25 de marzo de 2026

Israel, fuera de control: genocidio en Gaza, pogromos en Cisjordania y destrucción masiva en Líbano e Irán

Mientras la mirada internacional está puesta en Trump y los devastadores efectos que está teniendo su errática estrategia en la guerra que desató contra Irán, su único aliado en esta aventura militar, Israel, redobla su violencia y comete todo tipo de crímenes tanto contra los palestinos como contra sus rivales regionales sin ninguna consecuencia. 

El mundo mira entre atónito e indignado cómo Donald Trump decide sumir al planeta en una nueva crisis económica no forzada, apenas un año después de sacudir los mercados internacionales con su guerra de aranceles. Junto a Israel lanzó una guerra contra Irán que ya demostró expandirse más allá de los deseos de Estados Unidos y desnudó la falta de un plan claro por parte de la Casa Blanca. Pero mientras todos siguen con preocupación las declaraciones y decisiones erráticas del presidente estadounidense, su socio Israel parece tener carta blanca para destruir a quienes ve como sus enemigos.

Mientras todos se concentran en el estrecho de Ormuz y se preocupan por el precio del barril del petróleo, el gobierno de Benjamin Netanyahu, con la anuencia de la mayoría de la oposición y de la sociedad israelíes, continúa el genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, acelera su limpieza étnica contra los palestinos de Cisjordania con la ayuda de los pogromos de sus colonos, copia el modelo de tierra arrasada de Gaza en el país vecino de Líbano y sabe dónde golpear a la República Islámica para escalar aún más las represalias y embarrar aún más el conflicto.

Pogromos en Cisjordania: limpieza étnica a la vieja usanza

Cuando el conflicto israelí-palestino se traduce en una guerra entre Israel y Hamas se suele dejar de lado la ocupación militar que comenzó en 1967 de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén este y los intentos variados pero constantes para expulsar a los palestinos de estos tres territorios y ampliar Israel "desde el río hasta el mar", una frase normalmente adjudicada al movimiento palestino pero que aplica perfectamente al colonialismo israelí. 

En los últimos años, el nivel de devastación y deshumanización de los palestinos en Gaza opacó la violencia de menor intensidad en Cisjordania. Sin embargo, la ausencia de consecuencias reales por el genocidio en Gaza y, ahora, la atención mundial puesta en Irán y la guerra desatada por Estados Unidos e Israel, habilitaron la aceleración de la limpieza étnica en Cisjordania, un territorio del tamaño de un cuarto de la provincia de Tucumán donde viven más de 3,2 millones de palestinos y más de medio millón de colonos israelíes judíos bajo un sistema militarizado de apartheid. 

Año tras año, los sucesivos gobiernos de Israel avanzaron la colonización de este territorio mientras lo ocupaban militarmente. Construían asentamientos (o colonias) y hacían la vista gorda cuando sus ciudadanos se les adelantaban y se instalaban ellos mismos en tierras que pertenecían a los palestinos. Al principio no los reconocían pero luego los legalizaban y extendían los mismos beneficios que a los otros asentamientos: vivienda pública, servicios subsidiados y seguridad garantizada con su ejército. Gracias a esta protección y la segregación impuesta a punta de ametralladoras y tanques, los grupos de colonos nacionalistas más extremos se envalentonaron y se fueron volviendo hasta más violentos que los propios soldados. Hace más de 10 años que informes de inteligencia de Israel alertan del crecimiento de "células terroristas judías", pero ni el ejército ni los gobierno israelíes hacen algo. Por el contrario, los apañan en la mayoría de los casos y, cuando la agresión es muy explícita o queda grabada, la Justicia activa pero sólo para desnudar la doble vara con la que miden la violencia propia y la ajena. 

Por eso, la violencia de los colonos -a la par de la del ejército- no ha parado de crecer. En 2023, meses antes del masivo ataque de Hamas que desató la última ofensiva israelí contra Gaza, una ola de pogromos encabezados por colonos contra la población palestina sacudió Cisjordania. A la noche, generalmente, hordas de jóvenes incendiaron casas y autos, y persiguieron y golpearon a los habitantes de múltiples poblados. El objetivo fue claro: amedrentarlos hasta que se vayan y les dejen sus pueblos, sus casas y sus tierras. La violencia escaló tanto, que en marzo de ese año, el general israelí Yehuda Fuchs, calificó los ataques en el palestino pueblo de Hawara como "un pogrom". 

