30 de octubre de 2026

Por el seguidismo con Estados unidos

Milei llevó la relación con Brasil a un clima de “guerra fría”

La decisión de la Casa Rosada de involucrarse en la fuga de Bolsonaro está desmoronando el sistema de confianza entre ambos países. La posible ruptura total de relaciones.

Paula Marussich

La relación bilateral entre Argentina y Brasil atraviesa su peor momento en 40 años. La colaboración del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro, requerido por la justicia de ese país, es un episodio de inusitada gravedad que erosiona todavía más el vínculo solo para congraciarse con Estados Unidos. Así, el sistema de confianza mutua que ambos países construyeron y que incluyó acuerdos de cooperación nuclear se transformó en un sistema de sospechas y operaciones de inteligencia. Lejos de convertirse en el líder global de la derecha que aspiraba a ser, Milei quedó políticamente aislado y convirtió a la Argentina en el único país de la región que no reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva. Se abre un abanico de posibilidades que podría ir desde el retiro permanente de los embajadores hasta la ruptura total de relaciones, una decisión de enormes consecuencias jurídicas, económicas y comerciales. Una vez más, la subordinación de la administración libertaria a Washington compromete los intereses estratégicos de la nación.

“Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, escribió el presidente brasileño en su cuenta de X. Lula eligió responder al saludo de Mauricio Macri para marcar su malestar con Milei, pero se guardó las próximas cartas. “No va a responder hasta que no sepa qué va a hacer Estados Unidos”, explicó a Página/12 una fuente diplomática que mantiene diálogo permanente con Itamaraty.

El gobierno brasileño sigue con atención los próximos movimientos de Estados Unidos antes de fijar una postura. En el Ministerio de Relaciones Exteriores carioca barajan tres hipótesis. La primera, que consideran la menos probable, es que Washington desconozca el triunfo de Lula y promueva a Flávio Bolsonaro como presidente, en una reedición de la operación Guaidó. La segunda es que Trump cuestione la transparencia de los comicios y le mantenga el asilo a Bolsonaro, pero reconozca al presidente electo. La tercera es que Estados Unidos evite una escalada y preserve el vínculo con Brasil. Al cierre de esta edición, el diario Folha de S. Paulo informaba que la Embajada de EE. UU. en Brasilia destacó en un informe la victoria “definitiva” de Lula.

“Lo que haga Estados Unidos es clave porque marca lo que también va a hacer la Argentina”, explica el diplomático y revela un comentario que recorre los pasillos del Palacio San Martín. “El vicecanciller es Quirno, porque el verdadero ministro es Marco Rubio”. El chiste, que apenas expone la delegación de la política exterior nacional que implica, en los hechos, el alineamiento serial con Estados Unidos. “Es sin dudas el peor acontecimiento de intervención en la historia de las relaciones bilaterales entre Argentina y Brasil”, planteó Bernabé Malacalza, investigador independiente del Conicet.

En un ensayo publicado en Anfibia, Malacalza y Juan Gabriel Tokatlian analizaron el papel de la Argentina como proxy de Trump en la región. Para los especialistas, la avanzada intervencionista no terminó con las elecciones brasileñas. Tras el triunfo de Lula, busca deslegitimar a su gobierno con denuncias de fraude y persecución política, mientras facilita la fuga del candidato derrotado. La subordinación argentina adquiere una nueva dimensión. El gobierno de Milei cede su política exterior a una trama transnacional que interviene en los asuntos internos de Brasil.

De los escenarios mencionados se desprenden las consecuencias que podría tener para nuestro país haber colaborado en la fuga de Flávio Bolsonaro. Una operación que incluyó a funcionarios de la SIDE, Migraciones, Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Ente Binacional Yacyretá para favorecer a un aliado político. El Gobierno debería explicar qué hizo cada funcionario, bajo qué autoridad y con qué fondos. Página/12 supo que, a pesar de no tener embajador operativo en Brasilia, el canciller Pablo Quirno ordenó mantener la embajada argentina abierta toda la noche de la fuga por si algo fallaba y Bolsonaro requería un refugio.

Las fuentes consultadas coinciden en que la participación argentina en el plan digitado por Washington empeorará el vínculo. Desde julio, las dos embajadas permanecen abiertas, pero funcionan al nivel de encargados de negocios, con ambos embajadores fuera de sus destinos. El representante brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas en julio y su regreso quedó suspendido por tiempo indeterminado tras los insultos de Milei a Lula da Silva y al juez Alexandre de Moraes. Durante la Convención Nacional del Partido Liberal en São Paulo, el mandatario argentino respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro, llamó a Lula “ladrón” y “presidiario” y calificó a De Moraes como una “basura calva”.

