Lanzaron el Programa de Seguridad Migratoria

El ICE de Milei, a toda marcha

Inspirado por Trump, el Gobierno publicó un decreto que habilita a todas las fuerzas de seguridad federales a participar de acciones de inteligencia, detención y deportación ante cualquier extranjero sospechado de no tener los papeles en orden.

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un programa que redobla el control contra extranjeros al estilo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) estadounidense y con el cual le dará carta blanca a todas las fuerzas de seguridad federales para que participen de acciones de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de no tener los papeles en orden.

La iniciativa del Ministerio de Seguridad formaliza y le da cuerpo a lo que hasta ahora era sólo un lineamiento de trabajo para vigilar y castigar a los extranjeros, surgida bajo la inspiración de las cacerías antimitratorias de Donald Trump.

De hecho, por esos días la ministra Alejandra Monteoliva había manifestado públicamente su intención de enlistarse a esas políticas y publicitó en redes sociales la expulsión de extranjeros que acusados de delitos o que permanecían en el país sin haber tramitado la documentación correspondiente.

El Programa de Seguridad Migratoria

El nuevo Programa de Seguridad Migratoria oficializado en la Resolución 551/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial comenzará con la creación de Unidades de Seguridad Migratoria en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Esas unidades trabajarán con la Dirección Nacional de Migraciones y se convertirán en su policía auxiliar. Realizarán tareas de “prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio”.

Se les enseñará a “prevenir y detectar en forma más efectiva ilícitos migratorios”, junto con inspectores, analistas y jefes de áreas ubicadas en pasos fronterizos y desplegadas en cualquier dependencia del país, dice la resolución.

Oídos sordos a las críticas

La decisión de institucionalizar la persecución contra extranjeros, particularmente de los países fronterizos, es una afrenta del Gobierno a todos los sectores que pusieron en tela de juicio su alineamiento con el ICE de Trump (que dicho sea de paso también es duramente cuestionado en los Estados Unidos y le trae dolores de cabeza a los organizadores del Mundial de fútbol que se juega allí).

Uno de los sectores que cuestionó públicamente a esas políticas fue la Iglesia Católica argentina, que durante el Tedeum del 25 de Mayo y tras un encuentro nacional de obispos sostuvo que los supuestos operativos de control “parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”.

Además, indicaron que la actual política migratoria “no responde a la acción de un Estado garante de derechos” y sostuvieron que “la incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”.

Desoyendo los cuestionamientos, el gobierno de Javier Milei flameó en su resolución ministerial los clásicos argumentos con los que los sectores de la derecha responsabilizan a los extranjeros de los problemas nacionales.

Por ejemplo, entre las exageraciones incluidas en los considerandos, la nueva normativa aduce la existencia de “movimientos migratorios” que “tienen un carácter irregular o ilícito, y pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales” que se “infiltran” en el país y que por ello “constituyen una amenaza para la seguridad nacional”.

Pagina 12

Las controversias del nuevo vocero

De la Fundación Faro a la Casa Rosada: quién es Adrián Ravier, el reemplazante de Adorni

El economista reemplazará a Manuel Adorni como vocero presidencial en un momento delicado para el oficialismo. Tiene tres cargos en una universidad pública y es parte de la Fundación Faro.

Javier Milei decidió cambiar una de las caras más visibles de su Gobierno y eligió a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. La decisión llega en un momento complicado para la Casa Rosada, atravesada por denuncias, sospechas de corrupción, cuestionamientos patrimoniales y una creciente acumulación de conflictos políticos.

Ravier es economista, diputado nacional por La Pampa y uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en esa provincia. Antes de llegar a la vocería presidencial, fue director académico de ESEADE, dio clases en distintas instituciones y trabajó en Fundación Faro, la usina libertaria dirigida por Agustín Laje.

Con la llegada de Ravier, el Gobierno busca volver a instalar la agenda económica y correr del centro de la discusión las denuncias y los escándalos que se acumularon en los últimos meses.

