Dialogar o sancionar: el dilema del peronismo frente a los que colaboran con Milei

El apoyo a la reforma laboral de Milei de legisladores electos en las listas del peronismo impactó en la dirigencia. Si bien son mayoría los que apuestan a que gobernadores como Jaldo y Jalil vuelvan a las filas partidarias, también hay quienes piensan en sanciones.

Fernando Cibeira

“En las otras leyes que estamos discutiendo seguro vamos a tener distintas opiniones, pero si sos peronista de ninguna manera se puede votar una reforma que vaya en contra de los derechos de los trabajadores”, resumía un senador de Unión por la Patria que el viernes próximo volverá a rechazar el proyecto en el recinto, ya resignado a que se convierta en ley. La decisión de algunos gobernadores peronistas -o aliados a peronismos provinciales- de acompañar los proyectos de Javier Milei tras las elecciones de octubre le permitió al oficialismo encadenar una serie de triunfos parlamentarios y relegó a los bloques de UP a un rol casi testimonial. Frente a este escenario, en el peronismo predominabann quienes optaban por masticar bronca y esperar que un eventual deterioro del Gobierno vuelva a alinear a esos mandatarios con los intereses populares. Sin embargo, en sectores más cercanos a Cristina Kirchner deslizaban la posibilidad de algún tipo de sanción interna. “No se puede seguir así. La gente vota peronismo para enfrentar a Milei. Así, la política pierde credibilidad”, advertían.

Luego de varias sesiones a lo largo de 2025 en las que el peronismo había conseguido doblegar al Gobierno en temas sensibles -presupuesto universitario, emergencia en discapacidad, Garrahan-, el triunfo de Javier Milei en las legislativas nacionales cambió drásticamente la tendencia. Los gobernadores peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil -que hasta entonces alternaban sus votaciones según el tema- consolidaron bloques propios y pasaron a actuar como aliados estables del oficialismo, en línea con el PRO y la UCR. Lo mismo sucedió con los gobiernos de Salta y Misiones, con distintos grados de articulación con los peronismos locales. Ese reordenamiento le permitió a La Libertad Avanza, que cuenta con 95 diputados, alcanzar en los hechos un piso cercano a los 130 votos y encadenar triunfos en las votaciones del Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y, finalmente, la Reforma Laboral, que todo indica será convertida en ley el viernes próximo

La reforma -que vulnera buena parte de los avances conquistados por el peronismo- impactó de lleno en Unión por la Patria. “Se superaron todas las marcas. Para mí fue una de las peores noches del Congreso desde el retorno democrático”, evaluó el diputado Eduardo Valdés, un dirigente histórico del PJ. En diciembre pasado, Valdés recibió la sugerencia de Cristina Kirchner para que intentara convencer a Jalil de no romper la bancada de UP y evitar que perdiera la condición de primera minoría. El gobernador rechazó el planteo con el argumento de que esa decisión acarrearía beneficios para su provincia. Los legisladores de la bancada Elijo Catamarca acompañaron luego el Presupuesto 2026 y Jalil recibió del Ejecutivo el control del yacimiento minero Aguas de Dionisio, donde puso al frente a su hermano, Fernando.

Algunas intervenciones en la sesión del jueves aludieron a los favores que posiblemente recibirían los gobernadores que colaboraran con el Ejecutivo, una rémora de la recordada Ley Banelco de Fernando de la Rúa. El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, habló de "packs" porque esas colaboraciones incluirían distintas formas de acompañamiento. En el caso de Catamarca, por ejemplo, los diputados dieron quórum y luego votaron en contra. La diputada de extracción sindical Vanesa Siley, en medio del griterío oficialista, retrucó que los “chorros” que desde ese sector se denunciaban había que buscarlos, justamente, entre esos peronistas que colaboraban con el Gobierno.

Posteriormente, tuvo un intercambio por las redes con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, funcionario de Jaldo. "El peronismo no está como está por las provincias ni por quienes hoy sostenemos la gestión con responsabilidad. Está como está por el desmanejo político e institucional que ustedes llevaron adelante a nivel nacional, por las decisiones cerradas, la soberbia interna y una profunda desconexión con la realidad del pueblo argentino", sostuvo Monteros. "No nos vengan a endosar responsabilidades a quienes hoy tenemos que ordenar, gobernar y contener después de una derrota que fue consecuencia directa de esa conducción. Las provincias no fallaron: falló una forma de hacer política que alejó al peronismo de la gente", agregó. Siley respondió en el mismo tono: "Se puede gestionar una provincia y tener coherencia con la historia, la doctrina y sobre todo con nuestra gente. La dicotomía que planteas es falsa, y un lugar demasiado común, propio de aquellos que no pueden justificar a la luz del día sus actos. Todas las provincias están perdiendo, sino observá la coparticipación de enero; eso se va a profundizar".

Efectivamente, como marcó Vanesa Siley, la rebaja impositiva incluida en la reforma laboral implicará una merma de recursos para las provincias. “Según mi cálculo, perderán 1,8 billones de pesos”, advirtió el senador Jorge Capitanich. Ex jefe de Gabinete y ex gobernador del Chaco, Capitanich sostuvo que la principal dificultad que atraviesa hoy el peronismo es la fragmentación de la política nacional en una constelación de intereses provinciales, donde cada mandatario actúa con la lógica de resolver su propia coyuntura, sin una mirada de conjunto. Aun así, consideró que el peronismo se mantiene como la única alternativa frente a la derecha libertaria. “Nuestra opción representa a la mayoría, pero hoy está fragmentada”, explicó. A su entender, esa situación tenderá a revertirse a medida que se profundice el deterioro social derivado del modelo económico y el peronismo logre reconstruir una agenda propia, alineada con una propuesta nacional para 2027.

