20 de agosto de 2026

Milei cuestionó a la Justicia de Bolivia y puso en duda el ataque a la expareja de Cerimedo

El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave: la mesa política encabezada por Karina Milei buscó recomponer la agenda legislativa tras los tropiezos en el Congreso, mientras se prepara la logística para la histórica visita del papa León XIV en noviembre. Asimismo, Javier Milei retomó la agenda pública luego del acto en homenaje a San Martín, mientras su gobierno enfrenta tensiones diplomáticas con Brasil y desafíos económicos internos. Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. 

El mandatario argentino compartió dos tuits a través de su cuenta de X en los que cuestionada y pone en duda el intento de femicidio de Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo baleada en Bolivia.

 

El exasesor ya fue imputado por tentativa de femicidio y en las próximas horas se define su prisión preventiva.

El Destape

Sturzenegger lo hizo: primer amparo patronal contra la reforma laboral

Exclusivo: Adimra, la contraparte en la paritaria de la UOM, se presentó ante la Justicia laboral para bloquear un artículo de la reforma y la reglamentación del "Coloso" que limitó el financiamiento de la entidad. Otras cámaras preparan acciones similares y la UIA ya se había quejado de que la norma "terminó complicando" a los empresarios. 

Mariano Martin

La Reforma Laboral, llamada a beneficiar a los empresarios como nunca antes en la Argentina moderna, acaba de sufrir la primera impugnación ante la Justicia por parte de una cámara patronal. Lo hizo la  asociación gremial empresaria que representa y promueve a la industria metalúrgica argentina ADIMRA ante el fuero laboral en contra de la limitación implantada por la norma sobre un aporte incluido en el convenio colectivo de la actividad que define el sostén financiero de esa organización.

La presentación se concentró en un artículo de la ley 27.802 y en la reglamentación impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre lo que se solicita “una acción declarativa de inconstitucionalidad” y una medida cautelar de no innovar hasta la eventual definición judicial de la cuestión de fondo. Son los mismos cuestionamientos que evalúa buena parte de las gremiales empresarias frente al límite que el “Coloso” del Gabinete les impuso en los mecanismos de recaudación entre los empleadores de cada rubro. Entre ellas, y como había adelantado en exclusiva El Destape, figuran la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación de la Mediana Empresa (CAME).

El amparo solicitado por Adimra apuntó contra el artículo 133 de la reforma que puso como tope el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores a “los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores”, señala la ley. Sin embargo, el mayo perjuicio que la entidad busca revertir es el decreto reglamentario 407/26 según el cual esos aportes “sólo serán obligatorios para aquellas empresas que estén afiliadas” a una cámara.

En el caso de los industriales la entidad mayoritaria que los nuclea, a través del convenio colectivo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), recauda entre las empresas de la actividad 1% del salario de cada operario. Con un ingreso mínimo garantizado cercano al millón de pesos mensuales, y una nómina en todo el país aproximada de 220 mil trabajadores, los ingresos anuales de Adimra suman no menos de 20 millones de dólares. El límite fijado en el decreto 407 reduce a la mitad el monto a recaudar por cada salario pero, sobre todo, minimiza el universo de empresas sobre las cuales aplicar la retención sólo a las formalmente afiliadas a Adimra.

Ese mecanismo recaudatorio fue históricamente discutido por otras cámaras cuyos asociados alegaban verse forzados a contribuir a Adimra a pesar de no estar afiliados. En el caso de la Asociación de Fábricas de Componentes (Afac, los autopartistas) la controversia llegó a la Justicia pero incluso con un fallo favorable, los demandantes se quejaron en los últimos años ante las autoridades de que la entidad condenada implementaba artilugios para que la contribución pareciese obligatoria.

Sturzenegger, influenciado por los postulados de la Escuela Austríaca a la que adscribe Javier Milei, emprendió una cruzada en contra de los aportes compulsivos a favor de las cámaras empresarias ya desde el texto del DNU 70/23, que fijaba límites precisos. También lo intentó respecto de los sindicatos pero la resistencia de la CGT y del ala política del Gobierno obligó a reescribir el decreto 407 y elaborar uno nuevo, el 612 (en este caso, con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero ya no del encargado de Desregulación) que puso a salvo a los gremios. La nueva norma no resguardó los aportes a las cámaras patronales.

El Destape ya había dado cuenta del malestar creciente en sectores patronales incluso desde el debate de la reforma laboral. En aquella oportunidad, Adimra, la CAC y la CAME coincidieron en el texto de una nota dirigida a las comisiones del Congreso para que excluyeran de ley el capítulo relacionado con los aportes a su funcionamiento. También este medio contó que un mes atrás, en una reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), el principal asesor laboral, el abogado Juan José Etala, expuso ante los dueños de fábricas un diagnóstico sombrío: “queríamos una reforma que nos ayudara y al final lo que tenemos terminó complicándonos”.

