El FMI pide extender el impuesto a 1,5 millones de trabajadores

Qué sueldos van a pagar Ganancias

 El Fondo exigirá restablecer un impuesto que afectará con más peso a trabajadores sin deducciones por hijos y cónyuge

Mara Pedrazzoli

Presionado por el FMI, el Gobierno tiene hasta fines de 2026 para presentar una reforma tributaria de tinte antipopular. Incorporar a más de un millón y medio de trabajadores al pago del impuesto a las Ganancias es un compromiso explícito, que implica un costo político directo sobre un segmento del electorado que ya viene golpeado por el ajuste inflacionario.

Según evalúan economistas, el FMI no exige un ajuste inédito sino la normalización del sistema hacia estándares sudamericanos básicos: que el 20 por ciento de los asalariados formales tribute. Pero la distancia entre la planilla de cálculo y la calle es importante: el costo afectaría principalmente a trabajadores solteros, o con pocas deducciones personales, ubicados en una franja alta de la distribución salarial.

En Argentina tributan Ganancias en la actualidad el 8,2 por ciento de los trabajadores formales, es decir un total de 1.055.431 contribuyentes, según cálculos de la consultora Focus Market.

Pero el FMI hizo una recomendación concreta en su Staff Report de mayo de 2026: que para fines de año el impuesto alcance al menos al 20 por ciento de los trabajadores formales, equiparando la base de contribuyentes a los niveles máximos históricos correspondientes al 2020.

En diciembre de 2020, unos 2.425.880 trabajadores en relación de dependencia tributaban Ganancias en el país, según el recuento de la consultora. Hacia principios de 2023, ese número había caído a algo más de un millón, y el impuesto seguía siendo un componente relevante del sistema.

Pero la situación cambió con la reforma implementada en la campaña electoral por Sergio Massa: el impuesto perdió peso drásticamente y el padrón se desplomó a cerca de 129.000 personas hacia noviembre de 2023. Milei restituyó la cuarta categoría y amplió la base imponible del impuesto en 2024. El total de contribuyentes superó el millón.

Según Focus Market, siguen quedando por fuera buena parte de los trabajadores: el impuesto afecta a quienes cobran en torno a los 3 millones de pesos brutos mensuales para un trabajador soltero o 4 millones para una familia tipo con cónyuge y dos hijos. Son valores que quedan por encima del salario promedio de los trabajadores formales, que en febrero de 2026 ascendió a 1.734.357 pesos brutos mensuales según el RIPTE.

Para que el 20 por ciento de los trabajadores formales vuelva a tributar, este umbral de ingresos debería reducirse de manera significativa.

¿A quiénes afectaría?

Hoy solo tributan el impuesto a las Ganancias quienes están en el decil más alto de la distribución salarial. La mediana del RIPTE en febrero fue de 1.514.460 pesos brutos mensuales, es decir que la mitad de los trabajadores gana menos que eso.

Desde Focus Market hicieron una simulación de la ampliación de la base imponible en línea con la propuesta del FMI. Se construyen tres ejemplos. Uno es el trabajador que percibe el RIPTE medio del sector privado registrado, y este seguiría fuera del impuesto porque permanece bajo el umbral.

El segundo perfil es quien percibe una vez y media el RIPTE, equivalente a 2.601.536 pesos brutos mensuales. En este caso aparece una diferencia importante según la situación familiar. Si es soltero, comenzaría a tributar, aunque con una carga muy reducida: el impuesto anual rondaría entre 70.000 y 150.000 pesos, una incidencia prácticamente marginal sobre su ingreso. Si tiene cónyuge y dos hijos a cargo, las deducciones personales lo mantienen fuera del impuesto. Este es el caso que mejor muestra cómo las cargas de familia continúan funcionando como un mecanismo de protección frente al tributo.

El tercer perfil corresponde a un trabajador que percibe dos veces el RIPTE, unos 3.468.714 pesos brutos mensuales. Allí el impuesto empieza a adquirir relevancia para quienes no tienen cargas de familia. Un trabajador soltero enfrentaría una obligación anual cercana a 1,5 millones de pesos, equivalente a unos 125.000 pesos mensuales en promedio. En cambio, si tiene cónyuge y dos hijos, las deducciones elevan considerablemente el umbral efectivo de tributación y reducen la carga a apenas unos 100.000 pesos anuales, es decir, menos de 10.000 pesos por mes.

