14 de agosto de 2026

Eliminación de las PASO y reunionismo: el peronismo primereó a LLA, que no puede activar en el Senado

Luego de que la principal fuerza opositora reuniera a sus principales figuras para rechazar la reforma electoral, el oficialismo continúa tentando a aliados y gobernadores, pero sin terminar de convencerlos para que avance su iniciativa en la Cámara alta.

Dos reuniones movieron el tablero político en las últimas horas y tocaron la campana de largada para el año electoral: la de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa; y la de la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) con la del PRO. El cónclave del peronismo tuvo como saldo un alineamiento para resistir el proyecto de reforma electoral que quiere impulsar el gobierno de Javier Milei, pero que se encuentra trabado en el Senado por la falta de acompañamiento de los gobernadores y bloques aliados.
Esta mañana se reunieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem, el titular de Diputados, Martín Menem;  el titular del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo; al secretario General del PRO, Fernando de Andreis. Este cónclave es una consecuencia del contacto que mantuvieron el lunes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el líder del partido amarillo, el ex presidente Mauricio Macri.
"Esta articulación responde a una coincidencia profunda: avanzar con las reformas que la Argentina necesita y desterrar al kirchnerismo para impedir que vuelva a destruir el país”, declaró Santilli tras el encuentro en Casa Rosada. Al márgen de que se debatió el trabajo legislativo, las declaraciones dan a entender la intención de las partes de avanzar en un nuevo entendimiento electoral en 2025 entre el oficialismo y su aliado premium. Según señalaron a El Destape fuentes al tanto de lo debatido, entre violetas y amarillos no se trató la reforma electoral. 

Hubo una tercera reunión en las últimas horas, de carácter más rutinario que las de LLA y el PRO y la cúpula peronista: la de Santilli con los gobernadores del norte. El jefe de Gabinete es el representante de la Casa Rosada en la negociación con los jefes provinciales para que estos accionen sobre sus senadores.

"Se lo tocó al pasar al tema pero sin mucho énfasis", dijeron desde el entorno de un gobernador del norte, respecto al encuentro al que asistió Santilli. En la semana en la que LLA detonó puentes con aliados durante el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un senador oficialista comentaba en estricto off the record que el Jefe de Gabinete tenía un panorama complejo, ya que "se te unen los gobernadores que tienen senadores y se hacen mucho más fuertes". El texto enviado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, había cosechado rechazo de senadores que responden a gobernadores con sintonía con la Casa Rosada como Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Sáenz), Rolando Figueroa (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), de ruptura reciente con su ex jefe político Carlos Rovira.

Los participantes de la reunión del norte grande incluyeron a varios de los que la Casa Rosada tiene que convencer. Fuentes que responden a Passalacqua afirman que está en contra de eliminar de la reforma electoral. Si bien Jalil quiere eliminar las PASO, Jaldo quiere sostenerlas. Contrapunto similar tienen dos radicales, Carlos Sadir (Jujuy) quiere la suspensión y Juan Pablo Valdés (Corrientes) tildó a las primarias como "un gasto innecesario". En el bloque de senadores del partido centenario prima la postura del jujeño. En el caso del PRO, insistían en una interna partidaria sin carácter obligatorio: una PAS.

Lo cierto es que el peronismo primereó al oficialismo en su resistencia contra el proyecto de la Casa Rosada, que se encuentra en punto muerto y que Javier y Karina Milei creen que puede ser la llave para dirimir las internas de la principal fuerza opositora. Por lo pronto, el sostenimiento de las PASO logró reunir a Kicillof y a Máximo Kirchner.

"Milei está dispuesto a todo para tratar de eliminarlas o suspenderlas y nosotros creemos que es una herramienta importante a sostener para generar el diseño de una estrategia electoral amplia, potente y convocante, que lejos de buscar un carácter monocolor, que podamos expresar todas las tonalidades que tiene nuestro espacio político", señaló, en declaraciones al streaming Carnaval, el jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.

El Destape

Nuevos datos complican al Gobierno por el desvío de fondos

Votos y pagos, la práctica que se hizo sistemática

Pagano amplió la denuncia contra el Gobierno por la compra de apoyos en el Congreso a cambio de recursos a las provincias para las rutas. Las pruebas de la metodología libertaria.