Antes de avanzar hacia una ruptura de relaciones, el gobierno brasileño podría disponer el retiro definitivo de su embajador. La medida consolidaría la reducción de la representación diplomática y es, en los hechos, una de las señales de protesta más severas antes de una ruptura formal.

El siguiente escalón es el estadio final e implica la ruptura total de relaciones. Una medida de enormes consecuencias políticas, jurídicas, económicas y comerciales para dos países interdependientes como lo son Argentina y Brasil. Los analistas consultados creen que es un escenario “poco probable”, que solo se activaría si Estados Unidos “juega fuerte contra Brasil”. “La principal dificultad que Brasil tiene para ir en contra de Argentina es que los que no cargaron en el sistema internacional una alerta de Interpol fueron ellos”, explica a este diario una fuente vinculada a Migraciones.

En el medio hay otras opciones. Brasil podría denunciar a la Argentina ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (TPR). El órgano actúa como la máxima instancia arbitral para resolver disputas entre los Estados parte del bloque. O llevar el caso al Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP) del Mercosur, citando la violación del Acuerdo de Extradición y Asistencia Judicial Mutua del Mercosur. Ese acuerdo obliga a los países miembros a colaborar en la detención y entrega de personas requeridas por la justicia.

Brasil podría, además, presentar una controversia política y diplomática dentro del bloque por incumplimiento grave de los compromisos de seguridad fronteriza, auxilio judicial y cláusulas de cooperación. “La política exterior de Quirno convirtió a la relación entre dos pueblos hermanos como Argentina y Brasil en un vínculo de sospecha y enemistad como el que tienen Azerbaiyán y Armenia. El ideologismo y seguidismo zonzo del gobierno de Milei nos ponen en clima de ‘guerra fría’ con nuestro principal socio comercial”, aseguró a este diario una fuente de larga data en Cancillería.

El colaboracionismo de la Argentina con Estados Unidos podría aumentar además la desconfianza del resto de los países de la región. Para el diputado y excanciller Jorge Taiana, “lo que queda claro es que el gobierno de Milei no tiene palabra, que hace cosas ocultas, que opera con la CIA en operaciones opacas y poco apegadas a la tradición diplomática de hermandad entre los países y todo eso no redunda en aumentar la confiabilidad del gobierno argentino, sino en todo lo contrario”. El presidente de la Comisión Permanente del Mercosur, Eduardo Valdés, expresó por último la “vergüenza” que da como país “que hayamos sido los que promovimos y facilitamos la fuga de Bolsonaro”.

Pagina 12

Se confirmaron los aumentos de luz y gas en el AMBA para noviembre

Las facturas de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires llegarán con aumentos a partir del nuevo mes. Los nuevos cuadros tarifarios.

La Secretaría de Energía oficializó este jueves los cuadros tarifarios de luz y gas para noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Cuánto van a aumentar las tarifas el próximo mes y los incrementos desde que Javier Milei es presidente.

En noviembre las boletas de luz tendrán incrementos de entre 1,5% y 2%. A estas subas, pronto se le sumará la que impactará en las boletas del agua: de cara a la privatización de AySA, que ya tiene nuevos dueños, el Gobierno prepara un aumento del 22,6% que se concretará antes de traspasar el control de la empresa.

¿Cuánto aumenta la luz en noviembre?

En electricidad, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó la actualización del Costo Propio de Distribución (CPD), uno de los componentes de la tarifa. El impacto en las boletas será del 3,57% en promedio.

Los usuarios residenciales que conservan el subsidio pagarán tarifa bonificada por los primeros 200 kWh mensuales, pero todo lo que consuman por encima de ese tope se cobrará sin subsidio. Para noviembre, la Secretaría de Energía sumó además un descuento extraordinario del 25% para ese grupo.

En el esquema anunciado a principios de año el tope subsidiado iba a ser de 150 kWh y la bonificación del 2,27%: en los últimos meses el Gobierno dispuso un ajuste más gradual que el previsto en las tarifas públicas para frenar la inflación.

De esta manera los cargos fijos y variables (el costo por cada kWh consumido) serán los siguientes para la categoría R1 —correspondiente a consumos de hasta 200 kWh mensuales—.