En definitiva, la reforma propuesta afectaría principalmente a trabajadores solteros o con pocas deducciones personales ubicados en una franja alta de la distribución salarial.

Argentina recauda en concepto de impuesto a las Ganancias el 1,8 por ciento del PBI, mientras que el promedio de América Latina se ubica en torno al 2,2 por ciento, y el promedio de los países de la OCDE alcanzan un 8,3 por ciento. De allí la “racionalidad” del pedido del FMI, sostienen desde Focus Market. El problema en Argentina surge de que el impuesto aplica sobre una base imponible más pequeña que en el resto de América Latina, mientras que las alícuotas son compartidas en gran medida.

Uruguay recauda cerca del 4 por ciento de su PBI en este impuesto con una alícuota similar a la Argentina. Brasil tiene una alícuota del 27,5 por ciento y acapara un 3 por ciento del PBI, mientras Chile recauda un 1,9 por ciento con un 36 por ciento de alícuota.

Pagina 12

 La Corte Suprema falló a favor de las universidades

El Gobierno se quedó sin excusas para cumplir con la Ley de Financiamiento universitario

Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti dejaron firme la cautelar y rechazaron la presentación de la Casa Rosada, que ahora tiene que cumplir con los artículos sobre salarios y becas.

Celeste del Bianco

Pasaron 247 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, pero ya no hay excusas. La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario que presentó la Casa Rosada y no le queda otra alternativa más que cumplir con lo que dictaminó el Congreso dos veces y, luego, el Poder Judicial en todas las instancias. En el medio, pasaron cuatro marchas universitarias en más de dos años y miles de protestas en todo el país. Ayer, los tres jueces del máximo tribunal dejaron firme la cautelar que le ordena al Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6, que actualizan los salarios y las becas desde diciembre de 2023.

“Es una gran noticia, pero no solo para la comunidad universitaria. Esto es saludable para todas las instituciones de la nación”, le dijo a Página/12 Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que impulsó la cautelar luego de que el gobierno se negara a implementar la ley con el argumento de que no especificaba de dónde sacar los fondos para cumplirla. Una justificación contradictoria si se compara, por ejemplo, con la sanción del miércoles de la ley para pagarle a dos fondos buitre 171 millones de dólares, que el proyecto libertario no explica de dónde saldrá ese dinero.

Ayer, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme la cautelar que ordenaba al Gobierno a cumplir con la aplicación de los dos artículos de la Ley 27.795, que indican que se deben actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, lo mismo que las becas Progresar, Manuel Belgrano y de Enfermería, entre otras. En el fallo, los supremos indicaron que el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso desestimaron el pedido de excusación (el Gobierno sostenía que los jueces debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria) y la presentación directa e intimaron al Ejecutivo para que haga efectivo el depósito.

Todo el Frente Universitario celebró el fallo. Rectorados, gremios y alumnos lo consideraron como un triunfo después de cuatro movilizaciones multitudinarias, paros, clases públicas y tomas de edificios. “Es un fallo que, con toda la comunidad universitaria, estábamos esperando hace mucho tiempo. Le marca un límite al Ejecutivo que insiste en incumplir una ley votada unas cuantas veces por el Congreso y reafirmada por el Poder Judicial también. Es un hecho sin antecedentes este nivel de incumplimiento”, dijo la secretaria General de Conadu, Clara Chevalier, en diálogo con Página/12.

La decisión de la Corte llega quince días después del acuerdo entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez; y el CIN y los gremios docentes y no docentes. El 10 de junio se definió un aumento del 24,9% para los trabajadores universitarios (21,3% en junio y el restante en octubre). Una recomposición que subsana el desfasaje del 2025 y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024, pero que está lejos de reponer todo el poder adquisitivo perdido. Es decir, que para que el gobierno de Milei cumpla efectivamente con la ley –que indica que la actualización debe ser en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el Indec– se necesitaría una suba adicional del 29 por ciento, según los cálculos de los gremios.