Capitanich, como la mayor parte de los dirigentes consultados, entiende que habrá que esperar el deterioro de Milei para que los gobernadores peronistas y aliados vuelvan a dirigir su mirada a Unión por la Patria. "En el peronismo necesitamos a todos adentro, no hay que pelearse con los gobernadores. Las sanciones no sirven para nada", coincidió el diputado Pablo Yedlin en diálogo con El Destape Radio. Yedlin es tucumano pero no está alineado con Jaldo y votó contra la reforma. "Tucumán va a perder 130 mil millones de pesos al año y eso no se recupera con ATN", apuntó. Con todo, mantiene una mirada contemplativa respecto a la actitud de los mandatarios, incluso dijo que le encantaría reunirse con ellos.

Pero no todas las opiniones iban en la misma dirección. La diputada Teresa García, muy cercana a Cristina y Máximo Kirchner, consideraba que las actitudes que se vieron en el recinto deberían tener algún tipo de sanción. "De mínima, tienen que estar suspendidos en los padrones partidarios", planteó. Aclaró que no había conversado sobre el tema con CFK y que hablaba a título personal. Tere García fue interventora del PJ de Corrientes. Esa intervención, lo mismo que las de Salta y Jujuy, no consiguió los resultados electorales esperados. "Si se intervino fue porque venía mal de antes, los resultados no fueron culpa de esa decisión", sostuvo. Según su mirada, permitir que un diputado electo por el peronismo acompañe proyectos de Milei -en especial una reforma laboral- sólo profundiza la pérdida de credibilidad de la política en general y el descrédito del PJ en particular. “¿Cómo hacemos después para pedirle a la gente que nos vote de nuevo?”, se preguntó.

Con la reforma laboral a punto de convertirse en ley, el peronismo quedó atravesado por una discusión que excede esta votación: cómo reconstruir una estrategia común en medio de la fragmentación y sin terminar de romper puentes con los gobernadores. Entre la paciencia de quienes apuestan a reagrupar fuerzas más adelante y la dureza de quienes reclaman sanciones para sostener la coherencia, la incógnita es si el deterioro económico alcanzará para reordenar lo que la política todavía no logra.

El Destape

Los reproches del exgobernador

El voto por la reforma laboral abrió heridas entre Llaryora y Schiaretti

El exgobernador le reprocha al actual mandatario haberle dado libertad de acción a sus diputados en la reforma laboral. Además, culpa al paro de la CGT por su sospechoso faltazo.

Gregorio Tatian

El voto del bloque cordobesista en Diputados dejó expuesto el escenario de fragilidad que atraviesa el oficialismo provincial tras la contundente derrota ante los libertarios en las elecciones de medio término. El bloque que responde a Llaryora tiene seis bancas y le aportó a la reforma laboral dos votos afirmativos -los de los schiarettistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo- y tres llamativas ausencias: la del propio Juan Schiaretti y la de los viajeros Ignacio García Aresca -hombre del riñón de Llaryora- y Alejandra Torres. El demócrata cristiano Juan Brügge fue el único que votó en contra del proyecto en general. El día antes de la votación, se especulaba que la postura de los cordobeses podía hacer tambalear el corazón de la ley: el capítulo del Fondo de Asistencia Laboral con el que ya se relame el ministro Luis Caputo y por el cual los fondos de los jubilados se destinarán a financiar despidos.

En el entorno de Schiaretti, culpan al paro general por su faltazo. Previo a la sesión y al día de huelga, el exgobernador pasó el fin de semana largo descansando en Chile. El miércoles ya estaba en Córdoba y podría haber viajado ese día por la noche en el mismo vuelo que Carlos Gutiérrez (en el que también viajó Natalia de la Sota). Eligió viajar en FlyBondi el mismo jueves bajo el argumento de que esa empresa no frenaba su operatoria por el paro. Finalmente, la falta de provisión de combustible suspendió el vuelo y Schiaretti se quedó en Córdoba. Era previsible que el viaje para estar en la sesión quedara trunco, por lo que fuentes con experiencia en la logística legislativa sospechan un ‘error calculado’. Además, el diputado decidió no viajar en auto por cuestiones vinculadas a su salud.

Bajo la máxima de que “el que gobierna la provincia define la política”, en el schiarettismo reclamaron una definición al Panal -la casa de gobierno mediterránea- desde que el tema se puso sobre la mesa del debate público. Aunque al principio le restaron valor a la influencia que podía llegar a tener el voto de Alejandra Vigo en el Senado y apelaban a la paciencia para ver qué proyecto finalmente llegaba a Diputados -donde el bloque de seis bancas sí es influyente-, pero los días pasaron y la bajada de línea de Llaryora nunca llegó. Schiaretti mandó a avisar que votaría “lo que le convenga a Córdoba”, una forma gentil de tirarle la pelota al gobernador, que mantuvo la postura del laissez-faire, dando libertad de acción a sus diputados. El gesto no cayó bien en la mesa del exmandatario y todo terminó en ausencias y votos divididos.

Por su parte, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca se encuentran de viaje. Hubo muchos rumores respecto de sus destinos, pero los equipos de ambos cerraron puertas, ventanas y celulares, y no respondieron a las consultas de Página/12, que confirmó con fuentes de San Francisco que García Aresca -que gobernó esa ciudad sucediendo a Llaryora- está en el exterior. Una nota de Letra P ubica a Torres en la Patagonia -también circuló que estaba en España, dando clases- y a García Aresca en Disney. En Córdoba es un destino que ya generó polémica cuando la diputada radical Gabriela Brower de Koning se fue a la tierra de Mickey Mouse creyendo que el año legislativo había terminado y faltó a una sesión convocada por la oposición de aquel momento, a la que le faltó un voto para trabar la suba de alícuotas del impuesto a los bienes personales.

