10 de febrero de 2026

 

El Gobierno retiró su proyecto penal juvenil y enviará otro

La Casa Rosada debió enviar un nuevo texto, en el que finalmente lleva la edad de imputabilidad a 14 años y no a 13. Buscarán dictamen este miércoles para aprobarlo el jueves.

El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer al Congreso de la Nación. En su lugar enviará otro texto, que lleva la edad de imputabilidad de los actuales 16 a 14 años, y no finalmente a 13.

El proyecto que crea un régimen penal reforma penal juvenil finalmente será muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025. Una de las diferencias es que en esta oportunidad el Ejecutivo incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para la implementación de la ley.

Se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

En busca de dictamen

La Cámara de Diputados constituirá hoy siete comisiones que deberán tratar el temario incluido en las sesiones extraordinarias.

El oficialismo quiere debatir el próximo jueves el Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, pero para lograr su objetivo necesita el dictamen del plenario de cuatro comisiones.

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Siguen los escándalos en Nucleoeléctrica: El directorio sacó al presidente, Demian Reidel

El asesor de Javier Milei fue corrido de la presidencia. La semana pasada, también fueron removidos el Gerente General y el Gerente de Coordinación Administrativa.

El directorio de la empresa Nucleoeléctrica realizó este lunes una Asamblea de Accionistas y corrió de la presidencia a Demian Reidel, el funcionario amigo del presidente Javier Milei que afirmaba estar trabajando para que el mandatario ganara el Premio Nobel de Economía. A través de un comunicado oficial, la empresa informó que "se designó la conformación del nuevo Directorio" que Nucleoeléctrica Argentina a lo largo del 2026. Durante el mes de enero, Reidel fue foco de varias notas periodísticas por una serie de inconsistencias en su patrimonio económico, así como también en distintas licitaciones que había autorizado y que estaban siendo investigadas por supuestos sobreprecios.

La presidencia quedará en manos de Juan Martín Campos, un bioquímico que viene de ocupar el mismo cargo en Dioxitek, una empresa estatal que produce dióxido de uranio, materia prima de los combustibles para las centrales nucleares argentinas. Campos es egresado de la Universidad de Buenos Aires, y se desempeñó como analista de seguridad nuclear en la Autoridad Regulatoria Nuclear entre 2017 y 2024. En tanto, el vicepresidente será Martín Porro.

Además del nuevo directorio, la semana pasada hubo dos renuncias que no pasaron desapercibidas. Se trata de Marcelo Famá, Gerente General de Nucleoléctrica, y Hernán Pantuso, Gerente de Coordinación Administrativa, quienes estanban en el ojo de la tormenta producto de una investigación que el Comité de Integridad de la empresa llevaba adelante luego de que otro gerente presentara, semanas atrás, un detallado informe que exhibía supuestos sobreprecios en una licitación en curso. Ambos funcionarios habían sido designados por el ahora ex presidente, Demian Reidel.

De izquierda a derecha: Marcelo Famá, Demian Reidel y Hernán Pantuso

La investigación en curso de la empresa eran por una licitación publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2025 para contratar un nuevo servicio de limpieza en la Central Nuclear Atucha (CNA), Central Nuclear Embalse (CNE) y el Hostal que está en Córdoba que utilizan los empleados y empleadas que viajan desde Buenos Aires. Actualmente la empresa a cargo de realizar dicho servicio es Claryty SRL por un monto total de un poco más de 4 mil millones de pesos. 

El 12 de noviembre de 2025 se realizó la apertura de oferentes de la licitación N 64001 de "servicio de limpieza" en la Central Nuclear Atucha, Central Nuclear Embalse y el Hostal de la Central en Córdoba. Se presentaron 12 propuestas pero sólo 2 se evaluaron para ser contratadas. 

Los detalles de la denuncia

El 5 de enero pasado, el gerente de la Central Nuclear Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenzpresentó ante el Comité de integridad de NA-SA una denuncia por el proceso licitatorio en cuestión. El Destape accedió al documento presentado por Nolasco, el cual detalla cronológicamente los hechos. El miércoles 3 de diciembre se remitió un "Análisis Técnico al Departamento de Evaluación de Ofertas (DEO)", que concluía que LX Argentina y La Mantovana eran las dos empresa que "cumplían técnicamente" los requisitos. Vale remarcar que la compañía LX Argentina, tiene contratos con el gobierno de la Ciudad y estuvo involucrada en los “aportantes truchos” en la campaña de la entonces fuerza de Mauricio Macri, Cambiemos, en 2019.