  • Edenor: tendrá un cargo fijo de $1870,51 y un cargo variable de $163.597 por kWh.
  • Edesur: $1826,26 y $161.157 respectivamente.

¿Cuánto aumenta el gas en noviembre?

En el gas, Metrogas aplicará un aumento de 2,95% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y de 3,65% para los del conurbano bonaerense. En el caso de Naturgy BAN la suba será de 2,96%.

En la Resolución 304/2026, Energía dispuso una bonificación general del 50% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) para los hogares inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), a la que se suma un descuento extraordinario del 24,25%.

Así, la rebaja total llegará al 74,25%, aunque solo se aplica sobre el PAU: los cargos de distribución, transporte, impuestos y otros conceptos se cobrarán según el cuadro tarifario de cada distribuidora.

Hay que tener en cuenta la eliminación del beneficio de Zona Fría en varias ciudades del país que aprobó el Congreso por iniciativa del Gobierno: los usuarios afectados perderán el descuento del 50%, aunque podrán acceder al 20% si forman parte del SEF.

Para el caso de Metrogas los montos fijos para usuarios residenciales sin subsidio serán:

  • Categoría R1 (la más baja): $4668,55 en CABA y $5391,41 en el conurbano.
  • Categoría R4 (consumo más alto): hasta $111.536,25 en CABA y $60.613,21 en el conurbano.

Para los usuarios de Naturgy, los valores quedan de la siguiente manera:

  • Categoría R1 (la más baja): $3826,95 en el conurbano bonaerense.
  • Categoría R4 (consumo más alto): hasta $40.980,12.
  • Pagina 12

29 de octubre de 2026

Le exigen a Milei que reconozca el triunfo de Lula da Silva

Aluvión de denuncias al Gobierno

El Congreso quiere saber la injerencia de la administración argentina en la fuga de Flavio Bolsonaro de Brasil.


Paula Marussich
La participación Argentina en el plan que posibilitó la fuga de Flavio Bolsonaro tras la derrota electoral del último domingo en Brasil desató una catarata de denuncias penales, pedidos de informes y de interpelación al presidente Javier Milei y a sus funcionarios. La oposición en el Congreso quiere saber el grado de participación que tuvo el gobierno en el plan digitado por Washington y sobre todo si utilizaron recursos del Estado para llevar adelante la operación. Las iniciativas apuntan al presidente Javier Milei, al ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, al jefe de Gabinete Diego Santilli, a la titular de la cartera de seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor presidencial Santiago Caputo. Además, en un posicionamiento común los diputados nacionales de distintos bloques exigieron “al Poder Ejecutivo que reconozca formalmente el triunfo de Lula Da Silva y refuerce el diálogo con Brasil para revitalizar la relación bilateral y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países”

El Parlamento se transformó en la caja de resonancia de la escandalosa huida del excandidato presidencial, pese a la prohibición de abandonar Brasil dispuesta por el Supremo Tribunal Federal. El titular de Unión por la Patria, Germán Martínez, compartió un pronunciamiento conjunto de diputados y diputadas de diversos bloques que reclaman al Ejecutivo respuestas urgentes a los pedidos de informes y la presencia en la Cámara baja de Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno para dar explicaciones, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional. También exigen que el Gobierno reconozca formalmente el triunfo de Lula da Silva y retome el diálogo con Brasil. El texto se redactó en el despacho del bloque peronista y sumó adhesiones con el correr de las horas. Al cierre de esta edición la moción había sido compartida por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, La Izquierda, el socialismo y el monobloque de Marcela Pagano.

Las iniciativas comenzaron a acumularse desde temprano. El diputado Agustín Rossi apuntó al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Rossi presentó un pedido de interpelación para que detalle qué áreas del Gobierno intervinieron en el paso de Bolsonaro por la Argentina. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, sostuvo el exministro de Defensa. Para el diputado lo ocurrido reviste una gravedad institucional excepcional y pone en riesgo la relación con Brasil. “La fuga de Bolsonaro, facilitada por el gobierno argentino, es uno de los hechos más graves desde el retorno de la democracia que afectan la relación de nuestro país con Brasil.” escribió.

En su pedido de interpelación Rossi indaga además sobre el rol de Santiago Caputo “¿Cuál fue el rol que cumplió el asesor presidencial Santiago Caputo? ¿Estuvo presente en el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú en las horas previas al despegue del vuelo? En caso de respuesta afirmativa, detalle de qué modo llegó hasta la ciudad de Puerto Iguazú, quién pagó sus traslados y con qué funcionarios de los distintos organismos presentes en el Aeropuerto interactuó.” dice el escrito.

