7 de septiembre de 2026

Con festejo de Patricia Bullrich

El Gobierno reglamentó su nuevo Régimen Penal Juvenil y ya puede encarcelar a chicos de 14 años

Finalmente se puso en marcha la reforma que baja la edad de imputabilidad. “Se terminó la excusa de la edad para delinquir”, celebró la exministra de Seguridad.

Con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno reglamentó la reforma del Régimen Penal Juvenil, que cumple con el largo deseo de la derecha de reducir a 14 años la edad de imputabilidad. “Se terminó la excusa de la edad para delinquir”, celebró la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La reglamentación se concretó a través del Decreto 875/2026 que designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia, crea el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, el Comité Interministerial, una Mesa Federal y un Registro de Reicidencia. Los organismos creados deberán implementar las distintas penalidades habilitadas por el régimen que van desde la amonestación hasta el monitoreo electrónico, pasando por la prohibición de salir del país o la prestación de servicios comunitarios.

El decreto indica que el Ministerio de Justicia velará por llevar adelante la puesta en marcha de la “articulación interinstitucional con los sistemas de salud, educativos, de seguridad y de protección de los derechos de niños, niñas, y adolescentes, y con los programas sociales, culturales y laborales existentes”.

Muy lejos de eso, el discurso oficial embanderado por la ministra Bullrich en un breve posteo publicado durante el fin de semana mostró el objetivo de propaganda punitivista: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás. Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil”, escribió. En febrero, cuando el Senado aprobó la reforma, la oposición le recordó a la ministra que la Argentina la tasa de menores de edad que participan en delitos dolosos es ínfima.

Qué dice el decreto

El decreto de reglementación designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación para que sea el encargado de celebrar convenios de colaboración y cooperación con las jurisdicciones locales, universidades, organismos públicos estatales y no estatales, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades públicas o privadas.

En ese sentido, creó el Comité Interministerial en el que participarán de forma conjunta las carteras de Seguridad, Salud y Capital Humano para coordinar, elaborar lineamientos y coordinar tareas respecto del abordaje en cuanto a las medidas socioeducativas, la salud y el abordaje del consumo problemáticos.

También se creó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil como espacio de articulación entre el orden nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, que deberán adherir e implementar el régimen. Además de representantes de cada provincia, la mesa estará integrada por representantes de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación.

Durante el debate legislativo, la oposición advirtió el escaso presupuesto que el Poder Ejecutivo designó para la implementación del régimen, que contemplaba la creación de nuevos cárceles para menores de edad. “En la Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada. ¿Quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación? ¿Les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?”, había señalado la senadora Alicia Kirchner.

El decreto también crea el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La figura de supervisor es el personal público que estará a cargo del seguimiento, la asistencia y el control del adolescente imputado. Deberá contar con conocimientos y formación académica en alguna de las siguientes especialidades: educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social.

Por otra parte, se crea el Registro Nacional de Reincidencia para el desarrollo de intervenciones basadas en evidencia con el objetivo de reducir la reincidencia delictual.

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Desconcierto por la galtierización libertaria

Internas en la Cancillería: Nadie cree en el supuesto giro malvinero de Javier Milei

Hasta ahora, el canciller Pablo Quirno decía que “soberanía era un concepto anticuado”. Se había impuesto la Doctrina Plaza de dejar correr los negocios del imperio, lo que genera desconcierto. Los diplomáticos de carrera, desplazados, denuncian que debió llamarse a consultas al embajador de Israel.

Raul Kollmann
Terremoto en la Cancillería. Nadie cree en el viraje de Javier Milei, y tampoco nadie sabe si sigue rigiendo lo que aplican hasta ahora y llaman Doctrina Plaza, en referencia a la probritánica embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, cuyo dogma es “no hablemos de soberanía, pero fomentemos negocios con el Reino Unido, incluyendo inversiones y explotación de recursos en Malvinas. Un mejor vínculo económico y comercial va a pavimentar el diálogo con los británicos”. Eso era palabra santa. El ancla en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería, es otra funcionaria probritánica, la titular de la Secretaría Malvinas, Paola Di Chiaro, que coordina con el Foreign Office el programa Future Leaders, seminario que culmina en la propia residencia del embajador del Reino Unido. El desconcierto es mayúsculo. Sabiendo que el principal inversor en la explotación de petróleo en Malvinas es israelí, el canciller Pablo Quirno condecoró en la semana que pasó al saliente embajador, Eyal Sela, en lugar de convocarlo para hacerle una advertencia, como haría cualquier país serio. Es lo que recomiendan los diplomáticos de carrera, marginados justamente por su mirada sobre Malvinas. Esos funcionarios sostienen que cualquier país que quiere mostrar real firmeza frenaría, hasta que hubiera gestos categóricos del gobierno de Benjamin Netanyahu, la compra de fusiles israelíes con los que se pretende sustituir a los viejos FAL que tienen las Fuerzas Armadas. Según algunos de los más conocidos consultores, la simulación malvinense “busca cambiar el clima electoral adverso a Milei, pero no puede ocultar los efectos de lo que sucede en la economía”.