No es necesario citar a la ONU u a otra fuente humanitaria internacional para denunciar lo que sucede. Israel lo reconoce. El año pasado, el número de ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania creció un 27% y las agresiones consideradas severas, un 50%, según datos de las fuerzas armadas y del Shin Bet, el servicio de inteligencia interno. En paralelo, la ONU registró 36.000 palestinos más desplazados de sus hogares. Causa y efecto. 

Incluso, referentes militares israelíes reconocen que no están haciendo nada para evitarlo. Hace sólo unos días, la organización Comandantes para la Seguridad de Israel, que aglutina a cientos de ex oficiales militares, de inteligencia y de la policía, escribió una carta al comandante del Comando Central, con copia a los titulares de Defensa y Seguridad, para denunciar “la actividad violenta y terrorista de alborotadores judíos contra los palestinos en los territorios de Judea y Samaria” (nombre bíblico con que las autoridades y gran parte de la sociedad de Israel se refiere a Cisjordania para reivindicar su reclamo).

"Estamos preocupados por lo que percibimos como el débil intento de las IDF (fuerzas armadas) de prevenirlo, frenarlo y enfrentarlo de manera real, y por la ausencia de un esfuerzo dirigido por la Policía israelí para enfrentarlo. Tenemos la clara impresión de que no se trata de un pequeño grupo de alborotadores o 'malas manzanas', por el contrario, parece que detrás de los incidentes hay un aparato organizado, institucional y reglamentado, con diferentes niveles de jerarquía operacional en el terreno. Este es un aparato con objetivos claros, cuyos propósitos es limpiar a las zonas de cualquier presencia de palestinos a través de amenazas, daño extremo a la vida y la propiedad, violencia extrema y pogromos reales", denunciaron en su carta, utilizando otra vez la palabra "pogrom". O, dicho más sencillo: cuatro ex generales israelíes denunciaron una limpieza étnica en Cisjordania. 

Poco después de esta denuncia, se desató una ola de ataques por parte de soldados contra familias y civiles palestinos. Algunos quedaron grabados, otros fueron relatados por los sobrevivientes, como Jaled Bani Odeh, de 11 años, y Mustafa, de ocho, luego de ver cómo dos militares israelíes acribillaron el auto en el que viajaban junto con sus padres en Cisjordania. “Después de acabar con mi familia, se rieron de mí”, contó Jaled en referencia a los soldados.

Cada vez más ejecuciones extrajudiciales, ataques y amenazas quedan grabadas y son denunciadas públicamente. Pero la falta de consecuencias reales no hace más que empoderar a los violentos.

Este domingo, la organización pro palestina Good Sheperd Collective publicó en sus redes una carta en hebreo en la que 30 rabinos celebraban que "más y más áreas están siendo devueltas a las manos del pueblo de Israel" y pedían conseguir "la corrección fundamental del reconocimiento de la integridad de la tierra, el control total de la soberanía, la expulsión de los enemigos y el asentamiento en toda la Tierra Santa". Tanto el sábado a la noche como el domingo a la noche, hordas de colonos israelíes irrumpieron a más de una docena de pueblos palestinos en Cisjordania para incendiar autos y perseguir, golpear y amenazar a sus habitantes. Dejaron un tendal de heridos y los videos hasta se viralizaron en las redes. Los soldados israelíes, que están dispuestos a detener hasta niños palestinos con su mochila escolar por considerarlos sospechosos, una vez más no aparecieron y no hay ni un detenido.

El genocidio continúa en Gaza y cada vez menos pueden ayudar

La guerra contra Irán también terminó de sepultar la atención sobre la Franja de Gaza. Pese a que Trump y Netanyahu hablan del alto el fuego que comenzó a regir en octubre pasado, ni la ofensiva israelí ni el genocidio contra los palestinos se ha detenido. En menos de seis meses, Israel mató a casi 700 palestinos, que se suman a los más de 72.000 que habían sido asesinados en los últimos dos años. 

Con la tregua que impuso Estados Unidos, los bombardeos y las masacres masivas dieron paso a una campaña de ataques de menor intensidad. Israel ya no derrumba edificios enteros, pero sí ataca con drones campos de desplazados y mata a adultos mayores, niños o mujeres que solo se estaban protegiendo del frío, las inundaciones o las tormentas de arena dentro de una carpa. 

También sus soldados disparan todos los días a los hombres, jóvenes y niños que en busca de sus hogares destruidos, sus familias perdidas o, simplemente, de comida o agua, se acerca a la llamada línea amarilla. Parte del acuerdo de tregua de Estados Unidos es que Israel establecería una suerte de demarcación dentro de la Franja de Gaza para quedarse con una zona "libre de palestinos". Israel se quedó con el 58% de la franja, mientras que los más de dos millones de palestinos que ya vivían hacinados tuvieron que amontonarse en el 42% restante, la mayoría de ellos ya sin casas ni pertenencias. 

