19 de octubre de 2026

Milei dispuso el secreto militar para la compra de las FFAA y no informarán qué adquirirán

Se da en plena tensión con el Reino Unido por las islas Malvinas. El texto no detalla qué bienes se adquirirán, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni cuáles serán los plazos de entrega.

El Gobierno declaró secreto militar a las operaciones contractuales vinculadas con una adquisición puntual de material y equipamiento del Ministerio de Defensa. La decisión se da en plena tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas y permite que los organismos contratantes avancen con los trámites de compra sin cumplir las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y Carlos Alberto Presti, y publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. De este modo, el texto no detalla qué bienes se adquirirán, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni cuáles serán los plazos de entrega.

El alcance de la declaración queda delimitado a las adquisiciones identificadas en un expediente particular (el denominado bajo el código EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD). Por lo tanto, la reserva dispuesta corresponde a esas operaciones específicas y no constituye una declaración general sobre todas las compras de la cartera.

Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuya naturaleza, características y finalidad requieren que su contenido sea conocido únicamente por personas autorizadas. El Ejecutivo sostiene que la divulgación de esa información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

La decisión se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación como secreto militar de asuntos de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Entre las materias comprendidas figuran las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, así como sus negociaciones y trámites.

El decreto se da días después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara frente al parlamento de su país que el Reino Unido será "implacable" en la defensa de los derechos de los isleños, luego de que el gobierno de Milei endureciera las sanciones contra las empresas extranjeras que operan en el archipiélago.

Cómo funciona el secreto militar

El efecto concreto de la clasificación es la excepción a las obligaciones de publicidad del procedimiento. Los considerandos señalan que, una vez declarada la reserva, los organismos contratantes deberán continuar con los pasos necesarios para adquirir el material, sin difundir las actuaciones alcanzadas por la medida.

La norma también autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar, por medio de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, los actos necesarios para hacer efectiva la decisión. Esa autorización no acredita que las compras ya se hayan concretado: el decreto establece la clasificación y habilita la continuidad de las gestiones correspondientes.

Como marco de la medida, el Gobierno cita las leyes de Defensa Nacional y de reestructuración de las Fuerzas Armadas. En particular, recuerda que corresponde al Ministerio de Defensa evaluar y decidir los requerimientos de equipamiento que contribuyan a las capacidades operativas necesarias para cumplir los objetivos del área.

La publicación no incluye un cronograma de implementación ni establece una fecha específica de entrada en vigencia. Tampoco permite determinar cantidades, características técnicas o destinos del equipamiento. La información difundida se concentra en la reserva de las operaciones y en la autorización administrativa para avanzar con ellas.

El Destape

Se dispara el riesgo país y alcanza un nuevo máximo en el año

Caen los bonos argentinos otra vez y comienzan a profundizarse las dudas del mercado por el Gobierno de Javier Milei.

El riesgo país sube un dos por ciento, acumula un nuevo incremento consecutivo y alcanza un valor récord en el año al llegar a los 660 puntos. En tanto que los bonos soberanos argentinos son negociados este lunes con una baja promedio de 0,5%, según la referencia de los títulos Globales. 

La aceleración de la inflación en Estados Unidos, la incertidumbre sobre las tasas de interés y las dudas vinculadas con la capacidad de financiamiento argentina configuran un escenario en el que las variables internacionales y las condiciones económicas locales vuelven a cruzarse.

La medición de JP Morgan surge de la diferencia entre los rendimientos de los bonos soberanos argentinos y los títulos de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Esa brecha expresa el riesgo adicional que los inversores atribuyen a la deuda del país y se mide en puntos básicos, de modo que una variación del indicador no equivale directamente a una tasa de interés que el Gobierno pagará en cualquier operación. Sin embargo, su evolución permite observar si las condiciones para conseguir dólares en los mercados internacionales están mejorando o empeorando.

