El peronismo citará a Lamelas al Congreso

La CALF denunció el apriete de la embajada de EEUU y defendió la “autonomía” tecnológica del país

Los directores de la cooperativa eléctrica más grande de la Patagonia expusieron los detalles de las presiones que recibieron para abandonar un acuerdo con la firma china Huawei. El silencio de la Cancillería.

Eva Moreira

“No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le diga lo que debe hacer”, se quejó el gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Cooperativa provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), Sergio Fernández Novoa, frente a los diputados que lo escuchaban denunciar los aprietes que la institución --que tiene más de 90 años de trayectoria-- recibió de parte de la embajada estadounidense. Los dirigentes de la entidad denunciaron “intromisión a la autonomía” al detallar que desde la sede diplomática norteamericana les pidieron que den de baja acuerdos con la empresa china Huawei y los amenazaron con sacarles las visas de ingreso al país del norte. Los diputados libertarios, ante los cuestionamientos de los legisladores de la oposición a la falta de defensa de la soberanía argentina por parte del gobierno de Javier Milei, abandonaron la reunión. Desde la Comisión que preside el peronista Aldo Leiva confirmaron a Página/12 que se va a convocar al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para que se presente a dar explicaciones en el Congreso.

Ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, los dirigentes de la CALF denunciaron aprietes de la embajada de los Estados Unidos para que den de baja el acuerdo con la empresa de tecnología Huawei. Específicamente, se niegan al proyecto que avanzaría en un tendido de fibra óptica en Vaca Muerta y un data center de inteligencia artificial regional.

Según detalló Yenny Fonfach, secretaria general de la cooperativa de Servicios Públicos de Neuquén, se presentaron en congreso en busca de un ámbito institucional para detallar lo ocurrido. “No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada. Venimos a esta comisión que es soberana, donde se debe defender la autonomía”, sentenció. A su vez, aseguró que “hubo una intromisión a esta autonomía” que debe tener toda cooperativa.

El conflicto se produjo cuando desde la embajada le hicieron llegar mensajes de WhatsApp a funcionarios de la cooperativa con amenazas de retiro de visas si la CALF continuaba con intenciones de avanzar en el acuerdo con la empresa china. Luego, el propio Lamelas confirmó en declaraciones las presiones a los cooperativistas neuquinos, al argumentar que la decisión no implica una intromisión en la soberanía argentina, sino una medida vinculada exclusivamente con la seguridad nacional de Estados Unidos.

En detalle, el generante de tecnología de la CALF, Sergio Fernández Novoa, relató en la comisión que fue él quien recibió un primer mensaje de Andrew Ditz, que se presentó como agregado comercial de la embajada de Estado Unidos. Ditz le manifestó preocupación por la relación de la cooperativa con la empresa Huawei. Un segundo mensaje del agregado comercial amenazó a los directivos con que, si seguían adelante con la empresa China, podrían quitarles las visas. Fernández Novoa también relató que intentaron comunicarse con el canciller Pablo Quirno, y se quejó de que no hubiera respuesta gubernamental sobre lo ocurrido. Es que la cooperativa y envió una nota dirigida al canciller para reclamar la intervención del Gobierno argentino.

A su vez, se refirió a las declaraciones del embajador estadounidense, Peter Lamelas, que manifestó preocupación por el anuncio de la empresa y el municipio de Neuquén sobre la colocación de un data center de marca Huawei. Para Fernández Novoa, el planteo de que está en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad argentina “es un eufemismo que esconde la verdadera pretensión, que es poder eliminar competencias tecnológicas de las empresas norteamericanas”, analizó frente a los diputados.

Por otro lado, detalló que la CALF mantiene relaciones con Huawei, como mantiene relaciones con numerosas empresas argentinas, de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. En tanto, explicó que normalmente operan con marcas de tecnología de todas partes del mundo y las complementan entre sí.

El gerente de tecnología precisó que un data center “es una especie de contenedor, es el edificio donde uno va a colocar los hardware, los racks, que pueden ser de distintas marcas”, y puntualizó que “el data center más importante de YPF es Huawei, el data center de la empresa de energía de Córdoba (EPEC) es marca Huawei”. En tanto manifestó que “lo importante del data es donde se alojan los datos digitales, no la estructura”.

“El storage del Banco Central de la Argentina es Huawei, el storage de ARCA -que algo tiene que ver con nuestra cuestión impositiva- es Huawei, de Trenes Argentinos, de Senasa, es Huwei y de muchas provincias, como las provincias de Buenos Aires o Corrientes”, especificó. Por lo que marcó la extrañeza de los mensajes desde la embajada que advertían que habían sobrepasado un límite con Huawei y siguió enumerando empresas privadas como Personal Flow, Movistar y Claro que tienen sus principales activos de marca Huawei.