Tres cargos en una universidad pública y un voto a favor del ajuste

Otro punto que genera dudas tiene que ver con su actividad académica. Ravier tiene tres cargos docentes simples en la Universidad Nacional de La Pampa y cobra tres salarios dentro de una universidad pública.

Además, aparece una contradicción política: aunque trabaja en una universidad pública, votó en contra de la Ley de Financiamiento Universitario y defendió el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno sobre las casas de estudio.

Su paso por Fundación Faro y las dudas que lo rodean

El nombre de Ravier aparece ligado a Fundación Faro, la organización libertaria que hoy está bajo la lupa por el origen y el manejo de los fondos que recibió durante 2024.

La entidad declaró haber recibido casi 5 mil millones de pesos en donaciones y la Inspección General de Justicia le exigió identificar a los principales aportantes y presentar documentación contable que todavía estaba pendiente.

A eso se sumaron las dudas sobre la posibilidad de que la fundación hubiera sido utilizada como un mecanismo para pagar sobresueldos a funcionarios y legisladores. Hasta el momento, no existen pruebas judiciales que confirmen esa hipótesis.

Los cruces con Milei que quedaron en el pasado

La designación de Ravier también expone una de las contradicciones más llamativas del propio Milei. Hace algunos años, el ultraderechista lo criticaba abiertamente en redes sociales y cuestionaba su capacidad profesional.

"Amateur" Años atrás se cruzaban públicamente en X y Milei lo acusaba de hacer "papelones". Hoy, Adrián Ravier será la nueva voz oficial del Gobierno. Redes Sociales

En publicaciones de 2018, Milei llegó a decir que Ravier era “lento y poco formado”, que le faltaban conocimientos y que no estaba preparado para participar de debates públicos. Incluso lo acusó de hacer “papelones”.

"Críticas cruzadas" Del "lento y poco formado" a la Casa Rosada: Milei eligió como vocero a un economista al que antes descalificaba en redes sociales. Redes Sociales

Ocho años después, ese mismo economista fue elegido para ocupar una de las sillas más importantes del Gobierno y convertirse en la nueva voz oficial de la Casa Rosada.

PAGINA 12

 

Milei amenaza al Congreso: si echan a Adorni, lo vuelve a designar

El Presidente está dispuesto a volver a reponer a Adorni si el Senado y Diputados votan a favor de la moción de censura para echar al jefe de Gabinete. "Lo único que puede cambiar algo es si lo condenan", dicen los libertarios. 

Jonathan Heguier

El Presidente Javier Milei amenaza con volver a designar a Manuel Adorni si el Congreso lograr aprobar una moción de censura para eyectarlo de su cargo. En el oficialismo son contundentes: "Lo vamos a bancar hasta el final", afirmaron fuentes gubernamentales a El Destape. Los libertarios igualmente advierten: "Lo único que cambiaría la cosa es si hay una condena".

En el Gobierno aún no confirman si la reposición de Adorni se daría en el mismo cargo como jefe de Gabinete o en otro lugar en el organigrama del Estado. Por ahora, una embajada o consulado están descartados. Una fuente del Gobierno expresó ante este portal: "Si lo volvemos a designar en otro cargo algunos nos van a tildar de casta. Pero no nos pega tanto lo de la casta en el núcleo duro", adelantó a El Destape. 

Milei está convencido de que Adorni debe seguir en su cargo. El Gobierno negocia con gobernadores y legisladores hasta último momento con el tridente Diego Santilli, Eduardo "Lule" Menem y una resignada Patricia Bullrich.

La oposición le dio el miércoles pasado una semana a Milei para que lo eche a Adorni. La semana que viene volverá a debatir y de no prosperar una solución, impulsados por el PRO, el Senado y Diputados se preparan para finalmente aprobar la moción de censura en la primera semana de julio y echar al jefe de Gabinete, situación inédita para nuestro país. 