Los problemas comenzaron a partir del viernes 12 de diciembre cuando los análisis económicos de las 2 empresas mencionadas no cerraban. De la documentación se desprende que las propuestas "eran más elevadas que la empresa actual". Llamativamente, apareció un tercer proveedor - Limpiolux S.A. - en la instancia de Análisis Económico, pese a que "no había sido evaluado en la etapa previa de Análisis Técnico" por el sector requirente.

El 16 de diciembre, Walter Paludi, del Departamento de Evaluación pidió nuevos requerimientos a Camila Marina, administradora del Contrato de Limpieza, como "la certificación del servicio actual de limpieza", si la actual empresa "cubría con todas las exigencias de calidad", el "valor mensual" de cada trabajador de limpieza. Los cruces de información continuaron hasta el 19 de diciembre. 

El viernes 26 de diciembre el propio Hernán Pantuso pidió revisar el "análisis económico" teniendo un cuenta un nuevo análisis del Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA) y Departamento de Evaluación de Ofertas.

Informe de Nolasco

Luego de conocer estos pedidos, Nolasco solicitó a las empleadas "no participar más en el Análisis Económico" ya que , "Hernán Pantuso debería dirigirse, por su posición jerárquica para dar directivas, con un superior equivalente y no con una empleada de menor rango, ajena a su dependencia y salteando completamente la línea de mando, ya que podría configurarse una situación de abuso de autoridad, si la comunicación implica el cumplimiento de directivas".

"El cálculo presentado para justificar como razonable el monto ofertado por LX Argentina S.A. ignora la evidencia de los importes efectivamente abonados durante años de prestación del mismo servicio, en forma satisfactoria y sin reclamos significativos", agregó. El informe establece un monto total de $10.783.947.120,00, por  24 meses, siendo un 136,32% más elevado. 

Informe de Nolasco
El Destape



 

La Policía se acuarteló en Santa Fe y Rosario por reclamos salariales

Hay manifestaciones de agentes policiales y las calles quedaron sin protección. Quemaron cubiertas en Rosario. 

Tras el anuncio de un plan de mejoras laborales para la Policía de Santa Fe, que incluye un incremento en los ingresos, este lunes se reactivó una protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en el sur de Rosario. En paralelo, una movilización policial similar fue llevada adelante, también ayer, en la Capital. Desde el Gobierno provincial confirmaron que, pese al clima de tensión, el patrullaje se mantuvo activo durante la noche y la madrugada, por lo que evitaron hablar de un "acuartelamiento" de los efectivos provinciales.

La manifestación en Rosario, vinculada a reclamos salariales, incluyó la quema de cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos. Ante la presencia de manifestantes, grupos operativos intervinieron para evitar el bloqueo del portón de ingreso y egreso de los móviles policiales, según consignó el medio local La Capital.

La concentración en el sur de la ciudad generó una escena similar a la que se había registrado la semana anterior con un bloqueo del paso vehicular que se extendió por algunas horas. Desde la administración de Maximiliano Pullaro aclararon que el patrullaje no se resintió entre la noche del lunes y la madrugada siguiente.

La protesta de la Policía en la Ciudad de Santa Fe

En paralelo a lo sucedido en Rosario, efectivos en actividad y retirados de la Policía de Santa Fe, junto a personal del Servicio Penitenciario y familiares, se concentraron este lunes frente a la Casa de Gobierno, en la Ciudad de Santa Fe, para exponer distintos reclamos centrados en los salarios y en las condiciones de trabajo dentro de las fuerzas de seguridad.

La protesta tuvo lugar en la plaza 25 de Mayo, escenario en el que los manifestantes adelantaron que elevarán un petitorio con múltiples demandas. Entre ellas figuran incrementos salariales, mejoras en las condiciones laborales, acceso a controles médicos y psicológicos, reconocimiento formal del Servicio Penitenciario como fuerza de seguridad y medidas que tengan en cuenta los traslados y el contexto económico de los agentes, señaló el diario local Aire de Santa Fe.

