Decreto 70/23: la columna vertebral de un plan injusto y cruel

Una por una, las consecuencias del DNU fundacional del gobierno de Javier Milei. El daño provocado a consumidores, trabajadores, inquilinos y otros sectores. Y los beneficios otorgados a empresas, empresarios y a la concentración de la renta y el capital.

El DNU 70/2023 manifestó fuerte y claro que el gobierno que gerencia Javier Milei no solo pretendía ajustar cuentas: venía a reordenar el sistema de poder en favor de la élite que lo incubó. Viciado de origen -fue redactado por abogados externos coordinados por Federico Sturzenegger, un economista que ni siquiera tenía contrato con el Estado como asesor- el decreto de necesidad y urgencia retiró protecciones legales, redujo la intervención del Estado y amplió la libertad de contratación y comercialización en beneficios de los sectores más fuertes de la economía.

¿Quién perdió derechos o capacidad de negociación y quién ganó ventajas que se multiplicaron en más ingresos, más patrimonio y más poder de mercado? Lo que sigue es un resumen de los cambios y consecuencia provocados por un digesto normativo con pretensiones de reforma constitucional.

• Normativa: derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios.
• Perjuicio: el Estado perdió herramientas para intervenir ante desabastecimiento y distorsiones de precios, y desaparecieron las reglas que limitaban la ocupación de góndolas por grandes proveedores.
• Beneficio y concentración: supermercados, fabricantes y cadenas ganaron libertad para fijar condiciones de venta. Las empresas con más escala y poder de negociación refuerzan su ventaja sobre los pequeños productores.
• Consecuencia: el consumidor quedó más expuesto los abusos del mercado.

2. Inquilinos: la estabilidad pasó al propietario

• Normativa: derogación de la Ley de Alquileres.
• Perjuicio: desaparecieron el plazo mínimo legal de tres años, la actualización anual obligatoria y otras condiciones protectoras para los contratos nuevos.
• Beneficio y concentración: los propietarios negocian plazos, aumentos, índices y moneda de pago. Con mucha demanda y pocas viviendas accesibles, la libertad contractual favorece a quien tiene el inmueble frente a quien necesita un techo. Los dueños de varias propiedades pueden ampliar sus ingresos, según precios, ocupación y costos.
• Consecuencia: más incertidumbre contractual y una porción creciente del ingreso familiar destinada a vivienda.

3. Trabajadores: la reforma laboral antes de la ley

• Normativa: capítulo laboral del DNU, afectado después por decisiones judiciales.
• Perjuicio previsto: ampliación del período de prueba, cambios en indemnizaciones y registración laboral, y restricciones a determinadas medidas de acción sindical.
• Beneficio buscado: menos costos de contratación, despido y conflicto para los empleadores, con más margen de decisión frente a trabajadores con poca capacidad individual de negociación. Si ese ahorro no se traduce en salarios más altos, más empleo o precios más bajos, engorda márgenes empresarios.
• Aclaración: el capítulo fue invalidado por la Justicia y varios de sus temas pasaron a formar parte de leyes específicas, como la Ley Bases y la Reforma Laboral. De todos modos, hay normas incluidas en el decreto que desde entonces están vigentes, como la eliminación de multas a la contratación de empleo informal. Consecuencia de eso, la informalidad laboral crece de manera sostenida durante el gobierno de Milei.

4. Salud: prepagas con precios libres

• Normativa: modificación de la Ley de Medicina Prepaga y eliminación de controles sobre las cuotas.
• Perjuicio: aumentos significativos, deterioro de la capacidad de pago y riesgo de perder la cobertura.
• Beneficio y concentración: las empresas ganaron libertad para fijar precios y trasladar costos, y una parte mayor del ingreso familiar fluye hacia ellas.
• Evidencia: en abril de 2024, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia halló indicios preliminares de coordinación de precios entre grandes prepagas. El Gobierno ordenó recalcular las cuotas de un grupo de empresas que reunía cerca del 75% de los afiliados.
• Consecuencia: liberar precios en un mercado concentrado expone a los usuarios y obliga al Estado a intervenir después.

5. Producción nacional y pymes: menos protección

• Normativa: derogación parcial del régimen de Compre Argentino y de promoción industrial, y cambios en el comercio exterior.
• Perjuicio: las pymes perdieron instrumentos que favorecían a proveedores nacionales en ciertas contrataciones y actividades.
• Beneficio y concentración: grandes compradores e importadores ganaron libertad para elegir proveedores. Las compañías con financiamiento, escala y redes internacionales aprovechan la apertura mejor que la pequeña industria.
• Consecuencia: el debilitamiento de los proveedores locales, junto a la apertura importadora, provocó un industricidio de más de 30 mil empresas en la era Milei.

