Caputo colocó deuda por $ 4,3 billones y comprometió al próximo gobierno

En una nueva licitación, el Tesoro alargó la duration de los títulos públicos. La insólita fecha en que vencerán.

El Tesoro Nacional colocó este jueves $ 4,43 billones en la licitación de deuda en pesos, y así logró renovar y estirar perfil de vencimientos. La mitad vence el 15 de diciembre de 2027, cinco días de iniciada la siguiente gestión.

Según se informó oficialmente, el Tesoro pagó tasas por entre 4,2% y 4,5% anual por el grueso de las colocación de LECAP. En el caso de los bonos BONCER, debió convalidar entre 8,1% y 9,5%. La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por un total de $ 4,72 billones.

"La demanda por títulos del Tesoro en esta ocasión ha permitido estirar el perfil de vencimientos a tasas sostenibles", destacó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. "El producido de esta licitación, por encima de los vencimientos de $3,76 billones, será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA", precisó el funcionario.

Instrumentos adjudicados en la licitación de deuda

• LECAP 29/11/24 (S29N4) $2,13 billones a una tasa de 4,20% TEM.
• LECAP 31/03/25 (S31M5) $1,58 billones a una tasa de 4,50% TEM.
• BONCER 15/12/25 (TZXD5) $0,314 billones a una TIREA de 8,18%.
• BONCER 15/12/26 (TZXD6) $0,023 billones a una TIREA de 8,79%.
• BONCER 30/06/27 (TZX27) $0,026 billones a una TIREA de 9,51%.
• Dólar Linked 30/06/25 (TZV25) $0,233 billones a una TIREA de -6,29%.
• Dólar Linked 15/12/25 (TZVD5) $0,046 billones a una TIREA de -4,43%.
•  Dólar Linked 30/06/26 (TZV26) $0,061 billones a una TIREA de 0%.

Finanzas resolvió dejar desiertos los BONCER con vencimientos el 15 de Diciembre 2027 (TZXD7) y el 30/06/28 (TZX28), como así también el Dólar Linked con vencimiento el 30 de Junio 2027 (TZV27).

La fecha clave para el Tesoro en 2025

El Banco Central (BCRA) implementó desde este lunes su nueva política monetaria de "emisión cero", anunciada por el presidente de la entidad, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el pasado 28 de junio. Esta política se pondrá en marcha junto con la emisión de las Letras Fiscal de Liquidez (Lefi), títulos de deuda del Tesoro. La estrategia del Gobierno es transferir la deuda del Banco Central al Tesoro y así transmitir el mensaje de "emisión cero". Esto significa que la entidad no imprimirá más pesos para financiar la renovación de los pasivos, que son aproximadamente $ 20 billones.

A su vez, se espera el anuncio del cambio en el impuesto a las Ganancias del Paquete Fiscal. Una de las medida pendiente después de que se aprobarán las normas para la moratoria, el blanqueo y Bienes Personales, aspectos que si impactan de lleno en el ciudadano.

Esta medida exige que el Tesoro, sin recurrir a la emisión de dinero, afronte el vencimiento de esta deuda el 17 de julio de 2025. Motivo por el cual, dentro del sector financiero, prevalecía un ambiente esperanzador ante un presunto aumento de la tasa del Banco Central.

El Destape

 El Gobierno planea disolver alrededor de 60 organismos estatales

Sturzenegger prepara un DNU con la idea de "destruir el Estado desde adentro" que planteó Milei

El flamante ministro de Desregulación pretende avanzar lo más posible en el desguace de las políticas públicas vigentes. Lo hará en uso de las facultades que le otorga la Ley Bases. Será su primera medida desde que asumió formalmente. Preocupación ante una nueva ola de despidos masivos. 

Matias Ferrari

“Decreto 51”. El primer DNU al que Federico Sturzenegger le estamparía su firma como ministro de Desregulación ya fue bautizado informalmente en Casa Rosada con ese nombre. La norma, según fuentes de Balcarce 50, no tiene aún fecha definida para ver la luz, pero su contenido seguirá la misma línea que se propuso Javier Milei de “destruir el Estado desde adentro”. Lo que está en carpeta es la supresión de funciones, la fusión o lisa y llanamente la disolución de unos 60 organismos estatales, con sus correspondientes políticas públicas.

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Los funcionarios que responden a Sturzenegger, según trascendió, todavía están ajustando los últimos detalles del decreto, por lo que la lista final de organismos públicos por los que pasará la motosierra todavía no fue confirmada. Sin embargo, desde el Gobierno pusieron algunos ejemplos de los que serán alcanzados por el desguace, como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de Jefatura de Gabinete; el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), que quedó bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello; y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que todavía --pese a los despidos masivos y los sucesivos anuncios de disolución-- permanece dentro del organigrama del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Si bien la medida será anunciada como el debut de Sturzenegger como ministro con plenas funciones, lo cierto es que el trazo grueso ya estaba contemplado en la Ley Bases. Más específicamente en el capítulo que introdujo la Reforma del Estado, a través de la cual el Congreso facultó al Gobierno a disponer arbitrariamente la "reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial” de los organismos que forman parte de la estructura estatal. La intención del ministro no es otra que comenzar a aplicar esa norma en lo concreto.

