Marcos Azambuja, secretario general de Itamaraty y embajador de Brasil en Buenos Aires y París, sintetizó con claridad la visión estratégica brasileña sobre la relación bilateral cuando afirmó: “Una Argentina rica, próspera y fuerte nos conviene. Yo soy profundamente proargentino porque soy profundamente probrasileño” (GloboNews, octubre de 2023). Figura emblemática de la diplomacia clásica brasileña —uno de los últimos “barones” de la Casa de Rio Branco—, Azambuja combinaba un sólido tradicionalismo con curiosidad por lo nuevo. Su estilo, elegante e irreverente, expresaba la “paciencia estratégica”: la disposición a tolerar las dificultades de la contraparte cuando el objetivo de largo plazo justifica la espera (Juan Gabriel Tokatlian). Durante años, Brasilia la practicó frente a una Argentina por momentos errática, proteccionista y a menudo imprevisible en sus compromisos internacionales. En ocasiones y respecto de algunos temas, Buenos Aires también lo hizo. Hoy todo indica que Brasil la ha dejado atrás.
La República Federativa se extiende sobre 8,5 millones de km² —el quinto país más grande del planeta— y concentra regiones ecológicas de valor estratégico como la Amazonia, el Cerrado, el Pantanal y una dilatada costa atlántica. Ese territorio le otorga un patrimonio ambiental de primer orden y una base geográfica para la proyección regional. Con más de 213 millones de habitantes (2026), es el séptimo país más poblado del mundo; más del 80 % de su población vive en ciudades, con metrópolis de peso continental como São Paulo y Río de Janeiro. Su economía, con un PIB nominal que supera los 2 billones de dólares, combina la industria (acero, cemento, vehículos, bienes de consumo) con la agricultura, situándolo entre las diez mayores economías mundiales. Para Itamaraty, que se concibe a sí mismo como el “foco” de un Brasil disperso, estos tres elementos —territorio, población y volumen económico— constituyen los fundamentos materiales de cualquier pretensión de actor global. El territorio garantiza soberanía sobre agua, biodiversidad y fuentes de energía; la población asegura un amplio mercado interno y fuerza de trabajo; el tamaño de la economía otorga capacidad de negociación y presencia en los organismos internacionales. Sin embargo, como bien han sabido los mejores diplomáticos brasileños, no se trata solo de números.
En Esplanada dos Ministérios–Bloco H, la dirección postal del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia, hay un mapamundi invertido, donde el Sur aparece arriba y el Norte abajo, desafiando la convención eurocéntrica. El planisferio fue lanzado por el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, Márcio Pochmann), y utiliza como proyección cartográfica Equal Earth (Šavrič, Patterson y Jenny, 2018), que busca representar los continentes en proporciones reales, corrigiendo las distorsiones de la clásica visualización de Mercator. Brasil está en el centro del mapa, que muestra una visión alternativa del orden mundial, reivindica el Sur Global y reposiciona simbólicamente a América del Sur en el debate internacional. El símbolo político-cultural evidencia que, para Brasil, su concepción de la grandeza no depende solo de la combinación de recursos materiales y humanos, sino también de su cultura y de su mirada de un lugar en el mundo. No es indispensable tener más volumen para ser importante, pero no es importante estar apresado en el propio vértigo, combinando sobreactuación con improvisación, desinformación y confusión. Cuando se agravia a Brasil, lo que está en juego es mucho más que el intercambio comercial.
Construir una sólida relación de política exterior exige una idea clara, no perder nunca de vista todo lo que está en juego y muchos años de esfuerzo. Para derrumbarla, en cambio, basta con una cabeza desordenada, varios disparates y un instante. Se alcanza un logro de largo aliento después de décadas; se retrocede de golpe y reconstruirlo lleva generaciones. Por esa lógica transitará la relación entre Argentina y Brasil.
Chile se ha retirado del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), agrupación de 120 miembros de África, Asia y América Latina fundada en 1961. Espacios como el NOAL permiten mantener vínculos en regiones donde no es materialmente posible sostener embajadas y donde, por lo tanto, las relaciones bilaterales son mínimas, como ocurre en gran parte del África subsahariana y de Asia Central. En 2050, según las proyecciones más aceptadas, siete de las mayores economías del mundo serán no occidentales y solo una europea. Ese mismo año, África tendrá unos 2.500 millones de habitantes y uno de cada cuatro seres humanos será africano.
La Cancillería chilena argumenta que el Movimiento nació en otro contexto global y que ya no responde a los desafíos actuales. Sin embargo, pensadores como Jorge Heine advierten que la predictibilidad y la confiabilidad son activos diplomáticos centrales, que el acceso a las grandes ligas de la diplomacia está ligado a la coherencia con determinados valores, y que rendir pleitesía a los poderes momentáneos suele obtener de ellos mayor maltrato. No hace falta mirar muy lejos para comprobarlo.
