21 de noviembre de 2026

El riesgo país se disparó, peligra el pago de deuda y el dólar trepa

El Gobierno sin control de la crisis financiera

Las promesas de Milei se diluyen. La economía real se desploma y el “Messi de las finanzas” no puede manejar ni siquiera lo que, según el presidente, es su expertise. Las excusas no alcanzan y los inversores ya no creen en “el modelo”.

El riesgo país se disparó 15 por ciento este viernes y alcanzó los 1.071 puntos básicos, su nivel más alto en más de un año. En apenas 2 jornadas acumuló un incremento del 25,6 por ciento, una señal contundente de la desconfianza que sigue despertando el programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. La contradicción es que el Gobierno lleva casi 3 años aplicando un ajuste que deterioró los salarios, debilitó el consumo, provocó el cierre de miles de empresas y destruyó cientos de miles de puestos de trabajo, bajo la promesa de recuperar la confianza de los inversores. Sin embargo, después de todos esos sacrificios, los operadores financieros volvieron a darle la espalda. El oficialismo subordinó buena parte de la economía real a conseguir la aprobación financiera, pero ni siquiera logró garantizar ese objetivo.

La situación recupera una vieja definición del propio Presidente. El 16 de diciembre de 2018, cuando Mauricio Macri gobernaba y el riesgo país también registraba fuertes aumentos, Milei cuestionó las explicaciones oficiales que responsabilizaban al kirchnerismo por la desconfianza financiera. “Frente a la suba del riesgo país los inútiles de Kambiemos dicen que sube por el temor a CFK”, escribió entonces. Y agregó: “Por un lado el riesgo sube porque el país tiene un endeudamiento explosivo que lo hace insolvente”. Su conclusión fue todavía más contundente: “Si CFK crece es porque los Kambiemos son unos incompetentes gobernando”.

Ocho años después, el gobierno libertario recurre a explicaciones similares a las que Milei rechazaba cuando estaba en la oposición. La expresión “riesgo kuka” se convirtió en uno de los argumentos utilizados por el oficialismo para responsabilizar a las expectativas electorales sobre el peronismo por las dificultades financieras. Sin embargo, el aumento del riesgo país también refleja las dudas sobre la capacidad de pago del Estado y la sostenibilidad del programa económico. La contradicción es todavía mayor porque la administración libertaria recibió asistencia financiera extraordinaria de Estados Unidos, pero ese respaldo tampoco consiguió restablecer la confianza.

El deterioro financiero adquiere otra dimensión cuando se observa el costo económico y social de las políticas implementadas para alcanzar esa supuesta estabilidad. Desde diciembre de 2023, el Gobierno convirtió el equilibrio fiscal en el principal ordenador de su programa económico. Para conseguirlo redujo el gasto público, recortó transferencias a las provincias, ajustó jubilaciones y salarios estatales y disminuyó la inversión pública. La apuesta era que la disciplina fiscal permitiría reducir el riesgo país, atraer capitales y recuperar el crecimiento. Sin embargo, mientras los costos del ajuste se trasladaron a los trabajadores y las empresas, los beneficios financieros prometidos siguen sin consolidarse.

Los datos del empleo permiten dimensionar esas consecuencias. Según los relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados y desaparecieron 32.290 unidades productivas. La magnitud de esas cifras refleja el deterioro del entramado económico durante la gestión libertaria. La reducción de la actividad y las dificultades para sostener los costos operativos golpearon especialmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras que la apertura comercial agregó presión sobre distintos sectores industriales.

La pérdida de poder adquisitivo constituye otro componente central del modelo. El salario real medido por RIPTE registró una caída interanual del 3 por ciento, mientras que el consumo continúa condicionado por la debilidad de los ingresos. El crédito al consumo acumuló una contracción del 9,4 por ciento durante 2026, con retrocesos del 6,9 por ciento en préstamos personales y del 11,6 por ciento en financiación mediante tarjetas. A esto se suma el deterioro de la capacidad de pago de las familias, con más de 6 millones de personas en situación de mora.

El resultado es una economía en la que el ajuste fiscal convive con un mercado interno debilitado. La reducción del consumo afecta las ventas de comercios e industrias, limita las posibilidades de inversión y condiciona la generación de empleo.

La evolución del riesgo país resume esa contradicción. El miércoles se ubicaba en 848 puntos básicos, el jueves saltó hasta 931 y este viernes terminó en 1.071. En apenas 2 jornadas acumuló un incremento del 25,6 por ciento y volvió a superar los 1.000 puntos por primera vez desde octubre de 2025, cuando Argentina atravesaba otra crisis financiera y necesitaba el auxilio del Tesoro estadounidense. Más de un año después de aquella intervención, las dudas sobre la capacidad de financiamiento del país continúan vigentes.

