La campaña electoral de 2027 será pro Milei o anti Milei.

Las elecciones presidenciales más polarizadas que nunca

Los especialistas pronostican que será LLA o el peronismo y que habrá poco o ningún espacio para terceras fuerzas. Resaltan la necesidad de las PASO para que el PJ dispute el liderazgo sin rupturas. El peligro del dinero narco con la reforma electoral que propone la Casa Rosada.

Raul Kollmann

Será Boca o River, blanco o negro. La mayoría de los expertos en campañas electorales pronostica que la pelea por la presidencia de 2027 será polarizada, sin espacio para un centro o lo que se llamó “la avenida del medio”. Y todo focalizado en la economía, con el oficialismo esgrimiendo el déficit cero y la oposición -principalmente el peronismo- plantándose en lo que sucede en los hogares: no se llega a fin de mes, no hay trabajo, crece el endeudamiento.

¿Favorito? Nadie arriesga un pronóstico porque faltan 12 meses: exactamente en un año, en junio 2027, arrancará la campaña presidencial. ¿PASO sí o PASO no? Los especialistas no se ponen de acuerdo. Están los que creen que hasta Javier Milei las necesita para ordenar a la derecha y los que sostienen que son esenciales para que el peronismo logre la unidad y dirima los liderazgos. En lo que sí hay coincidencia es en lo peligroso que resultan algunos puntos de la reforma electoral, en especial, permitir el financiamiento ilimitado, sin control, de los partidos y candidatos. Oscurece el sistema, le abre las puertas a dinero proveniente del delito y perjudica a las fuerzas opositoras, sobre todo a las más chicas.

Página/12 dialogó con un grupo de expertos en campañas electorales y comunicación política sobre el panorama que se presenta a un año del inicio de la batalla por la presidencia. Hay unanimidad en dos aspectos: todo estará polarizado, a favor o en contra de Milei, y el centro será la cuestión económica.

Mario Riorda, consultor en estrategia y comunicación, sostiene que “es muy difícil hacer pronósticos cuando no conocemos ni las reglas del juego electorales ni las candidaturas. Sí es evidente que están tan, pero tan en los extremos las valoraciones del gobierno, que será la materia prima de una campaña de contraste inédita en intensidad. La incógnita es lo que pueda hacer un centro que viene desorientado y sigue igual”. En otras palabras, será una campaña pro Milei o anti Milei.

Juan Courel, titular de Alaska Comunicación y asesor en numerosas campañas, tiene el mismo diagnóstico: “va a volver a mandar la polarización. Va a haber ballotage y a ese ballotage llegarán dos opciones antagónicas y nítidas. Muy diferentes una de la otra. Los contenidos serán eminentemente negativos y será menor el rol de los comandos centralizados de campaña”. Es decir, que la batalla será más de crítica que de propuesta, muchas redes sociales e iniciativas que no partirán de los jefes de campaña.

Federico Aurelio, de ARESCO, es aún más contundente: “veo dos protagonistas, que son el mileísmo y el peronismo. Y hará eje en la cuestión económica, donde el gobierno nacional, tal como viene haciendo hasta ahora, va a hacer eje en el crecimiento en datos macroeconómicos, en datos de la mejora de la inflación, en que este esfuerzo realizado es el que va a permitir un mejor futuro. Y el peronismo va a destacar las problemáticas de la microeconomía, las problemáticas vinculadas con el empleo y todo lo que hace a que la gente no sienta que tiene un mejor bolsillo que antes. Si alguno de los dos tiene fragmentación, divisiones, o si el gobierno tiene mayor deterioro, tal vez aparezca la posibilidad para un tercer espacio. Pero, de entrada, la veo difícil para un tercer espacio”.

También Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, sostiene que “es difícil que no se produzca un escenario de polarización. ¿Por qué? Porque lo veo al peronismo en niveles de intención de voto superiores al 30 por ciento y el gobierno en niveles superiores al 30 por ciento, entonces, me cuesta pensar quién se puede meter en el medio". En relación a las figuras del peronismo, sostuvo: “Cristina y Axel, las dos principales, arriba de 40 puntos de imagen positiva. Cristina no puede ser candidata, pero Axel sí. Será un polo contra el otro. Creo que ahí el candidato del peronismo debe ser un candidato atractivo, que logre emocionar, que logre construir una imagen de futuro, que pueda transmitir la idea de que los errores del pasado no se van a volver a cometer, pero no en el sentido de que te vas a convertir en una imitación con sensibilidad social de Milei, sino en algo con una identidad más clara para los votantes del centro hacia la izquierda”.