Volver a lo anticuado

Hace menos de un mes, el canciller Quirno dijo públicamente que “la soberanía es un concepto anticuado”, justificando que si un inversor extranjero quería comprar una provincia entera, podía hacerlo. Los dichos del canciller no eran una excepción, sino la regla de la política exterior.

Los embajadores de carrera venían advirtiendo que todos los votos en Naciones Unidas, de la mano de Estados Unidos e Israel, resquebrajaban la causa Malvinas. Levantar la mano junto a Washington y Jerusalén, como únicos 3 países en contra de considerar delito de lesa humanidad la esclavitud, alejaba a todos los tradicionales apoyos africanos a la causa de las islas. La postura de respaldo incondicional a Trump en la guerra contra Irán, en lugar de abogar por la paz, no solo quiebra los respaldos islámicos, sino también los europeos.

Las advertencias de los funcionarios de carrera siempre cayeron en saco roto: Quirno solo se rodea de quienes le dicen que sí a todo. Por el contrario, los que alertaban sobre errores que socavaban nuestro reclamo por las islas resultaron marginados e incluso con temores a que se les armaran expedientes para sancionarlos. Por ejemplo, advirtieron que, por primera vez en la historia de la democracia, un presidente (Milei) y una canciller (Diana Mondino) hablaron de la autodeterminación de los kelpers, coincidiendo con la postura inglesa de siempre. Milei sostuvo que el camino es que los kelpers elijan ser argentinos por las ventajas que podrían tener gracias a la política libertaria.

O sea, la desmalvinización era la norma intocable. Cualquiera que, aunque sea, sugiriera críticas leves, era puesto bajo sospecha. Esa es la razón por la que nadie en la Cancillería cree en el supuesto giro.

Jugando en la Plaza

Dentro de la Cancillería, en los últimos años solo se hablaba de la Doctrina Plaza. En realidad, la embajadora en Londres, Mariana Plaza, nunca expresó una política distinta a la ordenada por la Casa Rosada y, sobre todo, Washington. La guía fue el pacto Mondino-Lammy, firmado por la ministra argentina y el canciller británico, Davi Lammy. Por primera vez se permitirían vuelos a Malvinas, desde San Pablo, sin escalas en la Argentina, se desmantelaron controles de pesca y se dio vía libre a la explotación petrolera, cuando ya el proyecto Sea Lion estaba en marcha. Sobre esa base, Plaza congeló cualquier reclamo: la orden era alinearse con Washington, Londres, y los negocios.

Como es obvio, la Secretaría Malvinas de la Cancillería estaba en la misma sintonía. O peor. La funcionaria a cargo, Paola Di Chiaro, probritánica, tampoco amagó con protesta alguna. Se ocupó de coordinar acciones con el Foreign Office para concretar el programa Future Leaders Programme Argentina, en la que participa una organización macri-mileista, la Fundación Global, y el programa Chevening de la Embajada Británica. El temario se basa en aspectos de defensa, seguridad marítima e hidrocarburos, es decir, muy lejos de las denuncias anunciadas el jueves. Los seminarios terminarán en la residencia del embajador británico, suficiente para diagnosticar el contenido de lo que suscribe, nada más y nada menos, la Secretaría de Malvinas.

Condecoración y silencio

El embajador de Israel en Buenos Aires terminó su misión en la semana que pasó y, antes del regreso a su país, el canciller Quirno lo despidió y condecoró con la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Gran Cruz, creada para honrar a ciudadanos extranjeros cuyos servicios merecen la gratitud de la Nación.

Los diplomáticos de carrera sostienen que el embajador debió ser citado a la Cancillería para formularle una advertencia: una empresa de su país está liderando la extracción de petróleo, algo penado por la legislación argentina. No importa que se trate de una empresa privada: las autoridades gubernamentales tienen potestades de control e instrumentos para marcarle la cancha a las empresas.

Pero esos diplomáticos de carrera también mencionan que la Argentina tiene otros caminos. Presionar con poner en pausa varios contratos. Se está poniendo en marcha el proceso de cambio en las Fuerzas Armadas de los antiguos fusiles FAL por los fusiles IWI Arad, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries. También hay contratos, menos conocidos, para la compra de material de seguridad e inteligencia.

