24 de mayo de 2026

En un pie de página, el FMI reconoció el déficit fiscal de Argentina

El Fondo desmiente al Gobierno

Luego de que el FMI aprobara un nuevo desembolso de 1.000 millones de dólares para el país, emitió un informe técnico donde reconoció que Argentina no tiene superávit fiscal: “Esta medida excluye los pagos de intereses de los bonos cupón cero, los cuales se registran por debajo de la línea. Incluir el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea elevaría el déficit total a cerca de 0,8 por ciento del PBI”.

En la página 7, de su staff report, el organismo dejó explicitado que las cuentas públicas están desequilibras. “Está puesto en el informe del FMI. Ellos se pueden hacer los distraídos porque es un pie de página, pero lo que están diciendo es que no hay superávit fiscal”, afirmó el economista Carlos Heller, en referencia a la narrativa del oficialismo y a cómo el Fondo se cuida de no exponer al Ejecutivo, prácticamente escondiendo un dato incómodo.

De esta manera, la entidad de crédito internacional, aunque en letra muy chica, advierte que si se suman los pagos de ciertos intereses financieros, el resultado es deficitario.

“Según el último informe del FMI este es nuestro caso. Tenemos un déficit financiero de aprox 0,8% del PBI que lo financiamos con endeudamiento voluntario (ya no monetizamos el déficit pero aun no tenemos superávit financiero devengado)”, publicó en X, el economista Cristian Folgar, en respuesta a unos de sus colegas que sostiene el relato de la administración libertaria.

El informe también calificó el desempeño de la gestión de Milei como mixto: valoró el ajuste pero volvió a poner el énfasis sobre la urgencia de acumular reservar y reclamó por la modernización en las mediciones del Indec.

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Denuncia penal contra Adorni, Caputo y Sturzenegger por Vialidad Nacional

Colapso inducido, vaciamiento y desvío de fondos

La presentación acusa a los funcionarios por fraude y uso indebido de 0.4 billones de pesos. El trasfondo de la desinversión y el riesgo operativo de las rutas nacionales.

Bernarda Tinetti

Una denuncia penal efectuada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 expone la trama sobre el desvío de fondos en Vialidad Nacional y apunta directamente a los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger; al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la cúpula directiva del organismo descentralizado. La presentación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, advierte por delito de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes y el desvío de 0.4 billones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL): por ley, lo recaudado tiene como finalidad única el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal, pero en cambio se utilizó para especular con títulos públicos.

De acuerdo con el texto judicial, al que accedió Página/12, la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia de la ausencia de planes de inversión de corto y mediano plazo en infraestructura vial. El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica. Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal. Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 0,4 billones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.

Como resultado directo de la maniobra, el organismo arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de todo el presupuesto anual que le fuera aprobado, afectando “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial del organismo”, afirma el documento que elevó el sindicato. Profesionales de la entidad ponen el alerta sobre que “esta parálisis administrativa induce una quiebra técnica”.

El desvío de recursos no representa una optimización de gastos, sino una descapitalización. La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en tareas urgentes de conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura de la calzada una vez que el pavimento colapse. Lo que da cuenta, dice la presentación, del perjuicio patrimonial neto generado contra los bienes públicos. “El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, detalla la denuncia.

Los caminos sin conservación preventiva multiplican el riesgo de siniestros viales severos y la falta de mantenimiento altera la circulación segura de los usuarios que transitan diariamente, poniendo en claro peligro la vida de las personas.

Pozos persistentes, deformaciones por huellas de transporte pesado y la ausencia de demarcación horizontal convierten los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial.

Al abandono de la calzada asfáltica se suma la paralización total de obras estratégicas. Múltiples acuerdos, incluidos aquellos que poseen financiamiento internacional, sufren interrupciones prolongadas debido al incumplimiento de los pagos a las empresas contratistas. La pérdida de créditos externos por falta de ejecución agrava además el aislamiento de las provincias.

“El Ministro Sturzenegger ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados”, sostiene la presentación.

