10 de junio de 2026

Se van multinacionales y llegan marcas internacionales

Shell, Mercedes-Benz y Telefónica vendieron activos o dejaron el país, mientras avanzan marcas de importados, como Miniso, H&M y Armani, y los autos chinos. La apertura comercial de Milei debilita la estructura socioproductiva y golpea el empleo industrial. El resultado es una economía de enclave, con pocos ganadores y una mayoría desconectada de sus beneficios. 

Shell, una de las mayores petroleras del mundo, es la más reciente multinacional que decidió abandonar el país al vender sus activos vinculados al despacho de combustibles en estaciones de servicio. Al mismo tiempo, Miniso, firma de origen chino, es la última marca internacional que desembarcó en el mercado con un local en la calle Florida y otro en el centro comercial DOT Baires Shopping.

En el mismo período, unas 40 marcas internacionales ingresaron o concretaron su regreso al mercado de consumo local. Este es uno de los ciclos más intensos de apertura comercial desde la década de 1990.

Este movimiento empresarial es una guía extraordinaria para comprender, sin necesidad de recurrir a las complejidades del análisis económico, las características del modelo de desarrollo impulsado por Javier Milei. Es una economía que desalienta la inversión de capitales del exterior en activos físicos y fomenta las importaciones de productos de consumo masivo. 

La consecuencia inmediata de esta reconfiguración del mercado es el debilitamiento de una economía articulada mediante eslabonamientos productivos, con efectos negativos sobre pequeñas y medianas empresas. La construcción de una estructura productiva compleja es reemplazada por el fomento de las importaciones de bienes de consumo final, en especial las destinadas a grupos sociales de poder adquisitivo medio y alto.

Telefónica de España, Mercedes-Benz y Procter & Gamble, entre otras multinacionales, también abandonaron la Argentina, al igual que la anglo-holandesa Shell. En varios casos, la salida formó parte de una reestructuración global de sus negocios. La persistente inestabilidad económica inclina la balanza cuando aparecen oportunidades de obtener rentabilidades elevadas en otros mercados. 

A la vez, Dolce & Gabbana, H&M, Victoria’s Secret, entre otras marcas internacionales, aprovechan las reglas de juego que ofrece la apertura comercial irrestricta del proyecto liberal-libertario. A diferencia de las multinacionales industriales que se retiraron, las marcas internacionales que llegan no montan plantas productivas. Además, casi ninguna de las marcas que llegaron, como Armani Exchange, Decathlon, lo hizo arriesgando capital propio mediante filiales directas. El desembarco se concreta a través de grupos económicos locales, como Grupo One de Manuel Antelo, Leuru Group o el Grupo Tucci, que compran la licencia de distribución. Aunque el consumo masivo sufrió un fuerte retroceso por la pérdida del poder adquisitivo, los sectores de ingresos medios-altos y altos conservan su capacidad de gasto. 

Multinacionales Marcas Internacionales
Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, un total de 16 multinacionales vendieron activos estratégicos o completaron su salida del país .Imagen: ChatGPT.

Un caso emblemático: los autos 

El mercado automotor argentino atraviesa una acelerada transformación impulsada por la apertura económica, la baja gradual de aranceles y la desregulación de importaciones. Esta flexibilización facilita el desembarco masivo de terminales chinas, con más de 20 marcas activas, como BAIC, BYD, Haval y Chery, entre otras,  que avanzan en los segmentos de SUVs y vehículos híbridos y eléctricos. 

El ingreso de los vehículos importados se concreta en un escenario económico de fragilidad del poder adquisitivo de la mayoría de la población. Los últimos datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) son contundentes para la industria local.

En mayo pasado, la producción nacional registró una demoledora caída interanual del 21,5%, hasta alcanzar apenas las 37.762 unidades fabricadas. El balance acumulado entre enero y mayo arrojó un retroceso del 19,3% con 167.629 vehículos producidos. En cuanto a las ventas mayoristas destinadas al mercado interno a través de la red de concesionarias, las automotrices locales entregaron 35.979 vehículos en mayo. De este modo, el acumulado de los primeros cinco meses consolidó un desplome del 23,1%, con 184.033 unidades despachadas. 

Mientras se profundiza este retroceso de las terminales locales, los autos de origen chino registran niveles inéditos en el patentamiento nacional. Ya representan cerca del 20% del total de patentamientos de unidades nuevas, con firmas como BYD escalando posiciones hasta ubicarse entre las diez marcas más elegidas. 

