22 de abril de 2026

El mercado sigue protegiéndose de una posible devaluación: el Gobierno renovó el 60% en la última licitación

La Secretaría de Finanzas logró reestructurar el 60% del vencimiento del bono dólar link, postergando hasta el 30 de junio un monto equivalente a 1.600 millones de dólares que vencían en una semana. Las restricciones del BCRA no frenaron la operación de canje y se mantiene arriba de los 200 millones diarios.

El Gobierno logró reestructurar el 60,49% del vencimiento del bono atado a la evolución del dólar oficial que el mercado compra como forma de cobertura frente a una devaluación del peso y postergó así hasta el 30 de junio un monto equivalente a 1.637 millones de dólares que vendían a fin de este mes.
El nivel de aceptación, dentro de lo esperado por el mercado, deja un monto menor para renovar la próxima semana, del orden de los 2 billones de pesos que seguramente serán reabsorbidos por el Tesoro dentro del plan de mantener la restricción monetaria que lleva adelante la administración de Javier Milei.

En el mercado secundario de deuda, los bonos del Tesoro están rindiendo tasas de interés por debajo de la inflación esperada pero por encima de la evolución esperada del tipo de cambio oficial según surge de los contratos de dólar futuro.

Esta estrategia implica una pérdida de valor del poder adquisitivo de la inversión en pesos, al rendir menos que la inflación, pero un rendimiento positivo en dólares, lo que alienta las operaciones de carry trade que se constituyen en la principal fuente de estabilidad del mercado de cambio.

El saldo comercial del primer trimestre aportó 5.500 millones de dólares al mercado oficial de cambio, mientras el endeudamiento del sector privado acompaña con otros 100 millones diarios proveniente de los créditos del sistema financiero y este mes de unos 1.000 millones a través de la colocación de Obligaciones Negociables.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, estimó en una presentación ante inversores que las empresas tienen todavía 3.200 millones de dólares para liquidar en el mercado oficial proveniente del endeudamiento.

El saldo positivo de la balanza comercial (especialmente medido contra los 1.000 millones del primer trimestre del año pasado) alentó la especulación de un tipo de cambio competitivo y de actividad económica genuina, pero ese razonamiento chocó contra la comparación de 2001.

El año que detonó la convertibilidad también se había obtenido un saldo favorable de 6.300 millones de dólares en el comercio exterior, equivalente a 2 puntos del PBI y con un crecimiento interanual de las ventas externas.

El último año de la convertibilidad llegó también acompañado de una deflación de precios desde junio hasta fin de año, acumulando una caída de 1,6% en el año, forzada por una recesión económica que intentaba mantener la competitividad del peso a través de esa deflación y una devaluación generada por  convertibilidad ampliada, cuando se ató el peso a la canasta de dólar y el euro.

El Tipo de Cambio Real Multilateral se ubicó esta semana en 84,54 puntos (similar al previo a la devaluación de Milei, el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili), que se calcula ponderando 32% el real de Brasil, 12% el dólar de Estados Unidos, 16% el yuan de China y 19% el euro de la Unión Europea.

La baja ponderación del dólar y la alta ponderación del real que registró un fuerte proceso de apreciación en el último año que lo llevó a cotizar por debajo de los 5 reales el dólar, está ayudando al peso a mantener un nivel que se ubica apenas por encima del registrado en la convertibilidad, que arrancó 2001 en 73 puntos y terminó el año en 66 puntos, cuando el corralito para frenar la salida de capitales terminó con la administración de Fernando de la Rúa.

La consultora Vectorial sostuvo en su último informe que “bajo esa apariencia ordenada” del mercado de cambios “persisten tensiones relevantes: la salida de divisas para atesoramiento se mantiene elevada —proyectando niveles cercanos a los 30.000 millones de dólares anuales— y refleja dudas del mercado frente a un exigente perfil de vencimientos en moneda extranjera y un Riesgo País que continúa limitando el acceso al financiamiento”.

