El Gobierno sigue sin responder por qué tiene custodia Adorni ni para qué la usa

Ante un pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Seguridad no quiso responder estos y otros interrogantes, como si hubo algún expediente o si fue todo “de palabra”, como acusan dirigentes de la oposición. Tampoco se conoce si hubo denuncia penal previa que la justificara.

Carla Pelliza

“Por motivos de seguridad, por ahora se mantiene”. En una de sus primeras intervenciones, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó con estas palabras que Manuel Adorni y su grupo familiar siguen contando con móviles, choferes y custodias financiados por el Estado nacional. El Destape, mediante un pedido de acceso a la información pública, solicitó precisiones sobre desde cuándo, por qué y bajo qué actos administrativos Adorni goza de este privilegio. La respuesta: ninguna. O sí, pero la clásica respuesta evasiva: el Ministerio de Seguridad se amparó en un supuesto riesgo hacia la seguridad personal de Adorni para no responder nada.

El 4 de mayo, este medio elevó un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Seguridad. La respuesta llegó recién el 24 de junio: no iban a proporcionar ningún dato.

Para evitar responder, Seguridad se amparó en el “Protocolo de organización de los recursos humanos y materiales afectados a los tres niveles de protección de estado y custodia". Según el Ministerio, que generaliza e iguala el plano operativo con el administrativo, “la divulgación de los datos requeridos califica como información sensible y, en tanto revela detalles de planeamiento estratégico y de capacidades empeñadas, dicha información permitiría detectar eventuales vulnerabilidades y rutinas de la custodia”. Así, para la cartera, conocer detalles que hacen al plano estrictamente burocrático podría facilitar “a terceros modelar patrones de conducta u operativos, incrementando de manera exponencial el factor de riesgo sobre el funcionario custodiado y el propio personal de seguridad asignado”.

Evasivas que nada tienen que ver con las consultas realizadas por El Destape, que apuntaban centralmente a saber si la asignación estaba justificada en amenazas denunciadas ante la Justicia, y si habían seguido el trámite administrativo requierido por las leyes y reglamentaciones vigentes. Por ejemplo, estas preguntas:

• “Confirme si el Ministerio de Seguridad asignó custodia al señor Adorni y su grupo familiar en diciembre de 2023. Si fue posterior a esta fecha, informe cuándo se realizó esta asignación”. Según el propio exjefe de Gabinete en su última conferencia de prensa en mayo, “apenas asumimos, a los dos o tres días, mi familia y yo no sólo que recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública” que derivó en la protección oficial. La Resolución 757/18 del Ministerio de Seguridad establece que le corresponde custodia al Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministro y Secretario de Seguridad, pero no a un subsecretario, rango que Manuel tenía por aquellas fechas. Si hubo algún hecho que justificara la custodia por fuera de lo establecido, no fue respondido.
• “¿Qué amenazas a la integridad física del señor Manuel Adorni y su grupo familiar existían? ¿Se realizó la correspondiente denuncia penal? De ser así, informe fecha de la/las denuncias, juzgado asignado y número de causa”. La supuesta agresión que dio origen al pedido de custodia fue informada por Adorni. Si se trató de un ataque tan grave como para justificar la custodia de un funcionario por debajo de los establecidos por la Resolución 757/18 del Ministerio de Seguridad, debería haberse realizado la correspondiente denuncia penal. ¿Cuál sería el riesgo para Adorni de conocer la fecha de la/las denuncias, juzgado asignado y número de causa? ¿O es que no existió ni agresión ni mucho menos denuncia?
• “Informe si existe expediente por el cual se le asigna la custodia al señor Adorni y su grupo familiar cuando se desempeñaba como vocero presidencial y como secretario de Comunicación, y en tal caso informe fecha y número de expediente, fecha de inicio del trámite para asignar la custodia, y acto administrativo por el cual se otorga la custodia y fecha del mismo”. Una consulta meramente administrativa que no realiza ningún requerimiento específico sobre la cuestión operativa.
• “Informe el procedimiento normal y habitual para solicitar y asignar este tipo de custodias, y las áreas que deben intervenir”. Otra pregunta inocua no respondida. Las negativas refuerzan la idea de que hubo, de mínima, incumplimientos administrativos. De máxima, la asignación de un privilegio que no le correspondía a Adorni.

Extracto de la respuesta del Ministerio de Seguridad donde se aluden "razones de defensa o política exterior" para no responder sobre la custodia de Adorni.

Una importante fuente con conocimiento de la operación que derivó en la oficialización de la custodia confirmó a El Destape que no existió expediente administrativo en el Ministerio de Seguridad porque la protección del Manuel Adorni vocero se trató de una cuestión “de rutina” operativizada por la Policía Federal bajo coordinación de Presidencia.

Otra fuente con pasado en el Ministerio de Seguridad coincidió en que “el jefe de la custodia presidencial hace lo que quiere porque depende de Presidencia, se pasa por el orto al Ministerio”, así que “tranquilamente pudieron ponerle custodia a Adorni y a la mujer sin iniciar ningún expediente”.