Irina Hauser

La votación de la Ley Bases, en junio de 2024, activó una compuerta que comenzó a ser abierta y cerrada por decisión del Gobierno para repartir fondos a aquellas provincias que ayudaran al oficialismo (con apoyo, audiencias o abstenciones funcionales) a lograr la sanción de las leyes modelo del ajuste. En una ampliación donde describe una suerte de sistema de venta de votos a cambio de recursos destinados a arreglar rutas y otras obras viales, la diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, incluyó una serie de cuadros y cálculos que ilustran la sistematicidad con la que se habría aplicado esta metodología.

La denuncia de la legisladora les había tocado por sorteo al fiscal Franco Picardi y al juez Julián Ercolini. Pero este último certificó otras demandas anteriores, y es posible que envíe el expediente al juez Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli, que recibieron la denuncia de otra diputada, Victoria Tolosa Paz, quien había hecho una presentación poco antes por la subejecución y el posible desvío de los fondos del Sistema Vial Integrado (SisVial). Serían 1,038 billones de pesos que no se aplicaron para la finalidad de las obras viales, sino que fueron a parar al sistema financiero en nombre del “equilibrio fiscal”.

Como informó este diario, los desembolsos para gobernadores “aliados” se dispararon entre un 350 y 400 por ciento, es decir, se pagaron cuatro veces más que la media de los días de pago, según el análisis de Pagano. El Ministerio de Economía giró 68.042 millones de pesos en esas fechas sensibles a provincias que le facilitaron sus objetivos a la administración libertaria.

Pagos y votos en 2024

Pagano describió que el fideicomiso para cuestiones viales, que se nutre del impuesto a los combustibles que pagan quienes van a cargar nafta, no tuvo movimientos hasta el 10 y 11 de junio de 2024. En rigor, explicó, se trata de un dinero que no puede retener según la propia conveniencia. ¿Qué pasaba en esa fecha? Era la víspera de la votación de la Ley Bases en el Senado, que tuvo un empate en el que Victoria Villarruel desempató, mientras en la calle había una represión salvaje; en los días posteriores se liberaron 5.367 millones de pesos.

Cada voto afirmativo fue decisivo y quienes dieron apoyo, recibieron dinero: Santa Cruz, Río Negro y Misiones. Para la sanción definitiva en Diputados, casi dos semanas después, se pagaron 3.262 millones de pesos, de los cuales 992 millones fueron para el corredor vial Tucumán-Salta-Jujuy-Catamarca-Chaco-Formosa.

El 9 de octubre de ese año, la Cámara de Diputados blindó el veto a la ley de financiamiento universitario. El mismo día de la votación se liberaron 3.186 millones de pesos para obras viales para dos provincias que fueron claves con su apoyo al Gobierno: Tucumán y Misiones. El 12 de diciembre, Vialidad de Misiones cobró “el cien por ciento de lo que esa provincia cobró en todo el año (3.192 millones de pesos), en plena negociación de las sesiones extraordinarias”, señaló Pagano.

Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano
Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Archivo -

En los períodos considerados “ventanas” de tres días (antes, durante y después de la votación), se concentró el 35,3 por ciento de todo lo pagado en el año en apenas diez jornadas.

Más votos y más pagos en 2025

La votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en marzo de 2025, derivó, 48 horas después, en el reparto de 6.596 millones de pesos, de los cuales 3.885 fueron a Santa Cruz.

El proyecto de Ficha Limpia (que el Gobierno quería hacer naufragar) derivó en la distribución de 7.895 millones de pesos, incluido un único pago a Jujuy de un récord de 7.343 millones (el mayor que recibió una dirección de vialidad provincial). Misiones recibió 797 millones después de la media sanción en Diputados, pero sus senadores ayudaron después a voltear el proyecto. Luego, en agosto, se sumó la distribución de 20.983 millones de pesos entre provincias aliadas.

“La ventana de la reforma del régimen de DNU (que tuvo, a favor del gobierno, la caída de un artículo) registró 4.919 millones de pesos. Misiones concentró 2.536 millones”. A fin de diciembre, se giraron 11.416 millones, con Jujuy a la cabeza, que recibió 6.908 millones. Fueron pagos en el tercer y cuarto día después de la sanción del Presupuesto 2026 en el Senado.

