Una auditoría detectó sobreprecios de hasta 4000%
Coimas en la Andis: qué dice el informe del propio Gobierno que complica aún más a Spagnuolo
El Ministerio de Salud detectó facturas infladas en ortopedias y sillas de ruedas y entregó la información a la justicia. El mecanismo de corrupción es casi idéntico al que operaba con los medicamentos de alto costo, cuyo “3 por ciento” iba para la Rosada.
Las coimas y los sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad no se limitaban a las licitaciones en los medicamentos de alto costo. La banda que encabezaba Diego Spagnuolo, el exabogado personal de Javier Milei que confesó que “el 3 por ciento va para Karina y Lule (Menem)”, también metía la mano en la lata de las ortopedias, los implantes y las sillas de ruedas. Lo curioso es que esta vez la información sobre la corruptela no surgió de los avances en el expediente en manos del fiscal Franco Piccardi sino que provino de un exhaustivo informe del propio Gobierno. La operatoria quedó al descubierto gracias a una auditoría interna realizada por el Ministerio de Salud, que descubrió facturas infladas en más de 800 expedientes, todas ligadas a un puñado de empresas, y las aportó a la causa Andis, donde ya se acumulaban varias pruebas en el mismo sentido.
De acuerdo al informe, al que accedió Página/12, el mecanismo para el robo en el rubro ortopédico era casi calcado al de los medicamentos: la banda direccionaba las licitaciones hacia un puñado de empresas específicas, y hacía facturar los insumos con sobreprecios gigantescos, para luego repartirse el botín; el círculo se completaba con jugosas coimas y porcentajes que recibían los funcionarios e intermediarios que garantizaban el funcionamiento del esquema, tanto desde dentro como fuera del organismo.
En este caso, según el informe de Salud, hubo seis empresas beneficiadas: Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.., BYMAX MEDICAL y Expo Trauma. Algunas de esas firmas funcionaban como pantallas de otras para la triangulación y el reparto de negocios; y prácticamente todas ellas, igual que como sucedía en el caso de los sobreprecios en medicamentos de alto costo, tuvieron y tienen aún en sus directorios a personajes vinculados con los propios exfuncionarios de la Andis.
La firma Expo Trauma es el ejemplo más concreto para entender cómo funcionaba el esquema. La auditoría permitió detectar que el Estado llegó a pagar sobreprecios de hasta 1800% por una silla de ruedas, que se facturaba a 18 millones de pesos cuando su valor real publicado en sitios de internet no pasaba de los $950 mil. Solo por unas ocho sillas de ruedas a la empresa se le pagaron 134 millones de pesos, cuando el valor de todas sumadas no debió haber sido de más de $11.270.000
Pero además, Expo Trauma aparece fundada por Emilio César Olguin, un empresario que a su vez figura como director suplente en otra de las empresas del esquema, Cirugía y Ortopedia IMNOVA S.A. Al mismo tiempo, Expo Trauma comparte domicilio fiscal con Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia IMNOVA S.A. e IMECO S.A. Más turbio imposible: el domicilio en cuestión, sito en Av. Lacroze 2911, piso 2, CABA, funciona un lavadero de autos.
Para cerrar el círculo, el nombre de la empresa aparece en los cuadernos que se le secuestraron a uno de los cabecillas de la banda, Miguel Ángel Calvete, el único de los procesados que está preso (en su caso, por una causa por proxeneta). En el marco de la causa que investiga Piccardi, además, “Expo Trauma” figura de manera textual como destinataria de “ofrendas” al lado de un número, $400.700.000, que le envía a Calvete Daniel Garbellini, quien fuera el número dos en la estructura de la Andis debajo de Spagnuolo.
En otro de los casos también hay vínculos familiares: Martim Goncalo Armella, el presidente de Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., resultó ser el hijo Evangelina Ileana Garcia, a su vez a cargo de Artrobone Ortopedia S.A.