En la movilización confluyeron policías activos, retirados y allegados, quienes manifestaron inquietud por la pérdida de poder adquisitivo y sus efectos tanto en los ingresos actuales como en los haberes jubilatorios. “Hay gente que ha trabajado muchos años y ve cómo su sueldo se va deteriorando. No se trata de confrontar, sino de sentarnos a hablar claramente”, señaló uno de los participantes.

Además, el petitorio contempla reclamos sobre el estado edilicio de las comisarías y la provisión de equipamiento adecuado para el trabajo cotidiano. También subrayaron que cualquier recomposición salarial debe aplicarse de forma pareja en todos los sectores. Desde la protesta señalaron que esta es una de varias acciones previstas para visibilizar la situación del personal y que aguardarán una definición por parte de las autoridades.

Pese a los recortes, el ministro de Seguridad aseguró que la gestión de Pullaro es "pro policía"

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había detallado la batería de medidas anunciadas por el gobierno santafesino el pasado jueves por la noche, en medio de un clima de descontento. Tras el aumento de los reclamos, el funcionario expresó este martes: "Esos reclamos que por su puesto, compartimos. lo quiero dejar en claro. las necesidades y el personal de la Policía, somos los primeros en destacarlos y ponernos a trabajar con todas nuestras herramientas”.

En una conferencia de prensa, agregó que “tratando de desestabilizar el despliegue preventivo se dieron dos circunstancias: se trató de impedir la salida de los móviles y un estimado de no menos de 20 unidades, en Rosario principalmente, fueron paralizados y puestos frente a la Jefatura y luego cometieron abandono de servicio, dejando los móviles”. “Tenemos detectada gente y allegados a personal desplazado de la policía, en algunos casos vinculados a delitos graves”, aseguró el ministro de Seguridad.

El funcionario aseguró que para la actual administración, "la inversión en seguridad es prioritaria", y valoró que "aun en el clima de descontento de estos días, no se vieron afectados los niveles de operatividad" de la fuerza. "Lo que se planteaba era razonable. Somos una gestión pro policía y pro fuerzas de seguridad. Nunca vamos a tener un gesto de desvalorización hacia ellos; estamos agradecidos con ellos", sostuvo.

El Destape

 

Un entramado de coimas que empieza en Spagnuolo y escala hacia “otro nivel de complicidades”

En una resolución explosiva, el juez Sebastián Casanello describió la trama de la corrupción en discapacidad como una asociación ilícita montada en paralelo al ajuste en el área. Los sobreprecios en medicamentos alcanzaron casi el dos mil por ciento. El exabogado de Milei se estaba haciendo un quincho con fondos públicos.

Irina Hauser

“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, definió el juez Sebastián Casanello al dictar este lunes el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y de otras 18 personas, trama que definió como una asociación ilícita. La organización no solo incluye exfuncionarios de la gestión libertaria de distintos rangos que operaban desde adentro del organismo, sino otras personas que habían cumplido funciones con anterioridad y que pasaron a trabajar para intereses privados del mundo de la salud, más un grupo de particulares vinculados a cuatro droguerías que eran sistemáticamente elegidas en adjudicaciones arbitrarias para la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia relacionadas por distintas vías con el lobbista y empresario Miguel Angel CalveteEl fallo describe sobreprecios que llegaron al 1.960,48 por ciento. Señala además que existen indicios suficientes para sospechar que internivo “otro nivel de complicidades” en los hechos, lo que recuerda los audios de Spagnuolo --que no fueron utilizados en la resolución-- en los que aparecían mencionados tanto a Eduardo “Lule” Menem como a Karina Milei.

Es ostensible que el período investigado, entre fines de 2023 y octubre de 2025, coincide con la decisión del Gobierno de recortar fondos para discapacidad y desconocer la emergencia votada en el Congreso el año pasado hasta que recién ahora fue reglamentada, aún con resultados inciertos. Según la descripción de Casanello, basada en la investigación del fiscal Franco Picardi, la ANDIS fue “cooptada” de manera planificada y “empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”. Esto ocurría mientras el Gobierno les negaba a las personas con discapacidad y sus familias el pleno acceso a sus derechos, lo que incluye tratamientos y prestaciones.