El entramado de la denuncia penal alcanza asimismo a la gestión del capital humano técnico. Mediante informes técnicos que el texto tilda como “ideológicamente falsos”, las autoridades habrían distorsionado las métricas operativas reales del organismo técnico. Por ejemplo, la incorporación de herramientas menores al inventario institucional con el propósito de abultar el ratio general de maquinaria asignada por cada empleado. Esta alteración de datos formales buscaba justificar una supuesta ineficiencia productiva y convalidar el posterior achicamiento de la planta técnica permanente de la institución, explica el gremio que encabeza Jorge Maturano.

El vaciamiento de personal idóneo compromete los controles sobre las empresas concesionarias. Ingenieros de carrera y personal especializado en la supervisión física de contratos viales denuncian la instauración de regímenes disciplinarios que eluden la normativa administrativa. El sindicato da cuenta de traslados compulsivos, intimaciones de jubilación forzosa y ceses directos dictados sin garantizar el derecho a la defensa previa ni la realización de sumarios regulares. Esta situación de hostigamiento procura acallar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega planificada de los corredores públicos a operadores de carácter privado bajo condiciones contractuales consideradas desfavorables para el patrimonio del Estado. “Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de RR.HH, a cargo de Diego Riveira ha instaurado un régimen de terror laboral”, afirma el texto.

El impacto de la desinversión vial lesiona de forma severa el federalismo del transporte interno y el corte de las transferencias paraliza los campamentos viales en todo el país. La legislación determina que un 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse de forma directa a las direcciones de vialidad de todas las provincias. Los coeficientes aplicados por el Consejo Vial Federal consideran factores técnicos esenciales, tales como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica de cada región, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen registrado de combustibles gravados. Al interrumpirse estos flujos financieros, los estados provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de la Nación.

La falta de insumos básicos impide la salida de maquinaria para despejar calzadas afectadas y el retraso en el mantenimiento convierte a las rutas secundarias en caminos intransitables. La presentación penal califica las conductas denunciadas bajo figuras delictivas graves. Se imputan los cargos por malversación de caudales, fraude a la administración y falsedad. La acusación sostiene que se configuró una maniobra de desbaratamiento de derechos. Dicha figura penal castiga la distracción dolosa de bienes destinados a fines públicos.

La justicia deberá dilucidar la responsabilidad penal que cabe a los funcionarios firmantes. “Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además si es posible nos vamos a presentar para sumar información”, aseguró a este diario Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”, agregó

En el Congreso de la Nación, la Conaduv presentó un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles, una especie de bicameral con la participación de los usuarios viales directos e indirectos.

Dejar las rutas troncales a la buena de Dios, diluye la competitividad general de la economía, compromete la comunicación terrestre de todo el territorio y pone en peligro la vida de quienes las transitan.

Solo costo de reconstruir el sistema vial, quitando de la ecuación las tragedias en accidentes sean estos fatales o no, superará con creces el supuesto ahorro fiscal alegado por la gestión de Javier Milei.

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Casación condenó a tres gendarmes a perpetua

La justicia pone el foco en los vuelos de la muerte

Avanzan investigaciones y juicios que buscan desentrañar los aspectos aún desconocidos de la fase final del plan de exterminio de la última dictadura.

Luciana Bertoia

El 6 de diciembre de 1978, los represores que regenteaban el centro clandestino conocido como El Olimpo seleccionaron a un grupo de secuestrados. Los engañaron. Les dijeron que iban a ser llevados a una granja de recuperación en una provincia del Norte y que, para ello, deberían aplicarles una vacuna. Sin embargo, su destino fue otro. Fueron cargados en un camión y luego en un avión para ser arrojados, adormecidos, a las aguas del Mar Argentino. Por este hecho, los gendarmes Hugo Luis Medina, Sergio Raúl Nazario y Miguel Pablo Lugo habían sido absueltos cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 hizo el juicio oral. Sin embargo, esta semana la Cámara Federal de Casación Penal los condenó por su participación en los llamados vuelos de la muerte y les impuso la pena de prisión perpetua.