Para Roberto Bacman, del CEOP, “todo estará centrado en el tema económico, relegando la corrupción y otras cuestiones. Para el gobierno es clave mejorar la situación de la gente. Para el peronismo, en primer lugar, llegar unido. Y en segundo, trazar un modelo alternativo. Algunos dicen que es una elección parecida a la de 2003, cuando el peronismo tuvo tres candidatos. No es así. La historia no se repite. En ese momento no existía ni el PRO ni, mucho menos, La Libertad Avanza. Hoy la derecha y la centro derecha tienen muchísima más fuerza y una división en el peronismo desalienta”.

Como se ve, la mirada de los consultores es casi unánime. Habrá poco espacio para terceras fuerzas, sean de centro derecha o de centro izquierda o de izquierda. Es una tendencia que se produce no sólo en la Argentina. Se vio y se ve en Brasil, será a favor de Lula o de Bolsonaro; fue en Hungría, con el hijo adoptivo de Donald Trump, Viktor Orban, e incluso será así con el propio Trump en Estados Unidos.

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Las perlas de la revisión con el FMI

Hernán Letcher

La segunda revisión del Extended Fund Facility (EFF), aprobado originalmente en abril 2025, no sólo evaluó el desempeño macroeconómico reciente de la Argentina y actualizó sus proyecciones de mediano plazo, sino que, además, introdujo modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas y sugestivas sugerencias de política económica.

Otra vez sopa. En el documento aprobado, el FMI sostuvo que “el ancla fiscal debe seguir siendo la piedra angular del plan de estabilización”. “La continua restricción del gasto es recomendable, especialmente la racionalización de subsidios, salarios y transferencias a las empresas estatales”. Para ello, actualizó la meta fiscal para 2026 y la ubicó en $16,34 billones (1,4% del PBI). El organismo reconoció que, para cumplir con la meta, tanto la Ley de Financiamiento Universitario, como la referida a pensiones por discapacidad y la aplicación de la Reforma Laboral, generan presión adicional sobre el frente fiscal. Resulta evidente, entonces, que la decisión del gobierno de judicializar las dos primeras normas y postergar la tercera (por sugerencia del propio FMI) se relacionan con las dificultades para cumplir con lo exigido por el organismo. A pesar de ello, y dado que los números no cierran por la caída de la recaudación, las postergaciones no limitaron el ajuste. Según el organismo, debería haber un recorte de $2,33 billones en gasto social, $0,82 billones en subsidios energéticos, $1,17 billones en salarios públicos, $1,17 billones en obra pública, y $0,47 billones en reducciones discrecionales. Pero la situación es aún peor, porque estos ajustes ni siquiera resuelven el problema de 2026. Proyectando el superávit fiscal de este año según la evolución de 2025, el resultado fiscal sumaría $11,71 billones, por lo que quedarían recortes aun por aplicar por unos $4,55 billones.

Intereses bajo la alfombra. El FMI afirmó el superávit financiero de 0,2% del PBI “excluye los pagos de intereses sobre los bonos cupón cero, que se registran debajo de la línea. Incluyendo el un componente real del interés capitalizado pasaría a un déficit global a alrededor del 0,8% del PBI.” Es decir, de no haberse capitalizado intereses, no habría existido superávit. Pura cosmética fiscal.

Acomodando argumentos. El organismo reafirmó sus críticas al IPC al sostener que “el prolongado retraso en la actualización de la Inflación dejó a la metodología obsoleta y menos representativa de la canasta de consumo actual.” Sin embargo, y a pesar de haber sido el propio Fondo quien acordó con el gobierno la aplicación de nuevos ponderadores desde enero de 2026, en este nuevo documento asumió la postura oficial: “Las autoridades (el Gobierno) tienen la intención de publicar el IPC actualizado una vez la desinflación está firmemente establecida, junto con la asistencia técnica del FMI apoyando el fortalecimiento continuo de los arreglos institucionales sobre las estadísticas oficiales”. Vale recordar que, entre diciembre 2023 y abril 2026, la inflación acumulada, según los datos oficiales del INDEC, alcanzó el 303,5%, mientras que, al recalcular el índice utilizando ponderadores actualizados para todo el período, la inflación acumulada asciende al 352,6%. Esto representa una brecha del 12,2% en el nivel del índice respecto a lo publicado por este organismo. Por cierto, el FMI proyecta una inflación acumulada del 25,0% para todo 2026, lo que implicaría, dada la evolución reciente de precios, una inflación de 1,4% mensual para los 8 meses restantes del año.

