Caso Cuadernos: cómo sigue el juicio tras la andanada de pedidos de nulidad de las defensas y la denuncia penal contra Centeno
Tras la feria se reinició el juicio del caso Cuadernos y las defensas pidieron que se declare inválida la investigación. Los planteos que exponen las burdas irregularidades que tuvo esta causa emblemática del lawfare. Jueces a dedo, anotadores adulterados y arrepentidos extorsionados. Cuándo el tribunal deberá expedirse. El factor Bacigalupo. ¿Puede desmoronarse el proceso?
El juicio del caso Cuadernos retomó su dinámica tras el final de la feria y las defensas multiplican los pedidos de nulidad para que se cierre esta causa emblemática del lawfare repleta de irregularidades. Los planteos para que se declare inválida esta gran operación política, mediática y judicial, que desperdició una gran oportunidad para investigar en serio la corrupción en la obra pública, continuarán hasta finales de febrero. Mientras esto sucede se sumó una denuncia penal contra el militar y exchofer Oscar Centeno por mentir en su calidad de arrepentido al decir que había quemado los anotadores del escándalo, lo que resultó falso. Además, se comprobó mediante peritajes oficiales que fueron adulterados.
El debate oral y público ingresó el 3 de febrero en la etapa de “cuestiones preliminares”, una instancia técnica en la que las defensas exponen sus reparos al proceso, hacen “un control de validez de lo actuado”. Los cuestionamientos comenzaron el último martes con la exposición de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, quien afirmó que “estamos en presencia de un proceso nulo” y señaló centralmente dos “problemas”: el “engaño de origen” (o fórum shopping) para elegir al juez y al fiscal que investigarían el caso; y la “estafa de los arrepentidos”. Esa jornada expusieron 5 defensas. Y este jueves lo hicieron otras 7. Según el cronograma las defensas seguirán exponiendo hasta el 24 de febrero. En total se espera que se expresen 16 más.
Hasta el momento los planteos de nulidad se enfocaron en cuatro temas:
- El fórum shopping, es decir, el elegir a dedo a quien debe investigar una denuncia. Esta causa se abrió luego de que el periodista Diego Cabot le entregara los cuadernos escaneados que había escrito Centeno y manipulado el expolicía Jorge Bacigalupo al fiscal Carlos Stornelli, con quien se había reunido previamente varias veces para hablar del tema. Se los entregó en mano. Stornelli en lugar de enviar la novedad a la Cámara Federal porteña para que sortee un juez se quedó con la documentación y abrió una investigación junto al juez Carlos Bonadío, quien también se había reunido con Cabot según narró el propio periodista. “Esto controvierte la garantía del juez natural”, señaló Beraldi. El abogado de CFK agregó en la audiencia del martes pasado que en el expediente ninguno de esos encuentros “previos” quedó asentado, es decir, el expediente contiene “falsedades ideológicas”.
- Las ilegalidades vinculadas con los arrepentidos. Este proceso se sostiene por los testimonios de empresarios “arrepentidos” cuyo testimonio se obtuvo bajo extorsión y sin respetar la Ley del Arrepentido, que establece que los dichos de un imputado colaborador deben quedar registrados mediante un medio técnico, esto es, una grabación de audio o audiovisual. En esta causa no se grabó ninguna audiencia de los arrepentidos y el fiscal Stornelli se paseaba por los estudios de televisión diciendo públicamente que se acababan las sortijas para quienes se anotaran a declarar dando a entender que detendría o no liberaría a todos aquellos que no hablaran. Recordemos que la causa se inició el 1º de agosto de 2018 con una razzia de exfuncionarios y empresarios. Las defensas esgrimieron que las detenciones fueron “un método de presión”. Distintos empresarios dijeron que mintieron y apuntaron a CFK como pretendía Stornelli para no quedar presos.
- La absoluta indeterminación de las acusaciones formuladas en los requerimientos de elevación a juicio. Stornelli no estableció precisiones en las acusaciones lo que impide ejercer el derecho de defensa.
- La decisión del TOF de incorporar por lectura los legajos de arrepentidos, lo que busca legitimar los dichos de los imputados colaboradores extorsionados. Según el abogado Aníbal Ibarra, representante de Julio Álvarez, mediante esta maniobra se busca evitar que Centeno acuda a tribunales a defender su exposición ante las defensas, que podrían dejarlo en ridículo dado la cantidad de mentiras que tiene su relato. Por ejemplo, este militar y exchofer dijo que había guardado sus cuadernos, luego que los había quemado y los anotadores originales aparecieron en la víspera de la elección presidencial de 2019 luego de que Macri perdiera las PASO con Alberto Fernández por mucha diferencia. Cabot acercó los cuadernos a Stornelli en octubre de 2019, 4 días antes de los comicios de primera vuelta en los que Macri fue derrotado de manera contundente. El último martes Centeno fue denunciado penalmente por sus mentiras. La presentación la realizaron los abogados Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, quienes defienden a Roberto Baratta, exnúmero 2 del Ministerio de Planificación Federal, por falso testimonio con cohecho.