“No tenemos exclusividad con ninguna de las marcas, nuestra intención es seguir trabajando con la marca que más nos convenga, el precio que mejor nos convenga, y la tecnología que nos permita ser más competitivos, aquellos que nos consigan financiación, por ahí pasa la cosa”, contó.

Finalmente, se refirió al apriete: “No está bien que una embajada extranjera se contacte con una cooperativa y le digan lo que deben hacer”. Además, adelantó los proyectos que tiene la CALF en la zona de Vaca Muerta. “No solo vamos a hacer ese data center, sino que vamos a construir parques solares porque entendemos que las provincias deben comenzar a transitarse el camino del autoabastecimiento energético, energías limpias, y propias, salir de determinadas situaciones abusivas en lo que tiene que ver con los costos de la energía”, relató. Por lo que anunció que en cada uno de esos parques solares van a destinar 1 mega para un data center, “porque es necesario tener soberanía de datos”.

Otro de los planteos de Fernández Novoa giró en torno a dónde van los datos de los argentinos. Y se refirió a lo que se llama cloud storage o la nube. “La nube también termina siendo un aparato, un hardware, con un sofware, pero que no esta en argentina”, resaltó. “Hoy argentina solo tiene 44 megas de capacidad instalada de almacenamiento de datos digitales. Entonces dijimos vamos a construir una red troncal en todo el circuito petrolero”, anunció al detallar que hoy la mayor parte de la tarea tecnológica es hecha por empresas transnacionales.

“Nosotros creemos que la soberanía no solo se construye con discursos, con legislaciones, sino también con hechos concretos, y hoy que el mundo va hacia la inteligencia artificial, y que esta va a tener tanto que ver con el derrotero cotidiano de la sociedad, poder tener soberanía de datos, poder tener tecnología propia va a significar un avance real para todos y cada uno de los argentinos”, concluyó.

A la hora de las consultas de los diputados, los libertarios decidieron levantarse y dejar la reunión. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano, fueron algunos de los diputados violetas que dejaron la sala incómodos por las observaciones de legisladores de otros bloques sobre la intromisión de Estados Unidos.

La diputada Florencia Carignano fue un de las primeras en plantear que esto sucede porque desde el gobierno nacional no se defiende la soberanía nacional. De igual manera, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó a los integrantes de la cooperativa que informen el resultado de la reunión que tendrán en la Embajada estadounidense, ya que Fonfach precisó que fueron convocados a un encuentro este miércoles.

Martínez, al término del encuentro, pidió citar a Peter Lamelas para que dé cuenta de los acontecimientos ante el Congreso, algo en lo que el presidente de la comisión, el peronista Aldo Leiva, avanzará en los próximos días, según pudo saber este diario.

Durante la reunión, el socialista Esteban Paulón fue otro de los que objetó la relación que el Estado argentino mantiene con el gobierno de Donald Trump al señalar que “el acuerdo del gobierno con Estados Unidos cede completamente la propiedad de los datos a las empresas estadounidenses”. “Quirno firmó un acuerdo que baja los estándares de datos personales que tenemos en Argentina”, marcó.

China vs. Estados Unidos

Ante lo sucedido la embajada china difundió un comunicado donde sostiene que la embajada estadounidense impulsó la idea de una “amenaza china” y utilizó la revocación de visados para bloquear la cooperación con Huawei. De esta forma, Beijing calificó estas prácticas como una “grave falta de respeto” a la soberanía de terceros países.

El comunicado también manifiesta que Estados Unidos “no tolera que una empresa privada extranjera pueda subsistir y desarrollarse con normalidad en un tercer país”, y resalta que el accionar de la embajada “pone al descubierto completamente su naturaleza hipócrita”. Por ese motivo, instó a Washington a corregir su percepción de China y a poner fin a lo que definió como “prácticas hegemónicas”.

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Otro capítulo de la persecución a Cristina Kirchner: ordenan embargar el departamento de San José 1111

Los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Basso dispusieron el decomiso del inmueble donde la expresidenta cumple su prisión domiciliaria por el cuestionado fallo de Vialidad. También apuntaron a otra propiedades. El remate no será inmediato y la defensa de CFK puede apelar.

En otro capítulo de la persecución judicial contra Cristina Kirchner, la Justicia federal dispuso el embargo del departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple su condena domiciliaria, y de una serie de propiedades y activos que están a su nombre.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal N° 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los mismos que dictaron el fallo condenatorio y proscriptivo contra la exmandataria cuyos cuestionables argumentos serán analizados por organismos internacionales.