6. Tierras rurales: el límite que detonó la calle

• Normativa: el artículo 154 deroga la Ley de Tierras 26.737.
• Perjuicio: se eliminan los límites específicos a la propiedad extranjera de tierras rurales y una herramienta de control sobre el territorio.
• Beneficio y concentración: los grandes capitales pueden adquirir tierras sin esos topes, con riesgo de acumulación en pocos grupos y más dificultades de acceso para el productor chico.
• Situación actual: La Corte Suprema primero habilitó y diez días después suspendió de forma provisoria los efectos del artículo 154. En esa ventana de oportunidad, inmobiliarias y particulares pusieron en venta miles de hectáreas en todo el país. El miércoles 14, en la jornada previa a la sesión especial y la marcha convocada para reclamar la derogación del DNU, el gobierno giró a contramano de si mismo e incluyó un artículo que ratifica los límites de la Ley de Tierra. La intención: desinflar la marcha en contra. La trampa: quienes pretendan saltear la ley cuentan con dos mecanismo posibles, obtener por 350 mil dólares el Pasaporte de Oro que promociona el gobierno, o antedatar operaciones de compra a las fechas comprendidas por la ventana abierta por la Corte.

• 7. Empresas públicas: negocio llave en mano

  • Normativa: transformación de empresas estatales en sociedades anónimas y eliminación de ciertas prerrogativas públicas.
  • Perjuicio potencial: debilitamiento de instrumentos de gestión con objetivos sociales, territoriales o estratégicos.
  • Beneficio y concentración: activos públicos sensibles y estratégicos, como la provisión de energía y el acceso al agua, pasaron a manos de grandes grupos económicos hiper concentrados, con ganancias garantizadas por subas de tarifas y condonaciones de deuda otorgadas por el Estado disminuido.

  8. Tarjetas de crédito: libertad para la usura

  • Normativa: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y eliminación de ciertos límites y regulaciones.
  • Perjuicio potencial: usuarios más expuestos a tasas, cargos y condiciones contractuales con menos regulación.
  • Beneficio y concentración: las entidades financieras ganaron libertad para fijar condiciones. Los costos financieros pueden operar como una transferencia desde consumidores endeudados hacia bancos y emisoras.
  • Consecuencia: más vulnerabilidad para los hogares que financian consumos cotidianos con crédito, sobre todo si sus ingresos no acompañan el costo de la deuda.

  9. Producciones regionales: asimetrías en la cadena

  • Normativa: derogación o modificación de normas de actividades como la vitivinicultura, la yerba mate y el azúcar.
  • Perjuicio potencial: los pequeños productores perdieron mecanismos específicos de regulación y coordinación sectorial.
  • Beneficio y concentración: los grandes operadores ganaron margen para organizar producción, comercialización y contratación, y las empresas integradas pueden imponer condiciones a quienes dependen de pocos compradores.
  • Consecuencia: riesgo de que se profundicen las asimetrías dentro de las cadenas productivas.

   

  Con las evidencia y la experiencia a la vista, los diputados tendrán este jueves la oportunidad de darle punto final al DNU, que ya cuenta con derogación parcial del senado. Quienes no lo hagan, deberán ser considerado cómplices activos y a conciencia de un plan injusto y cruel.

• El Destape

Se espera una multitud

Las universidades marchan al Congreso, mientras siguen las negociaciones por la sesión y el DNU 70/23

A las 14 está convocada la sesión especial impulsada por la oposición para derogar el megadecreto de Milei. Afuera, estudiantes, graduados, docentes y no docentes se movilizan para reclamar por el financiamiento ante un megaoperativo de seguridad

Mientras incumple la ley de financiamiento, el Gobierno vuelve a la carga con las auditorías a las universidades

A horas de concretarse la 5° marcha en defensa de la educación pública, la administración de Javier Milei lanzó una nueva afrenta contra las universidades: les dio 15 días para presentar sus planes de trabajo de 2027 y justificar allí los presupuestos de gastos que, a la postre, el gobierno decidirá si cubre o no.

La medida fue anunciada a través de la Resolución 311/2026 publicada en el Boletín Oficial que expresa los lineamientos que deben cumplir las casas de altos estudios para formular, ejecutar y seguir sus planes de funcionamiento para el año próximo.