Un engranaje que se repite en 2026

En febrero, con la media sanción de la Reforma Laboral en el Senado y el Régimen Penal Juvenil en Diputados, hay giros de fondos viales por 17.139 millones de pesos. Esta reforma tuvo tres votaciones, pero el grueso de los pagos se concentró en la primera. Las restantes registraron 290 y 426 millones. Para la reforma de Ley de Glaciares, se detectaron 12.551 millones de pesos

Ante los proyectos de Ley Hojarasca y Zonas Frías también hubo movimiento: 14.096 millones de pesos entre el 19 y el 21 de mayo. En el caso de la segunda: la contratista José J. Chediack S.A.I.C.A. (RN 34, Jujuy) cobró el 97,5 por ciento de sus 11.988 millones de pesos dentro de las ventanas; la Dirección Provincial de Vialidad de Salta, el 93,9 por ciento y la de Tucumán, el 66,2. Esos tres desembolsos (43.786 millones de pesos) representan el 52,7 por ciento de los pagos de obra del período en nueve días que representan apenas el 6,4 por ciento del calendario.

Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano
Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Graficos que forman parte de la denuncia de Marcela Pagano Archivo -

Por su parte, el Consejo de Vialidad de Santiago del Estero cobró el 100 por ciento de sus 9.867 millones de pesos en exactamente tres días entre febrero, abril y mayo. Pagano cree que es un caso distinto, donde tal vez por negociaciones para maquillar la maniobra general se le dieron importantes sumas a una provincia que no acompañaba las votaciones del oficialismo.

Los otros hallazgos

En la denuncia figuran dos hallazgos adicionales. En ocasiones, los fondos fueron recibidos por las direcciones de vialidad locales y, en otras, por las contratistas.

Para ilustrar sus conclusiones, Pagano ejemplifica con el caso más completo, el de Misiones: “sus diputados acompañaron la media sanción de Ficha Limpia (12/2) y vialidad provincial cobró al día siguiente; sus senadores voltearon el proyecto en el Senado (7/5); sus diputados se abstuvieron en el veto jubilatorio (20/8) y la provincia cobró seis días después”. A la vez explica: “la coincidencia de fechas no prueba por sí sola el pacto; lo que lo prueba o lo descarta es el cotejo, certificado por certificado, entre la fecha en que cada pago era exigible y la fecha en que se liberó, que está en poder del Estado y que esta parte ya pidió”.

Por eso, entre las medidas que ella reclama, pide el análisis de toda la documentación que avala los giros y, además, las certificaciones de obra y la verificación de su concreción. En Tucumán, señala, es conocido el estado deplorable de los caminos que todavía no fueron reparados pese a todo el dinero recibido para ese fin.

Pagina 12

Un gobierno antiargentino: el 66% cree que Milei no defiende la soberanía

Un estudio muestra que dos tercios de los argentinos cuestionan a LLA por sus políticas antinacionales. El efecto de la bandera por Malvinas en el Mundial.

El 65,7 por ciento de los argentinos considera que las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei no representan los valores de soberanía nacional ni están alineados con la defensa de la patria.

El contundente dato refleja la mirada que la población tiene respecto de las “posturas y decisiones” de la administración de La Libertad Avanza (LLA) a nivel general, particularmente tras el impulso del proyecto de extranjerización de la tierra y los cuestionamientos que la Casa Rosada hizo sobre la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas por parte de la Selección de fútbol argentina.

La cifra es resultado de una medición nacional realizada durante la segunda semana de agosto por la encuestadora privada Zuban-Córdoba, que reveló que los dos tercios de los argentinos cuestionan al mileísmo por sus políticas antinacionales.

Solo un 21 por ciento entiende que la gestión hace más presente los valores de soberanía y defensa de la patria, mientras que el 11,3 considera que permanecen igual.

Archivo -

Pero la encuesta no solo pone en tela de juicio las políticas del Gobierno sino que también da cuenta de la percepción de la sociedad sobre sí misma.

El estudio indicó que el 54,1 por ciento considera que el valor de “soberanía nacional” está hoy “más presente que antes” en la sociedad. El 25,8 por ciento de los consultados sostuvo que ese valor se mantiene “igual que antes” y el 17,3 que está “menos presente”.

Esta percepción es más marcada entre las mujeres (59,8 por ciento) y aumenta con la edad de los consultados: 59 por ciento de los mayores de 60 años cree que el valor de soberanía nacional recobró su relevancia; el resto son jóvenes de 16 a 30 años.

La encuesta también midió el valor de “defensa de la patria”. El 48,3 por ciento afirmó que esa idea está más presente que antes, el 28,1 sostuvo que se encuentra igual y el 20,1 que está menos presente.