Es evidente que en la Casa Rosada conocen todos estos caminos, pero el supuesto giro es solo una simulación. En esencia, no abandonan la Doctrina Plaza. Es solo adecuarse al discurso de Donald Trump y, en especial, intentar una maniobra electoral: que la opinión pública ponga la mirada en una causa patriótica que tiene en el corazón, más aún desde que se vio la bandera que exhibieron los jugadores de la selección, y la saque de las penurias de no llegar a fin de mes o de la incertidumbre del peligro de perder el trabajo.

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Discapacidad y endeudamiento

Pese al intento de boicot del Gobierno, la oposición ratificó la sesión del miércoles

Los bloques opositores de Diputados hacen números para reunir el quorum e impulsar los proyectos que resiste el oficialismo. LLA busca convencer a sus aliados para hacer caer la convocatoria.

La oposición en la Cámara de Diputados avanzará el próximo miércoles con dos proyectos clave: emergencia en discapacidad y morosidad de familias endeudadas. Se trata de las dos iniciativas a las que hace solo dos semanas el oficialismo le había dado un revés con el último aliento durante una sesión en la que el arco opositor dio señales de aglutinamiento que alertaron al mileísmo.

El debate tendrá lugar en el recinto al mediodía pero no tiene como objetivo la sanción propiamente dicha de esos proyectos de ley, sino que será para establecer en las comisiones un cronograma de dictámenes para su avance.

No obstante, el oficialismo ya tramó el boicot a esa movida parlamentaria que intentará despejar el camino burocrático y político para su avance. La traba que pone es la dilación.

Para ello, el titular la comisión de Finanzas, Santiago Pauli, propuso dos encuentros informativos previstos para mañana por la tarde y otro el miércoles. La idea es dilatar todo hasta fin de mes. En ese ínterin, el Gobierno intentará una salida a esos dos temas que presionan su agenda.

La oposición buscará sesionar

Pero esa estrategia se cayó. El peronismo rechazó ese cronograma. La diputada de Unión por la Patria (UxP), Cecilia Moreau, confirmó que la convocatoria de pasado mañana apurará los trámites.

“Este miércoles intentaremos abrir el debate sobre la morosidad y la emergencia en discapacidad. Dos problemas concretos. Dos urgencias que no pueden esperar. El Congreso no está para mirar para otro lado. Está para dar respuestas”, sentenció a través de un posteo en X.

UxP no es el único bloque que rechaza el cronograma del oficialismo que pretende adormecer el tema. Varios diputados, inclusive de bloques aliados al Gobierno, respaldaron la sesión del miércoles que intentará emplazar a las comisiones para que aceleren en el debate.

De hecho, el pedido de la sesión especial fue firmado por Unión por la Patria, Argentina Federal, Provincias Unidas, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coherencia y Elijo Catamarca. Son parte (y más) de las 133 voluntades que, por impulso del peronismo, pusieron a La Libertad Avanza (LLA) al borde de una derrota en la última sesión.

La cuestión del quorum

Otra de las salidas que le queda al oficialismo para poner palos en la rueda es convencer a sus aliados de no dar quorum. Pero eso estará por verse.

Por lo pronto, mañana a las 15 continuará el debate en la comisión de Finanzas donde expondrán invitados propuestos por los opositores.

Mientras tanto, el oficialismo buscarán convencer a los legisladores que si bien votaron a favor para habilitar el debate no firmaron el pedido de sesión como los tres legisladores de Independencia, y para que no se sumen los radicales que se abstuvieron en la sesión. También aspira a convencer a cuatro legisladores de Provincias Unidas que siempre votan con el oficialismo.

El temario previsto para la sesión especial no se restringe a renovar la emergencia en discapacidad e incluir el endeudamiento de las familias, sino también en iniciativas que tienen que ver con la regulación del crédito y las tarjetas, la protección de consumidores y usuarios financieros, y la prevención y cuestiones específicas como los créditos UVA, fraudes digitales, y sobre todo establecer la protección de las cuentas sueldo para que no sean embargables por los acreedores.

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6 de septiembre de 2026

Los Curas en Opción Preferencial por los Pobres también se preparan para recibir a León XIV

“Esperamos del Papa una clara defensa de la justicia social”

El documento final del encuentro nacional en La Rioja, duro con el gobierno de Milei, refleja preocupación por la situación de los barrios más humildes y expectativas por la visita del sumo pontífice.

Marciel Amiel
Como cada año desde su conformación como grupo a mediados de los ochenta, los Curas en Opción Preferencial por los Pobres (OPP) de todo el país, con presencia mayoritaria del conurbano, tuvieron su encuentro nacional.

Esta vez la cita fue en Sañogasta, provincia de La Rioja, donde Wenceslao Pedernera fue asesinado en 1976 por la dictadura cívico militar. Allí, los OPP le rindieron homenaje a este catecista, militante católico, trabajador y padre de tres hijas, muy cercano al obispo Enrique Angelelli, también asesinado ese mismo año. Completan la lista de mártires riojanos, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacerdotes secuestrados y asesinados en julio de 1976 por su labor pastoral junto a los más humildes.