La Justicia reconstruyó, gracias a los testimonios de los sobrevivientes, que ese 6 de diciembre de 1978 hubo un “traslado” masivo en El Olimpo, el campo de concentración que funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979 en el barrio porteño de Floresta. Ese día, las víctimas seleccionadas para ser desaparecidas fueron Pablo Pavich, Guillermo Pagés Larraya, Irma Nesich, Roberto Alejandro Zaldarriaga, Hugo Julián Luna, Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silveira, Mabel Verónica Maero, María Cristina Pérez, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya, Abel Héctor Mateu Gallardo, Franklin Lucio Goizueta, Santiago Bernardo Villanueva, Juan Carlos Rugilo, Nora Fátima Haiuk de Forlenza y Oscar Néstor Forlenza.

Los “traslados” eran un eufemismo para referirse a los asesinatos. Según el TOF 2, mientras funcionaron los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo —que, en realidad, era uno que iba cambiando de locación— se contabilizaron, al menos, diez “traslados”. La administración de la muerte obedecía a la necesidad de los perpetradores de hacer lugar para que otras víctimas permanecieran cautivas.

En diciembre de 2023 terminó el quinto juicio por crímenes cometidos en estos centros clandestinos. En esa oportunidad, fueron juzgados Medina, Nazario y Lugo, entre otros. El TOF 2 los condenó a 25 años de prisión. Sin embargo, los absolvió por los homicidios con el argumento de que no se había podido acreditar que hubieran estado presentes el 6 de diciembre de 1978.

La decisión fue recurrida por las querellas —representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Kaos, Pablo Llonto y la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación— y por la fiscalía que encabeza Alejandro Alagia e integran Agustín Vanella y Berenice Timpanaro. La Sala VI de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, respaldó esa postura y condenó a prisión perpetua a los tres represores.

Medina (89) era comandante de la Gendarmería. En 1978, oficiaba como segundo jefe y jefe de Plana Mayor del Destacamento Móvil de la fuerza, que tenía asiento en Campo de Mayo. Como surge de un descargo que hizo el propio Medina, el Destacamento Móvil estuvo afectado al Primer Cuerpo de Ejército, que comandaba Carlos Guillermo Suárez Mason.

En junio de 1978, el Destacamento Móvil de Gendarmería tenía otras funciones: custodiar las canchas del Mundial. Sus agentes se repartían como acomodadores. Así lo declaró un gendarme, Omar Torres. Después de que terminó el campeonato de fútbol, Medina convocó a sus hombres a una reunión y les dijo que tendrían que presentarse en un galpón de Lacarra y Falcón, en el barrio de Floresta. Podrían ir de civil, con bigote, barba o pelo largo. También podrían usar nombres falsos o apodos. Para mayor tranquilidad, la fuerza les proporcionó documentos falsos.

Para esa época, Nazario (77) era primer alférez y estaba destinado a la Dirección de Inteligencia. En los campos de concentración, Nazario no usaba su nombre: lo conocían como Estévez. El gendarme Torres contó que Nazario solía ir a una oficina de El Olimpo y que después visitaba a los prisioneros. Participaba también en torturas. Torres lo vinculó además con la desaparición del cuerpo de Carlos Fassano, pareja de Lucila Révora, madre del senador Eduardo “Wado” de Pedro.

El agente penitenciario Néstor Norberto Cendón también habló de Nazario cuando declaró ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Lo describió como el enlace entre el Grupo de Tareas 2 y la Central de Reunión de Información (CRI) del Batallón de Inteligencia 601. Para el TOF 2, estos atributos le daban a Nazario uno mayor: la capacidad de seleccionar a las víctimas.

Lugo, por su parte, reconoció haber sido guardia en El Olimpo. Según su versión, habría estado en unas cinco oportunidades en el campo de concentración.

En el juicio fueron fundamentales los testimonios de dos gendarmes que también estuvieron afectados a El Olimpo y que desde hace años vienen declarando ante la Justicia: Torres y Federico Talavera. Torres contó que presenció en El Olimpo tres o cuatro operativos que implicaban subir a los secuestrados a un camión Mercedes-Benz para ser llevados al Aeroparque o a la base militar de El Palomar. Talavera narró, por ejemplo, cómo le tocó conducir un furgón desde El Olimpo hasta Aeroparque.

