PLAN C
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos que favoreció a la Argentina en la causa vinculada a YPF y aseguró que la resolución “deja en evidencia años de mentiras” en torno a la nacionalización de la petrolera.
A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que durante años se instaló un “relato impulsado por los fondos buitres” para cuestionar la decisión de estatizar la compañía y obtener beneficios económicos. En ese sentido, cuestionó las críticas que calificaron el proceso como técnicamente incorrecto.
Kicillof también apuntó contra el presidente Javier Milei, quien había hecho referencia al denominado “impuesto Kicillof”. Según el gobernador, esa idea “nunca fue más que una operación” y remarcó que los abogados del Estado argentino defendieron en la causa los mismos argumentos que el oficialismo sostuvo desde el inicio.
El exministro de Economía afirmó que las críticas a la estatización no estaban dirigidas únicamente a su figura, sino que buscaban cuestionar “una decisión soberana” y favorecer intereses extranjeros. Además, consideró que sectores de la oposición “trabajaron siempre para los buitres”.
En su defensa de la medida, Kicillof subrayó que la recuperación de YPF —impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner— fue una de las decisiones estratégicas más relevantes de las últimas décadas y destacó su rol actual como “palanca de desarrollo” para el país.
Por último, el gobernador sostuvo que la empresa energética es clave para enfrentar la crisis global del sector y concluyó: “YPF es de los argentinos. El futuro también”.
El Destape
Un freno a los buitres
El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan anuló una sentencia de 16.100 millones de dólares contra Argentina en el juicio que se le seguía por la estatización de YPF.
El fallo ratifica que el proceso de estatización de la petrolera nacional concretado en 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner y el exministro Axel Kicillof transitó por los carriles de la legalidad y que los reclamos de los fondos buitres fueron infundados.
“Queda revocada la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra Argentina” y “confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF”, dice el fallo dictado tras diez años de litigio.
La decisión desestima la condena contra el Estado nacional y ordena “que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, para finalizar con el trámite.
“El fallo demuestra que teníamos razón en el fondo de la cuestión”, destacaron fuentes cercanas a Kicillof tras el fallo.
La noticia fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien en un escueto posteo escribió: “Ganamos en el juicio de YPF”.
Luego, en un discurso, se dedicó a insultar a los responsables de la expropiación que fue avalada por la justicia estadounidense. “Le hemos ganado a Woodford en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, dijo y atacó: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
Y a continuación adjudicó el fallo favorable a sus constantes viajes a Estados Unidos y a su buena relación con el gobierno de Donald Trump. “Ah pero los viajes de Milei, ah pero el mameluco. Acá está la gestión”, manifestó.
YPF fue estatizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner, luego de un largo proceso de desinversión por parte de Repsol, la privada que la tenía en sus manos. A partir de entonces, la petrolera nacional multiplicó su producción de petróleo y gas natural.
El fallo revoca la indemnización que en septiembre de 2023 había sido dictada por un juez de primera instancia a los exaccionistas de YPF, Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management, por supuestas pérdidas vinculadas a la estatización de la petrolera.
En septiembre de 2023, la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska en Manhattan determinó que Argentina incumplió sus obligaciones con Petersen y Eton Park, y ordenó que les pagara 14.390 millones de dólares y 1.710 millones de dólares respectivamente.
Esas sumas incluían 8.430 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios, más 7.670 millones de dólares de intereses previos al fallo a una tasa del 8 por ciento.
Argentina también apeló recientemente la orden de Preska de junio de 2025 de que entregara las acciones de YPF para satisfacer parcialmente la sentencia de 16.100 millones de dólares. El Segundo Circuito anuló esa orden.
Entre algunos de sus argumentos, el tribunal tomó parte de la fundamentación de los representantes legales de la República Argentina, que sostuvieron que los estatutos de una corporación son “contratos organizacionales plurilaterales” y no generan obligaciones bilaterales que permitan demandas.
En este aspecto, consideró que si aún existiera un contrato bilateral, las demandas están prohibidas por la Ley General de Expropiaciones (LGE) que rige en la Argentina, la cual impide acciones de terceros que “obstaculicen” una expropiación o sus efectos.
