La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) le dio un sacudón al caso $LIBRA: se presentó en el expediente, asumió la acción penal en reemplazo del fiscal Eduardo Taiano (quien consideró que no se cometieron delitos) y pidió la reapertura de la causa. En un escrito de 15 páginas, el organismo que dirige el fiscal Sergio Rodríguez planteó que los sobreseimientos de Javier Milei, su hermana Karina, los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, el estadounidense Hayden Davis y el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, entre otros, fueron “prematuros”. “No existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, advirtió. Señaló que hay peritajes inconclusos de los celulares y de la ruta del dinero, chats borrados, pruebas mal valoradas y un apartamiento cuestionable de los damnificados.
La intervención de la PIA había sido requerida el martes último por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) junto con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que actúan como “amicus curiae” (amigos del tribunal) en la causa. Le pidieron que asumiera la función acusadora que Taiano había abandonado, ya que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal prevé que así lo haga cuando un fiscal deja de investigar en pleno trámite, de manera de garantizar la continuidad de una investigación.
Taiano había presentado el jueves 22 de octubre a la mañana un dictamen donde proponía los sobreseimientos, pese a que aún estaban pendientes medidas que él mismo había ordenado. El juez Marcelo Martínez de Giorgi los dispuso y cerró la causa al día siguiente, pasado el mediodía. Horas después se fue de vacaciones. Por eso, quien recibió en estos días las apelaciones de las querellas fue el juez Daniel Rafecas, que lo subroga por dos semanas. También tuvo el jueves el planteo de la PIA. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le propuso a Milei el nombramiento de Rafecas en la Cámara de Casación Nacional, cargo para el que concursó, y entregó un proyecto para enviar su pliego al Senado.
El juzgado tiene que responder (aunque sea con “téngase presente”) el reclamo de los querellantes contra los sobreseimientos y el planteo de la PIA también, que presentó una “apelación en subsidio” por si le rechazan asumir la acción penal. Esto hará que indefectiblemente haya una nueva instancia de discusión en el expediente. Los antecedentes, tanto de la Corte Suprema como de Casación Federal, juegan a favor de la incorporación a la causa de la Procuraduría que, en rigor, tuvo una participación en los inicios de este mismo caso. Después no continuó porque Taiano no la convocó para participar como auxiliar, como sí suelen hacer otras fiscalías. Asumió la acción en expedientes como Skanska.
La teoría de la falta de engaño
Un problema de base que señala la PIA es el argumento (de los sobreseimientos) según el cual no hubo estafa porque no hubo ningún engaño para inducir a un error a quienes compraron $LIBRA, ya que el mercado de criptomonedas es como una timba, donde el que invierte corre riesgos que conoce, y no hay regulaciones. Como se sabe, hubo más de 40.000 damnificados y 74 billeteras con información privilegiada se habrían quedado con más de 200 millones de dólares.
Ese enfoque, dice la Procuraduría, “omite ponderar en su totalidad las condiciones de emisión del token, pero principalmente, omite considerar los roles repartidos de todas las personas involucradas en la maniobra denunciada, de las cuales el Sr. Presidente de la Nación participó. En otras palabras, el caso investiga si Libra se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir”. Una de las cuestiones pendientes de “dilucidar”, subraya, es “cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes”. Vale recordar, el posteo de Milei fue el 14 de febrero de 2025 a las 19.01. Llamaba a comprar $LIBRA y decía que era una inversión para fondear pequeñas empresas argentinas, algo que no sucedió.
“La incipiente o ausente regulación legal de las monedas virtuales no constituye una carta blanca de indemnidad para sus promotores ni un obstáculo que desampare a los inversores frente a maniobras defraudatorias”, sostiene Rodríguez. “Menos aún resulta admisible decretar” que no hubo delitos “en una etapa tan primigenia de la investigación, y más aún cuando el temperamento adoptado ha dejado al margen a las propias víctimas del ilícito”. Recordó que las querellas, aunque hayan sido apartadas, conservan ese carácter porque no se expidió la Sala II de Casación sobre ellas.
Agrega que habría que incluir, al margen de los delitos ya señalados (estafa, incumplimiento de deberes, cohecho, tráfico de influencias), los delitos contra el orden económico, que incluyen la manipulación del mercado.
La ruta de los fondos
Según Rodríguez, “el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida”. Es decir, sobre lo que ya hay, a su entender resta mucho análisis. La trazabilidad de movimientos sospechosos de fondos quedó inconclusa, recuerda, porque en la Procuración no compraron la licencia para usar el software necesario. Solo pudieron trabajar en el asunto mientras estaba en período de prueba. La PIA advierte que, más allá de un estudio adicional de la Policía Federal, no consta que se “hayan explorado posibles alternativas” para completar las medidas.
La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) habían detectado transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a Hayden Davis (creador de $LIBRA) en fechas coincidentes con su encuentro con Milei en la Casa Rosada, quince días antes del lanzamiento del token y en días posteriores también. Los intermediarios fueron un jubilado, Orlando Mellino, que recibió algo más de un millón de dólares el 30 de enero de 2025, y el financista cripto Camilo Rodríguez Blanco, que recibió 4 millones el 4 de febrero, justo cuando Novelli abrió dos cajas de seguridad en el Banco de Galicia, que tras el lanzamiento y colapso del criptoactivo, vaciaron su madre y su hermana.