El modelo Terminator de Milei

La experiencia económica argentina ofrece suficientes antecedentes como para no sorprenderse ante los resultados de la estrategia aperturista del plan de Milei. Se sabe que el desplazamiento de la producción nacional por bienes importados genera un impacto negativo en el entramado laboral y social. 

La caída de la actividad industrial, como ocurre en el sector automotor, se traduce de forma directa en suspensiones, despidos y los cierres definitivos de pequeñas y medianas empresas que integran la cadena de valor local.

En la industria automotriz, cada puesto directo destruido en una terminal repercute con un efecto multiplicador sobre la red de proveedores metalúrgicos y talleres locales. Esta destrucción de empleo formal y calificado no es compensada por los nuevos puestos generados en los sectores de logística, distribución y comercialización de la red de autos importados.

Desde diciembre de 2023, el complejo automotor registró una pérdida de entre 7.500 y 9.000 puestos de trabajo directos. A esta caída se suman entre 25.000 y 30.000 empleos indirectos afectados en toda su cadena productiva.

El sector autopartista es el eslabón más vulnerable de la cadena. Según los datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la fuerza laboral del sector cayó de 53.700 puestos en 2024 a 49.600 en 2025, consolidando una pérdida neta de 4.100 empleos directos en un año. Las proyecciones de la entidad para el primer semestre de 2026 sostienen la tendencia a la baja ante la cancelación anticipada de modelos locales.

En  las terminales, la reducción de la plantilla se estima en más de 3.500 operarios directos. El ajuste se ejecutó mediante la apertura de programas de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, no renovación de contratos y la eliminación de los segundos y terceros turnos de producción en las plantas de General Motors, Toyota, Volkswagen y Stellantis

Especialistas del sector explican que, por cada puesto directo que desaparece en una línea de montaje automotriz, el efecto multiplicador destruye entre 3 y 4 empleos indirectos en la economía. El panorama es todavía más inquietante para los trabajadores porque, para evitar que la cifra de despidos abiertos sea aún mayor, los sindicatos del sector (SMATA y UOM) han negociado con las cámaras empresariales esquemas de suspensiones rotativas programadas. Así, miles de trabajadores continúan empleados, pero sufren una reducción del 25% del salario bruto, como en la planta de General Motors de Alvear, mientras las plantas frenan su producción una o dos semanas por mes para regular el stock. 

Javier Milei Importaciones
El modelo de desarrollo de Javier Milei es una economía que desalienta la inversión de capitales del exterior en activos físicos y fomenta las importaciones de productos de consumo masivo.

Las cuentas fiscales bajo tensión

Desde la perspectiva económica, la apertura importadora sin un sistema de compensaciones y orientación modifica en forma radical la matriz productiva y profundiza el proceso de desindustrialización. 

Al sustituir la fabricación local por productos terminados del exterior, se pierde el valor agregado nacional y la capacitación de mano de obra especializada. En el corto plazo, la mayor oferta importadora beneficia a los consumidores con precios más bajos y mayor variedad. En el mediano plazo, erosiona el poder adquisitivo general por la falta de dinamismo económico. 

Además, la dependencia extrema de insumos y bienes finales importados genera vulnerabilidad cambiaria y presiona sobre la balanza comercial y las reservas internacionales ante una eventual reactivación fuerte del consumo.

En el plano fiscal, el impacto en las cuentas públicas tiene un doble efecto. Por un lado, el Estado contabiliza una caída en la recaudación de impuestos ligados a la actividad y la producción local. Por otro, aumenta la recaudación de derechos de importación, pero ese incremento no compensa la caída. 

Este esquema de financiamiento al fisco queda atado a la evolución del comercio exterior y altera la relación con las provincias, ya que los impuestos a la importación son recaudados por el gobierno nacional y no se coparticipan, mientras los impuestos que retroceden son coparticipables. 

El país de Milei es para pocos

En definitiva, en este proceso de destrucción del entramado productivo local, el aspecto relevante no es la nacionalidad de las empresas que llegan o se retiran. El punto central es la calidad de la inserción de esos capitales en la economía. No produce el mismo efecto una inversión que instala una fábrica, incorpora tecnología y desarrolla proveedores que otra destinada a importar bienes terminados y comercializarlos a grupos sociales de ingresos medios-altos y altos. 

