Denuncian a autoridades políticas, policías de la Ciudad y agentes federales por la feroz represión
La CPM contabilizó más de 1.500 heridos y realizó una denuncia por la represión, el nuevo ataque a una fotógrafa que cubría la marcha y “la detención masiva de personas de forma arbitraria”. El Gobierno hizo una contradenuncia por “delitos contra el orden constitucional”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una denuncia penal para que se investigue a las autoridades políticas y a agentes de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía de la Ciudad que participaron de la feroz represión que se desató este jueves en los alrededores del Congreso mientras se votaba en el Senado la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
La denuncia de la CPM, que quedó radicada en el juzgado federal Nº 10 de Comodoro Py, hace foco en el gran despliegue que tuvo la represión, el nuevo ataque de las fuerzas de seguridad a una fotorreportera que cubría la marcha y en “la detención masiva de personas de forma arbitraria”.
Desde el organismo de derechos humanos, que monitoreó el operativo, contabilizaron más de 1.500 heridos, entre los que se cuentan integrantes de la propia CPM: “Ocho integrantes de nuestro equipo de monitoreo y 18 del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios que asistían a las víctimas también fueron alcanzados por los gases y los disparos con postas de goma”, se precisó en el escrito que ingresó este viernes a tribunales. En total hubo 28 detenidos de los cuales, al momento de escribirse esta nota, 15 habían sido liberados.
La presentación fue firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García –los dos primeros, presidentes; el segundo secretario ejecutivo de la CPM-. Y apuntó contra los responsables del operativo y sus ejecutores por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En diálogo con El Destape, Roberto Cipriano García explicó: “La represión fue una de las más cruentas y salvajes de los últimos meses con un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad, que incluyó a la Policía de la Ciudad, de la Federal, Prefectura y Gendarmería, que reprimieron en múltiples ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires”. “Relevamos más de 1.500 personas heridas afectadas, entre las que se encuentra el caso muy grave de la fotoperiodista que aparentemente recibió un disparo de postas de la policía, cae y se golpea. Obviamente, la cifra de heridos es mayor porque desde la Comisión no estábamos en todos los frentes de la represión”, agregó. Y precisó que desde la CPM relevaron que durante el operativo se lanzaron “al menos 100 granadas de gas lacrimógenos, gas pimienta” y atendieron a “más de 40 personas con disparos de postas de gomas”. A su vez, contabilizaron 28 detenciones, 21 a cargo de fuerzas federales y las restantes 7 de la policía porteña.
El secretario ejecutivo de la CPM, que estaba presente en la marcha cuando se desató la represión, precisó que el avance de las fuerzas de seguridad “se inicia sin ninguna razón, las personas cantaban sobre las vallas, y frente a eso tiraron los hidrantes. Después, ante la represión, hubo gente que reaccionó y ahí salieron de atrás de las vallas y desplegaron todo el aparato represivo”.
Cipriano García también resaltó que detectaron infiltrados: “Observamos personas que se meten en la marcha, que tiran cosas y después los vemos con la policía, infiltrados de las fuerzas de seguridad, una práctica recurrente que vemos desde que empezó la política represiva con el protocolo antipiquete”.
La denuncia de la CPM que ingresó este viernes a Comodoro Py no es la única que realizarán por el operativo del jueves. Según pudo reconstruir El Destape, desde el organismo están elaborando una segunda presentación con detalles sobre la brutal represión.
Una feroz represión: 1.500 heridos y otra vez una fotógrafa herida de gravedad
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y monitorea los operativos de seguridad de las manifestaciones. En ese rol, y como lo hizo en otras ocasiones, este jueves por la noche realizó una denuncia penal para que se investigue a los responsables de la feroz represión contra quienes se manifestaban para defender la soberanía nacional. El escrito fue asignado a un juzgado este viernes.
“Venimos a denunciar el accionar de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y fuerzas federales conjuntas, convocadas para el ‘operativo de seguridad’ desplegado sobre la manifestación pacífica en virtud de la denominada ‘ley de tierras y propiedad privada’ del día jueves 6 de agosto de 2026, por los hechos de represión sobre las personas, personal fotográfico, periodistas que provocaron lesiones y graves traumatismos, como asimismo la detención masiva de personas de forma arbitraria”, comienza la denuncia presentada por la CPM a la que accedió El Destape.
Desde la CPM apuntaron contra los agentes que “integran el comando unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación”, quienes actuaron “de forma ilegal e ilegítima” y, según los denunciantes, impidieron o limitaron derechos constitucionales como la libertad de expresión y el “peticionar a las autoridades”.
“Hacemos saber que, en el marco de la presente manifestación, y en función de las tareas de monitoreo en función del organismo parte del mecanismo de contralor descrito, hemos verificado acciones y estrategias en el uso de la fuerza que se reiteran como prácticas a lo largo de las maniobras represivas de las fuerzas que actúan en comando conjunto en las manifestaciones llevadas adelante en la zona del Congreso de la Nación, como asimismo las detenciones masivas y arbitrarias, las cuales resultan al margen de los límites legales y constitucionales, resultando las mismas ilegítimas, desproporcionadas e infundadas”, resaltaron en el escrito.
