Por falta de apoyos a la Ley Malvinas, el Gobierno suspendió el debate en comisión

LLA no logró comprometer las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores por segunda vez consecutiva. El miércoles pasado ocurrió lo propio y esta vez ni el quórum de los aliados estaba garantizado. La reunión fue pateada para el siguiente martes por “falta de tiempo” argumentaron fuentes libertarias.

Alan Longi

La victoria parlamentaria del oficialismo el jueves pasado encontró un dique rápidamente. Este lunes La Libertad Avanza tuvo que suspender la convocatoria a la comisión que buscaba dictaminar la ley sobre las Islas Malvinas que anunció el Presidente por Cadena Nacional.

LLA no logró comprometer las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores por segunda vez consecutiva. El miércoles pasado ocurrió lo propio y esta vez ni el quórum de los aliados estaba garantizado. La reunión fue pateada para el siguiente martes por “falta de tiempo” argumentaron fuentes libertarias.

El proyecto redactado en las oficinas de Santiago Caputo y promovido por esa ala del Gobierno multiplicó los cuestionamientos internos por aliados parlamentarios y políticos del gobierno. “Hubo presiones muy desprolijas desde Estados Unidos la semana pasada”, se quejó ante El Destape un legislador. Desde entidades privadas norteamericanas hicieron saber si descontento por los alcances del texto y su impacto en las empresas de EEUU. Los cuestionamientos a la “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” también llegaron desde el Grupo Clarín y de entidades cercanas como la organización empresarial de entidades periodísticas ADEPA. Todos con objeciones a artículos distintos del proyecto. 

EEUU objetó los párrafos que endurecen las sanciones de las empresas que exploten recursos en las islas. La laxitud de la redacción podría complicar los intereses norteamericanos. 

Además encendieron alarmas los artículos que crean el Consejo de Seguridad Nacional le otorgan múltiples superpoderes al Ejecutivo para hacer uso de las Fuerzas Armadas, clasificar a civiles de terroristas y determinar cuáles son las “infraestructuras críticas” que requieren defensa militar.

En ese capítulo el proyecto establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, “por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. ADEPA advirtió sobre pasajes del texto que pueden ser sujetos a "interpretaciones ambiguas" y producir “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios. El artículo 111 cuenta con el rechazo del radicalismo y del PRO.

El Grupo Clarín transmitió su malestar. “La infraestructura crítica son los fierros, la fibra óptica, el 5g. Pero ¿qué pasa cuando no diferencias la fibra, del prestador y de los contenidos? La discusión que plantean es cómo se respeta la propiedad de red. Si hay una sanción ¿le cerrás al operador? ¿Le cerrás al prestador?”, explica una espada legislativa oficial de diálogo habitual con el multimedios. Como Clarín (a través de Telecom Argentina) utiliza tecnología de Huawei para los servicios de conectividad y redes 5G en el país, una eventual intervención del gobierno a esa infraestructura repercutirá. 

“Clarín acá no miente: el texto no le cierra a ellos, ni a EEUU, ni a los aliados”, confía un legislador. El tema fue la noticia principal en la portada del domingo. El mega asesor les contestó: “Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad. Casi como si trabajaran para el enemigo”, twitteó.

Tras el éxito alcanzado por Martín Menem y Diego Santilli para bloquear el quórum el jueves, el presidente de la Cámara de Diputados se entusiasmaba con sumar este tema a la mega sesión convocada por el oficialismo para este miércoles. El camino se empantanó. Está vez no todo marcha acorde al plan.

El Destape

Alerta PASO: los riesgos para Milei si se anulan las primarias

El oficialismo evalúa la eliminación o suspensión de las PASO para ordenar el escenario electoral, mientras analistas y dirigentes advierten sobre los riesgos políticos y los cálculos de los gobernadores.