“El porcentaje que queda por recuperar es alrededor de un 30 por ciento más, pero este gobierno no es un actor predecible. De cumplirse todo lo firmado, queda por recuperar ese 30%, pero para eso debe convocar a paritaria y ejecutarlo lo más pronto posible”, explicó Chevalier. Por su parte, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, remarcó que “existe la deuda que excede ese 24.9 por ciento” y sostuvo que “se tiene que pagar y que esa seguirá siendo la bandera: cumplir con la ley y con la paritaria que es lo que dice la ley”.

Este diario consultó al Ministerio de Capital Humano sobre los pasos que seguirá tras el fallo de la Corte, pero no tuvo respuesta. Desde el CIN, Bartolacci consideró que “si hay cosas que ya se fueron cumpliendo respecto de lo estipula la ley, deberán ser contenidas como parte del cumplimiento ya hecho y deberán cumplir lo que resta”.

En otra de las partes del acuerdo, el Gobierno se comprometió a actualizar las Becas Manuel Belgrano –que están en 82.000 pesos– en un 50 por ciento. Con el fallo de la Corte también debe incluir otras, que quedaron congeladas desde que asumió Milei, y otras como las de Enfermería, que también perdieron poder adquisitivo. Desde la Federación Universitaria Argentina también celebraron el fallo del máximo tribunal porque, además, ahora la cartera que dirige Sandra Pettovello tendrá que pagar también las Progresar, que quedaron congeladas en 35.000 desde el 2023 y que habían quedado fuera del acuerdo. “Es una señal importante, pero el conflicto universitario sigue abierto. Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan”, le dijo su presidente, Joaquín Carvalho, a este diario.

Para el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, la decisión de la CSJN también “sirve y mucho para que no se sigan yendo los docentes. Es un triunfo de toda la sociedad argentina”. Es que, según los datos de la Conadu, desde que asumió Milei casi 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en instituciones públicas por los bajos salarios. O bien decidieron para pasarse a universidades privadas o a otros empleos por fuera de la docencia.

El camino pedregoso de la ley

En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de presupuesto, pero un mes después Javier Milei la vetó con el argumento de que tenía un “costo fiscal inaceptable” a pesar de que la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el impacto estimado es del 0,23 por ciento del PIB, un número irrisorio para la magnitud del gasto general. En octubre, el Parlamento rechazó el veto. Pero, a través de un decreto, la Casa Rosada declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.

En ese momento, el CIN presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y el 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, y seis días después, el Poder Ejecutivo apeló la medida. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las universidades, algo que finalmente el Gobierno intentó revertir con el recurso extraordinario que resolvió la CSJN.

La cuestión de fondo

Aún queda por definirse la cuestión de fondo, que tiene que resolver la justicia en lo contencioso administrativo federal, que mientras tanto habilitó la cautelar por considerar que el incumplimiento en la aplicación de la ley podía ocasionar graves perjuicios y el deterioro salarial, afectando el derecho de enseñar y aprender. Es por eso que desde el CIN hicieron un pedido de pronto despacho para que se resuelva más allá de los dos artículos más urgentes y que tiene que ver con ítems como gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia. “Independientemente del recorrido que haga la discusión sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tiene que, de manera inmediata, aplicar lo que está contenido en la cautela, que son estos dos artículos”, dijeron desde el CIN.

“Tenemos que agradecer el esfuerzo de la comunión universitaria del país y de la sociedad que nos abrazó cada vez que fue necesario”, dijo Bartolacci y agregó: “si no, no hubiésemos llegado hasta acá”.

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Dijo que solo lo correrá si lo echará la Justicia

“Me parece plausible”: Milei se cree la historia de Adorni y su pendrive

El Presidente volvió a defender a su cuestionado jefe de Gabinete, avaló su versión sobre la inversión en criptomonedas y hasta justificó que lo haya ocultado en su declaración jurada. “Manuel es inocente”, sentenció.

Luego de su llegada a España para otro clásico convite de la ultraderecha de ese país, el presidente Javier Milei se explayó sobre el caso de Manuel Adorni con la prensa extranjera como nunca lo hizo con la argentina. Dijo que la versión del pendrive con la que su exvocero intentó justificar la millonada de criptomonedas es “absolutamente plausible” pero que lo tiene que “determinar la Justicia”.