“Otro nivel de complicidades”

El fallo dice también que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos” hasta ahora probados. Dice: “Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. Y agrega: “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades", dice. Y advierte: “La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Las referencias a distintos funcionarios de la Rosada, con responsabilidades por encima de la organización delictiva al interior de la Andis, aparecen de forma indirecta en algunos chats. Por ejemplo, cuando Spagnuolo designa en junio de 2024 a Daniel Garbellini --otro de los procesados--en el “Grupo Museo” de Whastapp, que incluía a exfuncionarios que esperaban conseguir cargos, festejan. Patricio Rama, uno de los dueños de droguerías que compartía chats en ese grupo, manda un mensaje con un dibujo de planetas, como que se alinearon. Luego, el juez señala que ese “alineamiento” se ve reflejado en un mensaje de Pablo Atchabahian a Calvete donde parece haber alusiones a un hombre de la suizo argentina, a Santiago Caputo y a Lule Menem.

Dice el mensaje de Atchabahian: “Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani (Garbellini), que estuvo con el pelado (Spagnuolo) charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al ”Helvético″; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja (¿Menem?) así que estamos todos alineados en la misma. Dani (Garbellini) opina lo mismo. Todos opinamos lo mismo. Acá creo que ahora sí más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado (Spagnuolo) lo entienda". Mariano Caballi, en otros mensajes, hablaba de “llegar a Karina” que “es la que define todo”.

El juez Casanello pronto dejará de intervenir en la causa, ya que corresponde al juzgado federal 11 que subrogaba, y esa suplencia llega este jueves a su fin.

Dólares en la casa de Ornella Calvete, causa ANDIS
Dólares en la casa de Ornella Calvete, causa ANDIS Dólares en la casa de Ornella Calvete, causa ANDIS (PFA)

Los procesados

Por lo pronto, el juez pone en la cabeza de la organización ilícita a Spagnuolo, a Daniel Garbellini –extitular de acceso a los Servicios de Salud— al empresario y operador Miguel Angel Calvete y a Pablo Atchabahian, quien había ocupado el mismo cargo que Garbillini durante el macrismo. Los delitos son, además de asociación ilícita, en calidad de jefes para este grupo, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada en perjuicio de la administración nacional. En el caso de Spagnuolo dio por probado el cohecho, es decir, que recibió pagos ilegales, de parte de Calvete y sus colaboradores. El embargo para el extitular de la ANDIS es de 202.828.725.464 pesos. Es el más alto. El más bajo le tocó a Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, 94.773.204.489 pesos.

Los exfuncionarios, que según la descripción judicial, fueron elegidos para ocupar lugares estratégicos, son: Eduardo Nelio “Pino” González, ex titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, quien antes se había ocupado de compras en la dirección de Asistencia a Servicios de Salud (DNASS); Diego Martin D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas; Roger Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias de la DNASS; Lorena Di Giorno, quien se desempeñaba en el área de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI) y trabajaba en ANDIS desde 2020. Ella y González eran de máxima confianza de Calvete. Di Giorno incluso compartió sociedades con él. Ambos también fueron procesados por cohecho.

La hija del lobista, Ornella Calvete, a quien le encontraron 700 mil dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros en su domicilio también fue procesada como parte de la organización, por negociaciones incompatibles, defraudación y en su caso incumplimiento de los deberes de funcionario público. Casanello relata que aún después de haber entrado a trabajar al ministerio de Economía (primero en la dirección de Análisis de Cadenas de Valor y luego a cargo de Desarrollo regional en la secretaría de industria y comercio), iba a la oficina de su padre una vez por semana. Entre otras cosas, reproduce un diálogo donde busca vender en el Estado lo que ofrece su padre, en particular a un asesor, dice, de una senadora. “Quedate tranquilo porque de Profarma no nos van a cagar, porque es mi viejo”. En los papeles, Calvete padre no figuraba, pero esa droguería, altamente beneficiada por la ANDIS, la manejaba él, según el fallo.

