Los Curas en Opción Preferencial por los Pobres también se preparan para recibir a León XIV

“Esperamos del Papa una clara defensa de la justicia social”

El documento final del encuentro nacional en La Rioja, duro con el gobierno de Milei, refleja preocupación por la situación de los barrios más humildes y expectativas por la visita del sumo pontífice.

Marciel Amiel

Como cada año desde su conformación como grupo a mediados de los ochenta, los Curas en Opción Preferencial por los Pobres (OPP) de todo el país, con presencia mayoritaria del conurbano, tuvieron su encuentro nacional.

Esta vez la cita fue en Sañogasta, provincia de La Rioja, donde Wenceslao Pedernera fue asesinado en 1976 por la dictadura cívico militar. Allí, los OPP le rindieron homenaje a este catecista, militante católico, trabajador y padre de tres hijas, muy cercano al obispo Enrique Angelelli, también asesinado ese mismo año. Completan la lista de mártires riojanos, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacerdotes secuestrados y asesinados en julio de 1976 por su labor pastoral junto a los más humildes.

Allí, en su trigésimo séptimo encuentro anual, se reunieron, del 31 de agosto al 3 de septiembre, veintiocho curas procedentes de distintas provincias. Junto a ellos estuvo Delfor “Pocho” Brizuela, un histórico militante de derechos humanos de La Rioja, hoy a cargo de la secretaría de Derechos Humanos provincial.

Brizuela expuso acerca de la situación, tanto de la causa judicial que investiga el crimen de Angelelli y sus compañeros de martirio, como de su proceso de beatificación en el vaticano.

“Fue un encuentro con mucha oración, espiritualidad y profetismo en defensa de la justicia y la construcción de una sociedad más justa”, le dijo a Buenos Aires/12 el padre Néstor “Nepi” Cruz García.

“Nepi”, que participa de los OPP desde sus orígenes, cumple su misión pastoral en la parroquia de la Virgen del Carmen, dependiente de la arquidiócesis de San Isidro, muy cerca del cementerio de Olivos, en un barrio popular conocido como “La Loma”. También es escritor: publicó recientemente el primer tomo de la historia del grupo, que abarca desde sus inicios en 1986 hasta fines del siglo pasado.

Tras varios días de debate, los participantes elaboraron un documento, que describe con crudeza tanto la situación que atraviesa el país en general y los sectores populares y los barrios que ellos mismos habitan en particular y las responsabilidades sobre las decisiones que llevaron a esta realidad.

Sin embargo, el párrafo de mayor relevancia política de ese documento es probablemente el último. “En poco tiempo más nos visitará el Papa León XIV. Y frente a esta visita nos parece importante señalar que esperamos ser testigos de un encuentro con los pobres, víctimas de este modelo económico. Esperamos que el Papa, repitiendo lo que ha dicho en su reciente encíclica, haga una clara defensa de la justicia social y una profética crítica a este modelo que mata. Como cristianos esperamos que muestre el abrazo compasivo a los pobres y la denuncia indubitable a los causantes de la muerte”.

Encuentro nacional de los curas GENTILEZA Encuentro nacional de los curas OPP en La Rioja GENTILEZA

La visita del Papa, uno de los temas principales

La visita de León fue uno de los temas. Inicialmente generaba cierta controversia, que se fue diluyendo a medida que se fueron conociendo detalles de su agenda, como la decisión de visitar el Cottolengo de Don Orione en Claypole.

Se trata de un lugar histórico y muy representativo para el sector de discapacidad. Allí habitan de manera permanente adultos con distintos diagnósticos, cuyas familias no pueden albergarlos.

El incumplimiento del gobierno de su obligación legal de financiarlos los arroja a una situación dramática. La visita del papa es entendida como un gesto más que potente, al estilo de los que solía realizar su antecesor, Francisco.

Al pan, pan y al vino, vino

Los documentos que publican y difunden los curas OPP suelen dejar escaso margen para la metáfora o la interpretación ambigua. Este último mantiene esa misma línea, a la que últimamente parecen adscribir también el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y la propia Conferencia Episcopal Argentina.

“La situación social es hoy más grave que nunca en nuestras comunidades barriales y campesinas. La desocupación, la pobreza, que sólo ha disminuido en los discursos oficiales, y la desesperanza, son verdaderamente preocupantes”, afirman allí.

“La pobreza suma hoy nuevos rostros y nuevas formas a las tradicionales: el crecimiento del trabajo informal (a la vez que se derrumba el trabajo estable y digno), los endeudamientos en los barrios, especialmente aquellos realizados en un contexto de violencia e ilegalidad, el aumento atroz de los suicidios, especialmente entre jóvenes, son síntomas de una sociedad que se encuentra sin un horizonte cierto de esperanza”, agregan en otro fragmento destacado.

