21 de octubre de 2018

Argentina desató un conflicto diplomático entre China y Estados Unidos

El conflicto se desató por una propuesta argentina.
Por un pedido diplomático de Argentina para que las estaciones espaciales sean controladas para evitar la intercepción de satélites se desencadenó un contrapunto diplomático entre los gobiernos de Estados Unidos y China.
Si bien el pedido nacional es a nivel global, la medida estaba pensada para la base de avistaje lunar que China tiene en Neuquén, que fue señalado cómo una herramienta con la capacidad de interceptar satélites.
Pero el reclamo generó un enfrentamiento diplomático el pasado 11 de septiembre, según reveló Martín Dinatale en Infobae. Pero sólo se dio a conocer la pasada semana luego de que un grupo de legisladores argentinos visitara oficinas de Naciones Unidas en Suiza.
El cruce entre China y Estados Unidos se produjo durante la reunión anual de la Comisión Permanente para el Desarme de la ONU. Allí, la Argentina elevó su propuesta para aplicar restricciones a las bases espaciales y fue avalada por Estados Unidos y Reino Unido, sin embargo, China y Rusia marcaron una férrea oposición.
Quienes apoyaron a la Argentina señalaron como "amenazas" la posibilidad de esas bases de bloquear a los satélites. Pero chinos y rusos no hicieron lugar a la solicitud argumentando que no es posible juzgar "las intenciones con que son utilizadas ciertas capacidades pensadas para usos pacíficos", según Infobae.
Debido a que no se pudo llegar a una posición de consenso, el debate fue postergado.
El Destape

Bochorno | Se hundió una obra inaugurada por Macri hace un mes

El Presidente estuvo en la inauguración hace poco tiempo.
Una obra inaugurada por el presidente Mauricio Macri hace aproximadamente un mes en Salta se hundió luego de una tormenta que azotó la provincia e interrumpió el tránsito de una ruta nacional.
Un tramo de la calzada de la ruta nacional 68 fue socavado por las lluvias y se hundió, provocando conflictos para la circulación vehicular. Debajo de la ruta, la empresa CEOSA había colocado enormes tubos para la presurización del Río Torro que cedieron frente al agua, según informó el diario provincial El Tribuno.
Hace aproximadamente un mes Macri había visitado la provincia para inaugurar la obra que ahora quedó dañada a la altura del acceso sur a la localidad de La Merced.
No obstante, tras el hundimiento, desde Vialidad Nacional señalaron que la empresa había sido advertida sobre la compactación del suelo de la obra y la acusan de no respetar las alertas.
El Destape

El primo de Macri no sólo sigue en IECSA: además se benefició con los aumentos de gas, luz y nafta

Con un complicado entramado societario para ocultar su participación, el primo del Presidente sacó grandes réditos del tarifazo en energía.
Los negocios con el Estado de Ángelo Calcaterra, primo y presunto prestanombre del presidente Mauricio Macri, se multiplican y suman millones. La clave es la offshore Emes Energía Argentina LLC, constituida en mayo de 2016 en la guarida fiscal Delaware, Estados Unidos, donde Calcaterra figura como director junto a Damián Mindlin, Raúl Warat, Santiago Altieri y Ghella Spa. Este dato, como publicó El Destape casi en soledad mediática, surgió del trabajo del fiscal Franco Picardi en la causa por el pago de coimas para la megaobra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y se transformó en una caja de pandora.
Los tentáculos de Emes Energía Argentina LLC no se acaban en SACDE (ex IECSA), que está siendo investigada por el pago de sobornos en la obra del Sarmiento, donde la compañía sigue a cargo de las obras. Recordemos, como informó El Destape, que Calcaterra simuló en marzo de 2017 un pase de manos de IECSA a Marcelo Mindlin cuando, en realidad, habían conformado Emes varios meses antes y fue esa offshore la depositaria de las acciones de IECSA. SACDE, es decir, IECSA, a pesar de los escándalos en que está involucrada continúa ofertando en distintas licitaciones de obra pública a lo largo y ancho del país.
Pero eso no es todo. Vía Emes Energía Argentina LLC (EMES), el primo del Presidente también está relacionado al negocio del gas, la energía eléctrica y la nafta, sectores que se vieron altamente beneficiados por la política tarifaria que impulsó el Gobierno. El vínculo, en este caso, es a través de Pampa Energía, el holding que comanda Mindlin.
El dato clave figura al pasar en el balance 2017 de Pampa Energía. Según consta en ese documento, EMES financió en 50 millones de dólares a Pampa para la compra de Petrobras, otro escándalo que incluyó la venta de acciones de Petrobras que estaban en manos del Estado (vía el FGS de la Anses) a Mindlin y sus socios a un precio mucho menor al que tuvieron días después.
A cambio de ese préstamo, EMES recibió acciones de Petrobras por 77,4 millones de dólares (a noviembre de 2016) que luego fueron absorbidas por Pampa cuando se ejecutó la fusión.
La maniobra figura textual. “Con fecha 11 de mayo de 2016, EMES, un vehículo de inversión del que participan los principales ejecutivos de la Sociedad y otros inversores internacionales, acordó con la Sociedad un préstamo por una suma de US $50 millones, que fue utilizado para pagar parcialmente el precio de compra de la transacción”, dice el punto 19.2.2 del balance. Lo que hoy sabemos es que Calcaterra tiene intereses en EMES y, por ende, en Pampa Energía.
La cronología muestras otra punta. EMES fue constituida el 3 de mayo de 2016. A los 8 días hizo ese préstamo de 50 millones de dólares. Todo indica que uno de los objetivos de su creación fue ese.
Antes de que se concretará la fusión entre Pampa y Petrobras, la primera debía cancelar su deuda con EMES. Y así se hizo, tal como consta en el balance.
Con fecha 25 de octubre de 2016 la Sociedad acordó con EMES la cancelación del préstamo recibido mediante la cesión parcial de capital del crédito con PPSL por un monto de U$S 77,4 millones. Con fecha 1° de noviembre de 2016 PPSL canceló su deuda con EMES mediante la entrega de 11.090.286 ADR de Petrobras”, sigue el balance. En síntesis, Pampa “devolvió” la plata con ADR (acciones en EEUU) de Petrobras. Así que EMES, donde figura Calcaterra, se quedó con acciones de esa empresa que luego se fusionó con Pampa. De nuevo, el juego de las mamushkas.
Pampa Energía se quedó con Petrobras mediante un acuerdo de fusión por absorción. Esto implicó la adquisición de la totalidad de los activos y pasivos de Petrobras Argentina S.A., Petrobras Energía Internacional S.A. y Albares Renovables Argentina S.A.
Es decir, que el aumento del gas, la energía eléctrica y la nafta también beneficia a la famiglia, que está vinculada a Pampa Energía vía Calcaterra y Santiago Altieri, histórico gerente de las empresas de la familia Macri.
Pampa Energía es co-controlante de Transener, que transporta el 85% de la electricidad en la Argentina y es dueña de Edenor –que distribuye y comercializa la energía eléctrica-. A su vez, controla TGS, una de las dos transportistas del gas por redes. Según su propio sitio web, “desarrolla una intensa actividad en exploración y producción de gas y petróleo en las cuencas hidrocarburíferas más importantes del país, con una producción de 5.000 barriles de petróleo y 7.000.000 m3 de gas por día”. A la par, vía la adquisición de Petrobras incorporó centrales eléctricas, una mayor producción de gas y petróleo y participación en la industria petroquímica.
Según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV), Pampa tuvo ganancias consolidadas para el primer trimestre de 2018 por $3.853 millones. Tal como publicó el especialista Federico Bernal en El Destapefueron 68% superiores a igual período de 2017.