En otras palabras, el tribunal hizo valer el argumento que en su momento había sido esgrimido tanto por Kicillof como por Kirchner: ningún tribunal estadounidense puede estar por encima de la legislación argentina ni del Congreso nacional que habilitó la estatización.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan ratificó la desestimación de los reclamos por “promissory estoppel” (doctrina de los actos propios), ya que bajo la ley argentina esta no es una fuente autónoma de obligación cuando ya existe una relación contractual.
Eso sí, el tribunal no se pronunció sobre si el caso debió haberse litigado en Argentina. Y aunque falló a favor, consideró que Argentina violó las promesas de protección al inversor que ella misma había publicitado para atraer capitales en los años 90.
Ahora, el caso fue remitido nuevamente al tribunal de distrito para que se proceda de acuerdo, lo cual anula la responsabilidad indemnizatoria del Estado nacional.
Pagina 12
Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue en el ojo de la tormenta por su crecimiento patrimonial y crece la polémica por el caso $Libra, el gobierno de Javier Milei relevó a la conducción de la Oficina Anticorrupción (OA). A través del Decreto 194/2026, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, oficializó la designación de la doctora Gabriela Carmen Zangaro como nueva titular del organismo, tras aceptar la renuncia de Alejandro Melik.
La nueva titular del organismo que, entre otras funciones, tendrá como misión analizar las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, se especializa en Derecho Penal y es egresada de la UBA. Zangaro integró el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura y tiene formación en Derecho Penal Tributario.
Su llegada se produce tras la dimisión de Melik, un funcionario cercano al exministro Mariano Cúneo Libarona, cuya salida quedó fechada retroactivamente al 13 de marzo. La gestión de Melik había quedado bajo la lupa tras firmar una resolución que recomendaba interpretar las acciones Milei en el caso $Libra como "comunicación individual o privada", minimizando una investigación administrativa previa.
En paralelo a los cambios en la OA, el Ministerio de Justicia renovó la Subsecretaría de Acceso a la Justicia: la licenciada Jimena Belén Capece reemplazó al doctor Tristán Arturo Corradini. La modificación se inscribe en una serie de movimientos impulsados desde la llegada de Mahiques al Ministerio, que comenzó con el desembarco de Alejandro Ramírez en la Inspección General de Justicia (IGJ).
Los cambios en el organismo de control coinciden con las semanas más complejas para Adorni. El funcionario enfrenta cuestionamientos por viajes al exterior y presuntas propiedades que no figurarían en su declaración jurada. Aunque el ministro coordinador sostuvo que su patrimonio se construyó antes de ingresar a la gestión y que "no tiene nada que esconder", la presión mediática y judicial sigue creciendo mientras el Gobierno intenta superar sospechas en la cúpula del poder que empieza a hacer mella sobre la imagen del propio Milei.
La causa judicial contra el exvocero presidencial avanzó recientemente con el testimonio del piloto Agustín Issin Hansen, quien declaró durante cuatro horas en Comodoro Py. En ese marco, se constató que el pago de vuelos privados a Punta del Este fue gestionado por un periodista de la TV Pública y amigo personal de Adorni.
Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo desplegó una estrategia de "blindaje" sobre el jefe de Gabinete. Mientras intenta "pasar la página", el gobierno libertario muestra una agenda de hiperactividad, con reuniones y fotos de respaldo al funcionario cuestionado por parte de ministros y dirigentes importantes. Entre ellos, el de Patricia Bullrich, figura con peso propio dentro de la cúspide del poder libertario.
Para diluir el impacto de las denuncias que pesan sobre Adorni, el Gobierno intenta rodear al jefe de Gabinete con actores políticos influyentes y contraponer anuncios de gestión a las acusaciones de la oposición. Sin ir más lejos, Milei tiene planeado ratificar su apoyo al exportavoz este viernes en una reunión en la que se espera una nueva fotografía para el álbum de defensa política del funcionario.