“Con sus acciones, Medina, Nazario y Lugo tomaron parte en el mantenimiento de la condición de cautividad de las víctimas que luego fueron asesinadas en los llamados ‘vuelos de la muerte’”, escribió Hornos, quien sostuvo que era indistinto si habían estado presentes o no el 6 de diciembre de 1978.

Para Borinsky, los tres hicieron un aporte indispensable al “resultado final muerte”. La contribución al plan fue “asegurar la disponibilidad de las víctimas, su sometimiento y su estado de indefensión”.

Ya existen condenas confirmadas en la Cámara de Casación por los vuelos de la muerte. Por ejemplo, está la condena a los pilotos que “trasladaron” a las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, a las monjas francesas y a los militantes que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz y que fueron secuestrados tras la infiltración de Alfredo Astiz. Recientemente, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a la estructura del Batallón de Aviación 601 con asiento en Campo de Mayo.

El “traslado” del 6 de diciembre de 1978 tiene su correlato en otra causa: la que investigó la aparición de algunos de los cuerpos en lo que hoy es el Partido de la Costa y las maniobras desplegadas para impedir que esos restos pudieran ser identificados. Una comitiva de Madres de Plaza de Mayo, integrada por Nora Cortiñas, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello de Mascía, viajó, en plena dictadura, hasta Dolores para pedirle al juez Carlos Facio que les permitiera ver los cuerpos que habían aparecido en las playas porque pensaban que podrían ser sus hijos o los de otras madres que los estaban buscando.

Facio no les permitió identificarlos. El TOF de Mar del Plata —integrado por Roberto Minguillón, Nicolás Toselli y Matías Mancini— fijó fecha para juzgarlo junto con otros acusados a partir del 4 de diciembre. La fiscalía, que encabeza Laura Mazzaferri, pidió adelantar el inicio del juicio.

El juez Daniel Rafecas, que fue quien reconstruyó el traslado del 6 de diciembre de 1978, también puso el foco en los aviones que se usaban para trasladar a los prisioneros hacia una muerte segura y despiadada.

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23 de mayo de 2026

 

La Justicia intervino la UOM y anuló las últimas elecciones del gremio: la reacción de la CGT

La Cámara del Trabajo anuló la votación nacional y la seccional Campana del gremio, desplazó al secretario general Abel Furlán y designó un interventor. Se trata de uno de los gremios fundadores del FreSU, combativo contra el gobierno nacional. 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló las elecciones nacionales y seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras detectar presuntas irregularidades en el proceso electoral. Como consecuencia, desplazó del cargo al secretario general Abel Furlán, quien había sido reelecto en esos comicios, y ordenó la intervención judicial del sindicato por un plazo de 180 días para organizar una nueva votación.

La noticia tiene un fuerte impacto político. La UOM, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el gremio de Aceiteros, son fundadores del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la unión de gremios combativos que lucharon contra la sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La Sala VIII del tribunal laboral tomó esta decisión luego de analizar una denuncia presentada por la opositora Lista Naranja, que cuestionó la transparencia de las elecciones realizadas entre el 2 y 4 de marzo de 2026 en la seccional Campana y los comicios nacionales del 18 de marzo del mismo año.

El fallo estableció que ambas elecciones eran "inescindibles", por lo que la nulidad de una de ellas implicaba la invalidez de la otra. En consecuencia, se ordenó el cese inmediato de Abel Furlán como secretario general nacional y de todas las autoridades electas en marzo, dejando sin efecto sus designaciones y declarando la acefalía del sindicato.

uom

Quién quedó a cargo de la UOM: abogado y radical 

Para garantizar la organización de nuevos comicios, la Cámara nombró como interventor judicial al abogado Alberto Biglieri, quien tendrá un plazo de 180 días para convocar a la renovación del mandato de las autoridades gremiales.

Biglieri es un hombre con vínculos con el radicalismo. En la actualidad apoyó a Ricardo Gil Lavedra para seguir al frente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. 

Entre las irregularidades detectadas, el tribunal señaló que las urnas permanecieron bajo custodia de la conducción oficialista en Campana durante tres días sin ningún tipo de escrutinio provisorio ni garantías de inviolabilidad del voto. Esta situación, según el fallo, "destruyó la objetividad del proceso".