Es que además del financiamiento, para buena parte del gremialismo empresario la reforma detonó un modo histórico de relacionamiento con los sindicatos y abrió las puertas a una eventual anarquización producto de la atomización de ambas representaciones (habilita creación de nuevas organizaciones obreras y la inclusión de otras de empleadores en las paritarias) y de la inversión del orden de prioridad para las negociaciones, de modo tal que las de menor jerarquía (regionales, provinciales o incluso por empresa) podrán prevalecer respecto de las de alcance nacional.

El Destape

Fuerte incremento de los atrasos en préstamos, tarjetas y créditos

Marchan los endeudados para exigirle alguna respuesta a Caputo

Distintas organizaciones se movilizan al Ministerio de Economía para reclamar una solución para el endeudamiento que afecta a millones de familias.

Este jueves 20 de agosto, desde las 14, organizaciones sociales y sindicales marcharán al Ministerio de Economía, en Hipólito Yrigoyen 250, para reclamar una respuesta ante el crecimiento del endeudamiento y la morosidad que afecta a millones de familias argentinas. La denominada Marcha de los Endeudados tendrá como telón de fondo el fuerte incremento de los atrasos en préstamos, tarjetas y créditos utilizados, en muchos casos, para financiar gastos básicos, y la negativa del gobierno de Javier Milei a intervenir en el problema.

La convocatoria cuenta con la participación de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma y se concentrará en Paseo Colón y Estados Unidos y en la zona de las avenidas Independencia y Paseo Colón para luego avanzar hacia el Palacio de Hacienda.

“Ya es necesario instalar la demanda en las calles”, sostuvo Oriana Fernández, integrante de Endeudados Organizados. La referente señaló que el problema adquirió características diferentes durante los últimos años por el nivel alcanzado por las tasas. “Deudas ha habido siempre, pero ahora está la tasa de interés desregulada. Hoy hay tasas de hasta 1.300 por ciento. Personas nos cuentan que sus deudas se han duplicado o más cuando no pudieron pagar”, explicó.

Desde la UTEP advirtieron que la falta de crédito accesible está empujando especialmente a los sectores de menores ingresos hacia mecanismos de financiamiento cada vez más costosos. “La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar. La falta de crédito formal empuja a miles de familias a las garras de los usureros para cubrir necesidades básicas como lo es la comida”, planteó la organización en la convocatoria.

La protesta se produce mientras los indicadores de morosidad muestran un fuerte deterioro. Según los datos difundidos del Banco Central (BCRA), el incumplimiento en préstamos de los hogares alcanzó el 12,7 por ciento en junio de 2026, frente al 2,5 registrado en octubre de 2024. Alrededor de 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días, un incremento del 132 por ciento desde febrero de 2024.

“Cuando le preguntás a una persona qué debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”, explicó Hernán Letcher, director del CEPA.

La discusión escaló políticamente después de que Milei rechazara cualquier posibilidad de asistencia estatal. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás, y eso me parece que no está bien”, afirmó el Presidente durante una entrevista televisiva a comienzos de agosto.

Un día después volvió sobre el tema y sostuvo: es “una transacción entre privados” que debe resolverse según las partes. El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañó esa posición al señalar que el endeudamiento constituye “un tema entre privados”. Desde el Gobierno también descartaron la posibilidad de implementar algún mecanismo extraordinario de asistencia para quienes se encuentran en mora.

La respuesta de la oposición llegó tanto desde las provincias como desde el Congreso. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, vinculó directamente el crecimiento del endeudamiento con el deterioro de los ingresos. “La gente que se está endeudando es porque los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas”, sostuvo al presentar un informe provincial que mostró que la mora bancaria de las familias se multiplicó durante los últimos 2 años.

En el Congreso existen cerca de 30 iniciativas vinculadas con el problema. Entre ellas aparece un proyecto de los diputados Diego Giuliano y Caren Tepp para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas mediante créditos de ANSES. El proyecto contempla préstamos de hasta 1,5 millones de pesos y establece que las cuotas no puedan superar el 30 por ciento del ingreso neto del beneficiario.

Otros proponen quitas de al menos el 40 por ciento de los intereses moratorios y punitorios, refinanciaciones de hasta 60 meses y tasas preferenciales. También la creación de un registro específico para identificar a personas y hogares que hayan contraído obligaciones sobre alimentación, vivienda, salud, educación y servicios públicos.

La movilización buscará trasladar esa discusión desde los informes de morosidad y los proyectos parlamentarios hacia la calle. Para quienes convocan, el aumento simultáneo de las deudas, los atrasos y el costo financiero dejó de constituir una suma de problemas individuales para convertirse en una cuestión social. Frente a un Gobierno que sostiene que cada deudor debe resolver su situación con sus acreedores, las centrales sindicales y los movimientos sociales hacen oir su voz.