El Destape
Pidió la nulidad de la pericia a su celular
El trader Mauricio Novelli, nexo entre Javier Milei y el estadounidense Hayden Davis que creó $LIBRA, pidió la nulidad de todo el peritaje realizado a su celular, que fue fuente de importantes revelaciones detrás del lanzamiento de la criptomoneda y otros negocios que comprometen al Presidente y a su hermana. En un escrito invocó el mismo argumento que ya había planteado en una entrevista el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: la teoría de que habría existido una violación a la cadena de custodia y que, por lo tanto, estaría en duda la “fiabilidad” de esa prueba. A su vez, dijo que cualquier otra medida derivada tiene que ser invalidada con la “teoría del fruto del árbol venenoso”. Lo que busca es paralizar la causa y, si fuera posible, hacerla caer.
La defensa de Novelli, en cuya academia Milei daba clases ya en 2021 y a quien ayudó a publicitar otro token ($VULC) que derivó en fraude, invocó publicaciones periodísticas que entendió como producto de “filtraciones” y un sumario interno que abrió la Procuración General de la Nación sobre la actividad de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que estuvo a cargo de la extracción forense de la información de los dispositivos y de una búsqueda en su contenido con palabras claves acordada entre la fiscalía de Eduardo Taiano y las partes. El abogado Daniel Rubinovich pidió el apartamiento de ese organismo de la investigación y la realización de una “auditoria técnica o contraperitaje integral, independiente y exhaustivo” que esté a cargo de otros especialistas. Era previsible. El objetivo sería que determinen si el material disponible es confiable.
Lo que, es evidente, llevó nerviosismo a la Casa Rosada fue la publicación del texto de lo que aparecía como borrador de un posible acuerdo entre Milei y Davis, según el cual este daría asesoramiento en forma exclusiva al gobierno libertario en materia de criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial. El contenido fue publicado primero por el periodista de Clarín Mariano Vidal en enero último. Días atrás la abogada y divulgadora Natalia Volosin mostró la imagen de ese documento que había sido hallado en un mensaje que Novelli se había enviado a sí mismo el 29 de enero de 2025 (lo había borrado pero fue recuperado). Fue un día antes de que el Presidente recibiera a Davis en Balcarce 50. Se sacaron una selfie y la compartieron.
El texto en cuestión formaba parte de un informe preliminar que la DATIP había entregado a Taiano el 17 de noviembre del año pasado, pero que éste se guardó y no puso a disposición de las partes con el argumento de que era provisorio. Tampoco compartió de inmediato el reporte completo, que subió al sistema el 24 de febrero, y recién dos semanas atrás dio acceso a las defensas y querellas a los anexos que contienen todas las comunicaciones.
Está confirmado que el contenido del peritaje de la DATIP no fue alterado. El material tiene un código alfanumérico (llamado “hash”) que se hubiera modificado si tal cosa hubiera ocurrido. Lo que la defensa califica como “filtraciones” que atribuye a al organismo ocurrieron cuando el material ya estaba en la fiscalía de Comodoro Py. Pero, además, el proceso pericial, desde la extracción de información en adelante, tuvo control de las partes a tal punto que Novelli puso su propio perito. Es más, su abogado se había opuesto a que las partes accedieran a la totalidad del material analizado por los peritos y luego desistió.
Contenido explosivo
Después de todo eso, las defensas y querellas accedieron a la totalidad del material. Fue un punto de inflexión porque quedó a la vista que el contenido del teléfono era realmente explosivo y comprometedor para el Gobierno. Algunos de los hallazgos más relevantes son:
El flujo de llamadas frenéticas –por lo menos ocho-- en los minutos previos y horas posteriores al lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, entre Milei y Novelli, entre éste y Karina Milei y también con Santiago Caputo y el exjefe de asesores Demian Reidel.
La aparición de un documento en particular en el “block de notas” del celular de Novelli que parece redondear el acuerdo Milei-Davis por 5 millones de dólares. Incluye un adelanto de 1,5 millones de dólares. El mismo monto por un tuit de Milei (que podría ser el que hizo compartiendo la foto con el estadounidense) donde dijera que Davis o su empresa Kelsier lo asesoraban y 2 millones más en la firma de un convenio con el Presidente y su hermana.
Una decena de documentos adicionales que dan cuenta de la evolución de tratativas en el mismo sentido que muestran que Novelli era la vía de acceso al Presidente, que trabajaba de varias maneras en la monetización de su figura y que funcionaba como puente para negocios de interés del gobierno en criptomonedas, web3, blockchain, finanzas e inteligencia artificial.