En el caso argentino, la cuestión resulta central por la necesidad de obtener divisas para afrontar los vencimientos de capital e intereses, fortalecer las reservas internacionales y evitar que las obligaciones externas terminen generando nuevas presiones sobre el mercado cambiario. Una reducción sostenida del riesgo país podría abrir la posibilidad de emitir deuda en condiciones más favorables, mientras que un aumento prolongado restringe esas alternativas y obliga a buscar recursos por otras vías.

El problema para la administración libertaria es que la estrategia de normalización financiera requiere, como advierte hasta el propio Fondo Monetario, algo más que mantener el equilibrio de las cuentas públicas. También necesita que los inversores estén dispuestos a financiar al Estado argentino a tasas compatibles con su capacidad de pago, una condición que depende de las perspectivas de crecimiento, la disponibilidad de dólares, la estabilidad cambiaria y las expectativas sobre la continuidad de la política económica. 

El Destape

Inspección ocular al gobierno de Milei

Dos enviados de Trump llegan a la Argentina para controlar que todo marcha acorde al plan

Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del responsable del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Ambos responden a Marco Rubio, con quien el presidente habló ayer. Malvinas y el Corredor Andes-Atlántico, en agenda.

Melisa Molina

En los próximos días aterrizará en la Argentina un avión que traerá a dos funcionarios de la administración de Donald Trump. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Milei los recibirá al regresar del viaje número 19 a Estados Unidos de su presidencia. Este domingo, por si quedaba alguna duda de la relación carnal que el gobierno argentino sostiene con el país del norte, desde la Oficina del Presidente lanzaron un comunicado oficial para decir que el mandatario habló por teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. Tanto Landau como Segura le responden y llegan al país con la mira puesta en acelerar el Corredor Andes-Atlántico, una inversión en infraestructura para agilizar la salida de materias primas y minerales, entre otros temas calientes en los que también se coló la cuestión de los intereses norteamericanos en Malvinas. Todo eso, además, se enmarca en la previa de la visita a la Argentina del vicepresidente J. D. Vance, prevista para noviembre.

El diálogo entre Marco Rubio y Milei, después de haber conversado hace pocos días, sin embargo, no se dio en cualquier contexto. Según rumores y notas periodísticas que circularon este domingo, el gobierno de La Libertad Avanza habría recibido un llamado de atención por parte de la administración republicana por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Sucede que ese texto --impulsado por el asesor Santiago Caputo, y que está en tratamiento en la Cámara de Diputados--, incluye sanciones para las empresas que estén vinculadas a la explotación petrolera en las aguas que rodean a las Islas Malvinas. Eso, según consignaron las versiones periodísticas, habría molestado a las empresas estadounidenses que, a su vez, trasladaron la preocupación a los funcionarios de Trump.

Desde la oposición, quienes siguen el tratamiento del proyecto en el Congreso, opinaron que “es probable”, que ese reclamo por parte de Estados Unidos al gobierno argentino haya ocurrido. “El esquema que el gobierno plantea hace que puedan ser objeto de sanción incluso aquellos que financian alguna de las empresas que operan en el Atlántico sur con permisos en Malvinas”. “Es decir --agregaron-- “ahí podrían ingresar los fondos de inversión, muchos de ellos norteamericanos, que apoyan al gobierno de Trump”.

Quienes conocen el funcionamiento del gobierno estadounidense opinaron en diálogo con este diario que cualquier límite a las empresas de ese país “siempre despierta interés”, y que el tema puede llegar a formar parte de la agenda durante la visita de los funcionarios de Trump. Sin embargo, aclararon que el viaje estaba previsto desde antes que surja el tema y que no creen “que vengan a quejarse”.

La semana pasada el proyecto de ley de Soberanía Nacional se trató en comisiones de Diputados, pero el oficialismo no logró obtener dictamen porque hubo diferencias con algunos aliados en artículos centrales. “El tema del enojo en Estados Unidos recién apareció hoy, pero habrá que seguirlo”, dijeron desde la oposición.

