dice el texto que confunde la denominación del organismo y que tergiversa el momento y las condiciones en que Sala fue detenida.
El texto pone en duda la situación de salud de la dirigente social y también cuestiona de soslayo los diagnósticos médicos en los que se basaron los tribunales para sostener las excepciones en el cumplimiento de la condena.
Asimismo, la subsecretaría a cargo de Mogaburu, adalid de la “memoria completa” a favor de los represores militares y colaboracionistas civiles, acusó infundadamente a Sala de “violar las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez”.
“En la nueva Argentina del Presidente Javier Milei, se terminaron los privilegios de la casta que se enriquecen (SIC) a costa de los argentinos de bien”, enfatiza el escrito que mantiene la contradictoria retórica oficialista.
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Cuáles son los puntos clave
El Gobierno firmó un acuerdo comercial con Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno confirmó en sus redes sociales que su equipo rubricó el Acuerdo de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos.
El canciller Pablo Quirno celebró este jueves la firma del acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, al afirmar que el país será “próspero”. Ya se había llegado a una primera versión del acuerdo a fines del año pasado. Cuáles son los puntos clave.
“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. ¡La Argentina será próspera!”, destacó Quirno desde sus redes sociales.
La firma ratifica la alianza entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei que habían dado un primer paso en noviembre cuando en Washington anunciaron un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.
De esta manera, el convenio alinea al Gobierno argentino todavía más con el magnate republicano.
“La Argentina será próspera”, concluyó Quirno en su mensaje tras sellar el pacto.
Qué implica el acuerdo con EE.UU.
El acuerdo macro implica “reducción de aranceles y contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE.UU. un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos”.
En el sector agropecuario, establece que “Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna”.
En minería y energía, se “busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos”.
En materia de “comercio digital y datos, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses”.
En noviembre pasado, la Casa Blanca habían anunciado la firma de un acuerdo macro dirigido a aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.
Los puntos clave del acuerdo
Aranceles
Apertura argentina: acceso preferencial a exportaciones de EE.UU. (medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas)
Apertura de EE.UU.: eliminación de aranceles sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico
Carne: mejora de condiciones recíprocas de acceso bilateral al mercado de carne vacuna
Seguridad Nacional: EE.UU. podrá considerar positivamente el acuerdo al tomar acciones comerciales bajo la Sección 232
Eliminación de Barreras No Arancelarias
No exigir formalidades consulares a exportaciones estadounidenses
Eliminación gradual de la tasa de estadística para bienes de EE.UU.
Desmantelamiento de licencias de importación que restringían el acceso al mercado
Estándares y Normas
Aceptación de bienes que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales sin requisitos adicionales de evaluación de conformidad
Reconocimiento de estándares federales de seguridad y emisiones para vehículos fabricados en EE.UU.
Aceptación de certificados de la FDA y autorizaciones previas para dispositivos médicos y productos farmacéuticos
Acceso al Mercado Agrícola
Apertura al ganado vivo de EE.UU.
Acceso al mercado de aves de corral estadounidenses en plazo de un año
No restricción de acceso a productos que usan ciertos términos de quesos y carnes
Simplificación de registros para carne bovina, porcina y lácteos de EE.UU.
Comercio Digital
Facilitación del comercio digital reconociendo a EE.UU. como jurisdicción adecuada para transferencia transfronteriza de datos
Reconocimiento de firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense
Propiedad Intelectual
Mejora en la aplicación contra productos falsificados y pirateados, incluido el entorno online
Abordaje de desafíos estructurales señalados en el informe Special 301 de 2025 (patentabilidad y retrasos en concesión de patentes)
Alineamiento Estratégico y Seguridad Económica
Cooperación para combatir políticas y prácticas no comerciales de otros países
Identificación de herramientas para alinear controles de exportación, seguridad de inversiones y evasión de impuestos
Cooperación para facilitar inversión y comercio de minerales críticos
Empresas Estatales y Subsidios
Compromiso a abordar acciones distorsivas de empresas estatales y subsidios industriales que impacten la relación comercial
Laboral y Medio Ambiente
Prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso y refuerzo de aplicación de leyes laborales
Medidas contra tala ilegal
Implementación del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca
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La titular del Juzgado Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora lidera el programa Involucrados
“La baja en la edad de punibilidad sin programas específicos, no sirve para nada”
Marta Pascual está al frente de una iniciativa de justicia restaurativa para menores impulsada por el municipio de Almirante Brown. Qué piensa sobre el proyecto que debatirá el Congreso.