Actividad desigual. El propio FMI reconoce la “recuperación ha sido desigual, donde los sectores de mano de obra más intensiva, como la construcción y la industria manufacturera están rezagados en relación con los sectores primarios más dinámicos (energía, minería y agricultura) y el sector financiero”. Sin embargo, evita confirmar que esto constituya una característica fundamental del modelo Milei. Al respecto, vale recordar que al comparar el nivel de actividad económica de los últimos 12 meses (promedio de abril 2025 a marzo 2026) frente al promedio de diciembre 2022 a noviembre 2023 (últimos 12 meses previos a la asunción del Gobierno), se observa que Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 47,0%, Explotación de minas y canteras hizo lo propio en 20,1%, e Intermediación financiera, en 19,7%, mientras que Construcción, Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones cayeron 13,8%, 9,4%, 5,0% respectivamente.

Morosidad. “El crédito en términos reales se ha estancado desde el tercer trimestre de 2025 y los préstamos morosos han aumentado, especialmente en el segmento de préstamos al consumo, lo que refleja condiciones monetarias estrictas y cierta moderación en el crecimiento del ingreso real de los hogares (...) Los Proveedores De Crédito No Bancarios, principalmente las fintech exhiben tasas de morosidad más altas (alrededor del 25%), y los crecientes vínculos con bancos y fondos mutuos plantean posibles riesgos de contagio” sostiene el FMI y agrega “se debe fortalecer la supervisión de los NBCP para contener los efectos de contagio y al mismo tiempo preservar la inclusión financiera.” Es ilustrativo el tratamiento del FMI sobre el tema endeudamiento: preocupación por los bancos y Fintech y ninguna referencia a los salarios ni al origen del problema. Lo cierto es que desde el bimestre octubre-noviembre de 2024, la irregularidad del crédito de las familias, tanto en el sistema financiero como en los Proveedores No Financieros de Crédito, registró incrementos mensuales ininterrumpidos que llevaron el ratio en Proveedores Financieros de 2,5% en octubre 2024 a 12,0% en abril 2026 (el más elevado desde la crisis de 2001), y en Proveedores no financieros, de 7,3% en noviembre 2024 a 32,0% en abril 2026.

Privatizaciones. Para variar, el FMI repite la vieja receta de las privatizaciones. El FMI anticipa que tanto durante el curso del 2026 como del 2027 el Gobierno proyecta recaudar mediante la venta y concesión de empresas y activos estatales USD 4.000 millones (USD 2.000 millones cada año). El organismo hace mención explícita de los casos de Transener (USD 365 millones) y AySA (aproximadamente USD 500 millones) que ya se encuentran iniciados los procesos de privatización. A su vez, también incluye la licitación de ferrocarriles, vías navegables y la concesión de más de 9.000 km de rutas durante este año.

Reforma previsional. El FMI califica al sistema previsional argentino como “fiscalmente insostenible”. Propone financiar la PUAM y la pensión básica exclusivamente con impuestos generales, lo que en la práctica significa que queden sujetas a recortes “si la plata no alcanza”, y aumentar la edad jubilatoria. Mientras tanto, el Fondo señala que el cambio de fórmula por inflación adoptado en 2024 sigue siendo la clave para lograr la contención real del gasto en el corto plazo, es decir, no favoreció para nada a los jubilados.

Reforma tributaria. El gobierno se comprometió ante el FMI a presentar una propuesta de reforma tributaria integral antes de fin de año ¿Que sugiere el organismo? Entre otras cuestiones, que la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias alcance al 20% de los trabajadores formales y que los monotributistas paguen más o queden alcanzados por el Régimen General. Agrega, además, que la alícuota de Ganancias Sociedades se unifique en 30%, favoreciendo a las grandes (que hoy pagan 35%) y perjudicando a las chicas /que hoy pagan 25%). Y propone reducir gradualmente las retenciones (especialmente en soja, trigo y maíz) y disolver de forma progresiva impuestos a las transacciones financieras. Más presión sobre los chicos, menos sobre las grandes. En definitiva, más trabajadores pagando Ganancias, una mayor presión sobre monotributistas e incremento de la alícuota de Ganancias a las empresas chicas a la par de la menos la alícuota para las empresas grandes y reducción de retenciones.

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Trabajó en los gobiernos de Fernández y Milei

Quién es Facundo Leal, el exfuncionario detenido

Le encontraron más de 2 millones de dólares y drogas. Estuvo al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos hasta febrero de este año.

La detención de Facundo Leal puso bajo la lupa el caudal de dinero secuestrado en sus propiedades de Buenos Aires y Mendoza y la trama de influencias que este abogado de 42 años tejió durante dos décadas en la administración pública.

Durante un operativo —uno de entre una docena de allanamientos simultáneos— los agentes secuestraron alrededor de US$2.500.000 en efectivo en total, además de moneda argentina y divisas de otros países. También se hallaron sustancias estupefacientes, entre ellas ketamina, cocaína y drogas sintéticas en distintas presentaciones.