Haber llamado al presidente Lula “ladrón” y “presidiario”, haberlo hecho durante el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro y haber elegido como escenario São Paulo conforman una cataplasma de triple dimensión: a la máxima autoridad de un país, en un acto de su adversario político y en territorio nacional. Existe en Argentina la costumbre de relativizar los propios excesos cuando se encuentran precedentes en el exterior. No es un argumento válido.
Los choques entre Justin Trudeau y Donald Trump —aranceles, la provocación del “51º estado”, el apodo de “gobernador”— deterioraron la relación, pero no provocaron el retiro ni la expulsión de embajadores. Tampoco lo hicieron las tensiones entre Macron y Meloni, entre Erdogan y Macron (aunque Francia sí llamó a consultas a su embajador en 2020), ni los roces entre Netanyahu y Trudeau. Incluso cuando Alemania retiró temporalmente por una semana a su embajador en Rusia en 2024, lo hizo por un ciberataque atribuido erróneamente a Moscú, no por un insulto verbal.
Parafraseando a Ortega y Gasset, hay argentinos que no saben lo que les pasa, y eso es precisamente lo que les pasa.
Decir guarangadas no significa que las vulgaridades no tengan objetivos. En el caso de nuestro deslenguado, menos una apuesta al triunfo del hijo de Bolsonaro que implorar un liderazgo dentro de la corriente de gobiernos y partidos de derecha que se alinean con Donald Trump en América Latina. Quienes disfrutan del fútbol, este episodio y la cercanía del Mundial 2026 tal vez les hayan traído a la mente una anécdota casi legendaria del fútbol argentino. En 1995, River Plate jugaba las semifinales de la Copa Libertadores contra Atlético Nacional de Medellín. Gabriel Amato quiso definir una jugada con la técnica atribuida a Ricardo “Beto” Infante (1948): se cruza la pierna con la que se patea, por detrás del pie de apoyo. Años después, en una entrevista, Amato recordó el episodio con esta frase: “Si le hacía el gol de rabona a Higuita iba al Milan y no al Hércules”. No fue gol, no fue al Milan. En 1995, el embajador de Brasil en Argentina era Marcos Azambuja y nuestro presidente era hincha de River; tal vez hayan visto el partido.
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Petróleo, la nueva invasión inglesa
Gustavo Campana
A mediados de junio de 1974, un proyecto británico llegó a la Casa Rosada. El objetivo era “poner fin a la disputa de soberanía” sobre Malvinas y “crear una atmósfera favorable para que los isleños pueden desarrollarse, de acuerdo a sus intereses”.
El texto fue entregado por el embajador en Buenos Aires, James Hutton, al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Alberto Vignes. Londres buscaba una transición de dos banderas, doble nacionalidad para los kelpers, convivencia en inglés y castellano y un gobernador que, de manera alternada, fuera nombrado por la Reina y Argentina.
Las líneas finales marcaban el apuro inglés por comenzar un nuevo tiempo político con relación a las islas: “El gobierno de Su Majestad propone que deberían realizarse conversaciones oficiales lo antes posible”. Cancillería hizo su contraoferta de manera confidencial, pero pocas semanas después murió Juan Domingo Perón y el contrato quedó a la deriva.
Esa propuesta basada en una especie de condominio se congeló definitivamente cuando un informe de la Universidad de Birmingham alertó al Foreign Office en 1975. El dato central de su estudio era que en Malvinas había cuatro o cinco veces más petróleo que en el Mar del Norte y la costa atlántica de los Estados Unidos.
El 3 de enero del 76, el geógrafo Edward Shackleton arribó a Malvinas para determinar el potencial económico de las islas. El canciller argentino, Manuel Arauz Castex, sostuvo que la llegada de Lord Shackleton el día de la ocupación de las islas en 1833 fue una “coincidencia hostil”. Un mes después, la misión inglesa navegaba por aguas jurisdiccionales argentinas, estudiando la capacidad petrolera de las islas. El buque oceanográfico RRS Shackleton, bautizado de esa manera en memoria del explorador, Ernest Shackleton, padre de Edward, fue interceptado por el ARA Almirante Storni. El buque de la Armada Argentina disparó después de no ser acatada la orden de apagar las máquinas o permitir ser escoltado hasta Tierra del Fuego. El Shackleton regresó a las islas por orden del gobernador colonial Neville French.
El 15 de febrero de 1977, Edward Rowlands llegó a Buenos Aires, con mandato del Ministerio de Asuntos Exteriores, para entrevistarse con el contralmirante César Guzzetti, canciller de la dictadura de Videla.
