Las petroleras desafían a Milei por Malvinas mientras sus acciones se desploman

Rockhopper y Navitas ratificaron que seguirán adelante con Sea Lion y dijeron que las medidas argentinas no afectarán el proyecto. Sin embargo, sus papeles cayeron en Londres y Tel Aviv después de los anuncios del Presidente, mientras el Gobierno acelera sanciones que ya estaban contempladas por la legislación vigente.

Las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum respondieron al anuncio de Javier Milei sobre las nuevas sanciones contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina y ratificaron que continuarán con el desarrollo del proyecto Sea Lion. Las compañías sostuvieron que las licencias que utilizan fueron otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que no prevén modificaciones sustanciales en el cronograma de la iniciativa. 

La respuesta empresaria llegó pocas horas después de la cadena nacional en la que Milei anunció que el Gobierno buscará impedir que las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en el archipiélago puedan operar en territorio argentino, al tiempo que anticipó sanciones contra accionistas, directores y proveedores vinculados con esos emprendimientos. El Ejecutivo también anunció un decreto para acelerar los procedimientos previstos por la Ley 26.659 y un proyecto legislativo para ampliar las herramientas de sanción.

Pero mientras las empresas procuraron transmitir que el proyecto no está en riesgo, el mercado respondió de otra manera. Las acciones de Rockhopper llegaron a registrar una caída cercana al 6,5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas retrocedieron alrededor de 2,3% en Tel Aviv. En la primera parte de la rueda, las bajas fueron interpretadas por el mercado como una señal del riesgo adicional que las nuevas medidas argentinas pueden representar para compañías cuyo principal activo estratégico está vinculado con una zona sometida a una disputa de soberanía. 

La diferencia entre el mensaje de las compañías y la reacción de los inversores expone uno de los principales problemas de la estrategia anunciada por Milei. Mientras Rockhopper y Navitas sostienen que las sanciones no modificarán materialmente el proyecto, el mercado incorpora el conflicto jurídico, político y comercial como un factor de riesgo para el financiamiento y la futura explotación de Sea Lion, aunque la evolución de las acciones también está determinada por las condiciones generales de los mercados y del sector petrolero.

Dijeron Rockhopper y Navitas

Rockhopper, empresa británica que conserva una participación del 35% en Sea Lion, y Navitas Petroleum, compañía israelí que posee el 65% y actúa como operadora, difundieron una declaración conjunta en la que buscaron dejar en claro que no consideran que los anuncios de Milei alteren el desarrollo del proyecto. "La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion", señalaron las empresas, según el comunicado difundido después de la cadena nacional.

Las compañías sostuvieron además que operan bajo licencias otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, al que reconocen como autoridad habilitante, y remarcaron que cuentan con el "respaldo total y continuo" del Gobierno del Reino Unido. Esa definición es central porque el conflicto planteado por el Ejecutivo argentino no se limita a una discusión comercial entre el Estado y dos empresas, sino que involucra directamente al Reino Unido y al marco político y jurídico bajo el cual Londres administra el archipiélago. 

Sea Lion está ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas, aproximadamente a 215-220 kilómetros del archipiélago. El proyecto contempla una explotación offshore de gran escala y se convirtió durante los últimos años en uno de los principales puntos de conflicto entre la Argentina, el Reino Unido y las empresas petroleras que participan del desarrollo. El proyecto prevé una inversión de unos 1.800 millones de dólares y una producción inicial proyectada de alrededor de 55.000 barriles diarios, con inicio de producción previsto para 2028. 

La dimensión del emprendimiento explica por qué la disputa dejó de ser solamente diplomática. La iniciativa requiere financiamiento internacional, servicios especializados, infraestructura offshore y una cadena de proveedores que excede ampliamente a las dos empresas que aparecen como protagonistas del proyecto. El propio Milei reconoció esa dimensión durante su discurso, cuando planteó que Sea Lion no era un caso aislado y que existían otros proyectos y empresas vinculados con la explotación de recursos en las islas. "Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas", afirmó el Presidente, para luego advertir que esas iniciativas representan "una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".

La ley que ya existía

El punto que deja abierta la discusión política es que buena parte de las herramientas anunciadas por Milei no parten de cero. La Ley 26.659, sancionada en 2011, ya establece restricciones y sanciones para las empresas que realicen tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Estado nacional.