La demanda de atesoramiento, expresada principalmente a través del mercado oficial de cambios donde alcanzó picos de 4.500 millones en septiembre y 3.400 millones en octubre, bajó a un ritmo del orden de los 1.000 millones mensuales, incluso en marzo, cuando se ubicó apenas por debajo según la estimación de Werning.

También se expresa esa demanda en el mercado financiero, a través de operaciones de MEP para mantener las divisas en cuentas en el país, o de CCL para girar los dólares al exterior que el Banco Central intentó frenar a través de una prohibición cruzada que impide a una persona que opera en el mercado oficial hacerlo en el financiero por 90 días.

La norma del BCRA forzó una primera baja en el nivel de operaciones denominadas “canje” que se realizan a través del Contado Con Liquidación o dólar CCL que cayó por debajo de los 200 millones diarios los primeros días pero enseguida volvió a niveles de entre 200 millones y 250 millones de dólares diarios.

El rendimiento de los bonos por debajo de la inflación y por encima del ajuste del tipo de cambio está acumulando un atraso que en el pasado se saldó vía el reforzamiento del cepo para el acceso a la divisas o de la devaluación, y esa es la expectativa que mantiene el mercado que buscó renovar cobertura financiada por el Tesoro.

El Destape

 

La Justicia declaró la quiebra de SanCor por una deuda de U$S 120 millones

Según consta en el expediente, el pasivo posterior al concurso aumentaba a un ritmo cercano a los $ 3.000 millones mensuales.


La Justicia decretó la quiebra de SanCor, la cooperativa láctea, tras el pedido de la firma de solicitar dicha medida a las vistas de no poder afrontar las deudas económicas.

Tras un trayecto crítico marcado por la crisis, la resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich. La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los U$S 120 millones.

La resolución judicial sostuvo que el reconocimiento por parte de la cooperativa equivale, en los hechos, al fracaso del proceso preventivo y abre la puerta a la declaración de quiebra. En ese marco, el juez consideró que se trata de una “quiebra indirecta”, producto de la frustración anticipada y explícita del concurso.

A lo largo del fallo, también se detalló un deterioro progresivo que se profundizó incluso durante el propio proceso concursal. Lejos de estabilizarse, la empresa continuó acumulando deudas de manera sostenida. Según consta en el expediente, el pasivo posterior al concurso aumentaba a un ritmo cercano a los $ 3.000 millones mensuales, mientras que los ingresos generados no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

En este contexto, el magistrado subrayó que no se trata de una situación coyuntural. “La empresa no es económicamente viable en el mediano plazo, configurando un escenario de insolvencia que no puede revertirse”, concluyó.

La compañía, con base en Sunchales y durante años emblema de la industria alimenticia argentina, se presentó en concurso de acreedores en febrero del año pasado.

Según datos del proceso, arrastra deudas con más de 1.500 acreedores verificados, en un contexto atravesado por la baja en la producción y la pérdida de presencia en el mercado.

Producción en caída y tensiones internas

En los últimos años, la situación de SanCor se fue agravando de manera constante. Su nivel de procesamiento de leche cayó con fuerza, pasando de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000.

Al mismo tiempo, la empresa impulsó la venta de marcas y el cierre de plantas como estrategia para sostener su funcionamiento, aunque sin lograr revertir la crisis. A esto se sumaron decisiones empresariales y planes de financiamiento que no llegaron a concretarse, lo que terminó profundizando su deterioro.

El Destape

 

Criminalización de la protesta y hostigamiento de periodistas: duro informe contra Milei: duro informe de Amnistía contra Milei

La organización denunció recortes en áreas sociales y cuestionó el refuerzo de partidas para seguridad e inteligencia. Advirtió por el aumento de la criminalización de la protesta y el hostigamiento a la prensa.