Por cierto, ¿quién terminó habilitando la fusión de Pampa con Petrobras, que estuvo trabada por una presentación judicial? El polémico juez federal Claudio Bonadio, quien intercedió luego de que se denunciara que la Anses había vendido a un precio muy bajo el 11,6% de las acciones que tenía de Petrobras vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Macri había autorizado la venta pero el fiscal Gabriel de Vedia, quien entonces estaba cargo de la Unidad para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), presentó una denuncia por supuesta defraudación "en perjuicio de la administración pública" y logró frenar, momentáneamente, la transacción. En abril pasado, Bonadio la habilitó. Aunque la investigación judicial continúa.
Hace pocos días, Bonadio citó a indagatoria a Mindlin en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Todo se encadena.
El Destape
La poda en el gasto social en el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos 2019 del Gobierno
El Presupuesto del miedo
Un informe del IPyPP, de Unidad Popular, detalla los recortes en las áreas de Salud, Educación, prestaciones sociales, Desarrollo Social, Trabajo y Vivienda, y urbanismo. Un Estado ausente en un 2019 que se prevé profundamente recesivo.
Por Raúl Dellatorre
Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. El costo social para cumplir las metas del FMI amenaza ser gravísimo.
Para un 2019 que hasta los propios funcionarios oficiales admiten que arrancará en un clima de profunda recesión, el gobierno nacional está proponiendo una política severamente contractiva a través del Presupuesto del ajuste que ya aterrizó en el Congreso. Un análisis del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) revela el fuerte recorte en áreas sociales. Pese a la crisis que se espera en las principales actividades económicas trabajo intensivas, el presupuesto prevé un recorte en los principales programas destinados a la generación de empleo. La construcción privada ya muestra signos de contracción, mientras que la propuesta oficial propone una reducción de casi 18.000 millones de pesos (en términos reales) en las partidas destinadas a Vivienda y Desarrollo Urbano. Las obras de infraestructura para Salud y Educación también sufren importantes reducciones con respecto al año corriente, pese a que 2018 no fue un ejercicio demasiado generoso en la materia. Para llegar al objetivo de “déficit cero” en el resultado primario –y destinar casi tres puntos del PIB al pago de intereses, lo que constituiría el déficit financiero–, la administración nacional de Mauricio Macri propone una reducción equivalente a un punto del PIB en el gasto social, advierte el IPyPP, con lo cual el recorte real del gasto social alcanzaría al 10 por ciento en tan sólo dos años.
El trabajo del Instituto, que coordina Claudio Lozano (ex diputado por Unidad Popular), compara las cifras del Presupuesto Nacional 2019 con las correspondientes a 2018, teniendo en cuenta una estimación de inflación del 29,4 por ciento para el año próximo. Del análisis surge la existencia de fuertes recortes en el gasto social correspondientes a las siguientes áreas: prestaciones de la Seguridad social, Educación, Salud, Promoción y asistencia social, Trabajo y Vivienda y urbanismo. Considerando cada una de ellas, los principales resultados son los siguientes.
Para un 2019 que hasta los propios funcionarios oficiales admiten que arrancará en un clima de profunda recesión, el gobierno nacional está proponiendo una política severamente contractiva a través del Presupuesto del ajuste que ya aterrizó en el Congreso. Un análisis del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) revela el fuerte recorte en áreas sociales. Pese a la crisis que se espera en las principales actividades económicas trabajo intensivas, el presupuesto prevé un recorte en los principales programas destinados a la generación de empleo. La construcción privada ya muestra signos de contracción, mientras que la propuesta oficial propone una reducción de casi 18.000 millones de pesos (en términos reales) en las partidas destinadas a Vivienda y Desarrollo Urbano. Las obras de infraestructura para Salud y Educación también sufren importantes reducciones con respecto al año corriente, pese a que 2018 no fue un ejercicio demasiado generoso en la materia. Para llegar al objetivo de “déficit cero” en el resultado primario –y destinar casi tres puntos del PIB al pago de intereses, lo que constituiría el déficit financiero–, la administración nacional de Mauricio Macri propone una reducción equivalente a un punto del PIB en el gasto social, advierte el IPyPP, con lo cual el recorte real del gasto social alcanzaría al 10 por ciento en tan sólo dos años.
El trabajo del Instituto, que coordina Claudio Lozano (ex diputado por Unidad Popular), compara las cifras del Presupuesto Nacional 2019 con las correspondientes a 2018, teniendo en cuenta una estimación de inflación del 29,4 por ciento para el año próximo. Del análisis surge la existencia de fuertes recortes en el gasto social correspondientes a las siguientes áreas: prestaciones de la Seguridad social, Educación, Salud, Promoción y asistencia social, Trabajo y Vivienda y urbanismo. Considerando cada una de ellas, los principales resultados son los siguientes.
Seguridad social
Una de las mayores novedades del Presupuesto 2019 es la reducción en la cantidad de prestaciones de la seguridad social (el número de beneficiarios). El estudio del IPyPP sobre el cuadro de beneficiarios de Prestaciones no contributivas (PNC) y de Asignaciones familiares (AF) arroja que en 2019 habrá 254.381 personas menos que reciban alguna de estas prestaciones. Las principales bajas se dan en las asignaciones por hijo (casi 130 mil) y por ayuda escolar (95 mil). Entre las PNC, se destacan las bajas de pensiones por invalidez (16 mil) y a madres de siete o más hijos (7230 menos). Los otros rubros de prestaciones en los que el Ejecutivo aspira a reducir el número de beneficiarios son las asignaciones por maternidad y por matrimonio, y las pensiones a la vejez. Además, se reducen las PNC a cargo del Poder Legislativo. 
 Pese a que el monto total de recursos para prestaciones previsionales exhibe un aumento real para 2019 del 9,4 por ciento, el estudio observa que “se consolida un esquema de redistribución del gasto social entre pobres, en el cual para cumplir con la movilidad jubilatoria se recortan otras funciones sociales”. 