El decreto 868/2026, publicado este viernes, busca acelerar el procedimiento administrativo para aplicar esas sanciones. Según informó este medio, una vez detectados indicios de una posible infracción se abrirá un sumario y la empresa tendrá diez días hábiles para presentar su descargo, mientras que la autoridad de aplicación contará con otros diez días para resolver si archiva el expediente o sanciona. Las penalidades contempladas por la legislación pueden incluir la inhabilitación para operar en la Argentina durante un período de entre cinco y veinte años. 

El decreto también incorpora una dimensión que puede ser relevante para el desarrollo futuro de Sea Lion: las empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en Malvinas podrían quedar excluidas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de enfrentar restricciones para obtener nuevas concesiones, permisos y autorizaciones petroleras en el país. Los proyectos que pretendan ingresar al régimen deberán declarar que sus accionistas, directos o indirectos, no participan de esas actividades. 

La medida busca, de esa manera, trasladar el conflicto desde las aguas en disputa hacia el territorio continental y el mercado argentino. El Gobierno apuesta a que la posibilidad de perder negocios, concesiones o beneficios fiscales dentro del país genere un costo suficiente para que las empresas reconsideren su participación en los proyectos de Malvinas.

El problema es que Sea Lion tiene detrás una estructura financiera internacional y compañías, que se apoyan en fondos de inversión y entidades financieras globales. Esa arquitectura reduce el peso que puede tener una eventual sanción exclusivamente sobre las operaciones argentinas y obliga al Gobierno a determinar hasta dónde puede extender efectivamente sus medidas. 

El Destape

La nueva Cámara Federal debutó con un blindaje a Milei en la causa $LIBRA

El tribunal con integrantes recientemente impuestos por Milei confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas.

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas que sufrieron luego de comprar el criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promocionado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales.

El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que los damnificados no pudieron demostrar, en el marco de la investigación, que hubiera existido un ardid destinado a inducirlos a adquirir el token. La Justicia consideró que los inversores no pudieron dar cuenta de que hubieran sido engañados para comprar el criptoactivo ni que las pérdidas estuvieran directamente relacionadas con un delito.

La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara, a partir de un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli. Los jueces confirmaron la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, quien había aceptado el pedido de la defensa y había dejado fuera del proceso como querellantes a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.

La decisión se produjo luego de que Bertuzzi fuera oficializado por Milei como nuevo integrante de la Sala I porteña, junto con Pablo Yadarola. El nombramiento se concretó mediante el Decreto 848/2026, después de que el Senado aprobara su pliego el 27 de agosto, con 44 votos a favor.

Qué cambia para los cinco inversores

El apartamiento no implica que los cinco inversores queden desvinculados de los hechos investigados ni que la Justicia haya descartado la existencia de un delito en el caso $LIBRA. La consecuencia concreta es procesal: dejaron de ser querellantes y, por lo tanto, ya no podrán intervenir en el expediente como acusadores particulares ni ejercer las facultades que esa condición les otorgaba.

La Cámara consideró que no lograron demostrar cuál fue el engaño concreto que los habría llevado a comprar el token ni el vínculo directo entre esa supuesta maniobra y las pérdidas que sufrieron. También sostuvo que las decisiones adoptadas al comienzo de la investigación eran provisorias y podían revisarse a medida que aparecieran nuevas pruebas.

La investigación sobre el lanzamiento y posterior desplome del criptoactivo continúa, y el fallo tampoco establece la responsabilidad penal de las personas involucradas.

El Destape

Quienes tendrán que hacer el trámite

Subsidios de gas y luz: darán 60 días para actualizar los datos de los usuarios

La medida abarca a las solicitudes de subsidios que, después de un año, no pudieron vincularse con los servicios.

El Gobierno informó este viernes que revisará las solicitudes de subsidios energéticos que, después de transcurrido un año, no pudieron ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas por redes.

La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial. Allí se explica que los usuarios que se encuentren en esta situación serán notificados y tendrán un plazo de 60 días corridos para corregir, completar o actualizar la información declarada.

Asimismo, se aclara que en el caso de que el trámite no sea regularizado dentro de ese período, la solicitud será dada de baja del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Con esta revisión se busca detectar inscripciones que contienen errores en los datos personales, domicilios, números de suministro u otra información necesaria para identificar el servicio.