El problema adquiere particular relevancia por los vencimientos de deuda que enfrenta Argentina. El próximo 9 de enero, el Tesoro deberá afrontar pagos por aproximadamente 4.400 millones de dólares correspondientes a bonos soberanos. Sin embargo, con un riesgo país de 1.071 puntos, el costo de endeudamiento internacional continúa siendo extremadamente elevado. Ese indicador representa un rendimiento adicional de 10,71 puntos porcentuales sobre los títulos estadounidenses de referencia. Si estos últimos rindieran 4 por ciento, Argentina debería afrontar un costo aproximado del 14,71 por ciento anual para financiarse en condiciones comparables.

El escenario internacional amenaza con profundizar las dificultades. JP Morgan proyectó que la Reserva Federal estadounidense aumentará las tasas de interés en 25 puntos básicos durante sus próximas 3 reuniones, acumulando un incremento de 75 puntos básicos. Bank of America y Deutsche Bank comparten esa expectativa.

La desconfianza también se trasladó al mercado cambiario. El dólar mayorista terminó en 1.580 pesos, con una suba semanal del 2,4 por ciento, la mayor desde abril de 2025. En el Banco Nación, el minorista alcanzó los 1.600 pesos, mientras que el contado con liquidación llegó a 1.782,10 pesos. La brecha cambiaria se amplió hasta el 12,8 por ciento. Al mismo tiempo, los bonos soberanos registraron pérdidas superiores al 3 por ciento en algunos casos y las acciones argentinas volvieron a retroceder en Wall Street.

La paradoja es que Milei había formulado ese diagnóstico cuando estaba en la oposición. En 2018 rechazaba que el riesgo país pudiera explicarse por el temor al kirchnerismo y señalaba directamente al endeudamiento y a la gestión del gobierno de turno. Ahora, después de casi 3 años de ajuste, cientos de miles de empleos perdidos, miles de empresas cerradas y un mercado interno debilitado, el riesgo país vuelve a superar los 1.000 puntos. El Gobierno sacrificó consumo, salarios, empleo e industria en nombre de una confianza financiera que sigue sin aparecer. El resultado pone en discusión no solamente la estrategia de endeudamiento de Caputo, sino el propio modelo económico: después de trasladar buena parte de sus costos a los trabajadores y al aparato productivo, ni siquiera consiguió convencer a los inversores que buscaba beneficiar.

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¿Como quién terminará su mandato el presidente libertario?

El último año de Milei

El martes se anunciará que la economía está en recesión, mientras el riesgo país y el dólar se disparan. En ese contexto arranca el último año de mandato de Milei surgido en 2023. ¿Cómo transitaron ese período clave sus antecesores?

El próximo martes, el Indec informará oficialmente que la economía ha caído en recesión. Lo hará mediante la publicación del dato de septiembre del estimador mensual de actividad (EMAE), y con ello quedará consumada la acumulación de dos trimestres consecutivos de retroceso de la economía, decretando la recesión.

El presidente experto en crecimiento con y sin dinero se chocará con el espejo. Su plan no funciona. Pasan los meses y no levanta. Ya van 30 meses seguidos con destrucción neta de empresas. En total se perdieron 32.429 compañías, récord absoluto desde el regreso de la democracia.

El riesgo país se disparó este viernes a 1.071 puntos básicos. El dólar va pasando de verde a rojo. Arranca la corrida. Crece la brecha entre el oficial y los financieros. La desconfianza se dispara. Hay presión sobre las tasas de interés. Patricia Bullrich se despega.

Así están las cosas para Javier Milei, el primer presidente libertario de la Argentina, a poco de empezar el último año de mandato para el cual fue elegido en 2023.

La situación es de fuerte incertidumbre. La aplastante derrota de Donald Trump a principios de mes en las elecciones legislativas de Estados Unidos puso en jaque al prestamista de última instancia del gobierno argentino. Desde que el mandatario norteamericano asumió ese rol, en las elecciones de octubre del año pasado, con la intervención directa en el mercado de cambios local, la suerte de Milei pasó a depender, en buena medida, de la vitalidad de su salvador.

El éxito político del oficialismo con el dictamen para suspender las PASO, más allá de lo que tuvo que ceder en el camino, sumado al anuncio de otro mes con superávit gemelos, fiscal y externo, no sirvió como mínimo dique de contención esta semana para evitar el desborde del riesgo país (financiero) arriba de los 1000 puntos.

Tampoco alcanzó con amenazar con una bazuca de dólares a quienes corran al dólar, como hizo Milei en el Argentina Week de París a principios de octubre, ni ninguna de sus intervenciones o las del ministro de Economía, Luis Caputo. Desde que Trump mordió el polvo, la desconfianza los acecha. Los bonos de la deuda nacional están en caída libre y la compra de divisas se acelera.

El humor social, de acuerdo a la mayoría de los sondeos de opinión pública, es contrario al Gobierno. Son más los que quieren que se vaya que quienes prefieren su continuidad. La acumulación de promesas incumplidas, como la recuperación en V, la inflación que iba a empezar con 0 (ahora lo que empieza con 0 es el crecimiento económico) o los mejores 18 meses dañaron la credibilidad de Milei.