Para la mesa política del gobierno de Javier Milei el objetivo de eliminar o suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo es a la vez una obsesión y un camino en círculos que siempre termina en el mismo lugar: gobernadores que prometen los votos y después juegan a la escondida, dilatando la discusión al punto de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya piensa en que el Congreso discuta el tema en diciembre, en sesiones extraordinarias. La obcecación con el tema es, por supuesto, de conveniencia electoral: los hermanos Milei creen que eliminar las PASO los beneficiarán electoralmente porque no le permitirán al peronismo ordenar su oferta para los próximos comicios. Sin embargo, y aunque esa lectura está bastante extendida entre los estrategas y analistas políticos de distintas vertientes ideológicas, hay otras voces que advierten que tal vez eliminar o suspender las PASO sea contraproducente para Milei y su plan reeleccionista.

Privarse del termómetro de las PASO podría ser perjudicial para un Gobierno que, de mantener el plan económico, llegará a la elección en una situación de –por lo menos– incertidumbre. El antecedente inmediato de Mauricio Macri está ahí para dar el ejemplo: una gestión económica que provocó mucho daño fue castigada en las PASO y que, con ese alerta, intentó correcciones de último momento que le permitieron al macrismo recuperar mucho del terreno perdido entre una elección y otra. Y si bien Macri ni siquiera logró entrar al balotaje, sí pudo colar muchos más diputados y senadores de los que hubiera ingresado sin el termómetro de la elección primaria.

Un debate abierto entre especialistas

Para Facundo Cruz, Coordinador General del Observatorio de Opinión Pública de la UBA, la eliminación o suspensión de las PASO podría perjudicar a Milei en dos aspectos. Por un lado, a nivel electoral. "El voto no peronista se unifica detrás de la oferta no peronista más competitiva entre PASO y primera vuelta. Además, entre una elección y otra suele subir el porcentaje de participación electoral y ese aumento se inclina hacia listas no peronistas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires", destaca en diálogo con El Destape. Pero además, para Cruz también a nivel estrategia de alianzas las PASO pueden serle funcionales a Milei. "¿Qué pasa si de repente alguno o alguna que captura votos libertarios quiere presentarse y no tiene el instrumento de las PASO para dar la discusión adentro? Si va por afuera, eso pega en la competencia presidencial pero sobre todo en la legislativa, porque sin PASO se reparten las bancas en la primera elección", subraya.

El estratega de campaña y director de la consultora Alaska, Juan Courel, también observa el ordenamiento del arco oficialista como uno de los beneficios que el Presidente podría obtener de las PASO. "A Milei podría perjudicarlo no tener un incentivo para ser el único candidato por derecha. Sin PASO, sería mejor para algún sector cambiemita ir por afuera. Eventualmente, esa podría ser la diferencia en ganar en primera vuelta o ir a un balotaje" señala, aunque también aclara que no considera que las PASO sean tan determinantes. "Creo que la demanda ordena la oferta", remarca Courel, y agrega: "Hay factores que influyen mucho más (que las primarias). Por ejemplo, si las elecciones bonaerenses son concurrentes o con el mismo sistema que la nacional".

Miradas desde la política

En esa línea, Sebastián Galmarini, politólogo y diputado nacional por el peronismo, referente del Frente Renovador, también pone el foco en la provincia de Buenos Aires. "Si se suspendieran las PASO nacionales, tampoco sería tan dramático. Si Milei no llega a los 40 puntos, hay segunda vuelta. Y, en todo caso, se traslada el nudo a la primaria de la Provincia, que sería previa a la elección nacional", apunta. "Los oficialismos creen que cambiar las reglas de juego los benefician y no es necesariamente así, porque lo que importa es la preferencia de los electores", subraya Galmarini.

Para Gonzalo Taboada, Director de Investigación y Análisis de La Sastrería, la eliminación o suspensión de las PASO no perjudicará en nada a Milei. De hecho, sostiene que, si logra anularlas, el Presidente se beneficiará. "Creo que si no hay PASO el PJ es el principal perjudicado y Milei el principal beneficiario. Porque sin PASO cualquier competencia interna del oficialismo, ya sea Patricia Bullrich o alguien del PRO, se vuelve sumamente cara para quien lo intente porque conlleva una ruptura. Sin PASO tenés que presentarte por afuera. Y si no ganás te mandan a Siberia", detalla. Además, Taboada agrega: "sin PASO, un espacio posible de centro no tiene forma de armarse, y por eso la chance de ganar en primera podría existir, si el peronismo va dividido".