“Tenía que presentar los números; fue, los presentó, listo”, opinó sobre las flojas explicaciones de su funcionario. Pese a su defensa, aseguró que lo echaría “de una patada” si la Justicia lo encuentra culpable.

Otra defensa de Milei a Adorni

Si Adorni es culpable o no, “lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. A mí me parece absolutamente plausible. Pero lo va a determinar la Justicia, yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho. Me parece razonable”, titubeó y consideró que “sería tonto” que su funcionario no se defendiera.

Luego lo intentó exculpar responsabilizando del escándalo judicial a terceros. “Lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable y la realidad es que me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo.”

“Yo no me voy a dejar llevar por denunciadores seriales que se dedican justamente a hacer esto”, puntualizó y aseguró que Adorni es “un tipo honesto. Yo creo en su honestidad”.

“Manuel es inocente”

Luego intentó defenderlo con un singular argumento con el que prácticamente reconoció la posible existencia de una estafa: “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública. Hay 400 mil millones de dólares en los colchones de Argentina. O acaso, ¿por qué sacamos la ley de inocencia fiscal? O acaso, ¿el Estado no te estafó desde que se creó el Banco Central? El Banco Central nació de una estafa”.

“Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema. Pero yo te diría que yo no tengo problema con eso” ya que “a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.

No obstante, aseguró que si la Justicia “lo considerara culpable, lo vuelo (del cargo), lo eyecto yo de una patada”. Pero insistió con la defensa: “Yo creo en su honestidad. O es un tipo honesto”.

“¿Cómo no voy a ir por la reelección?"

Después de su larga defensa a su funcionario que admitió haber evadido al fisco y que no puede justificar sus ingresos con el nivel de vida que mantiene, Milei reiteró que su intención es volver a presentarse como candidato en las presidenciales de 2027.

“¿Cómo no voy a ir por la reelección si estamos haciendo el mejor gobierno de la historia?”, dijo y rechazó las mediciones que hablan del crecimiento de su imagen negativa y cuestionan su continuidad: “Las encuestas son parte del sistema corrupto”.

Milei aseguró que volverá a candidatearse para refrendar sus cuatro años de gobierno. “¿El contrato cuando yo asumí cómo era? Cuatro años, con una opción de cuatro años más. O sea, en el 2031 nos vamos a encontrar de cualquier manera: como escritor, como conferencista, pero no haciendo política”.

Para argumentar por qué volverá a presentarse, sacó a relucir nuevamente su lista de exageraciones y supuestos logros: las “16 mil reformar estructurales” con la que disolvió los deberes del Estado en la sociedad, y “el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad en tiempo récord”, pero con el cual quedaron en la calle más de 300 mil empleados públicos, se licuaron los salarios, se destruyó el aparato de la industria nacional y cerraron más de 250 mil pequeñas y medianas empresas.

“Todos predecían una hiperinflación y la evitamos. Todos predecían una gran depresión, la economía crece. Yo creo que si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios de comunicación, como hacen otros, ya habría calles con mi nombre”, chicaneó.

Asimismo, para envalentonarse recordó lo ocurrido en las elecciones legislativas del año pasado. “¿Qué predecían las encuestas? Que perdía. Y que perdía fuerte. Sacamos la mitad de los diputados en juego y dos tercios de los senadores en juego”.

-¿Quién crees que puede ser de tu rival el año que viene en las elecciones presidenciales? –le preguntó el entrevistador.

-Yo mismo –respondió.

“Mi rival soy yo mismo. Es hacer cada día un mejor gobierno. No me importa lo que me pongan enfrente. No me importó en el 2023, ¿me va a importar ahora?”, concluyó.

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La extraña autopresentación de Adrián Ravier

Una gambeta al tema Adorni: el nuevo vocero de Milei leyó un discurso y no respondió preguntas

El flamante funcionario se paró ante los periodistas en la Casa Rosada y anunció que no daría una conferencia de prensa. Leyó su currículum, lanzó alabanzas al Presidente y luego se retiró. Así logró esquivar las preguntas sobre la situación judicial de su antecesor.