Pagina 12


Las esquirlas del atentado a la expareja del consultor

Cerimedo, Spagnuolo y la trama de la corrupción en la Andis

Desde el hospital de Santa Cruz, Bolivia, donde se recupera de una balacera, Nadia Beller asegura tener grabaciones donde el exconsultor de Milei le confiesa manejos turbios del Gobierno. Pidieron citarla a declarar. Los audios filtrados vuelven al centro de la escena.

Matias Ferrari

Por efecto mariposa, la balacera que casi mata a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo —preso en Bolivia, acusado de ser el autor intelectual del atentado— tuvo su rebote en Comodoro Py, más precisamente en la causa Andis.

Desde la cama de la clínica Las Américas de Santa Cruz, donde permanece internada, Beller prendió el ventilador y aseguró que el superconsultor de Javier Milei y la derecha latinoamericana le habló “muchas veces de la corrupción” del gobierno libertario; y reveló que el propio Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios en los que Diego Spanguolo hablaba abiertamente de coimas y del famoso “3 por ciento para Karina”. En diálogo con Página/12, Beller aseguró que tiene en su poder las grabaciones de esas charlas con las supuestas confesiones que el consultor le hacía en la intimidad. “Duran más de una hora y las tengo guardadas en distintos dispositivos”, dijo. Y agregó que está dispuesta, si la convocan, a declarar ante la justicia argentina y aportarlas como prueba. La diputada Marcela Pagano ya hizo un pedido para motorizar la testimonial. La medida está siendo evaluada por el fiscal Franco Piccardi, quien lleva adelante la investigación en la causa que ya tiene a 18 empresarios y exfuncionarios procesados por asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Era una olla a presión, plagada de corrupción”

En diálogo con este diario, Beller —abogada de profesión— describió lo que recuerda de esas charlas con su expareja y supuesto victimario. El contenido de las grabaciones, dijo, está plagado de fragmentos en los que el consultor supuestamente le confiesa que el gobierno de Milei “era una olla a presión, plagada de corrupción”. Que Cerimedo había hablado en varias oportunidades del tema y, sobre todo, “de Karina Milei, que era la cabeza de todo”.

Las grabaciones tienen, en algunos casos, más de una hora de duración y fueron registradas, según su relato, como material de resguardo ante una posible “campaña de difamación” que entendía podía llegar a sufrir por parte de Cerimedo, de quien desconfiaba hacía tiempo —había una tercera en discordia— y a quien también acusó de violencia de género. “Por eso lo grabé, porque cuando empezamos a pelear y él me amenazaba y maltrataba, sentía que debía resguardarme”.

Pese a la convalecencia, Beller también recordó que, en algún momento, la relación entre Cerimedo y el ecosistema libertario se rompió, y que ella fue testigo de ese proceso. “Él decía que temía que el Gobierno se pudiera caer. También que veía muchas cosas mal, como la represión, y algunas leyes que sacaba Milei”, dijo. “Pero también llegué a escuchar cómo se peleaba con sus socios de Argentina, especialmente con Santi (por Caputo), al que nombraba todo el tiempo”, contó.

“Tuvo varias desavenencias políticas con ellos”, agregó y aclaró que, según su opinión, Cerimedo pudo haber mandado a filtrar los audios cuando la relación con sus socios argentinos no tenía retorno.

En ese marco, Beller destacó el rol de la exesposa y madre de los hijos de Cerimedo, Natalia Basil, en la filtración de los audios. “Él me decía todo el tiempo que era una corrupta, que quería escalar en el gobierno, y era cierto. Tenía todo tipo de negocios”, sostuvo. “Ella fue, según él me dijo siempre, la encargada de filtrar los audios. Incluso mandó una carta a Comodoro Py que dio inicio a la investigación”, agregó.

El impacto en la causa

Según pudo saber este diario, la citación de Beller como testigo estaba siendo evaluada por el fiscal Piccardi. De todos modos, su testimonio hasta ahora no difiere demasiado de lo que el propio Cerimedo ya había revelado en Comodoro Py el año pasado. Citado ante la fiscalía en septiembre de 2025, el consultor había confirmado su relación previa con Spagnuolo, a quien conocía del mundo libertario desde tiempo antes de la llegada de Javier Milei al poder. Aquella vez, Cerimedo declaró que el extitular de Andis le confesó en charlas privadas la existencia de las coimas, que “el 3 por ciento iba a la Casa Rosada”, y que Lule Menem se llevaba “un palo (dólares) por mes” por avalar “desde arriba” las licitaciones infladas.

Desde la defensa de Spagnuolo, en tanto, se entusiasman con sacar provecho de la situación. Creen que el testimonio de Beller confirma que se trató desde el vamos de “una operación de inteligencia”. La defensa del exfuncionario se basa en la “teoría del fruto del árbol envenenado”: argumentar que los audios son truchos o fueron creados o modificados por IA con el supuesto objetivo de crear un escándalo mediático de corrupción para perjudicar deliberadamente al Gobierno.