Esta es la lectura que por ahora prima en el Gobierno, que asegura que seguirá intentando hasta último momento evitar la instancia de las primarias. Por estas semanas está por cumplirse un año desde que se puso ese objetivo y aún no lo ha logrado. En este tema, la brecha entre los deseos de los hermanos Milei y los votos que les aportan los gobernadores sigue abierta.

Pagina 12

Sin servicio

Paro sorpresivo en el subte: todas las líneas están interrumpidas

La medida de fuerza afecta a las seis líneas de subterráneo y al Premetro.

El paro comenzó a las 10 hs, en un horario de alta concurrencia de pasajeros. Abarca a las líneas A, B, C, D, E, H y también al Premetro.

De acuerdo a las primeras informaciones, la medida de fuerza comenzó a partir del intento de detención de dos metrodelegados, Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, durante una protesta en la línea B de subte.

“Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio”, expuso el propio Dellecarbonara, de la Asociacion Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) sobre el intento de detención de Heredia, minutos antes de que efectivos policiales lo detuvieran también a él.

Tras este hecho, desde Metrodelegados emitieron un comunicado en el que explicaron que habían tomado la decisión de “paralizar todas las líneas de subte” tras “la detención de dos trabajadores y en rechazo a la tercerización ilegal en Emova: ‘La empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz social’”.

Pagina 12

Milei dispuso el secreto militar para la compra de las FFAA y no informarán qué adquirirán

Se da en plena tensión con el Reino Unido por las islas Malvinas. El texto no detalla qué bienes se adquirirán, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni cuáles serán los plazos de entrega.

El Gobierno declaró secreto militar a las operaciones contractuales vinculadas con una adquisición puntual de material y equipamiento del Ministerio de Defensa. La decisión se da en plena tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas y permite que los organismos contratantes avancen con los trámites de compra sin cumplir las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y Carlos Alberto Presti, y publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. De este modo, el texto no detalla qué bienes se adquirirán, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni cuáles serán los plazos de entrega.

El alcance de la declaración queda delimitado a las adquisiciones identificadas en un expediente particular (el denominado bajo el código EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD). Por lo tanto, la reserva dispuesta corresponde a esas operaciones específicas y no constituye una declaración general sobre todas las compras de la cartera.

Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuya naturaleza, características y finalidad requieren que su contenido sea conocido únicamente por personas autorizadas. El Ejecutivo sostiene que la divulgación de esa información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

La decisión se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación como secreto militar de asuntos de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Entre las materias comprendidas figuran las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, así como sus negociaciones y trámites.

El decreto se da días después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara frente al parlamento de su país que el Reino Unido será "implacable" en la defensa de los derechos de los isleños, luego de que el gobierno de Milei endureciera las sanciones contra las empresas extranjeras que operan en el archipiélago.

Cómo funciona el secreto militar

El efecto concreto de la clasificación es la excepción a las obligaciones de publicidad del procedimiento. Los considerandos señalan que, una vez declarada la reserva, los organismos contratantes deberán continuar con los pasos necesarios para adquirir el material, sin difundir las actuaciones alcanzadas por la medida.

La norma también autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar, por medio de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, los actos necesarios para hacer efectiva la decisión. Esa autorización no acredita que las compras ya se hayan concretado: el decreto establece la clasificación y habilita la continuidad de las gestiones correspondientes.

Como marco de la medida, el Gobierno cita las leyes de Defensa Nacional y de reestructuración de las Fuerzas Armadas. En particular, recuerda que corresponde al Ministerio de Defensa evaluar y decidir los requerimientos de equipamiento que contribuyan a las capacidades operativas necesarias para cumplir los objetivos del área.

La publicación no incluye un cronograma de implementación ni establece una fecha específica de entrada en vigencia. Tampoco permite determinar cantidades, características técnicas o destinos del equipamiento. La información difundida se concentra en la reserva de las operaciones y en la autorización administrativa para avanzar con ellas.

El Destape

Se dispara el riesgo país y alcanza un nuevo máximo en el año

Caen los bonos argentinos otra vez y comienzan a profundizarse las dudas del mercado por el Gobierno de Javier Milei.