“Esto no será una conferencia de prensa”, anunció en su primer contacto con los periodistas acreditados en la Casa Rosada el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier. De esta manera se presentó: sin responder preguntas y con un discurso leído.

Ravier justificó esa decisión en que su designación formal como vocero será cuando el mandatario vuelva de su viaje a España. A continuación, leyó un discurso en el que recorrió su currículum y elogió a Javier Milei.

“Los espero desde la semana que viene cada martes a las 11″, dijo ante una sala repleta de periodistas que no pudieron hoy hacerle preguntas.

Una gambeta al tema Adorni

“Para mi es un honor ser la voz del Presidente”, expresó Ravier. Luego marcó sutilmente la cancha al afirmar que se expresará “en el marco de los temas que competen a la marcha del Gobierno nacional” y que no se entrometerá en “las competencias de otro poder, ya sea el Judicial o el Legislativo”.

Esa frase parece apuntar a la línea que seguirá cuando sea inevitablemente cuestionado respecto a la cuestión de Adorni, el exvocero y actual jefe de Gabinete apuntado por su inexplicable crecimiento patrimonial.

Al igual que lo viene haciendo Milei, lo esperable es que Ravier intente repetir que se trata de un tema de la Justicia y así evadir el tema.

“En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo un gobierno y la conversación pública”, manifestó Ravier.

Planteó que uno de sus objetivos será “comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos”.

Elogios, alabanzas y guiños a Milei

Entre las menciones a sus estudios, libros publicados y cargos, el nuevo vocero eligió destacar haber tenido como docentes a dos ídolos libertarios de MIilei: Alberto Benegas Lynch (hijo) y Jesús Huerta de Soto.

“Tuvimos nuestras controversias sobre ideas económicas, filosóficas y políticas”, admitió sobre su relación con el hoy Presidente, quien llegó a calificarlo como un “imbécil total” y como alguien que "carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV".

Pese a esos insultos, que no mencionó, Ravier se deshizo en alabanzas a Milei y enumeró supuestos logros de la gestión libertaria.

“El Presidente tuvo la personalidad para patear el tablero cuando hacía falta”, dijo y lanzó que Milei “ve más lejos porque está en hombros de gigantes”.

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Milei designó 50 jueces y dejó afuera a la cuñada de Alconada Mon

La medida, respaldada por el Senado, completa vacantes clave en el sistema judicial y refuerza la influencia libertaria en Tribunales. 

El gobierno libertario hizo oficial su redefinición del mapa judicial con más de 50 nombramientos en la Justicia, una de las mayores oleadas de designaciones de los últimos tiempos. A través de una sucesión de decretos, el Ejecutivo que comanda Javier Milei cubrió decenas de vacantes en juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país. Bajo el argumento de la eficiencia, el movimiento oficialista busca imprimir una impronta propia en la estructura de los tribunales.

Entre los nombramientos más destacados se encuentra el del doctor Santos Enrique Cifuentes como Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25 de la Capital Federal, y el de la doctora Lucila Inés Córdoba como Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K. La nómina es extensa y abarca fueros sensibles como el criminal y correccional, donde fueron designados, entre otros, la doctora Laura Fabiana Kvitko (Juzgado N° 23) y el doctor Santiago Alberto Poncio (Juzgado N° 13). El alcance federal de la medida también se hizo sentir con el nombramiento del doctor Gerardo Daniel Cacace como Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa y de Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta.

Entre las designaciones no figura María Verónica Michelli, la jueza que fue designada por el Senado en el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata y que es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. El pliego inicialmente había sido enviado por el presidente Javier Milei al Senado, pero luego de advertir que era la cuñada del periodista intentó que no sea aprobado. Finalmente el Senado dio el visto bueno, pero el jefe de Estado no la designó por el momento. 

El aval del Senado

El rediseño de la Justicia por parte de la administración libertaria fue posible gracias al aval del Senado. El cuerpo legislativo aprobó el 4 de junio los más de 74 pliegos enviados por el oficialismo con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, en una votación realizada tras un acuerdo político previo en labor parlamentaria que permitió el tratamiento conjunto de las designaciones. La decisión, que incluyó disidencias parciales dentro de distintos bloques, consolidó la designación de nuevos jueces federales y nacionales en todo el país y expuso el alineamiento mayoritario entre el oficialismo y sectores dialoguistas.