Corresponde a una normativa que está en manos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a través del cual ejecuta una auditoría interna de las universidades nacionales. La fecha en que vence el plazo para la entrega de esa requisitoria será el 31 de octubre de 2026, a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).

Qué calles estarán cortadas por la Marcha Universitaria

Los gobiernos nacional y porteño organizaron para la marcha de este jueves un amplio operativo de seguridad. El Congreso está vallado desde temprano y de a poco van llegando los efectivos de las fuerzas de seguridad a las inmediaciones del Congreso.

Los cortes de calles dispuestos en el marco del operativo comprenden a las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia como así también a las calles Hipólito Yrigoyen, Riobamba, Solís, Combate de los Pozos, en la zona del Congreso.

Más allá de eso habrá cortes totales o parciales a medida que avancen las columnas de manifestantes que llamaron a concentrarse en distintos puntos de la ciudad.

Pagina 12

El juez Cormick multó al Jefe de Gabinete por el incumplimiento

Universidades: un fallo contra un Gobierno que desconoce la ley

Santilli deberá pagar 100 mil pesos por cada día en que no se cumpla con la resolución que obliga a actualizar salarios y becas. Desde la Casa Rosada ya dijeron que apelarán para seguir ganando tiempo. Las calles volverán a llenarse en defensa de la educación pública.

Luciana Bertoia

Adrián Ravier abrió los brazos y, como si les hablara desde su corazón, les dijo a los periodistas que cubren lo que sucede en la Casa Rosada que le dieran una mano. Les pedía que no dijeran que el Gobierno de Javier Milei incumple con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) ni que quiere cerrar las casas de altos estudios. “Es todo un mito”, dijo el vocero presidencial. La primera respuesta al portavoz llegó desde los tribunales: el juez federal Martín Cormick decidió aplicarle una multa al jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la resistencia de la administración libertaria a cumplir con una serie de fallos que viene dictando desde diciembre del año pasado para que se actualicen salarios y becas estudiantiles. La otra respuesta llegará este jueves desde las calles: miles se convocarán en la quinta marcha en defensa de la educación pública.

Uno de los lemas del Gobierno de la motosierra es “ley y orden”, pero no predica con el ejemplo. La de Milei podría convertirse en una larga historia de incumplimientos.

En agosto del año pasado, el Congreso aprobó la LFEU. Ni lerdo ni perezoso, Milei la vetó a través del decreto 647. El Congreso no se dejó doblegar por el Presidente, reunió la mayoría calificada e insistió. A Milei le tocaba aceptar y promulgar la ley. Sin embargo, encontró un vericueto para no cumplir: el Presidente firmó el decreto 759 con el que dijo que la ley no se aplicaría hasta tanto se explicitara de dónde saldrían esas partidas.

El martes pasado, en una demanda que presentaron tanto el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759. En su fallo, el juez afirmó que Milei había diseñado un mecanismo extraconstitucional para no acatar lo que había decidido el Congreso.

La batalla en los tribunales lleva un año. En diciembre del año pasado, Cormick había concedido una cautelar en favor de las universidades en la que le decía al Gobierno que debía cumplir con la actualización de los salarios docentes y no-docentes, así como con las becas. La Casa Rosada apeló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión de Cormick.

El tema siguió avanzando: llegó hasta la Corte Suprema. Primero, los supremos rechazaron las recusaciones que había presentado el Gobierno contra todos los jueces que intervienen en el caso y son docentes universitarios –incluidos los tres cortesanos–. Después, rechazaron los planteos del Poder Ejecutivo contra la cautelar.

Cuando quedó firme la medida dispuesta por Cormick, el Gobierno había alcanzado un principio de acuerdo con las universidades. Era un incremento salarial del 24,33 por ciento, a pagarse 21,33 por ciento en junio y un tres por ciento adicional en octubre. En el acta quedaba claro que era una actualización que respondía al desfasaje de 2025 y representaba una actualización hasta mayo de este año. Faltaba discutir lo que se arrastraba desde 2024, que fue especialmente impactado por la devaluación inicial de Milei.

Las negociaciones volvieron a trabarse. Pese a eso, el Gobierno buscaba que Cormick dejara sin efecto la cautelar, mientras que desde el CIN reclamaban que se ejecutara. El juez intimó en dos oportunidades al Gobierno para que pagara: el 22 y el 30 de septiembre, pero no hubo caso. En ambas oportunidades, el magistrado advirtió que aplicaría astreintes –una multa– por el incumplimiento.

