Este caso está en plena impugnación de AUBASA por la desestimación discrecional de su postulación para la licitación de la concesión de los 1.325,17 km del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur (RN 3 desde el GBA hacia el sur provincial, RN 205, RN 226, y accesos críticos como la Autopista Ricchieri, Autopista Ezeiza- Cañuelas, y Autopista Newbery). El gobierno avanza igual e incluso dejó que se viera por varias horas cuánto había tarifado la empresa que depende de Axel Kicillof. La irregularidad debería hacer caer la licitación y que empiece de nuevo. Milei frenó casi toda la obra pública y la poca que hace está llena de maniobras turbias.
La publicación del monto de la oferta de AUBASA fue denunciada la semana pasada por Pablo Ceriani, gerente general de la empresa. El documento, al que tuvo acceso El Destape, fue dirigido a la Comisión Evaluadora del Ministerio de Economía, a cargo de esta licitación.
En el texto Ceriani denuncia esta esta “grave irregularidad (…) consistente en la publicación y visibilizacón indebida -a través de la plataforma CONTRAT.AR- del valos de la tarifa ofertada por AUBASA en la Etapa N°1 (Sobre N°2), información que reviste carácter estrictamente reservado y cuya divulgación resulta violatoria de los principios rectores de la contratación pública”.
En la denuncia se detalla que “el sistema exhibía públicamente el valos de la tarifa ofertada por AUBASA”, que esto “únicamente puede ocurrir una vez que se encuentran firmes y consentidas las decisiones adoptadas en la etapa de precalificación” que, según el mismo sistema, está en etapa de impugnaciones.
La tarifa ofertada por AUBASA, muestra la denuncia, fue pública hasta el 14 de abril a las 15.30hs. “La información no solo fue visible, sino potencialmente capturable, descargable y replicable por cualquier usuario, lo que torna imposible reconstruir la igualdad competitiva del procedimiento” dice el documento firmado por Ceriani.
La demanda acompaña capturas de pantalla donde se ve claramente el monto presentado por AUBASA (tachado para que no siga circulando), algo que no tiene que verse en esta etapa de la licitación.
“La divulgación prematura del valor de la tarifa ofertada por AUBASA -en cualquier circunstancia y a través de cualquier medio- destruye irreversiblemente la igualdad entre los oferentes en la etapa económica, toda vez que los demás competidores, sus asesores o cualquier persona interesada habrían podido tomar conocimiento del valor ofertado por AUBASA antes de que se produzca la apertura formal del Sobre N°2”, describe la denuncia. Agrega: “La situación denunciada configura la más grave de las asimetrías posibles: el conocimiento anticipado de la oferta económica del competidor”.
Para las autoridades de AUBASA, “la sola posibilidad de conocimiento anticipado de la oferta económica de un competidor es suficiente para invalidar la competencia, sin necesidad de acreditar su utilización efectiva”.
El pedido de AUBASA es claro: la nulidad de la licitación y que se investigue a los responsables de la filtración.
Discriminación
El argumento del gobierno para seguir adelante con la licitación es esperable: dirán que más allá de que se conociera la oferta económica de AUBASA eso no invalida el proceso porque su propuesta fue desestimada y no compite con las demás. Pero los documentos revelan que esa desestimación no tuvo ninguna explicación más que el encono de Milei con Kicillof.
Los motivos que la gestión Milei esgrime para dejar afuera a AUBASA no figuraban en el pliego original de esta licitación. Fueron agregados el 6 de febrero de este año. Aún así, no justifican el apartamiento de AUBASA.
Según la documentación oficial, los pliegos se cambiaron para agregar que el ganador de la licitación debe: “a) Acreditar experiencia de al menos diez (10) años en la ejecución de obras viales; b) Acreditar determinada certificación anual en obras viales, mediante contratos y certificados de obra emitidos por los comitentes que avalen las tareas efectivamente ejecutadas”. En el dictamen que deja afuera a AUBASA dice que “de la documentación acompañada no surge que el oferente haya ejecutado por sí las obras invocadas para acreditar dichos extremos. Por el contrario, se verifica que tales obras habrían sido ejecutadas por un tercero, en el marco de contrataciones efectuadas por AUBASA en su carácter de concesionario”.