La diputada nacional Marcela Pagano, que presentó dos denuncias penales por el manejo de la custodia de Adorni, coincide en que se trató de “custodia presidencial que administra Casa Militar” y que, según la información que maneja, “Karina Milei dio esa orden” pese a que “ningún Secretario puede tener custodia. Sólo el Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete y Ministro de Seguridad. Tampoco Karina debería tener la custodia que tiene”, afirmó a El Destape.

El primero en denunciar públicamente el uso de la custodia oficial por parte de Adorni y su familia fue Rodolfo Tailhade, quien en el recinto de Diputados aseguró que los efectivos eran usados para “llevar a los hijos a la escuela”, “hacer las compras” y hasta llevar a la esposa de Adorni y sus amigas a bares nocturnos. Consultado por este medio, el legislador sostuvo que “todo indica que la custodia es de Presidencia o de Casa Militar” y que el oscurantismo del Ministerio busca ocultar “a Karina digitando, como se le canta las pelotas, el manejo del personal de la custodia presidencial y de Casa Militar, que tiene un reglamento muy muy estricto”.

Pagano presentó dos denuncias, una dirigida a Monteoliva y las autoridades de Gendarmería Nacional por apostar una custodia en la puerta del country Indio Cuá alegando “posibles hechos de alteración al orden público”, excusa que definió como una “pantalla mediante la cual se encubre lo que en verdad sería una custodia personal y domiciliaria prestada por Gendarmería Nacional en beneficio de un particular”. La otra, directamente contra Adorni por conservar privilegios aún fuera del Estado.

A más de dos años y medio de gozar de esta prerrogativa, para la diputada “no hay al día de hoy denuncia penal alguna por la que algún juez o fiscal haya ordenado que Adorni debía estar custodiado”. Una mirada que comparte Tailhade, quien entendió que el Ministerio de Seguridad oculta información “porque no existió” ninguna denuncia penal “y el expediente administrativo seguramente nunca existió”.

El Destape

 

La entrega de secretos nucleares a los Estados Unidos y la privatización del uranio

El sector privado quiere quedarse con el negocio de la exportación de uranio y el Gobierno acelera el desguace de su plan nuclear con el despido de trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Sebastián Premici

El desguace de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tiene una línea de continuidad con la privatización de los principales activos nucleares, con el desmantelamiento del CAREM y la entrega de los yacimientos de uranio apalancada en los acuerdos entre Estados Unidos y la Argentina por el control de la cadena de suministros de los minerales críticos.

La enajenación de los activos estatales también conlleva represión, tal como quedó en evidencia el pasado 30 de mayo con los despidos de 61 trabajadores y trabajadoras de la CNEA y el involucramiento del Comando Unificado de Seguridad Productiva (CUSP) al mando de la Gendarmería.

La cantidad de científicos y técnicos que se fueron de la CNEA, ya sea por un despido o por supervivencia, ascendía a 571 trabajadores para mayo, según el último informe sobre la dotación de empleados del sector público que difunde el INDEC. Entre 2023 y 2025, el gasto devengado del organismo tuvo un recorte del 42% en términos reales de acuerdo al análisis del Instituto Argentina Grande (IAG). El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) fue paralizado.

“Al cierre del primer año de gobierno de Milei había renunciado el 20% del personal abocado al CAREM. Ahora llegamos al 40%. Ese éxodo fue captado por la empresa Meitner Energy, integrada en un 60% por el Grupo Ansari y otro 40% por el INVAP. Con los 50 millones de dólares que invirtieron en Meitner están matando el Plan Nuclear Argentino”, denunció Adriana Serquis, diputada de UxP y ex titular de la CNEA, en diálogo con El Destape. Muchos de los desplazados del proyecto CAREM fueron recontratados por Meitner.

El desguace también podría implicar la cesión de secretos vinculados a la construcción de las centrales o los reactores nucleares a empresas privadas. Con los trabajadores que pasaron del CAREM a Meitner también migró un saber adquirido y patentado por el propio Estado nacional

La cuestión de los secretos fue puesta sobre la mesa por María Magdalena Villaverde, gerenta del área CAREM, a través de una nota interna del 6 de marzo de este año referida a un pedido de autorización por parte de IMPSA para buscar el financiamiento externo que le permita concluir la vasija de contención del reactor del CAREM. El tema es que esa vasija presión tiene por destino ser ofrecida como “modelo” para otro tipo de reactores.

Durante la Argentina Week, IMPSA, propiedad de la norteamericana ARC Energy, cerró un acuerdo para exportar componentes nucleares a los Estados Unidos vinculados a los pequeños reactores SMR utilizados en los datas centers de inteligencia artificial. Para concretar el negocio, IMPSA ofrecerá como “carta de presentación” el knowhow adquirido en la construcción de la vasija de presión diseñada para el proyecto CAREM.

“Se recuerda que se deberá tener en cuenta los límites establecidos en la Resolución N° 236 del 29 de julio de 2009 que define como CONFIDENCIAL toda la información relacionada al diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, la puesta en marcha y en general de toda información relacionada al Proyecto CAREM25”, señalaba Villaverde en la nota a la que accedió El Destape.

Uranio For Export

Milei le ofrece a los Estados Unidos todos los secretos del programa nuclear argentino sin nada a cambio. Durante los primeros días de mayo, los funcionarios del Departamento de Estado y Energía de la administración Trump, Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla, recorrieron las instalaciones del Centro Atómico Constituyente (específicamente las facilidades de almacenaje de material nuclear y los elementos Combustibles para Reactores de Investigación); el Centro Atómico de Ezeiza con la inspección de los reactores RA-3 y RA 10; y el Centro Atómico de Bariloche.