Andres Miquel
“La baja en la edad de punibilidad sin programas específicos, no sirve para nada”, afirma Marta Pascual a Buenos Aires/12. La presidente del Tribunal Penal Juvenil Único y titular del Juzgado Penal Juvenil N°2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, habla desde su experiencia como magistrada y, también, como impulsora del programa Involucrados en Almirante Brown. Gracias a su tarea, 60 adolescentes en conflicto con la ley transitaron esta experiencia con un índice de reincidencia que ronda el 5 por ciento y “sólo en delitos menores”.
Esta iniciativa está anclada en el enfoque de justicia restaurativa, donde quien comete un delito pueda atravesar un escenario reparador, que incluya a la víctima y posibilite una reinserción social. Es una política que deja de lado la estandarizada frase militada por el gobierno nacional sobre “pudrirse en la cárcel”, porque carece de sustento legal y estadístico, y porque es un eslogan que esmerila una de las patas troncales en la vida de quien está en la cárcel: volver a estar en libertad. De allí la importancia de trabajar en que no reincidan y encuentren otro rumbo.
Por estas razones, señala Pascual, se eligió el nombre de Involucrados, “ya que el eje es involucrar o incluir a la comunidad y a las víctimas”.Se trata de un programa que lleva dos años funcionando en una tarea conjunta con la Municipalidad de Almirante Brown y el equipo de Mariano Cascallares, encabezado por la actual Jefa de Gabinete, Paula Eichel.
Aborda casos de jóvenes judicializados, privados de su libertad, donde la labor tiene como centro acompañar la “responsabilización”. “Se trabaja para que tomen un camino diferente, que usen sus habilidades intelectuales para tener un trabajo, sabiendo que son chicos que muchas veces sus padres ni sus abuelos tuvieron un empleo estable”, detalla la jueza. Y el resultado, apunta, es positivo, por la baja reincidencia que existe luego de cursar todo el año que dura el programa.
“Son chicos que nunca celebraron su cumpleaños”, subraya que Pascual y sostiene que no hay que caer en ninguna romantización de los casos, pero sí comprender todas las variables que rodean a un chico y que inciden en las decisiones que toman. Así, desde su mirada, el encierro por sí solo no repara ni resuelve los problemas de los adolescentes, tanto en Argentina como en ningún otro país.
Por eso no comulga con la simple idea de bajar a la edad de punibilidad que propone el gobierno de Javier Milei. ¿Esto baja la criminalidad? A priori, no. En Ecuador, por ejemplo, la edad de imputabilidad está en los 12 años, la más baja del continente, mientras que la tasa de homicidios es de 45,1 cada cien mil habitantes, la más alta del continente.
La magistrada remarca que, por fuera del debate etario, la privación de la libertad tiene que ir de la mano de políticas reparadoras como, incluso, llevó adelante Rudolph Giuliani en Nueva York, abanderado de la doctrina de tolerancia cero. “Yo trabajé con su equipo y hasta tenían programas de deportes para los jóvenes”, indica.
Marta Pascual, jueza a cargo del Juzgado Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora (Redes Sociales)
Más allá de cualquier opinión, los datos estadísticos arrojan claridad. No sólo en lo que respecta a la edad y el ejemplo de Ecuador, sino a la incidencia de los adolescentes en el crimen. Y, puntualmente, en la provincia de Buenos Aires es casi nula.
Según los datos estadísticos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, tomados por UNICEF para relatar sus informes, en 2024 hubo 22.687 causas seguidas contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, el 2 por ciento del total. Esto representa una mejoría en relación a 2023, cuando fueron casi 23.850, lo que representó un 2,25 del total.
