Karina Milei mantiene una misteriosa reunión en Diputados
Trascendió una foto de la secretaria general de Presidencia ingresando al Congreso. No se conocen detalles sobre el motivo de su visita a diputados.
PLAN C
4 de mayo de 2026
Se burló de una jubilada a la que no le alcanza para vivir, pero cobra en subsidios el equivalente a 20 mil jubilaciones
Galperín y la era de los empresarios crueles
El dueño de Mercado Libre recibe del Estado el equivalente a casi 230 mil jubilaciones mínimas mensuales. En redes sociales, el preferido de Milei, comanda un grupo de ceos que exponen rasgos de inhumanidad
Leandro Renou
Durante el fin de semana, Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, se burló en la red social X de un video en el que una jubilada admitía que no la alcanzaba la plata para vivir. Le puso un emoji de sonrisas a una cuenta troll del Gobierno que se mofaba de que la jubilada no había trabajado nunca e igual cobraba una pensión de Anses, dando a entender que eso estaba mal y que no le correspondía. Luego de mofarse y ante el reproche generalizado reiteró la burla. “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”, insistió este lunes por la tarde.
No es la primera vez que Galperín muestra gestos inhumanos en redes, y de allí parten dos cuestiones: la primera es que el ceo es el capitán que comanda un equipo de nuevos empresarios libertarios que se acostumbraron a la agresión como un hecho de supuestos coraje y que salieron del closet con el gobierno de Javier Milei. La segunda, que Galperín cobra en subsidios del Estado otorgados por LLA el equivalente a 227.295 jubilaciones mínimas mensuales. Es decir, con los 67 millones de dólares que recibió en todo el 2025 -según lo que declaró la propia empresa en la SEC de los Estados Unidos- podría pagar unas 20 mil jubilaciones anuales. Esta última situación dispara en estas horas otro debate válido. Por qué el Estado y Milei subsidian a empresarios que no lo necesitan, vía dinero en exenciones o con el RIGI, mientras no sólo se produce un ajuste sobre la sociedad sino también sobre los empresarios más chicos, muchos de los cuales están quebrando o teniendo problemas financieros. Además de un empobrecimiento notable de los jubilados, que tienen subas magras del ingreso y el bono congelado en 70 mil pesos desde diciembre del 2023.
El caso de Galperín es particular, porque en la era Milei recibió un aumento del 50 por ciento de los subsidios en reducciones de Ganancias y aportes a la Seguridad Social. Mercado Libre vale más de 100 mil millones de dólares y su patrimonio personal es superior a los 9000 millones de dólares. Además, Galperín se mudó a Uruguay para dejar de pagar impuestos en Argentina y tomar beneficios fiscales que se dan al otro lado del charco. Aún así, el empresario no renuncia a los beneficios que el Estado le está otorgando.
En ese mismo nivel de riqueza concentrada están algunos de sus colegas nucleados en la cámara Endeavor, que reúne a los Unicornios tech y a todos los ceos pro Milei que este fin de semana se reunieron en el Foro Llao Llao. Una parte no menor de los ceos de esa cámara logró contagiarse de los gestos ultra violentos del Presidente y, sobre todo, se plegaron a la movida global de ceos tech globales, que consideran a la democracia y su modo de vida como un punto menor.
Representan en Argentina lo que en Estados Unidos hacen Peter Thiel, el dueño de Palantir y Pay Pal, y Elon Musk, dos de las columnas empresarios del método de Donald Trump de una comunicación ultra agresiva y sin pruritos. Con ese mismo registro se mueve en redes Martín Varsavsky, otro de los ceos que se contagiaron del síndrome Milei.
La discusión es por qué los ricos cobran más
Hace unos días, el economista Juan Carlos Hallak, investigador del Conicet, planteó en redes un debate necesario. Expuso dudas sobre los subsidios que se les dan a empresarios que ya son grandes. Hizo foco puntual en el RIGI y se preguntó por qué se gasta en eso y se desfinancia a la universidad pública.
“Basados en el principio de racionalidad económica, los economistas estamos super-convencidos que menores impuestos aumentan la inversión. Sin embargo no nos preguntamos mucho cuánto la aumentan (la “elasticidad”). En el caso de la ampliación del RIGI a la extracción de petróleo y gas, las restricciones por la falta de infraestructura dedicada (mucha en construcción, con RIGI) y las altas tasas de ganancia ya existentes en el sector, entre otros factores, apuntan a que esa elasticidad sería baja", explicó Hallak en un breve hilo.
Y agregó que, “por ese motivo, es razonable pensar que la inclusión del upstream petrolero en el RIGI es en gran medida “redundante”. Es decir, se perderán recursos fiscales por los beneficios otorgados sin demasiado impacto en la actividad". Adicionalmente, dice, “creo que la inclusión del upstream petrolero en el RIGI siguió las peores prácticas de política productiva o “industrial”.
A continuación, el economista precisó que, primero, “dar una exención o reducción impositiva sin conocerse estudio que sustente sus beneficios ni someter la idea al escrutinio público”. Segundo, “otorgar beneficios fiscales a sectores elegidos en forma discrecional, en este caso en el marco de la laxitud de un régimen -el RIGI- que otorga amplios márgenes para ello”.
Los regalos del RIGI
El caso Galperín, sus subsidios y los insultos se insertan en un debate sobre el dinero que se llevan los ricos de parte del Gobierno de Milei. El economista Hallak aseguró, como mostró más arriba, que hay irregularidades atendibles en la asignación de RIGI a sectores que pueden invertir por si solos.