Las ausencias y la dispersión de posturas ante uno de los proyectos más regresivos de la etapa democrática llamó la atención: en las dos sesiones anteriores del período de extraordinarias, los cordobeses tuvieron asistencia perfecta. Ni siquiera la temporada alta de turismo hizo doblegar la actitud sarmientina que en esta ocasión tiraron por la borda con un ausentismo del 50%. En esas dos sesiones, votaron casi todos en el mismo sentido: el 18 de diciembre se abstuvieron todos en la votación del Presupuesto y, excepto Alejandra Torres, votaron en contra de la Inocencia Fiscal; el 12 de febrero, cuando Schiaretti asumió tras un problema de salud y completó el bloque, dieron luz verde de forma unánime al Régimen Penal Juvenil y al Acuerdo Unión Europea-Mercosur.

En muchos rincones, y por lo bajo, dirigentes peronistas marcaron su incomodidad con el voto del bloque del oficialismo provincial. Inclusive el intendente capitalino, Daniel Passerini, apelando a una raíz peronista, habló con el corazón y desde el entorno de la gobernación le respondieron con el bolsillo. Con el manual del pragmatismo bajo el brazo, Llaryora terminó adhiriendo a la doctrina del peronismo cordón cuneta: Milei asfixió tanto las arcas provinciales que ahora parece que no hubiera otro camino que someterse -por acción u omisión- a los designios legislativos del líder libertario para sostener la gestión. Octubre lo hizo.

Durante la sesión, la diputada Natalia de la Sota hundió la daga y remarcó que “se advierte cuál es el espíritu de la ley cuando vemos que en el artículo 4 se elimina el término de justicia social como concepto interpretativo y de aplicación, nada menos que el concepto de justicia social”. Apeló a quienes se dicen peronistas a que revisen sus posiciones, en un tiro por elevación que tenía varios destinatarios, pero en especial sus excompañeros de espacio político en Córdoba. “Teníamos tiempo de pensar y animarnos a decirle que no a Milei. Eso es lo que nos está pasando: ¿qué pasa que no podemos decirle que no a Milei? Tener una posición firme en temas tan delicados, por eso cuestioné”, dijo De la Sota en declaraciones periodísticas posteriores. Cuentan que en privado fue mucho más crítica todavía con Schiaretti y Llaryora.

El escándalo generado por el artículo 44 obligó al gobierno a apurar la ley para servirle el triunfo legislativo a Milei antes de su discurso en la apertura de sesiones del 1° de marzo. La ley debía tratarse esta semana que entra pero se adelantó y dejó expuesta la fragilidad del bloque cordobés tras la derrota electoral del año pasado. Cerca de Llaryora saben que si no hay un tropiezo de Milei, el 2027 será un año electoral cuesta arriba.

Pagina 12

 Cae la aprobación del Gobierno en las encuestas

Milei avanza en el Congreso, pero retrocede en la opinión pública

Los despidos, el cierre de empresas y la caída del poder adquisitivo empiezan a minar la imagen de la gestión. La reforma laboral es mayormente percibida como un favor hacia los empresarios. La opinión de los encuestadores.

Raul Kollmann

Pese a que el viernes el oficialismo puede imponer en el Senado la reforma laboral, y a contramano del clima que crean los medios alineados con la Casa Rosada, los números de aprobación del gobierno en las encuestas están para abajo y la opinión sobre la reforma es ampliamente negativa. El trabajo de esta semana de la consultora Hugo Haime y Asociados registra que el 57 por ciento desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a un 41 que la aprueba. En especial, pesan el cierre de empresas, la percepción de que bajó mucho la capacidad adquisitiva y el temor a ser despedido. En la reforma laboral, tras un principio de cierta expectativa y confusión, las últimas encuestas ya evidencian que una mayoría piensa que es en beneficio de los empresarios y no de los trabajadores. En la encuesta de Haime, el 55 por ciento se manifiesta en contra de la reforma laboral y sólo el 36 por ciento de acuerdo. En el trabajo de Analogías, que lidera Marina Acosta, el 56,6 por ciento opina que la reforma es a favor de los empresarios y apenas el 13 por ciento afirma que favorece a los trabajadores. Aunque hay cierto debate entre los encuestadores, la mayoría tiene conclusiones parecidas: deterioro de la vida cotidiana, temor a perder el trabajo.

Página/12 consultó a algunos de los principales consultores en campañas electorales sobre el panorama que enfrenta del gobierno de Javier Milei con el arranque del año, post-vacaciones. Siempre el mes de marzo constituye una especie de quiebre, básicamente porque empiezan las clases, y las familias vuelven a la vida normal. La percepción es que los logros parlamentarios y el acompañamiento de medios desdibujan la opinión real -y mayoritaria- de quienes afrontan lo diario, con aumentos de sueldo del 1 por ciento e inflación, como mínimo, del triple. La mayoría de los consultores tiene datos en que la desaprobación del gobierno es superior, en algunos casos muy superior, a la aprobación. Hay unos pocos encuestadores que ven una situación más equilibrada.

