1 de octubre de 2026

La oposición pedirá una sesión para darle el tiro de gracia al mega DNU de Milei en Diputados

Los bloques del arco opositor enfrentados a la Casa Rosada elevaron un pedido para abrir el recinto de la Cámara baja y rechazar el decreto de Javier Milei, que ya fue descartado por el Senado. La estrategia del oficialismo.

La oposición dura de la Cámara de Diputados trabaja en un pedido de sesión con la intención de derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei. Esta acción fue la consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó un amparo que frenaba el artículo 154 de la decisión presidencial, que eliminaba la ley de Tierras.
El mega DNU de Milei, firmado en su primer mes de gobierno, ya fue rechazado por la Cámara de Senadores en marzo de 2024. Si la Cámara baja lo rechaza, el decreto caerá definitivamente.
Con el fallo en carne viva de la Corte, la reunión de comisiones en la que ingresó el proyecto de "Soberanía Nacional" de Milei, producto de su momentanea malvinización a raíz del enojo de Donald Trump con Reino Unido, fue el canal de expresión del malestar de la oposición dura con la decisión del máximo tribunal y el DNU del Presidente.

"Quiero saber cuál es el cronograma que ustedes que piensan, porque, además, le quiero comunicar que este debate lo vamos a tener que compatibilizar con un elemento central, porque nosotros seguramente, vamos a pedir una sesión para rechazar el DNU 70/23", adelantó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, en el marco del plenario de comisiones donde se inició el tratamiento del proyecto sobre de "Soberanía Nacional".

"Estamos firmando y vamos a ponernos a trabajar el número", adelantó a El Destape en horas de la tarde una voz del arco opositor. Según conjeturaron dos fuentes interesadas en bajar el DNU, la fecha tentativa para la sesión sería el 15 de octubre.

Sin embargo, el oficialismo también tiene una idea como para enfrentar la avanzada de la oposición. Fuentes parlamentarias comentaron a este medio que LLA podría apelar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que se ratificaría la vigencia de la ley de Tierras.

La iniciativa de LLA es una propuesta similar a la que propuso vía X el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto, aunque el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri proponía hacerlo en el proyecto de Soberanía Nacional. Desde la oposición descreyeron de la efectividad de la jugada oficialista. "Es un proceso de dos meses", observaron, señalando que el texto de Propiedad Privada necesita, primero un dictamen, luego ser aprobado, y devuelto al Senado. 

La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tenía el estigma de haber sido redactada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Su sanción en el Senado significó una victoria pírrica para el oficialismo, ya que uno de los artículos que tuvo que sacrificar fue el que vaciaba, precisamente, la ley de Tierras. A raíz de esto, los proyectos redactados por el "Coloso" pasaron al freezer legislativo.

A la avanzada de la oposición en Diputados, se suma la presentación de un proyecto de ley del interbloque Popular del Senado para que se derogue el DNU 70/23, la plena vigencia de la ley de Tierras, y declarar que cualquier acto jurídico o transferencia de dominio realizada en contravención a dicha norma estará sujeta a sanciones.

El Destape

El archivo que condena a la senadora

Las contradicciones de Bullrich: de impulsar la ley de Tierras a defender la extranjerización

Aunque ahora defiende a capa y espada la derogación de la ley de Tierras, en 2010 proponía un debate urgente para regular y fijar límites y topes a la extranjerización.

 Agustin Golman

“Propiedad no es soberanía”, repetía Patricia Bullrich meses atrás para convencer a sus colegas senadores de que votaran la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con el capítulo que derogaba la ley de Tierras. “Los extranjeros no tienen límites en la cantidad de departamentos que pueden comprar”, insistía, sin éxito y con un argumento manipulador: intentaba confundir el remate de recursos estratégicos no renovables con una operación inmobiliaria común y corriente.

Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei que derogó la ley de Tierras, la senadora consideró que fue un error intentar avanzar con un proyecto específico de derogación antes del pronunciamiento de la Justicia.