En este caso, la percepción también varió según la edad. Entre los jóvenes de 16 a 30 años, el 36,6 por ciento consideró que la defensa de la patria está más presente, otro 36,6 dijo que está igual, y el 52,3 por ciento corresponde a mayores de 60 años.

La encuesta de la consultora privada Zuban-Córdoba fue realizada entre el 8 y el 10 de agosto y plantea un contraste en una sociedad que evalúa negativamente al gobierno de Javier Milei en materia de soberanía nacional y defensa de la patria.

Pagina 12

El acuerdo entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa

Cuáles son las bases y condiciones de la unidad peronista

En la cumbre de Retiro, delinearon la hoja de ruta hacia el 2027. Los amplios límites de la coalición para enfrentar a Milei y la defensa de las PASO para dirimir las internas. El mensaje a los gobernadores, el debate por los desdoblamientos y la “sana competencia”.

Sebastián Cazón

La cumbre peronista del martes por la noche definió un método para llegar competitivos al 2027. Tras casi cuatro horas de conversación entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y un grupo de gobernadores, hubo acuerdo en construir un espacio opositor lo más amplio posible, habilitar la participación de todos los sectores con aspiraciones electorales y preservar las PASO como mecanismo para dirimir los eventuales enfrentamientos. También hubo coincidencia en evitar los desdoblamientos provinciales para fortalecer la ofensiva nacional. El entendimiento trazó una hoja de ruta y estableció un pacto de convivencia interna: “Que haya una sana competencia”. ¿Lo respetarán?

“Estamos dispuestos a trabajar todos juntos y ofrecer una alternativa muy distinta a la que tiene Milei”, sintetizó el senador José Mayans, uno de los organizadores del cónclave. En el peronismo entienden que la respuesta al proyecto libertario pasa por construir una coalición lo suficientemente amplia como para perforar los techos electorales. De ahí que no busquen limitar la participación, sino poner en juego los distintos proyectos internos. Incluso mantienen abiertas las puertas para los gobernadores peronistas que, cada tanto, se pintan de violeta: el tucumano Osvaldo Jaldo, el salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil y el misionero Hugo Passalacqua, este último –ahora– con un perfil más opositor. “Tengo la tarea de conversar con algunos compañeros del norte argentino para que se puedan ir incorporando paulatinamente a este esquema donde ellos tienen que sentirse protagonistas”, expresó el riojano Ricardo Quintela, asistente de la cumbre y encargado de acercar posiciones.

A construir el bloque

A estos cuatro mandatarios se les pide, principalmente, que no acompañen la reforma política de Javier Milei. La suspensión de las Primarias facilitaría la fragmentación de la oferta opositora, le arrebataría al peronismo un mecanismo esencial para dirimir su interna y allanaría el recorrido electoral de La Libertad Avanza. “Los que apoyen a Milei en la eliminación de las PASO van a tener que hacerse cargo de cuatro años más de sufrimiento de la gente”, sentenciaron en la reunión. Las negociaciones para construir el bloqueo legislativo ya comenzaron. La intención es emular la articulación que se logró en el debate por la ley de Tierras. Jaldo, a priori, ya se manifestó en contra. Jalil aceptaría removerlas, pero solo si hay un amplio consenso. El quiebre entre el exgobernador Carlos Rovira y Passalacqua puso en suspenso los votos de los senadores misioneros que Karina Milei contaba a su favor. El panorama, por lo tanto, está abierto.

El consenso en torno a las Primarias supone una buena noticia para la estrategia de Kicillof. El bonaerense propone que cada sector del peronismo aproveche los próximos meses para ganar músculo y que sea el escenario electoral, llegado marzo, el que determine quién está en mejores condiciones de competir. Si no prospera una candidatura de unidad, y todo parece encaminarse en esa dirección, la disputa se trasladará a las urnas. En principio, la lista de posibles contendientes va desde Kicillof, Massa y Wado de Pedro hasta Quintela, Uñac y Gerardo Zamora. “Que se presente el que quiera, el que se sienta con ganas. Eso se acordó”, contó Mayans y llamó a que cada propuesta sea considerada “un aporte” y no “un enemigo”. Amplitud hacia afuera, competencia hacia dentro.