En esa línea hay una causa paralela, a cargo del fiscal Stornelli, que sigue esa hipótesis. Pero fue creada para enturbiar el caso principal que está sentado en bases sólidas, con los sobreprecios más que comprobados en base a evidencia recabada de los teléfonos celulares de Miguel Ángel Calvete y Pablo Atachabaian, entre otros procesados, mas toda la documentación de las licitaciones, recabada en distintos allanamientos en la Andis.

El juez federal Ariel Lijo, en tanto, ya resolvió que avanzará en el peritaje de los audios. Spagnuolo había pedido la nulidad de las grabaciones, pero no quiso dar una muestra de su voz. El miércoles que viene comenzará el estudio, que estará a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería.

Más allá de los audios, el material probatorio de las coimas es apabullante. Solo con los tickets de las compulsas de precios, el fiscal pudo demostrar que el 93,11% de las órdenes de compra de medicamentos de alto costo terminaban concentradas únicamente en Profarma y Génesis, y que otras firmas como New Farma y Floresta operaban de “pantalla”, simulando competir pero cotizando precios ridículamente altos para facilitar la victoria de las otras.

En los cuadernos contables de Calvete, además, hay registros de fechas de pago que coincidían con los que hacía el Estado. Allí también había garabatos de retornos para el grupo, que oscilaban entre el 12% y el 20% de cada adjudicación. A eso se le suman los chats de WhatsApp, donde se jactaban prácticamente de dirigir el organismo desde afuera y donde se registran distintos pagos que recibía el propio Spagnuolo, que el exfuncionario nunca quiso explicar.

El origen de la filtración

Basil, señalada por Beller como la que “ejecutó” la filtración de los audios, fue funcionaria de la Andis entre abril y diciembre de 2024, un momento crítico para la operatoria de las coimas. Según consta en la causa, la banda comenzó a operar el sistema de licitaciones para medicamentos de alto costo en junio de ese mismo año.

Por eso es plausible que haya conseguido información interna sobre la operatoria, lo que avalaría la versión de Beller. De todos modos, ella se desempeñaba en el área de pensiones y no en el Incluir Salud, la cueva de las coimas. Además, el pico de la “fiesta” de sobreprecios y coimas se dio entre mayo y junio de 2025, con Basil ya fuera del organismo. Y por si fuera poco, se sabe que ella nunca dejó de responder al propio Cerimedo, con quien seguía teniendo un vínculo familiar y que a la postre es quien la habría hecho ingresar a la función pública.

La filtración de los audios, desde el principio, fue tema de la interna libertaria, con acusaciones cruzadas entre sus distintos protagonistas.

Pagina 12

La fiscalía pedirá 180 días de preventiva para el consultor libertario

Fernando Cerimedo, preso y con pocas chances de salir

La Justicia boliviana definirá mañana si mantiene detenido al acusado de tentativa de femicidio. La defensa a lo máximo que aspira es a conseguir la prisión domiciliaria.

 Raul Kollmann


El juez de instrucción penal número 20 de Santa Cruz de la Sierra convocó a una audiencia decisiva para el caso Cerimedo, este jueves a las 14.30, hora de Bolivia (una hora menos que en Buenos Aires). En el encuentro, la fiscalía que lidera Roger Mariaca pedirá la prisión preventiva por 180 días de Fernando Cerimedo, en principio por el delito de tentativa de femicidio. La acusación por enriquecimiento ilícito se tramita en La Paz, donde tiene su domicilio el consultor, y será un proceso posterior. La base de la imputación son los cuatro proyectiles disparados por los sicarios, tres extraídos del cuerpo de Nadia Beller, y uno encontrado por los peritos en el frente del SwissHotel. La defensa pedirá que el consultor transite la investigación en libertad, pero tiene pocas esperanzas: “esto se mediatizó mucho”, admiten. En la audiencia pueden hablar Beller -obviamente, por Zoom desde la clínica- y el propio Cerimedo, aunque nadie quiere adelantar qué harán. El juez resuelve en la misma audiencia.

A lo largo de este miércoles se desarrolló una dura batalla mediática, protagonizada por la propia Beller y por los abogados de Cerimedo, Ernesto Giraldes y Margarita Arce. Estos últimos señalaron que Beller desató “un show político-mediático”, descreen de sus heridas –“supuestamente tiene cuatro impactos de bala y dio 15 conferencias de prensa”- y concluyeron que la abogada Beller es una especie de espía de Evo Morales, el más duro opositor al gobierno de Rodrigo Paz Pereira.

Beller, por su parte, reiteró que Cerimedo la mandó a matar y que la prueba son las agresiones anteriores, documentadas por ella en junio y julio. Además, fue el consultor quien le insistió en que fuera al SwissHotel a recibir a una chica de 13 años, con su familia, que denunciarían a Evo Morales por supuesto abuso sexual. O sea, una jugada del gobierno de derecha contra Evo. Según Beller, Cerimedo le insistió, le dijo que le pondría una especie de custodia, y al final aparecieron los dos sicarios vestidos de deliverys, uno de ellos disparándole a centímetros y el otro robando el celular y la cartera de la abogada. Beller afirmó que se trató de un intento de femicidio, pero también que se la quiso callar porque ella sabe de la participación de Cerimedo en oscuros negocios de combustibles y oro en Bolivia, así como su conocimiento de casos de corrupción en Argentina. El propio Evo Morales se sumó a las polémicas y aseguró que Cerimedo es un agente de la CIA trabajando para el gobierno derechista de Bolivia.