“Hay un tema importante que es un aprendizaje para nosotros. Si nosotros tenemos un DNU dictado por el Gobierno y ese decreto aún está en la Justicia, quizás haber llevado adelante la ley de propiedad privada en la que estaba el capítulo de tierras fue apresurado”, dijo, en un mensaje dirigido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor intelectual del megaDNU y de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Pero esta Bullrich recargada, filosa y alfil parlamentario de Milei contrasta con la Bullrich que hace apenas una década y media atrás reclamaba junto con Elisa Carrió el tratamiento de una ley para establecer límites a la compra de tierras de parte de capitales extranjeros.

Aquel episodio quedó registrado en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados el 11 de agosto de 2010. Allí pedía el tratamiento sobre tablas de una serie de proyectos, ya que no habían sido aprobados en comisión. “Ambos se refieren al régimen de restricciones y límites a la adquisición de dominio de los inmuebles rurales”, planteaba Bullrich entonces.

Se trataba de un proyecto de ley de Carrió para limitar la venta de tierras argentinas a manos extranjeras.

En esa sesión, ella misma lo defendió: “Se presentó allá por el año 2000, en virtud de la necesidad de saber con precisión quiénes son los propietarios de tierras en la Argentina. Tuvo su origen en la Federación Agraria, lo presenté en 2001. Lo seguimos presentando a lo largo de 10 años y nunca un gobierno permitió apoyarlo. Pero como ahora el ministro (Julián) Domínguez ha dicho que es un tema importante me parece que después de diez años se puede tratar con o sin despacho de comisión”.

A grandes rasgos, el proyecto de Carrió exigía un tiempo prolongado de residencia legal en el país antes de que los extranjeros fueran habilitados a comprar extensiones de tierra, para evitar especulación inmobiliaria y evitar que los fondos extranjeros aprovechen devaluaciones locales para comprar millones de hectáreas. También establecía que se debía certificar el origen del dinero, para comprobar que no proviniera de actividades ilícitas.

La ley de Tierras de Carrió también prohibía las compras especulativas y establecía topes del 10 al 15 por ciento para la venta de tierras a extranjeros, y la prohibición de hectáreas donde hubiera fuentes de agua dulce o acuíferos estratégicos, así como los límites en zonas de frontera.

Esos proyectos confluyeron en la ley de Tierras que se discutió en el Congreso en 2011 y fue aprobada por una amplia mayoría.

Sin embargo, Bullrich y Carrió votaron en contra de la ley impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bajo el argumento de que implicaba una delegación de poderes al Poder Ejecutivo para otorgar autorizaciones, la falta de un catastro antes de fijar prohibiciones y los supuestos grises de la norma en la protección de recursos estratégicos.

Pero ahora Bullrich está en contra de esa mirada que defendía en 2010 y 2011.

“Es ridículo pensar que porque un extranjero tenga dos departamentos o dos fábricas perdemos soberanía. Propiedad no es soberanía”, argumentó en agosto, durante el debate de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, reforzando su comparación entre el proceso de extranjerización de tierras y recursos con la compraventa de propiedades.

“Es absurdo pensar que se van a quedar con el agua y los recursos naturales. El acceso al agua está garantizado bajo todas las leyes argentinas”, dijo Bullrich, quien sostuvo que la ley de 2011 sólo sirvió para “disuadir la inversión” por la pérdida del valor de las tierras. “Lo queremos recuperar porque la tierra tiene que valer más de lo que vale”, afirmó.

Pagina 12

Una oscura trama que llega hasta Trump

Tras una acusación de Estados Unidos, detuvieron al fiscal que investiga a Cerimedo en Bolivia

El fiscal general Roger Mariaca fue arrestado durante un operativo sorpresivo cuando bajaba de un avión en Sucre. El Ministerio Público boliviano lo denunció como “un secuestro”. “No se está respetando la institucionalidad del Estado”, afirmaron.

En una sospechosa trama que envuelve al exconsultor argentino Fernando Cerimedo, al Departamento de Estado estadounidense y a las autoridades de investigaciones contra el narcotráfico en Bolivia, un sector de la policía de ese país detuvo al fiscal general Roger Mariaca durante un operativo sorpresivo al que el Ministerio Público boliviano calificó de “ilegal”.