Un informe de la Fundación Encuentro, que conduce Sergio Massa, le puso números al fenómeno. De los USD 50.000 millones de Inversiones prometidos por el Gobierno, se aprobaron proyectos por USD 8.573,0 millones, es decir sólo el 17,1 por ciento de lo proyectado.
Y especifican, además, que de los 7 proyectos aprobados, solamente 1 fue diseñado después de la aprobación del RIGI. Los otros 6 eran proyectos ya anunciados, varios de ellos en marcha. Es decir, esos empresarios a los que se les otorgaron beneficios fiscales grandilocuentes, hubiesen invertido de todos modos. Y lo harían porque la inversión ya era rentable antes de la quita.
En paralelo, el trabajo detalla que, considerando el único proyecto aprobado post sanción del RIGI, en términos netos el Gobierno consiguió sólo el 0,5 por ciento de las inversiones que prometió.
Además, el problema es que más de la mitad de los proyectos del RIGI que se aprobaron son para Petróleo, Gas, Energía, Minería y Siderurgia, es decir, todos rubros que están económicamente activos y que de hecho son muy rentables.
Pagina 12
Milei usará el dinero de las privatizaciones para comprar equipamiento militar
Lo resolvió Javier Milei por decreto al lanzar el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino. También se le asignarán recursos obtenidos por la venta de bienes del Estado.
El Gobierno Nacional estableció por decreto el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, una iniciativa orientada a financiar la modernización de las Fuerzas Armadas mediante la asignación de recursos provenientes de la venta de bienes del Estado y de procesos de privatización.
La medida, dictada bajo la forma de decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Javier Milei y todo el Gabinete, fija como objetivo central la recuperación de capacidades operativas, el desarrollo de infraestructura estratégica y la actualización del equipamiento militar, en un contexto que el Ejecutivo describe como de creciente complejidad geopolítica y tecnológica.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno menciona el deterioro del equipamiento militar, la necesidad de adaptación a nuevas amenazas —como ciberataques o conflictos asimétricos— y las limitaciones presupuestarias que, según sostiene, han reducido la capacidad de inversión en el área.
Qué establece el decreto para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas mediante las privatizaciones
El esquema de financiamiento prevé que el 10% de los ingresos generados por la venta, concesión o uso de inmuebles del Estado nacional sea destinado al Ministerio de Defensa. Ese porcentaje se eleva al 70% en los casos en que los bienes enajenados hayan estado previamente bajo la órbita de esa cartera, a cargo del ministro Carlos Presti.
Además, el decreto establece que otro 10% de los fondos obtenidos por privatizaciones de empresas públicas —en el marco de la Ley Bases— será afectado al mismo destino, como una fuente adicional de financiamiento para el sector.
Los recursos deberán ser utilizados en programas de reequipamiento, modernización tecnológica, obras de infraestructura y recuperación de capacidades del sistema de defensa nacional. Según el texto, estos fondos no reemplazan al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que lo complementan.
El decreto también instruye al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a presentar, en un plazo de 90 días, un listado de necesidades urgentes en materia de equipamiento y capacidades, que deberá ser evaluado por el Ministerio de Defensa para su implementación.
Milei admitió una "deuda salarial" con las Fuerzas Armadas
El 2 de abril pasado, el presidente Javier Milei leyó un breve discurso en el acto por el aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas y reconoció una "deuda salarial" con los militares. Al mismo tiempo confesó problemas con la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y adelantó cambios en su funcionamiento.
"Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las Fuerzas Armadas. Un país que busca ser protagonista en el plano global necesita fuerzas bien pagas y equipadas a la altura de lo que el contexto global demanda. Dentro del marco del equilibrio fiscal, reafirmamos el compromiso de este Gobierno de llevar a cabo la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas. Es un proceso que llevará tiempo", sostuvo Milei durante el acto en el barrio porteño de Retiro en conmemoración al Día del Veterano y Caídos en Malvinas.
"Se está abordando con responsabilidad la crisis estructural de la obra social militar. Estamos haciendo mediante una reorganización institucional que prioriza la cobertura médica de personal y sus familias, limita el gasto el administrativo y garantiza una transición ordenada", reconoció el Presidente.
EL DESTAPE
Milei viaja por cuarta vez a Estados Unidos en lo que va del año
El Presidente que gobierna a la distancia
Participará de un evento organizado por el “Rey los bonos basura”, Michael Milken. En lo que lleva de mandato ya sumó 116 días fuera de la Argentina.
Ayelen Berdiñas
El Presidente Javier Milei viajará por cuarta vez a Estados Unidos en lo que va del año y por vez número 16 desde el inicio de su mandato. Ya son 116 de 833 días de gestión libertaria que el Presidente pasa fuera del país. De los primeros cuatro meses del año, Milei ya permaneció un mes en el exterior, con hasta quince días seguidos sin pisar suelo nacional. Ahora, participará por tercera vez de una invitación del Instituto Milken - por Michael Milken, más conocido como el “Rey de los bonos basura”, quien se declaró culpable en los ´80 por fraude, evasión de impuestos y manipulación de precios, y fue indultado por Donald Trump al cierre de su primer mandato. Milei ya acumuló al menos $4.700 millones en gastos por viajes al exterior desde el inicio de su mandato, según precisó Manuel Adorni en su informe de gestión.
Esta vez Milei viajará al país del norte para participar de una invitación de Michael Milken, el “Rey de los bonos basura”. Milken fue acusado de integrar un esquema de tráfico de información privilegiada. Aunque al comienzo negó todos los cargos en su contra, reconoció ante un tribunal haber manipulado los mercados financieros en beneficio propio y fue condenado a 10 años, pero en 2020, durante su primera presidencia, Donald Trump indultó a Milken por las labores filantrópicas que realizaba, asegurando que su amigo ya había “pagado un precio muy alto”.