Este proceso de nombramientos masivo, que abarca los decretos numerados desde el 492 hasta el 545, permite al Poder Ejecutivo completar casilleros críticos en el organigrama judicial bajo el respaldo del acuerdo parlamentario. La mención expresa al aval de la Cámara Alta en cada uno de los decretos confirma que los magistrados superaron las instancias de revisión política y técnica necesarias para su estabilidad en el cargo.

La multitud de designaciones no se limitó a los jueces, ya que también se oficializaron designaciones en el Ministerio Público, donde se nombraron cuatro defensores públicos y un fiscal, quienes igualmente contaron con el acuerdo del Senado para asumir sus funciones. En conjunto con la designación del nuevo vicepresidente de la Unidad de Información Financiera y la reestructuración de otras dependencias, el Estado consolidó una renovación administrativa de gran escala en una sola jornada.

El Destape

Argentina consumió 2.400 millones de dólares más de lo que produjo en tres meses de 2026

Los argentinos tenían acumulados 499.098 millones de dólares al término del primer trimestre, unos 322 millones más que los registrados en el cuarto trimestre de 2025. La deuda total del país, entre el Gobierno y las empresas o instituciones financieras, supera los 321.000 millones de dólares, según datos del Indec.

Fernando Alonso

La dolarización de la economía argentina se incrementó en 322 millones en los tres primeros meses del año hasta alcanzar un volumen de casi medio billón de dólares, según el informe de Balanza de Pagos elaborado por el Indec, que determinó que en ese período la economía argentina consumió 2.398 millones más de las divisas que generó.

El informe Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa determinó que en el primer trimestre la balanza de pagos, es decir la diferencia entre las divisas que se generaron y las que se gastaron, alcanzó un déficit de 1.651 millones de dólares en la cuenta corriente y de 2.398 millones en la cuenta financiera.

También que los argentinos tienen activos financieros por 499.098 millones de dólares, 322 millones más que los registrados en el cuarto trimestre de 2025, y pasivos por 472.854 millones de dólares, lo que implicó un incremento de USD 21.124 millones respecto del trimestre anterior.

Esa diferencia pone al país como acreedor neto aunque los activos pertenecen mayoritariamente a las empresas y personas y más de la mitad de los pasivos es la deuda externa del sector público, que asume el conjunto de la sociedad argentina a través del pago de los impuestos.

Según datos de la consultora 1816, sobre datos previos, la mitad de los activos es “dinero en el colchón” es decir efectivo fuera del sistema financiero, ya sea en cajas de seguridad o en sus propios domicilios, un 10% son depósitos en el exterior y 40% activos fuera del sistema, como propiedades en el exterior.

El Fondo Monetario Internacional, en tanto, estimó que los argentinos tienen cerca de 250 millones de dólares en efectivo y depósitos fuera del sistema financiero local, el segundo país en tenencia de dólares después de Rusia.

Las cifras del Indec suelen diferir de las estadísticas que maneja el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, por lo que no son comparables sino complementarias para el análisis de los flujos de capitales.

El Indec estimó que los pasivos externos, a valor de mercado, alcanzan a 472.854 millones, que se incrementó por la suba en los pasivos de inversión directa. También el Banco Central y el Gobierno general incrementaron sus pasivos externos en 2.338 millones y 1.897 millones, respectivamente. 

Para el caso del Gobierno, el incremento de los pasivos externos se debió, principalmente, a lo registrado en inversión de cartera (emisión de títulos públicos) por 2.390 millones, levemente compensado por la caída en otra inversión por 811 millones. 

De la totalidad de los pasivos externos estimados al final del período, 54,3% correspondió a otros sectores, 34,5% al gobierno general, y 7,4% al Banco Central. Por su parte, las sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central, registraron una participación de menor magnitud, con 3,8% (ver cuadro 16 de la serie histórica.

En el caso de la deuda externa, la estimó a valor nominal en 321.783 millones de dólares, el 53,4% integrada por 174.579 millones del Gobierno Nacional (74.630 millones en títulos de la deuda y 99.949 millones en préstamos) y el 10,8% por el Banco Central (6.881 millones de Derechos especiales de giro, la moneda del FMI, 1.202 millones por títulos de deuda y 26.670 millones por préstamos).