La visita se realizó entre el 4 y 6 de mayo. Dos días después, las autoridades de la CNEA daban por iniciado el procedimiento “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”. El primer paso para la privatización de los principales activos nucleares.

A partir de ese expediente - EX - 2026 - 44525894 - APN - GACOYA#CNEA- la Comisión puso a disposición de los privados interesados “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un Interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”. ¿A qué se refiere con “elemento patrimonial inmaterial”? ¿Patentes protegidas por secreto?

Los interesados –futuros inversores privados del saqueo- podrán solicitar autorización para visitar “predios, terrenos, yacimientos, complejos, establecimientos, plantas, instalaciones, infraestructuras, dependencias, emplazamientos, sectores, áreas operativas o cualquier otro espacio físico determinado respecto del cual el Interesado requiera información, documentación, antecedentes o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”.

Desde la junta interna de ATE CNEA indicaron a El Destape que la nueva movida privatizadora apunta al reactor nuclear para investigación AR 10. Una funcionaria inglesa ya les había dicho a los científicos de la Comisión, en diciembre de 2024, que “la Argentina no puede darse el lujo de tener un desarrollo de estas características”.

También apunta al negocio del uranio, el mineral crítico que Estados Unidos necesita para abastecer su Proyecto Bóveda, en el marco de la PAX Sílica. Los recursos identificados de uranio totales de la Argentina son 38.740 tU (tonelada de uranio). La CNEA todavía posee los yacimientos de Sierra Pintada (Mendoza), Cerro Solo (Chubut), Don Otto (Salta) y Laguna Colorada (Chubut), plausibles de ser entregados a los sectores privados con acuerdos de exportación hacia los Estados Unidos en el marco de la nueva Doctrina Monroe.

Además de UrAmerica Ltd y Blue Sky Corp, aparece bajo el radar la empresa Fisherton Mining S.A., creada el 30 de junio de 2025 por Damián Carlos Barreto y Víctor Daniel Morera.

Barreto posee vínculos con el Grupo Pérez Companc (también interesado en NA-SA a través de su participación en Conuar, empresa de la cual fue director ejecutivo), IRSA (Eduardo Elsztain, vía GDCI SA) y Genneia (Argentum Investments, Fintech Energy, Jorge Pablo Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo y LAIG Eolia S.A).

Lo más llamativo de Fisherton SA es que su aparición se da dentro del expediente 2025-100609145-APN-GACOYA#CNEA titulado Informe Nuclear Reservado, iniciado el 10 de septiembre de 2025.

Tierras raras para el RIGI

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) calcula que las reservas de tierras raras ascienden a 120 millones de toneladas métricas. De este total, China posee la mayor parte con 44 millones de toneladas métricas, con proyectos en ASIA, África y en menor medida en América latina.

“En Chile, Brasil y México, la participación de inversiones chinas en proyectos mineros es menor al 3%. En Argentina posee la mayor participación con un 10,53%, seguida de Perú, con casi un 6%”, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América latina (OCMAL).

Las reservas en tierras raras siguen en Vietnam, Rusia y Brasil, con cantidades que rondan las 20.000 toneladas métricas. Estados Unidos quedó atrás en la carrera por la cooptación de estos elementos claves. ¿Por cuánto tiempo más?

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) presentó un informe que identificó un potencial de 190.395 toneladas de recursos de tierras raras en el país, con indicios en zonas no evaluadas en Valle Fértil (San Juan) y yacimientos confirmados en cinco provincias. 

El informe del SEGEMAR mencionó indicios de estos elementos en zonas no evaluadas en Valle Fértil, San Juan, y determinó la existencia de yacimientos en: Salta y Jujuy; San Luis; Santiago del Estero; y Córdoba.

Las tierras raras, que abarcan elementos como el neodimio, praseodimio y lantano, son esenciales para la fabricación de imanes de alta potencia, insumos críticos utilizados para la tecnología mundial como motores de vehículos eléctricos y generadores de energía eólica. El proyecto de ley para incorporar estos minerales al RIGI fue presentado por la ex radical Silvana Giudici.

El Destape

Aportes del Tesoro, cancelación de deudas y adelantos de Coparticipación, en el menú

Las promesas de Milei a los gobernadores a cambio de apoyar sus reformas y el camino a la reelección

El Gobierno concentra esfuerzos en blindar primero sos iniciativas económicas y deja para más adelante la discusión sobre la eliminación de las PASO.

Analia Argento

La Casa Rosada negocia a dos velocidades. La imagen corresponde a un alto funcionario que habla del pedido que Javier Milei transmite a los gobernadores a través de Diego Santilli y que explicitó por cadena nacional en la vigilia del 9 de julio. El Presidente cree que es más importante que los gobernadores acompañen las reformas económicas que están en debate, un “blindaje” que exhibe como una señal a inversores y mercados. Además, queda claro que con cada ley aprobada en el Congreso -siempre con los votos de distintos partidos- el oficialismo suma poder político y condiciona a quienes se le acercan para eventuales alianzas con La Libertad Avanza en las elecciones de 2027. Desde Casa Rosada admiten que, por ahora y en paralelo, reducen la velocidad para la reforma electoral, que recién será tema de conversación en el avance del tercer trimestre del año. A los jefes provinciales ni siquiera les mostraron un borrador ni les blanquearon definiciones sobre la posibilidad de instrumentar listas colectoras, más allá de que el oficialismo apunta fundamentalmente a eliminar las PASO y los espacios gratuitos de publicidad electoral.