En las negociaciones se estudió una propuesta de arriendo que otorgaría un ridículo título de soberanía a la Argentina y, paralelamente, permitiría la continuación de un gobierno británico.
Llegaron a plantear un programa económico conjunto, con el petróleo como eje central. Al acuerdo inicial le siguió la discusión interna del Partido Laborista y cuando Margaret Thatcher ganó las elecciones de mayo de 1979, la negociación se congeló.
Mientras tanto, Martínez de Hoz realizó cinco visitas a Gran Bretaña entre su asunción como ministro de Economía de la dictadura y junio de 1980. Estos viajes, siempre a espaldas del Ministerio de Relaciones Exteriores que manejaba la Marina; buscaban un acuerdo de exploración petrolera en Malvinas.
Los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990, firmados por el memenismo, profundizaron la derrota argentina en la Guerra del 82 y abrieron una puerta demasiado grande en materia de recursos naturales, con canales de cooperación para “la conservación de la pesca y el uso de los espacios marítimos”. Ante esa zona liberada para operar, sobre todo lo que no se prohibía explícitamente, Gran Bretaña avanzó de forma unilateral en la licitación de áreas petroleras en la Cuenca Norte de Malvinas y, a fines de noviembre del 91, los ingleses comenzaron a conceder licencias para estudios de “prospección sísmica en las aguas adyacentes” al archipiélago, en la búsqueda de petróleo.
La Ley 26.659, aprobada en marzo de 2011, prohibió la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización del gobierno nacional y preveía castigar con inhabilitaciones de cinco a 20 años y multas a todas las empresas que operen con licencias británicas ilegítimas en la zona de Malvinas.
En abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner denunció que el Reino Unido reforzó la presencia de sus fuerzas armadas en Malvinas y restringió el tránsito de buques a las islas, porque era inminente la llegada de una plataforma de exploración petrolera al archipiélago. Dos meses después, la Secretaría de Energía declaró “clandestina” la exploración de hidrocarburos en su plataforma continental, que cinco petroleras estaban llevando a cabo con permisos ilegales concedidos por las autoridades del gobierno de ocupación. Entre ellas estaba la Premier Oil.
En plena restauración conservadora macrista, se firmó el Foradori-Duncan, en septiembre de 2016. En esa nueva “acta de rendición”, los ingleses impusieron “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
Con los libertarios entreguistas en el Gobierno, la Premier Oil aumentó su presencia en la Argentina, a través de distintas fusiones y sociedades. Como si se tratara de la misma persona que el kirchnerismo expulsó del mar austral 13 años antes, la empresa volvió con “pasaporte falso” en tiempos de Milei, a montar negocios petroleros en tres provincias: Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Se presentó en el 2025 como Harbour Energy, pero es la misma que trabajó durante más de una década el yacimiento off shore “León marino”, ubicado a 218 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
Entre febrero de 2012 y diciembre de 2022, la empresa pirata fue advertida, sancionada, condenada y embargada por la Argentina; pero nunca frenó sus negocios ilegales. La jueza de Río Grande Lilian Herraez multó a la Premier Oil con más de 156 millones de dólares y ordenó embargar sus barcos y plataformas petroleras.
La empresa inglesa siguió escapando. Se fusionó con la británica Chrysaor para formar la Harbour Energy y esa sociedad después le vendió el negocio de Malvinas a la israelí Navitas Petroleum. Pero a pesar de todos los maquillajes, la que siempre está detrás de esta historia es la Premeir y los que operan con nuevo nombre heredaron pasivos, juicios y sanciones aplicadas por aquella Argentina del campo nacional y popular.
La Premier fue recibida con los brazos abiertos por Milei en el 2024, cuando se quedó con negocios de una petrolera alemana en ocho países, entre ellos Argentina. Entraron por la puerta grande a Vaca Muerta, tienen explotaciones off shore en Tierra del Fuego y están presentes en el proyecto de exportación de GNL desde Río Negro. En este último caso, no solo gozaron de la complicidad del gobierno provincial, sino que Toto Caputo le aprobó su ingreso al RIGI, para liberarlos de impuestos y aranceles a la exportación por 30 años.
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Inminente citación a indagatoria
Adorni debe explicar el agujero negro de sus compras y gastos
El fiscal Pollicita firmó hoy la orden por la cual el ex jefe de Gabinete tiene 15 días para responder por las inconsistencias entre sus declaraciones y sus movimientos de dinero.
Raul Kollman
El fiscal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento para que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni explique de dónde sacó la plata para sus compras y gastos suntuosos. El documento es secreto, pero hay un resumen de 7 páginas en las que se detallan las inconsistencias.