Los jueces también aseguraron que se exigió a los opositores que pernoctaran en el lugar para supervisar el proceso electoral, calificándolo de "inaceptable e irrazonable". Además, destacaron el silencio de la Junta Electoral local y nacional frente a las denuncias presentadas por la Lista Naranja.

Finalmente, la Cámara argumentó que la intervención judicial no busca limitar la autonomía sindical sino que se trata de "una respuesta judicial que se alza como el único remedio posible para restaurarla" y garantizar un proceso electoral transparente y legal.

La reacción de la CGT

Una vez conocida la decisión judicial, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado repudiando la medida de la cámara laboral. 

"Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia", expresó la central sindical. 

El Destape

Tras la imputación de EE.UU. al expresidente por el derribo de dos avionetas

Miles de cubanos marcharon en La Habana en apoyo a Raúl Castro

Presente en el acto delante de la embajada estadounidense en Cuba, la hija del exmandatario, Mariela Castro, aseguró que a su padre “nadie lo va a secuestrar”.

Miles de personas participaron este viernes en un acto delante de la embajada de Estados Unidos en La Habana para condenar la imputación de Washington al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización opositora y la muerte de sus cuatro tripulantes hace 30 años. El mandatario cubano Miguel Díaz Canel, quien asistió al acto pero no pronunció ningún discurso, escribió en sus redes sociales al finalizar la ceremonia que la acusación es una “acelerada construcción mediática para justificar una agresión militar”. Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, repudió la imputación contra el expresidente.

Un “fugitivo” de la justicia

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó este miércoles cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra Castro por ordenar, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas, el derribo el 24 de febrero de 1996 de dos avionetas, en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de Estados Unidos. Tras los cargos presentados por el DOJ, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al expresidente como un “fugitivo” de la justicia estadounidense, pero se negó a comentar planes para arrestarlo.

Raúl Castro, protagonista del acto político de la jornada en La Habana, no asistió, pero sí lo hizo gran parte de su familia, entre ellos sus hijos, y su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien participó también en las recientes negociaciones entre La Habana y Washington. Estuvieron además otros altos dirigentes de la isla y el ex segundo secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura, el otro único representante de la llamada generación histórica aún en activo.

Díaz Canel dijo en sus redes que Estados Unidos amenaza a La Habana “a niveles extremos, combinan mentiras absurdas, con intimidación militar y privación al pueblo cubano de los más elementales recursos y servicios para su supervivencia cotidiana”. Los presentes acudieron a la cita con banderas de Cuba y retratos de Raúl Castro. Allí repudiaron las acciones de las autoridades estadounidenses y expresaron su apoyo al gobierno, según el diario cubano Granma.

“Nadie me lleva vivo”

Sobre la respuesta de Raúl Castro a la acusación de Estados Unidos, Mariela Castro, una de sus hijas, señaló que su padre permanece “muy tranquilo”, observando y sonriéndose". Y subrayó que él siempre ha dicho: “A mí nadie me lleva vivo. A mí me cogen combatiendo”.

Además reafirmó que a su padre “nadie lo va a secuestrar”. “Eso se lo puedo asegurar. Ni a él ni a nadie”, contestó la también parlamentaria y directora del Centro Nacional de Educación Sexual. “Aquí estamos preparados para combatir al imperialismo”, agregó Mariela Castro, para destacar de seguido que Cuba es “un país pequeño, pobre, pero con experiencia de combate frente al imperialismo liderado por EE.UU.”.

“Sabemos que mientras haya una revolución antiimperialista, habrá un enemigo gigantesco y despiadado”, prosiguió Mariela Castro, y respecto a la imputación consideró que “viola todo lo establecido a nivel legal en Estados Unidos”, aunque “ellos (la administración de Donald Trump) hacen todo lo que quieren y violan hasta la Constitución”. La “táctica que ellos utilizan” es “mentir, crear incertidumbre, generar miedos”, agregó.

Contra la “injerencia” de EE.UU.

Desde México la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la acusación penal contra Castro responde a una visión “injerencista” histórica de Washington hacia otros países. “La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora (...) nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre los cargos presentados contra Castro, de 94 años.