En esa misma línea, semanas atrás, otro miembro del Grupo OPP, Paco Olveira, en declaraciones radiales, manifestó que “es verdad que Milei sacó a quince millones de personas de la pobreza. Lo que no dice es que los mandó a la indigencia”.

A su vez, es el primer documento público en conectar abiertamente dos variables en ascenso: el endeudamiento y la morosidad, por un lado, y el aumento de los suicidios, especialmente entre los más jóvenes.

El texto también cuestiona el método de construcción y construcción del actual oficialismo nacional, con un espíritu que recuerda a la encíclica Fratelli Tutti, publicada por Francisco en plena pandemia. Allí, el pontífice repudiaba la clase de intercambios que permiten y promueven las redes sociales, a las que calificó de coprofagia: “A esto ha de añadirse el uso sistemático de la mentira como arma política, multiplicada casi al infinito por trolls, bots y unos algoritmos bien direccionados en favor de los de siempre. Repudiamos la evidente injerencia del imperio y sus voceros comportándose impúdicamente como patrones y señores diciendo qué podemos y qué no podemos hacer, comprar y vender”.

Líneas

Mientras los curas villeros tienen, desde el pontificado de Francisco, una línea directa con el Vaticano, y su misión es la de acompañar a los pobres y vivir con y como ellos, los OPP son más abiertamente políticos y más difíciles de encuadrar para la jerarquía eclesiástica.

Todos ellos son, sin embargo, herederos del Concilio Vaticano Segundo y del Movimiento de Sacerdotes Tercermundistas, que en Argentina encarnó como máxima referencia Carlos Mugica.

Entre estos, a su vez, se dio durante décadas un profundo debate ideológico, entre las posiciones más cercanas a la teología de la liberación, con raíces en la izquierda, y la teología de la cultura o teología del pueblo, más consustanciada con el peronismo.

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Internismo recargado entre Sturzenegger y Caputo, con el establishment en guardia

El “Coloso”, el trader y el deja vú de la crisis PRO

Los reportes de actividad e ingresos alteran al jefe de Hacienda, que apretó a la UIA para evitar críticas fuertes. El Desregulador le dice a Milei que sostenga el ajuste y le habla mal de “Toto”. El fantasma del macrismo fallido atraviesa a LLA.

Leandro Renou

“La etapa diagnóstica terminó”, Milei y su contexto “es lo que hay”. La sociedad es dual, con un quiebre evidente entre ricos y pobres. Y el consumo en la era libertaria es “estoico”, basado en los principios de “Séneca, Marco Aurelio o Epícteto”: “Autocontrol, moderación, frugalidad, disciplina, razón y virtud”. El consultor de consumo masivo favorito de los empresarios, habitante frecuente de los ejemplos curiosos, escribió ese diagnóstico general en su último reporte a clientes. Guillermo Oliveto ilustró la era del gasto hogareño que, según él, empezó en 2024 -primer año duro de la crisis económica de Javier Milei-, con una imagen de El Pensador, la obra de Rodin. Un hombre que medita desnudo, de cara a la nada. Como ante un conflicto existencial. Más adelante, se alerta con datos que la mayor baja de ingresos está en el Conurbano, otro riesgo para Milei porque allí parece albergarse el germen de una posible derrota en el 2027. Todo indica que el veneno que amenaza con terminar con los libertarios es, más que nada, el bolsillo, el consumo, el no llegar a fin de mes. No hay misterios ni épicas de oportunidad que lo tapen.

Oliveto no es un crítico de las estructuras económicas liberales. No tiene por qué serlo. Sus informes suelen graficar bastante bien el clima general de la microeconomía. El envío de agosto va en esa línea y tiene un concepto revolucionario para los análisis del Círculo Rojo. Esa idea de que en el Gobierno no hay más que esto y que la sociedad debe amoldarse o morir en el intento. La consultora W refiere al consumo, a los desafíos de las familias, una idea que conecta con un problema que tiene La libertad Avanza: se está pareciendo de manera peligrosa a la peor parte del gobierno de Mauricio Macri. Misma crisis de tarifas, peor crisis de consumo y, lo más importante en el marco de esa crisis, el mismo debate sobre cómo salir de ella. Y con los mismos actores que fracasaron en aquel ajuste.

Fue el propio Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el primero en marcar la cancha con esa idea. En el artículo que publicó la semana pasada en un matutino, sentó posición. Primero tergiversó los resultados de la economía PRO para cubrirse, pero luego advirtió que no haber sostenido un ajuste violento desde junio del 2018 generó la salida del gobierno de Macri. Por estos días, Sturzenegger visita más asiduamente que nunca al Presidente, en persona o por teléfono. Le habla mal de Caputo y sus políticas y avisa que Macri pereció porque tuvo temor “cuando había que acelerar”. Envidia Federico, dicen, los logros de trader que Caputo asegura tener. Y anhela como pocos caminar, con cargo, por los pasillos del Quinto Piso del Ministerio de Hacienda. “Toto”, por su parte, se juramentó ante Milei seguir “hasta diciembre del 2027”. El poder económico parece laudar a favor de Caputo, porque entienden que, en la etapa más crítica del Gobierno, “Sturzenegger es leña al fuego”.