Lo que determinaron esos magistrados fue concretar lo que habían deslizado en su cuestionada decisión: que CFK pague con su patrimonio el supuesto perjuicio que le habría creado al Estado por las maniobras de las que se la acusa y condenó sin pruebas claras.

El monto del embargo será de 685 mil millones de pesos y alcanza inmuebles de la familia Kirchner en El Calafate y Río Gallegos, además del departamento en los barrios porteños de Recoleta, Puerto Madero y el de Constitución, donde está alojada.

El castigo también recayó sobre cocheras, departamentos, terrenos, edificaciones y hasta parte del predio de uno de los hoteles que la familia tiene en la provincia de Santa Cruz.

Pero como el monto es exorbitante, los jueces extendieron también la medida contra los bienes de la hija y el hijo de la expresidenta, Florencia y Máximo Kirchner. También se pidió un informe bancario sobre las cuentas de ahorro y cajas de seguridad de ambos.

Según se informó, no habrá un remate inmediato de esos inmuebles ni el decomiso es definitivo.

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La persecución es canallesca, no solo estos jueces, toda la justicia incluida la corte llegara el día donde deban rendir cuentas.

Luego del fracaso de la ley de extranjerización de la tierra

Milei recluido en Olivos y Karina manejando la Rosada

La hermana del presidente se concentra en la provincia de Buenos Aires y la estrategia electoral. Bullrich continúa enfurecida con Sturzenegger.

Melisa Molina

Después de una semana difícil para el gobierno -por la caída en las encuestas y por el fracaso legislativo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada-, Milei decidió recluirse en la Quinta de Olivos. En la agenda de gobierno no aparece que el mandatario tenga ninguna actividad pública para los próximos días. Sin embargo, tal como si fuese la presidenta, su hermana Karina tomó las riendas y encabezará todas las reuniones en la Casa Rosada. Este lunes juntó a diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires para planificar la campaña electoral y el martes encabezará una reunión de la mesa política. Ese encuentro se dará en medio de las tensiones entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger.

Sturzenegger en el ojo de la tormenta

Los laderos del presidente están enojados con el ministro desregulador, no solo porque hubo que eliminar de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada los dos capítulos más importantes -mientras él estaba de viaje por el Caribe-, sino también por la pelea que esa misma semana desató con los prácticos navales, los capitanes que ingresan o sacan los barcos de los puertos, y que terminó por paralizar operaciones de comercio exterior, causando pérdidas millonarias.

Según comentan en los pasillos de la Casa Rosada, Bullrich se enfureció cuando se enteró de que Alejandra Monteoliva había firmado el decreto 690/2026 para modificar la Ley de Navegación. Sturzenegger se lo venía pidiendo a Bullrich desde que ella tenía la titularidad de la cartera de Seguridad y, según comentan desde su entorno, la exministra se negaba porque sabía que el texto traería problemas.

Hay quienes aseguran que, incluso, en reuniones previas de la mesa política habían comentado que avanzar como quería Sturzenegger iba a ser conflictivo. El decreto -con el que finalmente tuvieron que retroceder- no solo fue firmado por Monteoliva. También sumaron su rúbrica Santilli y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Sin embargo, desde algunos sectores consideran que Sturzenegger “se corta solo”, y buscarán que eso no suceda más.

En esa línea, Karina habría dado la orden de poner en pausa el resto de los decretos y leyes con los que Sturzenegger quiere avanzar. Por ejemplo, para desregular el Régimen de Corretaje y las leyes de Protección de la Actividad Librera. Además, el ministro quería volver a la carga con la idea de comercializar medicamentos fuera de las farmacias, entre otras.

En el oficialismo consideran que hay que avanzar con otros proyectos de mayor envergadura, como la modificación de la carta orgánica del BCRA, la reforma política y la Ley de Inocencia Fiscal, y no quieren que haya distracciones.

La reunión de los legisladores bonaerenses

Este lunes, en tanto, Karina reunió a su tropa bonaerense. Quiere planificar, poco a poco, la estrategia electoral para el año que viene en la provincia con más población del país. Hace un par de semanas hizo lo mismo con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro de este lunes también estuvo el diputado nacional y operador político de Karina en ese distrito, Sebastián Pareja.

Si bien habían anticipado que estaría el jefe de Gabinete Diego Santilli, él se ausentó. Desde su entorno explicaron que el faltazo estuvo justificado: asumía en el mismo horario su asiento en el directorio de YPF. Al jefe de los ministros le interesan particularmente este tipo de reuniones porque tiene la mira puesta en la gobernación y en 2027 quiere disputarle el puesto que dejará Axel Kicillof.