El objetivo más inmediato que tiene en su cabeza Milei es la sesión de este jueves en el Senado, donde se tratará la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que milita fervorosamente Federico Sturzenegger. La norma -cuyo tratamiento se postergó por falta de apoyo entre los aliados- elimina topes a la venta de tierras rurales a extranjeros; acota la declaración de “utilidad pública” de posibles bienes expropiados; establece desalojos exprés en propiedades usurpadas o cuando hay inquilinos deudores y, entre otros cambios, deroga el artículo de la Ley del Manejo del Fuego, que prohibía por 30 años el cambio de uso de predios rurales incendiados.

El resto de la agenda la explicitó Milei ante diputados y senadores convocados por su hermana Karina Milei diez días atrás en Balcarce 50. Esta semana se repitió el temario en la charla de la mesa política, también con la secretaria general a la cabeza. La Ley de Zonas Frías es la segunda prioridad junto con la Ley de Inocencia Fiscal. La tercera línea es para el cambio electoral, y no solo porque el oficialismo todavía no juntó los votos, sino fundamentalmente porque aún no define su propia estrategia en cada distrito. También es su forma de negociar: poner en la agenda pública los temas antes de explicitar la letra chica.

En la semana, Patricia Bullrich “spoileó” lo que se conversaría en la mesa política -la primera después de la salida de Manuel Adorni- y reveló el esquema de las necesidades oficiales cuando tuvo que acordar la convocatoria a la sesión del jueves 16. De todos modos, ya sin Adorni en el gabinete y con la hermana de Milei y Santilli tomando el mando, la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta se tomó un descanso mediático. De hecho, la participación del Presidente, su gabinete y las autoridades parlamentarias en el Tedeum graficó el nuevo orden violeta y la decisión de profesionalizar y ordenar la comunicación no verbal. El protagonista de la narrativa visual fue el primer mandatario, tanto en la caminata de Casa Rosada a la Catedral como en el saludo afectuoso a Jorge Macri y a Belén Ludueña, que lo esperaban con su bebé en brazos, y el saludo a los granaderos, cantando a viva voz la Marcha de San Lorenzo. De la misma manera, fue una señal para recuperar agenda que, en un feriado nacional, haya encabezado una reunión de gabinete y que haya salido al balcón con su hermana y Santiago Caputo, el triángulo que ganó la elección de 2023, según dijo entonces el propio Milei. Su obsesión por modificar la Carta Orgánica del Banco Central -tema de ese encuentro- también pretende constituirse en un blindaje a futuros gobiernos para prohibir la emisión monetaria.

“Si las reformas tienen mucho apoyo político, a los próximos gobiernos les va a costar cambiarlas y además el respaldo es toda una señal”, repiten cerca de los Milei, convencidos de que solo bajo la transformación de la matriz productiva y del achicamiento extremo del Estado habrá crecimiento. En ese sentido, el Presidente repite que no se mueve “ni un ápice” del modelo ni se frena, como dijo este fin de semana, la importación que pone en jaque a industrias nacionales.

El mensaje a los gobernadores es similar, más allá de la cercanía que Santilli tenga o no con sus interlocutores. La premisa general es que no hay marcha atrás frente al insistente reclamo por obras. Lo que sí promete el jefe de Gabinete, en línea con Karina Milei –“de política hablen con mi hermana”, recordó esta semana el Presidente–, es la posibilidad de habilitar partidas en concepto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN); cancelar deudas -como las que ya se convinieron entre Anses y algunas cajas provinciales de jubilación bajo la mediación de la Corte Suprema-; autorizar endeudamiento o el adelanto de Coparticipación. Eso explica, por ejemplo, que un gobernador como Claudio Vidal haya estado tanto en la asunción de Santilli como en Tucumán. Poco afecto a estos eventos, viajó desde Santa Cruz, donde reclama al kirchnerismo por no aprobarle en la Legislatura la toma de deuda. Su gestión hoy depende de los adelantos que le hace Luis Caputo desde Nación.

De la misma manera, el santafesino Maximiliano Pullaro pasó por el despacho de Santilli para mostrar su disposición. Invitados a último momento hubo gobernadores como Alberto Weretilneck, de Río Negro, que no pudieron viajar. En su caso, porque tenía el aniversario de las localidades de Choele Choel y San Antonio Oeste. Por su parte, Pullaro, para evitar especulaciones, agendó su primer encuentro con “el Colo” para avanzar con propuestas para la cancelación de la deuda que Nación tiene con Santa Fe y con el traspaso de la ruta A012, que fue provincial, se nacionalizó y próximamente volverá al estado provincial.

Mandatarios dialoguistas -radicales, PRO, provinciales y peronistas- coinciden en mencionar que todavía no se habla de reforma política y que no hay definiciones del Gobierno sobre las que conversar. “Recién después de julio”, respondieron varios jefes del interior que están dispuestos a escuchar.