En total, están sin explicación 43 millones de pesos y una cifra que supera los 403.000 dólares, algo que se explica porque la mayoría de las compras las hizo en efectivo en la moneda extranjera.
Adorni debe responder a este requerimiento dentro de los próximos 15 días y si las explicaciones no conforman al fiscal y al juez Ariel Lijo será llamado a indagatoria por enriquecimiento ilícito.
Los 20 puntos que Adorni tiene que justificar
El requerimiento se estructura en 20 puntos concretos, entre los que se destacan:
El origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos” (sin especificar qué se vendió)
Dos préstamos de familiares (Silvia Pais y Norma Zuccolo) sin documentación de la entrega real de fondos
La compra de un Jeep
El origen de los fondos para el lote de Indio Cuá y su remodelación (incluyendo USD 245.000 pagados a un contratista)
La compra del departamento de Miró 550 y sus muebles
Ingresos “exentos” y supuestas herencias o donaciones invocadas para explicar gran parte del incremento
El uso reiterado de terceros para pagar bienes por cuenta suya, con reintegros en efectivo
Su operatoria con criptoactivos (incluyendo cuentas no declaradas inicialmente)
Comprobantes fiscales por más de $6 millones y facturas por más de $2 millones que no concilian con ningún medio de pago registrado
Deudas con el Banco Galicia que aparecen y desaparecen entre declaraciones
Honorarios notariales facturados a su cónyuge
Consumos de terceros como usuarios adicionales de sus tarjetas
Las mejoras declaradas en ambas propiedades
En síntesis, el dictamen sostiene que hay una brecha patrimonial no explicada tanto en pesos como en dólares, con múltiples inconsistencias entre las declaraciones juradas sucesivas, y le da a Adorni 15 días para aportar la documentación y explicaciones que la despejen.
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9 de agosto de 2026
Denuncian a autoridades políticas, policías de la Ciudad y agentes federales por la feroz represión
La CPM contabilizó más de 1.500 heridos y realizó una denuncia por la represión, el nuevo ataque a una fotógrafa que cubría la marcha y “la detención masiva de personas de forma arbitraria”. El Gobierno hizo una contradenuncia por “delitos contra el orden constitucional”.
La denuncia de la CPM, que quedó radicada en el juzgado federal Nº 10 de Comodoro Py, hace foco en el gran despliegue que tuvo la represión, el nuevo ataque de las fuerzas de seguridad a una fotorreportera que cubría la marcha y en “la detención masiva de personas de forma arbitraria”.
Desde el organismo de derechos humanos, que monitoreó el operativo, contabilizaron más de 1.500 heridos, entre los que se cuentan integrantes de la propia CPM: “Ocho integrantes de nuestro equipo de monitoreo y 18 del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios que asistían a las víctimas también fueron alcanzados por los gases y los disparos con postas de goma”, se precisó en el escrito que ingresó este viernes a tribunales. En total hubo 28 detenidos de los cuales, al momento de escribirse esta nota, 15 habían sido liberados.
La presentación fue firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García –los dos primeros, presidentes; el segundo secretario ejecutivo de la CPM-. Y apuntó contra los responsables del operativo y sus ejecutores por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En diálogo con El Destape, Roberto Cipriano García explicó: “La represión fue una de las más cruentas y salvajes de los últimos meses con un despliegue masivo de las fuerzas de seguridad, que incluyó a la Policía de la Ciudad, de la Federal, Prefectura y Gendarmería, que reprimieron en múltiples ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires”. “Relevamos más de 1.500 personas heridas afectadas, entre las que se encuentra el caso muy grave de la fotoperiodista que aparentemente recibió un disparo de postas de la policía, cae y se golpea. Obviamente, la cifra de heridos es mayor porque desde la Comisión no estábamos en todos los frentes de la represión”, agregó. Y precisó que desde la CPM relevaron que durante el operativo se lanzaron “al menos 100 granadas de gas lacrimógenos, gas pimienta” y atendieron a “más de 40 personas con disparos de postas de gomas”. A su vez, contabilizaron 28 detenciones, 21 a cargo de fuerzas federales y las restantes 7 de la policía porteña.
El secretario ejecutivo de la CPM, que estaba presente en la marcha cuando se desató la represión, precisó que el avance de las fuerzas de seguridad “se inicia sin ninguna razón, las personas cantaban sobre las vallas, y frente a eso tiraron los hidrantes. Después, ante la represión, hubo gente que reaccionó y ahí salieron de atrás de las vallas y desplegaron todo el aparato represivo”.
Cipriano García también resaltó que detectaron infiltrados: “Observamos personas que se meten en la marcha, que tiran cosas y después los vemos con la policía, infiltrados de las fuerzas de seguridad, una práctica recurrente que vemos desde que empezó la política represiva con el protocolo antipiquete”.