Leal cuenta con una extensa carrera en el sector público. Presidió ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, durante la gestión de Alberto Fernández, y posteriormente fue designado al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) por el gobierno de Javier Milei, organismo encargado de la regulación del sistema aeroportuario nacional.

Su salida del ORSNA se formalizó a fines de febrero de 2026, tras presentar su renuncia al cargo.

Al momento del allanamiento y su detención, el exfuncionario seguía vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, pese a haber dejado la conducción del organismo meses atrás, según señalaron fuentes citadas por la prensa.

En el sector lo describen como un operador todoterreno con capacidad para “abrir puertas” y facilitar gestiones en áreas estratégicas donde los permisos y las contrataciones mueven sumas millonarias.

La investigación, que comenzó por un faltante de equipamiento tecnológico pero se amplió hacia la corrupción en contratos, sugiere que su rol de “articulador” -compartido en tándem con el exsecretario de Transporte, Luis Pierrini- pudo haber sido la pieza central para viabilizar decisiones que excedían las normas de gestión transparente.

El ORSNA, organismo donde Leal se desempeñó hasta enero de este año, no es ajeno a las investigaciones judiciales. Vale recordar que, durante la gestión de Alberto Fernández, dicho organismo también fue presidido por Matías Tombolini.

El exfuncionario, que luego ocupó un rol central en la Secretaría de Comercio, se encuentra actualmente en el foco de la justicia por su participación en la implementación de los permisos SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), un mecanismo que, al igual que los contratos de infraestructura que hoy se auditan en el caso Leal, estuvo bajo constante sospecha por su discrecionalidad y manejo de divisas en un contexto de escasez.

Leal, quien se mantenía como empleado de planta permanente en ARSAT aun después de haber dejado su cargo jerárquico, supo moverse con destreza entre el kirchnerismo y la actual gestión. Su capacidad para mantenerse en la estructura, sumada a su estrecha sintonía con Pierrini, sugiere que el control de los contratos de ARSAT y la regulación aeroportuaria del ORSNA habrían sido, en la práctica, un centro de negocios paralelos.

Ahora, el análisis de los pendrives, notebooks y teléfonos secuestrados en Mendoza y Buenos Aires promete ser la “caja negra” que confirme cómo funcionaba este esquema de favores y si, detrás de cada contrato otorgado o permiso facilitado, se escondía la ruta del dinero que terminó atesorado en efectivo, fuera de cualquier sistema bancario legal.

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La entrega de los recursos naturales, el condicionamiento del FMI y las apuestas del establishment

Abuso de mercado

La advertencia del gobierno bonaerense a Mercado Libre estableció el derecho del Estado a regular la economía de plataformas. Marco Galperín y sus mensajes.

Luis Bruchstein

La advertencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires a Mercado Libre puso en escena la disputa de fondo sobre el manejo de la economía. Como poder monopólico, Mercado Libre incurrió en abuso sobre los consumidores. El planteo es impunidad o regulación. El debate es si la sociedad tiene derecho de decidir sobre la economía a través de sus representaciones políticas. Ha sido la disputa de fondo entre los movimientos populares y los partidos neoliberales, que niegan esa regulación. Esta semana esa puja se mostró con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof como contracara del presidente Javier Milei.

En este rincón del cuadrilátero: Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y segunda o primera fortuna del país, calculada entre 7200 y más de nueve mil millones de dólares, según cómo coticen sus acciones en la bolsa. El poder económico personificado. En su rincón, lo asiste Javier Milei desde el gobierno nacional.

En la otra esquina del cuadrilátero, los ciudadanos bonaerenses, asistidos por su gobernador Axel Kicillof.

La intimación constituye un trámite de oficio del gobierno bonaerense que detectó transgresiones a la ley 24240 de defensa del consumidor y más de dos mil denuncias de particulares en lo que va del año. Mercado Libre tiene cinco días para responder y en todo caso, el máximo que debería pagar serían 1800 millones de pesos, que es un vuelto para la corporación. Netflix y Flybondi recibieron advertencias similares y aceptaron los reclamos de la provincia sin llegar a los tribunales.

Marcos Galperin es un militante del poder corporativo. Durante la semana publicó un mensaje en las redes que fue reproducido por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. El mensaje decía que “sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni seis meses del presupuesto de un año del Estado”. Además de inexacto, el cálculo no es real, porque el Estado no le saca ni la tercera parte de eso a los más ricos y sin embargo, no desapareció.

Galperin aseguró que “la batalla ricos vs. pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado, convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder”. El empresario es defensor a ultranza del gobierno de Javier Milei, quien anuló las leyes que defendían los derechos de los trabajadores y disminuyó el salario en un 30 por ciento. Galperin ganó con Mercado Libre ocho mil millones de dólares en el 2025 mientras que la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes. Si la batalla de ricos vs pobres es un invento de los “zurdos”, Galperin se ha esforzado para que se haga realidad.