La apertura comercial indiscriminada también modifica las relaciones de poder dentro del bloque de poder económico. El retroceso de ramas industriales reduce la influencia de los sectores interesados en un mercado interno dinámico, mientras ganan espacio los grupos vinculados con las finanzas, los recursos naturales y la comercialización de bienes importados. No se trata solamente de una transformación económica. Es una reorganización política que consolida una estructura productiva con pocos actores ganadores, desconectados de la suerte de la mayoría de la población.

El experimento liberal-libertario no está diseñando una economía moderna y competitiva. Está acelerando la construcción de una economía de enclave, con sectores exportadores dinámicos, consumo importado para una franja minoritaria y un tejido productivo nacional cada vez más débil.

El Destape

Marcha, declaraciones y expresiones de apoyo

A un año de la condena y proscripción de Cristina Kirchner

Luego de que CFK anunciara su intención de ser candidata a legisladora bonaerense, el 10 de junio de 2025 la Corte Suprema confirmó el fallo de la cuestionada Causa Vialidad. A las 16 habrá una concentración frente a San José 1111.

Este miércoles se cumple un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia --en realidad el máximo tribunal decidió no tratar el caso--, que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner. El 17, es decir el miércoles que viene, se cumplirá un año del día que se hizo efectivo el arresto domiciliario. El kirchnerismo planificó actividades para ambas jornadas. Este miércoles habrá una conferencia de prensa a las 13 en el Senado de los bloques de diputados y senadores en el que van a anunciar que enviarán una carta a la CSJN en la que denunciarán las condiciones de detención y pedirán que arbitre para ponerle fin a “esta situación irregular”. A las 16, en tanto, habrá una concentración frente a la casa de San José 1111 y el 20, a las 15, realizarán un “banderazo” en Parque Lezama, tal como hicieron el año pasado.

Los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti hace un año rechazaron el recurso de queja que les había llegado en marzo de 2025 y, el 10 de junio, dictaron la resolución de apenas 10 páginas que determinó la prisión de CFK. El 17 el arresto se hizo efectivo. Desde los bloques “UxP” y “Justicialista” reclamarán este miércoles a las 13 en el Salón Provincias Unidas “la injusta condena, la persecución y la proscripción”, y denunciarán que las condiciones de detención de CFK son “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”.

Además, habrá un reclamo explícito por el accionar del Poder Judicial que, como señalarán en el documento que presentarán una vez finalizada la conferencia ante la Corte Suprema de Justicia, “se trata ni más ni menos que de la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos”.

Al final del escrito manifestarán que “la democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político. Cuando una decisión judicial priva de libertad, inhabilita de por vida y restringe la vida política de una dirigente política, la afectación alcanza al derecho del pueblo a elegir, a la competencia electoral y a la soberanía popular”.

El foco de la conferencia y del reclamo de los legisladores estará puesto en las condiciones de detención de CFK en base a un informe que se realizó luego de obtener contestaciones de pedidos de acceso a la información pública que distintos consejeros y diputados nacionales presentaron ante el consejo de la magistratura.

Allí, los legisladores requirieron información sobre diferentes aspectos relacionados a las condiciones impuestas para los detenidos con prisión domiciliaria en el ámbito de la Justicia Federal con competencia penal en todo el territorio nacional. Y, luego, lo compararon con la situación de detención actual de la expresidenta.

En base a esas contestaciones supieron que de un total de 2.513 detenidos con prisión domiciliaria, sólo el 23,96% de los casos con información disponible utiliza tobillera electrónica, porcentaje que desciende al 19,54% si se toma el universo total informado. Además, apenas el 1,76% de los detenidos registra restricciones de visitas, lo que implica que el 98,24% puede recibir visitas sin limitaciones específicas.

En el caso de los detenidos por narcotráfico, el informe señala que las restricciones son aún más bajas. De 1.280 personas con prisión domiciliaria por este tipo de delitos, sólo en ocho casos —equivalentes al 0,86%— se reportaron restricciones en el régimen de visitas. A su vez, el 42,73% de los detenidos cuenta con permisos de salida, tanto habituales como especiales, incluyendo autorizaciones para trabajar, estudiar, tratamientos médicos o actividades familiares.

Respecto de los condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, el documento sostiene que únicamente el 44,12% utiliza tobillera electrónica. Además, el 84,38% de los casos relevados no presenta restricciones de visitas y el 56,25% posee permisos de salida.