La denuncia de la CPM que ingresó este viernes a Comodoro Py no es la única que realizarán por el operativo del jueves. Según pudo reconstruir El Destape, desde el organismo están elaborando una segunda presentación con detalles sobre la brutal represión.
Una feroz represión: 1.500 heridos y otra vez una fotógrafa herida de gravedad
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tiene carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, es parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y monitorea los operativos de seguridad de las manifestaciones. En ese rol, y como lo hizo en otras ocasiones, este jueves por la noche realizó una denuncia penal para que se investigue a los responsables de la feroz represión contra quienes se manifestaban para defender la soberanía nacional. El escrito fue asignado a un juzgado este viernes.
“Venimos a denunciar el accionar de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y fuerzas federales conjuntas, convocadas para el ‘operativo de seguridad’ desplegado sobre la manifestación pacífica en virtud de la denominada ‘ley de tierras y propiedad privada’ del día jueves 6 de agosto de 2026, por los hechos de represión sobre las personas, personal fotográfico, periodistas que provocaron lesiones y graves traumatismos, como asimismo la detención masiva de personas de forma arbitraria”, comienza la denuncia presentada por la CPM a la que accedió El Destape.
Desde la CPM apuntaron contra los agentes que “integran el comando unificado del Ministerio de Seguridad de la Nación”, quienes actuaron “de forma ilegal e ilegítima” y, según los denunciantes, impidieron o limitaron derechos constitucionales como la libertad de expresión y el “peticionar a las autoridades”.
“Hacemos saber que, en el marco de la presente manifestación, y en función de las tareas de monitoreo en función del organismo parte del mecanismo de contralor descrito, hemos verificado acciones y estrategias en el uso de la fuerza que se reiteran como prácticas a lo largo de las maniobras represivas de las fuerzas que actúan en comando conjunto en las manifestaciones llevadas adelante en la zona del Congreso de la Nación, como asimismo las detenciones masivas y arbitrarias, las cuales resultan al margen de los límites legales y constitucionales, resultando las mismas ilegítimas, desproporcionadas e infundadas”, resaltaron en el escrito.
En esta primera denuncia hicieron foco en el episodio que tuvo otra vez a una fotógrafa como víctima del desmedido accionar policial. El caso de esta fotorreportera, cuyo nombre se resguarda, recordó lo sucedido con Pablo Grillo, el fotógrafo que también fue víctima de la represión del gobierno de Milei y por el que en la actualidad el gendarme Héctor Guerrero deberá enfrentar un juicio oral, acusado de disparar y casi ocasionarle la muerte al joven durante la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025. La causa por ese episodio continúa abierta en pos de determinar responsabilidades en la cadena de mando del operativo. Entonces, la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. Hoy lo es Alejandra Monteoliva.
“Resaltamos que nuevamente resultó herida de gravedad, al menos, una de las personas que se encontraba efectuando labores de fotografía en una zona lateral y en la vereda, precisamente en la calle Lima y Av de Mayo, y que en razón de su función y tarea, integra el grupo de especial protección por normativa internacional, siendo el Estado el que debe garantizar su libertad de expresión y ejercicio de derechos de información y libre circulación, en lugar de reprimir y afectar su integridad psicofísica, circunstancia que ya fuera advertida por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, se destaca en la presentación de la CPM.
Otro ataque a un fotógrafo que retrataba la represión
De acuerdo a la denuncia de la comisión, la fotógrafa fue atacada por las fuerzas policiales a las 19:50, cuando estaba trabajando sobre la vereda de la calle Lima y Avenida de Mayo. La fotorreportera estaba intentando apartarse de la zona en la calle Lima cuando “ante la fuerte represión y disparos de goma indiscriminados, se cae al piso golpeándose la cabeza, ocasionando un traumatismo y sangrado”. Según narró Cipriano García a este medio, las fuerzas de seguridad continuaron disparando hacia esa zona donde él también estaba y resaltó que allí no había manifestantes, sino solo periodistas, fotógrafos e integrantes de las postas de la CPM.
En la denuncia se relata qué sucedió una vez que cae la fotógrafa producto de la represión. “Personal de esta CPM y luego del CEPA, que estaba cerca del lugar, la atendió” para “detener el sangrado, colocar un vendaje sobre su cabeza, en conjunto con la asistencia general primaria sobre la misma”. “Es dable expresar que antes de la asistencia referida, personal policial de CABA se acercó y logró acreditar el delicado estado de salud, pero no asistió a la misma, sino que solo modularon por radio sobre la situación y se alejaron del lugar”, se agregó en la presentación. “Ante la urgencia y gravedad de las lesiones y su estado de salud general, se decidió llamar a la ambulancia del SAME, pero en los primeros intentos no tomaba el llamado para aceptar la asistencia, sino luego de que una médica matriculada peticionara de forma urgente por el riesgo a la integridad de la misma, se logró la asistencia, cuya presencia del SAME para el traslado resultó luego de unos minutos. Luego del arribo de la ambulancia del SAME (dominio AD 255 VP) se decidió el traslado e ingreso al Hospital Argerich”, se abundó en pos de que se investigue lo sucedido.