Números en baja

Hugo Haime, uno de los consultores de mayor trayectoria en la Argentina, realizó un sondeo en los últimos días. “El 57 por ciento de la población desaprueba la gestión de Javier Milei. Tiene el respaldo del 41 por ciento. En febrero, en relación a diciembre, tenemos una caída en la aprobación de gestión de 5 puntos de 46 a 41. Y en la imagen personal de Milei desde 50 a 44. En mi opinión hay varios factores que se conjugan. Como dinámica general, cuando ganás una elección (la de octubre) crecés, pero cuando aparecen los problemas, volvés a valores que ya tuviste. En septiembre Milei tenía 37 de aprobación y cuando apareció el apoyo de Trump subió a 40. Quiere decir que está en un valor que ya tuvo. ¿Que explica para mí la baja? Inflación persistente desde diciembre. Ese es el problema que más preocupa en lo cotidiano, junto con los bajos salarios. También tenemos más de un 55 por ciento que cree que el gobierno no va a poder controlar la inflación. A la ley laboral ya en noviembre y diciembre se la percibía a favor de los empresarios. En ese momento había opiniones levemente negativas pero este mes nos encontramos con un 55 por ciento que la rechaza y sólo 36 por ciento que acuerda con ella. Importaciones y despidos. Creció el rechazo al 65 por ciento. Y eso antes, de Fate. La situación estructural sigue siendo la misma: el gobierno representa a un 40 por ciento. Recordemos que obtuvo 41 por ciento en las legislativas. El tema es que el otro 60 por ciento carece de una representación homogénea o de una propuesta de futuro. Que no solo sea un paro. Esa parece una etapa agotada para la oposición”.

Expectativas en caída

“Nosotros advertimos una fuerte caída de las expectativas optimistas -analiza Marina Acosta, de Analogías-. Se ha desplazado la preocupación por la inflación hacia el desempleo. El temor a perder el trabajo alcanza a cada vez más encuestados. A todo esto, se agrega que la mayoría dice que perdió drásticamente su poder adquisitivo y que se endeuda para pagar servicios básicos. Nuestros datos indican que existe una mayoría contundente que cree que los principales beneficiados de la reforma laboral no son los trabajadores sino los empresarios. Anticipamos nuestra encuesta de estos días: 56,6 por ciento afirma que la reforma laboral es a favor de los empresarios y sólo 13 por ciento asegura que beneficia a los trabajadores. El inicial apoyo esperanzador que buena parte del electorado depositó en Milei puede derivar en una deslegitimación profunda en la medida en que la sociedad perciba que el sacrificio no es el preámbulo de un renacimiento sino el epílogo del sistema productivo doméstico”.

Los números están equilibrados

Otro de los consultores de larga trayectoria, Federico Aurelio, de Aresco, ve un cuadro diferente. “Nosotros percibimos una situación equilibrada. Al gobierno lo acompañan prácticamente la mitad de los argentinos. De esa mitad, la mitad está convencida y la otra mitad acompaña por la expectativa de que las cosas mejoren. Una parte tiene paciencia, incluso hasta el último año del gobierno de Milei, los otros esperan la mejora para este año. Respecto a las reformas laborales, observo un nivel de acuerdo equilibrado por parte del total de la población. Hay más desacuerdo que acuerdo entre los empleados del sector público y los empleados del sector privado y sin embargo tienen más acuerdo que desacuerdo entre quienes trabajan por su cuenta, entre quienes hacen changas o entre los que no están registrados”.

Más rechazo que aprobación

“La imagen positiva de Milei es de 45 por ciento tras las vacaciones, la negativa, el rechazo, es 52 por ciento -señala Raúl Timerman, de Grupo de Opinión- Hace ocho meses que el rechazo es mayor que la aprobación, pero todavía 45 por ciento de aprobación es un valor significativo. No es menor. Ahora, las políticas respecto al trabajo del gobierno tienen menos aprobación, sólo 40 por ciento y 56 de rechazo. De ese 56, hay un 14 por ciento que son ciudadanos que votaron a Milei en las generales y un 29 por ciento de los que votaron a Bullrich en las generales. O sea, ahí el gobierno pierde en su propia base electoral. El principal referente de la oposición, el que mejor imagen positiva tiene a nivel país en este momento, es Axel Kicillof, que está con 39 puntos de imagen positiva y 55 puntos de imagen negativa. Sobre la reforma laboral, el 37 por ciento está de acuerdo, el 51 por ciento en desacuerdo. Pero nosotros profundizamos y le preguntamos si la reforma lo beneficia o lo perjudica. El 40 por ciento contestó que lo perjudica, el 20 por ciento que lo beneficia y un 40 por ciento no sabe. Esa fue una clave: no se debatió, no se conoce bien la reforma. Cuando preguntamos por los items de la reforma, casi ninguno superaba el 40 por ciento de aprobación: ni el fraccionamiento de las vacaciones, ni la cuestión del banco de horas ni en el cambio en las indemnizaciones. De todas maneras, insisto con que el 40 por ciento de aprobación que tiene Milei es un número trascendente. Le permitiría ganar elecciones pese a que el no-Milei supera al sí-Milei, pero el no-Milei tiene varios candidatos”.

Sobre la vida cotidiana

La consultora Proyección finalizó una encuesta en la semana que pasó. Lo relevante de la empresa que lidera Santiago Giorgetta son los datos sobre la vida cotidiana. Se le preguntó a los encuestados sobre el impacto en su familia de las medidas de Javier Milei. El 55,6 dijo que el impacto fue negativo. El 36,2 afirmó que las medidas tuvieron un impacto positivo. Sólo el 33 por ciento respalda las reformas de la Casa Rosada y, lo más grave, el 57 por ciento pidió prestado para cubrir gastos. El mecanismo mayor, es el pedido de plata prestada a familiares o amigos, pero también pagando el mínimo en tarjeta de crédito, billeteras virtuales, crédito en un banco y una financiera.