Su acercamiento y la confianza que supo conseguir de Karina Milei y de los Menem lo posicionan como un posible candidato para el año que viene. Sin embargo, desde su entorno saben que, por ahora, su principal tarea es responder a los pedidos y deseos de Karina. “Quiere, pero todavía no está enfocado en eso, sino en las leyes que tienen que pasar por el Congreso este año”, explican.

Entre los presentes en la reunión de este lunes estuvieron los legisladores que responden a las Fuerzas del Cielo, el sector que lidera Santiago Caputo, y que quedó relegado del armado de listas durante la última elección legislativa. Uno de los que participó, por ejemplo, fue el diputado Agustín Romo y también estuvo su par, Nahuel Sotelo.

Sin embargo, quienes participaron de la reunión expresaron en diálogo con este diario que “no se habló de candidaturas, ni de formato, sino de ir sembrando ideas”. Entre esas “ideas”, está la intención de eliminar el Senado provincial para convertir a la Legislatura bonaerense en unicameral.

“El Senado provincial no funciona. Tuvieron dos sesiones en todo el año y gastan una barbaridad de dinero para sostenerse”, expresó Pareja y agregó: “Karina está muy interesada en conocer la marcha política y legislativa de la provincia de Buenos Aires porque tenemos que ganarla el año que viene”.

Desde La Libertad Avanza también están preocupados por las PASO, que creen que beneficiarán al peronismo y, por otra parte, discuten si les conviene o no que se desdoble la elección. Según sus cálculos, La Libertad Avanza podría llegar a ganar en 67 municipios bonaerenses, siempre y cuando -dicen- lleguen a un buen acuerdo con la UCR y con el PRO.

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El Gobierno sigue con su campaña antiextranjeros: anunció el fin de la atención gratuita en hospitales

Salvo para situaciones que impliquen riesgo de vida, todas las personas no residentes que no tengan seguro de salud deberán primero pagar y luego recién podrán ser revisadas por un médico. Milei continúa así con sus políticas antiinmigrantes.

A partir de este miércoles dejará de ser gratuita la atención en los hospitales públicos nacionales para los extranjeros no residentes en la Argentina que requieran atención sanitaria. La medida que revierte años de política solidaria y humanitaria por la que se caracterizó el Estado argentino es parte del decreto de necesidad y urgencia publicado en mayo pasado con el que el gobierno de Javier Milei desplegó una serie de políticas antiinmigrantes.

La nueva decisión de obligar a los extranjeros a pagar por un servicio que históricamente fue gratuito fue oficializada a través de la Resolución 1066/2025 del Ministerio de Salud, que incluye una pormenorizada lista de prestaciones que tendrán un precio y las que no.

La normativa habla de una supuesta “igualdad de condiciones” con la que contarán quienes requieran una prestación, pero deja claro que “solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual con la presentación de un seguro de salud”. Si no, habrá una “cancelación del servicio”.

Primero pagar

El nuevo sistema tiene una denominación: Procedimiento Operativo para la Atención Sanitaria de Personas Extranjeras en los Establecimientos Sanitarios administrados por el Estado nacional.

El sistema fija cómo será la atención: recepción de la persona, acreditación de la residencia través del DNI o declaración jurada de cobertura internacional, pago del arancel correspondiente en moneda de curso legal y, al final, la atención propiamente dicha.

Ese procedimiento establece que en casos de emergencia “no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”. Eso sí, si no son residentes deberán pagar luego y si son residentes, no.

Los residentes deberán presentar su DNI para comprobar su condición. Y en caso de extravío o renovación del documento, “se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Pero el punto central de la medida es que, con ella, el gobierno mileísta formaliza un sistema de atención diferenciada según la situación migratoria. Y esto va de la mano con el cuestionado DNU 366/2025, que en mayo introdujo cambios en la Ley de Migraciones.

Las políticas antimigrantes de Milei

En este decreto de necesidad y urgencia no solo se establecía la creación de un seguro de salud obligatorio para turistas y extranjeros no residentes, sino también el cobro por la educación pública en universidades nacionales.

En el marco de esas políticas, Javier Milei había dispuesto el mes pasado un cuestionable decreto con el que prohibió el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino” o directamente “ultrajen los símbolos patrios”.

Esa decisión había sido tomada luego de la campaña en redes sociales desatada desde distintos países contra la Argentina tras la final del Mundial de Fútbol 2026.

En ese decreto también se establecía “la expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”.

Salud restringida

En tanto, la resolución sanitaria publicada hoy en el Boletín Oficial establece una serie de excepciones para las prestaciones sanitarias destinadas a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo de vida o un daño grave o irreversible.