Amnistía Internacional endureció sus críticas contra Javier Milei y llamó a frenar el avance de los gobiernos “antiderechos” en Argentina. El movimiento internacional acusó a la administración libertaria de consolidar un modelo donde “el control social prevalece sobre la garantía de derechos humanos”. Según la organización no gubernamental, el gasto público en Argentina cayó más de 41% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras crecieron o resistieron mejor los fondos para seguridad e inteligencia.

Mientras se recortan las políticas esenciales para combatir la pobreza, la desigualdad y la violencia de género, se fortalecen los presupuestos destinados a controlar, vigilar y reprimir”, describió Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en el marco del lanzamiento de del Informe Anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”. 

“Este modelo transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger”, advirtió Belski. En este sentido, la organización precisó que mientras las áreas de salud, educación, alimentación y vivienda fueron las más afectadas por la “motosierra”, las partidas para seguridad e inteligencia registraron incrementos reales o reducciones significativamente menores.

La organización puso de manifiesto también el aumento de la criminalización de la protestael hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas, lo que configura un “clima donde la verdadera libertad se reduce”. Paralelamente, el movimiento internacional denunció la “persistencia” de la violencia contra las mujeres y el debilitamiento de las políticas públicas de género. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, en 2024 se registraron 228 víctimas letales de violencia de género en el país, lo que equivale a una cada 39 horas. 

Una deriva ultraderechista global 

Amnistía advirtió que lo que sucede en Argentina se corresponde con una deriva global alarmante.  “Lo que vemos en Argentina dialoga con una deriva global alarmante: los depredadores intentan destruir décadas de esfuerzos por construir salvaguardas más sólidas mediante el multilateralismo y el derecho internacional”, contextualizó la ONG. Asimismo, alertó sobre un ataque directo a las salvaguardas de derechos humanos construidas durante décadas, con un debilitamiento del sistema internacional promovido por estados poderosos, como Estados Unidos.

La organización no gubernamental también puso el foco en la persistencia de detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela, y remarcó la necesidad de justicia y reparación. A su vez, denunció la profundización de las políticas represivas de los talibanes contra mujeres y niñas en Afganistán. Además, alertó sobre el uso de software espía y vigilancia digital contra periodistas y activistas a nivel global.

El Destape

El juez Bonadio y el fiscal Stornelli apuntados por coacción y amenazas en la causa Cuadernos

El dramático relato de la mentira planificada

Tres empresarios “arrepentidos” denunciaron en el Juicio Cuadernos que declararon ante Stornelli y Bonadio “bajo coacción” y que eran mentiras que tuvieron que decir para no ir presos. Los tres dejaron constancia con escribanos antes de su “arrepentimiento”. Insólitamente, los jueces bloquearon cualquier denuncia contra Stornelli, que sigue siendo fiscal.

Raul Kollmann
“Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían”. La frase pertenece al empresario Mario Rovella, dueño de una de las constructoras más grandes del país, Rovella-Carranza. Rovella contó que el día anterior a su declaración, en 2018, concurrió a una escribanía y dejó asentado que mentiría para mantener la libertad. El dueño de otra empresa, Cleanosol Argentina, dedicada a la señalización de rutas, Oscar Sansiseña contó lo mismo: adelantó en una escribanía que mentiría en la declaración y aseguró que nunca pagó nada. El director y gerente de la misma compañía, Cleanosol, Guillermo Escolar, hizo lo propio, se presentó ante un escribano para dejar consignado que mentiría al día siguiente. Pero, además contó como el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli hicieron desfilar a un empresario detenido, Hugo Dragonetti, con casco y chaleco antibalas, para intimidarlo y exhibirle que iría preso si no declaraba como pretendían el magistrado y el fiscal. Ante semejantes declaraciones en la causa Cuadernos, este martes, los defensores pidieron que se extraiga testimonio por el delito de coacción para denunciar a Stornelli, ya que Bonadío falleció. Los jueces, siguiendo el alineamiento con el macrismo y el mileismo, patearon la pelota afuera: dijeron que lo resolverán al final de juicio.