Por su parte Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó un proyecto para interpelar a Quirno, con 91 preguntas sobre el papel del Gobierno en la fuga. Busca esclarecer si las autoridades conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué gestiones diplomáticas realizaron para facilitar su traslado. “Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a escaparse. La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos” escribió en su cuenta de X. Su pedido también pone la lupa sobre Santiago Caputo y exige precisiones sobre su eventual presencia en Puerto Iguazú durante el operativo, los contactos que pudo haber mantenido con el senador brasileño y su posible intervención en la organización del vuelo.

Juliano también pide explicaciones sobre la falta de reconocimiento argentino del triunfo de Lula da Silva y qué impacto tiene en el vínculo bilateral los reiterados ataques de Milei al presidente brasileño

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro sumó un pedido de interpelación a Quirno y Monteoliva para que expliquen qué hicieron los organismos que tienen a cargo. “Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, sostuvo y acusó al Gobierno de haber puesto a Migraciones, la PSA y la SIDE al servicio de la fuga. “Brindan asistencia operativa para concretarla” sentenció.

Las denuncias

En el plano judicial Marcela Pagano denunció el paso de Bolsonaro por la Argentina y pidió investigar si hubo encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La diputada reclamó las filmaciones del puente Tancredo Neves y del aeropuerto, los datos de los pasajeros y la documentación de la contratación del avión.

El socialista Esteban Paulón fue contra Milei, Quirno y Caputo, a quienes denunció por presunto encubrimiento agravado. Pidió que se investigue quién financió el vuelo y puso el foco en Baires Fly y sus vínculos con Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en las investigaciones tras el escándalo de corrupción en la ANDIS.

Gabriel Solano, referente de izquierda, también presentó una denuncia contra Milei, que quedó en manos de María Eugenia Capuchetti. El dirigente del Frente de Izquierda pidió investigar si el Presidente utilizó recursos públicos para facilitar la fuga y lo denunció por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Pagina 12

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¿Nadie se pregunto si el avión era de Fred Machado?

¿Miley estuvo en Guayaquil en la escala para reabasteserce?

¿La demora en salir fue porque Trump no autorizaba?

28 de octubre de 2026

Jalil decretó pagos por $1773 millones para sus clínicas en 2026

Una investigación de El Destape reveló que el gobierno de Catamarca ordenó pagos a clínicas y entidades vinculadas por servicios de salud. El circuito de fondos provinciales, las prestaciones médicas financiadas por el Estado y los antecedentes de denuncias por presuntos negocios cruzados entre el poder político y el clan familiar.

Entre enero y el 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Salud de Catamarca firmó 435 resoluciones que ordenan pagar 1.773,7 millones de pesos a tres empresas y una fundación vinculadas a la familia del gobernador Raúl Jalil. El dato surge de un relevamiento propio sobre los 85 boletines oficiales y sus anexos publicados este año, donde consta cada pago con número de resolución, fecha y monto a favor de Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A. y la Fundación Dr. José Guido Jalil. La mayor parte de esos pagos se destinó a presuntos pacientes sin cobertura de salud, por 1.350,2 millones de pesos, en tanto que una porción -396,4 millones de pesos- cubrió con fondos provinciales un plan nacional, y en otros seis casos, por 27,1 millones de pesos, se decretó el pago sin precisar la cobertura de los presuntos pacientes beneficiados.

Un imperio heredado

El Sanatorio Pasteur nació en 1959, cuando el médico José Guido Jalil, conocido como "Tío Guido", lo fundó junto a otros catorce socios. Tenía veinte camas. Jalil padre fue intendente de San Fernando del Valle de Catamarca entre 1987 y 1991 y murió en diciembre de 2010, a los 83 años. La dirección del sanatorio pasó a su hijo Raúl, quien amplió el negocio familiar: sumó la Clínica San Javier y creó la Fundación Dr. José Guido Jalil, que lleva el nombre del fundador. En 1988, la neuróloga Silvia Jalil, hermana de Raúl, completó la estructura empresarial que agrupa hoy al conjunto de instituciones. En sus prospectos promocionales, el propio sanatorio se define como la red de salud privada “más grande” de la provincia y uno de sus mayores empleadores.