En este sentido, se indicó que se considerarán comprendidas, entre otras, las siguientes situaciones:

• Paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria aguda grave.
• Obstrucción aguda de la vía aérea o compromiso respiratorio severo.
• Shock hipovolémico, cardiogénico, séptico, distributivo, obstructivo o anafiláctico.
• Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y demás emergencias cardiovasculares.
• Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico.
• Estado epiléptico o convulsiones persistentes.
• Traumatismos graves, politraumatismos, traumatismo craneoencefálico severo, lesiones medulares o cualquier otra lesión traumática con riesgo vital.
• Hemorragias masivas con compromiso hemodinámico.
• Quemaduras extensas, profundas, eléctricas, químicas o asociadas a compromiso de la vía aérea.
• Sepsis, shock séptico u otras infecciones graves.
• Intoxicaciones agudas, envenenamientos o sobredosis con compromiso de funciones vitales.
• Abdomen agudo quirúrgico, ruptura de aneurisma u otras patologías quirúrgicas con riesgo inmediato para la vida.
• Emergencias obstétricas, incluyendo parto inminente, hemorragia obstétrica, embarazo ectópico complicado, eclampsia, preeclampsia grave, desprendimiento prematuro de placenta y cualquier otra situación que comprometa la vida de la gestante o del feto.
• Emergencias pediátricas o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.
• Cualquier otra condición clínica que, conforme al criterio fundado del profesional médico responsable y a los protocolos asistenciales vigentes, implique un riesgo inminente para la vida o para la conservación de una función orgánica vital.
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Un vocero sin respuestas

Ravier no pudo explicar a dónde fue parar el dinero del Impuesto a los Combustibles

Tras admitir en una entrevista el desvío de los fondos que debían usarse para el mantenimiento de las rutas, el portavoz intentó aclararlo pero no dio precisiones. Tampoco pudo detallar dónde están los 4 billones de pesos de deuda que no figuran en las cuentas del Tesoro en el Banco Central.

En una tensa conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier intentó explicar qué hizo el Gobierno con los fondos de la recaudación del Impuesto a los Combustibles líquidos y con un reciente endeudamiento por más de 4 billones de pesos.

La plata de las rutas

“Generó ruido este tema”, admitió el portavoz luego de haber reconocido en una entrevista que gran parte de los 1,5 billones de pesos del fideicomiso creado para financiar obras viales no fue usado para ese fin.

“Yo creo que lo más importante detrás de este tema, de las rutas nacionales, es el cambio de época, el cambio de paradigma de la situación heredada”, intentó eludir Ravier ante la consulta sobre sus dichos.

Ese “nuevo paradigma” no es otra cosa que dejar en mano de concesiones privadas el mantenimiento de las rutas. Dijo que esa es “una solución de mediano y largo plazo” para la infraestructura vial porque “las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos sino con inversiones del sector privado”.

Sin embargo, eso no explicó qué sí se hizo con el dinero recaudado de los impuestos para ese mantenimiento. Tras la insistencia de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, repitió varias veces que el Gobierno heredó un gran déficit fiscal y que “poner dinero en las rutas con un Estado quebrado realmente no es sencillo”.

Finalmente dijo, sin ningún detalle, que “el dinero del impuesto al combustible está yendo al bacheo de las rutas nacionales”.

“Sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte lo dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, había dicho Ravier durante una entrevista para El Diario, de La Pampa.

Los 4 billones

El vocero también fue consultado por los casi 4 billones de pesos que el Tesoro obtuvo como excedente en la licitación de deuda del 29 de julio y cuya ubicación generó cuestionamientos por la falta de información pública. “En algún lado están”, había dicho el presidente del Banco Central, Sanitago Basusilli.

“El ministro Caputo ya dio respuesta sobre este tema, el dinero se puede trazar”, dijo Ravier ante la consulta de Página/12 en la conferencia de prensa y se limitó a asegurar que esos fondos “están en las cuentas comerciales del Tesoro”.

Sturzenegger, firme

“Federico Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, es una figura clave”, dijo el portavoz ante otra pregunta de este diario sobre la continuidad del ministro de Desregulación, apuntado tras el fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Ravier dijo que Sturzenegger “claramente tiene el respaldo no solamente del Presidente sino de todo el Gobierno”.

Sin soluciones para los endeudados

En otro tramo de la conferencia, el vocero de Milei volvió a esquivar ofrecer una solución a las familias y empresas argentinas que no pueden hacer frente a sus deudas, en medio de la caída del poder adquisitivo generada por el modelo del Gobierno.