No investigar la coacción

Se van sumando los empresarios que recurrieron a escribanías para consignar que mentirían en la indagatoria u otros que demuestran que ni siquiera estaban en Buenos Aires cuando los acusan de haber entregado dinero a Roberto Baratta, número 2 del Ministerio de Planificación, o a Ernesto Clarens, un financista que se presentó como un supuesto recaudador.

Los tres empresarios que declararon este martes ratificaron el clima de extorsión que crearon el fallecido Bonadío y el fiscal Stornelli, por lo que recurrieron a escribanos para dejar en claro que mentirían para que no los manden presos. En su momento, hasta el reciente ministro de Justicia; Mariano Cúneo Libarona, dijo públicamente que le indicaría a su defendido -Sergio Taselli- que mienta para no ir preso. Otro empresario, Gerardo Ferreyra, que se negó a arrepentirse, relató cómo Stornelli le decía que si se arrepentía dormiría en su casa, de lo contrario, en un calabozo.

A raíz de las declaraciones de Rovella, Sansiseña y Escolar, tres defensores, Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo pidieron que se extraiga copia para que un juez investigue el delito de coacción. La fiscal Fabiana León, una de las funcionarias más alineadas con el macrismo en Comodoro Py, empezó a los gritos pidiendo que se rechace el pedido: “quieren encontrar un juez amigo” que, de comprobarse la coacción, golpearía toda la estructura de la causa Cuadernos. Lo de encontrar un juez amigo en Comodoro Py pareció una humorada.

El Tribunal Oral 7 -Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli- debería tener la obligación de denunciar el delito de coacción del que hablaron Rovella, Sansiseña y Escolar, pero lo esquivaron de manera escandalosa: decidieron que lo resolverían recién al final del juicio. Una manera de eludir cualquier investigación sobre las andanzas de Bonadío, fallecido, y Stornelli, aún fiscal.

Los magistrados ya vienen de otra maniobra insólita: los arrepentidos pueden negarse a declarar. Por ejemplo, Centeno o Clarens, que se arrepintieron diciendo que tal y tal y tal les entregó dinero, evitan ser confrontados por las defensas, por ejemplo, de los empresarios que dicen ni siquiera haber estado en Buenos Aires los días de las supuestas entregas. El derecho de defensa quedó virtualmente arrasado.

Una declaración dramática

Mario Rovella arrancó contando cómo fue construyendo su compañía a partir del año 1985. “Hicimos 152 obras en 17 provincias. Trabajamos con todos los organismos nacionales. En 2010 se internacionalizó la empresa y conseguimos contratos con organismos multilaterales de crédito”.

La declaración parecía transcurrir con tranquilidad. Pero, de pronto, Rovella rompió la monotonía: “quiero decir tres cuestiones sobre la imputación. Van advertir una contradicción entre lo que declaré en marzo de 2019 y lo que van a escuchar ahora. Nunca, bajo ningún concepto le entregué dinero a Clarens. Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Si no aceptaba lo que Clarens le dijo a Stornelli, para acogerse él al beneficio del arrepentido, me detenían. Pero nada de eso existió. Yo nunca entregué dinero. Ni esa vez ni otra”.

Rovella siguió: “en el caso de nuestra empresa, hay una clara inconsistencia. Se dice que en dos oportunidades, Rovella-Carranza y Paolini llevamos dinero. En ese momento, no me preocupé, porque no había ninguna sociedad registrada con Paolini. Y nunca lo comprobaron. Las fechas que se consignan, no estuve en Buenos Aires. Yo no realicé esos pagos a Clarens. Pero se me presentaba un dilema. Si no declaraba, me privaban de la libertad. Si aceptaba, tenía que arrepentirme. La solución que intentamos con mis abogados fue, el día 28 de febrero, fui a una escribanía y colocamos una nota, que era el escrito que iba a presentar en la indagatoria. Más otra nota que decía que lo que yo allí consignaba no era veraz. Me remito a ese material como prueba. Es cierto que conozco a Clarens desde 2009. Pero fue una relación puramente comercial. Necesitábamos taxis aéreos para poder llegar a las obras y visitarlas. Vialidad Nacional nunca nos benefició. Lo contrario. Le iniciamos 19 juicios y nos debían 50 millones de dólares”.