Además, explicaron que se trata de un proyecto impulsado por Santiago Caputo --que, más allá de las sanciones a las empresas busca modificar la ley de Defensa--, y que “el karinismo”, no está representado allí. “Los funcionarios que van a defenderlo son de segunda línea. No ha ido ningún ministro al Congreso a hablar del tema. El único funcionario que twittea sobre la ley y que se enoja cuando la descalifican es Caputo”, señalaron.

De hecho, este domingo el asesor salió a opinar sobre el tema en X. “Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad. Casi como si trabajaran para el enemigo”, indicó Caputo. La oposición prestó atención a un detalle no menor. El mensaje fue reposteado por el Presidente.

Desde Balcarce 50 desmintieron en diálogo con Página12 que haya enojo por parte de Estados Unidos por el proyecto y también agregaron que no harán modificaciones al texto “más allá de algún cambio de redacción que estén discutiendo en el Congreso”.

En la comunicación oficial que lanzaron desde la Casa Rosada sobre el llamado entre Rubio y Milei, sin embargo, escribieron una oración que podría leerse en clave sobre este tema. Dijeron que en el diálogo ambos “destacaron la importancia de consolidar un entorno regional de estabilidad, que fortalezca la confianza de los inversores y permita a la Argentina integrarse plenamente a las cadenas de valor globales”.

Además, añadieron que durante el llamado “reafirmaron la solidez del vínculo bilateral y analizaron oportunidades para ampliar el comercio entre ambos países, expandir las inversiones en un marco de transparencia y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio”.

El Departamento de Estado que conduce Rubio, en tanto, publicó un comunicado en el que anunció la visita de Landau a la Argentina y subrayaron que en Buenos Aires “se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.

Se trata de un proyecto con el que Estados Unidos buscará acceder a los recursos estratégicos de nuestro país. El acuerdo fue firmado por Landau y Quirno el 23 de septiembre en Nueva York, cuando Milei viajó para dar su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Estados Unidos tiene el ojo puesto en ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.

“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, consignó el documento emitido por el Departamento de Estado previo a la visita y, a su vez, calificaron la gira de los funcionarios estadounidenses “como un reflejo del compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”. Landau y Segura comenzarán la gira este lunes en Paraguay, y durará hasta el 26 de octubre.

Además de eso, y como parte de la intromisión de Estados Unidos en la región que ellos consideran “su patio trasero”, este mes el gobierno de Trump también aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares destinado a la “cooperación contra el crimen organizado”, con los que buscan instalar una “unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley”.

“Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Pagina 12

La investigación de la timba de Caputo y Bausili con las reservas

Piden allanar el Banco Central por el negocio del oro con el Deutsche Bank

Se reclama secuestrar los correos del BCRA, que se negó a entregarle los contratos a la AGN, e indagar al ministro de Economía y al titular de la entidad. La denuncia penal por la pérdida de 1.023 millones de dólares suma, además, a un nuevo acusado del directorio del Central.

Raul Kollmann

El abogado Gregorio Dalbón le pidió a la Justicia federal que allane el Banco Central y secuestre -o copie- la información de sus servidores y casillas de correo para establecer quién eligió al Deutsche Bank -banco en el que Luis Caputo y Santiago Bausili fueron directivos- como contraparte de las operaciones con el oro de las reservas que le costaron al país 1.023 millones de dólares.

En el mismo escrito, Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía y el presidente del BCRA, además del superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y ahora se sumó el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio.

Dalbón pidió la indagatoria de los cuatro. “Lo aquí novedoso, Señor Juez, se vincula con la necesidad de establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”, planteó.