La fiscalía pareció mantenerse al margen de estos cruces. Mariaca detalló las heridas de Beller, precisando que tres proyectiles quedaron en el cuerpo y fueron extraídos por los cirujanos: uno en el tórax, otro en el cuello y uno en el brazo derecho. Los peritos del Instituto de Investigaciones Técnicas y Científicas de la Universidad Policial volvieron este miércoles a la escena de la tentativa de femicidio y encontraron un cuarto proyectil: es el que habría rozado también el cuello y le produjo un rasguño. “Los proyectiles tienen características de calibre 9 milímetros”, redondeó el jefe del equipo de fiscales. El Ministerio Público Fiscal de Bolivia le confirmó a Página/12 que el informe médico de este miércoles ratificó que la abogada cursa un embarazo.

Pese a que durante el día se habló de que en los allanamientos a dos domicilios de Cerimedo se había encontrado un millón de dólares, en moneda boliviana, la defensa retrucó afirmando que sólo había 40.000 pesos bolivianos, unos 4.000 dólares. Sin embargo, Beller posteó en su momento fotos de unos cajones de vestidor con una enorme cantidad de billetes. Efectivamente, esos cajones e incluso algún recoveco escondido sí estaban en uno de los domicilios, pero no había billetes. En cualquier caso, el enriquecimiento ilícito no se tratará en la audiencia de este jueves: todo el proceso por ese delito se va a hacer en La Paz y después de revisar las cuentas y las tarjetas de crédito del consultor.

El otro punto controvertido es parte de la acusación fiscal. El Ministerio Público pide que Cerimedo sea mantenido en prisión preventiva porque puede escaparse y porque tiene capacidad de incidir en la investigación, a partir de su poder en el Ejecutivo boliviano. Es más, están los que dicen que el consultor manejaba su propia policía y en los allanamientos se encontraron una placa y un uniforme policial, una sirena portátil, un teléfono satelital y una moto presuntamente preparada para la huida. Según la fiscalía, Cerimedo fue detenido cuando se aprestaba a tomar un vuelo a Buenos Aires desde el aeropuerto de Viru Viru: la defensa niega esa versión. Dice que el consultor había tomado un vuelo en La Paz y llegaba a Santa Cruz de la Sierra. Lo que pone las cosas en duda es que había un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 1369, desde Viru Viru a Aeroparque, a las 2 de la mañana de Bolivia.

Parece difícil que Cerimedo recupere la libertad a corto plazo, aunque no hay una prueba directa de que haya contratado a los sicarios. Sí existen indicios de máxima relevancia: sus agresiones anteriores y las comunicaciones telefónicas con Beller. También juegan los dos elementos de los que habla la fiscalía, el peligro de fuga y la posibilidad de incidir en el expediente a partir de su poder en el Estado del país vecino. Sea como sea, el juez decidirá este jueves, pero la defensa a lo máximo que aspira es a conseguir la prisión domiciliaria.

Por ahora, según la fiscalía, no hay rastros de los dos sicarios. Beller afirma que le parecieron policías. Otras versiones dicen que más bien podrían ser delincuentes que operan para los uniformados. Es una de las claves del caso.

Pagina 12

Por un freno al drama de vivir para pagar deudas

Hay casi 30 proyectos para familias endeudadas que LLA bloquea en el Congreso

Los opositores buscan legislar para solucionar el problema de millones de morosos, pero se encuentran con el freno en las comisiones que maneja LLA y sus aliados.

Paula Marussich

Mientras crece la morosidad a niveles récord, este jueves miles de endeudados se concentrarán en las puertas del Ministerio de Economía. La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales convocaron a una movilización que busca sacar del interior de los hogares el drama de vivir para pagar deudas y convertirlo en un problema colectivo que exige respuestas políticas. En el plano sindical, la central obrera advierte que el plan de lucha se profundizará hasta “cambiar el rumbo del país”. En el Congreso, los proyectos se acumulan, pero chocan contra el bloqueo de las comisiones que manejan los libertarios y sus aliados. Para el oficialismo, el endeudamiento “es un problema entre privados”. De las 28 iniciativas que se contabilizan en la Cámara baja, el peronismo busca unificar criterios para avanzar en el corto plazo con una herramienta que permita que “los endeudados encuentren un canal de representación”. La oposición responsabiliza a Milei por su política de salarios bajos y la desregulación de las tasas de interés incluida en el decreto 70/2023, todavía vigente, “por el lobby inmobiliario”, recuerdan.