Tendencia a la baja

“El oficialismo transita entre la estabilidad y una cierta baja -concluye Analía Del Franco, de Del Franco Consultores Diría que va del 45 al 43 por ciento de aprobación. Hay toda una cuestión social, que tiene que ver con los despidos, con el cierre de empresas, con las dudas sobre los índices de inflación, pero sobre todo lo que tiene que ver con la desocupación. La ventaja que tiene es que, al menos por ahora, la oposición es opaca, pesada. En la reforma laboral, siempre hay un sector que le da un beneficio de la duda a Milei, pero pesa mucho el cierre de empresas, la baja del consumo y eso influye ahora que empiezan las clases. Yo lo llamaría cierto disgusto social”.

El malestar ciudadano

Artemio López de Equis coincide en que, efectivamente hay un malestar ciudadano. “El problema es que permanece muy fragmentado y no termina de articularse, ni social ni políticamente. Lo que es peor: podría permanecer así mucho tiempo. Por ejemplo, algo parecido a lo que ocurre en Perú, que va cayendo un presidente tras otro, pero el bloque en el poder en la Argentina lo reivindica sistemáticamente. Como es lógico, en nuestro país impacta el lawfare sobre el liderazgo de Cristina Kirchner y sobre el armado de la oposición”.

El año nuevo empieza ahora

Pocos parecen recordar que el oficialismo estaba por perder las elecciones de octubre y la irrupción de Trump tuvo un efecto decisivo. Al punto que el presidente norteamericano se lo recuerda a Milei en forma permanente: “ganó por mi apoyo”, dijo dos veces esta semana Trump en Washington.

Pese a ello, se instaló el marketing -más en el exterior que dentro del país- de un Milei exitoso. Sin embargo, como coinciden casi todos los consultores, el malestar social está. El punto clave -en el que también coinciden los consultores- es la debilidad de la oposición. Si el horizonte, como parece, es la multiplicación de casos como el de Fate, habrá un emergente. No es seguro, pero las sociedades suelen buscar un recambio.

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Increíbles definiciones en medio del doloroso cierre total de la planta de FATE

Para el Gobierno, producir ruedas es como producir bananas

Lavigne, secretario de Comercio, dijo ante empresarios que “Argentina no debería hacer cubiertas” porque “ustedes habrán visto, por ejemplo, que no producimos bananas y tantas otras cosas”. El caso Madanes y la velocidad de una crisis Menem en 2X. Por qué la burguesía adicta acelera la destrucción económica.

Leandro Renou

Algunos se rieron, incómodos. Otros se quedaron paralizados. A horas del cierre total de la planta de FATE en Virreyes -con 925 despedidos- no podían creer lo que escuchaban: un funcionario nacional de alto rango del gobierno de Javier Milei estaba comparando, ante empresarios y otros directivos de ministerios, lo insustentable de producir neumáticos con la producción de una fruta tropical. “Argentina no debería hacer cubiertas, no se puede fabricar cualquier cosa”, arrancó. Y siguió diciendo que “ustedes habrán visto que casi no producimos bananas, esto es como las bananas”, expresó el secretario de Comercio y Coordinador de Producción, Pablo Lavigne. E intentó argumentar asegurando que hay algo en el Norte del país, “pero poquito, porque no conviene”. Alguno asintió, diciendo que hay de por medio cuestiones climáticas, dado que las bananas crecen en temperaturas tropicales, por lo general en Brasil o Ecuador. El resto no comprendió por qué se equiparaba una industria histórica de Argentina, que atraviesa una crisis terminal por la apertura importadora del Gobierno, con la producción frutícola y, justamente, una de las que no se producen aquí por decisiones de la naturaleza.

La situación, de la que tuvo conocimiento Página I12, ocurrió en el despacho de Lavigne en el edificio de Diagonal Roca el mismo miércoles donde la empresa de Madanes Quintanilla bajó la persiana. Fue una conversación en el marco de un encuentro para afinar el lápiz de un potencial acuerdo entre el Mercosur y Emiratos Árabes, y participaron empresarios avícolas, integrantes de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) y frigoríficos, funcionarios de la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y gente Comercio. El comentario de Lavigne llegó a oídos de empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), que acababan de emitir minutos antes un comunicado lamentando el golpe del cierre de FATE. La posición del funcionario enervó a los más críticos, que pusieron el grito en el cielo. “¿Un ministro comparando fabricar ruedas con producir bananas? No puede ser...“, expresaron.

Esa tensión es central para entender el contexto: en el gobierno de Milei se perdieron casi 22 mil empresas y cayeron en desgracia, en sólo dos años, los textiles, la metalmecánica y el calzado. Los mismos sectores que se vieron afectados en el gobierno de Carlos Menem. Las dos cosas están relacionadas con la apertura importadora, pero hay una diferencia sustancial, o dos: en los ´90, China no tenía la potencia de invasión comercial que tiene hoy y, además, el lobby empresario -sobre todo en la UIA- estaba disputado. Hoy, la sumisión de la central fabril que conduce Martín Rappallini es total, lo que licua la potencia de los mensajes críticos.

Lavigne -que con ese curioso ejemplo expresó una línea interna de pensamiento del gobierno- se hizo conocido en los últimos meses por una frase célebre: “la mejor política industrial es la que no existe”, manifestó. Las palabras fueron, en aquel entonces, una especie de respuesta indirecta a un choque con Paolo Rocca, el dueño de Techint, que precisamente había pedido que el Gobierno asuma el rol de un Estado que tiene políticas apuntadas al desarrollo fabril.