Otros dos temas aparecieron en las charlas con gobernadores. El primero es el Servicio Meteorológico Nacional. En pleno desmantelamiento, se planteó la necesidad de que el organismo elabore un programa para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, que sería crítico sobre todo en la región norte del país.

El segundo tema es la obra social de las Fuerzas Armadas. La crítica situación de IOSFA afecta a sus afiliados y a hospitales a cargo de municipios y gobernaciones, y daña el relato del gobierno nacional, al que por esta cuestión le apunta fuertemente la vicepresidenta Victoria Villarruel. Una alta fuente del Poder Ejecutivo le dijo a Página/12 que evalúan un convenio con una prepaga para que los integrantes de las Fuerzas Armadas deriven aportes, un calco de lo que se hizo en el Ministerio de Seguridad con los efectivos a cargo y Medicus. Otra vez la solución sería privatizar.

El viaje de más de la mitad de los gobernadores a Tucumán fue un “gesto”, aunque no hubo más que una breve charla con Santilli y apenas un saludo con Javier y Karina Milei, que llegaron con el tiempo justo para el acto. La gestualidad fue el mensaje, al igual que el mate y los chipá que convida el equipo de Santilli en la planta baja de Casa Rosada. “Esto no pasaba ni con Guillermo Francos”, bromeó un visitante días atrás, recordando la sobreactuación de austeridad y el espíritu anticasta que reinaba antes del derrumbe que provocó Adorni y, simbólicamente, su cascada.

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La unidad del peronismo es clave para frenar a Javier Milei

Qué dicen las encuestas sobre las candidaturas

Los consultores coinciden en que el PJ es competitivo, pero la división actual complejiza el panorama. Las otras opciones.

Raul Kollmann

Este es el diagnóstico de los consultores sobre la situación de la oposición.

Raúl Timerman sostiene que “cuando preguntás a la gente quién le gustaría a usted que sea el próximo presidente, aparece primero Javier Milei con 26 puntos, después Axel Kicillof con 20, y tercera Cristina Kirchner con 11 puntos. Todo el peronismo suma 35 puntos. Esto es una pregunta espontánea, es no guiada”. El consultor explica que “el peronismo es competitivo, pero está dividido. ¿Y quién garantiza que lleguen a un acuerdo? Podría haber también un candidato opositor no peronista. Myriam Bregman aparece con 4 puntos, lo mismo que Victoria Villarruel también con 4. Pero como están las cosas hoy, no parece animarse nadie que salga de esos nombres. Se habla de Jorge Brito, de Daniel Hadad, de Carlos Melconian, de Dante Guebel. Pero ninguno ha dicho ‘yo voy a jugar’“.

Para Alfredo Serrano Mancilla, “la oposición, tiene, justamente, la dificultad de estar muy desordenada. Esa es la principal variable negativa”. Y agrega: “Y no es sólo desorden porque no están claras las candidaturas, sino tampoco las herramientas para constituir un frente anti-Milei, claro y nítido. De hecho, se está gastando demasiado tiempo en lamentarse por la eliminación de las PASO. Hay que hablar de métodos para encontrar las candidaturas, hay que hablar de quiénes constituyen y quiénes no constituyen el frente. Y luego elegir bien los ejes, sobre todo a la hora de explicarle a la ciudadanía las cosas que le ocupan y le preocupan”.

Roberto Bacman considera que la unidad es una condición para tener chances en 2027. “Las chances de la oposición dependen de tres condiciones. La primera, la unidad, que es muy importante para los peronistas. La segunda condición es la democratización. Las candidaturas tienen que salir de una elección democrática. Y la tercera condición es que el peronismo tiene que plantearle a la sociedad un proyecto alternativo y antagónico, que seduzca no sólo a los peronistas, sino también a los que se oponen al proyecto de derecha. La realidad hoy en día es que la interna entre Cristina-La Cámpora y Axel Kicillof, junto a intendentes del Gran Buenos Aires no pasa por su mejor momento. Parece no tener solución”, sostiene.

Hugo Haime cree que en la oposición no aparece una propuesta de alternativa. “Hay que pensar que dentro de los que piden cambio, hay un sector renuente a votar al peronismo. Esa es la dinámica que veo. La oposición parece enfocada en resolver sus problemas más que en armar una propuesta superadora. Las PASO serían un instrumento interesante para el ordenamiento opositor”, describe.

Para Federico Aurelio el peronismo, como fue en el 2023 y 2025, es el principal espacio opositor. “Hoy, quien mide mejor es Axel Kicillof. No existe una búsqueda de terceras opciones, pero falta mucho y el argentino está concentrado en sus preocupaciones día por día. Una mejora en la economía le va a aumentar aún más la probabilidad de ganar a Milei. Una caída en la economía lo va a llevar al balotaje, casi indubitablemente y habrá que ver si la gente mantiene el acompañamiento que tiene hoy o apostará al cambio”, indica.