La dos veces presidenta puede recibir visitas de dos horas solo dos días a la semana. Además, solo puede recibir a tres personas, como máximo, por día, para distribuir en las dos horas correspondientes.

El sábado 20 de junio, día de la bandera, el kirchnerismo organiza un banderazo que tendrá cita a las 15 en el Parque Lezama. Los organizadores aún están definiendo cómo será el evento y quiénes serán los oradores. Aún les falta pulir detalles. Sin embargo, es muy posible que se reproduzca un audio de CFK.

El año pasado organizaron un evento de características similares. En realidad, en aquella ocasión estaba planificado que se realice un acto por el día de la bandera en la puerta de la casa de San José. Sin embargo, la jornada arrancó con un desmedido operativo de seguridad montado por la entonces ministra de esa cartera, Patricia Bullrich. Ante la imposibilidad de realizar el evento allí, CFK pidió “sabiduría y templanza” y propuso redireccionar la concentración hacia el auditorio del Parque Lezama.

Ese día habló en Parque Lezama Máximo Kirchner y ella envió un mensaje de voz en el que puntualizó: “esta nueva etapa exige nuevas actitudes y exige también mucha sabiduría, mucha creatividad, mucha templanza y mucho, pero mucho coraje para organizar, para clarificar y para volver”.

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Los malabares de los Adorni: adhirieron al régimen de “inocencia fiscal”

El jefe de Gabinete y su esposa ingresaron al plan que impulsó el gobierno de Milei para blanquear ingresos y activos no declarados. La decisión se da en la antesala de la demorada presentación de la declaración jurada de Adorni y en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En medio de la expectativa por la inminente presentación de su declaración jurada de bienes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitaron la adhesión al régimen de inocencia fiscal.

En una jugada que camina al borde de la complicidad, podrán blanquear el dinero no declarado que tenían en su poder y hasta modificar sus declaraciones juradas anteriores al fisco. Desde el entorno de Adorni dejaron trascender a algunos medios que con la maniobra no planean regularizar “dinero del colchón”.

El pedido de adhesión de Angeletti fue formalmente presentado el 31 de mayo pasado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para que a través de ese mecanismo de regularización tributaria creado por el gobierno de Javier Milei a través de la Ley 27.799 pueda ingresar al sistema bancario dinero que no podría justificar. Manuel Adorni hizo lo propio ayer mismo.

La Inocencia Fiscal de Milei y Adorni

La legislación que impulsó el Gobierno crea un Régimen Simplificado de Ganancias a través del cual el contribuyente confirma o modifica una declaración jurada precargada y, en caso de estar de acuerdo, paga el monto correspondiente. Esto genera un “efecto liberatorio” que impide que el fisco revise las declaraciones previas, salvo que se detecte una “discrepancia significativa” mayor al 15 por ciento entre lo declarado y lo que en teoría corresponde.

Si bien este Régimen es para quienes tienen ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos, los contribuyentes podrán ingresar dinero al sistema bancario por fuera de eso, sin justiticar ante ARCA de dónde proviene. El patrimonio neto de quien se adhiera nunca podrá superar los 10 mil millones de pesos.

El patrimonio de la esposa de Adorni

Según la información revelada por el diario La Nación, la constancia de adhesión de Angeletti no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799, debido a que es información está resguardada por el secreto fiscal.

La esposa del jefe de Gabinete salpicado por el escándalo de las inconsistencias entre sus gastos exorbitantes y sus ingresos como funcionario público está inscripta como trabajadora autónoma desde abril del año 2017 dentro del rubro de “actividades profesionales, científicas y técnicas”.

Si bien revocó su condición de monotributista durante un largo período, hasta octubre de 2025 no había formalizado sus altas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias. Y cuando su marido se convirtió en funcionario, pasó a integrar la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP).

Estos movimientos cobran relevancia debido a que se produce en la antesala de la presentación de las declaraciones juradas del jefe de ministros, presionado por el escándalo que en las últimas semanas bajó el volumen mediático pero sigue siendo una de las causas que más daño político le hizo al gobierno.

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Debería presentarse como arrepentido no como inocente fiscal.¿se puede presentar con una causa en tramite?, me parece que se  acordo tarde.