En el Gobierno hay seguridad de que la oposición tiene los votos en el Senado y en Diputados para echar a Adorni. Si bien hay divisiones, el PRO en su mayoría apoya el despido al jefe de Gabinete. Los aliados provinciales y los radicales son los que tienen más dudas

Una persona del entorno de Milei dio su parecer ante El Destape sobre los motivos del Presidente para sostener a Adorni: "Javier tiene un pensamiento muy lineal y de cierta ingenuidad. Se preguntará '¿por qué tengo que cancelar a un tipo que con los sobresueldos que cobramos todos la hizo mal y tuvo que mentir por 500 mil dólares cuando hay funcionarios como Ritondo y Macri que con las offshore se hicieron millones de dólares y andan por la vida predicando honestidad fiscal, tributaria y financiera?'. Eso lo revela y dice: 'No, eso conmigo no va'. Va por ahí la mano". 

Mientras tanto, los Milei lo mostrarán a Adorni este sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario. Presidencia solicitó una convocatoria importante de funcionarios a ese evento, como una muestra de apoyo al Gobierno y al exvocero. Quien también asistirá a ese lugar es Victoria Villarruel. La vicepresidenta aún no sabe qué zona le tocará, porque depende del protocolo que arme Karina Milei. 

Pagina 12

“Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas"

La misión humanitaria que fue deportada de Bolivia exige una audiencia con el canciller argentino

Sus integrantes fueron deportados por el gobierno de Paz Pereira y la Cancillería avaló la medida. Habían viajado por la grave crisis social que se vive allí.

Los quince integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos que fueron deportados en el aeropuerto de La Paz cuando intentaban ingresar a Bolivia le exigieron al canciller Pablo Quirno una audiencia urgente con el objetivo de entregarle la documentación que desmiente las supuestas “inconsistencias” mencionadas en el comunicado oficial emitido por el Palacio San Martín.

La comitiva, que fue expulsada de Bolivia tras permanecer retenida durante siete horas en el aeropuerto de La Paz, tildó de “falsas” las afirmaciones del ministro en redes sociales y le reclamó que “acepte tener una reunión como corresponde” en lugar de avalar la expulsión dispuesta por la administración boliviana de Rodrigo Paz Pereira.

El lunes pasado, el canciller argentino expresó a través de un comunicado en las redes sociales que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas” por la Misión Humanitaria argentina a Bolivia, conformada por legisladores, diputados y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos.

En el escrito, sostuvo que el gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas“ para deportar a sus integrantes, entre los que se encontraban el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino y la legisladora porteña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi.

La versión de la Misión

“Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas en redes sociales, trabajar y aceptar tener una reunión como corresponde”, contestaron los integrantes de la Misión.

“Lo que sí ocurrió, cuando arribamos a La Paz, es que nos retuvieron durante horas en el área de Migraciones. Retuvieron nuestros documentos. Pretendieron hacernos ingresar intempestivamente a una sala denominada ‘Sala Inadmitidos’. A esa sala llevaron por la fuerza a uno de los miembros de nuestra Misión, donde lo mantuvieron incomunicado: por nuestros reclamos, finalmente fue liberado y retornó a la Argentina junto al conjunto de la delegación”, relataron.

También denunciaron que las autoridades migratorias bolivianas “se negaron a esperar la llegada de los funcionarios del Consulado Argentino al Aeropuerto de La Paz, para que pudieran ejercer la representación consular que les corresponde ante vulneraciones a derechos de ciudadanos argentinos en territorio boliviano”.

“Hicieron uso de la fuerza para hacernos subir a un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, sin habernos entregado hasta ese momento nuestros documentos. Toda esta situación duró aproximadamente 7 horas. Ninguno de estos atropellos ameritó comentario de repudio por parte del canciller, que debería bregar por los derechos de los ciudadanos argentinos alrededor del mundo”, ampliaron.

Sobre los destratos recibidos en el aeropuerto y la deportación final, acusaron al gobierno de Rodrigo Paz Pereira de tomar una “decisión política” para ocultar la severa crisis social que atraviesa Bolivia.