Pero como ha demostrado la historia, Israel sabe cómo empujar los las líneas territoriales imaginarias. En enero pasado, la cadena británica BBC publicó imágenes satelitales que demuestran que las fuerzas armadas israelíes ya movieron la línea amarilla, demarcada con bloques de cemento, hasta más de 300 metros a lo largo de todo el perímetro. Puede parecer poco, pero en un territorio de 365 kilómetros cuadrados, reducido por la tregua a 153 kilómetros cuadrados, cada metro cuenta. 

Israel tampoco cumple con la punto del acuerdo que demanda el ingreso masivo de ayuda humanitaria para terminar con la hambruna y las muertes por enfermedades o heridas curables. Pese a los reclamos constantes de la ONU y las organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno, desde octubre, Israel sólo deja entrar cantidades limitadas de alimentos, agua y medicamentos. Ya no mueren todos los días niños y bebés de desnutrición, como sucedió el año pasado en el momento más dramático del bloqueo israelí, pero según la iniciativa internacional IPC 1,6 millones de personas (el 77% de la población) aún enfrentan un nivel "agudo de inseguridad alimentaria", entre los que destaca 100.000 en el nivel más crítico, es decir, en riesgo de hambruna. 

Pese a esta crisis humanitaria, Israel está lejos de cambiar su estrategia militar. A principio de año, Israel ilegalizó a decenas de organizaciones humanitarias internacionales, incluidas aquellas que hoy atienden a miles de gazatíes heridos o enfermos que ya no tienen hospitales a donde atenderse porque Israel bombardeó y destruyó a la mayoría de ellos en la Franja. Esta decisión -que actualmente fue suspendida por la Corte Suprema hasta que defina su constitucionalidad- desató el rechazo de buena parte de la comunidad internacional. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu sigue firme en su decisión, después de todo cuando acusó, bombardeó y luego ilegalizó a la principal agencia de la ONU para los refugiados palestinos, la Unrwa, el mundo no hizo nada. 

El bloqueo militar, además, no permite que ingrese materiales de construcción ni maquinaría para remover las toneladas y toneladas de escombros que dominan gran parte del territorio. Israel destruyó barrios completos. Hay zonas donde no queda ni un edificio en pie, sólo escombros. Esto por un lado significa que hay miles y miles -algunos estiman que hasta 100.000- de cuerpos que siguen allí abajo y no pueden ser recuperados y, por otro lado, que los que se quedaron sin casa -se estima que más del 90% tuvo que abandonar su hogar y la mayoría no ha podido volver o no tiene a dónde volver- no tienen cómo tener un techo nuevamente. La única opción es conseguir una carpa en los masivos campos de desplazados, que se inunda cuando llueve, se congela en el invierno y se vuelve un horno insoportable en verano. Y aún así, las carpas se volvieron un beneficio que no alcanza para todos.  

La estrategia de Gaza, ahora en Líbano

Son pocas las fotos que se conocen de la devastación de Gaza ya que Israel no permite el ingreso de periodistas internacional y mató a 274 profesionales locales desde el 7 de octubre de 2023. Pero los pocos reporteros que ingresaron junto con el ejército israelí a recorrer el casi 60% que de la franja que quedó del otro lado de la línea amarilla coinciden en una misma descripción: es tierra arrasada, no quedó ni un edificio en pie, todo fue aplanado y es como un gran mar de escombros. Esa es la imagen que ahora Israel quiere para el sur del Líbano.

Cuatro días después del ataque inicial de Estados Unidos e Israel contra Irán, el partido-milicia Hezbollah se unió formalmente a la guerra del lado de la República Islámica y atacó al territorio israelí, no sólo como solidaridad con sus aliados iraníes, sino como respuesta a lo que denunció como "15 meses de agresiones israelíes". De esta manera, Hezbollah hacía referencia al alto el fuego acordado en noviembre de 2024 que había puesto fin a una invasión israelí al Líbano y un intercambio de bombardeos.

Desde noviembre de 2024 a noviembre de 2025, la misión de paz de la ONU en Líbano (UNIFIL), documentó más de 7.500 invasiones israelíes del espacio aéreo libanés y cerca de 2.500 invasiones terrestres. La mayoría conllevó algún tipo de ataque, lo que fue calificado por miembros de Naciones Unidas como "una falta de respeto total por el acuerdo de alto el fuego". Solo en noviembre pasado, la ONU denunció cerca de 130 muertos civiles por estos ataques israelíes contra Líbano, la mayoría en el sur del país, en el Valle de Bekaa y en las afueras de Beirut, todas consideradas zonas con fuerte presencia de Hezbollah. 