Educación

Los recortes afectan a los principales programas del área. En términos reales, son del 3,3 por ciento para Desarrollo de Educación Superior, 20 por ciento en el Fondo de Incentivo Docente, y llegan al 76 por ciento en el caso de Infraestructura y Equipamiento. En este último renglón, para mantener el presupuesto de este año, se deberían destinar en 2019 unos 10.970 millones de pesos. En cambio, sólo se le asignan 2615 millones: un recorte en términos reales de más de 8300 millones. También reciben graves recortes la partida para Fortalecimiento Edilicio de jardines de infantes (-67,1 por ciento) y para Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica (-41,2 por ciento). 

Salud

Entre las partidas más significativas, en el Presupuesto General 2019  refuerza la correspondiente a Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (se le asignan 12.655 millones de pesos), y en menor medida para Medicamentos - Cobertura Universal de Salud (tendrá 3630 millones de pesos) y la partida de Lucha contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual (3100 millones). El resto de los programas es sometido a fuertes recortes. Entre ellos, el informe destaca los de Atención a la madre y el niño, Salud familiar y comunitaria, Prevención y control de enfermedades endémicas, Agentes del seguro de salud, Desarrollo de la atención médica, Planificación control y estudios relacionados con la salud, y la partida para Investigación y desarrollo de laboratorios de producción pública. También se observa un recorte en los recursos reales destinados a los hospitales públicos nacionales Posadas, Baldomero Sommer y Colonia Montes de Oca. 

Promoción y asistencia social  

Pese a que se trata de un área que tendrá fuerte demanda el año próximo, dadas las condiciones socioeconómicos que va generando el modelo económico en ejecución, “se invertirán 1872 millones de pesos menos en abordajes territoriales por parte del Ministerio de Desarrollo Social, 587 millones menos en promoción y asistencia a espacios de primera infancia y 29 millones menos para el instituto nacional de asuntos indígenas”, señala el informe. También se reducen, entre las partidas más significativas del área, los recursos para los planes de Promoción y Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (-18 por ciento), Apoyo al empleo (-11) y Economía Social (-12), mientras que se refuerzan los gastos presupuestados para Proyectos productivos comunitarios (32 por ciento).

Trabajo

Los principales programas destinados a la generación de empleo serán recortados. Los recursos para Formación y Regulación de la Política Laboral resultarán, en términos reales, 66,8 por ciento inferiores a los del año en curso. Para Regularización del trabajo habrá 42,8 por ciento menos fondos, y en menor medida, también se achican las partidas para Acciones de empleo, Acciones de capacitación laboral, y Fiscalización del cumplimiento de la ley de riesgo del trabajo. 