Además del CEO del fondo buitre BlackRock, Larry Fink, y figuras internacionales como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huangy, la reina Rania de Jordania, participarán del Conference Global del Instituto Milken el senador republicano Ted Cruz, el ex secretario de Estado, Mike Pompeo, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Entre las figuras del deporte y el espectáculo estarán el ex basquetbolista Shaquille O’Neal, el comentarista de fútbol americano Tom Brady y el cantor Pitbull. Son solamente dos los presidentes que asistirán a la cita: Milei, y el presidente Hondureño, Nasry Asfura. Ambos mandatarios representan las puntas de un triángulo escandaloso que se completa con el expresidente hondureno Juan Orlando Hernández.
Una serie de audios filtrados entre los hondureños indican que Javier Milei habría aportado cerca de 350 mil dólares para la conformación de un equipo de comunicación para llevar adelante una guerra mediática contra los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y la mexicana Claudia Sheinbaum, y tendrían base en los Estados Unidos. Estos audios de WhatsApp, Signal y Telegram, forman parte de una investigación periodística publicada en Diario Red que dirige el español Pablo Iglesias y el portal Hondurasgate.
Hernández está libre gracias al indulto de Trump.“Respaldé, como se sabe, al ganador, al hombre que ganó en Honduras. Respaldé al hombre que ganó en Chile, respaldé al hombre que ganó en Argentina. Nos va bien con ese grupo. Este era un hombre (por Hernández) que fue perseguido muy injustamente y sentimos que era muy injusto... sentí con mucha fuerza que este hombre fue tratado muy mal”, dijo Trump, y por eso lo liberó de una condena de 24 años por narcotráfico. Esta es la razón por la que JOH hoy se considera un representante de Trump y dice trabajar para el presidente norteamericano.
Las millas de Milei
El último informe presentado por Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados indicó que entre los meses de septiembre 2025 y marzo de 2026, los traslados internacionales del Presidente y sus distintos equipos de trabajo costaron $437 millones de pesos. Ese monto se agrega a los $2.300 millones registrados entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, y a los más de $1.900 millones correspondientes al período posterior. En total, el periplo presidencial por el mundo le insumió al Estado unos $4.700 millones al momento.
Tal como detalló Matías Ferrari para Página/12, Milei duplicó el presupuesto para viáticos y viajes al exterior respecto del año pasado. Los gastos proyectados en las giras dieron un salto del 62,5 por ciento de un año a otro, según los datos del Presupuesto Abierto, y vale la pena hacer el repaso de las últimas millas. En enero de este año, el Presidente viajó a Paraguay acompañado por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, para participar de la ceremonia de firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, alojandose en el Hotel Sheraton, con un gasto de 1.046.540,66 de pesos. El mismo mes, Milei viajó a la ciudad de Davos, Confederación Suiza, para participar en la 56° Reunión Anual del Foro Económico Mundial (WEF), junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Allí gastaron $73.179.186,07. Menos de un mes después se trasladó a Washington acompañado por Quirno para el “Board of Peace” y participó de los actos oficiales, alojándose en el Hotel The Ritz-Carlton. Lo que representó otro gasto de 13.645.725,51 de pesos.
Ya en marzo, llegó el polémico viaje a los Estado Unidos que destapó el escándalo de los inexplicables gastos y viajes de Manuel Adorni. El Presidente se trasladó a la ciudad de Miami, acompañado por Adorni, Pablo Quirno, Karina Milei y, en carácter de “invitada”, la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti. En esa oportunidad, participó en la cumbre “Escudos de las Américas”, mantuvo reuniones con el señor Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y recibió el Premio “Economic Freedom Award”. El Presidente se alojó en el Hotel Trump National Doral. Desde allí, se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde llevó a cabo el discurso inaugural de la “Argentine Week 2026”, disertó en la Yeshiva University. En esta ocasión, el gasto fue de 85.667.704,47 de pesos. En el mismo mes, para participar del “Madrid Economic Forum 2026”, Milei gastó $15.325.162,36 de pesos.
Como contracara de los viajes de Milei pagados en su mayoría por el Estado, la diputada Marcela Pagano denunció que existen versiones que ubican a Manuel Adorni como la persona que “ponía precio a las reuniones presidenciales en Argentina y que cobraba por las reuniones que se organizaban en viajes que el Presidente hizo y no eran de agenda meramente oficial”. “Facturaban en moneda extranjera”, completó. Con esta motivación, esgrime Pagano, Milei dio vueltas al mundo en sus dos años de gobierno y recibió premios de fundaciones marginales.
Ausente en las provincias
Los viajes a Estados Unidos del Presidente duplican la cantidad de veces que visitó Córdoba, la provincia más frecuentada por el mandatario con un total de ocho visitas. Mucho más que cualquier provincia argentina, visitó Washington, Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.
El politólogo Pablo Salinas aportó un dato sustancial: Son nueve las provincias de nuestro país en las que Milei, como Presidente, aún no puso un pie: Chubut, Jujuy, San Luis, Misiones, La Pampa, La Rioja, Formosa, Catamarca y Salta. Es decir, más de un tercio del suelo nacional no contó aún con al menos una visita del primer mandatario argentino en casi dos años y medio gestión. Sin embargo, ya son 16 los países visitados y suma 37 viajes internacionales en total.
Pagina 12
Adorni dará una conferencia
El Gobierno reabrió la sala de prensa de la Rosada pero impuso nuevas restricciones
Los periodistas pudieron ingresar nuevamente a la Casa de Gobierno aunque tendrán más limitados sus movimientos. Las prohibiciones que les impusieron.