El precedente de la Ley Bases

Producto de las modificaciones que sufrió la ley Bases en el Senado, igualmente, hay varios organismos que quedaron excluidos y a salvo de la poda, como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), entre muchos otros. Sobre el resto –la lista que manejan en la Rosada es de unos 60– el Gobierno está en condiciones de avanzar.

De todos modos, y tratándose de Sturzenegger, hay quienes señalan que el anuncio tiene algo –o bastante– de inflado. Un caso concreto es el INADI, uno de los ejemplos que pone la Rosada sobre el plan de desguace que se viene: el vocero Manuel Adorni ya había comunicado en febrero que había “dejado de existir”, por lo que norma confirmaría en los papeles lo que ya es un hecho. 

Hay, además, algunos otros casos que ya fueron anunciados por el Gobierno, desde la eliminación del ministerio de las Mujeres al cierre con despidos masivos de organismos como el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e indígena (INAFCI) o de áreas sensibles del Estado como los 59 Centros de Referencia (CDR) que dependían de Pettovello y eran la pata territorial de su ministerio. Con las dos tandas de despidos masivos de empleados públicos, en abril y julio, Milei ya cumplió con buena parte de su tarea de dejar tierra arrasada. 

Página/12 consultó si existía algún criterio para la supresión de organismos, y la respuesta fue la habitual: que el Gobierno busca "desregular" todo lo que esté a su alcance y eliminar los supuestos "curros" de las gestiones anteriores, mismo argumento que se utilizó, por ejemplo, para liquidar el Fondo de Integración Sociourbana (FISU) sin aportar una sola prueba fehaciente de los casos de "corrupción" denunciados. En esa línea, se especula que los organismos vinculados a las políticas públicas destinadas a las organizaciones sociales y culturales caigan en la volteada del DNU de Sturzenegger. 

El nombre de "decreto 51" es una suerte de continuidad del bautizado como "decreto 50" que modificó el DNU 50/2019 firmado por Alberto Fernández y que rediseñó --por enésima vez-- el organigrama de la gestión. Según trascendió, formará parte de la mentada "segunda etapa" de la administración libertaria, como parte de un paquete de nuevas resoluciones y leyes en las que trabaja el Ejecutivo. 

Puestos de trabajo en riesgo

En el Gobierno aseguran que el nuevo DNU no traería aparejada una nueva ola de despidos masivos en la administración pública. De todos modos, varios cientos de trabajadores quedarían a priori sin funciones o directamente sin organismo en el que cumplir con sus tareas, por lo que la preocupación de los gremios al respecto va en aumento. 

La ley Bases también incluyó una reforma profunda en el empleo público y el Gobierno quedó también facultado a "distribuir" a piaccere a aquellos trabajadores de planta permanente que quedan a tiro de "disponibilidad" durante 12 meses luego de que su área haya sido eliminada. Incluso puede destinarlos al sector privado. La desarticulación y fusión de organismos redundaría en que muchos queden en esa situación.  

"Esta nueva norma redundaría en la pérdida de políticas públicas y de puestos de trabajo. Indefectiblemente va a pasar eso", aportó a este medio el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. 

"Estamos en estado de alerta permanente, porque todos estos anuncios no generan más que miedo a perder el laburo y también un caos en el trabajo cotidiano en el Estado", agregó Catalano, y adelantó que su gremio formará parte de las columnas que saldrán a la calle el próximo 7 de Agosto, junto a las organizaciones sociales, en ocasión de la celebración de San Cayetano. 

Despidos "fiscalistas"

"Detrás del argumento fiscalista para justificar los despidos, en realidad se oculta el verdadero problema. Quieren que el Estado renuncie a su obligación de garantizar a los sectores más vulnerables, como las disidencias con el INADI, las comunidades originarias con el INAI o la eliminación del rol de contralor y fiscalización de la economía con el INAES a la hora de combatir la alta concentración de la riqueza", aportó por su parte el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. 

El apartado despidos, paradójicamente, conlleva un problema para el argumento "fiscalista" que suelen esgrimir en la Rosada. Y la razón son las indemnizaciones de aquellos trabajadores de planta a los que no dejaría en disponibilidad, sino que podrían entrar en una nueva poda. Hasta ahora, el Gobierno despidió a casi 20 mil estatales, pero en su mayoría lo hizo sin renovar los contratos de planta transitoria o tercerizados, lo que no tuvo ningún costo. 

Habrá que ver si ese impedimento --que también genera un escollo en el plan de desguace de las empresas estatales, paso previo para el remate de las "joyas de la abuela" que planea Milei--, no está también detrás del retraso en la oficialización del DNU de Sturzenegger. 