Diálogos, videos, audios y documentos que dan cuenta de una relación entre Milei y Novelli de larga data y de que el jefe de Estado y su hermana habrían estado detrás de la organización del Tech Forum, evento que funcionó como escenario de lobby para privados que querían conectarse con la Rosada. Elementos que también dan cuenta de que Novelli también tenía vínculo fuerte con otras personas del entorno presidencial como Agustín Laje y Manuel Adorni.
Elementos que confirmarían la existencia de pagos llamativos en dólares a los hermanos Milei incluso cuando ya habían desembarcado en el Gobierno. Pistas sobre los mecanismos de Novelli para hacerse de cash, con intervención de al menos un financista cripto de confianza (también intermediario en transferencias en dólar cripto que enviaba Davis y llegaban a Novelli y su socio), para dificultar la trazabilidad de los fondos.
Rastros del armado de un entramado de cuentas y sociedades off shore, en Panamá, Estados Unidos y las Islas Vírgenes.
El pedido de nulidad
Para introducir el pedido de nulidad Rubinovich dice que la Procuración detectó que dentro de la DATIP hubo personas que no tenían tareas ligadas al peritaje que accedieron a él e incluso copiaron la información. Por eso se las apartó del organismo y se hizo una denuncia penal. Para el abogado ese hecho implicaría la ruptura de la cadena de custodia, más allá de que la fiscalía ya tuviera en su poder el material. Dice que hay problema de funcionamiento de falta de protección más estructural y que eso mostraría un “caos en la organización” que habilitaría que “empleados descontrolados pudieran manipular el objeto peritado”. A su entender “la integridad, autenticidad, completitud y trazabilidad del material pericial han quedado objetivamente comprometidas a partir de accesos indebidos”.
A la vez se queja de que los peritos hicieron el relevamiento del contenido de los dispositivos de un modo que “desbordó los parámetros de búsqueda fijados” y que incorporó material que no se correspondía con las pautas. Habla de un “exceso de peritaje”. “Se incluyeron ¡8669 páginas de comunicaciones y 4193 archivos!”, observa. Dice que los expertos se tenían que haber limitado a una “operación técnica de localización o descarga” pero hicieron una “actividad materialmente pericial” y “desmedidamente intrusiva”. Por ejemplo: la objeción es que había que buscar diálogos con determinadas personas pero se incluyeron conversaciones donde esas personas eran solo mencionadas. Entre los cuestionamientos habla de material que involucra a Pía Novelli, hermana del trader, que trabajaba con él y que vació su caja de seguridad pos lanzamiento de $LIBRA.
Señala que se afectó la “intimidad de Novelli y los terceros que se vincularían en las comunicaciones” así como el “secreto profesional”. “El descontrol del peritaje y la inclusión de datos privados llevaron únicamente a la directa afectación de la intimidad y el honor del dueño del equipo, sin aportar nada a las presentes actuaciones”, advierte el escrito. “Mediáticamente se ha llegado a la presentación de mi representado como un ‘Cripto Pajero’, mientras que se presentaban mensajes correspondientes a un tercero”, ilustra el texto. Para Novelli y su abogado es un “un cuadro de irregularidades que incide sobre el núcleo mismo de la fiabilidad probatoria”, “incompatible con cualquier presunción seria de indemnidad”, concluyen.
El libreto es el que marcó el Gobierno. La estrategia es similar a la ensayada en la causa ANDIS donde se generó una contra-causa y se trata de invalidar audios que solo dieron pie a la pesquisa. La teoría del fruto del árbol envenenado capaz de afectar a toda una investigación es la que usaron los implicados en el viaje a Lago Escondido, con la que lograron que se cierre el caso. Nada dice que el escenario actual sea el mismo. Lo que es probable es que una discusión por el peritaje logre dilatar los tiempos.