A diferencia de Macri, Milei está más inclinado hacia el lado de Sturzenegger, a quien Mauricio echó del Gobierno en 2018 por el fracaso en la gestión en el Banco Central. Caputo era secretario de Finanzas y ya se odiaban. Había, relatan, una cuestión respecto a la formación. Sturzenegger, un académico de Harvard, un fundamentalista sin empleo real conocido. Esto último, lo ultra, es lo que lo conecta con Milei. Caputo, por su parte, fue y es un gestor de mesas de dinero con una carrera exitosa en la banca internacional, que además desprecia a los académicos. “Toto” se unió a Milei, cuentan los que los frecuentan, desde lo religioso. Literal. Justo lo que Sturzenegger aborrece.

Para diferenciarlo en estos días y mostrarlo algo más cerca del mundo real, los que quieren a Caputo recuerdan que él cursó economía en la UBA con el ex alcalde Horacio Rodríguez Larreta y con Mario Quintana, el dueño del fondo Pegasus y ex funcionario PRO. La pelea de Federico y Toto es fuerte, una vez más, como aquel junio del 18 donde Marcos Peña echó a Sturzenegger del Banco Central y sostuvo a Caputo en la secretaría de Finanzas. Luego, el propio Fondo Monetario (FMI) denostó a Sturzenegger y se abrazó a Caputo. Desde entonces, el “Coloso” tiene la vendetta a flor de piel. La crisis lo favorece en el intento de embestida.

El “Coloso” aprieta, Techint también

El problema que hoy tiene es que el juego a Caputo le es adverso y Sturzenegger aprieta. Toto, relatan, está nervioso, alterado. La crisis se impone y los ceos inician una guerra incipiente. Como en las películas, el jueves, mientras el titular de la UIA, Martín Rappallini, hablaba en la celebración del día fabril, estallaron los celulares de los presentes con una declaración bomba de uno de los vices de la entidad. “Es un trader, no sabe lo que es una fábrica”, dijo Guillermo Moretti, el químico santafecino que es crítico del Gobierno.

En la primera fila del evento, en el laboratorio de Hugo Sigaman, el secretario de Producción, Pablo Lavigne, recibió el mismo mensaje. A la salida, lo agarró a Rappallini y le pidió que moderara a Moretti. Luego, más tarde, el dueño de Cerámica Alberdi, muy cercano al Gobierno, recibió un llamado de Caputo que, enojado, le planteaba que no podían darse esas declaraciones. A la tarde, Rappallini fue a la televisión y les pegó a Moretti y a la Federación de Santa Fe de una manera anormal. “Piden diálogo y luego hacen esto”, deslizó en la nota. Sin mayores códigos que la obediencia a la recomendación oficial.

Quizás, apuntan los que saben, el desbarajuste de la dirigencia industrial se deba a la crisis interna de un Rocca corrido del manejo político de Techint. Desde que Paolo no tiene a Luis Betnaza, su lugarteniente histórico, la cosa no anda fina. Betnaza era un bicho del establishment simpático, duro, pero negociador. Sus sucesores no logran representar lo que Paolo quiere. David Uriburu, vice de entidad, tiene una disputa silenciosa con Alejandro Gentile, otro hombre de Techint que quedó a cargo de la Unión Industrial de la Provincia (UIPBA) y fue uno de los que digitó la no invitación del gobernador Axel Kicillof al evento industrial que se celebró en Los Polvorines.

Lo que Rocca no está logrando es ordenar el frente político ante un Gobierno, el de Milei, que lo desafía con una virulencia sin límites. Lo único que frenan los lugartenientes de Paolo es cualquier intento de la UIA de acercarse a candidatos opositores del PJ. Para el dueño de la “T”, eso es bastante poco.

En este sentido, ocurrió otro hecho que muestra ese problema de falta de conducción o, mejor dicho, de un representante que, como Betnaza, comande el lobby sin errores. El viernes al mediodía, en la Secretaría de Producción y Comercio hubo una reunión en la que se debatió cómo avanzar en un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y un bloque de países entre los que están Japón, India, Corea y Vietnam. Participaron dirigentes de UIA, de economías regionales y gerentes de la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL). Todo venía tranquilo hasta que llegó el tema de que Brasil no quiere una apertura económica en año electoral en el que Lula define su continuidad en el poder. Carolina Cuenca, la secretaria de Comercio Exterior, recibió una pregunta insistente. “¿Qué va a pasar con la chapa en Brasil?”. El cuestionamiento vino de parte de una enviada de Techint. Le dijo la empresaria, una cuarta línea del holding, que ellos operan allá y necesitan saber. “A ver, decime directo, ¿qué es lo que quiere Techint?”, le respondió Cuenca a la enviada de Paolo Rocca, ya impaciente. La empresaria ni se mosqueó y fue al grano: “el problema es la chapa de la India”, le blanqueó. La “T” sabe lo que quiere, pero la interferencia política es hoy muy compleja y la relación con Brasil no es la mejor.