"No están recreando el Estado nacional que imaginó Alberdi. Nos están arrojando a un estadio pre constitucional, donde cada provincia hará lo que sea para lograr el bienestar de su población. Intentan la disolución nacional", agregó Aguiar. 

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 Martín Menem se resiste a sancionar a los libertarios que visitaron a genocidas y se le complica la sesión

El recinto de Diputados será todo un hervidero

Si el oficialismo no permite una respuesta insitucional corre riesgo el debate de las leyes de seguridad. Enojo en la oposición.

Maria Cafferata

Martín Menem tiene hasta el 7 de agosto para decidir qué sanción le aplicará a los seis diputados oficialistas que fueron a sacarse fotos con Alfredo Astiz al penal de Ezeiza. Hasta ahora, el presidente de la Cámara de Diputados se ha negado: insiste en que es un tema "personal" de los legisladores y que no tiene sentido que el Congreso los discipline. En dos semanas, sin embargo, se llevará a cabo una sesión para tratar un paquete de leyes de Seguridad que Patricia Bullrich desea aprobar: si para entonces no habilita alguna respuesta institucional, la oposición lo hará por él. Unión por la Patria viene aumentando la presión para constituir una comisión investigadora y aprovechará el recinto para exponer públicamente a todo el gobierno. Y no son pocos los diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal y el PRO que podrían terminar acompañando. 

El gobierno se encuentra en una encerrona. La sesión convocada para el 7 de agosto había sido diseñada para dar inicio oficial a la segunda etapa legislativa post sanción de la Ley Bases. El temario estaba compuesto por una batería de proyectos poco conflictivos que, de aprobarse, le permitirían al oficialismo anotarse un nuevo triunfo antes de dar arranque de la etapa más difícil. Esto es: la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, la reforma política y el Presupuesto 2025. Pero la comitiva encabezada por Beltrán Benedit para entrevistarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad generó un terremoto interno. 

"Este despelote nos va a llevar puestos", confiesa una diputada libertaria que advierte que los coletazos de la visita al penal de Ezeiza aún no han terminado. Menem quedó en el ojo de la tormenta y el bloque oficialista se encuentra en estado de ebullición: recién cuando se reúnan el martes de la semana que viene habrá definiciones sobre el futuro del "grupo de los 6" --es decir, Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci-- y si se avanzará en castigos, reprimendas o, incluso, expulsiones. Algunos, como Bonacci, amenazan con abandonar el bloque, enojados con Benedit y Menem por haberlos dejado expuestos (y, en el caso de Benedit, por haberla "engañado" sobre el motivo de la visita a Ezeiza). 

De momento, Menem ha definido que no habrá sanciones. Pero la oposición y sus aliados presionan. La semana pasada, durante una reunión por la reforma electoral, Cristian Ritondo y Miguel Ángel Pichetto le advirtieron a Menem que, en la sesión del 7, debería "llamar al orden" a sus diputados y ensayar algún tipo de sanción disciplinatoria. "Vamos a estar cuatro horas con cuestiones de privilegio", le advirtió Pichetto. La semana que viene, cuando finalice el receso invernal, algunos aliados volverán a insistirle al riojano que actúe. "El terreno va a ser del kirchnerismo si no", advierten en el pichettismo.

UxP, en efecto, se está preparado para la batalla. Ya presentó un proyecto de resolución para que se constituya una comisión investigadora que evalúe la conducta de los diputados en base a lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución (que habilita al Congreso a "corregir" la conducta de sus miembros o, incluso, removerlos por "inhabilidad física o moral"). El día de la sesión pedirá un apartamiento de reglamento para que el recinto vote su conformación. Y, así, pondrá contra las cuerdas a los diputados de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y HCF que salieron a cuestionar --en público y en privado-- el accionar de los seis diputados oficialistas. "Es difícil no acompañar la conformación de una comisión para que investigue", deslizan en la conducción del bloque peronista.

El radicalismo es el primer apuntado. Por su historia y su vínculo con los derechos humanos, en el peronismo deslizan que la UCR tendría que acompañar. En efecto, el bloque radical fue uno de los primeros en sacar un comunicado cuestionando el accionar de los seis diputados libertarios e, incluso, varios firmaron un proyecto de repudio de Pablo Juliano. En el bloque estiman que más de la mitad acompañarían el pedido de UxP, pero hay desconfianzas y se reunirán antes para tomar una decisión. "A veces se sacan comunicados para que después no se les exija nada más", mascullaba un dirigente radical crítico con la conducción de la bancada, que lidera Rodrigo de Loredo.