Como respuesta a la decisión de Hezbollah de sumarse a la guerra actual, Israel desató una ola de bombardeos aún más masiva y devastadora. En estas tres semanas, más de mil libaneses murieron, entre ellos 118 menores y 40 trabajadores de la salud; y más de un millón de personas ya tuvieron que abandonar su hogar, es decir, más del 17% de la población total del país. Del lado israelí, este domingo informaron del primer muerto por un ataque de Hezbollah al norte del país. 

Mientras el mundo se pregunta cuál es el objetivo de Estados Unidos e Israel con Irán, el gobierno de Netanyahu dejó claro este domingo cuál es el suyo con Líbano. El ministro de Defensa Israel Katz aseguró que el premier dio la orden al ejército de acelerar “la destrucción de viviendas libanesas en las localidades de contacto para frustrar las amenazas a los asentamientos israelíes, de acuerdo con los modelos de Beit Hanoun y Rafah en Gaza”. Este modelo, continuó el ministro israelí, incluye destruir todos los puentes sobre el río Litani “para impedir el paso de terroristas y armas de Hizbollah hacia el sur”.

Beit Hanoun y Rafah fueron dos de las ciudades más destruidas de la Franja de Gaza por los bombardeos diarios de Israel, la primera en el extremo norte del territorio y la segunda, en el extremo sur. Ambas marcan los puntos de inicio y fin de la llamada línea amarilla, por lo que es una posibilidad que el plan israelí en Líbano sea hacer tierra arrasada del sur de ese país vecino para luego demarcar ese territorio, ocuparlo y controlarlo definitivamente. 

Pero el modelo Gaza no termina allí. De la misma manera que lo hicieron en la Franja -de nuevo con pocas o ninguna consecuencia internacional-, ahora las fuerzas israelíes está atacando al sistema y los trabajadores de la salud y a instalaciones y miembros de la ONU. En otras palabras, las personas que, por un lado, tienen más chances de ayudar a la población local y, por otro, tienen más autoridad y recursos para denunciar los crímenes cometidos en estos ataques. 

Por ejemplo, los bombardeos a edificios o zonas civiles. Como se acostumbró a hacer en Gaza, las autoridades israelíes sostienen que primero envían órdenes de evacuación y luego atacan. De esta manera, sostienen, limitan lo que consideran "daño colateral". Sin embargo, como demostró Gaza, es imposible evacuar barrios enteros por lo que se convierte en una medida vacía. La Comisión Internacional de Juristas, una organización con base en Ginebra que reúne a magistrados y abogados de todo el mundo, sumó otra dimensión en los últimos días: las órdenes masivas de evacuación de Israel son ilegales.

"Las órdenes de desplazamientos ilegales de Israel son masivas e irresponsables y causan un sufrimiento humano desproporcionado, violando el derecho humanitario internacional", sentenció el director de la organización para Medio Oriente y el Norte de África, Said Benarbia. "La comunidad internacional debe aplicar de inmediato la máxima presión para que Israel detenga estas violaciones y proteja a la población civil", agregó ante el silencio mundial.

Profundizar la guerra contra Irán y embarrar cualquier desescalada

Pero la atención de los gobiernos hoy está en la guerra con Irán y los efectos económicos que está provocando. Se trata de un conflicto cada vez más sangriento -mientras Teherán denunció más de 1.400 muertos y más de 3 millones de desplazados de sus hogares, Israel informó de alrededor de 30 fallecidos- que no para de expandirse a terceros países y hasta a territorios tan alejados como la isla Diego García en el medio del Océano Índico.

Pese a ello, el diputado Ze'ev Elkin, parte de la coalición oficialista que mantiene a Netanyahu en el poder, aseguró en una entrevista con la Radio del Ejército israelí hace sólo unos días: "Cada día de la campaña es una enorme bendición para el Estado de Israel." Según explicó, los israelíes no deben concentrarse en cuándo va a terminar la guerra, sino en cómo puede "extender y profundizar el daño". Una vez más, la destrucción masiva como objetivo.

Por eso, Israel no está meramente acompañando la aventura militar de Trump, como hicieron otros aliados en otras guerras lanzadas por Estados Unidos. Su objetivo, como lo demostró con algunos de sus últimos ataques, es garantizar que continúe. Así lo demostró el miércoles pasado cuando atacó el campo de gas más importante de Irán, South Pars, lo que provocó una represalia iraní contra el lado qatarí del campo.