¿En el Conurbano se incuba la derrota?

La consultora W y también Scentia aportan datos, sin intencionalidad política ni la idea de distinguirlos o resaltarlos, que reflejan que el Conurbano bonaerense está teniendo el mayor problema en la crisis nacional de Milei.

Scentia precisa, en los microdatos que les hace llegar a clientes, que “la capacidad de compra y territorio dictan las normas”. En CABA consume la clase alta “pocos ítems de mayor valor por unidad”. En el Conurbano y el Interior, en tanto, “máxima cantidad de unidades al menor precio posible”. Algo de eso le advirtió a Milei uno de sus economistas preferidos, Ricardo Arriazu, que sigue diciéndoles a sus clientes que el Conurbano “es una bomba”.

El problema en la región, donde hay 4 de 10 votos nacionales, es que el ingreso está peor que en el resto del país, es decir, la crisis se siente más. En los sondeos que maneja la Casa Rosada se ve que la gente culpa al Presidente, cuando la Rosada pretendía que se lo atribuyeran a Kicillof. En el informe del consumo “estoico” de la consultora de Olivetto, se plantea una pirámide de ingresos en la cual la cúpula es sólo el 5 por ciento de la población y el segmento tiene una base de ingresos piso familiar de 7,5 millones de pesos y promedio de 12,5 millones. Esa es la “clase alta”.

El asunto allí es que en la Ciudad de Buenas Aires ese 5 es un 11 por ciento, es decir, hay más clase alta. Mientras que, en el Gran Buenos Aires, la clase alta es sólo el 3 por ciento. CABA tiene 3.100.000 habitantes, el GBA 12 millones. Además, la “clase baja”, que en el país es el 21 por ciento de los hogares o el 28 por ciento de la población, según W, en CABA es del 7 y en el GBA del 25. La clase baja, sumada a la clase baja superior, llegan al 50 por ciento de la gente en el Conurbano. Esos segmentos tienen ingresos promedio entre 900 mil y 1,9 millones de pesos.

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Las petroleras desafían a Milei por Malvinas mientras sus acciones se desploman

Rockhopper y Navitas ratificaron que seguirán adelante con Sea Lion y dijeron que las medidas argentinas no afectarán el proyecto. Sin embargo, sus papeles cayeron en Londres y Tel Aviv después de los anuncios del Presidente, mientras el Gobierno acelera sanciones que ya estaban contempladas por la legislación vigente.

Las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum respondieron al anuncio de Javier Milei sobre las nuevas sanciones contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina y ratificaron que continuarán con el desarrollo del proyecto Sea Lion. Las compañías sostuvieron que las licencias que utilizan fueron otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que no prevén modificaciones sustanciales en el cronograma de la iniciativa. 

La respuesta empresaria llegó pocas horas después de la cadena nacional en la que Milei anunció que el Gobierno buscará impedir que las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en el archipiélago puedan operar en territorio argentino, al tiempo que anticipó sanciones contra accionistas, directores y proveedores vinculados con esos emprendimientos. El Ejecutivo también anunció un decreto para acelerar los procedimientos previstos por la Ley 26.659 y un proyecto legislativo para ampliar las herramientas de sanción.

Pero mientras las empresas procuraron transmitir que el proyecto no está en riesgo, el mercado respondió de otra manera. Las acciones de Rockhopper llegaron a registrar una caída cercana al 6,5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas retrocedieron alrededor de 2,3% en Tel Aviv. En la primera parte de la rueda, las bajas fueron interpretadas por el mercado como una señal del riesgo adicional que las nuevas medidas argentinas pueden representar para compañías cuyo principal activo estratégico está vinculado con una zona sometida a una disputa de soberanía. 

La diferencia entre el mensaje de las compañías y la reacción de los inversores expone uno de los principales problemas de la estrategia anunciada por Milei. Mientras Rockhopper y Navitas sostienen que las sanciones no modificarán materialmente el proyecto, el mercado incorpora el conflicto jurídico, político y comercial como un factor de riesgo para el financiamiento y la futura explotación de Sea Lion, aunque la evolución de las acciones también está determinada por las condiciones generales de los mercados y del sector petrolero.

Dijeron Rockhopper y Navitas

Rockhopper, empresa británica que conserva una participación del 35% en Sea Lion, y Navitas Petroleum, compañía israelí que posee el 65% y actúa como operadora, difundieron una declaración conjunta en la que buscaron dejar en claro que no consideran que los anuncios de Milei alteren el desarrollo del proyecto. "La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion", señalaron las empresas, según el comunicado difundido después de la cadena nacional.