Vivienda y urbanismo

Los dos programas principales de este rubro son Acciones de vivienda y Desarrollo Urbano, y Acciones del programa Hábitat Nación. En términos reales, los recursos para el primero se verán talados en un 36,3 por ciento, para el segundo, en 51,6 por ciento. Si se hubieran actualizado simplemente las partidas asignadas en el Presupuesto 2018, por el IPC proyectado para 2019 (29,4 por ciento), le hubieran correspondido una financiación para ambos rubros por algo más de 42.900 millones de pesos. En lugar de eso, se le presupuestó 25.258 millones: el recorte real en el área de Vivienda asciende a más de 17.600 millones de pesos. 
No sin razón, el informe del IPyPP se presenta bajo el título “Razones para no aprobar el Presupuesto 2019: sobran los motivos”.
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Tras fulminar a Garavano, la líder de la Coalición Cívica apunta contra Frigerio y Monzó
El plan Lilita
Imprevisible y enigmática, tanto el Gobierno como sus propios seguidores se preguntan por los próximos pasos de la diputada. Macri busca contenerla pero Lilita tiene en la mira a los dos principales referentes del “ala política” del Gobierno.
Por Werner Pertot
¿Qué quiere Carrió? La pregunta se repite en la Casa Rosada. ¿Qué quiere Carrió? El interrogante retumba en el Ministerio de Justicia. ¿Qué quiere Carrió? Se lo preguntan hasta sus propios seguidores. Quienes hablaron desde esos lugares con este diario dejaron en claro que la remoción de Germán Garavano no es el fondo de la cuestión. La cabeza de Ricardo Lorenzetti es otra de las exigencias que Elisa Carrió le hizo en forma directa a los interlocutores que le envía el presidente Mauricio Macri. Hay más: el mapa de relaciones se va reconfigurando. La aliada cívica recuperó su buena relación con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En este caso, los nuevos enemigos de Carrió son el titular de la Cámara baja, Emilio Monzó, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. A ellos los identifica con el grupo que busca un acuerdo con el peronismo y, según Carrió, impunidad en la Justicia. 
Es curioso como la pregunta se repite una y otra vez entre seguidores, aliados internos, adversarios en Cambiemos: nadie termina de entender cuál es el objetivo final de la líder de la Coalición Cívica. “Hay algo más de lo que ya dijo. Algo nos olemos. Pero la verdad... Mejor no enterarse”, dice uno de los emisarios del presidente, que busca encauzar la relación. 
En su propio espacio, siempre dejan la idea de que faltan piezas de rompecabezas. Piezas que solo Carrió conoce. “Nunca hay que tomar la literalidad de lo que dice Lilita. Sino el metamensaje”, confían quienes la conocen desde hace muchos años. Y no dicen mucho más. A lo sumo un guiño de un ojo como una contraseña para los que “ya sabemos como es Lilita”. 
Otros lilitos apuestan por explicaciones más sencillas: “Lo que hubo es una situación concatenada. Primero, excluyeron a su abogada en la Unidad AMIA (Mariana Stilman). Después, fueron los dichos de Garavano hablando como si fuera solo un jurista cuando es un ministro. Y sin tener en cuenta el contexto. Y después vino lo de Menem”. Fueron demasiadas cosas. “Lo de Menem” es el fallo que lo absolvió a Menem, algo que Carrió le imputa a Garavano, pero más específicamente al camarista Carlos Mahiques y a su hijo Juan Mahiques. Esos dos están explícitamente en la mira de Lilita. Pero hay otros que recién ahora empiezan a aparecer. 
Como Frigerio. Carrió lo atacó en los últimos días. Dijo que quiere ser presidente. Lo acusó de difundir encuestas en las que él aparece al tope de los ministros con mejor imagen (las encuestas existen: son de la Universidad de San Andrés y lo muestran a Frigerio y a Carolina Stanley entre los ministros mejor posicionados y a Marcos Peña y Nicolás Dujovne entre los peores posicionados). “Puede ser candidato a presidente pero del peronismo, en Cambiemos no sé”, descerrajó Carrió contra el ministro del Interior. Fue la primera señal de que hay una pelea de fondo con la llamada “ala política” del Gobierno.
El otro al que Carrió le apunta, aunque todavía no en público, es a Monzó.
“Se amigó con Peña porque Monzó es su nuevo peor enemigo”, confía a este diario un consigliere del presidente que la conoce bien. Todos saben que aliados y enemigos cambian en forma frecuente: hace una semana lo acusaba a Peña de ser quien le daba órdenes a Garavano. Carrió lo pone a Monzó en el mismo grupo que Frigerio, pero también que los radicales. Para ella, todos son acuerdistas. Y están dispuestos a pactar con el PJ. En esa lista, suma a Lorenzetti, el único por el que pidió en forma explícita al presidente: Carrió quiere que la apoyen y que avance el juicio político contra el ex presidente de la Corte Suprema para echarlo definitivamente de allí. En este punto, toda conspiración cierra: las peleas con Carlos Rosenkrantz parecen haber aparecido en el momento oportuno.  
“Monzó está en una conspiración más grande”, lanzan pistas sin completar en relación al presidente de Diputados, quien volvió a discutir en duros términos con el jefe de Gabinete por el extra a las tarifas que finalmente fue dado de baja (y será pagado a las petroleras por el Estado). ¿Cuál sería esa conspiración? Nadie lo dice con claridad. Solo mencionan a un operador que podría estar involucrado: Guillermo Seita. 
El otro por el que va Carrió es Daniel “El Tano” Angelici. Pero no está claro qué tendría que ocurrir para que la aliada cívica considere que el presidente rompió relaciones con el titular de Boca Juniors. Algo que, por otra parte, no está ni cerca de suceder. Una certeza, no obstante, es compartida por todos los sectores: “Garavano es el chivo expiatorio”. No significa que Carrió no pida que lo terminen sacrificando igual. 
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El máximo tribunal prepara un fallo clave sobre la actualización de haberes jubilatorios
La Corte ya tiene su nuevo caso Badaro
Analizan el planteo de Lucio Orlando Blanco, un jubilado que pide que se le aplique el índice de aumento que había dispuesto la Corte en su composición anterior. La Anses propone un índice más bajo. Es un tema de alta sensibilidad para el Gobierno.
Por Irina Hauser
La Corte Suprema deberá decidir si mantiene su postura histórica y falla en contra del Estado nacional.
Entre los miles de expedientes que tiene para resolver sobre reclamos de actualización de haberes jubilatorios, la Corte Suprema ya eligió uno que podría ser el caso testigo en este asunto que tanto inquieta al Gobierno. Así como existió un “Badaro”, el nombre del jubilado que impulsó la demanda que ahora está circulando por las vocalías del máximo tribunal es Lucio Orlando Blanco. 
Es un planteo típico, que el hombre inició en 2012 con la expectativa de que se le aplicara una fórmula que la propia Corte había establecido para mejorar los haberes iniciales y que tomó como base el índice conocido como Isbic (Indice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción). La Cámara de la Seguridad Social le dio la razón a Blanco este año, pero la Anses pretende que se utilice otro índice, el Ripte (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales), que es el que fijó como pauta de movilidad cuando el gobierno actual ofreció la llamada “reparación histórica” a cambio no hacer juicio. Con este cálculo, la jubilación es alrededor de 60 por ciento inferior. La encrucijada para la Corte es si sostiene su viejo criterio favorable a los jubilados –que fue adoptado con otra integración– o si admite la postura de la administración de Mauricio Macri. Los especialistas especulan con que al tribunal no le conviene pagar el costo de fallar contra un sector tan vulnerable teniendo en cuenta que la deuda por los juicios previsionales se licúa por la devaluación.
La Corte está en inmersa en un período de reconfiguración desde que Carlos Rosenkrantz asumió la presidencia y quedó desplazado, con mandato trunco, Ricardo Lorenzetti. En otro tiempo, a medida que un expediente pasaba por las vocalías de cada uno de los jueces, sus colegas iban conociendo las posturas. Eso no sucede ahora de manera exacta. El caso del jubilado “Blanco” pasó por todos los despachos y ahora se encuentra en el del ex presidente supremo, quien había hablado de este asunto con el presidente Macri la última vez que se vieron en la Casa Rosada este año. Entre supremos hay conversaciones informales. Todas las apuestas apuntan a que para este caso las posiciones más afines podrían estar entre Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, aunque está por verse. Pocos imaginan a Rosenkrantz votando contra el gobierno al menos abiertamente y dan por hecho que su vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco, lo acompañará. Está por verse, nada es taxativo ni está claro cuándo habrá fallo. Pero la multiplicación de presentaciones en la Corte lleva a apurar el paso. Más de 7000 expedientes de jubilaciones ya tramitan allí. Mientras que los cálculos de especialistas apuntan a que en todo el sistema judicial habría unos 150.000 reclamos. Además, algunos de los supremos están pendientes de las encuestas de imagen, que le dan pésimo al Poder Judicial. En el alto tribunal hay una demanda colectiva liderada por el Defensor del Pueblo por las jubilaciones sin resolver hace diez años, que no ayuda.
La discusión jurídica esencial ahora pasa por definir cuál es el índice válido en el cálculo del monto del haber jubilatorio y si la Corte va a modificar el criterio que sostuvo años atrás, cuando invocó los parámetros del Isbic como matriz en el fallo “Eliff”, con la premisa de que la jubilación debe permitir a las personas mantener el nivel de vida que tuvieron mientras fueron laboralmente activas. En la sentencia a favor de Blanco, la Cámara dice que dado que él no adhirió a la reparación histórica ni suscribió un “acuerdo transaccional”, “no corresponde aplicar el mecanismo de actualización previsto en el artículo 5 de la ley 27.260 (Ripte)”. “No parece justo ni equitativo sustituir el índice elegido por la Corte Suprema como pauta de actualización de los haberes devengados, por otro que representa una mera secuela de la renuncia de derechos litigiosos que toda transacción entraña y que, por otra parte, no resulta consubstancial con esta doctrina constitucional”, habían dicho los jueces de Cámara, que firmaron los jueces Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero.
Aquel fallo, además, citaba a la propia Corte: “El indicador salarial en materia previsional no tiene como finalidad compensar el deterioro inflacionario, sino mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y pasivo, que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las variaciones que se produjeron en las remuneraciones”. “La prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo familiar las remuneraciones que venía recibiendo y que definían la cuantía de sus aportes”. ¿Sostendrá esta postura la Corte en su composición actual? ¿O se inclinará por aplicar una reparación histórica compulsiva? 