Artemio López considera que la oposición tiene una “limitación estructural insalvable que es la proscripción de Cristina Fernández, su principal líder político y electoral”. Y agrega que: “Su debilidad expresada en la fragmentación creciente debe atribuirse básicamente a esta circunstancia anómala. Las PASO podrían contribuir a atenuar la fragmentación de la oposición, en especial la peronista, por eso el interés oficialista en su eliminación, aunque debemos señalar que la dimensión electoral no resuelve diferencias políticas profundas, en especial en el peronismo, el reconocimiento o no de la conducción”.

Santiago Giorgetta cree que “la oposición se encuentra sumida en discusiones dirigenciales ajenas a los problemas de la sociedad. Solo algunos dirigentes que demuestran capacidad de gestión aparecen como opción competitiva”.

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Dolor en el fútbol argentino: murió Antonio Rattín, leyenda de Boca y de la Selección

El legendario capitán de Boca y la Selección falleció a los 89 años. Ícono de una era dorada del fútbol argentino, quedó en la historia grande por su coraje, su fidelidad a una sola camiseta y su inolvidable rebeldía contra el poder en el Mundial de Inglaterra 1966.

El fútbol argentino está de luto. Este sábado 11 de julio se confirmó la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos símbolos de la historia de Boca Juniors, club en el que jugó durante toda su carrera, y un emblema indiscutido de la Selección Nacional. El histórico mediocampista central tenía 89 años.

Nacido en Tigre en 1937, "El Rata" representó como pocos el sentido de pertenencia en el fútbol. Vistió una sola camiseta a nivel de clubes durante sus quince años de carrera profesional, entre 1956 y 1970. Con el Xeneize disputó 382 partidos, marcó 28 goles y conquistó cuatro títulos locales, consolidándose como el gran capitán y caudillo de la mítica década del 60.

Su estampa de líder traspasó las fronteras de la Bombonera. Con la camiseta albiceleste jugó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de las Copas del Mundo: tras ser injustamente expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en los cuartos de final ante el local, Rattín se retiró del campo de juego apretando la bandera británica del córner y sentándose en la alfombra roja de la reina Isabel II, un acto de rebeldía que aceleró la implementación de las tarjetas amarillas y rojas en el fútbol mundial.

Tras su retiro, tuvo un breve paso como director técnico (dirigió a su amado Boca y a Gimnasia de La Plata) y posteriormente incursionó en la política local como diputado nacional a principios de los años 2000. En 2015, el club de la Ribera lo inmortalizó con una estatua en el Museo de la Pasión Boquense.

El Destape

La industria nacional que podría producir para Vaca Muerta, la minería y el campo queda al margen de su crecimiento explosivo

Primarización al palo

El boom de los sectores energéticos y el crecimiento del campo no tracciona a industrias y proveedores locales, que pierden oportunidades de desarrollo.

David Cufre

La larga cadena de desarrollo productivo y tecnológico que podría arrastrar el boom de Vaca Muerta y la minería, más el renovado impulso del sector agropecuario, está trabada. Esos tres sectores, el del petróleo y gas, más la minería y el campo son la locomotora del crecimiento económico, pero le faltan vagones que debería tener detrás.

En los últimos días quedó claro dónde están esos vagones: Techint despidió a 150 trabajadores de la planta en Valentín Alsina que provee insumos para la industria petrolera, Metalfor despidió a 35 trabajadores de la fábrica cordobesa que produce maquinaria agrícola y las mineras australiana y china a cargo de un mega proyecto minero en San Juan compraron las casas para sus trabajadores en China, para armar acá pieza por pieza, con aires acondicionados y equipos de procesamiento de agua incluidos.

Son ejemplos de una situación estructural que definió el gobierno de Javier Milei con sus políticas, las cuales privilegian y dan condiciones extraordinarias a multinacionales y grandes capitales para generar proyectos de enclave, con ganancias fabulosas para ellos y escaso derrame sobre el aparato productivo y los trabajadores del país.

La cancha está inclinada en contra de los proveedores argentinos por parte del propio gobierno nacional, que facilita, por ejemplo, la importación de maquinaria usada con hasta 30 años de antigüedad. Sectores industriales como el de maquinaria y equipos registran el impacto. En lugar de estar creciendo en buena forma, gracias al impulso adicional del sector energético, en lo que va del año caen 12,7 por ciento.

Licitación

Techint y Sacde perdieron esta semana otra licitación enorme en Vaca Muerta, para la construcción del gasoducto más extenso del país, que conectará esa formación con el puerto de Sierra Grande, en Río Negro. La licitación fue promovida por YPF, en alianza con la italiana ENI y la emiratí XRG.

El consorcio local integrado por los holdings de Paolo Rocca y Marcelo Mindlin fue superado por la asociación de la estadounidense Pumpco -que comanda Jorge Mas, el empresario cubanoamericano que también es propietario del Inter de Miami-, la italiana Bonatti y la argentina Contreras Hermanos. La obra, estimada en 1200 millones de dólares, apunta a incrementar las exportaciones de gas natural licuado (GNL).

Techint y Sacde también habían sido derrotados en una licitación anterior para el desarrollo de megaproyectos de exportación de Vaca Muerta. Después de eso fue que Techint despidió a 150 trabajadores de su fábrica bonaerense, como hilo más delgado del negocio que salió mal.