En esta primera denuncia hicieron foco en el episodio que tuvo otra vez a una fotógrafa como víctima del desmedido accionar policial. El caso de esta fotorreportera, cuyo nombre se resguarda, recordó lo sucedido con Pablo Grillo, el fotógrafo que también fue víctima de la represión del gobierno de Milei y por el que en la actualidad el gendarme Héctor Guerrero deberá enfrentar un juicio oral, acusado de disparar y casi ocasionarle la muerte al joven durante la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025. La causa por ese episodio continúa abierta en pos de determinar responsabilidades en la cadena de mando del operativo. Entonces, la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. Hoy lo es Alejandra Monteoliva.
“Resaltamos que nuevamente resultó herida de gravedad, al menos, una de las personas que se encontraba efectuando labores de fotografía en una zona lateral y en la vereda, precisamente en la calle Lima y Av de Mayo, y que en razón de su función y tarea, integra el grupo de especial protección por normativa internacional, siendo el Estado el que debe garantizar su libertad de expresión y ejercicio de derechos de información y libre circulación, en lugar de reprimir y afectar su integridad psicofísica, circunstancia que ya fuera advertida por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, se destaca en la presentación de la CPM.
Otro ataque a un fotógrafo que retrataba la represión
De acuerdo a la denuncia de la comisión, la fotógrafa fue atacada por las fuerzas policiales a las 19:50, cuando estaba trabajando sobre la vereda de la calle Lima y Avenida de Mayo. La fotorreportera estaba intentando apartarse de la zona en la calle Lima cuando “ante la fuerte represión y disparos de goma indiscriminados, se cae al piso golpeándose la cabeza, ocasionando un traumatismo y sangrado”. Según narró Cipriano García a este medio, las fuerzas de seguridad continuaron disparando hacia esa zona donde él también estaba y resaltó que allí no había manifestantes, sino solo periodistas, fotógrafos e integrantes de las postas de la CPM.
En la denuncia se relata qué sucedió una vez que cae la fotógrafa producto de la represión. “Personal de esta CPM y luego del CEPA, que estaba cerca del lugar, la atendió” para “detener el sangrado, colocar un vendaje sobre su cabeza, en conjunto con la asistencia general primaria sobre la misma”. “Es dable expresar que antes de la asistencia referida, personal policial de CABA se acercó y logró acreditar el delicado estado de salud, pero no asistió a la misma, sino que solo modularon por radio sobre la situación y se alejaron del lugar”, se agregó en la presentación. “Ante la urgencia y gravedad de las lesiones y su estado de salud general, se decidió llamar a la ambulancia del SAME, pero en los primeros intentos no tomaba el llamado para aceptar la asistencia, sino luego de que una médica matriculada peticionara de forma urgente por el riesgo a la integridad de la misma, se logró la asistencia, cuya presencia del SAME para el traslado resultó luego de unos minutos. Luego del arribo de la ambulancia del SAME (dominio AD 255 VP) se decidió el traslado e ingreso al Hospital Argerich”, se abundó en pos de que se investigue lo sucedido.
Responsabilidad de autoridades políticas
En la denuncia penal se pidió que, además de investigar quiénes ejecutaron los disparos, se investigue también a los responsables políticos de la feroz represión. “Resulta deber del Estado abrir y efectuar una investigación que de forma exhaustiva, imparcial y efectiva determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Es que las fuerzas de seguridad no actuaron de forma azarosa. Para los denunciantes, "se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de Seguridad, que formulan la orden de servicio y coordinan el comando conjunto de las fuerzas”.
“La verificación reiterada y conjunta del uso ilegal y desproporcionado de la violencia pública por medios diversos, como la utilización irregular de armas menos letales, así como la portación de armas reglamentarias en el marco de un escenario de protesta social, confiesan la orden y autorización por un mando jerárquico de las acciones”, añadió la comisión en su presentación.
Por tal motivo reclamó que “se investigue y esclarezca las conductas de los funcionarios políticos” que intervinieron, “quienes tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir”.
En esta línea, la CPM requirió a la Justicia que tome diversas medidas de prueba como que los ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad informen la “nómina de las autoridades y personal policial asignado al cumplimento del operativo de seguridad” así como “copia de la capa de radio policial y órdenes de actuación de las autoridades de las fuerzas de seguridad”. También que el SAME de CABA, CEPA y el Hospital Argerich “remitan todas las constancias médicas y demás documentación de interés respecto de la atención” brindada a la fotorreportera atacada.
En la denuncia se recordó el antecedente de Enrique Mathov, el exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, quien terminó detenido por su responsabilidad política en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El accionar de las fuerzas de seguridad dejó como saldo en todo el país una treintena de muertos y derivó en el final de la presidencia de Fernando De la Rúa. En septiembre de 2024, la Corte Suprema dejó firme la condena contra Mathov a 4 años y 3 meses de prisión por el homicidio culposo de 3 personas en la causa en que se abordó la responsabilidad política y de las fuerzas de Seguridad en ese histórico operativo represivo.