Pagina 12
La Justicia avanza y complica al jefe de Gabinete
Manuel Adorni falla, una y otra vez, en las dos áreas que –se presume– son su expertise: la comunicación y la contabilidad. Probablemente porque su incremento patrimonial y sus exorbitantes gastos serían imposibles de justificar en una planilla de excel o una conferencia de prensa. “Con mi plata hago lo que quiero”, se limitó a decir y evitó explicar cómo se pagó el jet privado que tomó para ir a Punta del Este. La respuesta llegó ayer a la Justicia. El agente que vendió el vuelo confirmó que lo abonó la productora de televisión de Marcelo Grandio --que tiene contratos con el Estado-- y contradijo al jefe de Gabinete, que asegura haberlo pagado él. En medio de estas versiones cruzadas, el juez Ariel Lijo solicitó a la TV Pública que entregue los contratos vinculados al caso. Las denuncias apuntan a dádivas y enriquecimiento ilícito. Para ordenar las investigaciones, además, el magistrado se quedó con la causa que seguía la jueza María Servini por la sospechosa evolución de sus bienes. Adorni aún no pudo aclarar cuántas propiedades tiene. Ante la consulta de Página/12, el miércoles señaló que todo está en regla, aunque segundo después admitió que vive en un departamento en Caballito, que no figura en su última presentación ante la Oficina Anticorrupción. Se trata de una vivienda que a valor de mercado cuesta más de 300.000 dólares. Con esa confesión, el jefe de Gabinete extendió su lista de inmuebles a cuatro: dos que figuran en su declaración jurada y dos que no están registrados. El vocero, mientras tanto, resiste en el cargo y hoy se mostrará en público con Javier Milei.
El piloto Agustin Issin Hansen se presentó por voluntad propia en Comodoro Py para confirmar que Adorni no pagó el jet privado de ida y vuelta a Punta del Este durante los días de carnaval. El argentino de 46 años, que reside en Uruguay y se dedica a la reventa de vuelos, declaró como testigo durante casi cuatro horas. Fuentes judiciales le contaron a Página/12 que ratificó que el viaje fue abonado por Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública.
Respecto al tramo de ida, Issin señaló que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. (la empresa de viajes) y la productora Imhouse SA. de Grandio. Si bien no especificó cuál fue el monto, afirmó que se abonó mediante una transferencia bancaria. Ese traslado, se supo la semana pasada, costó 4.830 dólares.
En cuanto al tramo de regreso, el piloto brindó algunas precisiones más. En esta venta, el agente de vuelos participó como intermediario entre la empresa de aeronaves y el amigo de Adorni. El pago –dijo– se realizó en efectivo a través de un enviado de Grandio llamado “Horacio”. Para respaldar esta versión, aportó mensajes y audios de Whatsapp.
Sobre esa operación hay varios puntos que no cierran. La reventa a Grandio fue por 3.000 dólares --una cifra muy por debajo del costo original– y la factura, llamativamente, está fechada el 9 de marzo, varias semanas después del vuelo. Justo ese día el escándalo comenzó a tomar estado público. Según Issin, el precio original era de 4.800 dólares, pero acordó con Grandio una reducción por la cantidad de plazas vacías. La fecha atrasada de la factura la justificó diciendo que se demoró en confeccionarla porque se encontraba de viaje. Son todos elementos que aumentan las sospechas del caso.
De acuerdo al relato de Grandio, el viaje lo costeó el jefe de Gabinete, aunque él realizó la compra. “Lo pagó con plata del Estado. Me lo pagó a mí y yo le pagué a la compañía”, aseguró el amigo de Adorni cuando estalló el escándalo. En la conferencia del miércoles, el funcionario, ofuscado y nervioso, se sumó a ese guión. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, lanzó. Sin embargo, ninguna de las facturas están a su nombre. ¿Cómo lo pagó? Consultado por los acreditados en Casa Rosada, prefirió no dar detalles. Se victimizó e increpó a los periodistas. “No tengo por qué explicar una transacción privada. Vos no sos juez”, respondió.
Lo cierto es que la productora del conductor de televisión tiene contratos con el Estado. Por ende, el abono del viaje podría ser entendido como una retribución de favores, una dádiva. El juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación, tomó medidas en ese sentido. A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, le solicitó a la TV Pública que le entregue todos los contratos que tiene con la firma Imhouse de Grandio. Caso contrario, podría requerir que allanen las oficinas.
Lijo, además, se quedó con la causa por el patrimonio de Adorni que tenía la jueza Servini. De esta forma concentrará las dos investigaciones. El otro expediente que enfrenta el funcionario está en manos del juez Daniel Rafecas por el viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York.