Durante el primer trimestre de 2026, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de 1.651 millones, que se explicó por los saldos negativos en la balanza de servicios, de USD 4.028 millones y en el ingreso primario, de 4.676 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance comercial de bienes, de 6.339 millones, y en el ingreso secundario, de 714 millones.

El déficit del trimestre es menor al estimado para el mismo período de 2025, cuando la cuenta corriente registró un saldo negativo de USD 5.158 millones. La reducción se explicó, principalmente, por el aumento de las exportaciones de bienes, de 3.214 millones; un menor déficit en la cuenta de servicios, de USD 532 millones; y una caída en las importaciones de bienes, de 1.066 millones. 

Como resultado de la balanza de pagos, en el primer trimestre de 2026, la economía argentina registró un nivel de endeudamiento neto de 1.587 millones que se utilizaron para financiar el mayor gasto sobre los ingresos.

El Destape

Un planteo contra la impunidad de los imputados

$LIBRA: El contraataque de los damnificados apunta a Novelli, Terrones Godoy y Javier Milei

Las querellas argumentan que no solo hubo estafa, sino también asociación ilícita, coimas y lavado de activos, y que el engaño incluyó el uso de la figura del Presidente para legitimar el proyecto.

Irina Hauser

Las querellas del caso $LIBRA le pidieron al juez Marcelo Martínez de Giorgi que rechace el intento de Mauricio Novelli –el lobista cercano a Javier Milei que estuvo detrás del lanzamiento de la criptomoneda— de expulsarlas de la causa. El argumento del defensor del trader era que no hubo ni siquiera una estafa, porque ese delito requiere un engaño y aquí, según esa teoría, no lo hubo porque rigen los riesgos del mercado frente a los cuales cada inversor/a debe apelar a su propia “autorresponsabilidad”. Martín Romeo, uno de los damnificados, señaló en su contrataque que no solo hubo estafa, sino una asociación ilícita, coimas y lavado de activos. “El engaño –sostuvo-- fue hacerle creer al público que estaban ante un genuino proyecto privado apoyado institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups (empresas emergentes) y pymes argentinas, cuando en realidad era una trampa de liquidez pre-programada”.

Más allá de Novelli, Milei

Son cinco los querellantes en el expediente: todas personas que invirtieron diferentes sumas en $LIBRA y perdieron la mayor parte de sus fondos. Sus relatos coinciden en la centralidad del papel de Javier Milei, ya que al ser quien compartió el contrato para comprar el token (como mostró un peritaje fue quien lo hizo público por primera vez), lo validaba y generaba confianza. Era un anzuelo que ofrecía legitimidad a la propuesta. Invirtieron porque aparecía el respaldo del Presidente y el anuncio de un proyecto para fondear pequeñas empresas. Pero esto último nunca existió. Incluso la página web de “Viva la libertad Proyect” ya no está más.

Todos advierten que el intento de apartarlos del expediente con la justificación de ausencia de estafa busca obtener una especie de sobreseimiento anticipado disfrazado de cuestionamiento a las víctimas. El interés, queda claro, no es solo de Novelli, sino de su socio Manuel Terrones Godoy y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, pero en especial del propio Milei y su hermana Karina, que también están imputados aunque nunca pusieron sus propios abogados. El objetivo es desactivar el caso que avanzó a fuerza de planteos de las querellas, mucho más que de la actividad de la fiscalía de Eduardo Taiano. Los damnificados señalan que existen medidas provisorias que bloquean a la mayoría de los implicados la posibilidad de hacer operaciones patrimoniales, porque existe una hipótesis de estafa entre otros delitos.