La contracara del paraíso prometido por Javier Milei, una sociedad liberada de la intervención del Estado, es el endeudamiento. Un problema estructural, originado por la desregulación de las tasas de interés, la depreciación de los ingresos y el aumento sin límite de los gastos fijos. Casi tres años después de su llegada a la Casa Rosada, el resultado del experimento libertario se refleja en los niveles de morosidad más altos de las últimas dos décadas. Según los últimos datos del Banco Central, la mora de las familias alcanzó el 12,8 por ciento. En paralelo, un reporte de la consultora Analytica señala que el número de personas con al menos una deuda alcanza los 19,8 millones. El trabajo contempla tarjetas, billeteras virtuales, fintech y mutuales. De ese universo de endeudados, cerca de 6 millones ya son morosos y lidian con la vergüenza y el hostigamiento permanente por no poder pagar. Un acoso que se extiende a familiares y contactos.

Una respuesta política

Desde el mes de enero, Unión por la Patria intenta abordar la problemática. Si bien el tema fue llevado a dos sesiones en la Cámara Baja, las iniciativas no lograron emplazarse a las comisiones que pueden dictaminar por falta de quórum y la discusión solo corrió por los carriles de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside el diputado Hugo Yasky. “El tema quedó en un limbo por Adorni y el Mundial”, reconoció una fuente parlamentaria a Página/12.

Sin embargo, en los últimos meses el problema del endeudamiento se convirtió en un drama que requiere respuestas urgentes. El diagnóstico es compartido por otros bloques como Provincias Unidas y la Izquierda, que también presentaron proyectos. Estas fuerzas políticas ya trabajaron juntas durante 2025 y lograron sanciones importantes como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, que Milei vetó y el Congreso logró rechazar reuniendo los dos tercios necesarios.

De los 28 proyectos que ingresaron a la Cámara Baja, el bloque que preside Germán Martínez trabaja en el “marco conceptual” que permita unificar proyectos para darle a los endeudados una herramienta concreta en el corto plazo. Solo ese bloque tiene más de 20 iniciativas. En los últimos 14 días se trabajó en analizar los proyectos para buscar puntos en común. “El eje de partida es establecer cuál es el universo de deudores”, explican en el bloque: si se va a legislar para los 20 millones de personas que contrajeron al menos una deuda o para los 6 millones que están en mora.

El segundo aspecto a definir es a qué segmentos irá dirigida la ayuda. Hay al menos cuatro segmentos identificados: quienes se endeudaron con tarjetas de crédito bancarias; quienes le deben a billeteras virtuales; quienes tienen problemas con tarjetas comerciales o no bancarias y, finalmente, quienes tomaron crédito irregular. Del cruce de estas dos variables (universo de deudores y segmento) saldrá la letra del proyecto que la oposición buscará aprobar, explican a Página/12.

A pesar de que algunas iniciativas contemplan la creación de un fondo para dar garantías parciales a las entidades, subsidiar tasas para personas de bajos ingresos y cubrir determinados créditos incobrables, fuentes consultadas por este diario aseguraron que el objetivo no es sancionar “un plan platita”, sino crear “una herramienta de mediación extrajudicial” que podría gestionar la Secretaría de Comercio. Solo de esta manera el proyecto podría saltearse la Comisión de Presupuesto que preside Bertie Benegas Lynch. “Lo que hacemos es que un juez pueda mediar y pueda indagar cómo está constituida la deuda que tiene cada ciudadano que hoy está sobreendeudado. Este proyecto no implica costo fiscal, no estamos creando tribunales especiales. Vamos al grano para resolver el problema”, detalla en el mismo sentido el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano, autor de uno de los proyectos.

Para la oposición, el endeudamiento es “el resultado de la política de bajos salarios de Javier Milei y la desregulación de las tasas de interés, contempladas en el DNU 70/2023 que nunca pudimos rechazar”, explica un diputado de Unión por la Patria a este diario, quien además recuerda que “se estuvo a seis votos de voltearlo”, pero no se pudo por el lobby inmobiliario. En efecto, el decreto significó el kilómetro cero del nuevo drama social. El mega DNU contempló en un mismo texto la derogación de la Ley de Alquileres, la desregulación de las prepagas y la liberación de las tasas de interés que hoy asedian a las familias.

Con las comisiones bloqueadas por los libertarios, la oposición buscará pedir un apartamiento del reglamento en la sesión prevista para el próximo 26 de agosto. Ese día el oficialismo quiere que se trate la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El apartamiento le permitiría a los bloques emplazar los proyectos para aliviar a los endeudados a sus respectivas comisiones.