HCF, mientras tanto, es un caso aparte. Con dos de sus principales espadas peleadas a muerte con Menem --Nicolás Massot y Emilio Monzó--, el bloque pichettista busca vengarse del lugar que el riojano les quitó en la Bicameral de Inteligencia. "Nos la vamos a cobrar, pero hay que evitar mandarlos al paredón", reflexionaba un integrante de la bancada, que insiste que, antes de acompañar una avanzada con el peronismo, primero hay que convencer a Menem de que él consienta una sanción interna. 

UxP, mientras tanto, continuará subiendo la presión todos los días hasta la sesión. El miércoles, el titular del bloque, Germán Martínez, le envió una carta a Menem en la que le exigía que brindara información sobre el auto oficial del Congreso que se había utilizado para viajar al penal de Ezeiza, así como el dato de las personas que habían autorizado el traslado. Gisela Marziotta, por otro lado, envió una solicitud para que se expulsara a los seis diputados directamente. 

El temario del 7 de agosto

La Libertad Avanza oficializó la convocatoria a una sesión especial el 7 de agosto con el objetivo de tratar más de una docena de proyectos. Los dos más importantes son dos iniciativas que vienen con el impulso de Patricia Bullrich (quien, sin embargo, no logró dictaminar los proyectos que verdaderamente le interesaban, como el de legítima defensa y el anti mafia). Estos son uno que modifica el Registro Nacional de Datos Genéticos, extendiéndolo más allá de los delitos sexuales y habilitando que se extraiga el material genético de imputados (y condenados) por una variedad de delitos. El otro proyecto flexibiliza los trámites para los usuarios irregulares de armas, estableciendo una prórroga para el registro de armas no autorizadas en la ANMAC. Estos dos proyectos, además de la entrada y salida de tropas y varios acuerdos internacionales, serán aprobados sin grandes dificultades.  

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 Dictamen de la Procuración del Tesoro sobre las mascotas del Presidente

El Gobierno pretende limitar el acceso a la información pública sobre Javier Milei

El organismo indicó que los datos sobre los perros del mandatario son parte de su vida privada y aseguró que no se usaron fondos públicos para construir los caniles en Olivos. Además, estableció límites para los pedidos de información.

La Procuración del Tesoro de la Nación salió al rescate de Javier Milei. El Presidente no quiere que se hable de sus perros, una tema que considera parte de su intimidad, y el organismo que conduce Rodolfo Barra actuó en consecuencia. A través de un dictamen, envió dos mensajes: primero, informó que no se utilizaron fondos públicos para la instalación de los caniles en la quinta de Olivos; segundo, estableció límites para el acceso a la información sobre "la vida privada" del mandatario.

Luego de las múltiples presentaciones que se realizaron para conocer detalles respecto a los perros que habitan en la residencia presidencial y el gasto público que implica su manutención, la Procuración del Tesoro indicó que las solicitudes de información sobre las mascotas no deben ser procesadas bajo la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública.

La resolución aclara que la consulta deriva en las “numerosas peticiones dirigidas a conocer ciertos aspectos vinculados a las mascotas del Presidente de la Nación, tales como, la cantidad, raza, nombre, edad, marca y tipo del alimento que consumen, elementos destinados al cuidado y manutención, incluido su embellecimiento; información vinculada a su estadía en la residencia Presidencial -fecha de ingreso, profesionales afectados a su cuidado pasado y presente, entre otros-, y al origen de los fondos con los que se solventaron las obras destinadas a su alojamiento (caniles)".

De acuerdo al dictamen, se trata de información de “naturaleza privada y familiar", que "no tiene relevancia pública" y que, por tanto, "no debe ser divulgada bajo la mencionada ley”. Asimismo, asegura que los gastos vinculados al cuidado de las mascotas “no fueron abonados con fondos del Tesoro Nacional,”, que los datos requeridos “no califican como públicos" y que "no se justifica su divulgación”.

En ese sentido, subraya que la ley de Acceso a la Información Pública tiene como objetivo garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la función pública y no para abonar la curiosidad sobre cuestiones privadas. "El régimen de información pública no puede ser transformado, por vía de un ejercicio abusivo del derecho, para erigirse en un instrumento para canalizar la simple curiosidad ciudadana, que por cierto genera necesidad de incrementar áreas del estado y consiguiente dispendio de recursos públicos", explicó.

Bajo esos argumentos, la Procuración del Tesoro remarcó que no toda consulta formulada con invocación del régimen de Acceso a la Información Pública debe ser aceptada y estimó "razonable y conveniente" modificar el artículo 3 de la ley para evitar prácticas abusivas. "La legislación respectiva no ampara la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando el pedido de información pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica. La banalidad misma de la cuestión impone no sólo el rechazo del pedido, sino que debería mover a la reflexión acerca del gasto (material y personal) innecesario, inútil e intrascendente que, para el Tesoro, este tipo de solicitudes provoca", indicó.

La intervención del organismo asesor llegó a partir de un pedido expreso de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, para que analice el marco jurídico de una serie de peticiones efectuadas respecto a las mascotas de Milei.