En el Círculo Rojo, de todos modos, todavía domina la esperanza en su experimento libertario. Son más los que creen que el Presidente podrá revertir el escenario tan desafiante del presente, mostrando convicción en el rumbo, y que eso lo fortalecerá de cara a la elección.

Uno de los argumentos que presentan entraña una paradoja: afirman que el Gobierno tiene un respaldo inédito por los dólares que ingresan gracias al boom de Vaca Muerta. Lo paradójico es que esa fortaleza de Milei es posible porque Cristina Kirchner estatizó YPF, cuando Repsol orientaba sus inversiones fuera de la Argentina y agotaba aquí los recursos concesionados, y porque Alberto Fernández avanzó con la obra clave del gasoducto Néstor Kirchner.

Por las dudas, más allá del respaldo que aún le dan a Milei, en el Círculo Rojo avalan que Bullrich haga su juego y se presente como plan B, por si se requiere pasar al mileismo sin Milei.

Último año

Un breve repaso sobre cómo estaban los ocho presidentes que tuvo la Argentina desde la recuperación democrática -más allá del descontrol de diciembre de 2001- de cara a su último año de mandato puede servir de referencia para anticipar situaciones, aunque la historia y los contextos tienen características propias.

En noviembre de 1988, por ejemplo, Raúl Alfonsín sufría la debilidad política de la derrota en las elecciones legislativas de 1987, con el Plan Primavera de estabilización inflacionaria, lanzado en agosto, a tres meses de naufragar. El 6 de febrero de 1989 el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, perdía la pulseada con el mercado y abría las puertas a una devaluación que arrastraría al país a la hiperinflación y al gobierno radical a un final anticipado.

En mayo de 1994, un año antes de las elecciones presidenciales de 1995, Carlos Menem transpiraba por el shock del Efecto Tequila, la devaluación mexicana que hirió gravemente al Plan de Convertibilidad. Sin embargo, los años anteriores de inflación por el piso y alto consumo de una clase media todavía extendida, gracias al dólar barato y los créditos abundantes, terminaron inclinando la balanza a favor del riojano. Seguramente será el antecedente que le gustará ver a Milei, aunque su realidad encuentra más coincidencias con lo que sucedería cuatro años más tarde.

En noviembre de 1998, antes de las elecciones de octubre de 1999 que consagrarían presidente a Fernando de la Rúa, Menem se arrastraba con dos años largos de recesión a cuestas, con la convertibilidad maltrecha y su figura gastada. Un año después, la Alianza liderada por el radicalismo llegaría al poder.

De la Rúa ni se acercó al tercer año de mandato. Fue expulsado en diciembre de 2001 en medio de un caos social, económico e institucional que hizo temblar hasta la integridad territorial. Fueron dos años de continuidad de lo que había dejado Menem, insistiendo con que el plan iba a funcionar, que estaba el blindaje, que había que perseverar en el rumbo, mientras la deuda crecía y la recesión no encontraba piso. Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger estaban allí y anunciaron, por ejemplo, la baja del 13 por ciento en las jubilaciones.

Duhalde, presidente emergente de esa crisis, completó el mandato de De la Rúa. Entregó el poder a Néstor Kirchner en mayo de 2003, con la economía que empezaba a salir del “décimo subsuelo”, como decía el patagónico, quien conservó a Roberto Lavagna como ministro de Economía hasta octubre de 2005. En noviembre de 2006, a esta misma altura del mandato de Milei, la economía crecía a tasas chinas, con el Estado al frente del proceso y el FMI afuera del país. Cristina Kirchner ganó muy cómoda en 2007.

En noviembre de 2010, Cristina sostenía el rumbo kirchnerista a todo vapor, con estatizaciones y subsidios al frente, todavía con dólares para aguantar, pero menguando, en un mundo sacudido por la crisis colosal de Estados Unidos en 2008. En 2011 Cristina reeligió por paliza en primera vuelta.

En noviembre de 2014, en cambio, Cristina intentaba dominar la situación tras la devaluación de inicios de año, con Axel Kicillof como ministro de Economía. Faltaban dólares. La inflación empezó a agrietar el humor social, aunque el paro general del año siguiente fue contra el impuesto a las Ganancias a los trabajadores. En 2015, Daniel Scioli cayó ante Mauricio Macri.

Macri llegó a noviembre de 2018 pidiendo a los argentinos que amaran a Christine Lagarde, la directora del FMI, después de conseguir que habilitara deuda por 57.000 millones de dólares para el país. Trump fue también en ese caso el prestamista, un antecedente que puede preocupar a Milei, porque en el final de Macri, el estadounidense lo miró desde la puerta del cementerio.