Tras diez días de clausura, durante los cuales como nunca antes había sucedido en la historia argentina se les impidió a los trabajadores de prensa ingresar a la Casa Rosada, el Gobierno reabrió este lunes la sala de periodistas y Manuel Adorni retomará sus conferencias de prensa. Sin embargo, la apertura llegó acompañada de mayores restricciones para el desempeño de la tarea de los periodistas.
La sala de periodistas permanecía clausurada desde el 23 de abril. El cierre y el bloqueo del ingreso de los periodistas a la sede gubernamental se produjo en medio de los sostenidos ataques del presidente Javier Milei a la prensa y horas antes de la visita a la Rosada del magnate teconológico estadounidense Peter Thiel.
Ni siquiera durante la dictadura se había tomado semejante medida. El Gobierno apeló a la excusa de que la sala de periodistas fue cerrada por la difusión de un informe de televisión --que salió al aire el 19 de abril-- en el que supuestamente se mostraban imágenes de los pasillos de la Casa de gobierno que “comprometían la seguridad nacional”. Esas imágenes publicadas no eran distintas a las que ya circulaban en internet o ni mostraba lugares diferente a los que se conocen durante la visita guiada a Balcarce 50.
Este lunes los periodistas pudieron finalmente reingresar a la Rosada pero se encontraron con mayores restricciones. Según lo dispuesto por Casa Militar, los periodistas acreditados en la lista confeccionada por ese organismo a cargo de la seguridad de la Casa de Gobierno tendrán que ingresar por Balcarce 78. Deberán acreditar su identidad con el DNI y mostrar también la credencial de prensa.
Los periodistas ya no podrán acceder, como lo hacían históricamente, al Patio de las Palmeras. Con la llegada de Milei a la Presidencia ya se había restringido el acceso a esa zona común durante la entrada y salida del mandatario a la Rosada.
En la conferencia que se espera que Adorni brinde este mismo lunes se espera que haga referencia a las nuevas restricciones, que también incluyen la prohibición de acceso al balcón ubicado en el primer piso. Además de eso, se esmerilaron los vidrios y se cerraron las puertas del Salón de los Bustos, por donde entran y salen los funcionarios, algo que los periodistas ya no podrán ver.
Pagina 12
En plena crisis, con menos frecuencias y menos pasajeros que viajan
Otra suba en el boleto de colectivo y subte
A partir de este lunes, el transporte aumenta 5,4 por ciento y supera al número de inflación mensual. El sector se lleva el gasto más importante de los hogares.
A partir de este lunes, viajar en colectivo y subte será 5,4 por ciento más caro. El incremento, que supera la inflación mensual, ya impacta en el consumo: en abril, el uso del transporte cayó un 21 por ciento.
El bolsillo de los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vuelve se escurre. Con esta nueva actualización, el cuadro tarifario presenta cifras récord. El boleto de subte trepará a 1.490,36 pesos, consolidándose como uno de los servicios de mayor presión inflacionaria. Por su parte, el viaje mínimo en colectivo dentro de la Capital Federal pasará a costar 753,86 pesos (para tramos de hasta 3 kilómetros). En la provincia de Buenos Aires, la realidad es aún más cruda: el tramo inicial se ubicará en 918,35 pesos, manteniendo la brecha histórica de costos entre ambas jurisdicciones, teniendo en cuenta que muchas personas se trasladan a diario desde el conurbano bonaerenses a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar.
Indexación y pérdida de usuarios
El sistema actual, denominado “Indexación más dos”, es el principal motor de estas subas constantes. Vigente desde principios de año, el mecanismo establece aumentos mensuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un adicional de 2 puntos porcentuales. Esta fórmula automática se aplica sobre las líneas de jurisdicción local, mientras que las líneas nacionales mantienen un esquema diferenciado bajo la Secretaría de Transporte.
La consecuencia directa de esta política tarifaria es el abandono del transporte público por parte de los usuarios, ya que no pueden afrontar el gasto. En marzo la cantidad de viajes cayó 11 por ciento y en abril se profundizó hasta alcanzar 21 por ciento de contracción.
En términos interanuales, el transporte urbano acumula un alza del 39,47 por ciento en Provincia y del 27,01 por ciento en CABA, cifras que se sitúan sistemáticamente por encima de la inflación general del mismo período.
Impacto en la canasta familiar
El rubro transporte se convirtió en uno de los principales problemas en los hogares. En marzo, este sector subió 4,1 por ciento, empujando el promedio general de precios hacia arriba. Pero el dato más revelador surge del análisis del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA/CONICET): una familia tipo del AMBA debió destinar en promedio 101.026 pesos mensuales solo para trasladarse al trabajo y centros de estudio durante marzo. Este gasto, que incluye mayoritariamente viajes en colectivo, representa la erogación más pesada para un hogar, superando incluso a servicios básicos como la luz o el gas.
La combinación de la reducción de subsidios estatales y la aplicación de fórmulas automáticas plantea un escenario de incertidumbre para el resto de 2026. Mientras los salarios corren por detrás, el derecho a la movilidad se vuelve, para muchos, un lujo difícil de costear.
Pagina 12
3 de mayo de 2026
El Reino Unido endureció su postura y calificó de “innegociable” su ocupación en las Islas Malvinas
La decisión de Londres se da tras la filtración de un documento del Pentágono que evalúa un eventual cese a la posición de relativa neutralidad de Estados Unidos en el conflicto.