Profarma tuvo, junto con Génesis, el 93,11% de las adjudicaciones de ANDIS entre julio de 2024 y agosto de 2025 que fueron denominadas “especiales” o acotadas, donde había una competencia sólo aparente de precios. Las otras dos droguerías implicadas son New Farma y Floresta S.A, que se quedaron con 51,67 % de adjudicaciones en 2025 y otro tanto el año anterior en el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados. Sólo las dos primeras facturaron más de 30.000 millones de pesos.

La trama de nombres es extensa. Del laboratorio Génesis, fue procesado Andrés Horacio Arnaudo. La misma suerte corrieron Silvana Vanina Escudero, fundadora de la droguería New Farma, y Patricio Rama, dueño del 50 por ciento de esa firma; Alejandro Gastón Acosta, de la droguería Floresta, marido a su vez de Escudero; y Federico Santich, socio de Calvete en algunos negocios y accionista de Profusion SRL, que a su vez era dueña de parte de Profarma.

El depósito y las heladeras de Droguería Floresta SA, "vacíos y en estado de abandono"
El depósito y las heladeras de Droguería Floresta SA, "vacíos y en estado de abandono" El depósito y las heladeras de Droguería Floresta SA, "vacíos y en estado de abandono" (Gentileza -)

Del entorno de Calvete. los procesamientos fueron para Julio César Viera, su mano derecha (en un comienzo su chofer), Patricia Canavesio, secretaria administrativa, y Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete. Luciana Ferrari había trabajado en prestaciones médicas de Andis, pero para el momento de la investigación cumplía funciones en el laboratorio Roche, de donde fue desvinculada. Le habían proporcionado una clave para entrar al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), desde donde se organizaban las adjudicaciones, que según el juez incumplían requisitos elementales de publicidad y normas aplicables en licitaciones. Por lo pronto, nada se publicaba en el portal público “compra.ar”.

El quincho de Spagnuolo

A contramano de lo que declaró ante la justicia, en la causa hay elementos que constatan que el extitular de la Andis no sólo veía pasar las coimas sino que era él mismo parte del entramado, y se llevaba lo suyo. “Ha podido reconstruirse que el funcionario recibió importantes sumas de dinero -tanto en efectivo como en especie- que le fueron suministradas, directamente y según la necesidad, por el propio Calvete a través de la estructura de personas y empresas que manejaba”, dice el juez.

No sólo, como se sabía, Spagnuolo pidió cinco millones en efectivo para viajar a Israel, sino que además el propio Calvete le saldó una deuda con un mueblero. “Calvete saldó la deuda contraída por el funcionario con su mueblero, Oscar H. Banon, mediante el pago de la suma de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), tres millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil pesos ($3.448.000) y cinco millones veintiún mil quinientos pesos ($5.021.500), respectivamente, a través de la cuenta bancaria correspondiente a la empresa Indecomm SRL”, dice.

Spagnuolo, durante el período investigado, se estaba haciendo una ampliación de su “galería con parrila”. El arquitecto que hizo la obra declaró en el expediente. “Sobre la costosa obra y el uso de dinero en efectivo y en dólares por parte de Spagnuolo para solventarla, el testigo Fabián Andrés Urroz, empleado de la empresa constructora “Bloque 4 SRL”, declaró: «La obra consistióen una ampliación y extensión de la galería con la parrilla. La obra estaba presupuestada en aproximadamente 51.000.000 de pesos. El cliente no abonó todo. En ese sentido, recibimos un anticipo en concepto de acopio de USD 20.000.00, en ese momento equivalente a $26.600.000. Luego el 27 de septiembre de 2024 recibimos USD 10.000, en ese entonces $12.250.000. Luego, el 25 de octubre de 2024 pagó USD 5.000, equivalentes a $5.975.000. Me pagó en efectivo y en dólares. En el presupuesto original no estaban contemplados algunos arreglos o materiales. Puedo estimar que el gasto complementario pudo haber rondado los USD 20.000»”. Nada de eso, según el juez, se hizo con fondos lícitos.