En el fuero de la seguridad social, la tendencia de buena parte de los jueces de primera instancia fue avalar al Estado en detrimento de los jubilados, pero esa situación se dio vuelta en la Cámara del fuero. Lo que sucede es que cuando apela la Anses saca a relucir resoluciones y disposiciones que se dictaron con posterioridad al reclamo. El Gobierno dice que el Isbic nunca estuvo regulado, por ende destaca la ley de reparación, el decreto 807 de 2016 que señala el Ripte y la resolución 56/2018 que dice que las remuneraciones con altas anteriores al 1 de agosto de 2016 deben actualizarse por un índice combinado y Ripte, o sea, generaliza esa fórmula.
“La diferencia entre ambos cálculos puede ser muy grande: una jubilación entre 1995 y 2009 con el Isbic se puede incrementar 435 por ciento mientras que con el Ripte sería 178 por ciento aproximadamente”, explica el abogado experto en derecho previsional Federico Bovrovksy. “La Corte está ahora enfrentada con lo que ella misma ya dijo. La diferencia entre un índice y otro es la mitad de la jubilación del retroactivo. Pese a la gran cantidad de juicios, el impacto no es tan significativo para el Estado porque con la devaluación está casi licuada la deuda de la Anses, que además se actualiza con tasa pasiva”, precisa. Desde este ángulo, un fallo contra la postura oficial no tendría un costo económico tan alto para el gobierno, sino más bien político. “Un fallo contra los jubilados sería escandaloso. Un fallo a favor no tendría mayores consecuencias para el Gobierno, al contrario de lo que se ha dicho. Además de que se licúa la deuda, ya hay una partida de presupuesto para el pago de sentencias previsionales establecida por 49.313 millones de pesos por el artículo 31 de la ley de presupuesto. En 2019 no afectaría a la gestión actual. Quizá sería un problema mayor para el próximo gobierno”, señaló a Página 12 el especialista Miguel Fernández Pastor.
Ahora que el expediente de Blanco lo tiene Lorenzetti, habrá que ver cuánto tiempo se toma para hacerlo circular. Tanto él como Maqueda y Highton tuvieron posición clara en Eliff y a favor de índice Isbic en viejos tiempos supremos. No está claro que funcionen como bloque. Como algo curioso, la Corte envió hace un tiempo a algunos estudios que se dedican a estos temas, el planteo de la Anses que alude a la resolución 56, lo que da la pauta de que podría ser un elemento analizado en la futura sentencia. No está claro aún el desenlace, pero los jueces supremos se muestran activos con este postergado tema que conserva la alta sensibilidad. 
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Cayeron 13,3 por ciento las ventas por el Día de la Madre
Ni plata para hacer un regalo
Según un estudio de la CAME realizado en 990 comercios de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y diversas ciudades del interior del país, la comercialización de productos y servicios por el Día de la Madre registró una fuerte caída en comparación con la misma fecha de 2017. Pese a que los comercios dispusieron una amplia variedad de ofertas y promociones, todos los rubros terminaron en baja. "Se notó poco ánimo de consumo este año", puntualiza el informe.
Las ventas por el Día de la Madre cayeron 13,3 por ciento respecto a la misma fecha del año pasado, pese a que hubo muchas promociones y ofertas, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad resaltó que se notó poco ánimo de consumo este año a pesar que el mercado estuvo lleno de ofertas, y hubo escasa compra rebote más allá del regalo. Todos los rubros terminaron en baja.
Del informe presentado por la entidad se desprende que las caídas "más acentuadas" ocurrieron en Artículos para el hogar y uso personal (16,3 por ciento), seguido por joyería y relojería (16 por ciento), aunque la falta de ventas repercutió en todos los sectores. La baja menos importante se dio en flores y plantas, pero registró igualmente un descenso de 12,3 por ciento
El rubro Indumentaria fue lo más vendido y donde más promociones se hicieron, aunque la venta igualmente cayó 12,5 por ciento respecto al 2017 medidas a precios constantes.  En artículos de computación, celulares, electrónicos y audio, las ventas cayeron 14,7 por ciento. "Lo más destacado fueron los 2x1 en celulares con 18 cuotas sin interés, pero fuera de eso se despachó muy poco", señaló la CAME.
En tanto, también hubo caídas en los rubros de calzados y marroquinería (14,4 por ciento), librería (14,6 por ciento), Servicios de estética, belleza y relajación (14,3 por ciento), y Bazares y regalos (13,1 por ciento). 
Según la encuesta realizada por Focus Market para CAME entre 7.629 compradores, el 30 por ciento de los regalos fueron por montos de hasta 500 pesos y el ticket promedio en los comercios relevados por CAME fue 800 pesos, 19,4 por ciento superior al año pasado, pero muy por debajo cuando se quita el efecto inflación. 
Asimismo, se precisó que "en restaurante y gastronomía, teniendo en cuenta lo que se vendió el sábado a la noche y las reservas para este domingo, el declive estimado fue 10 por ciento frente al año pasado".
El relevamiento para evaluar la evolución interanual de las ventas por el Día de la Madre se realizó entre el jueves 18 y el sábado 20 de octubre y se cubrió un universo de 990 comercios pequeños y medianos de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y el interior del país, de los principales rubros que concentran la venta minorista de esa fecha.
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El acuerdo con el FMI, la política energética del gobierno de Macri y Vaca Muerta
Entregada en bandeja
A cambio de los dólares para financiar el salvataje de la economía, el gobierno de Macri dispuso una serie de medidas de flexibilización laboral, de disponibilidad de divisas y del manejo de la producción de hidrocarburos de Vaca Muerta.
Por Federico Bernal
La conferencia de prensa de Christine Lagarde y Nicolás Dujovne, con la bandera argentina detrás de la titular del FMI, expresa mucho más que la pérdida de soberanía política y económica. A cambio de extender su permanencia en la Casa Rosada, el gobierno de Mauricio Macri entregó a cambio la riqueza hidrocarburífera. Existen tres ejes para entender esa liquidación.
1. Desnacionalización de Vaca Muerta. Desde el Observatorio Oetec advertimos, a mediados del mes pasado, que durante su visita a Houston, Estados Unidos, el secretario de Energía, Javier Iguacel, sirvió Vaca Muerta en bandeja a los petroleros estadounidenses. Pero no cualquier Vaca Muerta, sino una adaptada a los objetivos del FMI para la Argentina. La flexibilización laboral y la domesticación de los sindicatos locales, la libre disponibilidad de divisas y giro de utilidades, los objetivos netamente exportadores, los subsidios estatales a la producción (sobreprecios al gas) concentrados en actores privados, los beneficios fiscales y la privatización/desnacionalización de las nuevas concesiones. Todas estas medidas forman parte del paquete de una Vaca Muerta fondomonetarista. Iguacel fue claro al respecto. Él mismo destacó el ascenso de nuevos actores privados locales y extranjeros, en detrimento de YPF. ¿Qué significa esto? Que la empresa estatal nacional (ídem para la provincial neuquina) no es condición para adjudicarse concesiones, arrancar con pilotos ni operar. YPF ya cumplió su rol de poner en valor y recuperar Vaca Muerta de la desidia de Repsol. Lo hizo entre 2012 y 2015. Ahora es tiempo de aprovechar esos frutos por parte de los actores privados nacionales y anglo-estadounidenses. 
El FMI aprobó la entrega de esta Vaca Muerta a su imagen y semejanza: se necesitan con urgencia dólares para financiar el blindaje macrista. El plan es la apertura de las concesiones a actores multinacionales de Estados Unidos y de Europa, el reaseguro para esas firmas de ganancias extraordinarias, exportaciones sin restricciones, libre disponibilidad de utilidades, una demanda interna que no exige la mínima reinversión y el desplazamiento de YPF en la estratégica región.
2. Resignación de soberanía en el offshore. Fue en Houston también que  Iguacel adelantó a la industria petrolera estadounidense la convocatoria a concurso público internacional para el offshore argentino. El decreto 872, publicado en el Boletín Oficial el 2 de octubre pasado, instruye a la Secretaría de Energía a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración en el offshore. En el artículo 3° se lee: “Autorízase la inclusión, en los permisos de exploración que se otorguen en el marco del Concurso Público y en las concesiones de explotación que obtengan los titulares de dichos permisos, de cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)”. 
Se trata de 38 áreas a ser licitadas bajo el Decreto 872, por un total de 200.841 km2, es decir, el equivalente a un 65 por ciento de la superficie de la provincia de Buenos Aires o casi 1000 veces la superficie de la Capital Federal. Comparando con Vaca Muerta, equivale a una extensión cinco veces y media mayor. Una de las tres cuencas incluidas en el Concurso, la denominada Cuenca Malvinas Oeste, está pegada a las Islas Malvinas, constituyéndose así en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional. 
Abrir a licitación pública internacional, con la salvaguarda de ceder la jurisdicción a favor de tribunales internacionales el territorio “concursado”, representa una gravísima pérdida de soberanía nacional. Más aún cuando el “Estado sede” de una eventual disputa podría ser el propio Reino Unido. El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo el Mar Argentino porque el gobierno necesitan con urgencia dólares para financiar su blindaje. Esto lo aportarán las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de la prórroga de jurisdicción.
3. Exportaciones de gas a Chile. Hasta el momento, el gas será comercializado por cuatro productoras a un precio inferior al que millones de usuarios argentinos lo pagan vía tarifa. Entre todas recaudarán cerca de 300 millones de dólares, ingresos que podrán girar al extranjero y distribuir en dividendos sin control. Del otro lado de la cordillera, una planta de capitales canadienses (Methanex) volverá a pleno funcionamiento, convertirá el gas argentino en metanol y ganará cientos de millones de dólares con su venta a Asia, Norteamérica y Europa. 
De este fabuloso negocio, la población argentina, obligada a consumir cada vez menos gas, padeciendo tarifas cada vez más caras e impagables, no verá un solo centavo. Desde la asunción de Macri que se viene fabricando el excedente para facilitar el negociado de exportación. Como en los noventa –más precisamente 1995, a través de los acuerdos gasíferos Menem/Frei–, se reedita la estafa exportadora a Chile. La producción de gas natural vuelve a sobrar en un país desmantelado, con cada vez menos industrias y pequeñas y medianas empresas y con la mayoría de la población padeciendo el ajuste y tarifazos. 