Por su parte, desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) emitieron un comunicado este viernes en el que advirtieron sobre "el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza" en el operativo del jueves "que incluyó balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y la utilización de camiones hidrantes que afectaron a manifestantes y transeúntes, de modo masivo".
"La gravedad de los hechos incluyó la represión y persecución a manifestantes en un radio que excedió ampliamente los perímetros de corte vehicular, disparando por arriba de la cintura y apuntando a la cabeza a muy poca distancia. Asimismo, el uso desproporcionado de la fuerza se prolongó incluso por casi cinco horas", se añadió.
En el comunicado se informó que el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura "intervino a través de los monitoreos realizados por el Mecanismo Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -organismo que entrevistó a todos los detenidos-, la CPM y el CNPT".
Los patrones represivos que se repiten
La represión de este jueves “se inscribe en la serie que estuvo marcando el gobierno de Milei desde diciembre de 2023 y que aparece cada vez que hay una discusión central para el Ejecutivo en el Congreso y un fuerte rechazo de la sociedad”, consideró ante El Destape Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cada vez que se da ese escenario, “hay una represión absolutamente desbordada en las calles”, añadió Darraidou, quien recordó lo que sucedió durante el tratamiento legislativo de la Ley Bases, cuando se dio un accionar represivo similar.
A la hora de analizar lo sucedido, la especialista marcó “patrones que se repiten” y “emergentes”, es decir, elementos que no se veían en operativos anteriores.
“Están los patrones que se repiten: el uso abusivo de las armas menos letales; gases lacrimógenos al rostro; disparos de bala de goma al rostro, la zona del pecho, órganos vitales del cuerpo; los camiones hidrantes para dispersar la protesta”, enumeró Darraidou. También mencionó que se repitió “la represión especial a trabajadores de prensa”. No solo se refirió al ataque a la fotógrafa que terminó con una lesión seria en el cráneo, sino también al ataque con gas pimienta a fotorreporteros que registraban una detención arbitraria.
Luego resaltó que “también aparecieron situaciones como emergentes: camiones hidrantes hasta para apuntar a un colectivo que circulaba en la vía pública y policías levantando casquillos de los disparos producidos”, citó como ejemplo.
La contradenuncia del gobierno para criminalizar la protesta
El gobierno de Milei, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó una contra-denuncia penal para defender la feroz represión que desató en las inmediaciones del Congreso: reclamó a la Justicia que investigue un atentado al orden constitucional y si hubo organizaciones participando en ese accionar.
Con las firmas de Germán Pugnaloni, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, y Lisandro Franco, Director de Normativa y Legislación de la Dirección Nacional, desde el Ejecutivo requirieron a la Justicia que abra una investigación por “atentado contra el orden constitucional” por los hechos sucedidos el jueves.
“Un cúmulo considerable de manifestantes arrojaron piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban apostados en el lugar, en el marco de sus tareas de prevención y a fin de garantizar el orden, la seguridad y el ejercicio regular del derecho a manifestarse de aquellos ciudadanos que se apersonaran pacíficamente en el lugar”, resaltó la presentación que el gobierno utiliza para contrarrestar las acusaciones que suma en tribunales.
En la misma línea se indicó que “durante el transcurso de la jornada legislativa, la ciudadanía ha sido testigo de actos violentos y antidemocráticos que podrían haber tenido por fin establecer un escenario de estrépito en la comunidad, con el posible objetivo de inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa que se estaba llevando a cabo”. “Estos comportamientos antidemocráticos que colisionan contra la República podrían configurar la comisión de los delitos de Daño Agravado (art.184 en función del art.183 del CP); Atentado al Orden Constitucional y a la Vida Democrática (art.226 del CP); Atentado a la autoridad Agravada (art.238 en función del art.237 del CP); Resistencia a la Autoridad (art.239 del CP). Dichos ilícitos a su vez podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales”, agregaron en pos de sembrar miedo e intentar disuadir próximas manifestaciones.
En el escrito se pide a la Justicia que “individualice a los responsables y a las eventuales organizaciones que pudieran encontrarse detrás de los hechos denunciados”. Podría intentarse una "cacería judicial" si el gobierno logra que en esta causa intervenga un fiscal federal que actúe según sus intereses, como suele hacerlo Carlos Stornelli, por ejemplo.
El gobierno de la Ciudad también se posicionó en un rol de víctima y en un comunicado señalaron que hubo oficiales heridos y que “grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas”. ¿Qué dijo respecto al rol de su fuerza de seguridad? “Que la Policía de la Ciudad intervino para repeler las agresiones”.
Ante este escenario, Victoria Darraidou, del CELS, no dudó en afirmar a El Destape que la denuncia del gobierno nacional por atentado contra el orden constitucional “es una criminalización fuerte hacia quienes protestan”. “Se repite el patrón de criminalizar fuertemente a quienes se manifiestan en la calle con figuras delictuales desmedidas”, añadió.
Algunos de los interrogantes que se abren a partir de ahora son si el gobierno logrará que en Comodoro Py algún funcionario judicial le haga el juego a su insólita denuncia; y si podrá obstaculizar que avancen las presentaciones contra quienes ejecutaron la brutal represión.
El Destape