Las demandas del nuevo sujeto social

Desde Movida Ciudadana, una de las agrupaciones de endeudados que este mediodía marchará al Ministerio de Economía, plantearon los aspectos centrales que debería contemplar un proyecto de ley para dar respuesta a la crisis. La socióloga e investigadora Luci Cavallero, activista de la organización, reclama una ley de emergencia crediticia que establezca un marco para el desendeudamiento de los hogares, regule la actuación del sistema financiero y de los proveedores de crédito e incorpore herramientas de transparencia y control frente a las prácticas abusivas. Entre los puntos centrales también aparece la necesidad de que el Estado recupere capacidad de intervención sobre las tasas de interés y la puesta en marcha de un plan que contemple quitas y condonaciones agresivas. “Estamos hablando de familias que se endeudaron para comprar bienes y servicios básicos, de un endeudamiento para vivir. Rescatarlas sería un acto de justicia económica, no un regalo ni un privilegio”, sintetizó Cavallero.

En espejo

Muchas de las iniciativas se inspiraron en el “Desenrola Brasil”, el programa federal de renegociación de deudas de personas morosas que lanzó Lula en 2023 y estuvo vigente hasta mayo de 2024. La política apuntó especialmente a los sectores de menores ingresos y no se limitó a las deudas con tarjetas o bancos: permitió renegociar obligaciones financieras y no financieras, incluidas las contraídas con servicios como electricidad, telefonía y educación. Al cierre del programa, cerca de 15 millones de personas lograron renegociar sus deudas.

Pagina 12

18 de agosto de 2026

Milei amplió el secreto militar sobre la salida de armamento de la Fuerza Aérea

La medida incluye partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento destinados a mantenimiento y actualización.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la restricción del acceso a la información pública al declarar bajo la condición de "secreto militar" toda exportación de material relacionado con el sistema de armas de los aviones caza F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea Argentina (FFA), así como también los contratos adicionales firmados para incorporar equipos y capacidades complementarias.

La firma de la medida, que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y del teniente general Carlos Alberto Presti, actual titular de la cartera de Defensa, consolida un esquema de discrecionalidad en la gestión de los recursos militares del país. La restricción impuesta por la Casa Rosada no es menor, ya que alcanza a "partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento".

Oficialmente, la gestión libertaria justifica este cerco informativo bajo el argumento de que se trata de "material sensible" cuyo resguardo de información debe primar de manera estricta. Según los considerandos de la norma, estas exportaciones temporales se realizarán con el objetivo de llevar a cabo tareas de "mantenimiento y actualización" en el exterior. Sin embargo, la declaración de confidencialidad exime formalmente a las autoridades de cualquier control civil ordinario sobre los movimientos logísticos y de defensa.

La consolidación de un sistema sin control democrático

Esta nueva disposición no constituye un hecho aislado, sino que representa el cuarto eslabón de una sistemática política de ocultamiento iniciada en el año 2024. El camino de la opacidad comenzó en abril de ese año con el Decreto 370/2024, que amparó bajo el secreto militar la adquisición original de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca.

Posteriormente, en septiembre de 2024, el Decreto 807/2024 extendió el blindaje a la contratación y construcción de las obras de infraestructura de las bases aéreas en la VI Brigada Aérea Tandil (Buenos Aires) y en el Área Material Río Cuarto (Córdoba), además de la importación de materiales. Finalmente, en diciembre del mismo año, el Decreto 1073/2024 clasificó como secretos los contratos complementarios firmados con el gobierno y la Armada de los Estados Unidos bajo el programa Foreign Military Sales.

Paralelamente, bajo la premisa de garantizar la actualización técnica de la flota, la administración libertaria mantiene vigente un programa de modernización denominado "M6.6 OFP and System Modification", gestionado bajo contrato con la corporación estadounidense Lockheed Martin y rubricado originalmente en abril de 2025. A pesar de la envergadura de este soporte corporativo y militar extranjero, el Gobierno optó por blindar jurídicamente la salida del equipamiento de las fronteras argentinas.

La medida se implementa en un momento en que los cazabombarderos ya se encuentran activos en el territorio nacional. Las actividades de vuelo en el Área Material Río Cuarto se iniciaron formalmente el pasado 30 de marzo de 2026. 

El Destape

El lobby mundial para prohibir el aborto legal intenta avanzar

Argentina se adhirió a una red global antiderechos

El país se sumó a una organización internacional antiderechos, mientras en la Legislatura se organizan encuentros con financiamiento externo para torcer consensos sobre la igualdad y derechos sexuales.

Dolores Curia

Uno de los principales think tanks contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI fue recibido con loas por La Libertad Avanza y el PRO. La organización internacional Political Network for Values -Red Política por los Valores (PNFV)- organizó en alianza con funcionarios nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un encuentro con el objetivo manifiesto de promover la “familia tradicional” y rechazar la ESI y el aborto legal.

El objetivo a largo plazo es seguir organizando redes territoriales para eliminar derechos y desmantelar políticas públicas. Y el objetivo profundo es generar cambios en los consensos, en torno a temas como igualdad, justicia social y derechos que, en Argentina, a pesar de las acciones y narrativas del libertarismo, subsisten y siguen generando un apoyo bastante expandido, según encuestas recientes de la sociedad civil.