Las compañías sostuvieron además que operan bajo licencias otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas, al que reconocen como autoridad habilitante, y remarcaron que cuentan con el "respaldo total y continuo" del Gobierno del Reino Unido. Esa definición es central porque el conflicto planteado por el Ejecutivo argentino no se limita a una discusión comercial entre el Estado y dos empresas, sino que involucra directamente al Reino Unido y al marco político y jurídico bajo el cual Londres administra el archipiélago. 

Sea Lion está ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas, aproximadamente a 215-220 kilómetros del archipiélago. El proyecto contempla una explotación offshore de gran escala y se convirtió durante los últimos años en uno de los principales puntos de conflicto entre la Argentina, el Reino Unido y las empresas petroleras que participan del desarrollo. El proyecto prevé una inversión de unos 1.800 millones de dólares y una producción inicial proyectada de alrededor de 55.000 barriles diarios, con inicio de producción previsto para 2028. 

La dimensión del emprendimiento explica por qué la disputa dejó de ser solamente diplomática. La iniciativa requiere financiamiento internacional, servicios especializados, infraestructura offshore y una cadena de proveedores que excede ampliamente a las dos empresas que aparecen como protagonistas del proyecto. El propio Milei reconoció esa dimensión durante su discurso, cuando planteó que Sea Lion no era un caso aislado y que existían otros proyectos y empresas vinculados con la explotación de recursos en las islas. "Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas", afirmó el Presidente, para luego advertir que esas iniciativas representan "una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina".

La ley que ya existía

El punto que deja abierta la discusión política es que buena parte de las herramientas anunciadas por Milei no parten de cero. La Ley 26.659, sancionada en 2011, ya establece restricciones y sanciones para las empresas que realicen tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Estado nacional.

El decreto 868/2026, publicado este viernes, busca acelerar el procedimiento administrativo para aplicar esas sanciones. Según informó este medio, una vez detectados indicios de una posible infracción se abrirá un sumario y la empresa tendrá diez días hábiles para presentar su descargo, mientras que la autoridad de aplicación contará con otros diez días para resolver si archiva el expediente o sanciona. Las penalidades contempladas por la legislación pueden incluir la inhabilitación para operar en la Argentina durante un período de entre cinco y veinte años. 

El decreto también incorpora una dimensión que puede ser relevante para el desarrollo futuro de Sea Lion: las empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas consideradas ilegales en Malvinas podrían quedar excluidas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), además de enfrentar restricciones para obtener nuevas concesiones, permisos y autorizaciones petroleras en el país. Los proyectos que pretendan ingresar al régimen deberán declarar que sus accionistas, directos o indirectos, no participan de esas actividades. 

La medida busca, de esa manera, trasladar el conflicto desde las aguas en disputa hacia el territorio continental y el mercado argentino. El Gobierno apuesta a que la posibilidad de perder negocios, concesiones o beneficios fiscales dentro del país genere un costo suficiente para que las empresas reconsideren su participación en los proyectos de Malvinas.

El problema es que Sea Lion tiene detrás una estructura financiera internacional y compañías, que se apoyan en fondos de inversión y entidades financieras globales. Esa arquitectura reduce el peso que puede tener una eventual sanción exclusivamente sobre las operaciones argentinas y obliga al Gobierno a determinar hasta dónde puede extender efectivamente sus medidas. 

El Destape

La nueva Cámara Federal debutó con un blindaje a Milei en la causa $LIBRA

El tribunal con integrantes recientemente impuestos por Milei confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas.

La Cámara Federal porteña confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas que sufrieron luego de comprar el criptoactivo $LIBRA, cuyo lanzamiento había sido promocionado por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales.

El fallo, firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, sostuvo que los damnificados no pudieron demostrar, en el marco de la investigación, que hubiera existido un ardid destinado a inducirlos a adquirir el token. La Justicia consideró que los inversores no pudieron dar cuenta de que hubieran sido engañados para comprar el criptoactivo ni que las pérdidas estuvieran directamente relacionadas con un delito.

La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara, a partir de un planteo presentado por la defensa de Mauricio Novelli. Los jueces confirmaron la decisión del juez de primera instancia, Marcelo Martínez De Giorgi, quien había aceptado el pedido de la defensa y había dejado fuera del proceso como querellantes a Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo.

La decisión se produjo luego de que Bertuzzi fuera oficializado por Milei como nuevo integrante de la Sala I porteña, junto con Pablo Yadarola. El nombramiento se concretó mediante el Decreto 848/2026, después de que el Senado aprobara su pliego el 27 de agosto, con 44 votos a favor.

Qué cambia para los cinco inversores

El apartamiento no implica que los cinco inversores queden desvinculados de los hechos investigados ni que la Justicia haya descartado la existencia de un delito en el caso $LIBRA. La consecuencia concreta es procesal: dejaron de ser querellantes y, por lo tanto, ya no podrán intervenir en el expediente como acusadores particulares ni ejercer las facultades que esa condición les otorgaba.