Allí, en su trigésimo séptimo encuentro anual, se reunieron, del 31 de agosto al 3 de septiembre, veintiocho curas procedentes de distintas provincias. Junto a ellos estuvo Delfor “Pocho” Brizuela, un histórico militante de derechos humanos de La Rioja, hoy a cargo de la secretaría de Derechos Humanos provincial.

Brizuela expuso acerca de la situación, tanto de la causa judicial que investiga el crimen de Angelelli y sus compañeros de martirio, como de su proceso de beatificación en el vaticano.

“Fue un encuentro con mucha oración, espiritualidad y profetismo en defensa de la justicia y la construcción de una sociedad más justa”, le dijo a Buenos Aires/12 el padre Néstor “Nepi” Cruz García.

“Nepi”, que participa de los OPP desde sus orígenes, cumple su misión pastoral en la parroquia de la Virgen del Carmen, dependiente de la arquidiócesis de San Isidro, muy cerca del cementerio de Olivos, en un barrio popular conocido como “La Loma”. También es escritor: publicó recientemente el primer tomo de la historia del grupo, que abarca desde sus inicios en 1986 hasta fines del siglo pasado.

Tras varios días de debate, los participantes elaboraron un documento, que describe con crudeza tanto la situación que atraviesa el país en general y los sectores populares y los barrios que ellos mismos habitan en particular y las responsabilidades sobre las decisiones que llevaron a esta realidad.

Sin embargo, el párrafo de mayor relevancia política de ese documento es probablemente el último. “En poco tiempo más nos visitará el Papa León XIV. Y frente a esta visita nos parece importante señalar que esperamos ser testigos de un encuentro con los pobres, víctimas de este modelo económico. Esperamos que el Papa, repitiendo lo que ha dicho en su reciente encíclica, haga una clara defensa de la justicia social y una profética crítica a este modelo que mata. Como cristianos esperamos que muestre el abrazo compasivo a los pobres y la denuncia indubitable a los causantes de la muerte”.

GENTILEZA
   Encuentro nacional de los curas OPP en La Rioja
Encuentro nacional de los curas GENTILEZA Encuentro nacional de los curas OPP en La Rioja GENTILEZA

La visita del Papa, uno de los temas principales

La visita de León fue uno de los temas. Inicialmente generaba cierta controversia, que se fue diluyendo a medida que se fueron conociendo detalles de su agenda, como la decisión de visitar el Cottolengo de Don Orione en Claypole.

Se trata de un lugar histórico y muy representativo para el sector de discapacidad. Allí habitan de manera permanente adultos con distintos diagnósticos, cuyas familias no pueden albergarlos.

El incumplimiento del gobierno de su obligación legal de financiarlos los arroja a una situación dramática. La visita del papa es entendida como un gesto más que potente, al estilo de los que solía realizar su antecesor, Francisco.

Al pan, pan y al vino, vino

Los documentos que publican y difunden los curas OPP suelen dejar escaso margen para la metáfora o la interpretación ambigua. Este último mantiene esa misma línea, a la que últimamente parecen adscribir también el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y la propia Conferencia Episcopal Argentina.

“La situación social es hoy más grave que nunca en nuestras comunidades barriales y campesinas. La desocupación, la pobreza, que sólo ha disminuido en los discursos oficiales, y la desesperanza, son verdaderamente preocupantes”, afirman allí.

“La pobreza suma hoy nuevos rostros y nuevas formas a las tradicionales: el crecimiento del trabajo informal (a la vez que se derrumba el trabajo estable y digno), los endeudamientos en los barrios, especialmente aquellos realizados en un contexto de violencia e ilegalidad, el aumento atroz de los suicidios, especialmente entre jóvenes, son síntomas de una sociedad que se encuentra sin un horizonte cierto de esperanza”, agregan en otro fragmento destacado.

En esa misma línea, semanas atrás, otro miembro del Grupo OPP, Paco Olveira, en declaraciones radiales, manifestó que “es verdad que Milei sacó a quince millones de personas de la pobreza. Lo que no dice es que los mandó a la indigencia”.

A su vez, es el primer documento público en conectar abiertamente dos variables en ascenso: el endeudamiento y la morosidad, por un lado, y el aumento de los suicidios, especialmente entre los más jóvenes.

El texto también cuestiona el método de construcción y construcción del actual oficialismo nacional, con un espíritu que recuerda a la encíclica Fratelli Tutti, publicada por Francisco en plena pandemia. Allí, el pontífice repudiaba la clase de intercambios que permiten y promueven las redes sociales, a las que calificó de coprofagia: “A esto ha de añadirse el uso sistemático de la mentira como arma política, multiplicada casi al infinito por trolls, bots y unos algoritmos bien direccionados en favor de los de siempre. Repudiamos la evidente injerencia del imperio y sus voceros comportándose impúdicamente como patrones y señores diciendo qué podemos y qué no podemos hacer, comprar y vender”.