El viernes pasado, Cormick concedió la apelación que el Gobierno había presentado contra el fallo de fondo –en el que declaraba la inconstitucionalidad del decreto 759/2025–, pero advirtió que continuaría con la ejecución de la cautelar.

El martes, el CIN se presentó ante Cormick para pedirle que hiciera efectivo el apercibimiento y que aplicara las astreintes diarias y progresivas por cada día de demora en el cumplimiento del fallo y de la LFEU.

El juez accedió al pedido del CIN. En esa línea, Cormick entendió que correspondía disponer astreintes diarias al “funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100, inciso 1, de la Constitución Nacional y el artículo 5º de la Ley 27.798, sostiene en el fallo.

En la primera etapa, las astreintes serán de 100 mil pesos por día. Cormick advirtió, además, que podría modificar los montos y los funcionarios alcanzados por su resolución. Santilli, que acaba de pintarse de violeta, es el responsable de la administración general. Hace unos meses, cuando se suscitó un conflicto en torno al financiamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el intimado por el juez Alejo Ramos Padilla había sido Manuel Adorni, predecesor de Santilli en la Jefatura de Gabinete.

“Las astreintes son sanciones pecuniarias de carácter conminatorio que un juez impone a una persona para obligarla a cumplir una resolución judicial. Su finalidad principal no es castigar ni indemnizar, sino por el contrario, persigue vencer la resistencia de quien incumple una orden judicial, y de esta manera, asegurar la efectividad de la tutela judicial”, explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Desde el Gobierno ya hicieron saber que apelarán la decisión de Cormick para seguir dilatando la actualización de los salarios docentes. Desde los gremios reclaman un 34 por ciento de aumento.

El CIN valoró la decisión de Cormick. “No solo es importante que haya fijado multa diaria, sino que lo haya hecho responsabilizando a una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente. Hay que seguir, porque el proceso judicial continúa, pero es un paso importante, que esperamos como todos los que venimos dando con mucha responsabilidad en todos los ámbitos, nos conduzcan a una respuesta”, le dijo a Página/12 Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y titular del CIN.

En paralelo, el dirigente del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el ahogo financiero de las universidades. “Milei pretende gobernar por decreto, desconocer las leyes votadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando sus resoluciones afectan sus intereses”, dijo Solano. La presentación recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.

Desde las 10.30, distintos centros de estudiantes y gremios empezarán a darse cita este jueves en la zona del Congreso para reclamar que no se siga desfinanciando a las universidades. En la marcha confluirán distintos reclamos: personas con discapacidad, jubilados y quienes salgan en defensa de la soberanía y contra la puesta en venta del país –o de la “ciudadanía”–.

Desde el oficialismo ya salieron a atacar a Cormick en las redes sociales. Daniel Parisini, alias Gordo Dan, procuró instalar desde X que se trata de un juez vinculado a La Cámpora. Desde La Derecha Diario lo acusaron de ser un juez K. El magistrado ya había sido blanco de ataques cuando declaró la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.

Más allá de los dardos que el oficialismo lanza contra el juez, la cautelar fue confirmada por los superiores de Cormick. Uno de ellos fue Sergio Fernández, uno de los tres camaristas invitados por el Gobierno a viajar a Francia para participar de la gira en la que Milei pretendía atraer inversiones. La decisión fue también ratificada por los tres integrantes de la Corte, que no suelen profesar antipatía por la administración de la motosierra.

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Alerta por inundaciones en el Litoral: familias evacuadas y máxima tensión por el impacto de El Niño

Continúan los operativos de emergencia para asistir a las familias afectadas y monitorear las zonas más comprometidas por el avance del agua.

La situación hídrica en el Litoral argentino a raíz del fenómeno climático El Niño sigue siendo motivo de preocupación por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay. En la zona se reforzaron las tareas de prevención y de asistencia, ya que el avance del agua afectó a algunos de los sectores más cercanos a la costa.

La realidad requiere un seguimiento permanente de los niveles de los ríos, ya que las consecuencias de las crecidas dependen de los caudales pero también de las lluvias en las cuentas. Los equipos de emergencia desplegaron operativos para identificar las áreas más vulnerables, acompañar a las familias que evacuar y reducir los riesgos en las zonas más expuestas.

La zona más comprometida

Uno de los sectores más delicados se encuentra en la provincia de Corrientes y más precisamente en la localidad de Paso de los Libres, donde el río Uruguay llegó a los 9,28 metros, por encima de la cota de evacuación establecida en 8,50 metros. En esta línea, al menos 31 personas debieron dejar sus viviendas y trasladarse a instalaciones del Ejército.

