Karina MichelettoEl acuerdo con China para avanzar en la construcción de la central Atucha 3 fue oficialmente cancelado por el gobierno. Con un agravante: en la misma reunión de directorio en la que se aprobó dar de baja el plan de desarrollo nuclear, se declaró al predio del reactor “de interés empresarial” y se autorizó a avanzar en el llamado a licitación para la construcción de un reactor, de capitales “100 % privados”, con el “otorgamiento de un derecho real de superficie sobre 12 hectáreas del predio reservado para Atucha III”. Todo indica un destinatario prefijado: la empresa Meitner Energy, de capitales estadounidenses, presentada con bombos y platillos por el ministro Luis Caputo como ejemplo de inversión vía super Rigi. Los especialistas coinciden en que hay varios obstáculos para la concreción real del pequeño reactor modular que anunciaron, pero el énfasis en aclarar que se otorga un “derecho real” sobre el predio apuntaría a garantizar que Atucha III, y sobre todo el contrato para construir la central con tecnología china, queden sepultados más allá de la actual gestión de gobierno.
Página/12 accedió a las actas firmadas en la asamblea de accionistas del miércoles 23 de septiembre de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), cuya composición accionaria depende en un 79% de la Secretaría de Energía, un 20% en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), más un 1% perteneciente a Energía Argentina S.A. (Enarsa). Allí se remite a la asamblea de junio de 2021, que durante la gestión anterior había encomendado a NA-SA la construcción de las centrales “Proyecto Nacional Candu” y “Hualong”. El mega proyecto de la cuarta central nuclear argentina Atucha III iba a tener tecnología y financiamiento mayoritario chinos.
En la asamblea de Nucleoléctrica se firmó la decisión de “dejar sin efecto los proyectos Candu y Hualong”, y se expuso como fundamento de la cancelación: “Falta de asignación de recursos económicos e imposibilidad material de cumplimiento (en el marco del estado de emergencia pública de la Ley N° 27.742)”.
En la misma reunión se votó a favor de una declaración de “Interés Empresarial” y se autorizó al directorio a aprobar pliegos y llamar a licitación pública. Se indica una “inversión estimada de USD 1.203.000.000 (100% capital privado, sin fondos ni avales públicos)”, cifra que coincide con la anunciada por Meitner para su proyecto del pequeño reactor modular ACR-300. Se aclara que “requiere el otorgamiento de un derecho real de superficie sobre 12 hectáreas del predio reservado para Atucha III”. Se “plantea la posibilidad de que NA-SA asuma la operación y mantenimiento de la planta”.
Lo firmado viene a ratificar lo que en los hechos ha mostrado como política el gobierno actual, tras una ola de despidos en la CNEA y la paralización de obras clave. El vocero presidencial, Adrián Ravier, había respondido antes a la prensa que Meitner se instalaría en el predio destinado a Atucha, sin reparar en los obstáculos legales y administrativos para la entrega, sin más, del predio asignado a otro destino. A nivel geopolítico, le pone el moño a la adhesión irrestricta a Estados Unidos en un área clave en su competencia con China.
El presidente de NA-SA es Juan Martín Campos, ex presidente de Dioxitek, que en febrero reemplazó al eyectado Damián Reidel tras el escándalo de los gastos millonarios en consumos de lujo en las tarjetas de crédito corporativas, y las denuncias por presuntos sobreprecios y direccionamiento de licitaciones en Nucleoeléctrica. El vicepresidente, Martín Porro, titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es cuestionado por paralizar poyectos como el reactor Carem, por el tendal de despidos de personal especializado que aplicó, y por nombrar, a su vez, funcionarios sin trayectoria alguna en el área. Entre los directores titulares está Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que entre otras cosas busca la privatización parcial de la misma NA-SA.
El año pasado, NA-SA pasó de la órbita de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, a cargo de Federico Ramos Nápoli, que ingresó a las filas comunicacionales del gobierno de la mano de Juan Doe y Santiago Caputo, cuestionado por su nula experiencia en el sector nuclear.
Página/12 consultó a todos estos estamentos sobre los motivos y el curso de la licitación votada en la asamblea, sin obtener respuesta oficial.