Propuestas

Las normativas e iniciativas oficiales en materia de gas y petróleo surgidas con el acuerdo con el FMI no están desligadas del proceso de deuda odiosa, ilegítima e insostenible durante el gobierno de Macri. En todos los casos, apuntan a la necesidad de generar dólares frescos, promoviendo la explotación irracional y la exportación de recursos nacionales con el exclusivo propósito de atraer dólares para el financiamiento del blindaje macrista, para luego permitirles fugarse vía giro de utilidades. 
En consecuencia, es urgente que la oposición rechace la profundización del saqueo del patrimonio nacional. Y cuando se dice “rechazo” no está limitado a la mera formalidad de comunicar la grave afrenta a la seguridad energética que esas normativas e iniciativas significan, sino al compromiso de fuerzas políticas de su derogación/anulación a partir de diciembre de 2019, así como también la cancelación de todos los contratos suscriptos en materia de exportación, exploración y explotación de petróleo y gas, incluyendo su plataforma continental (offshore). Vale enumerar en detalle cuatro propuestas en relación a lo hasta aquí descripto:
1. Las exportaciones de gas (ídem petróleo y combustibles) violan la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (26.741), ya que son incompatibles con el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero y la industrialización de estos recursos estratégicos no renovables. Asimismo, las exportaciones violan el artículo 1º de la referida ley en cuanto a que de ninguna manera pueden garantizar “el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”. Los contratos de exportación de gas natural, a partir de diciembre de 2019, serán dados de baja por lesionar gravemente la seguridad jurídica, la seguridad energética y la seguridad económica de Argentina. Los objetivos de incremento de la producción no pueden desligarse de metas de desarrollo del mercado interno, de creación de empleo, de autosuficiencia económica, de la modernización y progresiva competitividad del aparato productivo e industrial nacional.
2. Los contratos suscriptos en Vaca Muerta en el gobierno de Macri violan la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (26.741), ya que no se sustentan en el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero ni en su industrialización ni mucho menos en los objetivos citados en el artículo 1º de la referida norma (ver punto anterior). La desnacionalización de Vaca Muerta (desplazamiento y debilitamiento de YPF) viola la seguridad jurídica popular, la seguridad energética y la seguridad económica de Argentina. Su reversión deberá efectivizarse mediante la incorporación compulsiva de YPF SA en todas las concesiones de exploración y explotación con un mínimo del 51 por ciento de participación.
3. Los contratos surgidos de licitaciones públicas internacionales para la exploración (permisos) y explotación (concesiones) de hidrocarburos en el onshore como en el offshore que incluyan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales serán declarados nulo por considerarse una afrenta a la seguridad nacional y a la seguridad energética argentinas.
4. La política energética y tarifaria del gobierno de Macri debe declararse nula dada su naturaleza odiosa, ilegítima e insostenible
El modelo federal de interferencia en la Justicia llegó a territorio bonaerense
Conte Grand y Carrió, una dupla al ataque
Cambiemos le apunta al juez Carzoglio solo porque no encarceló a Pablo Moyano. La jugada es parte de una trama de operaciones judiciales en la que son protagonistas la diputada Carrió y el jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand.
Por Raúl Kollmann
Desde hace dos meses, voceros del oficialismo venían haciendo trascender que Pablo Moyano iría a la cárcel. La jugada tenía como organizador –según denuncia el camionero– al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y ejecutor a un fiscal de Lomas de Zamora muy cercano al procurador, Sebastián Scalera. Todo naufragó, al menos por ahora,debido a un juez que llegó a ese cargo a los 58 años, Luis Carzoglio. En su estilo rudo denunció que lo presionaron y sugirió que la movida de encarcelar a Moyano era más política que judicial. 
Tras el fallo se desataron rayos y centellas contra el magistrado: buena parte de la ofensiva parece destinada al fracaso, pero la apuesta mayor es destituir a Carzoglio de su cargo. En el medio de la tormenta, el abogado del gremialista demostró de manera asombrosa que el juez original de la causa contra Moyano fue a visitar a Elisa Carrió a su casa, es decir que se trasladó desde La Plata a Exaltación de la Cruz para hablar con la legisladora. Carrió, sorpresivamente, admitió que el magistrado la visitó, lo que deja en claro que ella y la coalición Cambiemos se presentan como republicanos pero –como en Brasil– utilizan la Justicia para manipular la política. 