Líneas

Mientras los curas villeros tienen, desde el pontificado de Francisco, una línea directa con el Vaticano, y su misión es la de acompañar a los pobres y vivir con y como ellos, los OPP son más abiertamente políticos y más difíciles de encuadrar para la jerarquía eclesiástica.

Todos ellos son, sin embargo, herederos del Concilio Vaticano Segundo y del Movimiento de Sacerdotes Tercermundistas, que en Argentina encarnó como máxima referencia Carlos Mugica.

Entre estos, a su vez, se dio durante décadas un profundo debate ideológico, entre las posiciones más cercanas a la teología de la liberación, con raíces en la izquierda, y la teología de la cultura o teología del pueblo, más consustanciada con el peronismo.

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Internismo recargado entre Sturzenegger y Caputo, con el establishment en guardia

El “Coloso”, el trader y el deja vú de la crisis PRO

Los reportes de actividad e ingresos alteran al jefe de Hacienda, que apretó a la UIA para evitar críticas fuertes. El Desregulador le dice a Milei que sostenga el ajuste y le habla mal de “Toto”. El fantasma del macrismo fallido atraviesa a LLA.

Leandro Renou

“La etapa diagnóstica terminó”, Milei y su contexto “es lo que hay”. La sociedad es dual, con un quiebre evidente entre ricos y pobres. Y el consumo en la era libertaria es “estoico”, basado en los principios de “Séneca, Marco Aurelio o Epícteto”: “Autocontrol, moderación, frugalidad, disciplina, razón y virtud”. El consultor de consumo masivo favorito de los empresarios, habitante frecuente de los ejemplos curiosos, escribió ese diagnóstico general en su último reporte a clientes. Guillermo Oliveto ilustró la era del gasto hogareño que, según él, empezó en 2024 -primer año duro de la crisis económica de Javier Milei-, con una imagen de El Pensador, la obra de Rodin. Un hombre que medita desnudo, de cara a la nada. Como ante un conflicto existencial. Más adelante, se alerta con datos que la mayor baja de ingresos está en el Conurbano, otro riesgo para Milei porque allí parece albergarse el germen de una posible derrota en el 2027. Todo indica que el veneno que amenaza con terminar con los libertarios es, más que nada, el bolsillo, el consumo, el no llegar a fin de mes. No hay misterios ni épicas de oportunidad que lo tapen.

Oliveto no es un crítico de las estructuras económicas liberales. No tiene por qué serlo. Sus informes suelen graficar bastante bien el clima general de la microeconomía. El envío de agosto va en esa línea y tiene un concepto revolucionario para los análisis del Círculo Rojo. Esa idea de que en el Gobierno no hay más que esto y que la sociedad debe amoldarse o morir en el intento. La consultora W refiere al consumo, a los desafíos de las familias, una idea que conecta con un problema que tiene La libertad Avanza: se está pareciendo de manera peligrosa a la peor parte del gobierno de Mauricio Macri. Misma crisis de tarifas, peor crisis de consumo y, lo más importante en el marco de esa crisis, el mismo debate sobre cómo salir de ella. Y con los mismos actores que fracasaron en aquel ajuste.

Fue el propio Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el primero en marcar la cancha con esa idea. En el artículo que publicó la semana pasada en un matutino, sentó posición. Primero tergiversó los resultados de la economía PRO para cubrirse, pero luego advirtió que no haber sostenido un ajuste violento desde junio del 2018 generó la salida del gobierno de Macri. Por estos días, Sturzenegger visita más asiduamente que nunca al Presidente, en persona o por teléfono. Le habla mal de Caputo y sus políticas y avisa que Macri pereció porque tuvo temor “cuando había que acelerar”. Envidia Federico, dicen, los logros de trader que Caputo asegura tener. Y anhela como pocos caminar, con cargo, por los pasillos del Quinto Piso del Ministerio de Hacienda. “Toto”, por su parte, se juramentó ante Milei seguir “hasta diciembre del 2027”. El poder económico parece laudar a favor de Caputo, porque entienden que, en la etapa más crítica del Gobierno, “Sturzenegger es leña al fuego”.

A diferencia de Macri, Milei está más inclinado hacia el lado de Sturzenegger, a quien Mauricio echó del Gobierno en 2018 por el fracaso en la gestión en el Banco Central. Caputo era secretario de Finanzas y ya se odiaban. Había, relatan, una cuestión respecto a la formación. Sturzenegger, un académico de Harvard, un fundamentalista sin empleo real conocido. Esto último, lo ultra, es lo que lo conecta con Milei. Caputo, por su parte, fue y es un gestor de mesas de dinero con una carrera exitosa en la banca internacional, que además desprecia a los académicos. “Toto” se unió a Milei, cuentan los que los frecuentan, desde lo religioso. Literal. Justo lo que Sturzenegger aborrece.