Bolivia en tensión

La expulsión de la comitiva argentina coincide con un escenario de máxima tensión civil en el país vecino, donde diversas agrupaciones sindicales alertan sobre el riesgo inminente de que el Poder Ejecutivo dicte el Estado de Excepción.

La preocupación aumentó tras la promulgación de la Ley 1740 el pasado 8 de junio, normativa que faculta el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir las protestas y desbloquear rutas.

Para fundamentar la necesidad de la veeduría internacional, la delegación citó cifras oficiales de la propia Defensoría del Pueblo de Bolivia recogidas hasta el 8 de junio, que reportaron diez personas fallecidas en poco más de un mes de conflicto, 37 ciudadanos heridos en el marco de manifestaciones y 365 civiles arrestados por las fuerzas de seguridad.

Organizaciones campesinas elevan el balance de víctimas a ocho asesinatos adicionales y denuncian presuntos secuestros ejecutados por grupos civiles armados.

Propuesta de audiencia en el Congreso

Ante las afirmaciones de Quirno sobre supuestas “inconsistencias” en la documentación de los miembros de la delegación, los activistas y legisladores argentinos aseguraron contar con pruebas contundentes que demuestran lo contrario, como por ejemplo la aprobación del ingreso por parte de Migraciones del Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde la comitiva realizó una escala en su viaje a La Paz.

Además, la delegación declaró explícitamente que viajaba en carácter de Misión de Derechos Humanos y detalló su itinerario completo de llegada y retorno. Asimismo, días antes del viaje, la comitiva entregó una nota formal ante la Embajada de Bolivia en la Argentina detallando los objetivos del viaje y solicitando una reunión institucional con el gobierno de ese país.

Los miembros de la delegación anunciaron que acompañarán la manifestación convocada para el próximo miércoles 24 de junio por parte de la Comunidad Boliviana residente en Argentina, y propusieron la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar al Poder Legislativo Nacional sobre lo ocurrido con la misión.

Pagina 12

Se avecina una tormenta en Rosario

Villarruel participará en el acto por el Día de la Bandera: se cruzará con Manuel Adorni en medio de la polémica

La vicepresidenta puso en jaque a Javier Milei tras confirmar su asistencia en el acto conmemorativo de este sábado. La relación áspera entre los máximos representantes se afila aún más mientras el jefe de Gabinete se mantiene bajo la lupa judicial por denuncias de supuesto fraude y corrupción.

La interna en La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo este jueves, cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó su participación en el acto por el Día de la Bandera en la ciudad santafesina de Rosario, programado para este sábado. Se trata de una jugada desestabilizadora para el presidente Javier Milei, que no la había invitado al acto oficial. Además, la vice compartirá espacio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien la semana anterior había criticado por adherirse al régimen de inocencia fiscal para intentar tapar los baches de su declaración jurada ante el fisco.

“El sábado estaré en Rosario”, confirmó la vicepresidenta en su cuenta de X, en respuesta al pedido de una usuaria simpatizante del PRO.

Aunque se rumoreaba que la invitación había sido concedida por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y del intendente de Rosario, Pablo Javkin, las versiones fueron desmentidas por las autoridades provinciales.

“Por su investidura, algún lugar va a tener”, explicó una fuente santafecina, explicando que el Gobierno no evitará su presencia en el acto. “Será cuestión de lo que se hable con las áreas de protocolo”, indicó.

En rigor, la titular del Senado anunció este miércoles por la noche en sus redes sociales que se hará presente en el Monumento Histórico Nacional a la Bandera, ubicado en la ciudad a la que considera su “segunda casa y cuna” de su “familia paterna”.

El ida y vuelta en X con una usuaria. Villarruel confirmó su asistencia en el acto por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario. Redes Sociales

“Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, publicó en respuesta a un mensaje de apoyo de la usuaria “María PRO”, que la alentaba a ocupar su espacio en el acto.