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"Los votos están", dijo Santilli

Reforma laboral: La Rosada cede con Ganancias y conforma a los gobernadores

Bullrich mantuvo reuniones con legisladores que responden a las provincias y el Gobierno tiene casi todo listo para la media sanción del proyecto que recorta derechos de los trabajadores. Este martes se reúne la mesa política.

Con Patricia Bullrich y Diego Santilli a la cabeza de las negociaciones, el Gobierno buscaba este lunes afinar el lápiz con gobernadores dialoguistas y legisladores aliados para terminar de pulir los últimos cambios a la ley de reforma laboral, cuya versión final es probable que recién se conozca horas antes de que llegue al recinto este miércoles. “Los votos están”, largó Santilli horas antes de que la exministra y presidenta del bloque de LLA se reuniera en el senado con sus pares Luis Juez; el misionero Carlos Arce; el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana Beatriz Avila y la salteña Flavia Royón. Todos ellos responden directamente a los mandatarios provinciales que pedían quitar la rebaja en Ganancias del proyecto, porque desfinancia las arcas provinciales. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

El propio Santilli se ocupó en aclarar que habrá cambios, pero ninguno que cambie “la idea general” del proyecto. Seguirá siendo regresivo. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado”, reconoció Santilli, para quien la garantía de la media sanción estará dada porque la titular del bloque oficialista Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado, al igual que Martín Menem “en Diputados”.

Por lo pronto, tal como había adelantado la propia Bullrich, la versión final debería estar “como muy tarde para el martes a la mañana”. La mesa política de Casa Rosada tiene previsto reunirse precisamente el martes desde las 11, en la previa al debate. Asistirán además de Bullrich y Santilli el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el titular de Diputados, Martín Menem, el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo.

Santilli, que junto con Adorni, fue uno de los encargados de ofertar fondos provinciales a cambio de votos. El ministro de Interior mantuvo una reunión este lunes con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, luego de varios contactos a contrarreloj con otros mandatarios provinciales en el sprint final previo a la votación. En ese marco, sostuvo que el proyecto va a “dar un primer paso este miércoles” en el Senado, aunque admitió que habrá modificaciones en el proyecto original.

Luego, para intentar convencer a la opinión pública de que ese proyecto tiene un costado positivo, el ministro sacó del bolsillo los supuestos “beneficios” que generará la sanción de la reforma. “Es importante tener una nueva ley laboral porque es preciso modernizar leyes que se aprobaron cuando no existía el celular, ni el trabajo remoto, y otras situaciones que esta ley ayuda a mejorar”, improvisó durante una entrevista por la oficialista Radio Rivadavia.

Santilli también intentó vender que a partir de esa ley se crearán puestos de trabajo, algo que la oposición y la inmensa mayoría de los especialistas laborales niegan. “Más del 50 por ciento de los trabajadores están en la informalidad y con esta ley van a pasar a la formalidad”, fue el argumento que repitió de memoria.

Minutos después salió a desmentirlo el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien aseguró que la reforma “no genera trabajo” y sólo “persigue a los gremios”. Martínez había formado parte inicialmente de las reuniones del Consejo de Mayo en la Rosada en las que supuestamente se debatían los puntos centrales de la norma, con las que igualmente dijo no haber estado de acuerdo desde el principio.

Fiel al estilo libertario de mezclar los temas, Santilli sacó a relucir la agotada excusa de la “industria de los juicios” que, en su opinión, “ha destruido el trabajo en la Argentina, y no precisamente en las grandes compañías que son las que más se pueden proteger, sino en las pymes”.

“El presidente Javier Milei, para los segundos dos años de su mandato, ha planteado claramente que el objetivo es crecer y generar trabajo formal que es lo que necesitamos como país y esta ley va en esa dirección”, destacó.

Además, en tono triunfalista vaticinó que el Gobierno tendrá este año “una excelente agenda parlamentaria, no solo en extraordinarias sino también en ordinarias” y destacó iniciativas como la Ley de Glaciares, con la que “le estamos devolviendo facultades a las provincias”.

Gobernadores con peluca

El encuentro entre Bullrich y los entreguistas tuvo lugar en las oficinas del bloque de la Unión Cívica Radical donde hubieron encuentros durante las semanas previas, desde que se oficializó la apertura de las sesiones extraordinarias. Allí mismo fue donde la semana pasada los mismos protagonistas se vieron las caras y, tras la reunión, el jefe del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, afirmó que había “un 95%” del texto acordado.