La Real Fuerza Aérea británica (RAF) declaró el estado de máxima alerta para la defensa de las Islas Malvinas. El comandante de la fuerza, el mariscal del aire Sir Harv Smyth, afirmó de manera categórica que la protección del archipiélago y su espacio aéreo es “innegociable”.
Esta drástica reacción de Londres responde a la reciente filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible giro en la política exterior de Estados Unidos, el cual podría motivar una salida de su postura de relativa neutralidad respecto del conflicto. Según el documento, esta opción fue evaluada en Washington como respuesta a la falta de apoyo de sus aliados europeos en las políticas estadounidenses respecto a Irán.
Para respaldar su posición ante la creciente tensión diplomática, el Reino Unido dispuso refuerzos militares y tecnología de punta en la base aérea de Mount Pleasant. Actualmente, la defensa aérea permanente recae sobre cuatro cazas Typhoon, integrados en un sistema de alerta de reacción rápida listo para interceptar cualquier amenaza.
El esquema defensivo incluye el avanzado sistema de misiles Sky Sabre, una inversión de 250 millones de libras capaz de abatir aviones, drones y bombas guiadas por láser de forma simultánea. En declaraciones publicadas en The Times, Smyth subrayó la importancia de este despliegue: “Desde la ‘alerta de reacción rápida’ en el Reino Unido, que se activó recientemente contra un presunto bombardero ruso que se aproximaba a nuestro espacio aéreo desde el norte, hasta los aviones de combate con base en las Malvinas, pasando por nuestro actual despliegue de Typhoon en Rumania como parte de la misión de vigilancia aérea reforzada de la OTAN, el papel de la RAF en la defensa del espacio aéreo es innegociable”.
Reacción argentina y modernización bélica
La filtración del memorando tuvo eco inmediato en Argentina, donde el presidente Javier Milei reafirmó la postura histórica del país al sentenciar que “las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel generó polémica al instar a los habitantes británicos de las islas a regresar a su país de origen.
Este cruce de declaraciones se produce mientras Argentina avanza en un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas, donde se destaca la adquisición de 24 aviones F-16 a Dinamarca. Según fuentes británicas, Estados Unidos habría presionado a Londres para permitir esta transferencia tecnológica, a pesar de las reservas del Reino Unido.
A pesar de que el gobierno británico intentó minimizar el impacto del correo filtrado asegurando que la soberanía “no está en entredicho”, hubo otras voces dentro de la administración del Reino Unido que expresaron preocupación. El exministro de Seguridad, Tom Tugendhat, cuestionó la capacidad de respuesta actual comparándola con la de 1982, señalando que en aquel conflicto la Marina Real contaba con 59 fragatas y destructores, mientras que hoy solo dispone de 13.
Mientras el 99,8% de los isleños mantiene su voluntad de seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar, la RAF reafirma su rol global y permanente, manteniendo sus unidades preparadas para intervenir “en cualquier momento” ante cualquier desafío a su soberanía.
El Destape
Consumos en discotecas, peluquerías, servicios de playa y free shops
Denunciarán a Reidel, Caputo y Adorni por las insólitas compras en Nucleoeléctrica
La presentación por malversación de caudales públicos la realizará el diputado Esteban Paulón. Se basa en la información que entregó el jefe de Gabinete a los diputados.
Eva Moreira
Todos los días aparecen nuevas evidencias de las costumbres que ya tiene el gobierno de Javier Milei: usar recursos del Estado para satisfacer necesidades y gustos personales. Los gastos de la tarjeta corporativa de la empresa estatal Nucleoeléctrica S.A. (NASA), que tiene consumos en discotecas, peluquerías, servicios de playa, free shops y casas de ropa femenina, entre otros rubros, terminarán en los tribunales. El expresidente de NASA, Demian Reidel; el ministro de Economía, Luis Caputo; y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, serán denunciados por malversación de caudales públicos por el diputado socialista Esteban Paulón. “Mientras el gobierno despide y ajusta en el sistema nuclear argentino, sus directivos están en un cumple”, enfatizó el legislador.
En diálogo con Página/12, Paulón adelantó que denunciará a Reidel, Caputo y Adorni por este “robo hormiga” con las tarjetas corporativas de NASA que queda expresado en el propio anexo que entregó el vocero a los diputados. Para el legislador del bloque Provincias Unidas, esta es otra muestra de que el gobierno de Javier Milei “hace una sobreactuación de austeridad, cuando en realidad incurre en prácticas de casta”.
“Hay un contraste en esa idea de querer terminar con la casta, recortar en medialunas o en ese plan de racionalización de gastos, de recorte de empleados, con esto que vemos hoy. En la práctica, en el ejercicio del poder, parecen entender que los bienes públicos son como sus bienes privados”, cuestionó.
La denuncia judicial, que presentará mañana, hará hincapié en la respuesta N° 859 del informe oficial del jefe de ministros brindado ante la Cámara de Diputados, que es fruto de una de las preguntas que le hizo la legisladora de Unión por la Patria Florencia Carignano a Manuel Adorni. Paulón le pedirá a la Justicia que se investiguen los supuestos gastos personales como perfumería, cosméticos y peluquería, duty free (tiendas de aeropuertos, principalmente en España), que suman un total de u$s 5.957 y $1.100.000.
También apunta a los gastos en las fechas 18 de enero, 7 y 11 de febrero del corriente año que aparecen en el “Pub El Pirata”, servicio de playa “Mar y Sombra SL” —de sombrillas, sesiones de masajes, cócteles y snacks—. Además, hay gastos en “Decathlon Ortega y Gas”, “Adidas India”, “Adidas Istanbul” en Río de Janeiro, Punta Cana, Angra dos Reis, Salamanca. Se detallan empresas aéreas con consumo a bordo como Air Europa, American Airlines, United Airlines, hoteles y alquileres temporarios como: Hotel Mayorazgo de Madrid, Facade Hotel Amsterdam, Hotel Du Parc Baden AG de Suiza, St. Regis Hotel Singapur, Hotel Meliá Castilla, Gale Miami Hotel and Resort, Windsor Leme Hotel, Vienna Marriott Hotel y Meliá Vienna.