En Noruega, el país más próspero de Europa, la carga impositiva promedio se sitúa entre el 40 y el 45 por ciento del PIB y hay un impuesto del uno por ciento a la riqueza. Es un país petrolero, pero la renta que proviene de ese rubro y del gas va al Oljenfondet que es el fondo de inversión soberano más grande del mundo. El gobierno sólo puede retirar hasta un 3 por ciento cada año.

Los noruegos tienen una calidad de vida más alta que los norteamericanos. En ninguna parte del mundo se aplican las teorías estrafalarias que se quiere imponer a los países periféricos y menos en las economías centrales.

Los noruegos han sostenido ese nivel económico a pesar de la crisis europea. En cambio, un país que exceptuó de impuestos y dio todo tipo de facilidades, --hasta resignar derechos-- a la inversión extranjera, con legislaciones como el RIGI y el SuperRigi, está entre los últimos mercados latinoamericanos elegidos por los capitales internacionales.

Los tres países de la región con inversión internacional más alta son Brasil, México, y Colombia, administrados por gobiernos no liberales. Brasil tuvo casi 80 mil millones de inversión externa en el año pasado. Pero Colombia, con un PBI equiparable al argentino, recibió 12 mil millones de dólares. Argentina con todos los “beneficios” del ultraneoliberalismo de los anarcocapitalistas y su alineamiento incondicional con Estados Unidos, apenas pasó los tres mil millones.

El escenario no parece coherente con las exigencias de ajuste y apertura indiscriminada. Los informes del Fondo BlackRock y del Bank of America aconsejaron extrema precaución en Argentina, sugiriendo incluso la salida del país. Lo que les preocupa en realidad, es la estabilidad, algo de lo que carecen los modelos neoliberales que conllevan la agudización del conflicto social.

El círculo vicioso de la economía neoliberal que baja la recaudación porque destruye el bolsillo de los pobres y exime de impuestos a los ricos, reclama cada vez más ajuste para pagar la deuda. Es el propio acreedor, el FMI, el que exige ajustar más a los jubilados y una reforma tributaria para que más asalariados y monotributistas paguen Ganancias. Lo que achica el neoliberalismo es la economía, no el Estado.

Al mismo tiempo, la carta de intención firmada entre la Armada Argentina y la Cuarta Flota del Comando Sur de los Estados Unidos, como denunció el diputado Jorge Taiana, extiende “de manera difusa” la calificación de “bienes globales comunes” al Mar Argentino, a la plataforma continental argentina y a la Zona Económica Exclusiva. Para los analistas internacionales ese acuerdo implica entregar el control de esa zona a los Estados Unidos en el marco de la intensificación de la disputa global por cadenas de suministro y rutas comerciales.

La palabra “entrega” pierde la fama de “panfletaria” y se convierte en una realidad. El gobierno entrega esas zonas –incluidas las Malvinas-- al control de Norteamérica, que es un aliado de los británicos. Y con la concesión del Paraná --o la hidrovía, como lo rebautizaron-- sucede algo parecido, en la que el Estado perdió el control real de su vía comercial más importante, por la que sale el 80 por ciento de las exportaciones. Y la base norteamericana que se instalará en Tierra del Fuego, con proyección a la Antártida, completa el escenario.

El cuadro es malo de por sí. Pero además ha sido todo gratis. No es que lo vendieron barato o caro. Lo entregaron sin costo.

A pesar de la penuria de la mayoría, las encuestas sitúan el respaldo a Milei entre 30 y 40 puntos. Es probable que esté más cerca de 30 que de 40. Pero es alto con relación al desastre. En el Gobierno están seguros que la economía repuntará el año que viene y que Milei será reelegido. Patricia Bullrich se apresta a reemplazarlo y el PRO de Macri confía en volver a negociar con el candidato que despunte en la derecha. Otra vez quiere colocar los ministros.

Antes de entrar a una reunión con legisladores provinciales, este jueves, Macri declaró a los periodistas que, a diferencia de otras elecciones, esta vez el kirchnerismo y el peronismo “están mucho más débiles, están desarmados. La justicia actuó en tiempo tal vez un poco largo, pero finalmente actuó y eso hace que no estén articulados. Están todos peleados.”

El diagnóstico de Macri no es erróneo, con la expresidenta presa y proscripta y con diferencias entre una parte de sus seguidores y el gobernador Kicillof. Es una situación complicada para el peronismo, sobre el que recaerá toda la responsabilidad si no es capaz de presentar una opción superadora en una coyuntura electoral tan decisiva.