La presentación se hizo en la causa 4971/2026, en trámite ante el juez Ariel Lijo, y se apoya en la revelación de Página/12 del domingo 18: el Deutsche Bank, el banco en el que Caputo llegó a ser director y Bausili, un altísimo funcionaro, fue una de las contrapartes del negocio. La pérdida en sí había sido anticipada en exclusiva por este diario el 13 de septiembre, antes de que la Auditoría General de la Nación (AGN) la confirmara al aprobar el balance 2025 del Central.

El banco de la casa

Según la AGN, la pérdida en las operaciones de oro se compone de 960,2 millones de dólares de “resultado negativo por opciones” y 62,8 millones de primas, y se pagó “con egresos de divisas”. O sea, salieron dólares contantes y sonantes de las reservas.

De acuerdo con las publicaciones que cita Dalbón, el BCRA compró un seguro contra una baja del oro y lo pagó vendiéndoles a bancos el derecho a comprar el metal a algo más de 3.000 dólares la onza. El oro terminó cotizando por encima de los 4.000 y el Central tuvo que cubrir la diferencia.

El escrito recuerda que Caputo y Bausili pasaron por el Deutsche Bank y que el presidente del Central ya fue investigado por negociaciones incompatibles con la función pública, por contrataciones que habrían beneficiado a ese mismo banco. Para colmo, según publicó Página/12, el BCRA se negó a entregarle a la AGN copia de los contratos, que contienen las condiciones pactadas y los nombres de quienes las autorizaron.

Nadie sabe tampoco cuánto cobraron los bancos en comisiones: Dalbón menciona una cifra superior a los 60 millones de dólares, un dato que circuló públicamente.

Los correos del Central

El abogado sostiene que la prueba central es documental y electrónica, y que está en manos de un organismo cuyas máximas autoridades son, justamente, las denunciados. La información, advierte, “puede ser modificada, ocultada o suprimida con facilidad por quienes tienen acceso a ella”. Por eso pidió que peritos informáticos copien los correos de la Presidencia del BCRA, del directorio y de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos de 2024 y 2025, junto con los registros de acceso y modificación. Si el juez no ordena el allanamiento, reclama al menos una orden de presentación con la intimación a conservar la documentación.

La situación de Ferro, el nuevo apuntado en la causa, se vincula con su lugar en el directorio, que según la Carta Orgánica debe intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario. La investigación deberá determinar si participó en la aprobación, el control o la ratificación de las operaciones y en la selección de las contrapartes.

Seguir la plata

Además del allanamiento, Dalbón propuso una serie de medidas para reconstruir quién ganó con el oro argentino:

  • Pedirle al BCRA que explique cómo eligió a cada contraparte, con las invitaciones y las ofertas recibidas, y quién propuso las operaciones.
  • Exigirle el costo total, con comisiones, honorarios y márgenes, y el detalle de a quién se le pagó cada concepto.
  • Requerirle al Deutsche Bank los contratos y que informe si pagó comisiones o retrocesiones a terceros, con nombre y apellido de los beneficiarios.
  • Consultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) si registran reportes sobre estas operaciones.
  • Preguntarle a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos si se reportó algún pago a funcionarios argentinos vinculado con el negocio.
  • Designar peritos contadores y expertos en derivados para medir el perjuicio.

Los delitos denunciados

Los delitos denunciados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (de dos a seis años de prisión) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si se acreditara una estructura estable, se sumaría la asociación ilícita (de tres a diez años).

Como se ve, la pregunta que quedó flotando desde el informe de la AGN -si el Central perdió 1.023 millones, ¿quién los ganó?- ya tiene un primer nombre. Lo que falta saber es si alguien más cobró por el camino.

Pagina 12

La motosierra no para

Milei y Sturzenegger avanzan con el vaciamiento del Estado: abrieron nuevos retiros voluntarios

La nueva ofensiva apunta a aquellos empleados públicos que estén cerca de jubilarse. Sus lugares no podrán cubrirse. Desde que asumió Milei se eliminaron más de 74 mil puestos de estatales.