La medida comprende únicamente los servicios de electricidad y gas natural o propano distribuido mediante redes. Es decir, que los usuarios de gas licuado de petróleo envasado, como las garrafas, quedaron excluidos de este procedimiento.

Los usuarios pueden consultar su situación respecto a los subsidios energéticos, a través de la aplicación o de la plataforma Mi Argentina – opción Trámites.

En caso de ser necesario, se puede solicitar la revisión de su situación mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Pagina 12

Las reacciones a la cadena nacional

“Milei busca ‘galtierizar’ su figura”: las críticas de la oposición al discurso sobre Malvinas

Dirigentes opositores cuestionaron el oportunismo del Presidente y afirmarian que solo anunció medidas que ya estaban vigentes y el Gobierno nunca aplicó.

Referentes del arco opositor criticaron el mensaje por cadena nacional en el que el presidente Javier Milei contradijo sus anteriores posturas sobre Malvinas y anunció medidas que ya estaban vigentes en leyes que su gobierno nunca cumplió.

Uno de los puntos más cuestionados fue el anuncio sobre las sanciones por las actividades de exploración y explotación británicas en Malvinas. Esas medidas ya estaban previstas en las leyes 26.659 y 26.915.

También se puso el alerta sobre la supuesta creación de una Base Naval Integrada en Ushuaia, algo que ya se había comenzado en 2022 sin la participación de otro país.

Jorge Taiana (excanciller): “Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del `Escudo de las Américas`, resulta peligroso. Tras 3 años de persistente desmalvinización, anuncia medidas que llegan tarde después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses.”

Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense): “Navitas y Rockhopper anunciaron el 10 de diciembre de 2025 su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día. En estos meses, el proyecto avanzó sin obstáculos (…) Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”.

Aníbal Fernández (exministro): “El gobierno de Alberto Fernández ya sancionó a petroleras en Malvinas En abril de 2022, la Secretaría de Energía inhabilitó por 20 años a Navitas Petroleum LP por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones. Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron”.

Aldo Adolfo Leiva(diputado nacional y excombatiente): “Cualquier paso que contribuya a recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía por la vía pacífica y diplomática será bienvenido. Pero tampoco podemos ser ingenuos. Estados Unidos no empezó a interesarse de repente por Malvinas porque descubrió la justicia del reclamo argentino. En el Atlántico Sur existen enormes intereses geopolíticos, militares, energéticos y económicos. Por eso, si detrás de una búsqueda de solución dentro del marco diplomático lo que realmente existe es un acuerdo para reemplazar la influencia británica por la norteamericana, conmigo no cuenten. Malvinas no puede ser moneda de cambio entre Donald Trump y el Reino Unido. No queremos cambiar de patrón, queremos ser soberanos”.

Myriam Bregman (diputada del Frente de Izquierda): “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”.

Nicolás del Caño (diputado del Frente de Izquierda): “Quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña. El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher, es un títere de Trump”.

Hernán Reyes (Mesa Nacional de la Coalición Cívica-ARI): “Se viene el libertonacionalismo, con sobreactuaciones de todo tipo, promesas de resistencia y delirios de grandeza (…) No hay política exterior, hay obediencia a Trump, que, lógicamente, piensa en sus intereses y no en los nuestros. Milei no es creíble”.

Pablo Juliano (diputado por Provincias Unidas): “Bienvenido a la defensa de la soberanía, señor presidente. Llega 3 años tarde, para ponerse al día primero le pedimos que 1) Convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que usted mismo debe presidir (lleva más de 2 años sin funcionar); 2) Dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio; 3) Restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que su Presupuesto 2026 eliminó; 4) Y deje de desfinanciar nuestra presencia científica y logística en la Antártida. Garantice el abastecimiento y las obras de nuestras bases”.

“Respecto del proyecto de ley anunciado, lo estudiaremos con seriedad. Le pedimos al oficialismo un debate sereno. Sin empujones ni victorias pírricas. Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”.