Alberto Fernández llegó a noviembre de 2022 con el gobierno escorado, con Sergio Massa como ministro de Economía tratando de apagar incendios, rapiñando dólares, con la inflación y la desconfianza financiera para arriba. Milei lo aprovechó. Prometió dolarización y quema del Banco Central, con motosierra en mano. Ahora es su turno de enfrentar el último año. ¿Como quién terminará?

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20 de noviembre de 2026

 

Crisis financiera: el Riesgo País se dispara a 1038 puntos y marca un nuevo récord

Los mercados descreen al Gobierno de Javier Milei y adelantan la fragilidad del modelo económico.  La suba ya impacta en el financiamiento de las empresas. 

El Riesgo País medido por el JP Morgan se dispara a 1.038 puntos en el inicio de la jornada de los mercados y marca un nuevo récord nominal en lo que va del año. Los mercados profundizan el descreimiento al Gobierno de Javier Milei y adelantan la fragilidad del modelo económico.  La suba ya impacta en el financimiento de las empresas. 

Durante los últimos meses, el indicador de riesgo argentino registró un marcado incremento: desde los 410 puntos básicos de la primera semana de julio llegó a 830 hacia mediados de noviembre, luego de haber tocado picos de 950 a principios de este mes. Este viernes 20 de noviembre llega a los 1.038 puntos y marca un nuevo récord.

El impacto de la suba del riesgo país en el financiamiento de las empresas

El Banco Provincia señaló que, pese a la ausencia de una reacción significativa del dólar, el aumento del riesgo país ya tiene repercusiones concretas sobre la actividad económica. Como ejemplo, mencionó la fuerte desaceleración en la adquisición de divisas por parte del Banco Central (BCRA), cuyo promedio mensual pasó de US$1.900 millones durante la primera mitad del año a US$880 millones en el período agosto-octubre.

La principal consecuencia se manifestó en el financiamiento empresarial, debido a que el mayor costo de la deuda pública restringió el acceso al crédito del sector privado. En concreto, el volumen conjunto de obligaciones negociables y préstamos bancarios denominados en dólares se redujo un 20%, desde un promedio mensual de US$2.700 millones entre enero y julio hasta US$2.100 millones entre agosto y octubre. Al dejar fuera del cálculo a YPF, la disminución alcanza el 35%, con una baja de US$2.600 millones a US$1.600 millones mensuales.

El Destape

Tarifazo en AySA: tras la privatización, el agua aumentará para millones de personas en febrero

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo esquema tarifario que elimina subsidios y aumenta los costos del servicio que fue privatizado por Milei hace un mes. 

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó una reestructuración de las tarifas de AySA que provocará aumentos en las facturas de millones de usuarios residenciales. La medida comenzará a regir el 1° de febrero de 2027. Según las estimaciones de la empresa, otros cientos de miles de usuarios recibirían rebajas, mientras que para otro grupo similar no habría variación.

La Resolución 45/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, redefine el mapa tarifario al reemplazar las actuales once categorías geográficas por cinco niveles. El cálculo se basará en la situación socioeconómica estimada para cada zona, a partir de información del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares.

"Los coeficientes zonales, que permanecían sin revisión desde las décadas de 1960 y 1980, serán actualizados para adecuar la clasificación tarifaria a las transformaciones urbanas, demográficas y socioeconómicas que experimentó el Área Metropolitana de Buenos Aires durante las últimas décadas", explicó AySA en un comunicado, y agregó que el nuevo esquema "permitirá avanzar hacia una distribución tarifaria que refleje de manera más adecuada las diferencias socioeconómicas entre las distintas áreas".

El ERAS rechazó, sin embargo, el cronograma propuesto por AySA, que contemplaba subas acumulativas del 5% mensual sobre los cargos variables. En su lugar, estableció un tope del 1,5% mensual para los aumentos de ese componente originados en la reforma. Las reducciones, por el contrario, se aplicarán de manera inmediata desde febrero. El límite no equivale a un congelamiento general de la factura frente a otras actualizaciones tarifarias.

Según las estimaciones AySA, el 59,7% de los usuarios residenciales, unos 2,03 millones, experimentaría aumentos del 22,4% en promedio, mientras que el 20,3% (692.550 usuarios) tendría reducciones y el 20% restante (680.733) no registraría modificaciones. Para el conjunto de los usuarios residenciales, la empresa proyectaba un incremento promedio del 11%.

Respecto a la privatización, que en octubre pasado adjudicó la empresa a un consorcio de compañías, AySA señaló que "en caso de existir recursos excedentes en el Programa de Tarifa Social, el organismo regulador (ERAS) podrá destinarlos a ampliar las metas de inversión previstas para la concesión, de acuerdo con las condiciones contractuales correspondientes".

Cómo será la nueva clasificación de usuarios de AySA desde febrero de 2027

La reforma establece cinco niveles con sus respectivos coeficientes, determinados mediante información del Censo 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares: bajo (0,75), medio bajo (1,25), medio (1,75), medio alto (2,25) y alto (2,75). Los barrios cerrados quedarán incluidos en el nivel más alto y los barrios populares, en el más bajo.