El riesgo país sube un dos por ciento, acumula un nuevo incremento consecutivo y alcanza un valor récord en el año al llegar a los 660 puntos. En tanto que los bonos soberanos argentinos son negociados este lunes con una baja promedio de 0,5%, según la referencia de los títulos Globales. 

La aceleración de la inflación en Estados Unidos, la incertidumbre sobre las tasas de interés y las dudas vinculadas con la capacidad de financiamiento argentina configuran un escenario en el que las variables internacionales y las condiciones económicas locales vuelven a cruzarse.

La medición de JP Morgan surge de la diferencia entre los rendimientos de los bonos soberanos argentinos y los títulos de referencia del Tesoro de Estados Unidos. Esa brecha expresa el riesgo adicional que los inversores atribuyen a la deuda del país y se mide en puntos básicos, de modo que una variación del indicador no equivale directamente a una tasa de interés que el Gobierno pagará en cualquier operación. Sin embargo, su evolución permite observar si las condiciones para conseguir dólares en los mercados internacionales están mejorando o empeorando.

En el caso argentino, la cuestión resulta central por la necesidad de obtener divisas para afrontar los vencimientos de capital e intereses, fortalecer las reservas internacionales y evitar que las obligaciones externas terminen generando nuevas presiones sobre el mercado cambiario. Una reducción sostenida del riesgo país podría abrir la posibilidad de emitir deuda en condiciones más favorables, mientras que un aumento prolongado restringe esas alternativas y obliga a buscar recursos por otras vías.

El problema para la administración libertaria es que la estrategia de normalización financiera requiere, como advierte hasta el propio Fondo Monetario, algo más que mantener el equilibrio de las cuentas públicas. También necesita que los inversores estén dispuestos a financiar al Estado argentino a tasas compatibles con su capacidad de pago, una condición que depende de las perspectivas de crecimiento, la disponibilidad de dólares, la estabilidad cambiaria y las expectativas sobre la continuidad de la política económica. 

El Destape

Inspección ocular al gobierno de Milei

Dos enviados de Trump llegan a la Argentina para controlar que todo marcha acorde al plan

Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del responsable del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Ambos responden a Marco Rubio, con quien el presidente habló ayer. Malvinas y el Corredor Andes-Atlántico, en agenda.

Melisa Molina

En los próximos días aterrizará en la Argentina un avión que traerá a dos funcionarios de la administración de Donald Trump. Se trata del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Milei los recibirá al regresar del viaje número 19 a Estados Unidos de su presidencia. Este domingo, por si quedaba alguna duda de la relación carnal que el gobierno argentino sostiene con el país del norte, desde la Oficina del Presidente lanzaron un comunicado oficial para decir que el mandatario habló por teléfono con el secretario de Estado Marco Rubio. Tanto Landau como Segura le responden y llegan al país con la mira puesta en acelerar el Corredor Andes-Atlántico, una inversión en infraestructura para agilizar la salida de materias primas y minerales, entre otros temas calientes en los que también se coló la cuestión de los intereses norteamericanos en Malvinas. Todo eso, además, se enmarca en la previa de la visita a la Argentina del vicepresidente J. D. Vance, prevista para noviembre.

El diálogo entre Marco Rubio y Milei, después de haber conversado hace pocos días, sin embargo, no se dio en cualquier contexto. Según rumores y notas periodísticas que circularon este domingo, el gobierno de La Libertad Avanza habría recibido un llamado de atención por parte de la administración republicana por el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Sucede que ese texto --impulsado por el asesor Santiago Caputo, y que está en tratamiento en la Cámara de Diputados--, incluye sanciones para las empresas que estén vinculadas a la explotación petrolera en las aguas que rodean a las Islas Malvinas. Eso, según consignaron las versiones periodísticas, habría molestado a las empresas estadounidenses que, a su vez, trasladaron la preocupación a los funcionarios de Trump.