Responsabilidad de autoridades políticas
En la denuncia penal se pidió que, además de investigar quiénes ejecutaron los disparos, se investigue también a los responsables políticos de la feroz represión. “Resulta deber del Estado abrir y efectuar una investigación que de forma exhaustiva, imparcial y efectiva determine, además de las responsabilidades de los autores materiales, la de quienes planificaron y ordenaron estos actos ilícitos, contrarios a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Es que las fuerzas de seguridad no actuaron de forma azarosa. Para los denunciantes, "se trató de una represión programada y planificada por funcionarios responsables de las fuerzas de Seguridad, que formulan la orden de servicio y coordinan el comando conjunto de las fuerzas”.
“La verificación reiterada y conjunta del uso ilegal y desproporcionado de la violencia pública por medios diversos, como la utilización irregular de armas menos letales, así como la portación de armas reglamentarias en el marco de un escenario de protesta social, confiesan la orden y autorización por un mando jerárquico de las acciones”, añadió la comisión en su presentación.
Por tal motivo reclamó que “se investigue y esclarezca las conductas de los funcionarios políticos” que intervinieron, “quienes tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir”.
En esta línea, la CPM requirió a la Justicia que tome diversas medidas de prueba como que los ministerios de Seguridad de Nación y Ciudad informen la “nómina de las autoridades y personal policial asignado al cumplimento del operativo de seguridad” así como “copia de la capa de radio policial y órdenes de actuación de las autoridades de las fuerzas de seguridad”. También que el SAME de CABA, CEPA y el Hospital Argerich “remitan todas las constancias médicas y demás documentación de interés respecto de la atención” brindada a la fotorreportera atacada.
En la denuncia se recordó el antecedente de Enrique Mathov, el exsecretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, quien terminó detenido por su responsabilidad política en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. El accionar de las fuerzas de seguridad dejó como saldo en todo el país una treintena de muertos y derivó en el final de la presidencia de Fernando De la Rúa. En septiembre de 2024, la Corte Suprema dejó firme la condena contra Mathov a 4 años y 3 meses de prisión por el homicidio culposo de 3 personas en la causa en que se abordó la responsabilidad política y de las fuerzas de Seguridad en ese histórico operativo represivo.
Por su parte, desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) emitieron un comunicado este viernes en el que advirtieron sobre "el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza" en el operativo del jueves "que incluyó balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y la utilización de camiones hidrantes que afectaron a manifestantes y transeúntes, de modo masivo".
"La gravedad de los hechos incluyó la represión y persecución a manifestantes en un radio que excedió ampliamente los perímetros de corte vehicular, disparando por arriba de la cintura y apuntando a la cabeza a muy poca distancia. Asimismo, el uso desproporcionado de la fuerza se prolongó incluso por casi cinco horas", se añadió.
En el comunicado se informó que el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura "intervino a través de los monitoreos realizados por el Mecanismo Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -organismo que entrevistó a todos los detenidos-, la CPM y el CNPT".
Los patrones represivos que se repiten
La represión de este jueves “se inscribe en la serie que estuvo marcando el gobierno de Milei desde diciembre de 2023 y que aparece cada vez que hay una discusión central para el Ejecutivo en el Congreso y un fuerte rechazo de la sociedad”, consideró ante El Destape Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cada vez que se da ese escenario, “hay una represión absolutamente desbordada en las calles”, añadió Darraidou, quien recordó lo que sucedió durante el tratamiento legislativo de la Ley Bases, cuando se dio un accionar represivo similar.
A la hora de analizar lo sucedido, la especialista marcó “patrones que se repiten” y “emergentes”, es decir, elementos que no se veían en operativos anteriores.
“Están los patrones que se repiten: el uso abusivo de las armas menos letales; gases lacrimógenos al rostro; disparos de bala de goma al rostro, la zona del pecho, órganos vitales del cuerpo; los camiones hidrantes para dispersar la protesta”, enumeró Darraidou. También mencionó que se repitió “la represión especial a trabajadores de prensa”. No solo se refirió al ataque a la fotógrafa que terminó con una lesión seria en el cráneo, sino también al ataque con gas pimienta a fotorreporteros que registraban una detención arbitraria.