Con casco y chaleco

El clima de intimidación fue descripto también por el dueño y el director de la empresa Cleanosol, una compañía muy tradicional y especializada en la señalización de rutas. Oscar Sansiseña, de 85 años, el dueño de Cleanosol, hizo una declaración breve. “Conocí a Clarens en el año 2001 a raíz de que intervino en un problema con la empresa Gotti Hermanos. Me acusan en base a 4 llamadas con Clarens. Hay 2 llamadas que son de 35 segundos. O sea, que llamó al conmutador y seguramente yo no estaba. Hay una llamada de 2 minutos en la que, efectivamente, me pidió apoyo para la campaña electoral. Le dije que lo iba a pensar. Y hay otra llamada de más de un minuto, también por aporte electoral. Nunca aportamos nada”.

El director de Cleanosol, Guillermo Escolar, detalló todavía mejor el clima de apriete. “Teníamos que declarar el 30 de agosto de 2018. El 25 fue a declarar Gustavo Dalla Tea. Quedó detenido. Al día siguiente, fue otro empresario y también quedó detenido. Y el 27 exhibieron a otro empresario, Hugo Dragonetti, que ya estaba detenido, paseándolo con casco y chaleco antibalas. Era evidente: si no declarábamos lo que ellos querían, nos dejarían presos. Entonces, de la mano de nuestro abogado, Diego Olmedo, fuimos a un escribano a dejar constancia de que íbamos a mentir”.

Lo que quedó claro de las declaraciones es que no hubo entregas de dinero y, en todo caso, lo que se pedían eran aportes electorales. Quien hacía los llamados, el financista Ernesto Clarens, se supone que hablaba “en nombre del gobierno”, pero tenía vínculo esencialmente con José López, el hombre que tiró los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez.

Una investigación frustrada

Buena parte de los empresarios no declaran en el juicio porque prefieren no dar batalla, en la mayoría de los casos por razones de edad. Los que sí declaran describen la coacción a la que fueron sometidos, algo que se hizo casi público con la famosa frase de Stornelli: “apurensé que no hay sortijas para todos”. La causa misma arrancó con una maniobra escandalosa en la que Bonadío y Stornelli debieron mandar el expediente a sorteo, pero se la quedaron con el expediente con el argumento disparatado de que era conexa con la compra de Gas Natural Licuado. El siguiente paso fue quitarle el abogado al chofer Oscar Centeno, reemplazarlo por un defensor oficial, y presionarlo para que declare como arrepentido. Centeno declaró que quemó los cuadernos, pero después aparecieron 6 de los 8 sin rastros de humo. O sea mintió, algo que debería haberlo llevado a prisión. Y, además, las pericias demostraron que hubo miles de tachaduras y cambios, además de fuertes sospechas de que los textos fueron dictados Las irregularidades se sucedieron y continúan en el juicio, gambeteando que se abra una causa aparte por coacción. Al mismo tiempo, blindaron a los arrepentidos decisivos, impidiendo que las defensas les hagan preguntas.

Lo cierto es que las ilegalidades impidieron e impiden que se haga una buena investigación, sana y honesta, sobre la obra pública, los peajes, el transporte, los fondos electorales. Todo el caso se convirtió, como ocurre con Comodoro Py habitualmente, en el uso del aparato judicial para la persecución política. Es otra comedia dramática con el final anunciado de la condena ya firmada.

Pagina 12

21 de abril de 2026

 Denuncian que Israel usa violencia sexual para desplazar a palestinos

Dentro de sus propios hogares, los sobrevivientes describieron acoso, agresión e intimidación por parte de los israelíes, así como desnudamiento forzado, humillación sexual y trato degradante contra hombres y niños.