Para diferenciarlo en estos días y mostrarlo algo más cerca del mundo real, los que quieren a Caputo recuerdan que él cursó economía en la UBA con el ex alcalde Horacio Rodríguez Larreta y con Mario Quintana, el dueño del fondo Pegasus y ex funcionario PRO. La pelea de Federico y Toto es fuerte, una vez más, como aquel junio del 18 donde Marcos Peña echó a Sturzenegger del Banco Central y sostuvo a Caputo en la secretaría de Finanzas. Luego, el propio Fondo Monetario (FMI) denostó a Sturzenegger y se abrazó a Caputo. Desde entonces, el “Coloso” tiene la vendetta a flor de piel. La crisis lo favorece en el intento de embestida.

El “Coloso” aprieta, Techint también

El problema que hoy tiene es que el juego a Caputo le es adverso y Sturzenegger aprieta. Toto, relatan, está nervioso, alterado. La crisis se impone y los ceos inician una guerra incipiente. Como en las películas, el jueves, mientras el titular de la UIA, Martín Rappallini, hablaba en la celebración del día fabril, estallaron los celulares de los presentes con una declaración bomba de uno de los vices de la entidad. “Es un trader, no sabe lo que es una fábrica”, dijo Guillermo Moretti, el químico santafecino que es crítico del Gobierno.

En la primera fila del evento, en el laboratorio de Hugo Sigaman, el secretario de Producción, Pablo Lavigne, recibió el mismo mensaje. A la salida, lo agarró a Rappallini y le pidió que moderara a Moretti. Luego, más tarde, el dueño de Cerámica Alberdi, muy cercano al Gobierno, recibió un llamado de Caputo que, enojado, le planteaba que no podían darse esas declaraciones. A la tarde, Rappallini fue a la televisión y les pegó a Moretti y a la Federación de Santa Fe de una manera anormal. “Piden diálogo y luego hacen esto”, deslizó en la nota. Sin mayores códigos que la obediencia a la recomendación oficial.

Quizás, apuntan los que saben, el desbarajuste de la dirigencia industrial se deba a la crisis interna de un Rocca corrido del manejo político de Techint. Desde que Paolo no tiene a Luis Betnaza, su lugarteniente histórico, la cosa no anda fina. Betnaza era un bicho del establishment simpático, duro, pero negociador. Sus sucesores no logran representar lo que Paolo quiere. David Uriburu, vice de entidad, tiene una disputa silenciosa con Alejandro Gentile, otro hombre de Techint que quedó a cargo de la Unión Industrial de la Provincia (UIPBA) y fue uno de los que digitó la no invitación del gobernador Axel Kicillof al evento industrial que se celebró en Los Polvorines.

Lo que Rocca no está logrando es ordenar el frente político ante un Gobierno, el de Milei, que lo desafía con una virulencia sin límites. Lo único que frenan los lugartenientes de Paolo es cualquier intento de la UIA de acercarse a candidatos opositores del PJ. Para el dueño de la “T”, eso es bastante poco.

En este sentido, ocurrió otro hecho que muestra ese problema de falta de conducción o, mejor dicho, de un representante que, como Betnaza, comande el lobby sin errores. El viernes al mediodía, en la Secretaría de Producción y Comercio hubo una reunión en la que se debatió cómo avanzar en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y un bloque de países entre los que están Japón, India, Corea y Vietnam. Participaron dirigentes de UIA, de economías regionales y gerentes de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL). Todo venía tranquilo hasta que llegó el tema de que Brasil no quiere una apertura económica en año electoral en el que Lula define su continuidad en el poder. Carolina Cuenca, la secretaria de Comercio Exterior, recibió una pregunta insistente. “¿Qué va a pasar con la chapa en Brasil?”. El cuestionamiento vino de parte de una enviada de Techint. Le dijo la empresaria, una cuarta línea del holding, que ellos operan allá y necesitan saber. “A ver, decime directo, ¿qué es lo que quiere Techint?”, le respondió Cuenca a la enviada de Paolo Rocca, ya impaciente. La empresaria ni se mosqueó y fue al grano: “el problema es la chapa de la India”, le blanqueó. La “T” sabe lo que quiere, pero la interferencia política es hoy muy compleja y la relación con Brasil no es la mejor.

¿En el Conurbano se incuba la derrota?

La consultora W y también Scentia aportan datos, sin intencionalidad política ni la idea de distinguirlos o resaltarlos, que reflejan que el Conurbano bonaerense está teniendo el mayor problema en la crisis nacional de Milei.