Desde la oposición, quienes siguen el tratamiento del proyecto en el Congreso, opinaron que “es probable”, que ese reclamo por parte de Estados Unidos al gobierno argentino haya ocurrido. “El esquema que el gobierno plantea hace que puedan ser objeto de sanción incluso aquellos que financian alguna de las empresas que operan en el Atlántico sur con permisos en Malvinas”. “Es decir --agregaron-- “ahí podrían ingresar los fondos de inversión, muchos de ellos norteamericanos, que apoyan al gobierno de Trump”.

Quienes conocen el funcionamiento del gobierno estadounidense opinaron en diálogo con este diario que cualquier límite a las empresas de ese país “siempre despierta interés”, y que el tema puede llegar a formar parte de la agenda durante la visita de los funcionarios de Trump. Sin embargo, aclararon que el viaje estaba previsto desde antes que surja el tema y que no creen “que vengan a quejarse”.

La semana pasada el proyecto de ley de Soberanía Nacional se trató en comisiones de Diputados, pero el oficialismo no logró obtener dictamen porque hubo diferencias con algunos aliados en artículos centrales. “El tema del enojo en Estados Unidos recién apareció hoy, pero habrá que seguirlo”, dijeron desde la oposición.

Además, explicaron que se trata de un proyecto impulsado por Santiago Caputo --que, más allá de las sanciones a las empresas busca modificar la ley de Defensa--, y que “el karinismo”, no está representado allí. “Los funcionarios que van a defenderlo son de segunda línea. No ha ido ningún ministro al Congreso a hablar del tema. El único funcionario que twittea sobre la ley y que se enoja cuando la descalifican es Caputo”, señalaron.

De hecho, este domingo el asesor salió a opinar sobre el tema en X. “Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad. Casi como si trabajaran para el enemigo”, indicó Caputo. La oposición prestó atención a un detalle no menor. El mensaje fue reposteado por el Presidente.

Desde Balcarce 50 desmintieron en diálogo con Página12 que haya enojo por parte de Estados Unidos por el proyecto y también agregaron que no harán modificaciones al texto “más allá de algún cambio de redacción que estén discutiendo en el Congreso”.

En la comunicación oficial que lanzaron desde la Casa Rosada sobre el llamado entre Rubio y Milei, sin embargo, escribieron una oración que podría leerse en clave sobre este tema. Dijeron que en el diálogo ambos “destacaron la importancia de consolidar un entorno regional de estabilidad, que fortalezca la confianza de los inversores y permita a la Argentina integrarse plenamente a las cadenas de valor globales”.

Además, añadieron que durante el llamado “reafirmaron la solidez del vínculo bilateral y analizaron oportunidades para ampliar el comercio entre ambos países, expandir las inversiones en un marco de transparencia y promover la prosperidad y la seguridad compartidas en todo el hemisferio”.

El Departamento de Estado que conduce Rubio, en tanto, publicó un comunicado en el que anunció la visita de Landau a la Argentina y subrayaron que en Buenos Aires “se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.

Se trata de un proyecto con el que Estados Unidos buscará acceder a los recursos estratégicos de nuestro país. El acuerdo fue firmado por Landau y Quirno el 23 de septiembre en Nueva York, cuando Milei viajó para dar su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Estados Unidos tiene el ojo puesto en ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.

“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, consignó el documento emitido por el Departamento de Estado previo a la visita y, a su vez, calificaron la gira de los funcionarios estadounidenses “como un reflejo del compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”. Landau y Segura comenzarán la gira este lunes en Paraguay, y durará hasta el 26 de octubre.

Además de eso, y como parte de la intromisión de Estados Unidos en la región que ellos consideran “su patio trasero”, este mes el gobierno de Trump también aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares destinado a la “cooperación contra el crimen organizado”, con los que buscan instalar una “unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley”.

“Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, celebró la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Pagina 12

La investigación de la timba de Caputo y Bausili con las reservas

Piden allanar el Banco Central por el negocio del oro con el Deutsche Bank

Se reclama secuestrar los correos del BCRA, que se negó a entregarle los contratos a la AGN, e indagar al ministro de Economía y al titular de la entidad. La denuncia penal por la pérdida de 1.023 millones de dólares suma, además, a un nuevo acusado del directorio del Central.