9 de junio de 2026

Un documento clave en el cripto escándalo

El informe de la Policía Federal que contradice la versión de Javier Milei en la estafa $LIBRA

Un peritaje preliminar de Cibercrimen de la PFA concluyó que el contrato para comprar la criptomoneda se hizo público por primera vez a través del tuit del Presidente, en contraste con su afirmación de que la información ya circulaba en internet.

Irina Hauser

Un informe preliminar de Cibercrimen de la Policía Federal confirma que el tuit de Javier Milei del 14 de febrero de 2025 fue el primero en hacer público el contrato inteligente para comprar $LIBRA, lo que contradice el relato del Presidente, quien afirmó que lo había copiado de Internet, como si hubiera sido público. Pero antes de su publicación, no se podía comprar. El análisis señala que una única billetera creó esa criptomoneda y pertenece a Kelsier Ventures, la empresa de Hayden Davis. “Esto implica que Milei no pudo saber nunca de la existencia de $LIBRA si no estaba involucrado de antemano con el equipo creador”, señaló a Página/12 Martín Romeo, uno de los querellantes. En esa línea, todo hace suponer que el Presidente habría sido parte, con su posteo, del lanzamiento que se convirtió en estafa. Es más, según uno de los textos de los contratos hallados en el celular del trader Mauricio Novelli, que ofició de nexo entre Milei y Davis, había una tarifa proyectada por un tuit del mandatario de 1,5 millones de dólares como parte de un trato por 5 millones.

El “informe técnico” enviado por la Dirección General de Cibercrimen a la fiscalía de Eduardo Taiano, al que accedió este diario, explica el proceso de creación de $LIBRA y las formas en que podía ser adquirido. Es un anticipo de un estudio más amplio que, con anterioridad, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración había notificado que no podía realizar por carecer de las herramientas, es decir, el software necesario por falta de recursos. El resto del estudio, se espera –aunque no está claro que vaya a suceder—que eche luz sobre donde fueron a parar los giros que hizo Davis el mismo 30 de enero que visitó a Milei en la Casa Rosada y otros más cercanos a la aparición de $LIBRA (el 3 y el 13 de febrero). Lo que se busca es la “desanonimización de las Team Libra Wallets”.

“En tal sentido, el momento de la publicación del token, el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial, dependen de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”, dice el informe que suscribe la subinspectora María de los Ángeles Crespo, y que tiene fecha del 21 de mayo, pero apareció ahora en el sistema donde las partes pueden leer la causa.

La traducción de esa explicación técnica es que al ser un token emitido directamente en la blockchain (que funciona como una suerte de registro de transacciones) y no a través de otro tipo de plataforma, solo podía acceder a $LIBRA quien la creó o a través de la información del proyecto, que en este caso estaba en una página web llamada “Vivalalibertadproyect” (que ya no existe más). Esa página mencionada estaba en el posteo de Milei. El sitio web recién agregó el contrato después de la aparición del tuit, que fue a las 19.01 de aquel día de los enamorados.

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La Justicia caratuló el caso como "muerte dudosa"

Encontraron muerto a un socio de Martín Menem

Un contador y directivo de una de las empresas de la que es propietario Martín Menem fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro bajo circunstancias que aún no fueron determinadas. El presidente de la Cámara de Diputados pidió “aguardar el esclarecimiento de los hechos” y la Justicia caratuló el caso como “muerte dudosa”.

Se trata de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un hombre de 46 años, de nacionalidad venezolana y directivo de Gen Tech Argentina SA, la empresa de suplementos dietarios creada por la familia Menem.

Según los relatos del caso, desde el sábado pasado el hombre no respondía los mensajes ni llamados que el propio titular de la Cámara baja le había enviado, motivo por el cual este le pidió a un allegado y también socio de esa compañía que averiguase lo que ocurría.

Este allegado tenía la llave del departamento de Osorio Peñaloza y cuando recién al día siguiente (domingo) fue al piso 8 del edificio ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, encontró al contador fallecido.

Inmediatamente dio aviso a Martín Menem, quien llegó al lugar en moto, y luego de las alertas llegó la policía; es decir que las primeras versiones indican que cuando los agentes llegaron a la vivienda del empresario muerto, ya estaban allí el presidente de la Cámara de Diputados y su otro socio de Gen Tech.

La versión de Martín Menem

Ante las versiones que incluyeron suspicacias sobre el hecho, Menem publicó un posteo en sus redes sociales que contradice la información de los primeros testimonios del caso.

“Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad”, escribió el legislador.