Por otra parte, se extenderá un recargo del 10% sobre el precio del servicio cloacal a 51.602 usuarios con medidor del denominado Radio Antiguo porteño, por el mantenimiento de los desagües pluviales.

Finalmente, la resolución dispone que los ingresos adicionales generados por la reforma se destinen a la tarifa social. El ERAS estima un excedente de $237.676 millones, a valores de diciembre de 2025, durante el primer ciclo tarifario.

Qué pasará con las tarifas sociales

Los beneficiarios actuales de la tarifa social conservarán el valor de sus facturas hasta la renovación o finalización del beneficio. Además, el programa se prorrogará excepcionalmente por un año para quienes tengan el subsidio vigente al 31 de diciembre de 2026.

En paralelo, el organismo regulador rechazó el esquema original de AySA, que contemplaba incrementos acumulativos de hasta el 5% mensual sobre los cargos variables. En su lugar, estableció un límite del 1,5% mensual sobre ese componente de la factura por efecto de la nueva zonificación, mientras que las reducciones se aplicarán inmediatamente desde febrero.

Además, el ERAS decidió mantener el descuento del 15% para las dos categorías socioeconómicas inferiores, cuando AySA originalmente pretendía conservarlo únicamente para la más baja.

Para quienes pierdan ese beneficio por ser reclasificados en categorías superiores, su eliminación se realizará gradualmente entre febrero y noviembre de 2027.

El Destape

Los 71 senadores presentes aprobaron la norma

El Senado aprobó la Ley de Discapacidad: un voto unánime fruto de la movilización y la lucha

Las personas con discapacidad, su familia, los prestadores y organizaciones de todo el país son los responsables del apoyo total en el Senado. El presupuesto, la otra pelea.

Eva Moreira

Las familias y las organizaciones lo hicieron. Gracias a la lucha del colectivo de discapacidad y a la movilización popular, finalmente se sancionó por unanimidad la nueva ley de Fortalecimiento de Discapacidad, que busca convertir en un régimen estable las medidas que estaban plasmadas en la emergencia vigente, que vence en diciembre. La visita del papa León XIV le dio el último impulso, y la iniciativa pudo convertirse en ley con el voto afirmativo de los 71 senadores presentes en la Cámara alta. Desde diversas bancas opositoras pidieron que los recursos necesarios para la norma estén plasmados en el Presupuesto 2027, y mostraron dudas sobre el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Esa preocupación la tienen las organizaciones que agrupan a las personas con discapacidad. Desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) festejaron la sanción, pero advirtieron que “esta ley sin presupuesto no se sostiene. Sin las partidas necesarias, esta ley es letra muerta”. Poco después de la votación y frente al edificio del Congreso, una madre junto a su hijo piensa un segundo antes de responder sobre la sanción de la ley: “La lucha venció a la crueldad”, afirmó.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, dijo el Papa durante su visita al Cottolengo Don Orione, y los senadores se hicieron eco de esa frase en el recinto. La oposición aprovechó para marcarle al gobierno de Javier Milei la brutalidad que se mantuvo contra el sector. “Desde que asumió el gobierno, las personas con discapacidad están desprotegidas”, dijo la senadora catamarqueña Lucia Corpacci, que le aclaró al oficialismo que el proyecto sancionado “no es del Ejecutivo”.

Fueron varios los que recordaron la animosidad del Gobierno, específicamente del presidente, con las personas con discapacidad. La tucumana Beatriz Ávila fue una de las senadoras que repasó las etapas de la ley de emergencia, y una de las que advirtió que “la discapacidad no puede ser variable de ajuste”. Juliana di Tulio, del bloque Justicialista, se expresó en el mismo sentido y marcó el desinterés constante que el Ejecutivo ha mostrado por uno de los sectores más sensibles de la sociedad. “Lo único que le interesa a Milei es su reelección. Yo creo que ni el Papa les puede hacer ese milagro”, cuestionó la senadora bonaerense sobre la falta de empatía del primer mandatario que dedicó mensajes en sus redes sociales para insultar a un niño con autismo. De esta forma acusó al oficialismo de tener un “discurso perverso” al marcar las contradicciones y las crueldades del gobierno de Javier Milei con el colectivo de discapacidad.

Los principales opositores recordaron que el primer veto de Javier Milei fue el 4 de agosto de 2025. Aquella decisión presidencial arrasó con la totalidad de la Ley de Emergencia sancionada el 10 de julio para atender las necesidades más urgentes del sector. Luego, el Congreso rechazó el veto con dos tercios de sus votos. Pero poco valió el pronunciamiento del Poder Legislativo. La Casa Rosada encontró un vericueto para no aplicar la ley. Introdujo una condición para llevar adelante su ejecución: que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. Más tarde intervino la Justicia, que entendió que el Estado no podía justificar la inacción en la cuestión presupuestaria. Recién el 4 de febrero el gobierno terminó de reglamentar la ley 27.793. Pero desde el colectivo de discapacidad se denunció su falta de aplicación, lo que también terminó en una denuncia judicial. En ese ínterin, el gobierno reprimía y gaseaba a las familias y a las organizaciones que reclamaban en las puertas del Congreso los derechos para las personas con discapacidad.