Los colonos israelíes están utilizando la violencia sexual como una herramienta para expulsar a los palestinos de sus hogares en Cisjordania, según un informe del Consorcio de Protección de Cisjordania, una alianza humanitaria financiada por la UE.

La investigación, publicada este lunes por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), revela que más del 70 % de las familias desplazadas de Cisjordania entrevistadas señalaron amenazas contra mujeres y niños, particularmente la violencia sexual, como el factor decisivo para huir. Dentro de sus propios hogares, los sobrevivientes describieron acoso, agresión e intimidación por parte de los israelíes, así como desnudamiento forzado, humillación sexual y trato degradante contra hombres y niños.

El reporte, citado por The Guardian, destaca un caso ocurrido el mes pasado, cuando colonos desnudaron a un hombre de 29 años, le colocaron una brida en los genitales y lo golpearon frente a su comunidad y activistas internacionales. Además, una mujer fue sometida a un registro interno doloroso por dos soldados que entraron a su casa con colonos y luego le ordenaron que se quitara la ropa para un registro corporal completo. "Le indicaron que abriera las piernas de una manera que le causaba dolor, y relató comentarios despectivos y tocamientos en partes íntimas", se precisa.

Se informa que los agresores hacen que la permanencia continua sea insostenible, forzando a las comunidades a abandonar sus hogares bajo coacción más que por elección. Ante la presión constante, la investigación subraya que muchas familias separan a sus miembros: envían a mujeres y niños a zonas más seguras mientras los hombres se quedan para proteger la tierra y el ganado. Otras optan por sacar a las niñas de la escuela o casarlas prematuramente para reducir su exposición al peligro.

"La violencia sexual no es incidental en esta crisis. Es uno de los mecanismos que expulsa a la gente de su tierra", declaró Allegra Pacheco, directora del proyecto del Consorcio de Protección de Cisjordania. "El informe documenta cómo los agresores atacan a mujeres, hombres y niños de manera que fracturan a las familias y privan a las comunidades de la capacidad de permanecer. Cuando las condiciones coercitivas no le dejan a la gente otra opción genuina más que irse, esto equivale a un traslado forzoso según el derecho internacional".

Impacto devastador

De acuerdo con la investigación, el abuso sexual documentado llevó a que el 92 % de los hogares afectados perdiera el acceso a sus tierras, el 88 % fuera privado de su vivienda y el 40 % de los niños se quedara sin escolarización. Asimismo, las mujeres reportan angustia psicológica severa, junto con miedo continuo, inestabilidad y exposición a más violencia después de la reubicación.

Kifaya Khraim, directora de la unidad de Incidencia del Centro de Asesoría y Asistencia Legal para Mujeres (WCLAC), por su parte, afirmó que su equipo solo conoce una fracción de los casos de violencia sexual cometidos por soldados y colonos israelíes. "Esto es quizás el 1 % de los casos, y tuvimos que hacer mucha investigación en las comunidades locales solo para ganarnos la confianza de la gente para que nos contara estos casos", declaró.

Paralelamente, el estudio destaca que los incidentes se produjeron en presencia de fuerzas israelíes, que no intervinieron para detenerlos, lo que refuerza un clima de impunidad. En este sentido, el Consorcio insta a Tel Aviv a frenar esta violencia, y a los Estados a tomar medidas concretas. "Cuando las violaciones graves son claras y el riesgo es previsible, las obligaciones del derecho internacional requieren que los Estados actúen", declaró Pacheco.

RT

 

Murió José Mastellone, "el último lechero"

Murió José Mastellone, "el último lechero"

Era el hijo menor del fundador de La Serenísima. Días atrás había vendido la compañía a los grupos Arcor y Danone.

En las últimas horas falleció José Mastellone, conocido como "el último lechero" e hijo menor de la familia fundadora de La Sereníma. Era un conocido vecino de General Rodríguez.

Hijo de Antonino Mastellone y Teresa Aiello, José era el último de los hermanos que quedaba con vida. Su velatorio comenzó este martes por la mañana y se extenderá hasta el mediodía, para luego realizar con el cortejo un “paso simbólico” por las instalaciones de la empresa que marcó su vida.