Mariaca es quien acusó e investiga a Cerimedo, y fue privado de su libertad al pie de un avión en la ciudad de Sucre luego de que la Casa Blanca le revocara los visados bajo la imprecisa acusación de intentar “socavar gobiernos elegidos democráticamente”.

La maniobra fue informada ayer por Página/12 como un intento del gobierno de Donald Trump por proteger al exconsultor político de Javier Milei, del convicto Jair Bolsonaro y del ultraderechista mandatario boliviano Rodrigo Paz.

Cerimedo sigue con prisión preventiva en Bolivia por ser el principal acusado del intento de asesinato que sufrió su expareja Nadia Beller, en agosto último.

El arresto del fiscal

Fue Mariaca, como titular del Ministerio Público boliviano, quien se puso al frente de ese caso y desde entonces soportó presiones que escalaron a nivel internacional. En las últimas horas, el Departamento de Estado le revocó sorpresivamente la visa y lo incluyó en una lista de 21 altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú acusados de “corruptos”.

Horas después de esa acusación, un sector de la Policía Boliviana lo aprehendió mientras aguardaba un vuelo para trasladarse de Sucre a Santa Cruz “para cumplir con su agenda institucional”.

Pero la turbiedad del caso continuó cuando funcionarios del Ministerio Público boliviano convocaron a una conferencia de prensa para denunciar el carácter “ilegal” del “secuestro” de Mariaca, y hombres encapuchados y con chalecos de la CEIP (Centro Especial de Inteligencia Policial) coparon la sede de esa institución para allanar y detener a todo el personal judicial.

“Queremos denunciar el secuestro del fiscal general del Estado y la vulneración de los derechos humanos”, dijo un funcionario de la Fiscalía mientras un grupo de uniformados interrumpió la conferencia de prensa.

“Se están vulnerando los derechos y no se está respetando la institucionalidad del Estado, luego de que de manera cobarde se procedió al secuestro de nuestro fiscal general”, insistió el funcionario mientras los hombres armados se desplegaban por los despachos oficiales desoyendo las exigencias de los fiscales.

Junto a Mariaca, también fue aprehendido el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, sin que por ahora el gobierno boliviano ni la Policía tampoco hayan brindado alguna información oficial al respecto.

La trama detrás de la persecución a Mariaca

Si bien los motivos de la aprensión de Mariaca y Zeballos se desconocen, no pocos lo vinculan al caso Cerimedo, que además de estar acusado por tentativa de asesinato a Nadia Beller y enriquecimiento, también fue señalado como parte de una trama de protección y colaboración a narcotraficantes del departamento de Beni, fronterizo a Brasil.

Las pruebas de esta acusación son audios presentados por el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, cuya difusión fue previa a la decisión del Departamento de Estado de acusar a Mariaca de “poner en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo de socavar las instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo, busca fortalecer”.

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y vinculó la decisión de Washington con las “implicaciones” que tuvo dentro y fuera de Bolivia el caso Cerimedo. Hasta el Gobierno boliviano calificó de “graves” esas acusaciones y pidió a Estados Unidos la información correspondiente.

En octubre de 2024, Mariaca fue elegido fiscal general de Bolivia para un periodo de seis años, por el anterior Legislativo, en el que tenía la mayoría el entonces oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Legislativo boliviano tiene prevista una sesión para analizar la información que envíe Estados Unidos y la posible conformación de una comisión que investigue esas acusaciones.

Pagina 12

Publicó un comunicado

La Corte tuvo que salir a defender su fallo sobre la venta de tierras a extranjeros

En un hecho inédito, el máximo tribunal difundió una aclaración para “despejar dudas a la opinión pública”. Tras el fuerte rechazo a su resolución, argumentan que “solo se decidió un aspecto procesal” al no aceptar la legitimación del CECIM y remarcan que no afecta a otras medidas cautelares en trámite.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación salió a defender el alcance de su fallo que habilitó la venta de tierras a extranjeros al dejar vigente el DNU 70/23 de Javier Milei. En su comunicado cuestionó los “discursos de odio y descalificación” surgidos en torno a la controversia sobre el régimen legal de tierras.