En Concordia, en la provincia de Entre Ríos, el río alcanzó los 11,46 metros frente al puerto local. Aunque la altura quedó por debajo de las previsiones más preocupantes, seis familias, integradas por 12 adultos y 10 niños, fueron reubicadas por el ingreso de agua en sectores vulnerables.

La alerta se mantiene en otras localidades correntinas como Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bonpland. Allí, los equipos de emergencia siguen de cerca la evolución de los niveles para poder anticiparse a nuevas complicaciones. 

Preocupación por la crecida del Paraná

La situación del río Paraná suma otro frente en Chaco y Corrientes. En el puerto de Barranqueras, el nivel llegó a los 5,31 metros el martes al mediodía, todavía por debajo de la cota de alerta, fijada en seis metros, y de la de evacuación, establecida en 6,50 metros.

Sin embargo, las proyecciones del Instituto Nacional del Agua advierten que el tramo entre Corrientes y Barranqueras podría superar el nivel de alerta desde este jueves 15 de octubre y acercarse a la cota de evacuación durante el sábado 17, según la evolución de los caudales. 

El aumento del agua está relacionado con las lluvias registradas en Brasil, Misiones y el noreste argentino. Las represas de Itaipú, Yacyretá y Salto Grande mantienen abiertos sus vertederos para administrar el volumen de agua que reciben y atenuar los picos de crecida.

La emergencia también afecta a productores ganaderos de las zonas isleñas del Paraná, que comenzaron a trasladar animales hacia terrenos más altos para evitar pérdidas ante posibles inundaciones.

El Destape

Los alimentos subieron casi 3% en el conurbano bonaerense, muy por arriba de la inflación del Indec

La inflación en alimentos volvió a presionar el bolsillo de la región más poblada del país. La verdulería lideró las subas con un 8,32%, mientras el almacén aumentó 3,15%.

Los precios de los alimentos volvieron a subir en septiembre en el conurbano bonaerense por encima de la inflación que mide el Indec y profundizaron las dificultades de las familias para cubrir sus necesidades básicas en medio de la crisis económica. Según un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), la Canasta Básica de Alimentos aumentó 2,76% mensual y acumuló una variación interanual del 33,88%. Las mayores subas se concentraron en las frutas y verduras, mientras que los productos de almacén también registraron incrementos.

La verdulería encabezó los aumentos de precios

El rubro verdulería fue el que más aumentó durante septiembre, con una suba promedio del 8,32%. De esta manera, el costo mensual de los productos de esa categoría para la canasta relevada pasó de $ 120.475,51 en agosto a $ 130.493,06 en septiembre.

Entre los productos que más se encarecieron se destacó la zanahoria, que aumentó 25% y llegó a $ 2.000 por kilo. La cebolla subió 21,05%, hasta los $ 2.300, mientras que la manzana registró un incremento del 14,75% y alcanzó los $ 3.500 por kilo.

La papa también tuvo una suba importante: pasó de $ 2.000 a $ 2.200 por kilo, un aumento del 10%. En tanto, la pera avanzó 5,26%, hasta los $ 3.000, y la naranja subió 3,33%, a $ 1.550 por kilo.

Otros productos relevados no mostraron cambios frente a agosto. El zapallo se mantuvo en $ 2.000 por kilo y la batata conservó su precio de $ 2.000.

La evolución anual refleja una presión todavía mayor: frutas y verduras acumularon un aumento del 59,22% en los últimos doce meses, por encima del promedio general de la canasta alimentaria.

Los productos de almacén aumentaron 3,15%

Los alimentos de almacén registraron un incremento promedio del 3,15% en septiembre. El valor de los productos de esta categoría incluidos en la canasta pasó de $ 274.971,13 en agosto a $ 283.631,62 en el noveno mes del año.

Entre las subas más pronunciadas apareció la mermelada, que aumentó 19,05% y llegó a $ 2.500 por frasco de 500 gramos. El pan, por su parte, se encareció 8,20% y alcanzó los $3.300 por kilo. También subieron el azúcar, un 7,14%, hasta los $1.500 por kilo, y las galletitas saladas, que avanzaron 7,14% y llegaron a $7.500 por kilo.

El aceite mezcla de 900 mililitros pasó de $3.000 a $3.100, una variación del 3,33%, mientras que la cerveza de un litro subió 2,70% y se ubicó en $ 3.800.