El Gobierno oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos. La medida que podría elevar a 95 mil la cantidad de puestos de trabajo eliminados por orden de Javier Milei estará vigente hasta finales de noviembre próximo y está particularmente dirigida a todos aquellos estatales que estén a punto de jubilarse y se desempeñan en ministerios y secretarías de la administración central.

Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), “el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores” y los cargos dados de baja no podrán cubrirse. “Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir”.

El régimen apunta a reducir aún más la cantidad de trabajadores permanentes de dependencias públicas, que en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ya tuvo una sangría de más de 74 mil puestos dentro del Estado.

La avanzada de Sturzenegger

La medida que garantiza la continuidad del vaciamiento del sistema público había sido anunciada a principios de mes por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue oficializada hoy en el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de una estrategia más para desligarse de trabajadores estatales. Entre el personal que adhirió a retiros voluntarios anteriores, aquellos a los que no se les renovaron los contratos, los pases a disponibilidad y los despidos, en los últimos dos años y medio el Gobierno se deshizo de un 21 por ciento de la planta de trabajadores de la administración pública.

Cómo es el plan de retiros voluntarios

Esta vez, los retiros estarán vigentes del 1 al 30 de noviembre y están destinados a dependencias del Poder Ejecutivo, como ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. Pero tiene una singularidad: está dirigido a mujeres y hombres que ronden la edad jubilatoria.

La justificación para dejar en la calle a trabajadores por cuya edad se verán en la dificultad de acceder a un nuevo empleo es la de los últimos dos años: “Procurar una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos”.

Habrá tres grupos:

  • Mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63. Podrán elegir entre un pago mensual del 60 por ciento de la remuneración bruta mensual, hasta un máximo de 36 meses. La otra alternativa es percibir durante 18 meses una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad.
  • Mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes jubilatorios. La compensación será hasta 18 remuneraciones equivalentes a un sueldo bruto, más una suma adicional de 5 sueldos brutos.
  • Mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La gratificación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones. Quienes tengan menos de 15 años de antigüedad, recibirán cuatro sueldos adicionales.

Los pagos únicos se abonarán de la siguiente manera: hasta 20 millones de pesos en un solo pago o más de 20 millones de pesos en cuotas mensuales y consecutivas.

“Es despido extorsivo”

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más”, denunció Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, quien obviamente rechazó la medida.

Uno de los requisitos que pone el Gobierno para acceder al retiro voluntario es aceptar la prohibición de volver a trabajar en el Estado durante 8 años. Es decir cuando debido a la jubilación ya no puedan acceder a un empleo formal, salvo aquellos que puedan acceder a un cargo docente en universidades nacionales.

Aguiar dejó claro el “total rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno”. “Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”, apuntó el dirigente.

Además, advirtió que “si los retiros son verdaderamente voluntarios, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”.

El cuestionado régimen de retiros se activó a pesar de que ATE viene denunciando un clima de hostigamiento permanente contra los empleados estatales, con métodos de presión para que renuncien o acepten los retiros.

Parte de la presión ha sido empobrecer los sueldos: los salarios del sector están hoy entre un 21 y un 40 por ciento por debajo del nivel que tenían al asumir Javier Milei, quien reconoció públicamente que la disminución del poder adquisitivo en el sector estatal forma parte del diseño de su plan económico.

Pagina 12

18 de octubre de 2026

Un amigo de la casa ganó con la timba del Gobierno

El Deutsche Bank, exbanco de Caputo y Bausili, se benefició con las operaciones del oro argentino

Una fuente del BCRA reveló a Página/12 que la entidad alemana fue una de las contrapartes de la operación que dejó pérdidas por 1.023 millones de dólares. La AGN exige los contratos.