Ley discapacidad Senado
Ley discapacidad Senado Ley discapacidad Senado Prensa Senado

Los legisladores también detallaron que la oposición en el Congreso comenzó a presionar por prorrogar la Ley de Emergencia que el gobierno a regañadientes había empezado a cumplir ahora a instancias de la justicia. La movilización popular y la lucha de las familias fueron clave para imponer el tratamiento del tema. El anuncio de la visita del papa León XIV al Cottolengo, perjudicada por la falta de financiamiento al sector, acabó por poner en alerta al Gobierno.

Un sector de los libertarios, en coordinación con Patricia Bulrrich y Martin Menem, empezó a trabajar en “una ley superadora” que al principio no tenía la más mínima forma. Finalmente, decidieron copiar los principales puntos de la Ley de Emergencia que pedía prorrogar la oposición. En tanto se ajustaba el texto, apareció una jugada del asesor Santiago Caputo, en el Presupuesto 2027. El capítulo VI iba en sentido contrario a lo que el bloque violeta trabajaba en Diputados. Proponía cambios profundos en derechos que fueron reconocidos por la Ley 27.793 y la 24.901.

Para salir del brete, Menem puso al aliado, el diputado Oscar Herrera Ahuad, a recolectar los pedidos de las organizaciones. Uno de los que les negó a las propias personas con discapacidad la participación en el debate en el plenario de comisiones. El misionero recogió algunas de las solicitudes de los sectores para poder avanzar en un texto de consenso y conseguir en aquel momento la media sanción antes que el Papa llegara al país. La propia Karina Milei se presentó en la Cámara de Diputados para darle respaldo a la norma, que ahora logró la sanción definitiva en el Senado.

Patricia Bullrich hizo un análisis diferente de lo que ocurrió al defender la propuesta. Buscó hacer pie en que la ley de Fortalecimiento de la Discapacidad “genera transparencia y previsibilidad en las familias”. Para la libertaria, la ley de emergencia no lo hacía. Otro de sus argumentos en contra de la ley vigente es que en 2025 esa norma “se dio a los gritos”. Sobre la iniciativa ahora sancionada, resaltó que “dice de dónde va a salir cada peso”.

Otro tema en el que hizo foco fue en las auditorías. “Esta ley controla en serio”, dijo la exministra de Seguridad. Los opositores habían apuntado fuerte a las bajas de pensiones que hizo el gobierno. “Ponen en tela de juicio que una persona con discapacidad tiene una discapacidad. No es de buen argentino lo que hacen”, afirmaba Di Tullio al cuestionar el salvaje sistema de revisiones que llevaron adelante.

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Desde la oposición tienen dudas en lo que pueda hacer el gobierno. “Hay que ver si cumplen”, dijo el senador camporista Eduardo De Pedro, y arremetió contra el gobierno al marcar que “uno escucha un desprecio permanente hacia las personas con discapacidad por parte del presidente”. El rionegrino Martin Soria, en el mismo sentido, marcó las contradicciones del Ejecutivo. “Este repentino interés no debe engañarnos”, dijo el peronista y apuntó contra el presupuesto 2027 del gobierno. A esto respondió Patricia Bullrich con la intención de mostrar alguna certeza. “Los acuerdos se tienen que honrar”, dijo la libertaria.

Desde el colectivo de discapacidad festejan la sanción de la Ley, pero alertan sobre lo que pueda pasar con el presupuesto. “Esta ley sin presupuesto no se sostiene. Si el jueves no pasa nada, esta ley es letra muerta”, dijo a Página/12, Ana Dones integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). La semana que viene, la Cámara de Diputados tiene previsto que el dictamen de presupuesto sea debatido en el recinto. Las partidas para discapacidad serían las únicas en las que el ejecutivo habría cedido.

Desde REDI también destacaron la lucha de las familias y de los prestadores para poder lograr la ley, que aclaran que no es una norma que contempla todos los pedidos, ni las necesidades que pretende el sector. “No es la ley que queremos”, dijo la histórica referente, Ana María Dones.

Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Naci—n, en Buenos Aires
Senado La Cámara alta aprobó por unanimidad la nueva ley de Discapacidad Gabriel Cano / Comunicaci—n Senado.. Gabriel Cano / Comunicaci—n Senado.