La Cámara consideró que no lograron demostrar cuál fue el engaño concreto que los habría llevado a comprar el token ni el vínculo directo entre esa supuesta maniobra y las pérdidas que sufrieron. También sostuvo que las decisiones adoptadas al comienzo de la investigación eran provisorias y podían revisarse a medida que aparecieran nuevas pruebas.

La investigación sobre el lanzamiento y posterior desplome del criptoactivo continúa, y el fallo tampoco establece la responsabilidad penal de las personas involucradas.

El Destape

Quienes tendrán que hacer el trámite

Subsidios de gas y luz: darán 60 días para actualizar los datos de los usuarios

La medida abarca a las solicitudes de subsidios que, después de un año, no pudieron vincularse con los servicios.

El Gobierno informó este viernes que revisará las solicitudes de subsidios energéticos que, después de transcurrido un año, no pudieron ser vinculadas con un suministro de electricidad o gas por redes.

La medida fue establecida mediante la Disposición 11/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial. Allí se explica que los usuarios que se encuentren en esta situación serán notificados y tendrán un plazo de 60 días corridos para corregir, completar o actualizar la información declarada.

Asimismo, se aclara que en el caso de que el trámite no sea regularizado dentro de ese período, la solicitud será dada de baja del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Con esta revisión se busca detectar inscripciones que contienen errores en los datos personales, domicilios, números de suministro u otra información necesaria para identificar el servicio.

La medida comprende únicamente los servicios de electricidad y gas natural o propano distribuido mediante redes. Es decir, que los usuarios de gas licuado de petróleo envasado, como las garrafas, quedaron excluidos de este procedimiento.

Los usuarios pueden consultar su situación respecto a los subsidios energéticos, a través de la aplicación o de la plataforma Mi Argentina – opción Trámites.

En caso de ser necesario, se puede solicitar la revisión de su situación mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

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Las reacciones a la cadena nacional

“Milei busca ‘galtierizar’ su figura”: las críticas de la oposición al discurso sobre Malvinas

Dirigentes opositores cuestionaron el oportunismo del Presidente y afirmarian que solo anunció medidas que ya estaban vigentes y el Gobierno nunca aplicó.

Referentes del arco opositor criticaron el mensaje por cadena nacional en el que el presidente Javier Milei contradijo sus anteriores posturas sobre Malvinas y anunció medidas que ya estaban vigentes en leyes que su gobierno nunca cumplió.

Uno de los puntos más cuestionados fue el anuncio sobre las sanciones por las actividades de exploración y explotación británicas en Malvinas. Esas medidas ya estaban previstas en las leyes 26.659 y 26.915.

También se puso el alerta sobre la supuesta creación de una Base Naval Integrada en Ushuaia, algo que ya se había comenzado en 2022 sin la participación de otro país.

Jorge Taiana (excanciller): “Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del `Escudo de las Américas`, resulta peligroso. Tras 3 años de persistente desmalvinización, anuncia medidas que llegan tarde después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses.”

Carlos Bianco (ministro de Gobierno bonaerense): “Navitas y Rockhopper anunciaron el 10 de diciembre de 2025 su decisión final de invertir en la explotación ilegítima de Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lo denunciamos desde el primer día. En estos meses, el proyecto avanzó sin obstáculos (…) Milei no adoptó ninguna medida efectiva para afectar los intereses vinculados con este proyecto, ni frente al Reino Unido ni frente a Israel”.

Aníbal Fernández (exministro): “El gobierno de Alberto Fernández ya sancionó a petroleras en Malvinas En abril de 2022, la Secretaría de Energía inhabilitó por 20 años a Navitas Petroleum LP por explorar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La sanción, máxima prevista en la Ley 26.659, declaró clandestinas las actividades de la firma israelí, que opera el proyecto Sea Lion junto a Rockhopper. El proceso se inició en 2021 junto a Harbour Energy, que se retiró tras las intimaciones. Otras compañías habían sido alcanzadas por la misma normativa en años anteriores. Las herramientas legales que se presentan hoy como anuncio ya existían y se utilizaron”.

Aldo Adolfo Leiva(diputado nacional y excombatiente): “Cualquier paso que contribuya a recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía por la vía pacífica y diplomática será bienvenido. Pero tampoco podemos ser ingenuos. Estados Unidos no empezó a interesarse de repente por Malvinas porque descubrió la justicia del reclamo argentino. En el Atlántico Sur existen enormes intereses geopolíticos, militares, energéticos y económicos. Por eso, si detrás de una búsqueda de solución dentro del marco diplomático lo que realmente existe es un acuerdo para reemplazar la influencia británica por la norteamericana, conmigo no cuenten. Malvinas no puede ser moneda de cambio entre Donald Trump y el Reino Unido. No queremos cambiar de patrón, queremos ser soberanos”.