Paulón explicó que la información suministrada no indica a qué funcionario le corresponde cada gasto y que son alrededor de 100 los que poseen actualmente tarjetas corporativas, por lo que la denuncia, en esta primera instancia, estará dirigida a Caputo, Adorni y Reidel. “Luego habrá que determinar quiénes específicamente hicieron los gastos”, puntualizó.
Nucleoeléctrica es una sociedad anónima que históricamente estuvo en manos del Estado. El Ministerio de Economía posee el 79 por ciento de las acciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) mantiene el 20 por ciento y Energía Argentina S.A. (ENARSA) conserva el 1 por ciento restante. Aunque, actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de privatización parcial. Se busca transferir el 44 por ciento al sector privado mediante licitación pública nacional e internacional.
Para Florencia Carignano, la información que quedó revelada es clave, ya que la empresa atraviesa este proceso de privatización, por lo que sostuvo, a través de su cuenta de X, que todo lo detallado debe analizarse también en la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones, de la que forma parte.
Carignano también señaló que, por la inactividad en las comisiones que preside La Libertad Avanza en el Congreso, donde no se le dio tratamiento a un pedido de informe en el que solicitaba esta información, procedió a “canalizar este reclamo y exigir explicaciones sobre el uso de recursos públicos” a través de la consulta al jefe de Gabinete.
“El proyecto fue girado a la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por LLA. Con los antecedentes de estos dos años —en los que casi no se tratan pedidos de informe en comisiones conducidas por ese espacio— decidí avanzar por otra vía. Por eso, recurrí a una herramienta que está a disposición de todos los argentinos: el pedido de acceso a la información pública, donde sí existen plazos y obligación de responder. Con motivo de la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso para rendir cuentas de la gestión, volví a insistir… y finalmente obtuvimos una respuesta que hoy es de público conocimiento”, escribió la diputada de UxP.
Paulón también adelantó que avanzarán en un pedido de acceso a la información pública para saber qué trabajadores son los que viajaron al exterior, dónde se alojaron y qué viáticos les asignó la empresa. Por otra parte, pedirá saber si los gastos de estos funcionarios se rindieron de alguna manera, ya que le parecen llamativos “los montos excesivos en las extracciones” que aparecen en el informe brindado por Adorni. “En enero de 2025 hay extracciones por un total de 50 millones de pesos”, resaltó.
Hoy Nucleoeléctrica enfrenta un escenario de ajuste con proyecciones de despidos masivos. El titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, solicitó hace días reducir la planta de la empresa con el argumento de que podría funcionar solo con 600 trabajadores. Actualmente cuenta con 3000 empleados, por lo que está en riesgo la estabilidad de 2400 familias.
La empresa estatal es responsable de la operación de las tres centrales nucleares que actualmente operan en Argentina: Atucha I, Atucha II y Embalse. A su vez, se encarga de la comercialización de la energía producida por las centrales en el Mercado Mayorista de Electricidad (MEM).
Abajo las tarjetas
El nuevo titular de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos, se refirió al escándalo a través de sus redes sociales e informó que cortó las tarjetas corporativas y se amparó bajo el argumento de que “todo gasto efectuado que no se consideró justificado fue oportunamente detectado, y solicitada la devolución de los montos correspondientes”.
Por otra parte, Campos intentó despegarse de la gestión de Reidel al aclarar que, luego de la renuncia de su antecesor, en febrero de 2026, una de sus primeras medidas fue “ordenar un análisis detallado de los consumos en el extranjero de las tarjetas corporativas”.
“Dado que el esquema cambiario ha vuelto a ser libre, he ordenado modificar este esquema que quedó obsoleto, discontinuando el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes con el objetivo de simplificar, transparentar y centralizar la administración de los recursos del canon diario para viajes al exterior”, sentenció.
Pagina 12
Una persecución política ejecutada con aprietes judiciales
Causa Cuadernos: Veintisiete imputados relataron las coacciones sufridas para involucrar a Cristina Kirchner
El tribunal decidió no transmitir las audiencias luego de que en las últimas indagatorias se revelaran presiones del fiscal Carlos Stornelli y el exjuez Claudio Bonadio. Oscar Centeno y Ernesto Clarens, claves en sostener el caso, se negaron a declarar.
Irina Hauser
Arrepentidos que se arrepienten de haberse arrepentido. Empresarios que ahora denuncian aprietes judiciales. Están los que mintieron para no quedar presos y fueron liberados. Pero también los que se negaron a decir lo que el fiscal y el juez pretendían y fueron a la cárcel. Amenazas, robos, seguimientos y advertencias para “involucrar a De Vido y a Cristina”. Hombres de la obra pública que blanquearon lo que era un secreto a voces: que fueron a escribanías a dejar asentadas las irregularidades. Fueron 27, entre exfuncionarios y empresarios, los que relataron presiones sufridas dentro y fuera de tribunales cuando comenzaba la causa “Cuadernos”, y que en las últimas semanas durante las indagatorias destaparon esta olla en el juicio oral. En paralelo, los principales arrepentidos –como el chofer Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens--, cuyos relatos sostienen la causa, optaron por no declarar, se negaron, o sea que no dijeron ni una palabra de lo que ya habían relatado al aceptar ser colaboradores o delatores siete años cuando acusaron a otros para salvarse. Después de todo esto, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) decidió que las audiencias no se transmitan más por Youtube desde el martes próximo, cuando comience el desfile de testigos.