En diálogo con este diario, la actriz Valentina Bassi analizó que el oficialismo “pegó un volantazo importante”, y aclaró que la tiene sin cuidado, como lo argumentaron desde el gobierno. “Lo que importa es que están hablando de nuestras demandas y nuestros derechos. Lo que quiere decir que tuvo fuerza nuestro reclamo”. A su vez, advirtió que “la ley no va a dar estabilidad si no la cumple el ejecutivo”, y volvió sobre los padecimientos que sufren las personas con discapacidad y los prestadores de salud. “Seguimos en emergencia, los prestadores están endeudados hasta la coronilla”, ejemplificó.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebraron la conquista. “Es resultado de la lucha sostenida de las personas con discapacidad, sus familias, los prestadores, trabajadores y organizaciones de todo el país”, indicaron. “Ahora es fundamental que el Presupuesto 2027 contemple las partidas necesarias para garantizar la implementación efectiva de la ley”, agregaron. La lucha continúa.

Pagina 12

19 de noviembre de 2026

Más fondos para la SIDE: Milei amplió su presupuesto en $6.100 millones

El Gobierno realizó una nueva ampliación presupuestaria en el área de inteligencia, luego de la que ya había implementado en julio pasado. Hace una semana habían convocado a una búsqueda laboral de espías y el primer día se postularon más de 40.000 personas. 

El Gobierno de Javier Milei dispuso un aumento de $6.157 millones en el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial como parte de una ampliación presupuestaria mayor.

La ampliación corresponde al programa de Información e Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la Nación, y está destinada íntegramente a gastos corrientes. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo justificó las modificaciones presupuestarias en la necesidad de atender gastos de funcionamiento, personal, equipamiento e inteligencia, entre otros conceptos.

Según las planillas anexas, los mayores incrementos corresponden a servicios comerciales y financieros, con $1.500 millones; mantenimiento, reparaciones y limpieza, con $1.323 millones; y alquileres de maquinaria, equipos y medios de transporte, con $1.000 millones.

Además, se destinaron otros $800 millones para pasajes y viáticos, $600 millones para servicios de internet, $534 millones para capacitación y difusión, y $400 millones para impuestos y tasas.

La totalidad de los nuevos fondos corresponde a servicios no personales y el anexo no identifica partidas adicionales para gastos reservados. Tampoco detalla el presupuesto total que tendrá la SIDE después de la modificación ni permite determinar el porcentaje de incremento respecto de los recursos que tenía asignados previamente.

Las ampliaciones presupuestarias para la SIDE y los mayores gastos reservados

A mediados de julio pasado, el Gobierno ya había aumentado en $49.261,5 millones el presupuesto de la SIDE, dentro de la modificación presupuestaria aprobada por Milei mediante el DNU 594/2026.

En ese momento, del total incorporado al organismo, casi $7.500 millones fueron asignados a gastos reservados. Se trata de erogaciones vinculadas a actividades de inteligencia cuyo uso queda exceptuado de los mecanismos habituales de publicidad y desglose presupuestario debido al carácter secreto de las operaciones.

Anteriormente, el Gobierno ya había aumentado los gastos reservados para la SIDE en otras ocasiones. La mayor fue en julio de 2024 por unos $100.000 millones, pero también en marzo de 2025 por $1.600 millones y en mayo de 2025 por $8.017 millones.

Además, a inicios de noviembre el Poder Ejecutivo dispuso fondos para la SIDE al lanzar un curso público para el ingreso de nuevos agentes el año próximo, con postulaciones que seguirán abiertas hasta el 30 de noviembre.

La ampliación presupuestaria de este jueves

El Gobierno de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con ampliaciones para la ANSES, pensiones no contributivas y programas de discapacidad, en el marco de fuertes atrasos para esas partidas en los últimos años.

 Además, se incluyen refuerzos para defensa, energía y la SIDE, mientras que en paralelo redujo partidas de asistencia financiera del Tesoro y transferencias a empresas públicas.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que la adecuación era necesaria para garantizar el funcionamiento de distintas áreas del Estado y advirtió que, de no realizarse inmediatamente, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. También justificó los cambios en necesidades salariales, de funcionamiento y equipamiento.

El Destape

Se votaba una resolución contra la violencia hacia mujeres y niñas

Repudio absoluto a la abstención argentina en la ONU

Taiana, Díaz y Filmus, entre otros, cuestionaron al Gobierno por no apoyar el fortalecimiento de las políticas contra las violencias.

 
Soledad Ferrari

La política exterior de Milei y de Quirno sigue dándole la espalda a la legislación nacional y a los derechos humanos a nivel internacional. Este martes, la Argentina se abstuvo de respaldar en la ONU la resolución que instaba a los Estados a incrementar los esfuerzos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. El diputado nacional Esteban Paulón cree que este tipo de decisiones le hacen mucho daño a la Argentina, ya que termina votando una resolución que es contraria a su propia legislación nacional. “Se olvidaron de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esto nuevamente pone al gobierno argentino y a la República Argentina en un lugar de sumisión total y de falta de consecuencia y de coherencia con su política histórica de derechos humanos”.