El argumento del vocero fue que su pareja ya tenía el pasaje comprado para el 26 de febrero, en una línea comercial, pero que a raíz de un cambio de agenda decidieron que vaya con la comitiva oficial. “La invitó el Presidente”, se excusó. Ese pasaje es otro gasto muy difícil de explicar, 5.348 dólares, en el mismo mes en que erogó 8.000 dólares para ir unos días a Punta del Este. Los números no cierran. Sobre todo, teniendo en cuenta que en ese momento cobraba 3.500.000 de pesos.
“Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, dijo Adorni y segundos más tarde dio a conocer que ya no reside en el mismo lugar que habitaba antes de ser designado vocero presidencial. Se mudó de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, a un departamento en la calle Miro al 500, la zona más cara de Caballito. Respecto a esta propiedad hay dos puntos atendibles. Primero, que no figura en la declaración jurada. Sin mencionarlo, el jefe de Gabinete deslizó que lo incorporará en la próxima presentación, aunque no brindó mayores detalles. ¿Llegará a mitad de año? Segundo, a precio de mercado, el inmueble costaría más de 300.000 dólares. Es una cifra que sería incompatible con los ahorros declarados por el funcionario (48.000 dólares) y muy difícil de justificar si se tiene en cuenta que no vendió ninguna otra propiedad.
En los documentos oficiales solo aparecen el departamento de Parque Chacabuco, cuya titularidad comparte con su esposa Bettina Angeletti, y el de La Plata, que figura como “donación”. Nada dice de la vivienda en Caballito. Tampoco de la casa en el country Indio Cua, ubicada a unos metros de la cancha de golf y a unas cuadras de la caballeriza del club. Esa propiedad oscilaría entre 129.000 y 249.000 dólares. Las expensas, a nombre de su pareja, rondan los 700 mil pesos.
Todo esto, Adorni no lo negó en la última conferencia. Solo intentó bloquear las preguntas de los periodistas bajo el argumento de que brindar precisiones podría entorpecer los procesos judiciales en curso. Lo único que sí desmintió es el trascendido que hablaba de otra vivienda de al menos 500 mts2 en la localidad de Martínez. “Me inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares”, se quejó y lo englobó en una “operación política” en su contra.
La crisis institucional que se desató hace tres semanas por el viaje de Bettina Angeletti a Nueva York no encuentra techo. La foto viralizada del jefe de Gabinete y su pareja visitando la tumba del rebe Lubavitch, el jet privado a Punta del Este y las propiedades no declaradas le quitaron al Gobierno el dominio de la agenda pública. “Para mí la discusión está terminada”; lanzó el miércoles desesperado, aunque sus explicaciones no convencen ni a sus compañeros de espacio. Milei, sin embargo, lo sostiene en el cargo. Incluso hoy lo volverá a ubicar a su lado en una actividad pública. El relato de la austeridad y la “moral como política de Estado” se cae en picada.
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Tras la votación, fuentes en la asamblea afirmaron que hubo festejos y aplausos de parte de quienes apoyaron la medida. Sólo tuvo tres votos en contra: Israel, Estados Unidos y Argentina. En paralelo algunos países europeos, incluidos España, Portugal, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, optaron por la abstención durante la votación. Ninguno de ellos prestaron declaraciones tras la aprobación de la moción.
El nuevo presidente chileno José Antonio Kast retiró el martes el apoyo de Chile a la candidatura de la ex presidenta socialista Michelle Bachelet para la secretaría general de la ONU. La ex mandataria chilena fue postulada meses atrás por el gobierno de Gabriel Boric, en conjunto con México y Brasil, en febrero. "La dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación", aseguró la Cancillería chilena en un comunicado.
Durante la campaña electoral, Kast había dejado entrever que no apostaba por ella por las señales de oposición a su candidatura expresadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. Pese al giro del nuevo Gobierno, la candidatura de Bachelet continúa, según lo confirmó ella misma en un comunicado posterior. Y a pesar de no contar con el apoyo de su país, la ex presidenta todavía puede seguir con su campaña dado que mantiene el apoyo de las otras dos potencias latinoamericanas: México y Brasil.
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