Con Bullrich se reunieron, además de Vischi, los legisladores del Frente Cívico, Luis Juez; del Frente Renovador de Concordia Carlos Arce; de La Neuquinidad Julieta Corroza; de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut Edith Terenci; de Independencia Beatriz Avila y de Primero Los Salteños Flavia Royón.

A todos ellos se les ofreció un salvoconducto dirigido a gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Pablo Valdes (Corrientes) entre otros, que se quite el capítulo que baja el impuesto a las ganancias y que desfinancia las arcas provinciales y que se puso como condición para aprobar la norma. El Gobierno confirmó en la tarde del lunes que ese cambio estaba prácticamente hecho.

El que salió a abrir el paraguas fue el peronista Sáenz. A pocas horas del debate, dijo haber recibido “presiones y amenazas” dirigidas a diputados y senadores que votarán con el Gobierno para que no apoyen el proyecto. Todo un paso de comedio para desnudar las diferencias en el peronismo con los dirigentes que avalarán la quita de derechos de los trabajadores argentinos.

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9 de febrero de 2026

 

En medio del escándalo por la medición, la inflación de CABA se disparó a 3,1% en enero

Se aceleró por quinto mes consecutivo. El Indec dará a conocer mañana la inflación a nivel nacional tras la polémica por la cancelación del nuevo IPC.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) volvió a acelerarse en enero y sobrepasó la barrera del 3%, según detalló este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), un día antes de que se conozca el IPC del Indec a nivel nacional, post cancelación del nuevo índice decidida por Javier Milei Luis Caputo.

En concreto, la suba de precios del mes pasado en CABA fue del 3,1%, lo cual supone el quinto escalonamiento consecutivo al alza de este índice, partiendo del 1,6% de agosto pasado. En diciembre, la inflación porteña había sido del 2,7%, por lo que ahora tuvo una aceleración de 0,4 puntos porcentuales, mientras que la cifra no era mayor al 3% desde el 3,2% de marzo de 2025.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre.

Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.

Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA (análoga la inflación núcleo) promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.

Los rubros que más y menos aumentaron en enero en CABA

El mayor aumento del mes se registró en Recreación y cultura, que trepó 7,4%, convirtiéndose en la división con mayor incidencia relativa. Le siguieron Restaurantes y hoteles, con una suba del 5,3%, y Alimentos y bebidas no alcohólicas, que avanzó 4%, un comportamiento relevante por su peso en la canasta de consumo. También se ubicaron por encima del promedio Seguros y servicios financieros, con un incremento del 4%, y Transporte, que registró una suba del 3,7%.

En un segundo escalón se ubicaron Bebidas alcohólicas y tabaco y Cuidado personal, protección social y otros productos, ambos con aumentos del 2,5%, junto con Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 2,4%, y Salud, con un avance del 2,2%.

Más moderados fueron los incrementos en Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una suba del 1,7%, e Información y comunicación, con un aumento del 0,9%. En contraste, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1%, mientras que Educación mostró una variación prácticamente nula, del 0,1%.

La polémica por el IPC del Indec

La publicación se conoce en la previa a que este martes 10 de febrero el Indec anuncie la inflación nacional de enero. La semana pasada, Caputo anunció, tras la renuncia de Marco Lavagna al organismo, que se daría marcha atrás con la publicación del nuevo IPC que iba a entrar en vigencia este mes. 

El ministro de Economía aseguró que la inflación nacional de enero sería una décima más baja con el nuevo índice cancelado que con el actual. Sin embargo, las consultoras advirtieron que el mayor peso de los servicios en el nuevo IPC daría lugar a una suba de la inflación a mediano plazo. Ahora, el dato de CABA en enero viene a respaldar esa presunción. 

Precisamente, el índice inflacionario de CABA le otorga una mucho mayor ponderación a los servicios (17,4% del total) que el IPC elaborado por el Indec a nivel nacional (9,8%). El nuevo IPC cancelado le daba una ponderación de 14,7%, por lo que se acercaba más a la medición porteña.

El Destape