“Se necesita otro Estado, no menos Estado. Los países industrializados tienen estados fuertes, no débiles, que regulan y guían los procesos de desarrollo, Acá eso no está pasando y se pierden oportunidades muy importantes para favorecer la producción nacional con valor agregado”, analiza Martín Pollera, economista y director del Grupo Atenas, que trabaja propuestas para un plan productivo integral dentro del peronismo.

Condiciones

A través del RIGI, el Gobierno recortó a solo 20 por ciento la obligación de contratar proveedores locales en inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. En el super RIGI, después de un intento inicial por quitar hasta eso, tuvo que negociar su continuidad. Pero habilitó cláusulas que permiten eludir este porcentaje si el proveedor internacional presenta un precio menor, lo que en la práctica marginará a amplios sectores de la industria nacional.

“Hay empresas industriales argentinas en pleno proceso de reconversión que están trabajando con Vaca Muerta. Eso ocurre. Pero no alcanza para dar vuelta a un sector completo. Por ejemplo, entre los metalmecánicos y los metalúrgicos hay algunos que están trabajando muy bien para los rubros energéticos, pero hay una mayoría que queda afuera y no se hace nada para incluirlos ”, cuestiona Pollera.

En otro rubro, como el de la maquinaria agrícola, el estancamiento o la caída que experimentan los fabricantes nacionales contrasta con el crecimiento de la producción rural.

“El potencial es grande. Podemos tener beneficios claros, pero tienen que estar atados a condiciones macro que se les puedas exigir a los inversores en sectores primarios”, indica el especialista.

Recuerda lo que fue la ley de economía del conocimiento que impulsó inicialmente el kirchnerismo que fijaba condiciones de contratación de trabajadores, desarrollo tecnológico y aumento de exportaciones a cambio de los beneficios fiscales.

También recomienda “políticas de crédito flexible para los sectores productivos que se busca desarrollar, condicionados a objetivos y resultados, con un Estado eficiente supervisando el cumplimiento de esos requisitos”,

En Brasil, los créditos de su banca de desarrollo mejoran la competitividad de fabricantes de maquinaria agrícola que después desplazan a productores nacionales en el mercado interno. “Esas son las cuestiones que debemos resolver”, insiste Pollera.

En contra de la lógica del RIGI, advierte que “las inversiones no se definen por exenciones impositivas. Se definen por condiciones productivas. ¿Hay rentabilidad o no? ¿Puedo distribuir dividendos? Suficiente. Si el Estado les da exenciones, lo agradecen, dicen que van a acelerar los procesos de inversión, pero lo que hacen es apropiarse de una rentabilidad extra".

Y remarca: “Los países que más se desarrollaron en el mundo en los últimos 30 años, no solo no aplicaron esas recetas del RIGI, sino que impusieron e imponen condiciones como medio para el desarrollo. China, India, Malasia son ejemplos, pero también ponen condiciones a las mineras en Chile o Brasil, que aquí no existen”.

De ese modo, los sectores que lideran la economía dejan pocos ganadores y oportunidades de desarrollo en el camino.

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"Es un acto de adoctrinamiento negacionista", denuncian

La prédica de la “memoria completa” llega a las aulas por impulso del Ministerio de Defensa

Convocan a una clase especial sobre la “otra mirada” de los ‘70 en el Dámaso Centeno, el colegio que depende administrativamente de la cartera que lidera Carlos Presti y del Ejército, que designa a sus directivos. Fuerte repudio de la comunidad educativa.

Los estudiantes de sexto año del Dámaso Centeno, el colegio histórico de Caballito que depende administrativamente del Ministerio de Defensa, deberán asistir el proximo martes a una clase especial de “memoria completa”. Si bien las autoridades de la escuela no dieron a conocer quiénes serán los expositores, la comunidad sospecha que se trata del mismo seminario que el año pasado dio a conocer Página/12 y que llevan a distintos liceos militares dos activistas que se oponen a los juicios de lesa humanidad y bregan por la vuelta a sus casas de los pocos represores condenados que siguen en la cárcel. Familiares y amigos de exalumnos que fueron víctimas del terrorismo de Estado denuncian que se trata de un adoctrinamiento negacionista.

El Dámaso Centeno se inició como institución para huérfanos de militares a finales del siglo XIX. En la actualidad, tiene más de 1000 alumnos y alumnas que concurren sin estar vinculados a las Fuerzas Armadas. El colegio depende de la Dirección General del Ejército, que es la que designa a su director: se trata, en general, de un coronel en actividad.

El año pasado, la comunidad educativa salió a las calles por las renuncias incesantes de docentes que dejaban la institución por los bajos salarios que pagaba el Ministerio de Defensa –por entonces al mando de Luis Petri–, que rondaban la mitad de los que percibían maestros o profesores que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires.

Para el 24 de marzo de 2025, hubo otro escándalo. El entonces director del Dámaso Centeno, el coronel Juan Sancho Vilarullo, había compartido un meme en sus redes sociales en el que podía leerse “este 24 de marzo para tu amigo ‘zurdito’, alfajor ‘Jorgito’”. El mensaje iba acompañado de una foto del alfajor de esa marca con un retrato del dictador Jorge Rafael Videla guiñando un ojo.