Al igual que ocurrió en el acto del tedeum por la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires durante el 25 de mayo, Milei no incorporó en esta oportunidad a su compañera de fórmula presidencial entre los invitados oficiales del Poder Ejecutivo nacional.

A quien sí invitó es a su defendido de los últimos meses, Manuel Adorni, quien hará de esta manera su primera aparición pública en el marco de una creciente presión política para que dé un paso al costado a partir de la causa judicial en la que se investiga su crecimiento patrimonial

El evento comenzará a las 10 de la mañana en el Mástil Mayor del Monumento Histórico a la Bandera y los ingresos se harán por Rioja y 1° de Mayo. En caso de lluvia, el acto se desarrollará en la Galería de Honor de las Banderas de América, que se encuentra adentro del monumento.

El cruce de Villarruel con Adorni

Villarruel volvió a tomar distancia de Adorni la semana pasada al cuestionar las justificaciones que brindó el jefe de Gabinete sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

“¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales. La respuesta de la titular del Senado fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, escribió a través de su cuenta oficial de X.

La crítica estuvo dirigida a las declaraciones realizadas por el jefe de Gabinete luego de hacer pública su declaración jurada patrimonial, en la que detalló bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros que quedaron bajo análisis público en los últimos días.

Adorni explicó que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró: “Ahorramos en negro como todos los argentinos”.

Asimismo, sostuvo que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.

Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.

Pagina 12

Podrán declararse y no habrá sanciones

El Gobierno lanza un peligroso blanqueo de armas de fuego

Quien tenga un arma no declarada, aunque la haya obtenido de manera irregular, podrá inscribirla sin ninguna penalidad. Habrá un plazo de un año para hacerlo.

El gobierno de Javier Milei puso en marcha una cuestionable legislación a partir de la cual las personas que tengan armas no declaradas o que las hayan obtenido de manera irregular quedarán eximidas de cualquier sanción penal. La controversial medida, además, les da un plazo de un año para declarar la tenencia ante los organismos oficiales, bajo ningún tipo de multa por su compra y uso fuera de la ley.

La medida que perdona a cualquier ciudadano por tener consigo un arma ilegal fue promulgada hoy a través de una disposición del Poder Ejecutivo, que le da luz verde a la ley 27.805 votada por el Congreso.

La legislación indica que quienes tuvieren armas clasificadas como de “uso civil” o de “uso civil condicional” (de guerra) “que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular”, tendrán un año de plazo para registrarlas.

Durante ese período, agrega la norma, “quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal” de ese armamento.

Peligroso blanqueo

Lo que en otras palabras hace este “blanqueo” de armamento es permitir que quienes tengan en su posesión armas de fuego de uso civil o de guerra puedan seguir utilizándolas sin ninguna penalidad durante al menos un año más.

También le da plazo al mercado negro que las comercializa para seguir funcionando como si nada y, de la misma manera, abre una zona gris en la legislación penal contra los delitos cometidos con posesión de arma. ¿Los delincuentes que fueran detenidos en comisión flagrante de un ilícito bajo amenaza de armas, podrán ser acusados también por el delito de posesión ilegítima?

El artículo 3 de la norma dice explícitamente que “quedan exentas de ser pasibles de sanción penal las personas humanas por la tenencia ilegal de armas de fuego de ‘uso civil’ o de ‘uso civil condicional’” (armas de guerra), que son las más utilizadas en asaltos.

Los detalles de la ley

La disposición del Poder Ejecutivo fue publicada hoy en el Boletín Oficial pero entrará en vigencia a partir del próximo 18 de julio. A partir de ese día, quienes tengan armas ilegales tendrán 360 días para registrarlas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), dependiente del Ministerio de Seguridad.

La ley indica que tanto el armamento como sus municiones y accesorios se someterán a verificaciones técnicas y registrales, y se inscribirán en el Banco Nacional Informatizado de Datos junto con los datos de las personas que las hayan presentado.