Qué dijo el oficialismo

Por su parte, funcionarios nacionales y dirigentes afines a Javier Milei celebraron los anuncios a destiempo, tergiversaron las palabras de Donald Trump sobre el tema y, con palabras grandilocuentes, intentaron imprimirle al mensaje presidencial un carácter histórico.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Defensa, Carlos Presti, pusieron en sus redes sociales la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y pegaron el mensaje de Milei en cadena nacional.

Patricia Bullrich (senadora): “Es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos (…) por primera vez, un presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada”.

Daniel Scioli (secretario de Deportes): “Brillante cadena nacional del presidente @JMilei sobre nuestras Islas Malvinas. La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo. Viva la Patria”.

Lilia Lemoine (diputada por La Libertad Avanza): “Espero lo mismo”, dijo sobre un mensaje que reposteó y que decía: “Imagino que la totalidad del Congreso va a apoyar el proyecto de Ley del Presidente Javier Milei para sancionar a las empresas británicas que intenten robar los recursos petroliferos del Mar Argentino”.

Cristian Ritondo (diputado del PRO): “Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo. La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los argentinos”.

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El Gobierno profundizó el ajuste en agosto para compensar la caída de la recaudación

El gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales, la mayor baja del año. El recorte se concentró en transferencias a provincias, programas sociales, salarios públicos y bienes y servicios, mientras los ingresos tributarios acumulan una caída real de 3,7%.

El Gobierno de Javier Milei profundizó en agosto el ajuste sobre el gasto público  para sostener el resultado fiscal frente a una recaudación que dejó de acompañar el ritmo necesario para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un resultado previsible para una economía en constante ajuste. El círculo vicioso que desde que se inició el proceso libertario se viene anticipando: ajuste, caída de la actividad, menor recaudación y, consecuentemente, una segunda ronda de ajustes. Un proceso que parece no tener fin si no se rompe con la lógica del ajuste. El gasto primario devengado se redujo 10,3% interanual en términos reales durante el mes, de acuerdo con una estimación de la consultora Analytica sobre la base de información oficial del Ministerio de Economía, con lo que acumuló una baja de 4,1% en los primeros ocho meses del año.

La contracción de agosto constituye la mayor reducción mensual del gasto primario en lo que va de 2026 y profundiza una dinámica que ya se había observado durante julio. Según Analytica, el bimestre julio-agosto registró la caída promedio del gasto público nacional más pronunciada desde fines de 2024, en un contexto en el que los ingresos tributarios comenzaron a mostrar mayores dificultades para sostener el resultado fiscal. Se trata del gasto devengado, que registra los compromisos de pago asumidos por el Estado y no necesariamente los desembolsos efectivamente realizados durante el período. La diferencia permite observar hasta qué punto la administración nacional restringió la ejecución presupuestaria, aunque no implica que todos los gastos contabilizados hayan sido efectivamente pagados.

Según la consultora LCG, la recaudación impositiva de agosto registró una caída real de 0,2% interanual, mientras que en los primeros ocho meses del año acumula una disminución de 3,7% una vez descontado el efecto de la inflación. El problema para el esquema fiscal del Gobierno no radica solamente en el resultado de un mes, sino en que los ingresos vinculados con la actividad económica no muestran una recuperación suficiente como para sostener una expansión del gasto sin afectar el objetivo de superávit. El IVA y Ganancias, dos de los principales impuestos asociados al nivel de actividad, dependen de la evolución del consumo, las ventas, los ingresos y las ganancias empresarias. En una economía en la que distintos sectores todavía exhiben niveles de actividad inferiores a los necesarios para generar una recuperación sostenida, la recaudación pierde capacidad para acompañar las necesidades presupuestarias.

El mecanismo elegido por el Gobierno para enfrentar esa situación vuelve a colocar el peso del equilibrio fiscal sobre la reducción de las erogaciones y no en la reactivación económica para romper con ese círculo vicioso. En agosto, las transferencias a las provincias registraron una caída real interanual de 86,1%, mientras que los programas sociales, excluyendo la AUH y las asignaciones familiares, disminuyeron 40,6%. También se redujeron 19,6% los gastos en bienes y servicios y 8% el gasto salarial del sector público, siempre en términos reales. Las transferencias a las provincias constituyen el caso más marcado de la estrategia. En el acumulado de enero a agosto, la caída real alcanza 64,6%, aunque Analytica aclara que, si se excluyen las transferencias destinadas a hospitales SAMIC, la reducción acumulada se ubica en 55,2%. La magnitud de la poda muestra que una parte sustancial del resultado fiscal nacional se sostiene mediante una menor asistencia a los gobiernos provinciales.