Scentia precisa, en los microdatos que les hace llegar a clientes, que “la capacidad de compra y territorio dictan las normas”. En CABA consume la clase alta “pocos ítems de mayor valor por unidad”. En el Conurbano y el Interior, en tanto, “máxima cantidad de unidades al menor precio posible”. Algo de eso le advirtió a Milei uno de sus economistas preferidos, Ricardo Arriazu, que sigue diciéndoles a sus clientes que el Conurbano “es una bomba”.

El problema en la región, donde hay 4 de 10 votos nacionales, es que el ingreso está peor que en el resto del país, es decir, la crisis se siente más. En los sondeos que maneja la Casa Rosada se ve que la gente culpa al Presidente, cuando la Rosada pretendía que se lo atribuyeran a Kicillof. En el informe del consumo “estoico” de la consultora de Olivetto, se plantea una pirámide de ingresos en la cual la cúpula es sólo el 5 por ciento de la población y el segmento tiene una base de ingresos piso familiar de 7,5 millones de pesos y promedio de 12,5 millones. Esa es la “clase alta”.

El asunto allí es que en la Ciudad de Buenas Aires ese 5 es un 11 por ciento, es decir, hay más clase alta. Mientras que, en el Gran Buenos Aires, la clase alta es sólo el 3 por ciento. CABA tiene 3.100.000 habitantes, el GBA 12 millones. Además, la “clase baja”, que en el país es el 21 por ciento de los hogares o el 28 por ciento de la población, según W, en CABA es del 7 y en el GBA del 25. La clase baja, sumada a la clase baja superior, llegan al 50 por ciento de la gente en el Conurbano. Esos segmentos tienen ingresos promedio entre 900 mil y 1,9 millones de pesos.

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4 de septiembre de 2026

Las petroleras desafían a Milei por Malvinas mientras sus acciones se desploman

Rockhopper y Navitas ratificaron que seguirán adelante con Sea Lion y dijeron que las medidas argentinas no afectarán el proyecto. Sin embargo, sus papeles cayeron en Londres y Tel Aviv después de los anuncios del Presidente, mientras el Gobierno acelera sanciones que ya estaban contempladas por la legislación vigente.

Las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum respondieron al anuncio de Javier Milei sobre las nuevas sanciones contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina y ratificaron que continuarán con el desarrollo del proyecto Sea Lion. Las compañías sostuvieron que las licencias que utilizan fueron otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que no prevén modificaciones sustanciales en el cronograma de la iniciativa. 

La respuesta empresaria llegó pocas horas después de la cadena nacional en la que Milei anunció que el Gobierno buscará impedir que las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en el archipiélago puedan operar en territorio argentino, al tiempo que anticipó sanciones contra accionistas, directores y proveedores vinculados con esos emprendimientos. El Ejecutivo también anunció un decreto para acelerar los procedimientos previstos por la Ley 26.659 y un proyecto legislativo para ampliar las herramientas de sanción.

Pero mientras las empresas procuraron transmitir que el proyecto no está en riesgo, el mercado respondió de otra manera. Las acciones de Rockhopper llegaron a registrar una caída cercana al 6,5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas retrocedieron alrededor de 2,3% en Tel Aviv. En la primera parte de la rueda, las bajas fueron interpretadas por el mercado como una señal del riesgo adicional que las nuevas medidas argentinas pueden representar para compañías cuyo principal activo estratégico está vinculado con una zona sometida a una disputa de soberanía. 

La diferencia entre el mensaje de las compañías y la reacción de los inversores expone uno de los principales problemas de la estrategia anunciada por Milei. Mientras Rockhopper y Navitas sostienen que las sanciones no modificarán materialmente el proyecto, el mercado incorpora el conflicto jurídico, político y comercial como un factor de riesgo para el financiamiento y la futura explotación de Sea Lion, aunque la evolución de las acciones también está determinada por las condiciones generales de los mercados y del sector petrolero.

Dijeron Rockhopper y Navitas

Rockhopper, empresa británica que conserva una participación del 35% en Sea Lion, y Navitas Petroleum, compañía israelí que posee el 65% y actúa como operadora, difundieron una declaración conjunta en la que buscaron dejar en claro que no consideran que los anuncios de Milei alteren el desarrollo del proyecto. "La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion", señalaron las empresas, según el comunicado difundido después de la cadena nacional.

Las compañías sostuvieron además que operan bajo licencias otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, al que reconocen como autoridad habilitante, y remarcaron que cuentan con el "respaldo total y continuo" del Gobierno del Reino Unido. Esa definición es central porque el conflicto planteado por el Ejecutivo argentino no se limita a una discusión comercial entre el Estado y dos empresas, sino que involucra directamente al Reino Unido y al marco político y jurídico bajo el cual Londres administra el archipiélago. 