El dictamen que discrimina a AUBASA agrega: “En este sentido, cabe señalar que la exigencia del Pliego refiere de manera inequívoca a la ejecución directa de las obras por parte del oferente, lo que implica la realización material de los trabajos y la asunción de las responsabilidades técnicas, económicas y contractuales propias de un contratista principal”. La clave es la palabra “directa”, que no figura ni en el pliego ni en la modificación al pliego. Difícil que sea una exigencia “inequívoca” cuando ni está mencionada.
Para el gobierno de Milei “la participación indirecta (subcontratación) no resulta suficiente para acreditar experiencia en los términos exigidos, en tanto no demuestra la capacidad técnica propia del oferente para llevar adelante obras de la magnitud requerida”. AUBASA, creada en 2013, tiene las concesiones de la autopista Buenos Aires-La Plata, la autovía 2 y las rutas provinciales 11, 63, 56 y 74, todo el corredor que va de CABA a Mar del Plata por adentro y por la costa. Obras y expertise no le faltan.
De hecho, las concesionarias de autopistas no suelen ejecutar obras de manera directa, como alegan desde el gobierno pese a que ni figura en el pliego de licitación. El economista Roberto Arias recordó en su cuenta de X que “las principales operadoras del mundo no funcionan así. Empresas privadas como Autopistas del Sol o Autopistas del Oeste, o estatales como Corredores Viales o AUSA, no son constructoras. Son compañías especializadas en gestionar infraestructura, con fuerte componente de ingeniería, operación y tecnología, enfocadas en garantizar viajes seguros y eficientes. Cuando hay que construir, contratan. Lo mismo si hay que instalar un sistema de control de tránsito o de cobro de peajes. Exactamente lo mismo hace AUBASA”.
Arias agregó: “Hoy, el principal accionista de Autopistas del Sol es Abertis, un líder global que gestiona miles de kilómetros de autopistas en Europa, Estados Unidos y América Latina. Bajo este mismo criterio, si Abertis se presentara, también quedaría afuera: no es una constructora, no ejecuta obra directamente. Gestiona. Llevado al absurdo: si concesiono un hospital, ¿debo exigir experiencia en construir hospitales? Si concesiono una línea de colectivos, ¿debo pedir que fabriquen colectivos? No tiene ningún sentido”.
La Secretaría de Transporte, que quedó bajo la órbita del ministro de Economía Luis Caputo, sacó un comunicado donde dice que “el proceso se desarrolla bajo estrictos criterios de transparencia, seguridad jurídica y evaluación objetiva, en línea con la normativa vigente y los estándares técnicos definidos en los pliegos”.
Para explicar la discriminación a la empresa pública bonaerense, escribieron: “Una de las 4 empresas desestimadas para dicho tramo fue Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”.
Y desde las usinas de Caputo agregan: “En primer lugar, una de las exigencias esenciales de la licitación es acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras. Este requisito no es una formalidad, sino una condición central para garantizar que quien asuma la concesión cuente con los recursos, la experiencia y la estructura necesarios para ejecutar las obras, gestionar equipos, asumir responsabilidades constructivas y responder adecuadamente ante eventuales contingencias operativas”. Lo cierto es que “ejecución directa” no figura en el pliego de licitación.
En el sistema la licitación figura “en proceso de impugnación” pero el gobierno anunció que avanzará igual.
Milei sigue empecinado en frenar cualquier desarrollo vinculado a Kicilllof. El berretín va desde el robo de fondos que le pertenecen a la provincia de Buenos Aires con la complicidad de la Corte Suprema, que demora la resolución de 8 demandas presentadas por Kicillof, hasta el bloqueo de cualquier inversión o proyecto en territorio bonaerense. Lo hizo con la megamillonaria inversión de la petrolera malaya Petronas en Bahía Blanca en sociedad con YPE, que quiso mudar a un desierto en Río Negro y terminó en nada. Lo hace ahora al dejar afuera a AUBASA, empresa provincial, de la licitación por los corredores viales, lo que puede terminar en otro causa judicial.
El Destape