Días atrás, la multinacional francesa Danone y la argentina Arcor habían alcanzado un acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima. La operación incluye el traspaso del 51% de La Serenísima que tenían los Mastellone y Dallpoint a manos de Bagley Latinoamérica, la sociedad de Arcor y Danone, que pasará a controlar el 100% de la mayor compañía láctea de la Argentina.

"Desde el Municipio de General Rodríguez despedimos con pesar a José Mastellone, integrante del directorio de la empresa Mastellone Hnos., una figura destacada del sector productivo", expresaron desde la comuna vecina, agregando: "Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias".

Pilar a Diario


 

Emmanuel Danann lapidó al Presidente

“Therian” y “niño lastimado”: un influencer y examigo de Milei destrozó al Gobierno

Emmanuel Danann disparó una catarata de críticas al Presidente. Cuestionó que se autoperciba de una religión y una Patria que no son las suyas. “Es un niño lastimado que usa al Estado para sanar heridas de la infancia”, afirmó.

Emmanuel Danann no se ahorra críticas a Javier Milei. El influencer libertario y examigo del Presidente fue uno de los pilares del economista en los inicios de su carrera política Pero ahora, cuando le preguntan por el devenir del mandatario descarga cuestionamientos sin límite: de llamarlo “therian” por ser el “primer presidente con trans-nacionalidad”, a asegurar que su régimen es una “parodia del estalinismo”.

En una entrevista con Mejor que mañana por Radio 750Danann analizó el rumbo que tomó su excolega libertario y aseguró que si en algún momento se alejó de las “ideas de la libertad”, se debe a que “es un niño lastimado que usa al Estado para sanar heridas de la infancia”.

Danann comenzó sin filtros: “Por lo que veo podemos llegar a estar ante el primer caso de un presidente con trans-nacionalidad. Todas las políticas identitarias siguen vigentes. Se autopercibe israelí”.

Esto, dijo, se contrasta con su rol en Argentina. “Es rarísimo que vaya a celebrar la independencia cuando no fue capaz de viajar a Tucumán para celebrar la nuestra. Es inexplicable”, señaló.

“Hay una cuestión religiosa también que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura. Mientras el Presidente se declara como el más sionista del mundo, e intenta convertirse a un religión que no es la suya, acá a quienes practican la fe fundante se les cobró un peaje por peregrinar”, agregó.

Hay una cosa rara en la mente del presidente, con una religión que no es la suya, una patria que no es la suya. Es una especie de therian, que se autopercibe una cosa que no es”, cerró, comparando al mandatario con los adolescentes que se sienten animales.

Danann contó que conoció a Milei por una cuestión de “afinidad ideológica antes de que renunciara a las ideas de la libertad”, hace más de diez años. Pero luego de la cuarentena, cuando el economista decidió competir como candidato, pensó que el libertario “representaría nuestras ideas tal como prometió”. “Así fue cómo lo apoyamos en su momento. Ahora, este Javier Milei que veo hoy no tiene que ver con el que conocí. Pero ni un poco”, señaló.

“La verdad es que qué lo llevó a convertirse en lo que es hoy es una buena pregunta para hacerle a él o a un psicólogo. Yo creo que se lo tragó el sistema. Los complejos que no pudo superar de su infancia lo llevaron a querer rodearse de obsecuentes”, dijo.

Tras lo que subió el tono: “Y esos complejos de inferioridad que él acarrea están a flor de piel. Cuando dicen que no se puede cuestionar al Presidente, estamos ante una parodia del estalinismo que no soporta la más mínima corrección, que no soporta la libertad”.

Así fue como llegó a una conclusión que podría pintar de pies a cabeza al Gobierno de La Libertad Avanza: “Lo veo como un niño lastimado, herido, que usa al Estado para ponerles parches a las heridas que trae de la infancia”.