“Que no estén orgullosos de ser el pibe chorro”
A sus 71 años, Marta Pascual acude a su experiencia en ámbitos como el Centro de Justicia Restaurativa de Lovaina, en Bélgica, donde se desarrolla el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, así como a su trayectoria en la práctica, donde observó y analizó distintos programas llevados a cabo en el mundo que buscar reinsertar a quienes tienen conflictos con la justicia penal cuando son menores de edad.
Sus pergaminos la llevaron a entrar en contacto con la Municipalidad de Almirante Brown y proyectar una iniciativa que aborde a niños y adolescente que “sabíamos que después del encierro volvían a una familia desestructurada, al grupito de la esquina con el alcohol, las drogas o armas, por lo que no iba a cambiar”.
Entre las duras situaciones que le tocó atravesar, una madre pidió que su hijo abandonar el programa “porque era el que le proveía la droga”. Se encontró con escenas donde el joven es el sustento económico de la familia gracias al robo, o el caso de un chico que le dijo no encontrar nada bueno en el cierro y que, al recuperar su libertad, sentía que “lo limpiaron y le sacaron el corazón”. “Perdí mis sueños”, dice Pascual que fue la expresión del joven al salir del Centro de Recepción, Educación y Ubicación (CREU) en Lomas de Zamora.
Explica que Involucrados gira en torno a tres ejes. El primero, es la aceptación del joven que ingresa al programa. Es la aceptación de un “contrato” que determina, por ejemplo, que no puede drogarse porque si no se lo expulsa. Son casos estudiados por el equipo de la jueza, “no entra cualquiera”, dado que también se evalúa cuan “empapado” está por el delito. Lo que también deja en claro es que no se acepta a ofensores sexuales “porque pensamos que tienen que tener un tratamiento distinto”.
El segundo punto es la participación de la comunidad. “Creí que sería la parte más difícil y resultó lo contrario”, asegura Pascual. Resulta que el programa se basa en guías o tutores, uno por chico, que mantiene una comunicación permanente por ellos. “Yo pensaba que, en este momento, donde la gente está tan enojada y pide por el encierro, quién querrá tomar a un joven y acompañarlo, pero bueno, me sorprendió, porque hay más tutores que casos”, resalta.
La tasa de reincidencia para quienes transitan el programa ronda el 5 por ciento y solo se da con delitos menores (Programa Involucrados)
Se trata de comerciantes, docentes, entrenadores de fútbol, cada uno con distintas formaciones, a quienes se los capacita desde la Universidad Nacional Guillermo Brown y UNICEF “para que no romanticen y hagan el seguimiento de las pautas que se establecen”.
El tercer y último eje es el encuentro con las víctimas, con quienes deben disculparse. Dice que fue lo más difícil, pero que, por ejemplo, lograron que participe el papá de Kim Gómez, Marco, para que los chicos perciban el dolor que se le causa a una familia o a la comunidad. “Terminaron todos abrazándolo y disculpándose”, cuenta.
Ese “todos” hace referencia a los 15 casos que integran un grupo de trabajo que todas las semanas se reúnen, obligatoriamente, en una casa que brindó el municipio. “Los chicos sienten que es la casa de Involucrados”, señala Pascual. Allí, mediante talleres y clases organizadas por el equipo de la iniciativa, se conversa y trabajan distintos planos de la vida, como la responsabilidad, la empatía, la educación sexual, el consumo de drogas o alcohol, y se proponen caminos para una salida laboral.
“Se los digo a ellos, que veo lo que pueden hacer, que quiero que dejen de ser pibes chorros, que no estén orgullosos de eso, de sacarse esas fotos horribles para las redes y que sean buenos vecinos, que no sean un peligro para el barrio”, relata la magistrada. Cuenta que, al estar en el programa, el barrio se entera y los chicos comienzan a desarrollar una referencia. Les piden ayuda con trámites barriales y poder sacar turnos para atenderse en el hospital o centro de salud.