El máximo tribunal difundió una aclaración dirigida a la opinión pública con la finalidad de “despejar dudas” generadas a partir de la sentencia y remarcó que en el caso “solo se decidió un aspecto procesal”, referido a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar.

Según explica el comunicado, la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” de la Corte y no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.

Además, señala que el fallo tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras solicite una medida cautelar, cuya procedencia deberá ser resuelta por el juez competente.

“Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, sostuvo la Corte.

Al igual que en su cuestionado fallo, el máximo tribunal indicó también que la sentencia no obstaculiza la actuación del Congreso en el tratamiento de ese aspecto del DNU 70/2023 y recordó que la norma fue rechazada por el Senado el 14 de marzo de 2024 y está siendo examinada por la Cámara de Diputados.

Finalmente, la Corte también insistió con que aún no se pronunció sobre la cuestión de fondo de la habilitación de la venta de tierras a extranjeros sin un límite. Los supremos agregaron que se expedirán”cuando lleguen los reclamos correspondientes".

El fallo de la Corte que despertó indignación

El fallo firmado el martes por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz se basó en una formalidad: rechazaron la legitimación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para impulsar una acción colectiva contra el artículo del DNU70 de Milei que habilitó la venta de tierras a extranjeros sin límites .

Pero en la práctica lo que hizo fue reactivar la posibilidad de la venta a personas no argentinas de cualquier territorio nacional, sin ningún límite. El tema había tenido que ser abandonado por el Gobierno, que tuvo que retirar de su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debido a la presión social.

De hecho, tras la bandera de Malvinas en el Mundial, el propio Milei dio un giro discursivo para presentarse como un abanderado del reclamo y hasta envío un proyecto de Ley de Soberanía al Congreso.

El fallo de la Corte volvió a poner al Poder Legislativo en acción. La oposición en Diputados busca convocar a una sesión especial para voltear definitivamente el DNU 70/23, que ya fue rechazado en el Senado.

El comunicado completo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional”:

I). En el caso sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar; y se ajusta estrictamente a todos los precedentes de esta Corte Suprema.

La sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales.

Tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente.

Los grupos de interés que presionan sobre el tema, también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales.

Tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y, está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación.

II) La Corte Suprema ha ejercido un liderazgo en la a protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años, y no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto. La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia.

III). La controversia referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737, (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales”, no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente.

La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento. De modo que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen.

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Tratan de explicar lo inexplicable, el "Que se vayan todos" debe poner a esta corte en primer lugar.

30 de septiembre de 2026

El curioso yerro de la policía local

Máximo Kirchner: “Mientras rematan el país, siguen intentando disciplinarnos”

El diputado y líder de La Cámpora fue demorado dos horas en San Luis por un supuesto pedido de secuestro de su auto, que resultó ser un error. “No se cansan, nosotros tampoco”, dijo.

Mientras viajaba hacia San Juan para participar de un conversatorio del Partido Justicialista en esa provincia, el diputado Máximo Kirchner fue demorado durante dos horas en San Luis. Los efectivos policiales alegaron que el auto en el que circulaba tenía un pedido de secuestro por la causa Hotesur, que en realidad había quedado sin efecto. Finalmente, al constatar el error, lo dejaron seguir viaje. El referente de La Cámpora aclaró el episodio en sus redes sociales y denunció que “mientras rematan el país, la policía, la justicia y anda a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos”.

Kirchner remarcó que el vehículo con supuesto pedido de secuestro es el mismo “auto modelo 2007 que uso habitualmente” para recorrer el país. “Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata”, aseguró.

Posteriormente, continuó relatando que “en un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo”, reveló.

El imprevisto se extendió por más de dos horas en las que el legislador nacional, contó, permaneció esperando a un costado de la ruta “a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto”. Finalmente, las fuerzas de seguridad le permitieron seguir viaje.