El caso de las bananas expresa a la perfección una de las vertientes oficiales. Milei está tironeado entre dos polos. Karina Milei, la secretaria de la presidencia, fue la que instaló la línea de que Madanes decidió cerrar, un día antes de la votación de la Reforma Laboral, para exponer cómo la apertura de la economía está rompiendo en pedazos a la industria.

La otra línea, que exploran los técnicos económicos, es la de Lavigne. Que la crisis de las empresas de neumáticos es parte de una matriz heredada del kirchnerismo, hoy inaceptable. Que abona producir todo lo que pueda hacerse en el país, y ayudar a las empresas a que produzcan nacional. Los que están en esa idea son el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Traen esa mochila en la espalda desde el gobierno de Mauricio Macri. Es la idea de la supervivencia del más apto, una situación que en momentos de crisis económica (como aquel Macri y este Milei) se utiliza más para lavar responsabilidades que como pensamiento estratégico de un modelo de país.

La complicidad de las burguesías

Entre el segundo trimestre de 1998 y el cuarto trimestre del año 2002, el final de la Convertibilidad, se perdieron 230 mil puestos de trabajo, consecuencia de la apertura económica y la crisis más acentuada del menemismo. Según el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), entre 2023 y hoy, la era Milei ya tumbó casi 320 mil puestos de trabajo en sólo 24 meses. ¿Cómo es posible que no se perciba una resistencia a las políticas de destrucción y fabriles de manera clara? Mucho tiene que ver aquí el rol del sector privado, la evolución que ha tenido la burguesía en estos años.

Hay un dato muy palpable, que es la fragmentación de la UIA en los ´90, en contraposición a las actuaciones actuales genuflexas. En el menemismo, curiosamente, apareció un “Rocca” criticando al riojano y hasta un “Macri” bancando a pleno. Desde 1997 en adelante, la UIA empezó un esquema de alternancia en el poder entre dos listas: los ceos exportadores y de servicios, agrupados en el Movimiento Industrial Argentino (MIA); y los más nacionalistas, alineados en el Movimiento Industrial Nacional (MIN).

En ese año, en una convención de la UIA en Bariloche, Roberto Rocca, el padre de Paolo, ya había manifestado críticas al menemismo y al esquema cambiario. El 19 de agosto de ese año, en una entrevista con Página I12, Rocca padre expresó que “el 1 a 1 no es para siempre. (…) el tipo de cambio fijo es un problema”. En la otra esquina, quien era el el titular de la UIA, el ex SOCMA y tío de Mauricio Macri, Jorge Blanco Villegas, era el mayor defensor de la reelección de Carlos Saúl casi antes de que eso se planteara como una posibilidad.

La historia es demoledora y traza paralelismos brutales. En aquel tiempo, el Senado acababa de aprobar una Reforma Laboral y pasaba a Diputados. Claudio Sebastiani, había asumido al frente de la UIA. El textil era línea MIN y, a la vez, era también diputado por el peronismo. Sebastiani votó en contra de la ley y dijo: “esto no sirve para nada, es una basura”. Como relata José De Mendiguren en su libro sobre el 2001, Sebastiani quedó automáticamente fuera de la UIA y fue reemplazado por el vice primero, Alberto Álvarez Gaiani, que representaba los intereses de la cámara alimenticia Copal. Gaiani sería un hombre de Menem.

Hoy, la UIA no está ni cerca de tener debates de esa altura. Rocca hijo juega por fuera de la línea de lo que era la idea de su padre, de un afincamiento en la producción nacional, y ese comando ordena a la central fabril en un alineamiento total con el gobierno de Milei. Es más, en las últimas horas, Paolo envió a sus lugartenientes para trazar una reconciliación con el Gobierno Nacional luego de que el presidente lo apodara “Don Chatarrín de los caños caros”. Techint quiere seguir haciendo obras en Vaca Muerta.

Un dato importante: supo este diario que la mano dura de Rocca está generando movimientos sísmicos muy lentos en la UIA, pero movimientos al fin. Un grupo, ante el nivel de destrucción actual, piensa en armar por afuera de la entidad que preside Martín Rappallini. Historias de ruedas, bananas y empresarios cómplices del industricidio que ellos mismos parecen.

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La trampa del FAL: la plata de los jubilados para pagar la deuda

La plata que se recorta de los aportes patronales no solo servirá para subsidiar despidos. El dinero que antes iba a la Anses podría terminar, vía compra de títulos públicos por parte de las administradoras del FAL, en el pago de la deuda pública.

Gabriel Sued

Veinte de los casi 200 artículos de la reforma laboral que esta madrugada avanzó con modificaciones en la Cámara de Diputados están dedicados a la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un régimen a partir del cual el Estado destinará entre 2000 y 2500 millones de dólares de su recaudación previsional anual al pago de las indemnizaciones por despido sin causa que dispongan las empresas privadas. 

Es un subsidio al despido financiado con los fondos de la Anses, denunciaron muchos diputados de la oposición. Pero eso no es todo: el dinero que dejará de recaudar el sistema de seguridad social podría terminar solventando los vencimientos de deuda en pesos del Tesoro Nacional. La plata de los jubilados, usada para pagar la deuda pública.