Las defensas también plantearon el apartamiento de la UIF como querellante, la inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido y remarcaron las irregularidades de los cuadernos que quedaron probadas en las pericias. Por ejemplo, quedó comprobado que los anotadores fueron manipulados por un tercero, con miles de sobreescritos y tachaduras. Incluso hubo anotadores que fueron escritos de corrido y no en formato de diario. Por estas irregularidades en una causa paralela fue procesado el expolicía Jorge Bacigalupo, cercano a Centeno y quien fue el que le dio los cuadernos a Cabot según la versión oficial de esta operación. Quien hizo especial hincapié en estas adulteraciones fue la abogada Alejandra Gils Carbó, quien representa al abogado Gerardo Ferreyra, uno de los perjudicados por las manipulaciones.
Una vez que terminen de declarar todas las defensas, en principio el 24 de febrero, los acusadores públicos y privados (la fiscalía y la Unidad de Información Financiera –UIF-, respectivamente) responderán a los cuestionamientos y luego el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli, estará en condiciones de resolver las nulidades. Si las rechazara, el juicio continuará. Si acepta algunas de ellas el proceso puede tomar un giro de 180º. Incluso, caerse.
A juzgar por cómo se originó esta causa, que tiene a CFK denunciada como jefe de una asociación ilícita, difícilmente prosperen los planteos de las defensas por más pruebas y argumentos que se aporten. Esta causa emblemática del lawfare repleta de irregularidades pareciera tener un resultado cantado antes del juicio. Al menos, en las actuales condiciones político-judiciales.
Cuadernos adulterados, extorsiones a arrepentidos y Forum Shopping
El martes pasado reinició el juicio del caso Cuadernos tras la feria y la primera defensa en tomar la palabra fue la de CFK a través de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. El letrado pidió al tribunal formalmente que se declare la invalidez de todo lo actuado, asegurando que “estamos en presencia de un proceso nulo” viciado por maniobras de espionaje ilegal, tal como se desprendió del D’Alessiogate por los vínculos del espía ilegal Marcelo D’Alessio y el fiscal Stornelli. Beraldi recordó que espía “tenía una relación directa e inmediata con el fiscal que instruyó este proceso”.
A la hora de plantear la nulidad de todo el proceso, Beraldi hizo hincapié en dos temas: lo que denominó el “engaño con el que se inició este proceso” en referencia al fórum shopping por el que se eligió a dedo al juez y al fiscal del caso; y a la “estafa de los arrepentidos”.
Respecto al primer punto recordó cómo el periodista Cabot contó que se reunió en distintas ocasiones con Stornelli y hasta Bonadío antes del inicio de la investigación judicial para conversar sobre el material que tenía en sus manos. Dijo que el fiscal debió enviar a sorteo el caso recibido. Pero decidió apropiárselo vulnerando la garantía del juez natural que debe tener un proceso judicial.
También habló sobre las extorsiones a los arrepentidos. Beraldi dijo que en esta causa se convirtió a la Justicia “en un elemento de presión y chantaje” para “quebrar voluntades, generar miedo y forzar declaraciones bajo la amenaza de la cárcel”. Beraldio mostró los testimonios de diversos empresarios “que no fueron quebrados” lo que frustró las intenciones de los “inquisidores”. “Entonces había que quebrar a algunos”, añadió en referencia al caso. Sostuvo que el primer quiebre fue el de Oscar Centeno. ¿Cómo se hizo? “Con una exposición mediática, el cambio de abogado por demás sospechoso” y “se omitió el registro audiovisual”, explicó. Beraldi también recordó las distintas versiones que dio Centeno sobre el destino de los Cuadernos.
En la misma jornada expusieron el abogado Maximiliano Rusconi, abogado del exministro de Planificación Julio De Vido, quien también pidió la nulidad de todo lo actuado. Incluso solicitó la suspensión del juicio hasta tanto se agreguen pruebas pendientes, como las pruebas suplementarias que ya fueron ordenadas.
Otros de los abogados que tomaron la palabra fueron los abogados Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, defensores de Roberto Baratta, quienes presentaron una denuncia penal contra Centeno; y Aníbal Ibarra, defensor de Álvarez, quien atacó la acusación de la fiscalía y la UIF además de cuestionar lo hecho por Bonadío.