No sobra nada

La discusión sobre el calendario electoral también ocupó un lugar central en el debate del hotel Emperador. Con Milei como principal adversario, hubo coincidencia en la necesidad de aunar esfuerzos y evitar el desdoblamiento de los comicios provinciales. El objetivo es que las elecciones locales puedan traccionar votos hacia la contienda nacional, bajo la premisa de que el margen es exiguo. El diagnóstico tiene un antecedente cercano: en 2023, Sergio Massa obtuvo 37 puntos y quedó a apenas tres de derrotar a Milei en primera vuelta. En el peronismo entienden que, en un escenario de simultaneidad electoral, aquel resultado podría haber sido diferente. Por eso sostienen que la unidad no debe limitarse a confluir en un mismo frente, sino también a articular campañas y sincronizar fechas de sufragio.

Primer paso

Después de una larga etapa marcada por las peleas internas, el peronismo ensayó una tregua. Tanto el kirchnerismo como el entorno de Kicillof destacaron el resultado del encuentro en Retiro. “Iniciamos una dinámica de trabajo y eso es altamente positivo. Además, que tenga esta lógica de verse las caras. Porque la política se hace cara a cara”, resaltaron cerca de Cristina Kirchner. “Poder concretar una reunión por un tema puntual, coincidir en el diagnóstico y también en los pasos a seguir es un avance importante. Por supuesto, quedan muchos otros asuntos por discutir”, resumieron en la gobernación.

Fue, en definitiva, un primer paso. El peronismo todavía no resolvió la discusión por las candidaturas ni mucho menos las disputas por la conducción del espacio. Sin embargo, consiguió algo que hasta hace poco tiempo parecía lejano: establecer las bases y condiciones para librar la batalla sin romper el frente interno.

Pagina 12

12 de agosto de 2026

Minería: el Gobierno eliminó el monitoreo ambiental y participación ciudadana

El Ejecutivo avanza en su agenda desregulatoria: suprimió programas de fiscalización ambiental, desarrollo minero y participación social.

Con el amparo de la Ley de Bases, el gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste en las capacidades del Estado para mitigar el impacto ambiental de la industria minera. A través de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, el Gobierno avanzó sobre programas de fiscalización bajo la premisa de alcanzar la "reducción del sobredimensionamiento de las estructuras estatales". Sin embargo, la medida termina por desmantelar programas técnicos y sociales de relevancia para territorios mineros. 
La mayor preocupación recae sobre la preservación de los recursos naturales en las economías regionales. Específicamente, la norma deroga el "Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería", que había sido creado a través de la Resolución 53/2022. Este plan de alcance nacional tenía como misión fundamental "promover la cooperación técnica y financiera con las provincias" para asegurar que los gobiernos locales contaran con las herramientas necesarias para supervisar y mitigar los efectos colaterales de la explotación minera a gran escala. 

La justificación de la actual administración para dar de baja esta herramienta técnica es que "debe ser reemplazada por mecanismos alternativos más eficientes". Sin embargo, la resolución incurre en una llamativa omisión al no precisar en ningún momento cuáles serán esos canales alternativos, qué organismos los coordinarán ni de qué presupuesto dispondrán, dejando el control ecológico en un peligroso limbo administrativo.

El Estado se retira de las comunidades mineras

Esta desarticulación no es un hecho aislado, sino que forma parte de un repliegue general del rol del Estado en las comunidades mineras. En la misma sintonía, la resolución desactiva el "Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino", el "Plan Nacional de Minería Social" y la "Red Federal de Mujeres Mineras Argentinas". El argumento burocrático del Ejecutivo alega que estas estructuras perdieron “operatividad" o que sus tareas deben ser "absorbidas por nuevas instancias de coordinación" que tampoco son detalladas en el documento oficial.

Pese a la eliminación de estos organismos de protección ecológica, el gobierno libertario no suprime el rigor fiscal, ya que la medida aclara de forma explícita que la masiva ola de derogaciones "no interrumpe, sustituye ni extingue el control de ejecución y de rendición de cuentas" de los proyectos pasados. Esto garantiza que el Estado continúe persiguiendo las "acciones de recupero" de fondos presupuestarios que hayan sido transferidos a provincias o municipios. De esta manera, la administración nacional parece abdicar de su rol de tutor del desarrollo sostenible y el medio ambiente, pero conserva plenamente sus facultades de recaudación financiera.

El Destape

 

Reforma Laboral: el Gobierno definió qué hacer con la plata de las indemnizaciones por despido

La Resolución 1276/2026 fijó las inversiones permitidas para el Fondo de Asistencia Laboral, que podrá colocar recursos en títulos del Tesoro, deuda provincial, depósitos bancarios y obligaciones negociables.