La contracción de los programas sociales también exhibe el modo en que se distribuyó el ajuste. La reducción de 40,6% registrada en agosto está influida, entre otros factores, por el cese en junio de las transferencias correspondientes al programa Volver al Trabajo. A esto se suma una caída real de 76,7% en el gasto destinado a pensiones no contributivas, aunque en este último caso Analytica advierte que la comparación está afectada principalmente por una elevada base de comparación del año anterior. En contraste, la ejecución de la obra pública registró un aumento real de 60,9% interanual durante agosto, aunque la suba responde en buena medida a una baja base de comparación. Algo similar ocurre con las asignaciones familiares y la AUH, que en conjunto crecieron 2,1% real, impulsadas por una expansión de 5,1% en la AUH, mientras las asignaciones familiares propiamente dichas continuaron retrocediendo, con una baja de 3,1%.

El comportamiento acumulado desde enero permite observar con mayor claridad las prioridades del esquema fiscal. Los subsidios económicos constituyen la principal partida que registra una expansión real significativa, con un incremento de 10% interanual. Sin embargo, el aumento está concentrado en los subsidios energéticos, que crecieron 26,4%, mientras que los destinados al transporte disminuyeron 23,3%. En materia social, la AUH y las asignaciones familiares acumulan una variación real positiva de apenas 0,7%, mientras que las jubilaciones y pensiones prácticamente no registran variación en términos reales, con un incremento de 0,1%. En otras palabras, el sostenimiento del equilibrio fiscal no se explica por una reducción uniforme de todas las partidas, sino por una selección de gastos sobre los cuales la administración nacional tiene mayor capacidad de intervención.

El resultado es particularmente visible en las transferencias a las provincias, pero también alcanza el funcionamiento cotidiano del Estado y los ingresos de sus trabajadores. La caída de 8% real en el gasto salarial durante agosto adquiere relevancia porque las remuneraciones constituyen, después de las jubilaciones, uno de los componentes de mayor peso dentro del gasto primario medido por Analytica.

La situación fiscal tiene además un antecedente inmediato que condiciona las decisiones de los próximos meses. El Gobierno no alcanzó durante el primer semestre la meta fiscal intermedia establecida en el programa con el FMI. La diferencia fue de aproximadamente $570.000 millones, aunque desde el Ministerio de Economía argumentaron que el incumplimiento estuvo vinculado con el diferimiento del pago del impuesto a las Ganancias, cuyo ingreso terminó concentrándose en julio. Con ese recurso extraordinario de calendario, el resultado fiscal mejoró en el mes siguiente. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional registró en julio un superávit primario de $2,96 billones y un superávit financiero de $244.897 millones, con lo que acumuló hasta ese momento un resultado primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI y un resultado financiero de alrededor de 0,1%. 

El Gobierno tiene como objetivo para todo 2026 alcanzar un superávit primario equivalente a 1,4% del PBI, una meta que ya fue revisada respecto del 2,2% planteado originalmente. El margen que queda por delante, por lo tanto, no es amplio, especialmente si la recaudación continúa creciendo por debajo de lo previsto. De acuerdo con el escenario que describió LCG, para los próximos meses tampoco no se espera una mejora sustancial de los ingresos. "No esperamos un cambio marcado en la dinámica de la recaudación. Los derechos de exportación podrán hacer un aporte algo mayor por efecto de una baja base de comparación, pero vemos poco probable que logren compensar la caída o bajo crecimiento de los impuestos asociados a la actividad económica", sostuvo la consultora.

El Destape

El hecho había ocurrido en marzo de 2025

La causa de las valijas tuvo como destino el archivo

Se trata de los 15 bolsos de Laura Arrieta, organizadora de la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que ingresaron al país sin control aduanero. El juez Yadarola concluyó que no se determinó que fuera un caso de contrabando y cuestionó el rol de los agentes de Aduanas.