Raul Kollmann

La instrucción interna del Banco Central es mantener el secreto de con quién se firmaron los contratos que terminaron con la pérdida de 1.023 millones de dólares. Incluso se evade entregar los contratos a la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, una fuente indubitable del BCRA le reveló a Página/12 que una de las contrapartes, o sea, uno de los que ganó todo o parte de los 1.023 millones de dólares, fue el Deutsche Bank, el banco en el que trabajaron y tuvieron cargos altísimos Luis Toto Caputo y Santiago Bausili. La incompatibilidad es escandalosa, como mínimo, desde la ética: hicieron un negocio ruinoso que favoreció a sus exempleadores. El movimiento del oro y —en exclusiva— la pérdida de 1.000 millones de dólares fueron publicados por Página/12 el 13 de septiembre, hace más de un mes. La razón verdadera por la que no quieren mostrar los contratos es que vendieron el derecho a comprar el oro a un precio muy bajo (algo más de 3.000 dólares la onza), pero el precio del oro se disparó a más de 4.000 y eso es lo que provocó el desastre. El BCRA tuvo que consignar la pérdida en su balance porque debió cubrir la calamidad con dólares de las reservas. Como el cierre del ejercicio fue el 31 de diciembre, no hubo más remedio que consignarlo. Igual trataron de esconderlo: se registró como una especie de nota adicional, no en el cuerpo principal del balance, intentando tapar todo con las ganancias que se produjeron por la subida del precio mundial. Esa ganancia se hubiera obtenido igual si no movían el oro de la calle Reconquista, pero hubo que restarle lo que perdieron por la catastrófica jugadita especulativa de Milei-Caputo-Bausili.

Ocultar, esconder

Dentro del BCRA, la orden es no mostrar los contratos que llevaron a la pérdida. Lo que argumentan hacia adentro es que no se informa porque existe “un grave riesgo sobre las reservas del país”. Esa afirmación es contraria al dictamen de la dirección de Jurídicos del BCRA, que sostuvo, por escrito, que las reservas no corrían riesgo, que se podían enviar a Londres, “porque se trata de reservas soberanas”. No obstante, la instrucción que se les dio a quienes manejan toda la cuestión del oro es que ni siquiera se le entreguen los contratos a la Auditoría.

Expertos en materia de inversiones como Carlos Maslatón exigieron que el BCRA “muestre todas las operaciones, fechas, precios, contrapartes y quién las autorizó”. Parece un reclamo elemental. En uno de sus posteos, Maslatón da a entender que no solo hubo negligencia sino también corrupción.

Empleados fieles

Este diario pudo confirmar, de forma indubitable, que una de las contrapartes de las operaciones del Central fue el Deutsche Bank, aunque falta el dato de si fue el que se quedó con todo el negocio o hubo otras contrapartes. Como el BCRA no les exhibe los contratos ni a sus propios empleados, se puede establecer que el Deutsche cobró parte de los 1.023 millones de dólares; no se sabe si todo.

Luis Caputo trabajó durante años en el Deutsche en Argentina, llegando a ser designado director titular y presidente de la entidad en 2008. Santiago Bausili también fue funcionario del Deutsche y en tiempos de Mauricio Macri fue denunciado por haber percibido bonos e incentivos de la entidad bancaria, ya estando en funciones en el Estado. Durante la administración macrista, otra vez de la mano de Caputo-Bausili, el banco fue beneficiado con la emisión y colocación de títulos de la deuda soberana argentina en los mercados internacionales. Ambos exfuncionarios del gobierno del PRO terminaron sobreseídos por la telaraña judicial macrista de Comodoro Py.

El haberle dado al Deutsche todo o parte del “negocio” en el que Argentina perdió 1.023 parece un escándalo y sostiene la sospecha de Maslatón y los que afirman que no solo hubo impericia, sino corrupción. Para el ciudadano común es difícil entender lo que se hizo. En términos técnicos, se le vendió a uno o varios bancos un call, o sea, el derecho a comprar el oro dentro de tantos meses a tal precio. Pero el precio que se fijó fue levemente por arriba de 3.000 dólares. Milei-Caputo-Bausili hicieron la operación sin tener un resguardo a la suba y, como el oro se disparó por arriba de los 4.000 dólares, perdieron 960 millones, más 63 millones que pagaron por un seguro, la compra de un put, que se hizo en paralelo, para protegerse por si el oro perdía valor.