De esta manera, el presidente libertario volvió a dar una muestra grosera del alineamiento directo y acrítico con la política exterior de Estados Unidos. La Argentina compartió posición con Estados Unidos, Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso. Somalia fue el único país que votó en contra. Israel, uno de los principales aliados internacionales de Milei, acompañó la iniciativa.

Oleada de repudios. Nada sorprende de quien se burla de los discapacitados y de aquellos que no llegan a fin de mes. La decisión está en resonancia con las acciones despiadadas que implementa Milei. Desde que asumió, no hace otra cosa que talar todo tipo de políticas públicas, abandonar a las personas que sufren violencia de género y sostener una acción decidida en un sentido contrario.

Para Estela Díaz, ministra de las Mujeres, se trata de violencia política, simbólica y de discriminación que tienen sus expresiones por redes sociales. “Lo hemos visto hasta el cansancio. Cuesta encontrar calificativos para decir lo que Milei expresa en ese sentido, porque se subordina al dictado de lo que debe hacer en esos foros, mira al papá Trump y lo copia. Nosotros la podemos cotejar en la gestión que llevamos adelante en todos los municipios. Nos acompañan y nos piden más recursos, más intervención, presencia en relación al abordaje de las violencias en los municipios gobernados por todos los signos políticos”.

Díaz asegura que, en los sondeos de opinión, ni los votantes de Milei acompañan estos posicionamientos tan evidentes en el desprecio por la calidad de vida, en este caso de las mujeres.

Para “Nati” Morales, diputada de Jujuy, se trata de una decisión más de un gobierno negacionista y misógino, “tanto que en ámbitos como la ONU, ni siquiera tiene política de condenar aunque sea formalmente la violencia contra infancias y mujeres. Su accionar es más bien simbólico, un accionar para seguir sosteniendo una posición de la internacional de derecha”.

La delegación argentina no pidió la palabra para fundamentar su posición. La estadounidense sí explicó sus reparos. Washington objetó las referencias a las políticas de género, la salud sexual y reproductiva y la educación sexual. El resultado fue el mismo para los dos gobiernos. En el caso argentino, quedó abierta una pregunta que la explicación posterior de Cancillería tampoco despejó. “El diablo está en los detalles”, dijo el canciller Pablo Quirno cuando le preguntaron por la abstención. Aseguró que el Gobierno está en contra de la violencia hacia mujeres y niñas y sostuvo que ciertos aspectos del documento no coincidían con la posición oficial. No mencionó un párrafo, una medida ni una formulación concreta. Fuentes de Cancillería dijeron que el texto incluía conceptos que consideraban ideológicamente controvertidos y que algunas disposiciones no contemplaban adecuadamente las legislaciones y políticas de cada país.

El diputado y excanciller Jorge Taiana calificó la abstención en su cuenta de X como un “nuevo bochorno diplomático”. El legislador consideró histórica la iniciativa que la Argentina decidió no acompañar. La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade también apuntó contra el presidente en esa red. “El vergonzante voto de abstención, no es de la Argentina. Es del gobierno de @JMilei”, escribió. En el mismo posteo cuestionó el alineamiento con Donald Trump y cerró con “Mi repudio absoluto”. El exministro de Educación Daniel Filmus definió la abstención como “una decisión que nos aleja del consenso internacional y de la tradición diplomática argentina en defensa de los derechos humanos”.

En materia de protección, el Estado argentino tiene una trayectoria por demás destacada. Son años de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes y mujeres, con una legislación modelo a nivel internacional. A María Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo, le preocupa que lo ocurrido en la ONU refuerce el temor de las víctimas en Argentina a efectuar denuncias y generar una situación de anomía por las posibles sanciones al Estado ante futuros reclamos internacionales. “Después de tener un alto recorrido con relación a acompañar y suscribir convenciones internacionales y sancionar legislación modelo como la 26.485, entre otras, esta abstención puede traer consecuencias. Esto es un retroceso”. En este contexto, la víctima no tendrá la permeabilidad del Estado para efectuar denuncias.

La votación se realizó el martes en Nueva York, en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que trata asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. La propuesta, impulsada por Francia y Países Bajos junto con otros países, pide a los Estados que refuercen sus políticas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. El texto incluye la violencia en entornos digitales y aborda el acceso a la salud sexual y reproductiva.

La Cancillería objetó que el texto no contemplaba adecuadamente las leyes y políticas de cada país. El argumento tropieza con los compromisos que el propio Estado ya asumió. La Convención de Belém do Pará lo obliga a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También está la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional. La abstención deja esas obligaciones intactas. Lo que cambió fue la posición del Gobierno argentino cuando tocó respaldar en la ONU una iniciativa para hacerlas valer. En 2024, el gobierno de Milei había votado en contra de una resolución similar. Esta vez se abstuvo. El resultado volvió a dejar a la Argentina del lado de una minoría cuando se discutían medidas de prevención y protección frente a la violencia.

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