Sheinbaum cuestionó el momento de la imputación contra el exmandatario cubano, quien enfrenta cargos por conspiración para matar estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato. “El caso de Cuba ocurrió hace 30 años, imagínate. ¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?“, señaló.

Sheinbaum sostuvo que este tipo de acciones reflejan una práctica histórica de presión estadounidense sobre América latina. La gobernante mexicana citó las memorias del expresidente mexicano Miguel de la Madrid para argumentar que Washington utilizó históricamente el combate al narcotráfico como argumento de presión política. Sin embargo aclaró que México busca mantener una relación de cooperación con Estados Unidos, aunque bajo límites claros de soberanía.

México es uno de los últimos sostenes políticos de Cuba, sumida en una grave crisis marcada por la falta de combustible, electricidad, alimentos y otros productos básicos. El gobierno de Sheinbaum ha enviado al menos cinco cargamentos con toneladas de ayuda humanitaria y hace gestiones para reanudar sus envíos de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos.

A las sanciones económicas que el presidente estadounidense, Donald Trump, viene imponiendo a Cuba desde principios de año, se suman ahora la imputación de Castro por hechos ocurridos en 1996, en una maniobra que recuerda a la emprendida contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

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Un peritaje de un documento de Novelli complica al Presidente

$LIBRA: Otro indicio que señala a Milei

Un análisis técnico de una imagen del celular del trader refuerza la idea de un acuerdo 5 millones de dólares para que el mandatario promueva la criptomoneda en redes sociales.

Un nuevo peritaje en el caso $LIBRA confirma que el lobista Mauricio Novelli creó en su celular el texto de un acuerdo del que participaba Javier Milei por 5 millones de dólares en los días previos al lanzamiento de la criptomoneda. En el “block de notas” del dispositivo del trader había aparecido una imagen algo borrosa que tenía toda la apariencia de ser un convenio a firmar entre el Presidente y el empresario estadounidense Hayden Davis –creador del token—que decía que se preveía el pago de 1,5 millones de dólares como adelanto, otro millón y medio por un tuit de Milei y dos millones más tras la firma junto con la hermana del mandatario. El hallazgo le da visos de realidad.

El texto en cuestión fue generado en el teléfono de Novelli el 11 de febrero de 2025, es decir, tres días antes del lanzamiento de $LIBRA, el criptoactivo anunciado por Milei que provocó pérdidas por más de 280 millones de dólares a la mayoría de quienes decidieron invertir. El fiscal Eduardo Taiano le había pedido a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que analizara si se había originado en el mismo aparato (o le había llegado a Novelli) y si había sido enviado a otro. El peritaje confirmó lo primero, pero no pudo determinar lo segundo.

“Como resultado del análisis técnico se determinó que las imágenes halladas” no son “capturas de pantalla manuales, sino artefactos generados automáticamente por el sistema operativo” a partir de “la interacción del usuario con aplicaciones del dispositivo”, dice el informe de los peritos tecnológicos, al que accedió Página/12. “La generación de las imágenes de interés fue debido a la actividad del usuario sobre la aplicación Apple Notes en los momentos registrados”, afirma la DATIP en sus conclusiones.

“Si bien no es posible acreditar su envío a terceros por las aplicaciones examinadas, se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota —mediante apertura, edición o modificación— ...”, dice otro tramo. Agrega que aunque “el sistema generó una previsualización de dicho contenido, la nota de origen podría haber sido eliminada y sus registros físicos fueron sobrescritos en las áreas de almacenamiento analizadas”. Esto es porque “no se halló la nota correspondiente en el almacenamiento principal de la aplicación”.

Nexos claros

Novelli y Milei se conocen desde hace años, al menos trabajaron juntos desde 2021. El presidente dictó clases en su academia y le promocionó otras criptomonedas fraudulentas, como $VULC. El trader fue quien vinculó al Presidente con Davis, el estadounidense que creó $LIBRA. En febrero de 2025 llevaban por lo menos un año de tratativas para diversos negocios ligados al mundo cripto, blockchain y de tecnologías, que se habían profundizado a partir de la organización del llamado Tech Forum –en octubre de 2024—donde el Presidente fue orador, evento del que participaron Davis, su padre y su hermano y quien fue otra pata de $LIBRA, el singapurense Julian Peh.