Para Máximo Kirchner, el supuesto error de los efectivos se trató de un intento de disciplinamiento por parte de “la policía y la justicia” que continúan “rematando el país”, en referencia al reciente fallo de la Corte Suprema que anuló la cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras. “No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, cerró el diputado.

Kirchner estará presente en San Juan el jueves 1 de octubre para encabezar una actividad junto a dirigentes y militantes de La Cámpora y continuará en la sede del Partido Justicialista (PJ) a las 18 horas en el marco de la mesa de trabajo “La Argentina que viene”. Lo acompañarán el exgobernador Sergio Uñac, la senadora nacional Celeste Giménez y el diputado nacional Cristian Andino.

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 Ahora quiere ser un jubilado

Espert se acoge a una “maldita” moratoria

El exdiputado José Luis Espert se presentó en la oficina de Anses para acogerse a la ley 27.705 para comprar los aportes que no hizo en toda su vida. El hombre que maldijo las moratorias termina sumándose a una.

Raul Kollmann

José Luis Espert no hizo un aporte jubilatorio en toda su vida. O sea, siempre trabajó en negro, realizó -supuestamente- fabulosas consultorías y nunca hizo los aportes correspondientes. Solo tiene registrados algo más de los 4 años de las cargas sociales que le pagó el Estado cuando fue diputado. Por lo tanto, Espert se presentó en la oficina de Anses de San Isidro para ver si puede acogerse a los beneficios de la ley 27.705, dictada durante el gobierno de Alberto Fernández. Para los previsionalistas, es una moratoria, o sea que Espert se suma a lo que su gobierno, el de Javier Milei, repudia, desecha y considera a los jubilados por moratoria como jubilados de segunda o tercera clase. La norma del gobierno del Frente de Todos permite comprar aportes anteriores a diciembre 2012 y con eso completar los 30 años de aportes que le permitirían acceder a una jubilación que no será la mínima, pero le pegará en el palo. Lo que le suma son los aportes por el buen sueldo que tuvo como legislador. Espert tiene que pagar toda la moratoria junta, es decir, lo equivalente a los 25 años que le faltan: unos 9 millones de pesos. En la oficina de Anses nadie entendía la lógica de la gestión, porque lo que hoy cobraría, unos 700.000 pesos, no le alcanzan a Espert ni para pagar una partecita mínima de los gastos de su suntuosa casa de Beccar, valuada en 487.000 dólares, que compró justito después de tomar contacto con el condenado estafador y lavador de dinero Federico Fred Machado, aún preso en Estados Unidos.

En realidad, no es seguro que Espert complete el trámite. Tiene que pagar la totalidad antes del 21 de noviembre, cuando cumple 65 años, y estar en condiciones de jubilarse. Es una cláusula obligatoria de la ley: se pueden comprar años de aportes, pero el día del cumplimiento de la edad jubilatoria tiene que estar todo pagado. De manera que recién se sabrá si se jubila el 21 de noviembre cuando cumpla edad y siempre que haya pagado los 25 años que compra.

Tras décadas de hablar violentamente contra el Estado y las moratorias, el exdiputado termina consumiendo lo que señalaba como veneno: una moratoria y los únicos aportes de relevancia, que fueron los que pagó el Estado cuando fue diputado. El resto, lo evadió.

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El truco de Galperín para quedarse con la plata de ANSES

Marcos Galperin juega con la desesperación de jubilados, madres, niños y desempleados y les ofrece ganar 20 millones de pesos a cambio de que cobren su prestación de ANSES por Mercado Pago. Pueden participar chicos desde 13 años de edad, según se estipula en las bases y condiciones del sorteo. Sorteos millonarios y préstamos usurarios.