Irina Hauser

En sus últimas horas previas a asumir en la Cámara Federal, Pablo Yadorala firmó el archivo de la causa en la que se investigaban las valijas y bultos que Laura Arrieta ingresó al país sin pasar por controles tras llegar a Aeroparque en un avión privado del influyente empresario Leonardo Scatturice, de fuertes vínculos con el gobierno libertario. En su papel aún de juez penal económico, después de un año y medio de trámite del expediente, concluyó que no es posible hablar de contrabando no solo porque el equipaje no pasó por el escáner y no se sabe qué había adentro, sino porque el análisis de las imágenes y algunos testimonios lo llevaron a concluir que parecían “equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional”. En cambio, decidió enviar a sorteo para que algún juzgado de Comodoro Py investigue el posible incumplimiento de deberes de los funcionarios/as que debieron controlar.

La resolución aclara que el archivo podría no ser definitivo y que la causa debería reabrirse si Estados Unidos contesta los oficios que el juez envió varias veces, donde pedía a las autoridades que precisaran datos sobre el vuelo –que había salido del aeropuerto Opa-Locka, en Miami-, la ruta, los pasajeros, el equipaje, la mercadería declarada y registros de control al momento de la partida. Parece improbable que esa información llegue, al menos por ahora. Se le atribuye, de hecho, oficiar como nexo entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, entre otras cosas a través de un contrato de una de las empresas ligadas a él, Tactic Global LLC, con la SIDE.

El vuelo privado con matrícula N18RU llegó al Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero de 2025 a las ocho de la mañana. La tripulación estaba conformada por José Luis Bresciano y Juan Pablo Pinto más Arrieta, todos consignados como empleados de OCP TECH, una de las empresas del grupo encabezado por Scatturice. Según declaró el principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) José Flores Herbas, Arrieta bajó de la aeronave con un celular en la mano y se lo pasó a la guarda de la Oficina de Control de Pista de la Dirección General de Aduanas (DGA), Cintia Cali, quien estaba esperando y le hizo un ademán con la cabeza, después de lo cual llevaron a la pasajera al sector de arribos internacionales, donde se dirigieron también Bresciano y Pinto. La pesquisa no obtuvo precisiones sobre esa llamada, que parecía guardar relación con el trato particular recibido. La reconstrucción se hizo en base a imágenes (que, según la resolución, son de baja calidad e incompletas) y relatos de testigos.

Guiados por Cali y Silvia Abalsamo, responsable interina de la División Aeroparque Metropolitano (vicejefa de Aduana), los tres atravesaron un circuito que no tenía ningún tipo de control. En ese momento el escáner estaba disponible, no había nadie. Ingresaron 15 bultos en total, la mayoría de los cuales habría pertenecido a Arrieta. Un registro escrito consignaba solo cinco. Luego, inmediatamente, ingresaron otros pasajeros que sí fueron revisados. El avión de Scatturice estuvo en el hangar de la empresa Royal Class hasta el 5 de marzo. Según los tripulantes, habían quedado dos valijas adentro, una de Arrieta y otra de Víctor Germán Du Plooy. Pero la inspección previa a que partiera hacia París, arrojó que no había nada adentro. Un misterio.

La investigación comenzó el 17 de marzo del año pasado, con una denuncia del Servicio Aduanero, después de que Carlos Pagni revelara la historia del vuelo en La Nación. El tiempo transcurrido desde el arribo del avión hasta ese entonces es otro de los argumentos por los que Yadarola dice que hay detalles que no se pueden recuperar y que son esenciales en una causa de contrabando. En cuanto a las comunicaciones, consignó que se pudo establecer que hubo flujo de datos, pero no se sabe si hubo una llamada de WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, Instagram o alguna otra aplicación. No se esclareció de dónde vino la instrucción para evitar el control. Como es habitual, el Gobierno en su momento mintió: el exvocero Manuel Adorni dijo que Arrieta había pasado los controles y que solo llevaba un carry-on y una valija. Milei trasladó la carga al personal aduanero, al que atribuyó la decisión de quién pasa y quién no.

La explicación del juez

“Si bien la ausencia de registros de escáner impide certeza absoluta sobre el contenido específico, la valoración conjunta de imágenes, características externas observables, declaraciones de pilotos, documentación y contexto permite sostener, con la prudencia propia de esta etapa, que lo transportado aparece prima facie más compatible con equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional que con mercadería ostensiblemente identificable como carga comercial típica, sin perjuicio de la imposibilidad de clausurar definitivamente otras hipótesis hasta tanto se reciba la cooperación internacional pendiente”, dice un tramo de la resolución.