La ingeniería financiera legal le permitiría al gobierno de Javier Milei cubrir casi el 20% de los vencimientos de deuda de corto plazo, en su mayoría en LECAP, que afronta el Tesoro todos los meses y que el ministro Luis Caputo evita contabilizar como parte del déficit financiero. Esos vencimientos ya alcanzan el 2% del PBI. Si finalmente el Senado sanciona la ley la semana que viene, todo dependerá de la reglamentación, que quedará a cargo del Poder Ejecutivo.

Este punto de la reforma termina de destruir la sustentabilidad del sistema previsional, tantas veces invocada por los economistas ortodoxos. El agujero fiscal para la Anses equivaldría a entre el 0,3% y el 0,35% del PBI, lo que implica un recorte del 6% del total de los recursos propios del organismo previsional, según cálculos del diputado de Unión por la Patria (UP) Guillermo Michel. El ajuste automático de las jubilaciones, advirtió en este sentido la diputada de UP Vanesa Siley, ya no está garantizado por ley, sino por un decreto, por lo que a Milei le bastaría con una firma para cancelar la indexación de los haberes.  

Michel advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había hecho un fuerte llamado la atención al gobierno anterior por la última moratoria previsional, que representaba una erogación similar al FAL. ¿Pasará lo mismo ahora? La pregunta es retórica. 

El circuito por el cual la plata de los jubilados podría terminar en el pago de la deuda pública es sencillo. Los recursos del FAL serán administrados por entidades autorizadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se espera que sean las Alyc (Agente de Liquidación y Compensación), sociedades de bolsa o fondos de inversión, que en muchos casos están vinculadas a bancos y compañías de seguros. Los títulos de deuda pública tendrán un lugar privilegiado entre los instrumentos de inversión de los recursos acumulados en las cuentas del FAL, como ocurrió con las AFJP.

La inversión de los recursos del FAL es uno de los objetivos centrales de la ley, según lo reconoció el propio Caputo. “Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. Como parte de la reforma laboral, con el FAL, se va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son US$4000 millones por año que va a alimentar el mercado de capitales”, dijo el ministro en diciembre pasado. En ese entonces, la contribución prevista era del 3% de cada salario, a descontar de los aportes patronales. Ese porcentaje finalmente se redujo: quedó establecido en 2,5% para las Pymes y 1% para las empresas grandes, pero el Gobierno quedó habilitado para elevarlo a 3% y 1,5%, respectivamente. 

“Esas alyc van a tener permitido comprar bonos del Tesoro argentino. No veo otro sentido que los fondos vayan a la compra de bonos del Tesoro, similar a lo que pasó con el blanqueo de 2024, lo que generó una bonanza financiera al final de ese año”, dijo a El Destape Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía y economista jefe de la consultora Vectorial. “Eso va a generar una mejora en la cotización de los bonos. Se permite la especulación financiera con esos fondos, lo cual implica un riesgo sistémico fuerte, porque el día que se dan vuelta las cotizaciones, cae la bola, esos fondos se achican. Hay una cuestión de regulación que la CNV va a tener que seguir muy de cerca”, agregó.

Los grandes ganadores del sistema van a ser, como ocurrió con las AFJP, los dueños de las administradoras del FAL, que, sin correr riesgo alguno, se aseguraron en el proyecto de ley una comisión de hasta el 1%, lo que equivale a entre 200 y 250 millones de dólares por año. El monto es muchísimo más bajo que lo que cobraban las AFJP, cercano al 30% de lo administrado. Pero en este caso la tarea no va a representar ningún desafío, dado que los responsables finales del pago de las indemnizaciones seguirán siendo los empleadores, quienes tendrán la posibilidad de recurrir a lo acumulado en la cuenta que cada empresa tendrá en el FAL. “No deberían cobrar más del 0,5% de comisión por esa tarea”, estimó el economista Sergio Chouza, en diálogo con El Destape.

Existe una hipótesis en la que los recursos del FAL no servirían para alimentar el mercado de capitales, como planea Caputo. Si a raíz de la sanción de la ley se produce una ola de despidos, los empresarios no tardarán en recurrir al FAL. Dado que las indemnizaciones están subsidiadas por la Anses, los empleadores podrían incluso acordar esos despidos con empleados que deseen irse a trabajar a otra empresa.

Otra trampa que surge del texto. Si la empresa se queda sin empleados, por jubilaciones o desvinculaciones no arbitrarias, lo recaudado en el FAL se le deposita al empleador, dice el proyecto. La plata de los jubilados, en este caso, termina en el bolsillo, de los empresarios.     

El Destape

 La ilusión de querer ser de “clase media” en un país cada vez más pauperizado

¿Qué es ser clase media? La consultora Focus Market sostuvo que no se puede hablar de un todo homogéneo. La clase media baja requiere ingresos por 2,4 millones de pesos y la alta, 11 millones. Estos datos contrastan con los ingresos por hogar. Según el Indec, la media del país es de 1,7 millón de pesos.

 Sebastián Premici

La consultora Focus Market aplicó el bisturí para diseccionar las diferentes clases medias en el país, en base a un tipo de consumo estereotipado y aspiracional. De acuerdo a su último informe, para ser de clase media baja una familia necesitó reunir 2,4 millones de pesos –con un resto de capacidad de ahorro ínfimo – mientras que lo que sería clase media alta –escuelas privadas, prepagas, viajes familiares, tecnología en el hogar- requirió un poco más de 11 millones de pesos.

El tema es que la Argentina se encuentra cada vez más precarizada, en todo sentido. Según el último documento de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec sobre la distribución del ingreso al tercer trimestre del año pasado, la media de ingresos por hogar en la Ciudad de Buenos Aires no superó los 2,5 millones de pesos y la media de ingresos por hogar en todo el país se ubicó en 1,7 millón de pesos. La movilidad social ascendente mutó en mito.