Rodríguez Blanco y Mellino interactuaban con cuentas ligadas a Novelli. El primero tenía contacto directo con el trader, le conseguía cash para cambiar cripto. En alguna comunicación quedó claro que era para pagarle “a Karina” (tenía con ella y el Presidente un vínculo previo al Gobierno). Parte de esa trazabilidad fue reconstruida también por la Comisión Investigadora de $LIBRA en diputados, pero no fue escuchada en tribunales. La SIFRAI y la DGRADB informaron que podían perfectamente ser fondos ligados a funcionarios públicos, pero había que rastrear.
Taiano, además, había pedido a Estados Unidos información vinculada a las operaciones que se hicieron en plataformas alojadas en ese país. La respuesta fue que eran insuficientes los elementos enviados “para mostrar la conexión entre las personas investigadas, los delitos denunciados y los registros requeridos”. Pero desde la fiscalía argentina nunca se modificaron los datos enviados para propiciar una respuesta completa.
Lo mismo, pero al revés
La PIA señala y cuestiona que, al dictar el sobreseimiento, el juez y el fiscal hicieron una lectura de maniobras de entorpecimiento de los imputados a favor de ellos mismos y dejaron cabos sueltos:
La madre y la hermana de Novelli (Alicia Rafele y Pía Novelli) llenaron y vaciaron sus cajas de seguridad en fechas claves en la trama, pero como cuando las allanaron tres semanas después del escándalo estaban vacías, según el sobreseimiento no hay nada que achacarles.
Lo mismo respecto del celular de Morales, incautado en los mismos procedimientos. No tenía prácticamente nada, ni historial de WhatsApp. De hecho, lo habría cambiado. Pero esto no fue interpretado como un intento de burlar la investigación.
Novelli había eliminado conversaciones con el contacto “Karina Milei RRPP” en su dispositivo, pero no se le dio la trascendencia de un posible borrado de pruebas.
El celular de Novelli y los contratos
La PIA marca la presencia de elementos relevantes en el dispositivo de Novelli que fueron objeto de peritajes con “acotado alcance”. Uno es el presunto acuerdo hallado en el “block de notas” “discutido con H”, que sería Davis: preveía tres pagos (1,5 millones de dólares de adelanto, 1,5 millones por un tuit de Milei, y 2 millones con la firma del contrato con Milei y la hermana). El otro es un archivo que contenía una “carta de intención de Kelsier, representada por Hayden Davis, dirigida al presidente de la Nación, en la que se ofrecía asesoramiento ad honorem en materia de blockchain y criptomonedas”. El argumento para descartar su análisis fue que no tenía firmas. Pero no se tomaron medidas adicionales, ni se profundizó el estudio de celulares. Ni se tuvo en cuenta un pago registrado por la hermana de Novelli relacionado con ese presunto contrato.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se había encargado de extraer y analizar el contenido de celulares y notebooks. De allí surgieron no solo los documentos, sino conversaciones y llamados telefónicos que no fueron valorados pese a ser tan llamativos en el contexto del lanzamiento de $LIBRA, que —como es sabido a esta altura— tuvo un crecimiento estrepitoso y un colapso de su valor en cuestión de pocas horas. Por el celular de Novelli se cotejó que él estaba en Dallas con Davis y Terrones Godoy cuando se lanzó el token. Que habló ocho veces con Milei en los momentos críticos, también con su hermana, Demián Reidel, y Santiago Caputo. Pero nada se analizó.
El argumento del juzgado para restarle valor es que el resultado del peritaje de la DATIP se había filtrado a los medios y se rompió la cadena de custodia. En rigor, había sido ocultado a las querellas. Pero cuando la periodista Natalia Volosin publicó el primer documento, el peritaje estaba ya en manos de la fiscalía. Sobre ese punto, Rodríguez fue categórico al decir que el sobreseimiento no “ha valorado datos que surgen de los informes de análisis realizados por la DATIP, descerrajando un manto de duda sobre una cadena de custodia que se habría debilitado, en base a afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
Más datos ignorados
También cuestionó la PIA que no se haya hecho un análisis contextualizado de las reuniones autorizadas por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei en 2024, en particular las “protagonizadas por Novelli y Morales”, ya que “constituyen indicios que, valorados de manera conglobada, robustecen la hipótesis delictiva del caso; todo lo contrario a lo sostenido por el fiscal y resuelto por el magistrado de grado”. “Los informes elaborados por la propia Secretaría General de la Presidencia o las opiniones emitidas por la Oficina Anticorrupción, resultan, en esta instancia de valor relativo, toda vez que, el objeto de la investigación apunta precisamente a la determinación de si efectivamente existió un consenso de voluntades, dirigido a obtener de manera ilícita, un beneficio patrimonial indebido”, agregó.
Como ya informó este diario, la OA dijo que el tuit de Milei había sido emitido por fuera de su actividad oficial, en su cuenta de “X” personal y que tampoco se usaron recursos públicos para el lanzamiento. La Secretaría Legal y Técnica excusó a Karina con el argumento de que no participó en el Tech Forum, el evento donde se cocinaron los vínculos con los critpochantas.
Para la PIA tampoco es un absurdo también invocar el fallo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que cerró la demanda civil vinculada con Kelsier, la empresa de Davis. Son tribunales de otro país.
Y sumó como una incongruencia haber desestimado posibles aportes de Nadia Beller, la expareja del consultor Fernando Cerimedo que habló públicamente de la corrupción en Argentina, pero solo declaró como testigo en la causa sobre las anomalías en la Agencia de Discapacidad (ANDIS), pero no dijo nada sobre $LIBRA.
El cierre anticipado de una causa, afirma Rodríguez, “exige un estado de certeza absoluta sobre la inexistencia de delito o la falta de responsabilidad del imputado, debiendo basarse en prueba inequívoca que despeje toda posibilidad de dubitación”. Queda claro que para él está lejos de ser el caso.
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