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Como un Pac-Man, Israel se apropia territorio de Gaza y Líbano sin ninguna consecuencia

En solo dos días, el ejército israelí declaró unilateralmente una superficie equivalente a siete veces y medio CABA en el sur de Líbano como zona de combate y, por lo tanto, ordenó la evacuación de miles de sus habitantes. En paralelo, Netanyahu celebró públicamente que ocuparán el 70% de la Franja de Gaza y prometió seguir avanzando.

María Laura Carpineta

Mientras el mundo espera ansioso un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que rehabilite el paso por el estrecho de Ormuz y baje el precio del petróleo de una vez y por todas, Israel da rienda suelta a su política colonialista en el territorio palestino ocupado de Franja de Gaza y el país vecino de Líbano. No lo hace de manera encubierta o cuidadosamente para evitar sanciones internacionales, sino que lo anuncia sin tapujos en las redes o frente a las cámaras. El miércoles, el ejército declaró unilateralmente como zona de combate a casi 1.500 kilómetros cuadrados del sur de Líbano y ordenó la evacuación de miles de habitantes que viven allí. Algunas voces diplomáticas europeas y de organismos internacionales expresaron su repudio y preocupación, pero no más. Al día siguiente, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró ante cámaras que dio la orden de ocupar el 70% de la Franja de Gaza y, con una sonrisa, dejó claro que seguirá avanzando. 

En abril pasado, cuando Donald Trump impulsó un alto el fuego con Irán, Israel aceptó a regañadientes y continuó atacando a Líbano. Teherán entonces aclaró que no aceptaría ninguna tregua que no incluyera a ese país, cogobernado por su aliado, la milicia-partido Hezbollah. Tras dos meses de fuerte disparada del barril del petróleo, del gas y otros bienes claves para la economía global, el presidente estadounidense le apretó las tuercas de manera muy pública y muy poco diplomática a su aliado, Netanyahu. "Israel no bombardeara más a Líbano. Se lo PROHIBE Estados Unidos. ¡Es suficiente!", lanzó Trump en sus redes. 

Pero lo que el mandatario estadounidense no dijo en su supuesto enojo es que el alto el fuego sería similar al que había impuesto seis meses antes en la Franja de Gaza. Israel frenó la ola masiva de bombardeos que hicieron desaparecer ciudades y pueblos enteros, pero se quedó con el control efectivo de casi la mitad del devastado y hambreado territorio palestino. La llamada línea amarilla a la que se replegó el ejército israelí como parte del acuerdo impuesto por la Casa Blanca era justamente eso, una apropiación del 47% del territorio palestino. Esa fue la cifra original hace menos de un año. 

En Líbano, Israel consiguió lo mismo. Dibujó otra línea amarilla a 10 kilómetros de su frontera y ocupó ese territorio con sus tropas. A diferencia de Gaza, las ciudades y los pueblos de esa zona no se habían convertido en puros escombros y sus habitantes habían sido desplazados y apiñados en campamentos precarios en otra región. Apenas cuatro días después de la prohibición anunciada por Trump como un padre enojado, Israel denunció que Hezbollah violó el alto el fuego por atacar a sus fuerzas ocupantes en el sur libanés. Como hacía con cualquier palestino que se acercara a la línea amarilla en Gaza, utilizó esto como argumento para volver a atacar y, principalmente, para comenzar a demoler viviendas y ordenar evacuaciones masivas de la población civil.

Para el inicio de mayo, los ataques dentro de Líbano se multiplicaron y, en consecuencia, también los muertos. La mayoría civiles. Esta semana, Netanyahu primero anunció que dio la orden de profundizar su ofensiva contra Hezbollah en Líbano y, de inmediato, esa orden se materializó. Sólo el martes pasado, 31 personas fallecieron en estos ataques, entre ellos algunos niños, según informaron las autoridades locales. En total, Israel ya mató a más de 3.300 libaneses desde el 2 de marzo y dejó a más de 10.000 heridos. Pero estos no son las únicas víctimas de la avanzada israelí.

Desde el inicio del mes y al amparo del reconocimiento estadounidense de la nueva ocupación militar, Israel está forzando a miles de habitantes a abandonar sus casas. Como ya hizo en Gaza. Al día siguiente de bombardear de manera masiva el sur libanés, el vocero en árabe de las fuerzas armadas israelíes (IDF, por sus siglas en inglés), el coronel Avichay Adraee, informó en sus redes que declaraban como "zona combate" todo el territorio de Líbano al sur del río Zahrani, es decir, a unos 40 kilómetros de su frontera. Una importante avanzada de lo que fue la primera línea amarilla de abril.

El anuncio significa que ahora las fuerzas armadas israelíes son dueños y señores de una superficie de cerca de 1.500 kilómetros cuadrados -equivalente a siete veces y medio de CABA- donde actualmente viven unos 800.000 libaneses.