Sea Lion está ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas, aproximadamente a 215-220 kilómetros del archipiélago. El proyecto contempla una explotación offshore de gran escala y se convirtió durante los últimos años en uno de los principales puntos de conflicto entre la Argentina, el Reino Unido y las empresas petroleras que participan del desarrollo. El proyecto prevé una inversión de unos 1.800 millones de dólares y una producción inicial proyectada de alrededor de 55.000 barriles diarios, con inicio de producción previsto para 2028. 

La dimensión del emprendimiento explica por qué la disputa dejó de ser solamente diplomática. La iniciativa requiere financiamiento internacional, servicios especializados, infraestructura offshore y una cadena de proveedores que excede ampliamente a las dos empresas que aparecen como protagonistas del proyecto. El propio Milei reconoció esa dimensión durante su discurso, cuando planteó que Sea Lion no era un caso aislado y que existían otros proyectos y empresas vinculados con la explotación de recursos en las islas. "Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas", afirmó el Presidente, para luego advertir que esas iniciativas representan "una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".

La ley que ya existía

El punto que deja abierta la discusión política es que buena parte de las herramientas anunciadas por Milei no parten de cero. La Ley 26.659, sancionada en 2011, ya establece restricciones y sanciones para las empresas que realicen tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Estado nacional.

El decreto 868/2026, publicado este viernes, busca acelerar el procedimiento administrativo para aplicar esas sanciones. Según informó este medio, una vez detectados indicios de una posible infracción se abrirá un sumario y la empresa tendrá diez días hábiles para presentar su descargo, mientras que la autoridad de aplicación contará con otros diez días para resolver si archiva el expediente o sanciona. Las penalidades contempladas por la legislación pueden incluir la inhabilitación para operar en la Argentina durante un período de entre cinco y veinte años. 

El decreto también incorpora una dimensión que puede ser relevante para el desarrollo futuro de Sea Lion: las empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en Malvinas podrían quedar excluidas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de enfrentar restricciones para obtener nuevas concesiones, permisos y autorizaciones petroleras en el país. Los proyectos que pretendan ingresar al régimen deberán declarar que sus accionistas, directos o indirectos, no participan de esas actividades. 

La medida busca, de esa manera, trasladar el conflicto desde las aguas en disputa hacia el territorio continental y el mercado argentino. El Gobierno apuesta a que la posibilidad de perder negocios, concesiones o beneficios fiscales dentro del país genere un costo suficiente para que las empresas reconsideren su participación en los proyectos de Malvinas.

El problema es que Sea Lion tiene detrás una estructura financiera internacional y compañías, que se apoyan en fondos de inversión y entidades financieras globales. Esa arquitectura reduce el peso que puede tener una eventual sanción exclusivamente sobre las operaciones argentinas y obliga al Gobierno a determinar hasta dónde puede extender efectivamente sus medidas. 

El Destape

La nueva Cámara Federal debutó con un blindaje a Milei en la causa $LIBRA

El tribunal con integrantes recientemente impuestos por Milei confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas.

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas que sufrieron luego de comprar el criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promocionado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales.

El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que los damnificados no pudieron demostrar, en el marco de la investigación, que hubiera existido un ardid destinado a inducirlos a adquirir el token. La Justicia consideró que los inversores no pudieron dar cuenta de que hubieran sido engañados para comprar el criptoactivo ni que las pérdidas estuvieran directamente relacionadas con un delito.

La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara, a partir de un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli. Los jueces confirmaron la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, quien había aceptado el pedido de la defensa y había dejado fuera del proceso como querellantes a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.

La decisión se produjo luego de que Bertuzzi fuera oficializado por Milei como nuevo integrante de la Sala I porteña, junto con Pablo Yadarola. El nombramiento se concretó mediante el Decreto 848/2026, después de que el Senado aprobara su pliego el 27 de agosto, con 44 votos a favor.

Qué cambia para los cinco inversores

El apartamiento no implica que los cinco inversores queden desvinculados de los hechos investigados ni que la Justicia haya descartado la existencia de un delito en el caso $LIBRA. La consecuencia concreta es procesal: dejaron de ser querellantes y, por lo tanto, ya no podrán intervenir en el expediente como acusadores particulares ni ejercer las facultades que esa condición les otorgaba.

La Cámara consideró que no lograron demostrar cuál fue el engaño concreto que los habría llevado a comprar el token ni el vínculo directo entre esa supuesta maniobra y las pérdidas que sufrieron. También sostuvo que las decisiones adoptadas al comienzo de la investigación eran provisorias y podían revisarse a medida que aparecieran nuevas pruebas.

La investigación sobre el lanzamiento y posterior desplome del criptoactivo continúa, y el fallo tampoco establece la responsabilidad penal de las personas involucradas.

El Destape