La descripción más precisa de esa estructura la realizó el propio gobernador, obligado por ley a declarar su patrimonio. En la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2019, cuando accedió a la gobernación, Jalil reconoció una participación del 12,5% en cinco firmas del sector salud: Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A., Red Colón S.A. -una cadena de farmacias- y Droguería Mitre. Instituciones que se repiten en los decretos donde constan los pagos ordenados por el gobernador.

Pagos decretados por el gobernador Jalil a sus propias empresas de salud.
Pagos decretados por el gobernador Jalil a sus propias empresas de salud.

Sanatorio Pasteur S.A. concentra el grueso de los pagos: 311 resoluciones por 1.238,8 millones de pesos. Le sigue la Fundación Dr. José Guido Jalil, con 81 resoluciones por 456,4 millones. Sanatorio Junín S.A. suma 37 resoluciones por 76,2 millones, e Instituto Médico Privado S.A. registra un pago de 2,29 millones. Los montos individuales más altos rondan los 20 y los 30 millones de pesos por resolución, casi siempre bajo la fórmula "reconocer la deuda contraída" por prestaciones de alta complejidad: radioterapia, artroscopias, centellogramas óseos, cirugías cardiovasculares. El mecanismo administrativo se repite: una resolución ministerial reconoce una deuda o aprueba un subsidio "Ad Referéndum del Poder Ejecutivo Provincial" y ordena a la Tesorería pagar de modo directo al prestador, con cargo al Tesoro provincial. Agosto concentra el pico del año, con 688,4 millones de pesos, seguido por abril, con 282 millones, y septiembre, con 257 millones, en los tres casos por tandas de reconocimiento de deudas acumuladas durante 2025.

Pagos decretados por el gobernador Jalil a sus propias empresas de salud.
Pagos decretados por el gobernador Jalil a sus propias empresas de salud.

Cobertura nacional, factura provincial

Los documentos permiten seguir la ruta del dinero, que en ocasiones tienen recorrido nacional. Ochenta y una de las 435 resoluciones, por 396,4 millones de pesos, identifican de modo textual a los pacientes atendidos como "beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud", el esquema nacional que cubre a jubilados sin aportes y a personas con determinadas pensiones no contributivas. En varios casos el propio texto precisa el mecanismo: las resoluciones ordenan pagar "con cargo a la Fuente de Financiamiento F.F. 1.1 Fondos Provinciales" servicios que en teoría corresponden a la fuente nacional, o que autorizan sin rodeos "el cambio de Fuente de Financiamiento de origen Nacional 1.4" hacia fondos de la provincia. Dicho de otro modo: prestaciones pensadas para financiarse con presupuesto federal terminan pagadas con el Tesoro de Catamarca, y ese dinero llega a empresas que administra la familia del gobernador que firma la reasignación.

No todos los pagos responden al mismo sistema. Trescientos cuarenta y cinco resoluciones, por 1.350,2 millones de pesos, consignan de modo expreso que el paciente atendido carece de cobertura social: es la situación inversa a la anterior y la que concentra la mayor parte del gasto individual del año. Un grupo menor, seis resoluciones por 27,1 millones de pesos, nombra a un paciente puntual sin consignar su situación de cobertura, o corresponde a contratos publicitarios ajenos a una prestación médica. Tres resoluciones, sin impacto monetario, no corresponden a una prestación puntual: una ratificación administrativa interna, un aval a un programa de residencia médica y la aprobación de un convenio marco de diálisis con prestadores adheridos a Incluir Salud.

El antecedente de OSEP

El circuito del Boletín Oficial no es el único punto donde se cruzan la salud pública catamarqueña y el negocio privado de los Jalil. En junio de 2025, el diputado radical Tiago Puente presentó una denuncia penal por irregularidades en OSEP, la obra social de los empleados públicos provinciales. El caso que activó el escándalo fue el de una paciente de 17 años que necesitaba una cirugía ortognática: OSEP rechazó la derivación a un centro de Tucumán que cotizaba 13 millones de pesos y, según la denuncia, terminó derivando a la familia al Sanatorio Pasteur, donde la misma cirugía costó más del doble: 30 millones de pesos. Entre los denunciados figuran el entonces director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la representante del Sanatorio Pasteur ante la obra social, Silvia Jalil; y el entonces gerente general de OSEP, Horacio Campazzo, que contaba paso previo por el propio sanatorio. Para la misma época el sitio ADN había publicado que el 80% de las farmacias de la provincia integra el Grupo Jalil a través de Red Colón, con 25 bocas repartidas en el territorio, y que los descuentos obligatorios a los aportantes de OSEP se dispararon hasta diez veces de un mes a otro.