Raul Kollmann

El abogado Gregorio Dalbón le pidió a la Justicia federal que allane el Banco Central y secuestre -o copie- la información de sus servidores y casillas de correo para establecer quién eligió al Deutsche Bank -banco en el que Luis Caputo y Santiago Bausili fueron directivos- como contraparte de las operaciones con el oro de las reservas que le costaron al país 1.023 millones de dólares.

En el mismo escrito, Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía y el presidente del BCRA, además del superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet, y ahora se sumó el subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro, integrante del directorio.

Dalbón pidió la indagatoria de los cuatro. “Lo aquí novedoso, Señor Juez, se vincula con la necesidad de establecer cómo se seleccionó a la contraparte, qué costo total tuvieron las operaciones y si alguien percibió una ventaja indebida”, planteó.

La presentación se hizo en la causa 4971/2026, en trámite ante el juez Ariel Lijo, y se apoya en la revelación de Página/12 del domingo 18: el Deutsche Bank, el banco en el que Caputo llegó a ser director y Bausili, un altísimo funcionaro, fue una de las contrapartes del negocio. La pérdida en sí había sido anticipada en exclusiva por este diario el 13 de septiembre, antes de que la Auditoría General de la Nación (AGN) la confirmara al aprobar el balance 2025 del Central.

El banco de la casa

Según la AGN, la pérdida en las operaciones de oro se compone de 960,2 millones de dólares de “resultado negativo por opciones” y 62,8 millones de primas, y se pagó “con egresos de divisas”. O sea, salieron dólares contantes y sonantes de las reservas.

De acuerdo con las publicaciones que cita Dalbón, el BCRA compró un seguro contra una baja del oro y lo pagó vendiéndoles a bancos el derecho a comprar el metal a algo más de 3.000 dólares la onza. El oro terminó cotizando por encima de los 4.000 y el Central tuvo que cubrir la diferencia.

El escrito recuerda que Caputo y Bausili pasaron por el Deutsche Bank y que el presidente del Central ya fue investigado por negociaciones incompatibles con la función pública, por contrataciones que habrían beneficiado a ese mismo banco. Para colmo, según publicó Página/12, el BCRA se negó a entregarle a la AGN copia de los contratos, que contienen las condiciones pactadas y los nombres de quienes las autorizaron.

Nadie sabe tampoco cuánto cobraron los bancos en comisiones: Dalbón menciona una cifra superior a los 60 millones de dólares, un dato que circuló públicamente.

Los correos del Central

El abogado sostiene que la prueba central es documental y electrónica, y que está en manos de un organismo cuyas máximas autoridades son, justamente, las denunciados. La información, advierte, “puede ser modificada, ocultada o suprimida con facilidad por quienes tienen acceso a ella”. Por eso pidió que peritos informáticos copien los correos de la Presidencia del BCRA, del directorio y de las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos de 2024 y 2025, junto con los registros de acceso y modificación. Si el juez no ordena el allanamiento, reclama al menos una orden de presentación con la intimación a conservar la documentación.

La situación de Ferro, el nuevo apuntado en la causa, se vincula con su lugar en el directorio, que según la Carta Orgánica debe intervenir en las decisiones que afectan al mercado monetario y cambiario. La investigación deberá determinar si participó en la aprobación, el control o la ratificación de las operaciones y en la selección de las contrapartes.

Seguir la plata

Además del allanamiento, Dalbón propuso una serie de medidas para reconstruir quién ganó con el oro argentino:

• Pedirle al BCRA que explique cómo eligió a cada contraparte, con las invitaciones y las ofertas recibidas, y quién propuso las operaciones.
• Exigirle el costo total, con comisiones, honorarios y márgenes, y el detalle de a quién se le pagó cada concepto.
• Requerirle al Deutsche Bank los contratos y que informe si pagó comisiones o retrocesiones a terceros, con nombre y apellido de los beneficiarios.
• Consultar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) si registran reportes sobre estas operaciones.
• Preguntarle a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos si se reportó algún pago a funcionarios argentinos vinculado con el negocio.
• Designar peritos contadores y expertos en derivados para medir el perjuicio.