Agregó que estuvo allí “mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes” y sostuvo que su presencia en el lugar “respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”.

Quién era el socio de Menem que encontraron muerto

Si bien Osorio Peñaloza era contador, ocupaba cargos de responsabilidad en la empresa de productos de nutrición que provee a la Selección Nacional de fútbol y que, a la vez, había sido socia de la Suizo Argentina, la droguería vinculada al escándalo de coimas con la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El fallecido empresario también era socio de Martín Menem en Insulow SRL, otra empresa que también comercializa suplementos nutricionales y productos dietarios.

La causa que es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, a cargo de Eduardo Cubría, fue iniciada bajo la calificación de “muerte dudosa”, un procedimiento habitual hasta que se determinen los motivos del fallecimiento luego de los peritajes correspondientes.

De hecho, todavía se aguardan los resultados de la autopsia y otras medidas que se realizaron en el lugar de los hechos para establecer qué ocurrió con el directivo de Gen Tech.

Martín Menem pidió “a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento”, aunque no aclaró cuáles.

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Boletín Oficial

El tiro de gracia para Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados

Tras haber vaciado los programas de fomento al consumo, el Gobierno derogó las normativas que los regulaban. También eliminó definitivamente la obligatoriedad de que los colegios privados informen sus aranceles.


El Gobierno derogó 58 normas vinculadas al comercio interior entre las que se destacan las normativas de los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados junto con las regulaciones que obligan a las escuelas privadas a notificar sus aranceles.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial.

Desde el Ejecutivo argumentaron que las derogaciones “buscan contribuir a una mayor claridad del marco legal y, a su vez, facilitar la interpretación de la normativa estatal, eliminando ambigüedades regulatorias y reduciendo la incertidumbre jurídica”. En los considerandos oficiales, se explicó que las resoluciones y disposiciones eliminadas habían perdido vigencia, carecían de objeto o generaban distorsiones en el mercado.

Ahora12, Cuota Simple y Precios Cuidados

Con la publicación de hoy quedaron eliminadas definitivamente 30 normativas de Ahora 12 y Cuota Simple, junto con una normativa accesoria al programa Precios Cuidados.

Al respecto, en el texto oficial se argumentó que “han perdido vigencia los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga”. Es decir que el Gobierno primero vació y discontinuó esos programas para ahora poder eliminarlos definitivamente.

Según la Casa Rosada, “la no renovación de dichos programas se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital”.

El programa Ahora12 ofrecía financiamiento en hasta 12 cuotas para las compras en distintos rubros, con una tasa subsidiada. Al asumir Javier Milei fue reemplazado por Cuota Simple, que permitía los pagos en 3 o 6 cuotas con mayores intereses que su antecesor.

Precios Cuidados, en tanto, fue una política que reunía una canasta de productos sobre los que se acordaban revisiones trimestrales y aumentos mensuales. El programa cambió en 2022 hacia Precios Justos, pero también fue eliminado con la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Aumentos de escuelas privadas

Este martes también se derogaron cuatro normativas que obligaba a instituciones privadas de enseñanza a notificar anticipadamente sus aranceles, ya que según el Gobierno incentivaba “la distorsión de precios al fijarse aumentos preventivos y arbitrarios por parte de los colegios”.

En esa línea, remarcó que la obligación informar los valores con antelación y contar con el aval gubernamental para aplicarlos “limitaba su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado, impidiendo que estos ajusten sus precios en función de la realidad económica y los costos operativos, creándoles asimismo una situación de incertidumbre económica”.

Al adoptar esa política el Gobierno prometió que redundaría en menores aranceles, pero las cuotas de los colegios privados mantienen una senda ascendente. En el último Índice de Precios al Consumidor del Indec el rubro Educación registró un alza del 4,2%, muy por encima del índice general (2,6%).

Trigo sin control de precios

En las resoluciones de hoy, además, se dieron de baja 22 normativas del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un mecanismo de intervención directa que buscaba controlar precios en la cadena triguera.

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El secretario Cordero convocará a negociar 150 convenios colectivos “vencidos” bajo la nueva ley

Casa Rosada acelera el desmantelamiento de la organización sindical

La discusión entre empleadores y trabajadores podrá ser por empresa y región, marginando a la disputa por rama y actividad.


Con la reforma laboral en sus manos, el Gobierno de Javier Milei acelera la embestida que apunta a desmantelar la organización sindical de los trabajadores y profundizar la degradación de los derechos laborales.