Pascual sostiene que un valor sustancial está en la creación de un ambiente comunitario. Por eso, subraya que en Navidad se organizó una ceremonia para que cocinen pollos entre todos los chicos. “Como si fuera una reunión en cualquier casa”, dice, porque en la realidad de los jóvenes que asisten al programa, las fiestas “son distintas”. “El 25 es fin de mes, donde no existe el aguinaldo ni nada, donde con suerte hay un mate cocido y una galleta”, relata.
Para Eichel, ex secretaria de Seguridad de Almirante Brown y hoy al frente de la Jefatura de Gabinete, es la principal impulsora de este programa conjunto. Explica que “es una experiencia de un círculo restaurativo para chicos en conflicto con la ley penal. Los encuentros con víctimas y damnificados son consensuados entre las partes y tiene como premisa que los jóvenes se responsabilicen y vean el daño que provocaron en el otro”.
“A través de ‘Involucrados’ queremos darle la oportunidad a quienes no la tuvieron como una forma de otorgar derechos concretos”, detalla la funcionaria.
Desde el Municipio subrayan que una de las claves del proyecto radica en el seguimiento integral y personalizado de cada participante, sostenido en una articulación permanente entre las distintas áreas del Estado, el Poder Judicial y la comunidad. Ese enfoque permitió que la experiencia fuera replicada a nivel provincial bajo el nombre “Entramados” y que sea considerada un modelo de referencia a nivel nacional e internacional.
“Una ley que no sirve para nada”
Una de las modificaciones centrales entre las que impulsa La Liberta Avanza busca bajar la edad de punibilidad, que en Argentina es de 16 años, de las más altas de Latinoamérica junto a Cuba. Después, con 14 años, siguen Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Venezuela.
Si bien no existe un criterio unificado de cuál debería ser la edad mínima de imputabilidad, el Comité sobre los Derechos del Niño en su Observación General N°24 pide que sea de 14. Es una demanda que llega en nuestro continente a Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, donde es de 13 años. Y, también, a Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá, donde es de 12.
¿Sirve bajar la edad? En términos estadísticos, Argentina, con la edad de imputabilidad más alta de Latinoamérica, tiene el índice de homicidios más bajo. Brasil, México u Honduras, topean el ránking con más de 20 asesinados cada cien mil habitantes teniendo las edades más bajas.
Para Pascual, la ley propuesta por el gobierno nacional “no va a servir para mejorar la seguridad”. “No hay resultados positivos que provengan de instituciones cerradas”, advierte. El propio ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dejó en claro por medio de una nota escrita por él que carece de sentido común centralizar el debate bajar la edad.
“Supongamos que efectivamente la edad de imputabilidad, como propone el proyecto, se fijara en 13 años. ¿Qué hubiésemos hecho en 2024 con los 40 menores de 12 años que la Policía de la provincia aprehendió por tener un arma de fuego? Si la edad mínima fuese la medida de todas las cosas, hubiesen quedado en libertad”, escribió el ministro de Axel Kicillof.
También explicó que, en 2025, la Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a menores de 10 y 11 años con armas de fuego. “¿Qué hacemos? ¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Nuestra policía de investigaciones desbarató bandas que reclutaban deliberadamente menores de 14 y 15 años para robar autos con arma de fuego. De nuevo, si la edad se fijara en 13, irían a buscar menores de 11 y 12 para cometer los mismos ilícitos”, señaló.
Además, remarcó que la normativa legal vigente permite detener menores de edad cuando comete un delito grave, como un homicidio, o un robo con arma en el cual dispara sobre la víctima.
Tiempo atrás, este diario contó la política penitenciaria bonaerense, hoy a car del ministro de Justicia, Juan Mena, precedido por Julio Alak. Ambos advirtieron que la centralidad del rol de la cárcel está en que, una vez recuperada la libertad, “no se vuelva a chorear”. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones centrales, la probabilidad de recuperar la libertad es muy elevada dada la matriz del derecho que rige el sistema penal.