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por la administración Milei. A través de la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, estableció cómo deberán invertirse los recursos acumulados en estos fondos destinados a afrontar futuras indemnizaciones por despido. Entre los instrumentos habilitados aparecen los títulos de deuda del Estado nacional, por lo que el dinero que las empresas aporten para cubrir eventuales desvinculaciones podrá ser colocado en bonos soberanos.

La resolución establece que la administración de los recursos deberá regirse por criterios de "seguridad, liquidez, diversificación, transparencia y preservación del capital". Sin embargo, al definir los activos disponibles, incorpora a la deuda pública nacional como uno de los destinos posibles del patrimonio que deberá servir como respaldo para obligaciones laborales futuras. También permite invertir en deuda de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas en la Argentina por compañías privadas.

El mecanismo no significa que cada trabajador tenga una cuenta individual con su indemnización acumulada ni que pueda decidir dónde se invierte ese dinero. El FAL funciona mediante una cuenta individual correspondiente a cada empleador, cuyos recursos tienen una afectación específica para afrontar obligaciones laborales. La Ley 27.802 establece que el fondo tiene como finalidad "coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y pagos" vinculados con indemnizaciones por despido, preaviso y otros conceptos derivados de la extinción de la relación laboral.

La nueva resolución completa así el esquema que había sido reglamentado mediante el Decreto 408/2026. Ese decreto determinó que los fondos se instrumentarán a través de vehículos de inversión colectiva autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), como fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. También dispuso que cada empleador deberá elegir una entidad habilitada y abrir una cuenta individual para canalizar sus contribuciones.

El dinero a reservar

La reforma laboral fijó una contribución mensual obligatoria al FAL del 1% de las remuneraciones utilizadas como base para calcular las contribuciones patronales para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas. Esos porcentajes pueden incrementarse bajo determinadas condiciones previstas por la ley. Los fondos son derivados a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como agente de derivación y no asume responsabilidad por la eventual falta de pago, disponibilidad o insuficiencia de recursos de la cuenta individual. (Boletín Oficial)

El diseño implica un cambio en la forma en que las compañías afrontan el costo de una desvinculación. En lugar de concentrar el desembolso al momento del despido, el sistema obliga a constituir previamente un patrimonio destinado a cubrir esas obligaciones. El Gobierno presentó el mecanismo como una herramienta para dar previsibilidad a las empresas y garantizar la disponibilidad de recursos ante una eventual ola de despidos.

La propia ley, sin embargo, establece que la existencia o insuficiencia de recursos en el FAL no modifica la responsabilidad del empleador. El artículo 61 determina que la falta de dinero acumulado en la cuenta no "limita, reduce, altera ni condiciona la responsabilidad del empleador" por el pago íntegro de las obligaciones derivadas de la extinción del vínculo laboral. El punto adquiere relevancia porque el nuevo paso regulatorio no se limita a establecer dónde guardar el dinero. Define también qué puede hacerse con esos recursos mientras permanecen acumulados. Y allí aparece la deuda pública como alternativa de inversión.

Bonos del Estado 

La Resolución 1276/2026 establece que los recursos podrán invertirse en títulos de deuda del Estado nacional. El objetivo formal es administrar el patrimonio bajo criterios de preservación del capital y liquidez, pero la autorización también abre una vía para que parte de los recursos destinados a futuras indemnizaciones pueda terminar financiando al Tesoro.

El mecanismo tiene una lógica financiera concreta. Si una empresa aporta mensualmente al FAL y esos recursos permanecen sin invertir, pierden poder adquisitivo frente a la inflación. Si son colocados en activos financieros, en cambio, pueden generar un rendimiento que incremente el patrimonio disponible cuando llegue el momento de afrontar una indemnización. La cuestión es qué ocurre si ese rendimiento depende de activos cuyo valor puede fluctuar. La nueva normativa busca reducir ese riesgo mediante límites de concentración y exigencias sobre determinados instrumentos, pero no elimina la posibilidad de que el patrimonio del fondo quede expuesto a variaciones de mercado.