La Secretaría de Trabajo comenzará a convocar a cámaras empresarias y gremios a renegociar unos 150 convenios colectivos vencidos, cuyas nuevas clausulas estarán bajo la desregulación impuesta en la llamada ley de “modernización laboral” y que abre las puertas a la creación de sindicatos y negociación por empresa; salarios “dinámicos” atados a la productividad; y la creación del “banco de horas” que termina con las horas extras.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) advierten que la medida busca debilitar derechos laborales y avanzar sobre uno de los pilares históricos del modelo sindical argentino.

Fin de la ultraactividad

Con el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial el pasado 1 de junio, el Gobierno reglamentó parte de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, con cuya implementación el Gobierno ultraderechista sostiene que permitirá incorporar nuevas modalidades laborales y adaptar los convenios a las transformaciones tecnológicas y productivas. Del otro lado, la CGT denuncia una ofensiva destinada a flexibilizar condiciones de trabajo y erosionar derechos conquistados durante décadas.

El nuevo paso es que el secretario de Trabajo y ex abogado laboralista del Grupo Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Julio Cordero, encabezará las convocatorias para revisar los acuerdos cuyo plazo original de vigencia ya expiró.

En principio, la medida alcanzaría a unos 150 convenios colectivos, pero la intención es avanzar progresivamente con la totalidad de los convenios alcanzados por la reforma.

Uno de los cambios más sensibles de la Reforma e incluida en el decreto reglamentario está vinculado a la ultraactividad, principio que garantizaba la continuidad de un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Aunque la nueva legislación mantiene vigentes determinadas cláusulas vinculadas a las condiciones laborales, deja sin efecto otras disposiciones sobre la organización sindical, como los aportes solidarios y otros mecanismos de financiamiento de las organizaciones gremiales.

El Abogado de la CGT, Gustavo Ciampa, salió al cruce del argumento oficialista al sostener que durante las últimas dos décadas existió negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades y que los acuerdos fueron modificándose de acuerdo con las necesidades planteadas por trabajadores y empleadores.

Negociación por empresa y “salario dinámico”

La reglamentación también abre la posibilidades de una negociación colectiva por empresa o región, otorgándole prioridad sobre los acuerdos nacionales. Una medida que busca relegar y atomizar uno de los ejes que fortalecía la organización sindical: convenios y negociaciones salariales basados en acuerdos generales por rama de actividad y centralizadas entre sindicatos con personería gremial y cámaras empresarias.

El decreto 407 también incorpora cambios en materia de representación sindical. Entre ellos, reduce los requisitos de afiliación necesarios para disputar la personería gremial dentro de una empresa. Una medida que numerosos dirigentes interpretan como un intento de fomentar sindicatos de empresa y fragmentar la representación de los trabajadores.

Una aseveración de la que no deja dudas la ley. Antes, para que un sindicato obtuviera la personería gremial debía acreditar una afiliación del 20 por ciento de los trabajadores que intentaba representar. Cualquier otro sindicato que quisiera disputar esa personería gremial, debía superar no solo esa representación del 20 por ciento de los trabajadores sino que en el último semestre debía demostrar un 10 por ciento más de afiliados cotizantes. Ahora, la nueva reglamentación baja el umbral del 20 al 5 por ciento, lo que facilita la creación de sindicatos de empresa y su reconocimiento legal.

Además de la posible descentralización de la discusión colectiva, la reforma incorpora otras variables a la negociación como el denominado “salario dinámico”, una modalidad que habilita componentes salariales atados al aumento o baja de productividad, el desempeño individual (evaluado por el propio empleador) o la propia situación económica de cada empresa. Entre ellas el llamado “Banco de horas”, a través del cual el empleador y el trabajador podrán “acordar” jornadas desiguales en horarios sobre el total de la semana laboral --aunque en la mayoría de los casos estarán ligadas a los procesos productivos de cada empresa--, con lo que también corre riego de extinción de las horas extras, que empleador debe pagar con una bonificación mayor (ver Economía).

Desde el Gobierno argumentan que estos mecanismos permitirán “modernizar” las relaciones laborales y generar incentivos para la contratación de nuevos trabajadores. Para el grueso de los gremios estos aspectos de la reforma abrirían la puerta a negociaciones salariales “a la baja” y generar una mayor dependencia de factores económicos ajenos al control de los trabajadores.

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