Sancho Vilarullo era el mismo que había promovido una visita de Victoria Villarruel al Dámaso Centeno como ilustre egresada. La vicepresidenta no solo es una de las que buscan instalar la idea de la “memoria completa”. Se trata de una consigna que surgió de los cuarteles frente al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia de los organismos de derechos humanos y a las confesiones que empezaron a escucharse a mediados de los ‘90 sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Además, Villarruel solía organizar visitas a Videla mientras estaba en arresto domiciliario.

Tras el escándalo del meme de “Jorgito” –que incluyó la realización de un siluetazo contra el negacionismo–, Sancho Vilarullo ya no ejerce la dirección del Dámaso Centeno. Ese lugar es ocupado en la actualidad por el coronel Diego Hernán Agüero Urquiza.

Días atrás, circuló entre la comunidad del Dámaso Centeno un mensaje que avisaba que el martes 14 de julio habrá, de 10.30 a 12.30, una charla de “memoria completa” para quienes estén cursando sexto año en la institución. Página/12 pudo saber que el anuncio causó malestar entre exalumnos, madres, padres y docentes, que entienden que la memoria estará completa cuando quienes tienen la información sobre el destino de los desaparecidos digan dónde están.

El Centeno durante la dictadura

El Dámaso Centeno tiene trece estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Entre ellos, se cuenta Alejandro Almeida, hijo de Taty Almeida, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora recientemente fallecida.

Otro de los desaparecidos es Juan Eduardo Estévez, quien era la pareja de Miriam Lewin al momento de ser privada de su libertad por los grupos de tareas de la dictadura. “En marzo del ‘77, cuando estaba secuestrada por la inteligencia de la Aeronáutica, me trajeron a la celda los ficheros con datos y fotos de alumnos, algunos de cuando entraron al jardín de infantes. El colegio colaboraba con la represión ilegal”, le cuenta Lewin a este diario.

La periodista –que es sobreviviente de los centros clandestinos Virrey Cevallos y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– cree que detrás de la charla hay un intento de negar los crímenes que ella y sus compañeros sufrieron. “No hay memoria completa –dice–. De un lado, organizaciones revolucionarias, pero también curas y monjas. Del otro lado, el Estado, que dejó la ley como instrumento para convertirse en terrorista”.

Los seminarios de “verdad completa”

Desde que llegó al Gobierno, Javier Milei impulsó la prédica de la llamada “memoria completa”, como puede verse en los videos que la Casa Rosada distribuye cada 24 de marzo. Esto fue acompañado por el desmantelamiento de áreas clave que contribuían al proceso de verdad y justicia.

El Ministerio de Defensa encabezó esta ofensiva. En marzo de 2024, Petri despidió a los expertos que integraban los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental para aportar pruebas a los juicios por crímenes de lesa humanidad. El entonces ministro acusó a sus integrantes de hacer “macartismo” contra las Fuerzas Armadas. Desde esa cartera también negaron información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), creada a instancia de las Abuelas de Plaza de Mayo, para impulsar la búsqueda de los bebés robados desde el Poder Ejecutivo.

Petri sumó como asesores en derechos humanos a dos activistas que provienen de las llamadas organizaciones de “memoria completa”. Se trata de Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal. Ambos son hijos de militares muertos en los años ‘70. Larrabure, que supo integrar el grupo que reclamó una amnistía general en 2006 –cuando se reiniciaban los procesos por crímenes perpetrados durante la última dictadura–, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que preside Villarruel. Ibarzábal es una de las referentes de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Argentina (Afavita). Afavita fue una de las organizaciones que impulsó un hábeas corpus para que los detenidos por crímenes de lesa humanidad abandonaran las cárceles.

Pese a que Petri ya no está en el ministerio, Larrabure e Ibarzábal continúan. Los mantuvo en sus puestos el actual ministro, el general Carlos Presti, hijo de uno de los jerarcas de la dictadura que tuvo a su cargo la represión en la zona de La Plata. Presti no designó, según pudo saber este medio, un director de derechos humanos desde que asumió.

Desde hace meses, Larrabure e Ibarzábal viajan por los liceos –que sí imparten formación militar, a diferencia de lo que sucede en el Dámaso Centeno– para dar un curso de “verdad completa”. El año pasado, Página/12 presentó un pedido de acceso a la información para saber cuáles eran los contenidos de ese seminario. Joaquín Mogaburu, por entonces director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, respondió que la clase se basaba en los testimonios de Larrabure e Ibarzábal. “Además de narrar sus vivencias y brindar su testimonio genuino, ambos expositores dejan un mensaje de concordia política y perdón que emociona a los interlocutores y es digno de destacar”, escribió por entonces Mogaburu. Pocos meses después, fue designado subsecretario de Derechos Humanos, cargo del cual fue rápidamente eyectado tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

Todo indica que la clase que recibirán los estudiantes del Dámaso Centeno estará articulada sobre los contenidos que pensaron Larrabure e Ibarzábal. Recientemente estuvieron en el Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe.

“Hasta 2006, año en que se puso la placa por los estudiantes desaparecidos, no se hablaba de la cuestión. Era un tema oculto. Con estas acciones, quieren volver a taparlo por una decisión del ministro de Defensa de un gobierno que reivindica los campos de tortura y exterminio”, dice el abogado Rodolfo Yanzón, que expresa, además, el repudio a la avanzada –considerada un acto de adoctrinamiento negacionista– que emana de los amigos y exalumnos del Dámaso Centeno por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

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