La postura de la Casa Rosada es que se trata de una "tema familiar", en el que no les interesa profundizar. Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a principios de mayo, cuando señaló que es una cuestión "de la vida privada del Presidente". "No vamos a hablar, ni ahora, ni en ninguna otra oportunidad", sentenció.

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Javier Milei asigna 100 mil millones a Santiago Caputo para la compra de un canal de TV y el manejo de trolls

En un contexto de ajuste fiscal sin precedentes, el gobierno de Javier Milei destina una suma millonaria a los servicios de inteligencia controlados por Santiago Caputo. El uso discrecional de estos fondos incluye la compra de un canal de televisión y la contratación de una empresa de trolls en India, cuestionando las verdaderas prioridades del gobierno libertario.

En medio de un ajuste fiscal que Javier Milei ha calificado como "el más grande de la historia", el gobierno sorprende al destinar 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), bajo el control directo de Santiago Caputo. Esta asignación, realizada a través de un decreto de necesidad y urgencia, ha sido etiquetada como "fondos reservados", lo que significa que estos recursos no estarán sujetos a ningún tipo de control ni rendición de cuentas.

El diputado Leopoldo Moreau, ex presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, destacó que este presupuesto supera ampliamente al de toda la inteligencia nacional, que rondaba entre 60 mil millones y 70 mil millones de pesos. Anteriormente, la SIDE operaba con 1.400 millones de fondos reservados, lo que subraya la magnitud de este nuevo desembolso.

Caputo, un asesor presidencial con una creciente influencia dentro del aparato estatal, se ha obsesionado con el control de los medios y la manipulación de la opinión pública. Según diversas fuentes, estos fondos se destinarían a dos operaciones clave: la compra de un canal de televisión y la contratación de una empresa de trolls en India. El objetivo sería manipular la información y controlar la narrativa mediática, en un contexto donde la libertad de prensa y la transparencia gubernamental están en entredicho.

La operación de compra de un canal de televisión requeriría unos 42 millones de dólares, con rumores que señalan a Telefe o América como los principales objetivos. Paralelamente, la contratación de una empresa india especializada en granjas de trolls podría costar varios millones de dólares, consolidando así una maquinaria de propaganda sin precedentes en la historia reciente del país.

El carácter discrecional de estos fondos ha generado una ola de críticas, especialmente en un momento donde la economía está en crisis y el poder adquisitivo de los jubilados y docentes se ve severamente afectado. La paradoja de un gobierno que se autodenomina "libertario" mientras centraliza el control de los medios y reprime la disidencia a través de herramientas de espionaje y manipulación de la información, no puede ser más evidente.

Caputo ha demostrado ser un operador hábil, logrando desplazar a figuras como Silvestre Sívori de la AFI, para colocar a Sergio Neiffert, un amigo de su padre, al frente de la SIDE. Neiffert, sin experiencia previa en el rubro, se ha convertido en una pieza clave en la estructura de control mediático y de inteligencia que Caputo está construyendo.

El uso de estos fondos reservados también se ha vinculado a la compra de influencia entre periodistas e influencers afines al gobierno, así como al financiamiento de trolls que atacan a críticos del gobierno en redes sociales. Este entramado de intereses, que mezcla negocios privados con fondos públicos, sugiere un panorama preocupante para la transparencia y la democracia en Argentina.

La resistencia de Caputo a permitir que la oposición controle la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia es un reflejo de la intención del gobierno de mantener un férreo control sobre la información y los recursos. La insistencia en que este cargo sea ocupado por alguien afín, como el peronista entrerriano Edgardo Kueider, refuerza la idea de un gobierno que prioriza la lealtad sobre la transparencia.

La decisión de Javier Milei de otorgar semejante poder y recursos a Santiago Caputo, en un momento de profunda crisis económica y social, plantea serios interrogantes sobre las verdaderas prioridades y valores del gobierno. Mientras la población enfrenta un ajuste feroz y la obra pública se paraliza, el foco del gobierno parece estar más en consolidar su poder y silenciar voces críticas que en resolver los problemas del país.

Este episodio marca un punto de inflexión en la política argentina, donde el manejo de fondos públicos sin rendición de cuentas, el control de los medios de comunicación y la represión de la disidencia se convierten en herramientas de un proyecto de poder que poco tiene de libertario y mucho de autoritario.

EN ORSAI

 Impugnaciones y peleas entre los diputados de La Libertad Avanza

Ante el caos libertario ya se habla de nuevas alianzas en Diputados

Martín Menem cuestionado por no controlar el bloque. La influencia de Karina. Zago aprovecha y acerca su bloque al PRO para desplazar a los libertarios de la segunda minoría.