Finalmente, concluyó: “No soy psicólogo ni psiquiatra. Esto es lo que intuyo al ver su transformación en un hombre que parece estar más pendiente de cantar un ratito en un concierto de rock que de estar conectado con la gente. O está más pendiente de sacarse una foto con el autócrata Netanyahu y no con nuestros dirigentes”.

Pagina 12

 

Provincia exige a Nación más de $220 millones de deuda por alimentos y Pettovello la desconoce

Desde el ministerio de Desarrollo provincial solicitaron al gobierno Nacional que incorpore el financiamiento del Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria. Además reclamaron una deuda que supera los $220 millones. Desde Nación desmintieron tener tal deuda. 

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, envió una nota a su par nacionalSandra Pettovello solicitando que se incorpore al “financiamiento nacional” el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria)”, y la “revisión y actualización de los montos propuestos para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE)” del corriente. El funcionario provincial esgrimió que ambos programas son de suma “relevancia” en la provincia atento al “contexto social actual”, el cual “presenta niveles críticos que requieren el sostenimiento y fortalecimiento de las mismas”. Para Larroque la deuda asciende a más de $220 millones, mientras que Pettovello la desconoce.

En ese sentido, por el programa SAE, Larroque detalló que Nación transfirió en 2025 $77.523.380.480, “cifra que se encontró muy por debajo de los $130.939.000.000 solicitados por el Ministerio”. Para el funcionario, “considerando una variación inflacionaria en alimentos en torno al 30%, el aporte nacional actual necesario para sostener el mismo nivel de ejecución y capacidad operativa se estima aproximadamente en $177.000.000.000”. Sin embargo “la propuesta nacional actual contempla un aporte de $80.883.953.100, lo que representa un incremento nominal de $3.360.572.620 (4%), significativamente por debajo de la inflación registrada”. Así, Larroque afirmó que “hay una deuda acumulada de $220.809.927.276”. 

Al respecto, desde el ministerio de Capital Humano, remarcaron “no tener responsabilidad alguna” en el “desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) y Servicio Alimentario Escolar (SAE)”.

Respecto del segundo programa, la ministra Sandra Pettovello manifestó que “es un programa de gestión y responsabilidad provincial”. Así, aclaró que “el Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial”. Para Pettovello, su Gobierno “no mantiene deuda alguna con la Provincia de Buenos Aires”.

Además aclaró que el Ministerio de Capital Humano “ha incrementado significativamente el gasto destinado a mejorar la calidad educativa mediante la implementación del Plan Nacional de Alfabetización, Plan Nacional de Matemática y Jornada Extendida, incrementando su presupuesto en un 72%, pasando de $345.319 millones en 2025 a $594.841 millones en 2026”.

Por su parte, Larroque se refirió al programa MESA y explicó que “en la Provincia de Buenos Aires reside aproximadamente el 38% de la población total del país, lo que da cuenta de la magnitud de la demanda y de la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional en el acompañamiento y financiamiento de las políticas alimentarias implementadas en el territorio”. MESA fue concebido como un “dispositivo extraordinario” en el marco de la pandemia en 2021, en reemplazo “circunstancial” al Servicio Alimentario Escolar (SAE). 

Es por ello que Larroque entiende que Nación también debería formar parte del financiamiento. “Esta situación implica un esfuerzo significativo por parte de la Provincia de Buenos Aires, que ha debido absorber la totalidad de los costos para asegurar la continuidad del programa. En este sentido y atendiendo al contexto crítico se solicita para su correcto y debido funcionamiento un monto total de $372.308.874.696”.

“Resulta necesario avanzar en la incorporación de financiamiento nacional para el Programa MESA, así como en la revisión y adecuación de los montos asignados al SAE, a fin de fortalecer la sostenibilidad del esquema alimentario, equilibrar la distribución de los esfuerzos fiscales y garantizar la continuidad de las prestaciones en condiciones adecuadas”, cerró el dirigente del gobierno de Kicillof.

El Destape