El argumento oficial es que toda esta zona está cerca de infraestructura de Hezbollah y que, por lo tanto, se volvió un "objetivo legítimo" en su cruzada por "destruir" esa milicia-partido. Bajo ese razonamiento, el ejército israelí dio esta semana "una alerta de evacuación previa" a los cerca de 150.000 habitantes de la ciudad de Tiro y sus suburbios. Esta es la manera en que Israel dice proteger a los civiles. "Les avisa antes", según suelen repetir sus funcionarios y sus defensores en todo el mundo, incluida Argentina. 

Declarar la zona de combate, desplegar las tropas, ordenar evacuaciones forzadas y demoler las casas y edificios para que no haya a qué volver. Israel está aplicando en el sur de Líbano el tristemente llamado "modelo de Gaza" y, como ya pasó con los palestinos, la única resistencia real que está despertando está en las calles, en los festivales de cine, las universidades y en las flotillas y convoys internacionales que armados solo con valentía intentar desnudar el genocidio en proceso (actualmente en Libia dos argentinos están detenidos sólo por participar en uno de ellos e intentar acercar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza).  

"Vamos paso a paso"

“Controlamos más o menos el 60% de la Franja. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60%, y he dado orden de llegar al…”, contó el jueves Netanyahu durante una entrevista televisada en una conferencia en un asentamiento en Cisjordania, otro de los territorios ocupados. Mientras hablaba, desde el público alguien lo cortó y gritó: “¡El 100%!” Todos estallaron en risas, incluido el relajado primer ministro. Confiado, le respondió: “Vamos paso a paso. Primero el 70%, empezamos con eso.”

De esta manera, con esta liviandad, el primer ministro de Israel oficializó que la línea amarilla que Estados Unidos convalidó -y el mundo también cuando aceptó su tregua y el posterior Plan de 20 puntos- pasó de apropiarse del 47% de la Franja de Gaza en octubre pasado, al 60% hoy, ocho meses después; al 70% en los próximos días, semanas o meses. Esto significa que más de dos millones de palestinos vivirán apiñados en precarios campamentos de desplazados en poco más de 100 kilómetros cuadrados, una superficie que representa la mitad de la Ciudad de Buenos de Aires, donde hoy viven más de tres millones de personas. 

"El modelo de Gaza" funcionó exactamente como planeó Israel: uno de los territorios más superpoblados del mundo reducido al 30%, casi toda su población sobreviviendo con la poca ayuda que consiguen en carpas y con niveles de desnutrición que llegaron a coincidir con una hambruna masiva, la mayoría de la infraestructura para potabilizar agua destruida, su red eléctrica -dependiente además de Israel- en ruinas y un sistema de salud en su capacidad mínima y apenas atendiendo a los nuevos heridos. Nada de esto es la consecuencia indeseada de una guerra, como también suelen repetir los funcionarios y defensores internacionales de Israel. El gobierno de Netanyahu nunca levantó el bloqueo militar que no permite el ingreso masivo de comida, medicamentos, combustible para hacer andar los generadores, las plantas potabilizadores y los servicios de emergencia o cirugía de los pocos hospitales en pie. 

El objetivo final de "el modelo de Gaza" es ya innegable: implementar una limpieza étnica en el territorio. Destruyen toda posibilidad de tener una vida digna o, siquiera, el sueño de tener una vida digna en el futuro para forzar a la población a abandonar sus tierras. Y les dejan solo dos opciones: irse o vivir con el miedo cotidiano de morir o ver morir a tus seres queridos por una bomba, un disparo, de hambre o por una enfermedad fácilmente tratable. 

Mientras los gobiernos del mundo sólo miran con preocupación a Medio Oriente cuando el precio del barril de petróleo o el gas se dispara, Israel acaba de dejar claro que comenzó a aplicar "el modelo de Gaza" en uno de sus países vecinos. Ya no es un territorio que está ocupado hace casi 60 años; es un Estado soberano, reconocido internacionalmente y miembro de la ONU. Pero en los tiempos actuales, en los que las reglas más básicas del derecho internacional y humanitario se desdibujan hasta desaparecer, esto también parece estar perdiendo relevancia.

El Destape

 Bolsillos sin respiro

Vuelven a subir la luz y el gas desde el lunes

El Gobierno confirmó los porcentajes de suba para los servicios a partir del 1 de junio. La factura de la electricidad trepará 1,5 por ciento y la del gas, justo cuando empieza el frío, lo hará 2,6 por ciento.

El Gobierno nacional dio luz verde a un nuevo aumento en los servicios públicos de luz y gas. El incremento se pondrá en marcha a partir de junio, es decir desde el lunes próximo y hará que las facturas de Metrogas registren una suba de 2,8 por ciento mientras que las de Edesur y Edenor será del 1,5.