Aunque quedó a la vista que fueron funcionarios los que indicaron eludir los controles para hablar de contrabando, dice el fallo, se tendría que haber detectado mercadería que debería pasar por Aduana, algo que no sucedió porque no hubo registro del escáner y por ende, “se desconoce el contenido de los bultos”). Agrega que, si la prueba no alcanza para establecer “la existencia de un acuerdo doloso entre los funcionarios que autorizaron el paso sin control” entonces no se puede hablar de un ardid o engaño.

Yadarola aclaró que a Cali y Abalsamo no les tomó declaración testimonial porque estimaba que podrían quedar imputadas. Son parte del grupo de funcionarios que incluyó al “extraer testimonios” para que la Cámara Federal haga un sorteo y otro juzgado, pero de Comodoro Py, investigue otros posibles delitos. “Las particulares circunstancias del caso sí habilitan la posible comisión de delitos ajenos” al fuero penal económico, “consistentes en incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos”.

“Pese a los diversos requerimientos efectuados, la D.G.A. no ha explicado adecuadamente qué motivó la decisión de los agentes aduaneros para que Arrieta, Pinto y Bresciano egresaran de la zona primaria aduanera mediante un paso habilitado solo para ellos, sin ningún tipo de control sobre sus equipajes. Ello no implica desconocer que los criterios de selectividad para el control de equipajes en el ámbito aeroportuario…” Pero en este caso, agregó, coincide con el fiscal Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que señalaron que tuvieron un trato diferencial: “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero…”.

Más allá de que se abra una causa nueva, nada hace suponer que se vaya a conocer de dónde salió la orden para liberar de todo rigor la entrada de Arrieta y compañía.

Los personajes

Arrieta, muy cercana a Scatturice, tiene 33 años y se ocupó de parte de la organización de la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se hizo en Buenos Aires, donde disertó Milei. CPAC Argentina fue inscripta como tal por Scatturice en Florida, Estados Unidos, como sociedad sin fines de lucro (él figuraba como director y Arrieta como tesorera). En ese país es el foro conservador más antiguo, un evento que aglutina a la ultraderecha.

El empresario supo trabajar en la Secretaría de Inteligencia y aceitó su vínculo con el gobierno de Milei a través de Santiago Caputo, aunque con el gobierno de Milei comenzó a multiplicar contratos con el Estado. OCP Tech es una de sus empresas y obtuvo más de quince contratos con organismos públicos. A través de Tactic, parte COC Global Enterprise, firmó el contrato con la SIDE. También había comprado Flybondi (ahora en plena reestructuración) y OCA. Algunos de los negocios fueron denunciados por el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade, quien también pidió que se investigaran otros seis vuelos antes y después del de las valijas sin control.

El juez Yadarola –recordado como uno de los pasajeros del vuelo privado que llevó a un grupo de jueces y funcionarios a Lago Escondido invitados por Clarín- cierra este capítulo incómodo para el Gobierno con la oficialización de su ascenso, impulsado por el ministro Juan Bautista Mahiques, a pocas horas de prestar juramento en la Sala I de la Cámara Federal. Un tribunal donde la Casa Rosada espera blindarse en escándalos de corrupción como el caso Libra.

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"Experta en inteligencia artificial" en 8 días

Denuncian que la secretaria de Ciencia hizo su doctorado en una universidad que vende títulos por 400 dólares

La universidad de Hawái ofrecía el Doctorado en Inteligencia Artificial por ese monto, sin examen y en pocos días. El insólito antecedente académico de Adriana Baravalle quedó bajo la lupa tras su designación al frente de Ciencia.

Natalia Lopez Gomez

Adriana Baravalle llegó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presentada como doctora en Inteligencia Artificial, aunque sus credenciales fueron miradas de reojo por la comunidad científica. Ahora, su título es cuestionado en una denuncia penal presentada por la diputada Marcela Pagano, que incluyó una “compra de prueba” en la que se ofreció un supuesto doctorado en IA por US$400 a través de una universidad de Hawái.