Otro punto que esgrimen los querellantes es que ya se discutió su condición de tal en todas las instancias y tanto la Cámara Federal, como la de Casación Penal, como la Corte Suprema, avalaron su participación como víctimas en el expediente. Con anterioridad, cuando la causa estuvo en la justicia federal de San Isidro, dijo lo propio la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Todo orquestado

Uno de los ahorristas perjudicados explicó en primera persona que conocía “conocía el mercado de criptoactivos”, la “volatilidad”, “que el precio podía experimentar variaciones abruptas”, y tenía “experiencia suficiente para operar mediante una wallet descentralizada y una plataforma especializada”. “Pero, la hipótesis investigada incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores”, advirtió, a través de sus abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, del equipo de Juan Grabois. Dice que hubo un engaño a través de la construcción “de una apariencia de proyecto productivo, de la difusión de una finalidad concreta, del ocultamiento de datos esenciales sobre el control del activo, del acceso privilegiado de determinados operadores y de la extracción coordinada de los fondos aportados por los compradores”.

Según la presentación de Romeo, “la defensa pretende confundir, de manera maliciosa, el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso pre-programada (conocida como Rug Pull)”. A través de su abogado, Nicolás Oszut, que el fraude con $LIBRA no fue una “mera inversión fallida”, como intenta decir Novelli, o una “volatilidad orgánica del mercado”, “sino en la construcción sostenida de una ‘calidad simulada’ y una ‘apariencia de empresa’ a escala estatal”.

Al revés, los criptobros a su entender alteraron las reglas del libre mercado mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada en el “minuto cero” y, de forma superlativa, la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza”. “Fue el engaño idóneo” por el que miles de ahorristas compraron $LIBRA y vieron “viciada su voluntad”.

Romeo recordó que en su pedido de indagatorias –nunca respondido ni por la fiscalía ni por el juzgado— mostró cómo el equipo creador sustrajo 44,5 millones de dólares gracias al manejo de información privilegiada y con el uso de bots programados, todo 22 segundos antes de la publicación del tuit de Milei. Luego, como es conocido, el estadounidense Hayden Davis –creador de esta criptomoneda y quien habría avanzado en contratos con el gobierno y pagos acordes—dijo que él se había quedado con 100 millones de dólares de los argentinos. Un informe de Arkham ubica el fraude en más de 280 millones de dólares.

Las querellas muestran incluso que el propio fiscal Taiano, al delimitar el objeto procesal, habló de una maniobra donde “la cotización se desplomó debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token (...) lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares”, generando una pérdida de valor y perjuicio directo en las tenencias de ‘más de cuarenta mil personas’”. O sea, no sería una mera fluctuación de mercado.

El especialista recuerda también que se ocultó “deliberadamente la deliberadamente la naturaleza financiera del proyecto”, “compraron likes falsos y seguidores mediante bots para fabricar una tracción irreal”, “pagaron un soborno millonario mediante” (1.550.000 dólares) un acuerdo con Kelsier Group LATAM, de Hayden Davis, para acceder en forma exclusiva al Presidente de la Nación y utilizar su investidura como fachada de prestigio institucional”, “las billeteras de los imputados ejecutaron compras masivas (Insider Trading)” justo antes de la publicación del posteo de Milei. Así vaciaron los pools de liquidez de manera planificada, es el planteo.

“La banda no se limitó a mentir en un folleto; alquiló la estructura del Estado Nacional (comprando el acceso a la Casa Rosada y a funcionarios de la CNV) para dotar de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese ‘lavado de prestigio’ es el engaño idóneo, material y objetivo”, remarca el escrito de Romeo. Respecto de los supuestos riesgos personales que Novelli alega que deberían asumir los inversores, el documento recupera en una afirmación varios elementos de la causa que parecen relegados, como las sospechas de pagos al presidente y su hermana (por reuniones o contratos hallados incluso en el celular del lobista) y el vaciamiento de la caja de seguridad de Novelli justo después del lanzamiento de $LIBRA: “L autorresponsabilidad –dice-- cede cuando la víctima es sometida a un escenario de engaño estructural imposible de prever. Cuando existe soborno de funcionarios públicos (cohecho), uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado”.

Ahora resta saber qué posición adopta Taiano frente al reclamo de Novelli de eliminar a los querellantes. También hay otros asuntos sin resolver, como el pedido de nulidad del trader sobre el peritaje de su celular (que relevó las llamadas frenéticas con Milei en el momento del lanzamiento del a critpomoneda y frente a su colapso) y faltan los resultados de la ruta de los fondos que habrían llegado a Novelli y su socio y la Casa Rosada.

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