Malas explicaciones

Durante la semana que pasó, el gobierno intentó explicar la situación de distintas maneras, todas sin fundamento alguno:

  • Que en verdad no perdieron, sino que ganaron. Fue el comunicado oficial. Es verdad que, por las reservas en oro, el BCRA ganó, porque subió el precio internacional. Pero en esta operación perdió, como el propio Central tuvo que registrarlo en su balance. Si no hubieran mandado el oro a Londres, la ganancia era mucho mayor porque no perdían lo que perdieron. Esa es la razón por la que pusieron la pérdida como una nota aparte del balance y la AGN les exigió que la pusieran en el balance mismo.
  • Que lo que hicieron fue una especie de seguro y que se perdió la prima. Lo explicaron así: “es como decir que, si hago un seguro de incendio de mi casa y no se incendia, perdí el dinero de la prima del seguro”. Quien respondió a eso fue el propio Juan Manuel Olmos, titular de la AGN, en una entrevista realizada en C5N. Dijo Olmos: “¿o sea que contrataron un seguro con una prima de 1.023 millones de dólares? Imposible”. Es elemental, nadie paga un 20% del total del oro por un seguro.
  • También el periodista Alejandro Bercovich desmontó esa excusa: “hubo que mandar el oro a Londres. Si yo contrato el seguro de un auto, la compañía de seguros no me obliga a dejar el auto en el garage de la aseguradora”. Demoledor.

Una semana

Dentro del Banco Central hay nerviosismo. Como ya se explicó en Página/12, la AGN hace 2 auditorías.

  • La primera, contable. O sea, si las cosas están bien registradas. En esa auditoría, la AGN concluyó que los movimientos están razonablemente registrados, pero le dijo al Central que la pérdida no debía consignarse como una nota al pie, sino dentro del propio balance del Central. El BCRA intentó evitarlo, peleó para no ponerlo.
  • La segunda auditoría es de gestión. En ese trabajo, la AGN evalúa si lo que se hizo fue razonable o no. Es decir, si el traslado fue una medida adecuada, si se corrieron riesgos y si las operaciones de call, puts, collar fueron lógicas.

Según dicen en el BCRA, la Auditoría ya mandó un proyecto de informe de gestión y le dijo al Central que tiene dos semanas para hacer un descargo. Todo indica que el informe fue hipercrítico. Según parece, en el texto se le exige al Central que entregue todas las cuestiones elementales: los contratos, las fechas, las firmas de los responsables, la nómina de todos los que fueron las contrapartes, es decir, los que se quedaron con los 1.023 millones de dólares.

Además, parece que la Auditoría le hizo la pregunta de las preguntas: ¿para qué mandaron el oro a Londres? Si la formularon, es porque no queda clara la operatoria a través de la capital británica.

Hay una cuestión adicional: algunos directores del Central están haciendo circular que el oro se movió de la sucursal de Londres del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por la sigla internacional), cuya casa matriz está en Basilea, justamente a la central en Basilea. O sea, que movieron el oro a Suiza. Pero las fuentes del Central afirman que no, que por lo menos hasta hace algunos meses seguía en Londres, como denunció en su momento el titular de La Bancaria, el diputado Sergio Palazzo. En cualquier caso, si la versión de la mudanza fuera cierta, más todavía se confirma que fue muy grave y riesgoso haberlo enviado al Reino Unido. A tal punto que lo tuvieron que sacar.