Los delitos denunciados

Los delitos denunciados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (de dos a seis años de prisión) y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si se acreditara una estructura estable, se sumaría la asociación ilícita (de tres a diez años).

Como se ve, la pregunta que quedó flotando desde el informe de la AGN -si el Central perdió 1.023 millones, ¿quién los ganó?- ya tiene un primer nombre. Lo que falta saber es si alguien más cobró por el camino.

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La motosierra no para

Milei y Sturzenegger avanzan con el vaciamiento del Estado: abrieron nuevos retiros voluntarios

La nueva ofensiva apunta a aquellos empleados públicos que estén cerca de jubilarse. Sus lugares no podrán cubrirse. Desde que asumió Milei se eliminaron más de 74 mil puestos de estatales.

El Gobierno oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos. La medida que podría elevar a 95 mil la cantidad de puestos de trabajo eliminados por orden de Javier Milei estará vigente hasta finales de noviembre próximo y está particularmente dirigida a todos aquellos estatales que estén a punto de jubilarse y se desempeñan en ministerios y secretarías de la administración central.

Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), “el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores” y los cargos dados de baja no podrán cubrirse. “Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir”.

El régimen apunta a reducir aún más la cantidad de trabajadores permanentes de dependencias públicas, que en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) ya tuvo una sangría de más de 74 mil puestos dentro del Estado.

La avanzada de Sturzenegger

La medida que garantiza la continuidad del vaciamiento del sistema público había sido anunciada a principios de mes por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue oficializada hoy en el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Se trata de una estrategia más para desligarse de trabajadores estatales. Entre el personal que adhirió a retiros voluntarios anteriores, aquellos a los que no se les renovaron los contratos, los pases a disponibilidad y los despidos, en los últimos dos años y medio el Gobierno se deshizo de un 21 por ciento de la planta de trabajadores de la administración pública.

Cómo es el plan de retiros voluntarios

Esta vez, los retiros estarán vigentes del 1 al 30 de noviembre y están destinados a dependencias del Poder Ejecutivo, como ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones. Pero tiene una singularidad: está dirigido a mujeres y hombres que ronden la edad jubilatoria.

La justificación para dejar en la calle a trabajadores por cuya edad se verán en la dificultad de acceder a un nuevo empleo es la de los últimos dos años: “Procurar una adecuada y eficiente asignación de los recursos públicos”.

Habrá tres grupos:

• Mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63. Podrán elegir entre un pago mensual del 60 por ciento de la remuneración bruta mensual, hasta un máximo de 36 meses. La otra alternativa es percibir durante 18 meses una gratificación equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad.
• Mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con al menos 30 años de aportes jubilatorios. La compensación será hasta 18 remuneraciones equivalentes a un sueldo bruto, más una suma adicional de 5 sueldos brutos.
• Mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La gratificación será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un máximo de 20 remuneraciones. Quienes tengan menos de 15 años de antigüedad, recibirán cuatro sueldos adicionales.

Los pagos únicos se abonarán de la siguiente manera: hasta 20 millones de pesos en un solo pago o más de 20 millones de pesos en cuotas mensuales y consecutivas.

“Es despido extorsivo”

“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. No se aguanta más”, denunció Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, quien obviamente rechazó la medida.

Uno de los requisitos que pone el Gobierno para acceder al retiro voluntario es aceptar la prohibición de volver a trabajar en el Estado durante 8 años. Es decir cuando debido a la jubilación ya no puedan acceder a un empleo formal, salvo aquellos que puedan acceder a un cargo docente en universidades nacionales.

Aguiar dejó claro el “total rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno”. “Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”, apuntó el dirigente.

Además, advirtió que “si los retiros son verdaderamente voluntarios, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”.

El cuestionado régimen de retiros se activó a pesar de que ATE viene denunciando un clima de hostigamiento permanente contra los empleados estatales, con métodos de presión para que renuncien o acepten los retiros.

Parte de la presión ha sido empobrecer los sueldos: los salarios del sector están hoy entre un 21 y un 40 por ciento por debajo del nivel que tenían al asumir Javier Milei, quien reconoció públicamente que la disminución del poder adquisitivo en el sector estatal forma parte del diseño de su plan económico.

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