De lo firmado en la reunión de accionistas surge la modificación del destino del predio: de albergar una central nuclear a un pequeño reactor. También la necesidad de plantear una licitación que por sus características tendría un único oferente. Más allá de que el anuncio de Meitner se logre completar, el “otorgamiento de derecho real” al licitatario implica, justamente, la adquisición de derechos ante la primera intevención en el terreno.
El anunciado reactor ACR300 tiene varios obstáculos por saltear, entre ellos su alto costo total. Meitner Energy fue creada en 2024 junto al anuncio del Plan Reidel y en sus oficinas de Buenos Aires y Bariloche trabajan varios ex CNEA y juniors formados en el Balseiro. El 60% pertenece al magnate estadounidense de origen iraní Hamid Ansari; el otro 40% es de Black River Technology, una firma estadounidense controlada por la estatal Invap, con sede en Río Negro, que aporta el desarrollo tecnológico del reactor. De concretarse, entonces, el diseño sería local, pero el control de las decisiones estratégicas se concentraría en Estados Unidos. La foto del CEO local de Meitner, Teófilo Lacroze, exejecutivo de Shell, con el ministro Caputo, fue difundida hace unos meses como un ejemplo de atracción de inversiones por Super Rigi.
“Si esto se firmó, es una pésima noticia para el sector nuclear, y para el país. Terminan de matar Atucha 3 y en el mismo acto entregan el predio, es el combo del final”, remarca Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía Eléctrica y figura central en la discusión del área durante la gestión anterior de gobierno.
“Argentina tiene una enorme posibilidad de expansión nuclear, y el acuerdo que renegoció Nucleoeléctrica Argentina durante el gobierno anterior generaba condiciones no solo para expandir la potencia nuclear instalada, sino un horizonte de expansión para el complejo científico tecnológico argentino, con un contrato comercial ya firmado con China y un acuerdo financiero que iba a permitir solventar esta expansión”, repasa.
Como informó este diario, ya en la gestión anterior el lobby estadounidense para frenar este proyecto fue feroz, y Gustavo Beliz al frente del área fue duramente cuestionada por ralentizar el curso del acuerdo.
“Es un cambio de rumbo que profundiza la injerencia de Estados Unidos, en este caso en un área clave. Ya se vio, por ejemplo, con la firma del programa First el año pasado, para la adquisición de tecnología norteamericana de reactores modulares pequeños, o el acuerdo de libre comercio que nos prohíbe asociarnos con ciertos países para la adquisición de reactores nucleares y tecnologías de enriquecimiento de uranio”, agrega Nicolás Malinovsky, especialista del sector energético. “Cancelar Atucha III es un punto de inflexión, es dar por tierra una mirada autónoma y de soberanía que Argentina venía sosteniendo en estos 75 años de desarrollo del sector”, define.
Tasa Cero
Desde la oposición denuncian que el Tribunal de Tasación, que históricamente tuvo a su cargo esta tarea, haya sido reemplazado por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para tasar las empresas del Estado sujetas a privatización, así como la fórmula elegida. Aseguran que “tira abajo” el valor de los activos públicos, a tal punto que en el caso de Nucleoeléctrica (NASA) llega a dar... cero.
“Nucleoléctrica es una de las empresas afectadas –junto a otras como Belgrano Carga, Aysa, Yaciretá, Enarsa, Corredores Viales, Intercargo- por la nueva fórmula de tasación que impuso el gobierno. Llegaron al grotesco de que a NASA les dio cero. Es tal el papelón que incluso el BICE, con directores puestos por Caputo, se excusó de tasar NASA. Ahora parecería que están tratando de que sea el Banco Hipotecario el que lo tase”, asegura la diputada Florencia Carignano.
“Otro cambio increíble es que las tasaciones ahora son confidenciales, no se hacen públicas. Y resulta que la resolución que establece que sea confidencial, ¡también es confidencial! Es inédito que ni la bicameral que sigue las privatizaciones pueda acceder a esa información”, denuncia también.
Tras la última reunión de Comisión Bicameral de Reforma del Estado, esta semana, las diputadas Carignano y Ana María Ianni presentaron una nota exigiendo a Diego Chaher que informe el valor de esas tasaciones. “Si no entregan la documentación en 72 horas, acudiremos a la Procuración de Investigaciones Administrativas y evaluaremos las denunias penales correspondientes. El patrimonio público no puede privatizarse a espaldas del Congreso”, advierten.
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