Milei visitó Catamarca para presentar un millonario proyecto RIGI.

Los escándalos que rodean al clan Jalil no se limitan a los negocios sanitarios. En 2019, cuando Raúl todavía era intendente de la capital provincial, la entonces diputada Paola Bazán y la concejala Silvia Fedelli lo acusaron de peculado y malversación de fondos públicos por usar recursos municipales para mejorar la infraestructura en zonas donde el Grupo Jalil tiene desarrollos comerciales, entre ellos el propio Sanatorio Junín. Tiempo más tarde, en septiembre de 2026, legisladores de la Unión Cívica Radical -Alfredo Marchioli, Alicia Paz y María Alejandra Pons- denunciaron al gobernador por una obra de costanera de más de 46 hectáreas que, según sostuvieron, encarece de forma artificial terrenos de la familia en San Fernando del Valle. La denuncia menciona además a Huasi Construcciones, empresa de Aldo Salgado, esposo de Silvia Jalil, como una de las firmas beneficiadas por contratos de obra pública.

El expediente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia identificado como "Conducta 366", que involucra a la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca junto al Sanatorio Pasteur y la Fundación Guido Jalil, confirma que la concentración del sector sanitario provincial en pocas manos tampoco pasó inadvertida para el organismo nacional de defensa de la competencia.

El largo historial de operaciones sospechosas que involucran al Clan Jalil incluye la venta de vehículos al Estado y convenientes permisos de importación de autos eléctricos. En ese recorrido, el pago por mano propia a las clínicas de la familia desbloquea un nuevo nivel: un negocio a sola firma.

El  Destape

Denunciaron a Javier Milei por su rol en la fuga

Piden que Quirno dé explicaciones por el rol del Gobierno en la organización de la fuga de Bolsonaro

Diputados opositores exigen la presencia del Canciller ante el Congreso. Reclaman informes sobre la posible participación de funcionarios y uso de recursos públicos para facilitar la salida del ultraderechista de Brasil.

El escándalo de la participación del gobierno de Javier Milei en el escape de Flávio Bolsonaro ya tuvo su primer eco formal en el Congreso. Un sector de la oposición en Diputados pidió que se cite al canciller Pablo Quirno para dar explicaciones sobre por qué el excandidato presidencial brasileño pudo hacer escala en la Argentina a pesar de que estaba impedido para salir de su país. Además, un legislador presentó una denuncia contra el Presidente para que se investigue un posible encubrimiento.

El pedido fue realizado por el diputado Pablo Juliano, radical perteneciente al bloque Provincias Unidas, que presentó un proyecto de resolución para escuchar las explicaciones del Gobierno de boca del jefe de la diplomacia.

La iniciativa apuesta a determinar si funcionarios de la Casa Rosada facilitaron el traslado del referente de la ultraderecha brasileña, tal como lo indican las versiones periodísticas y de testigos en el aeropuerto desde donde se permitió la salida hacia Estados Unidos.

El proyecto pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú, desde Foz de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil.

El texto que contiene 91 preguntas reclama, además, la entrega de registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales.

El proyecto de citación solicita que Quirno comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador brasileño.

El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

Además, se pidió identificar quién contrató y financió el vuelo. Este punto involucra a la empresa Baires Fly SA, señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El diputado Juliano también exige explicaciones sobre las posibles consecuencias diplomáticas del episodio, así como también la decisión del Gobierno argentino de no reconocer pública y formalmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección.

Milei, denunciado por encubrimiento

El Presidente argentino fue denunciado por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” en relación con la supuesta colaboración para que Flávio Bolsonaro huya de Brasil.

La presentación estuvo a cargo del legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien precisó que la denuncia fue motivada por la gravedad de los hechos, como el uso de la estructura del Estado para encubrir a una persona alcanzada por restricciones judiciales.

“El propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia”, apuntó el diputado y solicitó que todos los funcionarios involucrados sean investigados por la Justicia. Además, remarcó la importancia de preservar los registros migratorios, las comunicaciones, los planes de vuelo y las órdenes de custodia.

“Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional ni desconocer los compromisos de cooperación judicial con Brasil. Esta maniobra compromete al país y sus relaciones internacionales”, concluyó.

Pagina 12