El consuelo de Caputo es que en Estados Unidos no le preguntaron por la deuda y la morosidad

La institución en cuestión es la American Andragogy University (AAU). Según la denuncia, Pagano se contactó con la universidad para averiguar cómo podía obtener un doctorado en Inteligencia Artificial.

La respuesta que recibió derivó en una operación que, de acuerdo con la legisladora, quedó registrada mediante capturas de pantalla, conversaciones por WhatsApp y comprobantes de pago.

Un doctorado que costaría US$ 400

La AAU publica en su sitio que el valor de su programa doctoral es de US$7.000. Sin embargo, cuando Pagano hizo la consulta, le ofrecieron acceder al doctorado por US$400 en un único pago.

Además, según la documentación que la diputada incorporó a la denuncia, le ofrecieron una supuesta beca que ella no había solicitado y le enviaron documentación que contenía errores de tipeo.

Pagano explicó que necesitaba el doctorado como requisito para acceder a un cargo. A partir de ese momento, el contacto con la universidad avanzó hasta formalizar su admisión.

De acuerdo con la denuncia, el pago de los US$400 fue aprobado el 14 de agosto. Después, la legisladora recibió documentación vinculada al supuesto programa doctoral. Todo esto ocurrió, siempre según la presentación judicial, sin que se le exigiera rendir un examen ni presentar documentación que acreditara previamente un título de grado, y en apenas 8 días.

La denuncia contra Baravalle y la universidad

Con la documentación reunida, Pagano presentó una denuncia penal ante la Justicia para que se investigue el origen y la validez del doctorado atribuido públicamente a la funcionaria.

La presentación plantea la posible comisión de delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa. Se trata, de todos modos, de hipótesis formuladas en la denuncia y que deberán ser investigadas y determinadas por la Justicia.

La denuncia alcanza a Baravalle, a los responsables de la American Andragogy University y a quienes pudieran resultar responsables.

Además, Pagano pidió que se incorporen los antecedentes académicos utilizados por la funcionaria al asumir su cargo y que se consulte a las instituciones educativas mencionadas en su trayectoria. Entre ellas está la Universidad Austral, donde Baravalle figura como magíster en Ciencia de Datos, y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), vinculada a sus estudios como doctoranda en Ingeniería y a su título de Analista de Sistemas.

Qué dice el perfil académico de Baravalle

Otro de los puntos que aparecen en la denuncia es el perfil profesional de Baravalle en LinkedIn. Allí figura como “PhD in Artificial Intelligence”, aunque en esa presentación no se identifica la universidad que habría otorgado el título.

La diferencia cobra relevancia porque, al momento de su designación, el Gobierno sí presentó a Baravalle como doctora en Inteligencia Artificial.

Cuando fue anunciada como funcionaria, el propio Javier Milei compartió un posteo en el que la definió como una “eminencia en ciberseguridad y doctora en IA”, acompañado por la expresión “MAGA!”.

Ahora, el título quedó bajo investigación judicial.

Qué deberá determinar la Justicia

La denuncia no implica, por sí misma, que el título de Baravalle sea falso ni que la funcionaria haya cometido un delito. Eso deberá determinarlo la investigación judicial.

El punto central será establecer qué estudios realizó Baravalle, qué institución emitió efectivamente su doctorado, bajo qué condiciones fue obtenido y qué reconocimiento académico tiene ese título.

En paralelo, la operación realizada por Pagano busca aportar un elemento concreto a esa discusión: si una persona que no presentó un título de grado ni rindió un examen pudo acceder a un supuesto doctorado de la misma institución por US$400, la Justicia deberá determinar qué relación existe entre ese procedimiento y el título que Baravalle exhibe como parte de sus antecedentes académicos.

Antecedentes en Perú y Panamá

La Universidad fue cuestionada en otros países de la región. En Perú, el entonces ministro de Ambiente Juan Carlos Castro tuvo que dar explicaciones por un doctorado en Ciencias Ambientales obtenido en esa institución, cuestionada por no contar con acreditación reconocida en Estados Unidos.

En Panamá, el caso tuvo consecuencias concretas: la Universidad Autónoma de Chiriquí revocó en 2025 cargos de docentes que habían presentado títulos de esa universidad y dejó sin efecto su validación para concursos y ascensos. En 2026, además, el Ministerio Público abrió una investigación por títulos no reconocidos.

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