Marcos Galperin juega con la desesperación de jubilados, madres, niños y desempleados y les ofrece la ilusión de ganar 20 millones de pesos a cambio de que cobren su prestación de ANSES por Mercado Pago.
“¡$ 20.000.000 pueden ser tuyos! Cobrá ANSES en Mercado Pago y participá del sorteo”, notifica la plataforma a sus clientes. ¿Cuál es el truco? Para Galperín y Mercado Pago esos 20 millones de pesos mensuales son una inversión mínima al lado de los miles de millones que pueden obtener al quedarse con estos ingresos. ¿Cómo? Lo explicó en detalle el abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor cuando Galperín empezó a captar los fondos de las Asignaciones Familiares. Es así: “Es muy simple: La ANSES liquida los beneficios el día 16 de cada mes y ese día transfiere el dinero a los bancos y, desde ahora, a esa plataforma. Pero los beneficios se cobran a partir del primer día hábil del mes posterior. O sea que, desde el día 16 de un mes, hasta el primer día hábil del mes siguiente, los bancos y ahora Marcos Galperín, ese mismo que, igual que Clarín y La Nación, no pagan cargas sociales porque las triangulan con IVA, o sea, que desfinancian a la seguridad social, ponen el dinero de la seguridad social que es de todos los argentinos a hacer negocios que le da intereses a él, pero que no impactan en los beneficios que después paga”.

Un negocio redondo para Galperín: recibe el dinero, lo timbea 2 semanas, gana más dinero y simula generosidad con un sorteo de 20 millones de pesos mientras, obviamente, no reparte la que ganó “moviendo” esa plata antes de pagar las jubilaciones y asignaciones. “En mi país, ganamos todos con Mercado Pago”, dice el lema del nacido en Argentina más rico. Pero gana solo él.

Un negocio que le habilitó Javier Milei.

En lugar de informar esto, otro de los trucos de Galperín para captar las asignaciones de ANSES es ofrecer que las paga 2 días antes. “Si empezás a cobrar en Mercado Pago a partir de septiembre de 2026, vas a recibir tu prestación 2 días hábiles antes de la fecha, durante los primeros 6 meses”, dice la web de Mercado Pago. Pero, como explica Fernández Pastor, tienen el dinero desde mucho antes.

Fernández Pastor afirmó que “el presidente Milei y el Director Ejecutivo de ANSES Mariano de los Heros le entregaron el negocio a alguien que tiene una exención para no pagar las cargas sociales. Todo ello, con la excusa de que el sistema ‘no es sustentable’, pero le regalan los intereses a quien lo hace menos sustentable. Si eso no merece que los muchachos del Ministerio Público Fiscal investiguen, no sé qué lo merece”.

“Se deja expresamente establecido que Mercado Pago es el único y exclusivo organizador de la presente Promoción”, cierran los términos y condiciones del sorteo. Pero no es tan así: no habría sorteo sin el favor de Milei.

Tal vez por eso es la sintonía entre el presidente y el tecnomagnate. Esta semana Milei compartió una foto de una protesta donde se proponía cobrarles más impuestos a los ricos. Y escribió: “Dime en una imagen que sos envidioso y resentido. ¿Desde cuando un pecado capital como la envidia se convirtió en una virtud? Es más, la justicia social no es más que envidia con retórica. El día que ser envidioso y resentido vuelva a ser una vergüenza seremos grande (sin la s) de nuevo”.

Galperín retuiteó ese posteo de Milei, pero no le hace asco a captar las asignaciones que son parte de la justicia social. Te ofrece cobrar todo lo que pasa por ANSES. Incluye:

  • Asignación Universal por Hijo
  • Beca Progresar
  • Voucher
  • Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia
  • Ingreso Familiar de Emergencia
  • Desempleo
  • Prestación Previsional
  • PEUN
  • Asignaciones Familiares
  • Refuerzo Ingreso
  • Programa Hogar
  • Programa Ingreso Social con Trabajo

Todo tiende al engaño. Por ejemplo, esta iniciativa no aplica para “Salta, Mendoza, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Jujuy y Tierra del Fuego”. Pero recién se pueden enterar si entran a los términos y condiciones específicos del sorteo, a varios clicks de distancia.

Galperín habilita a participar desde los 13 años, para que incluso los niños apuren a sus madres para que le entreguen el dinero que cobran directo de ANSES. Los requisitos son: 1) que sean usuarios de Mercado Pago; 2) “que no se encuentren percibiendo al momento de la publicación de estos Términos y Condiciones por parte de ANSES ninguna asignación y/o cualquier otra prestación en Mercado Pago”; 3) que hayan apretado el botón “quiero participar”; 4) obviamente, que hayan optado por “la billetera de Mercado Pago como nueva forma de cobro en Mi ANSES para el cobro de asignaciones y/o cualquier otro tipo de prestación otorgado por ANSES”.