La particularidad del incremento en el gas (el servicio más requerido en esta temporada del año) es que el porcentaje está por encima del índice de inflación oficial del mes pasado (2,6 por ciento) y que el gobierno de Javier Milei suele usar como parámetro o referencia para modificaciones de ese tipo.

Los aumentos fueron oficializados en los cuadros tarifarios que publicó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE), que unifica los entes del gas (Enargas) y de electricidad (Enre), en el Boletín Oficial con anuencia de la Secretaría de Energía.

La suba recaerá tanto en los usuarios residenciales como en los comercios y las entidades de bien público. Asimismo se mantendrá el esquema de asistencia para hogares subsidiados con consumos de hasta 300 kwh, para el caso de la luz.

Para estos, el subsidio será de poco menos de un 12 por ciento, mientras que a quienes lo traspasen se les cobrará tarifa plena.

Pero el beneficio más grueso para las empresas pasa por otro lado: los componentes de distribución. El gobierno autorizó un incremento en ese ítem para las concesionarias, que se traducirá en un fuerte incremento de sus ganancias.

Para Edesur, el Costo Propio de Distribución (CPD) fue actualizado un 4,68 por ciento respecto de mayo, mientras que para Edenor será del 4,75.

En tanto, los aumentos en la luz para los usuarios se diferenciarán según la concesionaria. A los residenciales de la categoría R1 sin subsidios, Edesur aplicará un cargo variable de 145,404 pesos por kwh, mientras que los de Edenor pagarán 146,551 pesos.

En cambio, los beneficiarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) de Edesur tendrán una bonificación de 70,513 por kwh, mientras que a los de Edenor se les bonificará 71,518 pesos por kwh.

En el servicio de gas, el Gobierno continuará con el sistema de subsidios focalizados. La Resolución 39/2026 del Enargas continuó con el beneficio para los hogares aplicando una prórroga del 25 por ciento sobre el consumo subsidiado.

La razón por la cual la administración de La Libertad Avanza (LLA) decidió dar un paso más en el tarifazo que encubre mes a mes con pequeños porcentajes de aumentos reside en su decisión de volver a restar el nivel de subsidios sobre esos servicios.

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en 0,16 por ciento del PIB y que del total de las transferencias realizadas por el Estado, el 75 por ciento se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22 correspondió al rubro del gas natural.

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Fallo de Casación en la causa Vialidad

Ordenaron ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y los de sus hijos

La decisión de los camaristas es hasta cubrir 685 mil millones de pesos. La medida también alcanza a Lázaro Báez.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que 111 bienes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez vuelvan al Estado.

CFK fue condenada a doce años de prisión en diciembre de 2022 y cumple la condena en su domicilio de San José 1111 desde junio de 2025. En abril de este año, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

En ese momento, los magistrados de la Sala IV de Casación Federal rechazaron el planteo de la expresidenta para suspender la ejecución de su patrimonio. Los magistrados buscan ejecutar 111 bienes de los condenados en la Causa Vialidad, por un total de 685 mil millones de pesos.

Casación reafirmó así el alcance amplio del decomiso en el derecho argentino, al afirmar que el recupero de activos provenientes de delitos constituye no solo una facultad sino un deber del Estado.

De ese modo validó el criterio del TOF-2 al dictar la sentencia –integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso–, que había diferenciado tres categorías: bienes de personas condenadas que se beneficiaron del delito, bienes afectados con finalidad reparatoria y –más controvertido– bienes en poder de terceros no condenados.

Las objeciones interpuestas por las defensas

Las defensas cuestionaron lo que interpretan como una indebida extensión de la responsabilidad penal a terceros ajenos al proceso, incluyendo bienes adquiridos antes de los hechos investigados o bien pertenecientes a personas no condenadas. Objetaron también que se incluyeran activos de origen lícito o desvinculados del delito, lo que transformaría al decomiso en una medida confiscatoria.

Los jueces Hornos y Barroetaveña, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, rechazaron esos planteos y convalidaron el criterio del TOF 2, reforzando la idea de que el decomiso no debe limitarse a los bienes directamente vinculados al hecho delictivo sino que puede alcanzar otros activos cuando exista una relación razonable con el provecho ilícito.

El decomiso había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. De los 111 bienes, 80 son de Lázaro Báez, uno se halla a título personal de Cristina Kirchner y los restantes 19 están escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner.

En el caso de la expresidenta, la medida alcanza el hotel Los Sauces Casa Patagónica, vecino de la residencia de los Kirchner en El Calafate; y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez. Los 19 inmuebles de sus hijos fueron comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

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