El jueves expusieron otras 7 defensas, entre ellas, la del empresario Gerardo Ferreyra, la abogada Alejandra Gils Carbó –exprocuradora general de la Nación-. Gils Carbó por un lado adhirió al planteo de nulidad de Beraldi y al pedido de inconstitucionalidad de la Ley del Arrepentido que realizaron otras defensas; y por otro requirió “la exclusión probatoria de los cuadernos de Centeno por haber quedado demostrada, en oportunidad preliminar a este juicio su burda adulteración y falsificación en perjuicio directo del Ingeniero Gerardo Ferreyra”. Es que el nombre de Ferreyra como el del empresario armando Loson fueron incluidos por un tercero en los cuadernos adjudicados a Centeno. Tal como quedó acreditado en un expediente paralelo ese tercero fue el expolicía Jorge Bacigalupo, procesado por ese accionar en noviembre del año pasado.
Gils Carbó se refirió a la adulteración de los anotadores que surgieron del peritaje oficial. Señaló que los cuadernos tienen “1.100 actos escriturales de sobre-escrituras, tachaduras y obliteraciones” y “un cambio radical en el modo de expresarse del puño escritor”. Para la exprocuradora no hay dudas: eso “constituye una demostración de su falsedad material y de su falsedad ideológica”. La exjefa de los fiscales durante el gobierno de CFK hizo referencia al procesamiento de Jorge Bacigalupo en una causa paralela a la central del caso Cuadernos. Ese expolicía vinculado a Centeno fue el que realizó esas adulteraciones según el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Respecto a este tema, Gils CArbó destacó: “Hubo 5 peritajes específicos realizados por más de una decena de expertos y lo que queda fuera de toda duda es que los cuadernos fueron adulterados e intervinieron terceras personas en su confección”.
En la audiencia del jueves también expuso, entre otros, el financista Ernesto Clarens cuyo abogado remarcó que la fiscalía cometió un grosero error al atribuirle 376 comunicaciones con Julio De Vido que nunca tuvo. Dijo que esas comunicaciones del entonces ministros fueron con el empresario Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. “Esta acusación es errónea. Se equivocaron. Si hay un error que el Ministerio Público Fiscal lo repare. ¿Cómo se evidencia el error? Mirando el auto de procesamiento del 6 de junio de 2019 surge que las 376 llamadas son de un celular perteneciente a Ángel Calcaterra. Esto que afirma acá la fiscalía se trata de un hecho que corresponde a comunicaciones existentes entre Calcaterra y De Vido”, afirmó.
Las audiencias continuarán el 10, 12 y 24 de febrero. Entre los acusados que restan declarar figuran empresarios como Armando Loson (a quien Bacigalupo incluyó en los Cuadernos al adulterarlo) y exfuncionarios como Oscar Thomas (cuyo defensor es el abogado José Ubeira a quien Stornelli quería realizarle una cámara oculta vía D’Alessio);
Según pudo reconstruir El Destape, Loson expondrá que la descripción de los hechos que le imputaron en la acusación no existen. No discutirá la valoración probatoria de la causa sino directamente que el hecho atribuido en su contra no existe. Y citará la pericia que refleja las mentiras que lo involucraron en este proceso. Todo indica que pedirá a través de su abogado Carlos Vela la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de Stornelli y UIF en su contra por ser inexistentes los hechos que le atribuyeron.
La denuncia penal contra Centeno y el "factor Bacigalupo"
El 3 de febrero Baratta, a través de sus abogados Aldazábal y Gómez Alcarta denunció penalmente a Centeno por “falso testimonio con cohecho”. La denuncia será investigada por el juez Julian Ercolini y el fiscal Franco Picardi.
De acuerdo a la presentación, “Centeno dijo una mentira tras otra”. Como su testimonio se enmarcó en la Ley del Arrepentido “estas falsedades deberán ser sancionadas penalmente”. En el escrito, al que accedió El Destape, se recordó que el 2 de agosto de 2018, el militar dijo que tenía los cuadernos en su casa y que cuando la Justicia los fue a buscar no estaban. Centeno entonces cambió la versión. El 3 de agosto dijo en la Justicia que recordó que los había quemado. Para los abogados está claro que aportó datos falsos. Más aún si se tiene en cuenta que 6 de los 8 anotadores aparecieron en octubre de 2019 y hoy son parte de la causa.
En la denuncia de Ferreyra y Loson por la manipulación de los cuadernos que investigó Martínez de Giorgi se confirmó que los anotadores fueron adulterados por el expolicía Jorge Bacigalupo. El juez le achacó los delitos de “encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal" y “falsificación de documento público”. Le prohibió la salida del país y le trabó un embargo de 150 millones de pesos. El expolicía apeló y la Cámara Federal porteña debe resolver su planteo.
Si tribunal revisor de Comodoro Py ratificara el procesamiento, el expolicía de vínculos con Stornelli tendrá que ir juicio oral donde podría revelar quién le ordenó que adulterar los cuadernos. Y por qué. Si eso pasara, el caso Cuadernos debiera demoronarse. Ya que quedó claro que los cuadernos fueron manipulados.
Pero en estos tiempos pareciera ser demasiado optimista creer que en los tribunales de Comodoro Py se busca hacer Justicia.
El Destape