La medida fue cuestionada por la defensa del exsubsecretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta, y enseguida se sumaron otras. Hasta la fiscal Fabiana León se alineó. “Debe ser la primera vez que coincidimos en algo”, bromeaban los abogados. Los jueces –Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero-- tienen que decidir esta semana si dan marcha atrás o sostienen la nueva restricción. Son tantas las anomalías que brotan a borbotones que los planteos de las defensas no cesan. ¿Por qué los arrepentidos pueden no declarar? ¿Cómo se defienden los acusados por ellos? ¿Qué otras pruebas hay? ¿Por qué no declaran los encargados de detenciones humillantes? ¿Y los escribanos que labraron actas del desaguisado que ocurría en Comodoro Py? Si fuera por el sentido común, todo esto debería conmover el desarrollo del juicio. Habrá que ver si los jueces mantienen la tónica de seguir pateando las decisiones para el final, que podría ser en un año o dos.
Entre los primeros testimonios están citados el periodista de La Nación Diego Cabot, quien recibió las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno que dieron origen al expediente y más de un año después alguien le dio seis originales; la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, quien durante la etapa de instrucción relató que sabía que el chofer escribía los cuadernos y que planeaba entregarlos (no sabe a quién) “en caso de que Baratta, al terminar la gestión en el Ministerio, no lo ubique en otro trabajo”; la exsecretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga, famosa por haber instalado la leyenda de bolsos llevados a Olivos a Santa Cruz en una denuncia que fue cerrada por inexistencia de delito; el policía retirado Jorge Bacigalupo, quien guardó los cuadernos y les hizo enmiendas; y el arrepentido de “la ruta del dinero K” Leonardo Fariña. Es solo el comienzo: serán más de 600.
Silencios, mentiras y denuncias
En la lista de los arrepentidos que por ahora decidieron callar, Centeno y Clarens no fueron actores de reparto: los cuadernos del remisero, las listas del financista (de quienes dijo que le entregaban dinero que recaudaba) y sus relatos de 2018 ante el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, determinaron la acusación contra una cadena de dueños y CEOs de la obra pública y funcionarios, que –a la vez—si no se arrepentían quedaban privados de la libertad. Guardaron silencio también en el juicio ciertos empresarios que habían asumido el papel de imputados colaboradores: desde Angelo Calcaterra y su mano derecha Javier Sánchez Caballero (IECSA), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Marcela Sztenberg (Equimac), Miguel Aznar (Vialco S.A y Decavial), Gerardo Cartellone, Gabriel Romero, Gabriel Losi hasta Patricio Gerbi, entre otros.
Otros empresarios introdujeron matices. Juan Carlos De Goycochea, de la española Isolux, rectificó lo dicho como colaborador: reconoció pagos, pero dijo que eran aportes de campaña, que no habían sido 17 sino siete y que Centeno le adjudica entregas en fechas en las que estaba de viaje. Sobre el chofer, que había declarado en España, señaló: “Centeno dijo que no tenía idea de qué era Isolux, quién era, quiénes éramos, qué montos pagábamos y no conocía siquiera si los domicilios eran de Isolux”. Carlos Mundin, el dueño de la constructora BTU, recordó que lo pasearon esposado ante periodistas a modo de “humillación”, aseguró que “jamás” entregó dinero “bajo ningún concepto” y que le ofrecieron arrepentirse pero no iba a mentir.
Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los pocos que ya había detallado los aprietes volvió a compartir ese relato. Le decían que su familia lo esperaba en el pasillo y si colaboraba se podía ir con ellos en libertad. Cuando él preguntó “¿arrepentirme de qué?” la respuesta fue “de haber colaborado con estos mugrientos” (mientras señalaba a la Casa Rosada). No aceptó y quedó más de un año preso.
La mayor sorpresa llegó en los relatos de empresarios, algunos arrepentidos, que admitieron que mintieron para no perder la libertad. “Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían”, declaró Mario Rovella, dueño de la constructora Rovella-Carranza, una de las más grandes del país. Rovella informó que el día previo a su declaración fue a una escribanía y dejó asentado que iba a mentir para mantener la libertad. El dueño de Cleanosol Argentina, dedicada a la señalización de rutas, Oscar Sansiseña relató lo mismo: adelantó en una escribanía que mentiría en la declaración y aseguró que nunca pagó nada. El director y gerente de la firma, Guillermo Escolar, hizo lo propio. Daniel Pitón, de José Eleuterio Pitón S.A también dijo que armó un relato para evitar la cárcel. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, se despachó. Rodolfo Perales, de Perales Aguiar S.A, empresa de ingeniería vial y civil, fue breve y contundente: “Lo que dije de entregar dinero a Clarens, no fue. La declaración que hice fue por miedo de quedar detenido si no lo hacía”.
En algunos casos fueron los defensores de los empresarios quienes asumieron el relato. El defensor de Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción –cuyo relato como arrepentido llevó a otras detenciones—aseveró: “Wagner hubiera confesado que integraba la banda del Gordo Valor, Wagner hubiera confesado que hizo el túnel en su calidad de ingeniero para robar el Banco Río en Acassuso, el tema era gozar de la libertad”. El letrado de Roggio, Jorge Valerga Aráoz (hijo) repasó que cuando Bonadío quería que dijera que había pagado retornos a cambio de subsidios para Metrovías, dijo dos veces que no había pagado nada. “¿Por qué no lo piensa?”, le aconsejó el juez en tono de amenaza. “El que avisa no traiciona”, agregó el juez. El abogado dijo que sabían que si no decía lo que Bonadío quería escuchar, iban a detenerlo.