“Por supuesto somos sensibles al problema, no hay duda que es un problema”, dijo, pero de inmediato repitió que “es un acuerdo entre privados”. “Creemos en las soluciones de mercado, soluciones entre privados”, insistió y dijo que “el Gobierno hace mucho”.

“El Gobierno ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación”, aseguró y prometió: “La solución está en camino”. Consideró que una política para intentar aliviar la situación de los endeudados y morosos sería un “plan platita”.

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El propio verdugo

Rafael Bielsa

Marcos Azambuja, secretario general de Itamaraty y embajador de Brasil en Buenos Aires y París, sintetizó con claridad la visión estratégica brasileña sobre la relación bilateral cuando afirmó: “Una Argentina rica, próspera y fuerte nos conviene. Yo soy profundamente proargentino porque soy profundamente probrasileño” (GloboNews, octubre de 2023). Figura emblemática de la diplomacia clásica brasileña —uno de los últimos “barones” de la Casa de Rio Branco—, Azambuja combinaba un sólido tradicionalismo con curiosidad por lo nuevo. Su estilo, elegante e irreverente, expresaba la “paciencia estratégica”: la disposición a tolerar las dificultades de la contraparte cuando el objetivo de largo plazo justifica la espera (Juan Gabriel Tokatlian). Durante años, Brasilia la practicó frente a una Argentina por momentos errática, proteccionista y a menudo imprevisible en sus compromisos internacionales. En ocasiones y respecto de algunos temas, Buenos Aires también lo hizo. Hoy todo indica que Brasil la ha dejado atrás.

La República Federativa se extiende sobre 8,5 millones de km² —el quinto país más grande del planeta— y concentra regiones ecológicas de valor estratégico como la Amazonia, el Cerrado, el Pantanal y una dilatada costa atlántica. Ese territorio le otorga un patrimonio ambiental de primer orden y una base geográfica para la proyección regional. Con más de 213 millones de habitantes (2026), es el séptimo país más poblado del mundo; más del 80 % de su población vive en ciudades, con metrópolis de peso continental como São Paulo y Río de Janeiro. Su economía, con un PIB nominal que supera los 2 billones de dólares, combina la industria (acero, cemento, vehículos, bienes de consumo) con la agricultura, situándolo entre las diez mayores economías mundiales. Para Itamaraty, que se concibe a sí mismo como el “foco” de un Brasil disperso, estos tres elementos —territorio, población y volumen económico— constituyen los fundamentos materiales de cualquier pretensión de actor global. El territorio garantiza soberanía sobre agua, biodiversidad y fuentes de energía; la población asegura un amplio mercado interno y fuerza de trabajo; el tamaño de la economía otorga capacidad de negociación y presencia en los organismos internacionales. Sin embargo, como bien han sabido los mejores diplomáticos brasileños, no se trata solo de números.

En Esplanada dos Ministérios–Bloco H, la dirección postal del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia, hay un mapamundi invertido, donde el Sur aparece arriba y el Norte abajo, desafiando la convención eurocéntrica. El planisferio fue lanzado por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, Márcio Pochmann), y utiliza como proyección cartográfica Equal Earth (Šavrič, Patterson y Jenny, 2018), que busca representar los continentes en proporciones reales, corrigiendo las distorsiones de la clásica visualización de Mercator. Brasil está en el centro del mapa, que muestra una visión alternativa del orden mundial, reivindica el Sur Global y reposiciona simbólicamente a América del Sur en el debate internacional. El símbolo político-cultural evidencia que, para Brasil, su concepción de la grandeza no depende solo de la combinación de recursos materiales y humanos, sino también de su cultura y de su mirada de un lugar en el mundo. No es indispensable tener más volumen para ser importante, pero no es importante estar apresado en el propio vértigo, combinando sobreactuación con improvisación, desinformación y confusión. Cuando se agravia a Brasil, lo que está en juego es mucho más que el intercambio comercial.

Construir una sólida relación de política exterior exige una idea clara, no perder nunca de vista todo lo que está en juego y muchos años de esfuerzo. Para derrumbarla, en cambio, basta con una cabeza desordenada, varios disparates y un instante. Se alcanza un logro de largo aliento después de décadas; se retrocede de golpe y reconstruirlo lleva generaciones. Por esa lógica transitará la relación entre Argentina y Brasil.

Chile se ha retirado del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), agrupación de 120 miembros de África, Asia y América Latina fundada en 1961. Espacios como el NOAL permiten mantener vínculos en regiones donde no es materialmente posible sostener embajadas y donde, por lo tanto, las relaciones bilaterales son mínimas, como ocurre en gran parte del África subsahariana y de Asia Central. En 2050, según las proyecciones más aceptadas, siete de las mayores economías del mundo serán no occidentales y solo una europea. Ese mismo año, África tendrá unos 2.500 millones de habitantes y uno de cada cuatro seres humanos será africano.