Maria Cafferata

Pases de facturas, sospechas de carpetazos, impugnaciones al liderazgo de Martín Menem, peleas en los grupos de WhatsApp: la excursión al penal de Ezeiza de los seis diputados oficialistas que fueron a sacarse fotos con Alfredo Astiz causó un terremoto en La Libertad Avanza. Y Menem, que intentó desentenderse de todo el episodio, terminó quedando en el ojo de la tormenta. Sus enemigos internos lo acusan de no poder controlar el bloque y aprovechan el escándalo para echarle en cara las broncas que arrastran hace meses. Son días convulsionados para un bloque acostumbrado al caos y la anarquía que, sin embargo, se aproxima cada vez más a una ruptura. En eso comenzó a trabajar Oscar Zago, que fantasea con crear un interbloque con el PRO y todos los satélites del oficialismo que no responden a Menem. Zago imagina un espacio autónomo del control de Karina Milei y viene conversando con Cristian Ritondo para lanzarlo, oficialmente, en agosto. 

No son pocos los diputados libertarios que buscan cobrarse, hace tiempo, su venganza contra Martín Menem. Muchos lo acusan de violar acuerdos, de prometer lugares en comisiones y, después, quitarlos sin dar grandes explicaciones. El caso de Marcela Pagano y la presidencia de la comisión de Juicio Político fue el más resonante --ya que derivó en el descabezamiento de Zago y el desembarco de Gabriel Bornoroni en la presidencia del bloque--, pero no el único. Varios, además, le resienten --a él y a Karina Milei-- el haberlos desplazado de los armados territoriales de La Libertad Avanza, discriminándolos frente a los "preferidos" de la hermana del presidente. 

Los recelos y rencillas personales vienen de larga data, pero la visita a los represores condenados por delitos de lesa humanidad que organizó Beltrán Benedit terminó haciéndolos explotar por el aire. "Este es el tipo que asesinó a las monjas francesas, ¿cómo van a ir a sacarse fotos con él?", se indignaban varios que, con la misma rapidez que señalaban que había que "respetar los derechos humanos" de los condenados, advertían que visitar a Astiz, llamarlo por su nombre de pila como si fueran amigos y, de paso, entrar ilegalmente los celulares al penal para poder retratar el feliz encuentro, había cruzado un límite. 

Los integrantes de la comitiva encabezada por Benedit, que habían viajado a Ezeiza en un auto oficial del Congreso, quedaron manchados. Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y, en menor medida, Rocío Bonacci arrastran, ahora, un estigma y varios libertarios especulan con su expulsión. Algunos diputados oficialistas, como Zago o Carlos D'Alessandro, han declarado públicamente que están de acuerdo con la comisión investigadora que pidió conformar Unión por la Patria. "Son la mancha venenosa", deslizan voces de la bancada libertaria que, sin embargo, cuestionan que Menem se haya "lavado las manos".

El presidente de la Cámara, por ahora, ha decidido desentenderse de todo el episodio, argumentando que eran "actos individuales" que no representaban ni al bloque oficialista ni al gobierno nacional. La conducción libertaria confía que el tema se diluirá sólo y es por eso que, hasta ahora, han maniobrado para desescalar el conflicto: Menem le prohibió a Benedit que publicara un comunicado defendiendo sus reuniones con represores --los llama "ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista"-- y les prohibió dar declaraciones a los medios al resto del "Grupo de los 6".

La mayoría optó por bajar el perfil, pero no todos. Benedit, por ejemplo, decidió forzar la situación y compartió, hace unos días, un largo video en el que cuestionaba la política de derechos humanos de los Kirchner. El video, que publicó en grupo de WhatsApp interno de LLA, arranca con una imagen de Videla y una voz en off que dice: "Había que buscar un enemigo lo suficientemente malvado a quien cargarle con todos los males de la Argentina. Y las fuerzas armadas eran los enemigos perfectos". La única que atinó a responderle fue Cecilia Ibáñez, una de las diputadas del MID (el bloque que armó Zago cuando rompió con LLA). "Benedit guardate al silencio, no tenes vergüenza", le espetó. Lilia Lemoine amagó con defenderlo, pero después de eso solo silencio: ni Karina Milei ni Menem ni Guillermo Francos ni ninguno de los ministros nacionales que participan del grupo hicieron comentario alguno. 

El PRO y el MID: una nueva alianza 

La crisis interna que generó la visita a Astiz, finalmente, terminó funcionado como caldo de cultivo ideal para la conformación del interbloque opo-oficialista que Zago quiere construir hace semanas. Primero lo intentó con Menem cuando lo desplazaron de la presidencia de LLA y armó, junto a Ibáñez y Falcone, el bloque MID: en abril, buscó convencer al riojano de armar un interbloque libertario con varios satélites sueltos alineados con el oficialismo, como la tucumana Paula Omodeo y la dupla Carolina Píparo-Lorena Macyszyn. Ni Menem ni Bornoroni se mostraron interesados, por lo que Zago comenzó a conversar con el titular del PRO, Cristian Ritondo.