El perdón por la tenencia ilegal es tan amplio que no sólo alcanza a los usuarios que no declararon sus armas sino también a aquellos que ni siquiera pasaron por los estrictos controles para obtener la habilitación y el permiso como “legítimo usuario de armas de fuego”.

El único castigo que prevé la norma es la retención del armamento sólo en caso de que este no pase los controles de calidad o tengan problemas “técnicos graves” que problematicen su utilización.

Una vez hecha la confesión de la tenencia ilegal, revisada el arma, perdonado el usuario y cerrado el trámite de blanqueo, recién ahí la Agencia Nacional de Materiales Controlados informará a los usuarios sobre “los peligros referentes a la tenencia de armas de fuego”.

Un gobierno pro armas

Por más controversial que parezca, la medida está en línea con las distintas disposiciones que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tomó en materia de armas de fuego. A principios de año, lanzó una disposición en el Registro Nacional de Armas (Renar) que flexibilizó las condiciones para ser “legítimo usuario” a personas expuestas, como jueces, fiscales y empresarios.

A finales del año pasado, el Gobierno también promulgó una resolución del Renar que aprobó un nuevo régimen que regula la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles tipo fusil, carabina o subametralladora de asalto, derivadas de armas militares.

El paso previo a esa habilitación fue otra escandalosa medida: la baja de 21 a 18 años de la edad autorizada para ser legítimo usuario y la posibilidad de obtención de un permiso de “tenencia express”.

Todo en el marco de la desregulación de armas y liberación del mercado de armamento que promueve la Casa Rosada a partir del régimen que a mediados del año pasado habilitó a los legítimos usuarios a la compra y tenencia de armas de guerra, que desde 1995 eran solamente para el uso militar o de las fuerzas de seguridad.

Pagina 12

 

Piden indagar al hermano de Manuel Adorni por inconsistencias patrimoniales

Francisco Adorni tiene una causa abierta en el Juzgado Federal N.º 6 de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. 

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que se solicitara su citación a indagatoria por presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas durante la investigación. El expediente tramita en el Juzgado Federal N.º 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez federal Daniel Rafecas, quien delegó la pesquisa en el fiscal federal Guillermo Marijuán.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió un presunto incremento injustificado en los bienes declarados por Adorni durante su paso por la función pública. Entre las medidas de prueba ordenadas hasta el momento figuran el levantamiento del secreto fiscal y bancario, pedidos de información a organismos públicos y entidades financieras, y el requerimiento de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La pesquisa judicial se centra en la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a distintos cargos en la administración pública, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como auditor interno titular del Ministerio de Defensa y, más tarde, como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Según la fiscalía, existen indicios de un posible ocultamiento de bienes y de sumas de dinero que no habrían sido consignadas en sus declaraciones juradas.

De acuerdo con el expediente, Adorni presentó al menos tres declaraciones juradas entre febrero de 2024 y enero de 2026, durante su paso por el Ministerio de Defensa y el IAF. Los investigadores detectaron una cantidad inusual de rectificaciones posteriores en cada una de esas presentaciones, mediante las cuales incorporó nuevos datos, actualizó valores patrimoniales e informó cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes que no figuraban en los formularios originales.

Uno de los elementos que la fiscalía considera relevantes es que, durante su desempeño en el Consejo de la Magistratura bonaerense, Adorni trabajó en un área vinculada directamente con las declaraciones juradas, por lo que, según la acusación, conocía los procedimientos y requisitos para su correcta presentación.

El mes pasado, el diputado provincial rectificó una de sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, luego de que se iniciara la causa judicial. En esa corrección informó la existencia de $21 millones provenientes de una herencia que no había declarado previamente. El fiscal sostiene que el funcionario “omitió y falseó datos relevantes” en sus presentaciones patrimoniales, al ocultar sumas de dinero, cuentas bancarias y modificar montos sobre los que tenía la obligación legal de informar con veracidad.

El Destape