Luego resaltó que “también aparecieron situaciones como emergentes: camiones hidrantes hasta para apuntar a un colectivo que circulaba en la vía pública y policías levantando casquillos de los disparos producidos”, citó como ejemplo.
La contradenuncia del gobierno para criminalizar la protesta
El gobierno de Milei, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizó una contra-denuncia penal para defender la feroz represión que desató en las inmediaciones del Congreso: reclamó a la Justicia que investigue un atentado al orden constitucional y si hubo organizaciones participando en ese accionar.
Con las firmas de Germán Pugnaloni, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, y Lisandro Franco, Director de Normativa y Legislación de la Dirección Nacional, desde el Ejecutivo requirieron a la Justicia que abra una investigación por “atentado contra el orden constitucional” por los hechos sucedidos el jueves.
“Un cúmulo considerable de manifestantes arrojaron piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad que se encontraban apostados en el lugar, en el marco de sus tareas de prevención y a fin de garantizar el orden, la seguridad y el ejercicio regular del derecho a manifestarse de aquellos ciudadanos que se apersonaran pacíficamente en el lugar”, resaltó la presentación que el gobierno utiliza para contrarrestar las acusaciones que suma en tribunales.
En la misma línea se indicó que “durante el transcurso de la jornada legislativa, la ciudadanía ha sido testigo de actos violentos y antidemocráticos que podrían haber tenido por fin establecer un escenario de estrépito en la comunidad, con el posible objetivo de inhibir y/u obturar, en forma parcial o plena, la actividad legislativa que se estaba llevando a cabo”. “Estos comportamientos antidemocráticos que colisionan contra la República podrían configurar la comisión de los delitos de Daño Agravado (art.184 en función del art.183 del CP); Atentado al Orden Constitucional y a la Vida Democrática (art.226 del CP); Atentado a la autoridad Agravada (art.238 en función del art.237 del CP); Resistencia a la Autoridad (art.239 del CP). Dichos ilícitos a su vez podrían encontrarse agravados por haber sido cometidos con la finalidad de compeler a las autoridades públicas nacionales a abstenerse de cumplir con sus cometidos funcionales y constitucionales”, agregaron en pos de sembrar miedo e intentar disuadir próximas manifestaciones.
En el escrito se pide a la Justicia que “individualice a los responsables y a las eventuales organizaciones que pudieran encontrarse detrás de los hechos denunciados”. Podría intentarse una "cacería judicial" si el gobierno logra que en esta causa intervenga un fiscal federal que actúe según sus intereses, como suele hacerlo Carlos Stornelli, por ejemplo.
El gobierno de la Ciudad también se posicionó en un rol de víctima y en un comunicado señalaron que hubo oficiales heridos y que “grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas”. ¿Qué dijo respecto al rol de su fuerza de seguridad? “Que la Policía de la Ciudad intervino para repeler las agresiones”.
Ante este escenario, Victoria Darraidou, del CELS, no dudó en afirmar a El Destape que la denuncia del gobierno nacional por atentado contra el orden constitucional “es una criminalización fuerte hacia quienes protestan”. “Se repite el patrón de criminalizar fuertemente a quienes se manifiestan en la calle con figuras delictuales desmedidas”, añadió.
Algunos de los interrogantes que se abren a partir de ahora son si el gobierno logrará que en Comodoro Py algún funcionario judicial le haga el juego a su insólita denuncia; y si podrá obstaculizar que avancen las presentaciones contra quienes ejecutaron la brutal represión.
El Destape
Una iniciativa clave para la astronomía argentina
Por qué se frenó la construcción del radiotelescopio argentino-chino
En el cuadro del alineamiento automático con los EE.UU., el gobierno libertario frenó el proyecto a pesar de estar muy cerca de comenzar a operar.
Javier Lewkowicz
Uno de los proyectos más ambiciosos para la astronomía argentina es el del radiotelescopio CART (China-Argentina Radio Telescope), una iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el Conicet, el Gobierno de San Juan y el Observatorio Astronómico Nacional de China (NAOC), lanzada en 2023.
La obra está paralizada desde junio de 2025 por la falta de renovación del convenio que la sostenía y por demoras en el ingreso de equipamiento. El Gobierno atribuye la situación a cuestiones administrativas, mientras que universidades y científicos sostienen que el proyecto quedó atravesado por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. La comunidad científica y la Embajada de China niegan que el radiotelescopio tenga un posible uso militar.
Investigar el universo
El proyecto CART consiste en la construcción de un radiotelescopio con una antena parabólica de 40 metros de diámetro y unas 1.200 toneladas de peso, ubicado en el Complejo Astronómico “El Leoncito”, en Barreal (San Juan), uno de los mejores sitios de Sudamérica para la observación astronómica gracias a sus aproximadamente 270 noches despejadas por año.