Todo hace pensar que la Auditoría dará a conocer el segundo informe tal vez antes de fin de octubre o a principios de noviembre. Y la lógica indica que “los Messi de las finanzas”, los artífices de la timba financiera, quedarán nuevamente mal parados: perdieron en la especulación buena parte de lo que requiere, por ejemplo, el presupuesto de todas las universidades.

Pagina 12

Denunciaron penalmente al Gobierno por la represión: "Excedieron límites legales"

La demanda contempla delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se pidió apartar a las fuerzas federales de la investigación y se solicitaron informes y registros de los domos de la zona.

El gobierno de Javier Milei fue denunciado penalmente por la Comisión Provincial por la Memoria por el accionar de las fuerzas federales durante la represión de este jueves a la movilización universitaria y contra el DNU 70 frente al Congreso. Advierten que los efectivos "excedieron los límites legales" del uso de la fuerza pública y se pidieron registros de cámaras al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se abrió un expediente judicial para recabar informes de la Defensoría y del SAME.

El Destape accedió a la denuncia de la CPM, presentada el último viernes por la noche contra el Comando Unificado de seguridad nacional y porteño por el accionar represivo durante la Marcha Federal Universitaria realizada en la Plaza del Congreso.

Según la presentación, las conductas de los efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, PSA y la Policía de la Ciudad "excedieron los límites de la normativa vigente en el uso de la fuerza". 

"Ello encuadraría en delitos de acción pública, cuya autoría y participación corresponde ser investigada mediante las conductas de los funcionarios, efectivos policiales y autoridades nacionales en el ejercicio de sus funciones", se indicó.

En concreto, la denuncia penal encuadra el accionar de las fuerzas de seguridad y de sus mandos jerárquicos y políticos en los "delitos de estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". El primer delito se fundamenta en la represión indiscriminada con postas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, mientras que los otros apuntan a las órdenes impartidas por fuera de la normativa vigente y en violación de los principios que regulan el uso de la fuerza.

¿Qué dice la denuncia?

Fue cerca de las 15 del viernes cuando cientos de efectivos de Policía Federal y Gendarmería comenzaron un brutal operativo policial sobre parte de los manifestantes, que provocó que los dirigentes universitarios tengan que interrumpir el discurso que daban sobre un escenario frente al Congreso y la posterior desconcentración de la movilización.

Según el mismo organismo, 550 personas resultaron heridas o afectadas por gases lacrimógenos, gas pimienta y postas de goma, las cuales debieron ser atendidas en el lugar. También se denunció que hubo "al menos 6 personas detenidas arbitrariamente" por parte de la Policía porteña durante la desconcentración.

"Tales conductas ostentan una coordinación que permite establecer que sus acciones fueron ordenadas y ejecutadas por superiores jerárquicos con conocimiento y voluntad del ejercicio de la coerción por fuera del marco normativo e incumpliendo con los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina", se agregó en la denuncia.

Todos los pedidos de la demanda

  • Ministerios de Seguridad de Nación y CABA: nómina del personal y recursos utilizados durante el operativo, con la cantidad de efectivos por fuerza, armamentos, vehículos e instrumentos.
  • Órdenes de actuación: copias de las instrucciones impartidas por los mandos superiores a través de la radio policial durante la represión.
  • Registro de manifestantes: información sobre policías que obtuvieron registros fílmicos y fotográficos de los manifestantes y sobre la existencia de órdenes judiciales que autorizaran ese procedimiento.
  • Relevamiento de pruebas: que la recopilación de pruebas, testimonios y videos en comercios de la zona quede a cargo de agentes del Juzgado o de la Fiscalía interviniente, y no de las fuerzas de seguridad denunciadas.
  • Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: copias de todas las grabaciones de domos y cámaras ubicados en el perímetro delimitado por Rivadavia, Callao, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, entre las 12 y las 21.
  • Defensoría General de la Nación y SAME: informe sobre posibles denuncias o registros heridos durante la jornada y un listado de todas las atenciones médicas realizadas.
  • El Destape