Cristóbal López y Fabián de Sousa –del Grupo Indalo-- sorprendieron con un dato: fueron involucrados cuando Clarens, bajo amenaza de quedar detenido tras seis declaraciones, cambió su relato original, en el que había involucrado al Grupo Petersen en pagos ilegales que él recaudaba pero de pronto dijo que se había confundido una sigla: que no era PTC (Petersen, Thiele & Cruz de la familia Eskenazi) sino CPC, la constructora de Indalo. López y De Sousa dicen que no conocen a Clarens y que el punto es que Bonadio era amigo de Sebastián Eskenazi.
Los exfuncionarios también
Entre los exfuncionarios indagados, el exsecretario de Obras Públicas, José López, aseguró: “Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita, tampoco lo vi en ese sentido a Julio de Vido”.
Hubo una indagatoria en particular, la de Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, que evidenció el mecanismo con el que iban “cayendo” los funcionarios implicados, en base a lo que decían “arrepentidos” cuyos relatos al día de hoy no tienen evidencia que los respalden, con el problema agregado de que se niegan a declarar. ¿Vale la sola palabra de ellos? Gabriel Romero, en su caso, declaró para evitar la cárcel que “había visto en los medios que Roggio manifestó en el marco de un acuerdo de colaboración que su empresa debía pagar a los funcionarios del gobierno anterior un 5% de los subsidios que cobraba. Esto es cierto, lo puedo confirmar”. Schiavi explicó que no respondería preguntas si sus abogados no pueden interrogarle a Romero, pero se tomó un buen rato para refutar la acusación y explicar por qué es imposible que le endilguen asociación ilícita y cohecho.
El exasesor legal de Planificación, Rafael Llorens, relató que Stornelli “me intentó hacer confesar cosas que no quería confesar ni que pensaba confesar y que tampoco habían pasado”. A su esposa le hacían llegar mensajes para que se arrepintiera. Estuvo ocho meses detenido. En un día de visitas en la cárcel, que fue el 17 de octubre, a un amigo que había ido a verlo le robaron la camioneta en la puerta del penal, y esa misma tarde a su esposa se le metieron en su vehículo en Banfield y le quitaron solo el celular. Baratta contó que cuando estaban por detenerlo en un caso vinculado, conocido como GNL, lo pararon en la calle y le dijeron que la única forma de evitarlo “era que involucre a Julio De Vido y a Cristina Kirchner” y cuando lo arrestaron el propio Stornelli le dijo lo mismo a su esposa. Oscar Thomas, exdirector de Yacyretá, recordó que su abogado, José Manuel Ubeira, le reprodujo lo que Stornelli decía: “había sortijas para pocos”. El decidió afrontar la detención.
Más de un exfuncionario se vio en la situación de ponerse a explicar que tanto la fiscalía como la Unidad de Información Financiera ponen sospechas en cuestiones que son mecanismos habituales. Nelson Periotti, extitular de la Dirección de Vialidad, lo señaló respecto de las redeterminaciones de precios, que son habituales en contextos inflacionarios y con insumos dolarizados. Tampoco serían per se delictivos los pagos de certificados de obras y los llamados entre empresarios y funcionarios.
Dilemas del juicio
El martes 14 de abril, ningún arrepentido quiso declarar. Así, sobre las “confesiones” de 2018 de esos imputados colaboradores, ningún defensor puede preguntar. “Hay imposibilidad de contrainterrogar” y así se “vulnera el derecho a defensa del señor Julio de Vido”, advirtieron los abogados del ex ministro de Planificación, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. La mayoría de las defensas comparten la postura. La del ex funcionario de Vialidad, Sandro Férgola, por caso, dijo que el silencio de los arrepentidos impide “otorgarle cualquier tipo de valoración” como prueba a su relato y que el acuerdo de colaboración “se tornaría estéril”. ¿El único apoyo documental son los cuadernos de Centeno y las listas de Clarens? El reclamo es que el tribunal oral reconsidere el beneficio otorgado a los arrepentidos (hablan a cambio de una pena morigerada) si callan y no hay forma de verificar lo que dijeron, tal como exige la ley.
Junto con eso, dice Rusconi, “el devenir de las audiencias está llevando a un lugar insostenible la decisión de la fiscal de no investigar el contexto profundamente inmoral, antijurídico, violatorio del estado de derecho donde nació esta investigación”. Por ahora, los pedidos de extraer testimonios para denunciar y que se investiguen los aprietes denunciados en las audiencias, fueron rechazados por los jueces, que dijeron que al final del juicio lo van a considerar.
Medidas pedidas
El martes último, Carlos Beraldi –abogado de CFK—hizo una extensa presentación ante el tribunal, donde recopila los casi 30 relatos de aprietes e irregularidades escuchados en las últimas semanas en el juicio. Con eso pidió, con adhesión de otras defensas, una serie de medidas: la nómina de agentes del Servicio Penitenciario, Policía Federal y Gendarmería que participaron en traslados de los detenidos para que declaren; que testifiquen los escribanos que protocolizaron los relatos de empresarios que dejaron constancias de anomalías y coacción y que se rastree (vía Colegio de Escribanos) la posible intervención de otros escribanos; testimonios de familiares de Baratta y Llorens; se certifiquen causas contra el hijo de Bonadio (que explicaría la aparición de Sebastián Eskenazi respaldándolo con un mutuo) y que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) informe contactos de Esquenazi y/o el Grupo Petersen con Bonadío.
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