Su finalidad es exclusivamente científica: captar ondas de radio provenientes del espacio profundo para estudiar la formación de estrellas, galaxias, agujeros negros y otros fenómenos astronómicos, además de realizar mediciones geodésicas de alta precisión en el hemisferio sur. La cooperación internacional es una práctica habitual en la astronomía argentina.
Un poco de historia
El primer memorándum de entendimiento entre Argentina y China se firmó en 2011. Desde entonces el proyecto continuó bajo administraciones de distintos signos políticos.
Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se impulsaron los acuerdos bilaterales con China. En 2017, Mauricio Macri ratificó el proyecto durante una visita oficial a Beijing. En la gestión de Alberto Fernández avanzó la obra civil, comenzaron a llegar las piezas desde China y en 2023 se completó la primera etapa del montaje.
¿Por qué se frenó?
El 22 de junio de 2025 venció el convenio entre la UNSJ, el Gobierno de San Juan, el Conicet y la Academia China de Ciencias. Según la universidad, “una de las partes, Conicet, no aprobó su renovación”, lo que generó que “aguarden retenidos los embarques en la Aduana del Puerto de Buenos Aires con piezas e instrumentos que China envió para continuar con la instalación de la antena del radiotelescopio”.
Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, asegura que la universidad realizó, sin éxito, gestiones ante el Conicet, la Secretaría de Ciencia, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la Aduana y el Ministerio de Defensa.
Las autoridades del proyecto explican, además, que la empresa china cometió un error al confeccionar el packing list e incluyó bienes personales de los técnicos -como calzado, utensilios y alimentos- que no figuraban en la documentación.
Según Castro, los responsables del CART ofrecieron pagar la multa correspondiente, aceptar el decomiso de esos elementos o incluso devolver el contenedor a China, pero la situación sigue sin resolverse. “No tenemos idea por qué. Hemos preguntado la razón, pero no hay motivos, al menos que nosotros conozcamos, de por qué está sucediendo eso”, señaló.
Argumento oficial
La posición oficial fue expresada por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su informe de abril de este año ante la Cámara de Diputados. Según esa respuesta, mientras el Conicet negociaba la renovación del convenio, la UNSJ y la Academia China de Ciencias firmaron un acuerdo bilateral, lo que -según el Ejecutivo- interrumpió el proceso de extensión del convenio original.
Desde la universidad rechazan esa interpretación. Castro explica que el acuerdo bilateral se firmó porque la renovación no avanzaba y con el objetivo de dar un marco institucional al cargamento que ya estaba en camino hacia la Argentina. Según indica, ese convenio no reemplazaba ni prorrogaba el acuerdo cuatripartito.
Ante las consultas al Conicet y a la Secretaría de Ciencia sobre la situación del proyecto, ambos organismos derivaron la consulta al Ministerio de Defensa, pese a que el Conicet fue uno de los firmantes del convenio original.
En abril de 2025, el Gobierno nacional dictó una resolución que estableció que la autorización para la instalación y el funcionamiento de estaciones, o la construcción terrestre de radares de observación aeroespacial y sistemas análogos, debe contar con la intervención previa del Ministerio de Defensa.
Trasfondo geopolítico
El Consejo Superior de la UNSJ expresó su preocupación por la paralización del proyecto y advirtió sobre lo que considera una “evidente injerencia de intereses extranjeros” que afecta la cooperación científica con China y, en consecuencia, al CART. En la misma línea, la revista Science describió al proyecto como una “víctima de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China”.
Entre los antecedentes, figuran las declaraciones del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Holsey, sobre la infraestructura china de “doble uso” (científico y militar) en América Latina, las manifestaciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre la relación entre la Argentina y China, y declaracionesdel gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, señalando que Estados Unidos sigue de cerca el proyecto.
Roberto Salvarezza, ex presidente del Conicet durante el gobierno de Alberto Fernández, asegura que el CART tiene objetivos científicos específicos y considera que la no renovación del convenio “parece más originada en una presión siguiendo el alineamiento ideológico con Estados Unidos”.
Por su parte, la Embajada de China sostiene lo siguiente: “ante las reiteradas difamaciones que atribuyen fines militares al Proyecto Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) en la provincia de San Juan, la Embajada de la República Popular China en Argentina rechaza en forma categórica este tipo de campañas de desinformación, además de expresar su desconcierto frente al hecho que iniciativas de colaboración análogas impulsadas por otros países jamás han sido objeto de semejantes acusaciones”.
Además, advierte que “politizar y militarizar las cuestiones científicas y tecnológicas puede intensificar los conflictos, la confrontación y la fragmentación en bloques”.
Este artículo fue publicado originalmente por Ruido.