En el caso de la deuda provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, la resolución fija un límite de hasta el 15% del patrimonio, con un máximo de 5% por jurisdicción. Para las obligaciones negociables establece un techo de 20%, con un máximo de 10% por emisor y sus vinculadas. También limita al 10% la inversión en instrumentos cuyo rendimiento esté vinculado al tipo de cambio. A su vez, las colocaciones en depósitos de una misma entidad financiera y sus vinculadas no podrán superar el 15% del patrimonio. La norma dispone además que al menos 10% deberá permanecer en activos considerados de alta liquidez y bajo riesgo de mercado.

Para la deuda provincial y las obligaciones negociables se incorporan requisitos adicionales. Los instrumentos deberán contar con autorización de oferta pública, negociarse en mercados autorizados por la CNV y, entre otras condiciones, contar con una calificación de riesgo AAA en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras registradas ante el organismo.

El Destape

El peronismo citará a Lamelas al Congreso

La CALF denunció el apriete de la embajada de EEUU y defendió la “autonomía” tecnológica del país

Los directores de la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia expusieron los detalles de las presiones que recibieron para abandonar un acuerdo con la firma china Huawei. El silencio de la Cancillería.

Eva Moreira

“No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le diga lo que debe hacer”, se quejó el gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), Sergio Fernández Novoa, frente a los diputados que lo escuchaban denunciar los aprietes que la institución --que tiene más de 90 años de trayectoria-- recibió de parte de la embajada estadounidense. Los dirigentes de la entidad denunciaron “intromisión a la autonomía” al detallar que desde la sede diplomática norteamericana les pidieron que den de baja acuerdos con la empresa china Huawei y los amenazaron con sacarles las visas de ingreso al país del norte. Los diputados libertarios, ante los cuestionamientos de los legisladores de la oposición a la falta de defensa de la soberanía argentina por parte del gobierno de Javier Milei, abandonaron la reunión. Desde la Comisión que preside el peronista Aldo Leiva confirmaron a Página/12 que se va a convocar al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para que se presente a dar explicaciones en el Congreso.

Ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, los dirigentes de la CALF denunciaron aprietes de la embajada de los Estados Unidos para que den de baja el acuerdo con la empresa de tecnología Huawei. Específicamente, se niegan al proyecto que avanzaría en un tendido de fibra óptica en Vaca Muerta y un data center de inteligencia artificial regional.

Según detalló Yenny Fonfach, secretaria general de la cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén, se presentaron en congreso en busca de un ámbito institucional para detallar lo ocurrido. “No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada. Venimos a esta comisión que es soberana, donde se debe defender la autonomía”, sentenció. A su vez, aseguró que “hubo una intromisión a esta autonomía” que debe tener toda cooperativa.

El conflicto se produjo cuando desde la embajada le hicieron llegar mensajes de WhatsApp a funcionarios de la cooperativa con amenazas de retiro de visas si la CALF continuaba con intenciones de avanzar en el acuerdo con la empresa china. Luego, el propio Lamelas confirmó en declaraciones las presiones a los cooperativistas neuquinos, al argumentar que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina, sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos.

En detalle, el generante de tecnología de la CALF, Sergio Fernández Novoa, relató en la comisión que fue él quien recibió un primer mensaje de Andrew Ditz, que se presentó como agregado comercial de la embajada de Estado Unidos. Ditz le manifestó preocupación por la relación de la cooperativa con la empresa Huawei. Un segundo mensaje del agregado comercial amenazó a los directivos con que, si seguían adelante con la empresa China, podrían quitarles las visas. Fernández Novoa también relató que intentaron comunicarse con el canciller Pablo Quirno, y se quejó de que no hubiera respuesta gubernamental sobre lo ocurrido. Es que la cooperativa y envió una nota dirigida al canciller para reclamar la intervención del Gobierno argentino.

A su vez, se refirió a las declaraciones del embajador estadounidense, Peter Lamelas, que manifestó preocupación por el anuncio de la empresa y el municipio de Neuquén sobre la colocación de un data center de marca Huawei. Para Fernández Novoa, el planteo de que está en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad argentina “es un eufemismo que esconde la verdadera pretensión, que es poder eliminar competencias tecnológicas de las empresas norteamericanas”, analizó frente a los diputados.

Por otro lado, detalló que la CALF mantiene relaciones con Huawei, como mantiene relaciones con numerosas empresas argentinas, de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. En tanto, explicó que normalmente operan con marcas de tecnología de todas partes del mundo y las complementan entre sí.