“Existe un deterioro real de las condiciones de vida. Pero no todos está mal. Aquellos que integran el quinto quintil – en términos estadísticos -, poseen empleo registrado con un alto promedio salarial. Estos ejemplos los encontramos en el sector petrolero, finanzas y la industria del conocimiento. Después están los grandes empresarios. Pero el conjunto de la población que se encuentra en una informalidad estructural tuvo que autogestionarse el empleo. Y esto no es nuevo. En Argentina se podía pensar en cierto ascenso social, una mirada que ya es bastante oscura para muchos”.

Así reflexionaba la investigadora Sandra Giménez, doctora en Ciencias Sociales por la UBA e integrante del Observatorio de Economía Política de Ciencias Sociales, durante un reportaje publicado por El Destape en junio de 2023. Desde entonces, las diferentes realidades sociales se fueron pauperizando.

¿La reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza mejorará la situación estructural de los trabajadores? En el plexo normativo enviado por el Poder Ejecutivo no existe ni un solo artículo que permita pensar en una mejora del poder adquisitivo y social para los trabajadores y trabajadoras. Es más, las promesas de “formalización” se realizan sobre la base de una quita concreta de derechos laborales. El ascenso social es un mito cada vez más lejano.

En este escenario, la pregunta por la clase media también redunda en una aspiración cada vez más lejana. “El análisis muestra con claridad que la clase media argentina ya no es un territorio uniforme, sino un mapa fragmentado con realidades que casi no se tocan. Esta brecha es más que un dato estadístico: es un desafío estructural”, sostuvo Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market.

En la dispersión vinculada a la calidad de vida del heterogéneo mundo de la clase media conviven hogares que necesitan 2,4 millones de pesos por mes para sostener lo que se supone que es el nivel de vida de la “clase media baja”, mientras que otros deben reunir más de 11 millones de pesos mensuales para ser considerados de “clase media alta”.

“En la Media Baja (MB), la vida cotidiana está definida por la restricción. Alimentos y Hogar explican el 50% de todo el gasto mensual, incluso bajo supuestos moderados. Un departamento de dos ambientes en Zona Sur, expensas básicas y un equipamiento tecnológico mínimo (un Smart TV y dos celulares de gama media baja)”, puede leerse en el trabajo firmado por Di Pace.

La clase media baja –dice Focus Market- no gasta dinero en salud porque depende del sistema público. ¿Tampoco tienen obra social? En este sentido, la consultora debe asumir que todos aquellos a los que les cabe la definición de “clase media baja” carecen de un trabajo formal. Alerta Spoiler: su condición económica no va a mejorar con la nueva reforma laboral libertaria.

“En la Clase Media Media (MM) aparece una canasta más diversa y exigente. Educación y Salud crecen con fuerza: los hijos asisten a un colegio semiprivado, y el hogar cuenta con obra social sindical o una prepaga de costo medio. Hogar y Tecnología y Recreación ganan peso”, puede leerse en el trabajo. Para pertenecer a este grupo aspiracional se necesitarían ingresos por 5,7 millones de pesos.

¿Qué decir, entonces, de la clase media alta? “El salto se produce en casi todos los rubros. La educación es completamente privada, la salud se cubre con planes más completos y costosos, la movilidad diaria requiere dos autos, la vivienda es más amplia o con mejor ubicación y la tecnología del hogar es de gama superior. La Recreación incluye actividades extracurriculares varias y un viaje al exterior al menos una vez al año para toda la familia”, explica Focus Market.

Para pertenecer a este club, la familia tipo (que en la gráfica de su informe está compuesta por cuatro personas, dos adultos y dos menores, blancos, rubios, de ojos celestes y con cara de mucha felicidad) debería reunir 11,6 millones de pesos. El lujo es vulgaridad.

La pregunta que subyace al recorrer el informe de Focus Market apunta de lleno al actual programa económico de la administración Milei: ¿puede haber un incremento de las llamadas clases medias?

“Desde una perspectiva económica, el crecimiento sostenido es la principal condición para que la clase media pueda progresar. Sin expansión de la economía no se generan suficientes empleos formales, aumentos salariales reales ni oportunidades de inversión en capital humano. La movilidad social no surge solo de políticas redistributivas, sino de un entorno macroeconómico dinámico que premie el esfuerzo, la productividad y la innovación. Cuando la economía crece, la clase media no solo se protege: asciende”, concluyó Di Pace.

Los ingresos por hogar según el Indec

Al tercer trimestre del año pasado (último dato consolidado por el Indec), la media del ingreso total familiar era de 1,7 millones de pesos (muy lejos de la estructura social descripta por el informe de Focus Market para ser considerados de clase media).

En la Ciudad de Buenos Aires, la media de los ingresos familiares fue de 2,5 millones de pesos mientras que la provincia de Buenos Aires se ubicó en los 1,7 millones, dato similar al promedio de todo el país.

La administración de Javier Milei ejecuta un programa de disciplinamiento social en el que los trabajadores y trabajadoras son cada vez más precarizados, al mismo tiempo en que los sectores productivos vinculados al mercado interno son enviados a la lona. No existe artículo alguno dentro de la llamada reforma laboral que permita pensar en un cambio de escenario.

Durante el tercer trimestre del año pasado, la remuneración de los asalariados en relación al valor agregado bruto (la riqueza generada por la actividad económica) registró un descenso de 1,74 puntos porcentuales respecto del tercer trimestre de 2023 explicado por un aumento del desempleo en el sector formal y una mayor cantidad de personas ocupadas sin protección social.

El Destape