La Cancillería chilena argumenta que el Movimiento nació en otro contexto global y que ya no responde a los desafíos actuales. Sin embargo, pensadores como Jorge Heine advierten que la predictibilidad y la confiabilidad son activos diplomáticos centrales, que el acceso a las grandes ligas de la diplomacia está ligado a la coherencia con determinados valores, y que rendir pleitesía a los poderes momentáneos suele obtener de ellos mayor maltrato. No hace falta mirar muy lejos para comprobarlo.

Haber llamado al presidente Lula “ladrón” y “presidiario”, haberlo hecho durante el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro y haber elegido como escenario São Paulo conforman una cataplasma de triple dimensión: a la máxima autoridad de un país, en un acto de su adversario político y en territorio nacional. Existe en Argentina la costumbre de relativizar los propios excesos cuando se encuentran precedentes en el exterior. No es un argumento válido.

Los choques entre Justin Trudeau y Donald Trump —aranceles, la provocación del “51º estado”, el apodo de “gobernador”— deterioraron la relación, pero no provocaron el retiro ni la expulsión de embajadores. Tampoco lo hicieron las tensiones entre Macron y Meloni, entre Erdogan y Macron (aunque Francia sí llamó a consultas a su embajador en 2020), ni los roces entre Netanyahu y Trudeau. Incluso cuando Alemania retiró temporalmente por una semana a su embajador en Rusia en 2024, lo hizo por un ciberataque atribuido erróneamente a Moscú, no por un insulto verbal.

Parafraseando a Ortega y Gasset, hay argentinos que no saben lo que les pasa, y eso es precisamente lo que les pasa.

Decir guarangadas no significa que las vulgaridades no tengan objetivos. En el caso de nuestro deslenguado, menos una apuesta al triunfo del hijo de Bolsonaro que implorar un liderazgo dentro de la corriente de gobiernos y partidos de derecha que se alinean con Donald Trump en América Latina. Quienes disfrutan del fútbol, este episodio y la cercanía del Mundial 2026 tal vez les hayan traído a la mente una anécdota casi legendaria del fútbol argentino. En 1995, River Plate jugaba las semifinales de la Copa Libertadores contra Atlético Nacional de Medellín. Gabriel Amato quiso definir una jugada con la técnica atribuida a Ricardo “Beto” Infante (1948): se cruza la pierna con la que se patea, por detrás del pie de apoyo. Años después, en una entrevista, Amato recordó el episodio con esta frase: “Si le hacía el gol de rabona a Higuita iba al Milan y no al Hércules”. No fue gol, no fue al Milan. En 1995, el embajador de Brasil en Argentina era Marcos Azambuja y nuestro presidente era hincha de River; tal vez hayan visto el partido.

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Petróleo, la nueva invasión inglesa

Gustavo Campana

A mediados de junio de 1974, un proyecto británico llegó a la Casa Rosada. El objetivo era “poner fin a la disputa de soberanía” sobre Malvinas y “crear una atmósfera favorable para que los isleños pueden desarrollarse, de acuerdo a sus intereses”.

El texto fue entregado por el embajador en Buenos Aires, James Hutton, al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Alberto Vignes. Londres buscaba una transición de dos banderas, doble nacionalidad para los kelpers, convivencia en inglés y castellano y un gobernador que, de manera alternada, fuera nombrado por la Reina y Argentina.

Las líneas finales marcaban el apuro inglés por comenzar un nuevo tiempo político con relación a las islas: “El gobierno de Su Majestad propone que deberían realizarse conversaciones oficiales lo antes posible”. Cancillería hizo su contraoferta de manera confidencial, pero pocas semanas después murió Juan Domingo Perón y el contrato quedó a la deriva.

Esa propuesta basada en una especie de condominio se congeló definitivamente cuando un informe de la Universidad de Birmingham alertó al Foreign Office en 1975. El dato central de su estudio era que en Malvinas había cuatro o cinco veces más petróleo que en el Mar del Norte y la costa atlántica de los Estados Unidos.

El 3 de enero del 76, el geógrafo Edward Shackleton arribó a Malvinas para determinar el potencial económico de las islas. El canciller argentino, Manuel Arauz Castex, sostuvo que la llegada de Lord Shackleton el día de la ocupación de las islas en 1833 fue una “coincidencia hostil”. Un mes después, la misión inglesa navegaba por aguas jurisdiccionales argentinas, estudiando la capacidad petrolera de las islas. El buque oceanográfico RRS Shackleton, bautizado de esa manera en memoria del explorador, Ernest Shackleton, padre de Edward, fue interceptado por el ARA Almirante Storni. El buque de la Armada Argentina disparó después de no ser acatada la orden de apagar las máquinas o permitir ser escoltado hasta Tierra del Fuego. El Shackleton regresó a las islas por orden del gobernador colonial Neville French.