El gerente de tecnología precisó que un data center “es una especie de contenedor, es el edificio donde uno va a colocar los hardware, los racks, que pueden ser de distintas marcas”, y puntualizó que “el data center más importante de YPF es Huawei, el data center de la empresa de energía de Córdoba (EPEC) es marca Huawei”. En tanto manifestó que “lo importante del data es donde se alojan los datos digitales, no la estructura”.

“El storage del Banco Central de la Argentina es Huawei, el storage de ARCA -que algo tiene que ver con nuestra cuestión impositiva- es Huawei, de Trenes Argentinos, de Senasa, es Huwei y de muchas provincias, como las provincias de Buenos Aires o Corrientes”, especificó. Por lo que marcó la extrañeza de los mensajes desde la embajada que advertían que habían sobrepasado un límite con Huawei y siguió enumerando empresas privadas como Personal Flow, Movistar y Claro que tienen sus principales activos de marca Huawei.

“No tenemos exclusividad con ninguna de las marcas, nuestra intención es seguir trabajando con la marca que más nos convenga, el precio que mejor nos convenga, y la tecnología que nos permita ser más competitivos, aquellos que nos consigan financiación, por ahí pasa la cosa”, contó.

Finalmente, se refirió al apriete: “No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le digan lo que deben hacer”. Además, adelantó los proyectos que tiene la CALF en la zona de Vaca Muerta. “No solo vamos a hacer ese data center, sino que vamos a construir parques solares porque entendemos que las provincias deben comenzar a transitarse el camino del autoabastecimiento energético, energías limpias, y propias, salir de determinadas situaciones abusivas en lo que tiene que ver con los costos de la energía”, relató. Por lo que anunció que en cada uno de esos parques solares van a destinar 1 mega para un data center, “porque es necesario tener soberanía de datos”.

Otro de los planteos de Fernández Novoa giró en torno a dónde van los datos de los argentinos. Y se refirió a lo que se llama cloud storage o la nube. “La nube también termina siendo un aparato, un hardware, con un sofware, pero que no esta en argentina”, resaltó. “Hoy argentina solo tiene 44 megas de capacidad instalada de almacenamiento de datos digitales. Entonces dijimos vamos a construir una red troncal en todo el circuito petrolero”, anunció al detallar que hoy la mayor parte de la tarea tecnológica es hecha por empresas transnacionales.

“Nosotros creemos que la soberanía no solo se construye con discursos, con legislaciones, sino también con hechos concretos, y hoy que el mundo va hacia la inteligencia artificial, y que esta va a tener tanto que ver con el derrotero cotidiano de la sociedad, poder tener soberanía de datos, poder tener tecnología propia va a significar un avance real para todos y cada uno de los argentinos”, concluyó.

A la hora de las consultas de los diputados, los libertarios decidieron levantarse y dejar la reunión. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano, fueron algunos de los diputados violetas que dejaron la sala incómodos por las observaciones de legisladores de otros bloques sobre la intromisión de Estados Unidos.

La diputada Florencia Carignano fue un de las primeras en plantear que esto sucede porque desde el gobierno nacional no se defiende la soberanía nacional. De igual manera, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó a los integrantes de la cooperativa que informen el resultado de la reunión que tendrán en la Embajada estadounidense, ya que Fonfach precisó que fueron convocados a un encuentro este miércoles.

Martínez, al término del encuentro, pidió citar a Peter Lamelas para que dé cuenta de los acontecimientos ante el Congreso, algo en lo que el presidente de la comisión, el peronista Aldo Leiva, avanzará en los próximos días, según pudo saber este diario.

Durante la reunión, el socialista Esteban Paulón fue otro de los que objetó la relación que el Estado argentino mantiene con el gobierno de Donald Trump al señalar que “el acuerdo del gobierno con Estados Unidos cede completamente la propiedad de los datos a las empresas estadounidenses”. “Quirno firmó un acuerdo que baja los estándares de datos personales que tenemos en Argentina”, marcó.

China vs. Estados Unidos

Ante lo sucedido la embajada china difundió un comunicado donde sostiene que la embajada estadounidense impulsó la idea de una “amenaza china” y utilizó la revocación de visados para bloquear la cooperación con Huawei. De esta forma, Beijing calificó estas prácticas como una “grave falta de respeto” a la soberanía de terceros países.

El comunicado también manifiesta que Estados Unidos “no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país”, y resalta que el accionar de la embajada “pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita”. Por ese motivo, instó a Washington a corregir su percepción de China y a poner fin a lo que definió como “prácticas hegemónicas”.

Pagina 12