En el celular de Novelli, del que hubo un primer informe de la DATIP, se hallaron varios contratos que involucraban a Davis y a Milei y comprobantes que indicarían que hubo pagos que se concretaron. Además de innumerables chats significativos.

El texto que la DATIP analizó a solicitud de la fiscalía, había sido incorporado al block de notas del celular de Novelli cuando se encontraba en Estados Unidos, junto con su socio Manuel Terrones Godoy y con Davis. Poco después, para el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero, estaban los tres en un hotel en Dallas esperando el momento de la publicación del tuit de Milei, como reconstruyó el periodista Mariano Vidal en Clarín.

El primer peritaje del teléfono había mostrado los ocho llamados frenéticos entre Novelli y Milei y otros tantos con Karina antes y después del posteo donde el mandatario compartía el enlace que permitía comprar $LIBRA, con el anzuelo de que era una forma de colaborar con pequeños emprendimientos. Nada de esto ocurrió, porque la moneda colapsó. Milei borró su tuit y dijo que en realidad no estaba interiorizado respecto del proyecto, algo que los llamados desesperados y los encuentros previos con Davis, desmienten, al igual que los borradores de contratos.

El contenido del acuerdo hallado que analizó la DATIP sugiere que lo que se negociaba era el respaldo de Milei para $LIBRA. Estaba escrito en inglés, y su traducción sería así:

“Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

$1,5M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5 M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

Milei se había reunido con Davis en la Casa Rosada el 30 de enero de 2025 y luego de ese encuentro había publicado un posteo con una foto de ambos que, precisamente, decía que el empresario asesoraba al gobierno: “Hoy mantuvimos una muy interesante reunión con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto de las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial”.

Coincidencias

Hace tiempo que el fiscal Taiano tiene un informe de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos y la Dirección General de Recupero de Activos –organismos del Ministerio Público Fiscal— que dice que Davis realizó transferencias utilizando intermediarios “por un monto total de USDC/USDT 5.780.546 entre los días 30 de enero y 21 de febrero de 2025”. Los destinatarios habrían sido Novelli y Terrones Godoy. La cifra coincide con la del acuerdo en el celular de Novelli. No se descarta que haya habido otro eslabón y los fondos hayan llegado a la Casa Rosada.

El 30 de enero que Davis se reunión con Milei, hizo dos transferencias que coinciden con esa reunión: eran de 507.500 dólares cada uno. Los fondos habrían llegado a los criptobros con participación de un intermediario, el jubilado Orlando Mellino, con domicilio en un lugar inexistente en Tigre.

Otro intermediario señalado es el colombiano radicado en Argentina, llamado Camilo Rodríguez Blanco a cargo de una financiera que, entre otras cosas, solía cambiarle tokens por cash a Novelli. Había fondeado una dirección de Ethereum de Novelli y Terrones Godoy. Había tres movimientos relevantes: uno el 3 de diciembre de 2024 por 180.000 dólares, otro el 17 de enero de 2025 por 35000 dólares y otro muy llamativo el 4 de febrero por 695990 dólares. Ese día Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez, y faltaban diez para el lanzamiento de $LIBRA.

El documento decía que los fondos remitidos por Rodríguez Blanco “desde Bitget hacia la dirección de firma múltiple CPE1 (de Novelli y Terrones Godoy) efectuados aquel 4 de febrero podían constituir “eventuales pagos indirectos a funcionaros públicos a los fines de la concreción de los hechos investigados…”. Destacaba que “la intermediación” podría haber facilitado la salida de efectivo para “evitar el rastreo en la blockchain correspondiente, considerando las coincidencias temporales con la apertura de las cajas de seguridad por parte de Novelli”. La madre y la hermana de Novelli, que habían ido con él a abrir las cajas de seguridad, las vaciaron el 17 de febrero, tres días después del escándalo.

Rodríguez Blanco, para colmo, había operado con $LIBRA segundos antes del tuit de Milei, con información privilegiada y había recibido financiamiento para operar.

Es extraño que hasta ahora nadie haya sido citado a indagatoria.

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