Myriam Bregman (diputada del Frente de Izquierda): “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”.

Nicolás del Caño (diputado del Frente de Izquierda): “Quiere utilizar el legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas para recuperar terreno de cara al año electoral y prestar sus servicios a Estados Unidos en su disputa con Gran Bretaña. El admirador confeso de la criminal de guerra Margaret Thatcher, es un títere de Trump”.

Hernán Reyes (Mesa Nacional de la Coalición Cívica-ARI): “Se viene el libertonacionalismo, con sobreactuaciones de todo tipo, promesas de resistencia y delirios de grandeza (…) No hay política exterior, hay obediencia a Trump, que, lógicamente, piensa en sus intereses y no en los nuestros. Milei no es creíble”.

Pablo Juliano (diputado por Provincias Unidas): “Bienvenido a la defensa de la soberanía, señor presidente. Llega 3 años tarde, para ponerse al día primero le pedimos que 1) Convoque al Consejo Nacional de Malvinas, creado por la Ley 27.558 y que usted mismo debe presidir (lleva más de 2 años sin funcionar); 2) Dé marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio; 3) Restituya el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), que su Presupuesto 2026 eliminó; 4) Y deje de desfinanciar nuestra presencia científica y logística en la Antártida. Garantice el abastecimiento y las obras de nuestras bases”.

“Respecto del proyecto de ley anunciado, lo estudiaremos con seriedad. Le pedimos al oficialismo un debate sereno. Sin empujones ni victorias pírricas. Una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”.

Qué dijo el oficialismo

Por su parte, funcionarios nacionales y dirigentes afines a Javier Milei celebraron los anuncios a destiempo, tergiversaron las palabras de Donald Trump sobre el tema y, con palabras grandilocuentes, intentaron imprimirle al mensaje presidencial un carácter histórico.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el ministro de Defensa, Carlos Presti, pusieron en sus redes sociales la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y pegaron el mensaje de Milei en cadena nacional.

Patricia Bullrich (senadora): “Es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos (…) por primera vez, un presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada”.

Daniel Scioli (secretario de Deportes): “Brillante cadena nacional del presidente @JMilei sobre nuestras Islas Malvinas. La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo. Viva la Patria”.

Lilia Lemoine (diputada por La Libertad Avanza): “Espero lo mismo”, dijo sobre un mensaje que reposteó y que decía: “Imagino que la totalidad del Congreso va a apoyar el proyecto de Ley del Presidente Javier Milei para sancionar a las empresas británicas que intenten robar los recursos petroliferos del Mar Argentino”.

Cristian Ritondo (diputado del PRO): “Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo. La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los argentinos”.

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El Gobierno profundizó el ajuste en agosto para compensar la caída de la recaudación

El gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales, la mayor baja del año. El recorte se concentró en transferencias a provincias, programas sociales, salarios públicos y bienes y servicios, mientras los ingresos tributarios acumulan una caída real de 3,7%.

El Gobierno de Javier Milei profundizó en agosto el ajuste sobre el gasto público  para sostener el resultado fiscal frente a una recaudación que dejó de acompañar el ritmo necesario para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un resultado previsible para una economía en constante ajuste. El círculo vicioso que desde que se inició el proceso libertario se viene anticipando: ajuste, caída de la actividad, menor recaudación y, consecuentemente, una segunda ronda de ajustes. Un proceso que parece no tener fin si no se rompe con la lógica del ajuste. El gasto primario devengado se redujo 10,3% interanual en términos reales durante el mes, de acuerdo con una estimación de la consultora Analytica sobre la base de información oficial del Ministerio de Economía, con lo que acumuló una baja de 4,1% en los primeros ocho meses del año.

La contracción de agosto constituye la mayor reducción mensual del gasto primario en lo que va de 2026 y profundiza una dinámica que ya se había observado durante julio. Según Analytica, el bimestre julio-agosto registró la caída promedio del gasto público nacional más pronunciada desde fines de 2024, en un contexto en el que los ingresos tributarios comenzaron a mostrar mayores dificultades para sostener el resultado fiscal. Se trata del gasto devengado, que registra los compromisos de pago asumidos por el Estado y no necesariamente los desembolsos efectivamente realizados durante el período. La diferencia permite observar hasta qué punto la administración nacional restringió la ejecución presupuestaria, aunque no implica que todos los gastos contabilizados hayan sido efectivamente pagados.