Cárcel

El preanuncio de que el dirigente camionero iría preso no sólo salió en los diarios. La presión fue sentida directamente por el primer juez del caso, Gabriel Vitale. Esta semana, el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, contó al aire en C5N, en el programa de Gustavo Sylvestre, que un juez –no mencionó el nombre– tuvo que ir hasta la casa de Carrió, en Exaltación de la Cruz, para exhibirle el expediente y decirle que no tenía elementos para meter preso a Moyano. 
Lo sorprendente es que después de que Llermanos contara la versión del encuentro juez-diputada, Carrió envió un audio de Whats App al programa Intratables a través del periodista Gustavo Grabia. De manera insólita, la legisladora negó que el juez y ella hubieran hablado de Moyano. Pero reconoció que el magistrado estuvo en su casa. Y reveló el nombre de Gabriel Vitale, el primer juez que tuvo la causa de Independiente. El encuentro fue en enero de este año. 
La visita produjo estupor porque reveló la movida en las sombras. No sólo hay de por medio una presión política evidente. Además, fue necesario ocultarla con un encuentro fuera del juzgado e incluso fuera del Congreso. Un magistrado tuvo que recorrer los 147 kilómetros que van de La Plata a Exaltación de la Cruz para justificar ante Carrió por qué no daba curso a la detención de Moyano. 
Según la defensa de Moyano, el fiscal Scalera le llevó varios pedidos “extraoficiales” de detención a Vitale, pero éste se los rechazaba. Lo cierto es que Scalera finalmente presentó el pedido ante Carzoglio hace diez días. A partir de ese momento las presiones se multiplicaron,con largos carpetazos contra Carzoglio en los diarios oficialistas.

Gremio

Durante la semana que pasó, y especialmente el viernes en el coloquio de Idea, el presidente Mauricio Macri se despachó contra el alto costo de la logística, o sea los sueldos de los camioneros. El gremio de los Moyano está peleando la recomposición salarial al nivel del probable 50 por ciento de inflación que hasta el oficialismo calcula para 2018. A eso se suma el papel de confrontación con el Gobierno que padre e hijo asumieron en los últimos meses dentro y fuera de la CGT. 
La jugada política de detener a Moyano en la causa de Independiente parece evidente si se tienen en cuenta varios hechos.
Un punto clave es que no se percibe una ofensiva contra dirigentes de otros clubes, vinculados a barras que incluso cometieron asesinatos. Sin ir más lejos, en noviembre del año pasado fue ejecutado Gustavo “El Oso” Pereyra, barrabrava disidente de Boca Juniors, justamente de la zona de Lomas de Zamora. Nada ocurrió con los dirigentes xeneixes públicamente vinculados a La Doce. En marzo de este año Rafael Di Zeo y otros connotados barras se “reunieron” con los jugadores de Boca para exigirles más rendimiento después de una derrota con River por la Supercopa. Aquí las acusaciones se cruzan. Mientras opera por su cuenta, Carrió suele lanzar acusaciones contra Daniel  Angelici y le atribuye la condición de operador en la Justicia. 
Otro punto que hace diferente la causa contra Moyano es algo que a esta altura parece obvio: no hay peligro de fuga. De hecho, regresó de Singapur este jueves. Tampoco se puede hablar de peligro de obstrucción de una causa que tiene más de un año. Bebote Alvarez, el histórico barra de Independiente, fue detenido en octubre de 2017, de manera que Moyano podría haber obstaculizado las investigaciones en los 12 meses transcurridos. El fiscal Scalera no exhibe ninguna evidencia de que lo haya hecho. Moyano ni siquiera está indagado en ese expediente. 
La veta política también es palpable en la iracundia desatada en sectores del oficialismo tras el rechazo de Carzoglio de la detención del vicepresidente de Independiente. 
Fiscales bonaerenses consultados por este diario coincidieron en que centenares de veces en su carrera les rechazaron pedidos de detención o de allanamientos. En este caso, sin embargo, Scalera reaccionó adelantando que recusará al magistrado y que apelará el fallo de Carzoglio. Sabe que las dos cosas tienen pocas chances. La Sala II de la Cámara Penal de Lomas de Zamora, integrada por Pablo Little y Alejandro Rojas, ya tiene dicho que la no-detención no es apelable porque se puede seguir la investigación con el imputado en libertad.
Tampoco es habitual que se desplace a un juez por el contenido de su fallo, argumentando que prejuzgó cuando hizo un análisis de la prueba para rechazar una detención. Por otro lado, Llermanos recusará mañana a Scalera por enemistad manifiesta, algo que tampoco parece contar con muchas chances de éxito.
Los ataques contra Carzoglio se extienden a las amenazas de destitución del magistrado, sacando del letargo un anterior jury de enjuiciamiento contra Carzoglio. Antes del fallo por Moyano ni se hablaba del jury: ahora es tema de los grandes medios. 
El procurador fue antes el secretario de Legal y Técnica de María Eugenia Vidal, de manera que la ofensiva contra un juez que falla contra el gusto oficial podría ser leída como otra maniobra de Cambiemos utilizando la Justicia en la política. 
No es un dato menor que Carzoglio es un magistrado muy querido. Algunos colegas le atribuyen falencias técnicas pero le adjudican características de trabajador y honesto. Tiene un pasado turbulento  –hace unos 20 años– en el cual llegó a estar preso y tuvo que afrontar una probation. Fue sobreseido. Hay presos a los que les ha dicho: “Yo estuve en su situación, pero la superé poniendo mucho esfuerzo”.
Carzoglio se tomó 15 días de licencia por vacaciones, previstas desde hace tiempo, pero las apelaciones ante la Cámara tardarán más que eso, de manera que estará de regreso para retomar la causa. 
El magistrado, en su fallo, no entró en consideraciones sobre Pablo Moyano. Simplemente dijo que no correspondía detenerlo y que no es el jefe de la presunta asociación ilícita conformada por la barra brava. Afirmó que Moyano mantenía con la barra una relación tensa, en la que le hacían pedidos “cuasiextorsivos” de entradas, dinero para viajes o exigencias para entrar a partidos en Colombia o Chile, pero que el jefe de la asociación ilícita era Bebote, no Moyano. Es más: cita que los directivos de Independiente respetaban la prohibición de que Bebote entrara al estadio rojo. 