En esa línea debe leerse la noticia de los últimos días sobre la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una organización internacional antiderechos impulsada por Donald Trump, que busca generar incidencia en los organismos multilaterales para rechazar la legalización del aborto.

A principios de esta semana, el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas firmaron el documento mediante el cual Argentina adhiere a esta organización. Esto fue el lunes 10 de agosto. Pero el Gobierno recién publicó el anuncio tres días después, a partir de que la información trascendiera en la prensa estadounidense.

En junio, Estados Unidos pasó a ocupar la secretaría de la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, función que hasta entonces estaba en manos de Hungría. Aunque se trata de un instrumento no vinculante y su adhesión no supone que los miembros actúen en bloque en los ámbitos internacionales.

En julio, el think tank ultraconservador Political Network for Values (PNFV) organizó en Buenos Aires una serie de actividades que tuvieron al canciller como uno de sus principales invitados.

La jornada, denominada “Libertad para el Futuro: una agenda política por la natalidad y la protección de la infancia”, se realizó el 23 de julio con la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como sede principal y fue organizada por la PNFV en alianza con organizaciones vinculadas a la denominada “batalla cultural” libertaria.

El encuentro del 23 de julio se llamó “Libertad para el futuro: una agenda política por la libertad y la protección de la infancia”. Y estuvo rodeado de una semana con coloquios y capacitaciones para jóvenes, de la Fundación Faro, que dirige Agustín Laje, en el Círculo Militar y la Facultad de Derecho de la UBA.

El encuentro en la Legislatura, orientado a defender lo que sea que se entienda hoy como ‘familia tradicional’, fue impulsado por los legisladores oficialistas Nahuel Sotelo, Santiago Santurio, Joaquín Ojeda y Nicolás Mayoraz. También, funcionarios de Jorge Macri y legisladores provinciales. Estuvieron presentes la exvicepresidenta Gabriela Michetti y la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero, el ministro de Desarrollo Humano de CABA, el pastor evangélico Gabriel Mraida, Cinthya Hotton.

Political Network for Values (PNFV) es una plataforma transnacional ultraconservadora creada por Jaime Mayor Oreja, exdiputado del Partido Popular de España. Entre 2022 y 2024, la PNFV fue liderada por el presidente de Chile, José Antonio Katz, quien dejó su lugar a actual directora, Lola Velarde, una referente ultraconservadora ligada a Vox.

En su origen, una fuente de financiamiento de la PNFV provenía de Viktor Orbán, ex presidente de Hungría. La PNFV ya tenía muchos contactos con Argentina y en los últimos años esas conexiones se hicieron más visibles a través de las acciones de la vicejefa del Gobierno de CABA Clara Muzzi. Desde la red PNFV dicen que no buscan incidir políticamente hacia el interior de los países, sino que “solo buscan generar condiciones para que sus valores se vuelvan hegemónicos”.

En el caso de Argentina, la intervención de la Red en alianza con LLA y el PRO tiene como principal blanco al aborto: harán todo lo posible para que la IVE deje de ser concebida como un derecho.

“Están todos los proyectos, hasta la máxima de dar vuelta la ley del aborto”, dijo después del encuentro Álvarez Rivero, senadora cordobesa cercana a Patricia Bullrich. La legisladora aseguró que existe una agenda para modificar políticas aprobadas durante las últimas dos décadas, pero que la derogación de la ley del aborto no depende solo del Congreso. “Para que esto se dé, se necesita que la sociedad lo trabaje y lo pida”, señaló.

Es decir, se necesitaría que la calle y la opinión pública acompañen una regresión de este tipo. Lo cual no parece fácil. Al menos por ahora, los consensos en torno a los derechos que los feminismos supieron instalar en Argentina, siguen en pie. De eso dan cuenta encuestas que vienen indagando los alcances y limitaciones de lo que el Gobierno llama batalla cultural. Por ejemplo Pulsar, el observatorio de opinión pública de la UBA, muestra que 7 de cada 10 argentinos siguen apoyando la existencia del matrimonio igualitario. Más de siete de cada diez personas consideran que aun falta trabajar en la igualdad de género. “En estos temas, la sociedad argentina se muestra culturalmente progresista y estable”, dice la encuesta.

En el estudio “Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina”, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), se ofrecen datos que desmontan la idea de que la sociedad argentina se volvió masivamente “antigénero”. El 23% cree que la violencia de género sigue siendo vista como el principal problema de las mujeres. Le siguen los abusos sexuales con otro 23%. Otros problemas son la violencia de género en la pareja —26%— y los abusos y la violencia sexual con un 31%.

El acceso a anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados reúne niveles de acuerdo superiores al 80%. Además, casi la mitad de las personas conoce a alguien que abortó. Cuando se consultó cuánto dinero debería invertir el Estado en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, casi la mitad de la población (49%) respondió que debería invertir “mucho”. Estos números indicarían que sigue habiendo apoyos altos a políticas asociadas a derechos sexuales e igualdad.

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Todos los días este gobierno nos arrastra a la vergüenza y desesperanza.