Según la consultora LCG, la recaudación impositiva de agosto registró una caída real de 0,2% interanual, mientras que en los primeros ocho meses del año acumula una disminución de 3,7% una vez descontado el efecto de la inflación. El problema para el esquema fiscal del Gobierno no radica solamente en el resultado de un mes, sino en que los ingresos vinculados con la actividad económica no muestran una recuperación suficiente como para sostener una expansión del gasto sin afectar el objetivo de superávit. El IVA y Ganancias, dos de los principales impuestos asociados al nivel de actividad, dependen de la evolución del consumo, las ventas, los ingresos y las ganancias empresarias. En una economía en la que distintos sectores todavía exhiben niveles de actividad inferiores a los necesarios para generar una recuperación sostenida, la recaudación pierde capacidad para acompañar las necesidades presupuestarias.

El mecanismo elegido por el Gobierno para enfrentar esa situación vuelve a colocar el peso del equilibrio fiscal sobre la reducción de las erogaciones y no en la reactivación económica para romper con ese círculo vicioso. En agosto, las transferencias a las provincias registraron una caída real interanual de 86,1%, mientras que los programas sociales, excluyendo la AUH y las asignaciones familiares, disminuyeron 40,6%. También se redujeron 19,6% los gastos en bienes y servicios y 8% el gasto salarial del sector público, siempre en términos reales. Las transferencias a las provincias constituyen el caso más marcado de la estrategia. En el acumulado de enero a agosto, la caída real alcanza 64,6%, aunque Analytica aclara que, si se excluyen las transferencias destinadas a hospitales SAMIC, la reducción acumulada se ubica en 55,2%. La magnitud de la poda muestra que una parte sustancial del resultado fiscal nacional se sostiene mediante una menor asistencia a los gobiernos provinciales.

La contracción de los programas sociales también exhibe el modo en que se distribuyó el ajuste. La reducción de 40,6% registrada en agosto está influida, entre otros factores, por el cese en junio de las transferencias correspondientes al programa Volver al Trabajo. A esto se suma una caída real de 76,7% en el gasto destinado a pensiones no contributivas, aunque en este último caso Analytica advierte que la comparación está afectada principalmente por una elevada base de comparación del año anterior. En contraste, la ejecución de la obra pública registró un aumento real de 60,9% interanual durante agosto, aunque la suba responde en buena medida a una baja base de comparación. Algo similar ocurre con las asignaciones familiares y la AUH, que en conjunto crecieron 2,1% real, impulsadas por una expansión de 5,1% en la AUH, mientras las asignaciones familiares propiamente dichas continuaron retrocediendo, con una baja de 3,1%.

El comportamiento acumulado desde enero permite observar con mayor claridad las prioridades del esquema fiscal. Los subsidios económicos constituyen la principal partida que registra una expansión real significativa, con un incremento de 10% interanual. Sin embargo, el aumento está concentrado en los subsidios energéticos, que crecieron 26,4%, mientras que los destinados al transporte disminuyeron 23,3%. En materia social, la AUH y las asignaciones familiares acumulan una variación real positiva de apenas 0,7%, mientras que las jubilaciones y pensiones prácticamente no registran variación en términos reales, con un incremento de 0,1%. En otras palabras, el sostenimiento del equilibrio fiscal no se explica por una reducción uniforme de todas las partidas, sino por una selección de gastos sobre los cuales la administración nacional tiene mayor capacidad de intervención.

El resultado es particularmente visible en las transferencias a las provincias, pero también alcanza el funcionamiento cotidiano del Estado y los ingresos de sus trabajadores. La caída de 8% real en el gasto salarial durante agosto adquiere relevancia porque las remuneraciones constituyen, después de las jubilaciones, uno de los componentes de mayor peso dentro del gasto primario medido por Analytica.

La situación fiscal tiene además un antecedente inmediato que condiciona las decisiones de los próximos meses. El Gobierno no alcanzó durante el primer semestre la meta fiscal intermedia establecida en el programa con el FMI. La diferencia fue de aproximadamente $570.000 millones, aunque desde el Ministerio de Economía argumentaron que el incumplimiento estuvo vinculado con el diferimiento del pago del impuesto a las Ganancias, cuyo ingreso terminó concentrándose en julio. Con ese recurso extraordinario de calendario, el resultado fiscal mejoró en el mes siguiente. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional registró en julio un superávit primario de $2,96 billones y un superávit financiero de $244.897 millones, con lo que acumuló hasta ese momento un resultado primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI y un resultado financiero de alrededor de 0,1%. 

El Gobierno tiene como objetivo para todo 2026 alcanzar un superávit primario equivalente a 1,4% del PBI, una meta que ya fue revisada respecto del 2,2% planteado originalmente. El margen que queda por delante, por lo tanto, no es amplio, especialmente si la recaudación continúa creciendo por debajo de lo previsto. De acuerdo con el escenario que describió LCG, para los próximos meses tampoco no se espera una mejora sustancial de los ingresos. "No esperamos un cambio marcado en la dinámica de la recaudación. Los derechos de exportación podrán hacer un aporte algo mayor por efecto de una baja base de comparación, pero vemos poco probable que logren compensar la caída o bajo crecimiento de los impuestos asociados a la actividad económica", sostuvo la consultora.

El Destape