Ritondo y Zago se conocen desde hace más de 20 años, cuando ambos integraban el bloque PRO en la Legislatura porteña. Tienen buena relación y vienen trabajando, hace un par de semanas, para conformar un interbloque que sea presidido por Ritondo e integre al PRO, al MID, algunos de los satélites oficialistas sueltos e, incluso, algunos diputados de LLA. Marcela Pagano, que quedó golpeada luego de que Menem y Karina mandaran a desplazarla de la presidencia de Juicio Político, encabeza el listado, aunque aún no ha definido qué hará si el interbloque se conforma.

En el caso de oficializarse la conformación, el interbloque PRO-MID pasaría a tener al menos 40 o 41 diputados, superando en número de bancas a LLA --que tiene 38 diputados-- y convirtiéndose así en la segunda minoría de la Cámara de Diputados (la primera es UxP). El PRO, que está en su fase más combativa (debido a la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich), ganaría con esta movida mayor número y poder frente al gobierno. La decisión, sin embargo, será un tortazo directo a Menem. "Roma no paga traidores", advirtieron, amenazantes, en el entorno del riojano. 

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 Casi ochos meses sin control parlamentario

La pulseada entre los Milei y Villarruel se traslada a la Bicameral de Inteligencia

En la Casa Rosada quieren que el peronista disidente Edgardo Kueider presida el cuerpo. La vicepresidenta opta por el senador del PRO Martín Goerling Lara. Leopoldo Moreau avanza con una investigación sobre Patricia Bullrich.

Luciana Bertoia

No hay espacio en el que no se manifieste la interna entre los hermanos Milei y Victoria Villarruel. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) es el nuevo ring en el que se dirime la pelea entre las cabezas de La Libertad Avanza (LLA), que tienen distintos candidatos para presidir el órgano de control de la nueva-vieja Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El gobierno de Javier Milei está por cumplir ocho meses. En ese plazo, pasó de todo. Ya salió eyectado el primer jefe de los servicios de inteligencia de su administración, Silvestre Sívori. Ya hizo una megareforma del sistema de inteligencia por decreto y, de esa forma, pavimentó el retorno de la SIDE. Sin embargo, en todo este tiempo no se conformó la CBI.

La primera lectura que circulaba por el Congreso es que el gobierno no quería el control parlamentario sobre lo que pasaba en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pero rápidamente esa versión perdió fuerza y apareció otra: Karina Milei le decía a su aliado Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que dilatara la constitución de la comisión para que ésta no quedara en manos de un senador alineado con Villarruel.

La tensión entre ambas es evidente. El último episodio de esa pelea se centró en un posteo de la vicepresidenta en el que “bancaba” al mediocampista Enzo Fernández –después de que él mismo pidiera disculpas por unos cánticos racistas– y arremetía contra Francia, días antes de que el Presidente partiera hacia allá para participar de la inauguración de los Juegos Olímpicos y reunirse con Emmanuel Macron. La secretaria general de la Presidencia no dudó en desautorizar a Villarruel y fue a pedir disculpas a la embajada gala.

Villarruel pretendía manejar áreas sensibles como la seguridad, la defensa y la inteligencia, pero Milei terminó corriéndola de la mesa de decisiones. Para la Bicameral, la vice tiene un candidato: el senador misionero Martín Goerling Lara (PRO). Goerling responde a Humberto Schiavone, tiene vínculo con Patricia Bullrich, pero se mostró totalmente alineado a Villarruel. De hecho, la secundó en un encuentro con Heritage, el think tank conservador, que, según el New York Times, nutrió de cuadros técnicos al gobierno de Donald Trump.

Esa sintonía de Goerling Lara con Villarruel no cae bien en la Casa Rosada. Allí, corre con ventaja otro senador: Edgardo Kueider, un peronista disidente que tendría el visto bueno de colaboradores muy cercanos de Milei. Según cuentan en el Congreso, Kueider le hizo saber a éstos que él tiene llegada al resto de los integrantes de la CBI.

Durante el gobierno del Frente de Todos, la CBI estuvo presidida por el diputado Leopoldo Moreau –que sigue ejerciendo el cargo ante la acefalía. Moreau se quedará al igual que Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna. Los libertarios tendrán a dos representantes: los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger. El PRO tiene a Cristian Ritondo, además de Goerling Lara. De la Unión Cívica Radical (UCR) están Mariela Coletta y Mariana Juri –aunque las versiones indican que había intención de que Martín Lousteau reemplace a Juri en la comisión. También está designada la senadora Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut Ignacio Torres. De Unión por la Patria (UxP) habrá tres senadores: Oscar Parrilli, Eduardo “Wado” de Pedro y Florencia López.

El gobierno no mostraba mayor interés en conformar la CBI, aunque hubo un impulso después del desfile del 9 de julio. Las versiones indican que la persona detrás de ese súbito interés fue Bullrich.