Sin ir más lejos, según los datos del informe 2023 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en la provincia de Buenos Aires había 27.328 personas detenidas con condena. De ese total, el 15 por ciento tenía penas menores a los 3 años y el 35 por ciento de entre 3 y 6 años. El 21, entre 6 y 9 años, y el 14 por ciento entre 9 y 12 años. Sólo el 4 por ciento había sido condenado a reclusión perpetua.
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3 de febrero de 2026
Congreso caliente
Luis Caputo y el nuevo director del INDEC, citados a dar explicaciones por el IPC
Diputados de UxP pidieron la interpelación del ministro de Economía, y de Pedro Lines, nuevo titular del INDEC, por la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor que debía entrar en vigencia en enero de 2026.
Natalia Lopez Gomez
Diputados de Fuerza Patria pidieron la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del INDEC, Pedro Lines, por la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía entrar en vigencia en enero de 2026. El proyecto es impulsado por el diputado nacional Nicolás Trotta.
Los legisladores solicitan la presencia de Caputo y Lines para brindar explicaciones sobre la postergación del nuevo IPC elaborado por el INDEC. En la presentación también se invita a participar al director saliente del organismo, Marco Lavagna.
La convocatoria busca que los funcionarios informen verbalmente sobre la implementación del nuevo índice y respondan un extenso listado de preguntas vinculadas a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
Los fundamentos del proyecto
El diputado nacional Nicolás Trotta, autor del proyecto, sostuvo que el IPC “constituye uno de los indicadores macroeconómicos determinantes” y que tiene impacto directo en la medición de estadísticas sociales como la pobreza y la indigencia, así como en el análisis de la dinámica de ingresos y del poder de compra de salarios y jubilaciones.
En los fundamentos presentados, Trotta remarcó la “relevancia estratégica” del indicador y subrayó la importancia de la “transparencia y rigurosidad metodológica” en su cálculo, dado que el IPC incide también en contratos públicos y privados y en variables fiscales, monetarias y financieras.
Un índice basado en hábitos de hace más de veinte años
El proyecto señala que el IPC vigente se basa en una canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2004/2005. Según se explica en el texto, esa metodología refleja patrones de consumo de hace más de dos décadas y no representa la estructura actual de gastos de los hogares argentinos.
El nuevo IPC, cuya implementación estaba prevista para enero de 2026, se apoya en la ENGHO 2017/2018 y en la actualización de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP 2018), de acuerdo a lo informado en la documentación citada en el proyecto.
Los efectos en la medición real
Los diputados advirtieron que la situación “puede provocar” efectos en la medición de la inflación real, en la transparencia estadística y en la confianza de los indicadores oficiales, lo que a su vez condiciona el diseño y la evaluación de políticas públicas.
En este sentido, afirmaron que la utilización de un índice desactualizado puede derivar en diagnósticos erróneos y decisiones que profundicen la pérdida de ingresos reales.
Las firmas que acompañan
El proyecto de resolución cuenta con las firmas de los diputados nacionales Jorge Chica, Guillermo Snopek, Cristian Andino, José Glinski y Santiago Roberto, quienes acompañaron el pedido de informes y la citación de los funcionarios del área económica y estadística.
La iniciativa quedó formalmente presentada para su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se definirá la convocatoria a los funcionarios y el alcance de las explicaciones requeridas.
Trabajadores estatales pidieron cuidar la independencia del organismo
La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado -INDEC rechazó la decisión del Poder Ejecutivo de frenar la actualización del IPC. En una declaración pública, advirtió que la medida se tomó a pocos días de una publicación clave y que altera procesos técnicos que deberían desarrollarse sin interferencias políticas.
Desde el gremio señalaron que existen herramientas para mantener la comparabilidad de las estadísticas sin postergar la actualización y remarcaron que usar patrones de consumo de hace más de veinte años afecta la calidad del indicador.
También subrayaron que las estadísticas públicas inciden en salarios, jubilaciones y políticas sociales, y reclamaron la publicación inmediata del nuevo IPC, mayor transparencia y el respeto a la autonomía técnica del INDEC para garantizar información confiable para toda la sociedad.