Así, el grupo armaba la misma farsa que los laboratorios con los medicamentos. “Esta interconexión, al ser analizada en conjunto con los desvíos de precios detectados, sugiere la existencia de una maniobra de simulación de competencia. La presentación de presupuestos de empresas vinculadas entre sí bajo un mismo dominio familiar y domiciliario busca otorgar una falsa apariencia de legalidad a los procesos de compra. Este mecanismo anula la posibilidad de que el organismo acceda a valores competitivos, transformando las compulsas en meros trámites administrativos para validar precios fijados arbitrariamente por el proveedor”, concluye el informe, que fue incorporado al expediente Andis a mediados de abril.
Según pudo saber Página/12, desde la justicia recibieron con buenos ojos el informe del propio Gobierno respecto del caso de corrupción de sus propios funcionarios y catalogaron la información como “valiosa” para el avance de la causa. La pregunta que sigue es por qué Ejecutivo incurre en este caso en casi un acto de autoincriminación, y la respuesta hay que buscarla --por más que los voceros de la Rosada lo nieguen-- en la interna que sacude al “Triángulo de Hierro”, que ya no es tal.
Otra lectura es que los sobreprecios fueron tan escandalosos y están tan bien documentos que al Gobierno no le quedó más remedio que colaborar, sobreactuando en parte su rol. Por otro lado, la Rosada ya había demostrado interés es despegarse del caso al cerrar la Andis y convertirla en una mera secretaría de Salud, con un interventor mandatado en las auditorías, aunque también fue una excusa para seguir con el ajuste en el discapacidad, que no se detiene.
La defensa de Spagnuolo --nombrado al frente de la Andis por decisión de Javier y Karina Milei-- hasta ahora se basó en cuestionar la investigación basándose en que los audios en que se lo escucha hablar de las coimas fueron generados por IA, lo que invalidaría todo el proceso. El juez Ariel Lijo ordenó un peritaje, pero la investigación siguió avanzando. Si el planteo de Spagnuolo ya era flojo de papeles, ahora fue el propio Ejecutivo el que aportó nuevas pruebas que lo incriminan, empujando el expediente hacia adelante.
En ese marco, en las próximas semanas, el fiscal Piccardi espera seguir adelante con las indagatorias. Ya pasaron por Comodoro Py Spagnuolo y Garbellini, entre otros. En total son los 19 procesados. El informe del ministro fue incorporado a esas indagatorias.
Sobreprecios del 4000 por ciento
En total, el Estado pagó unos 180 mil millones de pesos en las licitaciones investigadas, que incluyeron desde sillas de ruedas hasta insumos médicos de alta complejidad. Por ejemplo:
*En la compra de Válvulas bicaval transcatéter: la empresa Farma Salud S.R.L. recibió un pago de $425.000.000 por un modelo que el PAMI había adjudicado semanas anes por por $124.200.000. Esto representa un sobreprecio del 242 por ciento.
*Endoprótesis aortobílica e ilíaca: Una unidad fue adjudicada también a Farma Salud por $369.800.000, cuando el valor de referencia en licitaciones del PAMI para el mismo insumo era de 36.400.000. Un 242% de incremento.
*Hay un caso que llama la atención por la magnitud del choreo. Por la prótesis para el beneficiario Reinoso Alexis, la empresa Ortopedia Bernat S.R.L. facturó un importe de $12.150.000,00. Según el análisis comparativo de la auditoría, este monto representa un sobreprecio del 4.239% respecto al valor de referencia obtenido en el mercado para un equipo de prestaciones idénticas.
En el caso de Farma Salud, que fue la empresa mas beneficiada (por unos $7900 millones), hay otro dato que completa la trama: su presidente es Osmar Mariano Caballi, que fue director de la Andis durante unos pocos meses del gobierno de Alberto Fernández, antes de pasarse al otro lado del mostrador. En ese aspecto, siguió los mismos pasos (del privado al Estado, del Estado al privado) que los propios Garbellini, Calvete y hasta Pablo Atchabaian, otro de los pesos pesados del caso, que fue titular del Incluir Salud durante el macrismo. Cababbli declaró este lunes, sin aportar más que un escrito negando las acusaciones.
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