En contraste, la leche de un litro permaneció en $ 2.000, al igual que el yogur firme de 190 gramos, que continuó en $ 1.900. La soda de dos litros también mantuvo su precio de $2.000.

La carne se mantuvo estable, pero acumula fuertes subas en un año

La carnicería fue el único de los tres rubros que registró una leve baja mensual. En septiembre, el promedio de sus precios descendió 0,23% y el costo de los productos relevados pasó de $ 258.688,04 a $ 258.082,59.

Sin embargo, el comportamiento de los cortes fue dispar. La carnaza bajó 6,67%, de $ 15.000 a $ 14.000 por kilo, mientras que el asado prácticamente no tuvo variaciones: pasó de $ 17.950 a $ 18.000. La nalga subió 3,09%, hasta los $ 20.000 por kilo, y el pollo aumentó 2,04%, a $ 5.000.

Otros productos mantuvieron sus valores de agosto. La carne picada siguió en $ 12.000 por kilo; el espinazo, en $ 7.000; el hígado, en $ 6.000; y la paleta, en $ 16.500. El pescado también permaneció en $ 12.000 por kilo.

Pese a la estabilidad mensual, la carne acumuló un incremento interanual del 49,89%, una señal de que las variaciones de un solo mes no reflejan por completo la presión que vienen soportando los hogares.

Una familia necesitó más de $ 672.000 para comprar alimentos

El relevamiento del ISEPCI, realizado en 400 comercios de cercanía de 20 distritos del conurbano bonaerense, estimó que una familia de dos adultos y dos hijos pequeños necesitó $ 672.207,28 en septiembre para cubrir la Canasta Básica de Alimentos. En agosto, el mismo hogar requería $ 654.134,68.

La suba mensual fue del 2,76%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,88%. El resultado muestra que, aunque algunos productos —como varios cortes de carne— se mantuvieron estables o bajaron durante septiembre, los aumentos en frutas, verduras y alimentos de almacén continuaron encareciendo la compra cotidiana.

El Destape

Tenía 59 años

Murió Jorge “Locomotora” Castro

El ex campeón mundial de boxeo se descompensó esta madrugada en Morón.

El ex boxeador Jorge “Locomotora” Castro murió este miércoles a los 59 años en la localidad bonaerense de Morón.

El ex campeón del mundo de peso mediano, también conocido como “Roña” Castro, sufrió una descompensación esta madrugada, cuando se encontraba en el Bingo de Morón.

Castro, quien padecía de diabetes, estaba en el interior de la sala de máquinas cuando se descompensó. Personal del bingo pidió asistencia médica, que al llegar al lugar constató el fallecimiento del ex deportista.

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el 18 de agosto de 1967, Castro fue campeón argentino, sudamericano, latinoamericano y seis veces campeón mundial de boxeo.

A lo largo de su carrera profesional, de dos décadas, cosechó 130 victorias y casi un centenar de nocauts. Se consagró a nivel internacional el 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México, cuando logró una remontada épica ante John David Jackson y revalidó su corona.

Desde hace años se dedicaba al trabajo social y solidario, en su gimnasio de la localidad bonaerense de Temperley y en sus cuatro comedores brindaba, además de un plato de comida para quien lo necesitara, bolsones de comida, mercadería y hasta materiales para la construcción, como chapas, puertas y bolsas de cemento.

Meses atrás, en una entrevista con Página 12, contó que debido a la crisis social y económica agravada por el plan del gobierno libertario sus comedores estaban saturados.

“Me da bronca ver cómo está nuestra gente. Este es un país muy rico y mirá la miseria que hay. Tiene que terminar esto, tenemos que cambiar el gobierno. Le dimos la oportunidad dos años y medio”, dijo entonces. Y cuestionó las cifras de pobreza difundidas por Javier Milei: “Cada vez tenemos más gente en los comedores (...) Lo vemos todos. Gente grande que hace cola para recibir un táper de comida. Eso me parte. Los jubilados vienen un montón, gente de 75 años que viene y llora porque no tiene para los remedios. Todos los días me pasa, todos los días”.

Esta situación, comentó, lo empujaba a evaluar su lanzamiento como politíco.“En algún momento me voy a tirar a la pileta, no sé cuándo y no sé si habrá agua en la pileta, pero tengo intenciones y quiero ayudar. Hay mucha gente que necesita y necesita alguien como yo. No quiero comandar la Argentina solo quiero que haya oportunidades iguales para todos”.

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