Cambio de opinión

Lo que sucede es que la ministra de Seguridad se enteró de que Moreau tomó las denuncias de tres personas que fueron detenidas en la represión del 12 de junio pasado, mientras el Senado debatía la ley Bases. Los tres denunciaron que en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que dependen de Bullrich, fueron interrogados sobre su filiación político-ideológica.

Moreau no solo tomó las declaraciones y pidió información a la justicia federal de Lomas de Zamora y Morón, sino que en las últimas horas firmó la admisibilidad de las denuncias. Esto implica que la CBI está en condiciones de abrir una investigación sobre Bullrich y el rol del SPF. La ministra y el Servicio Penitenciario Federal ya están bajo el foco de atención después del escándalo de la visita de seis diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros genocidas que están presos en la Unidad 31 de Ezeiza. La semana pasada, la justicia federal le pidió información sobre el ingreso de los legisladores del 11 de julio. Pero Bullrich mostró los dientes y no respondió.

Cuando se abre una investigación en la CBI, se designa una subcomisión para que lleve adelante la pesquisa. Esto sucedió con distintos episodios vinculados al espionaje durante el gobierno de Cambiemos: hubo subcomisiones que se centraron en los Súper Mario Bros (los policías porteños que pasaron a la AFI para hacer espionaje político), otra se enfocó en la vigilancia a las familias del ARA San Juan y hubo un grupo que indagó en la llamada "Gestapo" antisindical.

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Aplauso, beso y medalla

El Gobierno no quería que viajaran, pero los estudiantes vuelven de la Olimpiada de Matemática coronados de gloria

Durante años y años, el Senado costeaba el viaje de los clasificados a la Olimpiada de Matemática. La tradición se rompió, por primera vez, durante la gestión de Milei y Villarruel: negaron financiar los pasajes mientras repartieron viáticos a distintos legisladores. Los pibes hicieron una colecta, viajaron igual y volvieron con resultados: obtuvieron una medalla de plata, tres de bronce y una mención de honor.

Una historia con final feliz. Así podría simplificar lo que sucedió con los seis estudiantes argentinos que viajaron a las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, en Bath, Inglaterra. Sucede que, luego de que el Gobierno les negara el financiamiento del viaje, por lo que debieron realizar una colecta para solventar los gastos, los representantes argentinos tuvieron un excelente desempeño: obtuvieron una medalla de plata, tres de bronce y una mención de honor.

La medalla de plata fue para Felipe Klir, del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE), de la Ciudad de Buenos Aires. Las de bronce, para Matías Álvarez Oviedo (del Instituto Politécnico Superior General San Martín de Rosario, Santa Fe); Emiliano Sosa, de la Unidad Académica Dante Alighieri de Campana, Buenos Aires; Ignacio Javier Naguil, del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Río Gallegos, Santa Cruz y Uriel Isaac Digestani, de la Escuela Técnica ORT de CABA. En tanto que, la mención de honor la recibió Lola Muriel Ruffolo, del Instituto Politécnico porteño.

Compitieron entre 609 alumnos, de 108 países. Klir ya había obtenido una presea de plata en la edición anterior del certamen, realizada en Japón. Para él y para Digestani fue la tercera experiencia internacional. Para Naguil, la segunda. Sosa, Álvarez, Oviedo y Ruffolo llegaron por primera vez.

Los seis jóvenes habían sido noticia un mes atrás, cuando desde el espacio Olimpíada Matemática Argentina salieron a pedir ayuda. Ese diario difundió que, por primera vez, el Senado no estaba aportando los fondos para garantizar el viaje del equipo seleccionado. “No hay plata”, fue la respuesta que recibieron por parte de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, mientras abría la chequera para financiar —por ejemplo— la estadía de Lucila Crexell en Ginebra.

Desde hace más de 30 años, la Cámara Alta financiaba la participación argentina en este certamen científico a través de las resoluciones DR 405/89 y la complementaria DR682/99, que mediante el otorgamiento de un “Premio a las Ciencias Matemáticas” permitían el viaje de estudiantes locales a la competencia internacional. Sin embargo, este año, cuando los coordinadores nacionales intentaron iniciar las gestiones para obtener el dinero, la respuesta no fue positiva.  

Ante la negativa, desde Olimpíada Matemática Argentina se abrió una colecta que logró gran difusión. “Este año la Olimpíada Matemática Argentina tiene dificultades para pagar los pasajes de los equipos para las olimpíadas internacionales en las que participa nuestro país. La primera es la más importante: IMO (Olimpíada Internacional de Matemática), del 11 al 22 de julio en Bath (Reino Unido). Tenemos que comprar ocho pasajes por lo que toda colaboración es bienvenida”, decía la publicación que lanzaron a través de sus redes sociales.

Finalmente, gracias a los aportes que llegaron por esa vía, el equipo de seis estudiantes y dos adultos docentes pudo viajar a Bath, donde la competencia comenzó el 11 de julio y finalizó con excelentes resultados para los chicos argentinos. Los mismos que el Gobierno no hizo nada para que compitan.

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