Protagonista

No son pocos los magistrados que ya apuntan contra Conte Grand como la mano que está operando detrás de las causas y, sobre todo, contra quienes no cumplen los deseos de Cambiemos. 
Un punto clave es la megacausa en la que está preso el juez César Melazo, propietario de una megamansión que difícilmente puede explicar con sus ingresos. El expediente gira en torno de un doble homicida, Javier Ronco, a quien se le otorgó la prisión domiciliaria, con pulsera, tras discrepancias entre los dos fiscales que actuaron. Uno de ellos, Tomás Morán, también está preso. Pero en las escuchas telefónicas aparecen nombrados varios magistrados platenses, entre ellos tres integrantes de la Corte, Julio Pettigiani, Eduardo De Lázzari y Luis Genoud. También miembros de la Casación, jueces, fiscales como Alvaro Garganta y abogados más que mediáticos y conocidos. 
En principio, no es que los nombrados tengan relación con la megabanda. Aparecen nombrados en algunos casos. Pero al mismo tiempo los supuestos interlocutores afirman no conocerlos. En medios judiciales la hipòtesis dominante es que Conte Grand en persona maneja las filtraciones. Contra unos sí y contra otros no. Esto es lo que dice, entre otros, el veterano juez de Casación Víctor Violini, quien en su período como fiscal investigó la desaparición de Miguel Bru y se encargó de las primeras pesquisas por enriquecimiento ilícito de jefes policiales. Violini denunció abiertamente las presiones y dijo que se originaban en el procurador. 
La última movida de Conte Grand sería la activación de una causa contra Daniel Scioli, justamente de la mano del fiscal nombrado en las escuchas de la megabanda, Garganta. En el expediente, el ex gobernador rechaza una por una las acusaciones y dice que todas las compras fueron aprobadas por los organismos de control, entre ellos el Tribunal de Cuentas. 
El fiscal Garganta justito pidió la elevación a juicio de la causa cuando Scioli apareció en el acto del 17 de octubre en Tucumán y en las horas previas a la marcha a Luján. Le vino perfecto al oficialismo para ocupar un lugar en las tapas de los diarios de ayer. 
Garganta, un fiscal ampuloso, está en situación de debilidad. Deberá responder por su increíble actuación en el cuádruple crimen de La Plata  –asesinato de cuatro mujeres– donde pese a las evidencias genéticas que demostraban la inocencia de Osvaldo “El karateca” Martínez lo siguió acusando. Finalmente fue absuelto en el juicio oral y el fiscal afronta un jury de destitución. El episodio motivó hasta un libro del periodista platense Fernando Tocho, quien describió las maniobras que se hicieron.
En un brevísimo período, Conte Grand terminó apareciendo en el centro de la escena. En territorio bonaerense ya es corriente que el procurador sea señalado por lo mismo que Cambiemos está haciendo casi en todos los niveles de la justicia a nivel nacional: utilizar las imputaciones, e incluso la prisión preventiva, para jugar en el terreno político. Contra Moyano, con sueldos y flexibilización laboral de por medio. Contra Scioli, como parte de la batalla contra la oposición. Y contra integrantes de la justicia que no se disciplinan. La prueba más evidente es que no existen ni acción ni investigación alguna respecto de la reunión clandestina mantenida por Elisa Carrió con el juez Vitale, una demostración nítida de la operación del oficialismo en la Justicia. 
Escándalo de coimas en Campana con un funcionario del gobierno de Vidal
Amoroso con el dinero ajeno
Julio Amoroso, delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense y ex secretario privado del intendente Sebastián Abella, está acusado de extorsión. Fue apresado cuando intentaba cobrarle a un constructor para habilitar obras en country en Escobar.
Julio Amoroso (izquierda) junto al intendente de Cambiemos, Sebastián Abella.
Un funcionario del Ministerio de Trabajo de la gobernadora María Eugenia Vidal fue detenido cuando se disponía a cobrar 40 mil pesos de coima para habilitar obras en un country de Escobar. Se trata de Julio César Amoroso, delegado de la delegación Campana de esa cartera y antes secretario privado del intendente Sebastián Abella, de Cambiemos, quien intentó tomar distancia de su ex mano derecha y dijo que “condena” su conducta. Concejales del PJ-Unidad Ciudadana expresaron su confianza en que la justicia aclare “una situación escandalosa” y destacaron que el intendente “no debe ignorar la responsabilidad sobre su planta de funcionarios y las designaciones que cuentan con su aval, especialmente cuando en tiempos de campaña alzó la bandera de la transparencia”. Imputado por el delito de extorsión junto al inspector Gustavo Javier Domínguez, también detenido, Amoroso fue separado del cargo y quedó a disposición de la fiscalía descentralizada de Escobar y del juzgado de garantías 3 de Zárate–Campana.
La investigación se inició el mes pasado cuando el desarrollador de un country denunció ante el Ministerio que le pedían coimas para habilitarle obras. Según el portal Enlace Crítico, autoridades del Ministerio se presentaron ante la Fiscalía Descentralizada de Escobar a cargo de Facundo Flores, que investigó junto a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana. Durante la instrucción, que incluyó escuchas, se identificó a los autores de la extorsión y a otras víctimas. Finalmente se pactó un encuentro entre víctima y victimarios, que entregarían 40 mil pesos previamente marcados. El operativo se realizó el viernes por la mañana e incluyó la incomunicación de todo el personal de la delegación. Concluyó con las dos detenciones, el secuestro del dinero, de legajos de inspecciones y de dos teléfonos celulares. Los portales local difundieron un video en el que Amoroso y Domínguez, esposados, salen de la delegación junto a dos miembros de la DDI y suben a un auto de civil de la policía.
Oriundo de San Miguel, Amoroso llegó a Campana junto a un grupo de foráneos que coparon el gabinete de Abella en diciembre de 2015. Al asumir al frente de la secretaría privada contó que lo acompañaba desde “la campaña de 2013” y que su idea era trabajar “con todo el equipo”. En agosto de 2016 dio una conferencia de prensa para anunciar que asumía como delegado del Ministerio y que su designación “fue acordada por el jefe comunal y la gobernadora María Eugenia Vidal”. Agradeció la confianza del intendente y prometió “tratar de velar por los derechos de los trabajadores”.
“Cuando asume empiezan los despidos y la crisis laboral, que pegó fuerte en Campana, donde más de diez industrias químicas cerraron, y empezó a ser muy notable el rol del Ministerio siempre a favor de los sectores empresarios”, recordó ayer la concejal Soledad Calle, del PJ-Unidad Ciudadana. “Hemos acompañado muchos reclamos de trabajadores en distintos conflictos, como los de Bopp, Bunge y Marine Sur, y lamentablemente el funcionario macrista nunca tuvo una postura que resguarde las fuentes laborales de nuestra ciudad, ya sea en conciliaciones obligatorias o en negociaciones por indemnizaciones justas”, destacó su bloque.
Desde Cambiemos tomaron distancia del socio en desgracia. “Esta gestión condena este tipo de conductas, sea quien sea el funcionario”, dijo Abella sobre su ex secretario. “Esto demuestra que este gobierno tiene tolerancia cero con la corrupción”, dijo el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien buscó desviar la atención de la tropa propia. “Se cambiará la modalidad de inspecciones, en donde los gremios participan y creemos que también son parte de esta red de corrupción”, lanzó por Infobae. La seccional Zárate-Campana de la CGT “rechaza y repudia” las declaraciones de Villegas, que “pretende vincular a representantes sindicales en hechos de corrupción cometidos por sus funcionarios”, destacó. “A través de un relato infantil pretende diluir la responsabilidad en un área de su competencia”, advirtió la central. “Basta de mentiras”, pidió, y remarcó que “no hay ninguna denuncia” que avale los dichos del ministro de Vidal.
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