El 15 de febrero de 1977, Edward Rowlands llegó a Buenos Aires, con mandato del Ministerio de Asuntos Exteriores, para entrevistarse con el contralmirante César Guzzetti, canciller de la dictadura de Videla.

En las negociaciones se estudió una propuesta de arriendo que otorgaría un ridículo título de soberanía a la Argentina y, paralelamente, permitiría la continuación de un gobierno británico.

Llegaron a plantear un programa económico conjunto, con el petróleo como eje central. Al acuerdo inicial le siguió la discusión interna del Partido Laborista y cuando Margaret Thatcher ganó las elecciones de mayo de 1979, la negociación se congeló.

Mientras tanto, Martínez de Hoz realizó cinco visitas a Gran Bretaña entre su asunción como ministro de Economía de la dictadura y junio de 1980. Estos viajes, siempre a espaldas del Ministerio de Relaciones Exteriores que manejaba la Marina; buscaban un acuerdo de exploración petrolera en Malvinas.

Los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, firmados por el memenismo, profundizaron la derrota argentina en la Guerra del 82 y abrieron una puerta demasiado grande en materia de recursos naturales, con canales de cooperación para “la conservación de la pesca y el uso de los espacios marítimos”. Ante esa zona liberada para operar, sobre todo lo que no se prohibía explícitamente, Gran Bretaña avanzó de forma unilateral en la licitación de áreas petroleras en la Cuenca Norte de Malvinas y, a fines de noviembre del 91, los ingleses comenzaron a conceder licencias para estudios de “prospección sísmica en las aguas adyacentes” al archipiélago, en la búsqueda de petróleo.

La Ley 26.659, aprobada en marzo de 2011, prohibió la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización del gobierno nacional y preveía castigar con inhabilitaciones de cinco a 20 años y multas a todas las empresas que operen con licencias británicas ilegítimas en la zona de Malvinas.

En abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner denunció que el Reino Unido reforzó la presencia de sus fuerzas armadas en Malvinas y restringió el tránsito de buques a las islas, porque era inminente la llegada de una plataforma de exploración petrolera al archipiélago. Dos meses después, la Secretaría de Energía declaró “clandestina” la exploración de hidrocarburos en su plataforma continental, que cinco petroleras estaban llevando a cabo con permisos ilegales concedidos por las autoridades del gobierno de ocupación. Entre ellas estaba la Premier Oil.

En plena restauración conservadora macrista, se firmó el Foradori-Duncan, en septiembre de 2016. En esa nueva “acta de rendición”, los ingleses impusieron “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

Con los libertarios entreguistas en el Gobierno, la Premier Oil aumentó su presencia en la Argentina, a través de distintas fusiones y sociedades. Como si se tratara de la misma persona que el kirchnerismo expulsó del mar austral 13 años antes, la empresa volvió con “pasaporte falso” en tiempos de Milei, a montar negocios petroleros en tres provincias: Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Se presentó en el 2025 como Harbour Energy, pero es la misma que trabajó durante más de una década el yacimiento off shore “León marino”, ubicado a 218 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Entre febrero de 2012 y diciembre de 2022, la empresa pirata fue advertida, sancionada, condenada y embargada por la Argentina; pero nunca frenó sus negocios ilegales. La jueza de Río Grande Lilian Herraez multó a la Premier Oil con más de 156 millones de dólares y ordenó embargar sus barcos y plataformas petroleras.

La empresa inglesa siguió escapando. Se fusionó con la británica Chrysaor para formar la Harbour Energy y esa sociedad después le vendió el negocio de Malvinas a la israelí Navitas Petroleum. Pero a pesar de todos los maquillajes, la que siempre está detrás de esta historia es la Premeir y los que operan con nuevo nombre heredaron pasivos, juicios y sanciones aplicadas por aquella Argentina del campo nacional y popular.

La Premier fue recibida con los brazos abiertos por Milei en el 2024, cuando se quedó con negocios de una petrolera alemana en ocho países, entre ellos Argentina. Entraron por la puerta grande a Vaca Muerta, tienen explotaciones off shore en Tierra del Fuego y están presentes en el proyecto de exportación de GNL desde Río Negro. En este último caso, no solo gozaron de la complicidad del gobierno provincial, sino que Toto Caputo le aprobó su ingreso al RIGI, para liberarlos de impuestos y aranceles a la exportación por 30 años.

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