No investigar la coacción
Se van sumando los empresarios que recurrieron a escribanías para consignar que mentirían en la indagatoria u otros que demuestran que ni siquiera estaban en Buenos Aires cuando los acusan de haber entregado dinero a Roberto Baratta, número 2 del Ministerio de Planificación, o a Ernesto Clarens, un financista que se presentó como un supuesto recaudador.
Los tres empresarios que declararon este martes ratificaron el clima de extorsión que crearon el fallecido Bonadío y el fiscal Stornelli, por lo que recurrieron a escribanos para dejar en claro que mentirían para que no los manden presos. En su momento, hasta el reciente ministro de Justicia; Mariano Cúneo Libarona, dijo públicamente que le indicaría a su defendido -Sergio Taselli- que mienta para no ir preso. Otro empresario, Gerardo Ferreyra, que se negó a arrepentirse, relató cómo Stornelli le decía que si se arrepentía dormiría en su casa, de lo contrario, en un calabozo.
A raíz de las declaraciones de Rovella, Sansiseña y Escolar, tres defensores, Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo pidieron que se extraiga copia para que un juez investigue el delito de coacción. La fiscal Fabiana León, una de las funcionarias más alineadas con el macrismo en Comodoro Py, empezó a los gritos pidiendo que se rechace el pedido: “quieren encontrar un juez amigo” que, de comprobarse la coacción, golpearía toda la estructura de la causa Cuadernos. Lo de encontrar un juez amigo en Comodoro Py pareció una humorada.
El Tribunal Oral 7 -Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli- debería tener la obligación de denunciar el delito de coacción del que hablaron Rovella, Sansiseña y Escolar, pero lo esquivaron de manera escandalosa: decidieron que lo resolverían recién al final del juicio. Una manera de eludir cualquier investigación sobre las andanzas de Bonadío, fallecido, y Stornelli, aún fiscal.
Los magistrados ya vienen de otra maniobra insólita: los arrepentidos pueden negarse a declarar. Por ejemplo, Centeno o Clarens, que se arrepintieron diciendo que tal y tal y tal les entregó dinero, evitan ser confrontados por las defensas, por ejemplo, de los empresarios que dicen ni siquiera haber estado en Buenos Aires los días de las supuestas entregas. El derecho de defensa quedó virtualmente arrasado.
Una declaración dramática
Mario Rovella arrancó contando cómo fue construyendo su compañía a partir del año 1985. “Hicimos 152 obras en 17 provincias. Trabajamos con todos los organismos nacionales. En 2010 se internacionalizó la empresa y conseguimos contratos con organismos multilaterales de crédito”.
La declaración parecía transcurrir con tranquilidad. Pero, de pronto, Rovella rompió la monotonía: “quiero decir tres cuestiones sobre la imputación. Van advertir una contradicción entre lo que declaré en marzo de 2019 y lo que van a escuchar ahora. Nunca, bajo ningún concepto le entregué dinero a Clarens. Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Si no aceptaba lo que Clarens le dijo a Stornelli, para acogerse él al beneficio del arrepentido, me detenían. Pero nada de eso existió. Yo nunca entregué dinero. Ni esa vez ni otra”.
Rovella siguió: “en el caso de nuestra empresa, hay una clara inconsistencia. Se dice que en dos oportunidades, Rovella-Carranza y Paolini llevamos dinero. En ese momento, no me preocupé, porque no había ninguna sociedad registrada con Paolini. Y nunca lo comprobaron. Las fechas que se consignan, no estuve en Buenos Aires. Yo no realicé esos pagos a Clarens. Pero se me presentaba un dilema. Si no declaraba, me privaban de la libertad. Si aceptaba, tenía que arrepentirme. La solución que intentamos con mis abogados fue, el día 28 de febrero, fui a una escribanía y colocamos una nota, que era el escrito que iba a presentar en la indagatoria. Más otra nota que decía que lo que yo allí consignaba no era veraz. Me remito a ese material como prueba. Es cierto que conozco a Clarens desde 2009. Pero fue una relación puramente comercial. Necesitábamos taxis aéreos para poder llegar a las obras y visitarlas. Vialidad Nacional nunca nos benefició. Lo contrario. Le iniciamos 19 juicios y nos debían 50 millones de dólares”.
Con casco y chaleco
El clima de intimidación fue descripto también por el dueño y el director de la empresa Cleanosol, una compañía muy tradicional y especializada en la señalización de rutas. Oscar Sansiseña, de 85 años, el dueño de Cleanosol, hizo una declaración breve. “Conocí a Clarens en el año 2001 a raíz de que intervino en un problema con la empresa Gotti Hermanos. Me acusan en base a 4 llamadas con Clarens. Hay 2 llamadas que son de 35 segundos. O sea, que llamó al conmutador y seguramente yo no estaba. Hay una llamada de 2 minutos en la que, efectivamente, me pidió apoyo para la campaña electoral. Le dije que lo iba a pensar. Y hay otra llamada de más de un minuto, también por aporte electoral. Nunca aportamos nada”.
El director de Cleanosol, Guillermo Escolar, detalló todavía mejor el clima de apriete. “Teníamos que declarar el 30 de agosto de 2018. El 25 fue a declarar Gustavo Dalla Tea. Quedó detenido. Al día siguiente, fue otro empresario y también quedó detenido. Y el 27 exhibieron a otro empresario, Hugo Dragonetti, que ya estaba detenido, paseándolo con casco y chaleco antibalas. Era evidente: si no declarábamos lo que ellos querían, nos dejarían presos. Entonces, de la mano de nuestro abogado, Diego Olmedo, fuimos a un escribano a dejar constancia de que íbamos a mentir”.
Lo que quedó claro de las declaraciones es que no hubo entregas de dinero y, en todo caso, lo que se pedían eran aportes electorales. Quien hacía los llamados, el financista Ernesto Clarens, se supone que hablaba “en nombre del gobierno”, pero tenía vínculo esencialmente con José López, el hombre que tiró los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez.
Una investigación frustrada
Buena parte de los empresarios no declaran en el juicio porque prefieren no dar batalla, en la mayoría de los casos por razones de edad. Los que sí declaran describen la coacción a la que fueron sometidos, algo que se hizo casi público con la famosa frase de Stornelli: “apurensé que no hay sortijas para todos”. La causa misma arrancó con una maniobra escandalosa en la que Bonadío y Stornelli debieron mandar el expediente a sorteo, pero se la quedaron con el expediente con el argumento disparatado de que era conexa con la compra de Gas Natural Licuado. El siguiente paso fue quitarle el abogado al chofer Oscar Centeno, reemplazarlo por un defensor oficial, y presionarlo para que declare como arrepentido. Centeno declaró que quemó los cuadernos, pero después aparecieron 6 de los 8 sin rastros de humo. O sea mintió, algo que debería haberlo llevado a prisión. Y, además, las pericias demostraron que hubo miles de tachaduras y cambios, además de fuertes sospechas de que los textos fueron dictados Las irregularidades se sucedieron y continúan en el juicio, gambeteando que se abra una causa aparte por coacción. Al mismo tiempo, blindaron a los arrepentidos decisivos, impidiendo que las defensas les hagan preguntas.
Lo cierto es que las ilegalidades impidieron e impiden que se haga una buena investigación, sana y honesta, sobre la obra pública, los peajes, el transporte, los fondos electorales. Todo el caso se convirtió, como ocurre con Comodoro Py habitualmente, en el uso del aparato judicial para la persecución política. Es otra comedia dramática con el final anunciado de la condena ya firmada.
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