En una de las notificaciones a las que accedió El Destape se informa que la vigencia del sorteo es en el mes de septiembre y se realizará el próximo 15 de octubre.

Préstamos usurarios

Obviamente cada uno puede elegir qué hacer con su dinero. Pero la desesperación juega. Y Galperín lo sabe. Por eso en la app además de recibir notificaciones como la referida al sorteo de 20 millones de pesos para cobrar ANSES en Mercado Pago, el usuario también tiene a su alcance en un click el incentivo para tomar créditos millonarios a tasas muy altas. Por ejemplo, en la pantalla central, apenas debajo de donde se informa el dinero en cuenta, se puede recibir el ofrecimiento de una tarjeta de crédito (“Gratis y con $3.670.000 de límite”, según el caso que constató este medio) a créditos personales “para usar como quieras” o “Dinero Plus para pagar en 28 días”. A solo un click está la simulación. El siguiente click ya invita a tomar directamente el crédito. En el segundo préstamo, se ofrecen 300 mil pesos para 28 días. ¿Cuánto se debe devolver en el caso que constató El Destape? 344.554,52 pesos. Esto arroja un interés del 14% mensual, lo que supera el 150% anual.  

Por créditos de esta calibre (y mucho peores), la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) realizó una demanda contra Mercado Pago. La presentación la realizó el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, que se hizo eco de 2 casos de mujeres menores de 30 años. Uno de una joven que tomó un préstamo de 8.000 pesos para comprarle unas vinchitas a su hija y terminó debiendo 127.000 pesos en aproximadamente un año, es decir, más de un 1.300%. Y el de otra joven, vulnerable, que se endeudó en 50.000 pesos para comprar pañales y acumuló una deuda de 700.000 pesos, según explicó a El Destape Mariano Amore, vicepresidente de ACFRA. La demanda, presentada en la Justicia Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires en los primeros días de septiembre, apunta al presunto cobro de intereses abusivos.

En diálogo este medio, Amore explicó: “El objetivo de nuestra demanda es primero acreditar el interés desmedido que se cobró en los 2 casos particulares que presentamos. Ahora estamos a la espera que le den traslado a Mercado Pago para que conteste. Luego solicitaremos una medida cautelar para que cesen estos cobros desmedidos sobre esta dos personas”. Y agregó: “Mercado Pago no informa de forma clara la tasa ni el costo financiero total en los préstamos que ofrece. A la vez, paga 20% de interés anual para utilizar el dinero del usuario pero cobra tasas para prestarlo que superan el 1.300%”.

Es tanta la cantidad de morosos durante la gestión de Milei (muchos endeudados con Mercado Pago) que en proyectos de ley sobre Endeudamiento Familiar, como el que propuso la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, se dedica un artículo exclusivamente al accionar que puedan tener las plataformas como la de Marcos Galperín con quienes tengan deudas y a su vez ingresos de Anses en la misma app. ¿Qué se propone? La “Intangibilidad de los ingresos y prestaciones de carácter alimentario”. ¿Qué se busca con esto? Que “las sumas acreditadas en cuentas bancarias o de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar, las prestaciones correspondientes al Plan 1000 Días y las demás prestaciones actuales o futuras que tengan carácter alimentario serán intangibles y no podrán ser afectadas mediante débito automático, débito directo, cobro con transferencia, DEBIN, códigos de descuento u otros mecanismos destinados a la cancelación de cuotas de préstamos, créditos o financiaciones”. Porque la usura es total.

Por todo esto es central, siempre, leer la letra chica. En la app de Galperín, esa letra minúscula dice así: “Mercado Pago ofrece servicios de pago y no está autorizado por el Banco Central a operar como entidad financiera. Los fondos acreditados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni están garantizados conforme legislación aplicable a depósitos en entidades financieras”. Si algo falla no hay seguro.

El Destape