El de Israel no fue un ataque más a la infraestructura energética de ese país y, por eso, el resto de la región y hasta indirectamente Trump lo reconoció como una escalada cuando expuso que había sido una decisión unilateral de Tel Aviv y que no se repetiría.

South Pars contiene las mayores reservas de gas del mundo y está situado off shore en el Golfo Pérsico entre el territorio de Irán y Qatar. Tiene gas para responder a la demanda global durante 13 años, lo que llevó ambos países a dejar de lado sus diferencias y acordar un esquema de explotación y exportación. Por eso, el ataque de Israel no fue inocente. Buscó detonar aún más los mercados energéticos internacionales y empujar a los países árabes del Golfo a tomar represalias contra Irán, algo que hasta ahora se negaron a hacer para evitar una mayor escalada del conflicto.

Desde Israel, la oposición aprovechó el momento para volver a acusar a Netanyahu de utilizar la guerra como una estrategia para seguir en el poder. "Netanyahu ha convertido a la seguridad nacional es una herramienta para su supervivencia política. En vez de conducir hacia un resultado decisivo y estabilizar la situación, está estirando la guerra porque si finaliza significaría elecciones y un cambio en el gobierno", aseguró el ex general y titular del partido Demócratas, Yair Golan, el miércoles pasado.

Al día siguiente, Netanyahu dio una conferencia de prensa en inglés en la que respondió a las críticas internas: "Tenemos que ser más poderosos que los bárbaros, sino van a tirar abajo nuestras murallas y destruir nuestras sociedades". Mirando a Gaza, Cisjordania y Líbano, sin embargo, es imposible no preguntarse quién son los bárbaros en esta historia.

El Destape

 

Con la imagen en caída, el Gobierno busca oxígeno y relanza la negociación por deudas históricas con las provincias

El Ejecutivo quiere volver a tomar la iniciativa en las tratativas con los mandatarios provinciales mientras crece el malestar social en varios puntos del país por el ajuste fiscal.

Mientras crece la tensión social y cae la imagen presidencial, el Gobierno intenta retomar las negociaciones con las provincias para saldar deudas históricas que Nación mantiene con las 24 jurisdicciones. Con el objetivo de profundizar el saneamiento de las cuentas públicas y reordenar el tablero político, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó, mediante el Decreto 171/2026, una prórroga y modificación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. 

Según habían indicado desde las filas libertarias al momento de presentar este régimen, la medida busca "caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo". De esta manera, con la extensión de los plazos, el Ejecutivo permite que las provincias que aún no se han sumado al sistema de compensación de deudas puedan hacerlo bajo condiciones administrativas renovadas.

El esquema ya había despertado críticas de varios mandatarios provinciales al momento de su lanzamiento. Algunos gobernadores deslizaron que el régimen no precisa los montos a compensar y sembraron dudas respecto de su implementación. A eso se sumó el malestar por la falta de consulta en su diseño inicial y los reclamos abiertos por deudas previsionales, transferencias y fondos coparticipables, un escenario complejo donde la iniciativa no parece suficiente para descomprimir la tensión financiera entre Nación y provincias.

La normativa, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni Luis Caputo, abre una ventana de 60 días hábiles administrativos para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifiesten su voluntad de adhesión ante la Secretaría de Hacienda. Según el Gobierno, el decreto representa un intento de la administración libertaria por ordenar relaciones económicas con las provincias que han sido históricamente "desordenadas" por un centralismo creciente.

En qué consiste el régimen

Uno de los puntos más destacados de esta régimen es la flexibilidad en las formas de pago. El Gobierno mantiene su postura de utilizar activos no financieros para cancelar pasivos, lo que incluye la transferencia de tierras, empresas públicas radicadas en las jurisdicciones, rutas y otros bienes desafectados del uso estatal. Esta "creatividad" financiera, como la definen desde el Ejecutivo, permite que el Estado nacional se desprenda de bienes sin destino mientras las provincias limpian sus balances, impactando directamente en la actividad económica regional.

En cuanto a los aspectos técnicos y plazos extendidos, el nuevo esquema establece lo siguiente:

  • Documentación respaldatoria: las jurisdicciones tendrán hasta el 31 de diciembre de 2027 para presentar los informes y pruebas que acrediten la legitimidad de las deudas que pretenden incluir en el régimen.
  • Instancia de negociación: ante divergencias en los montos o informes técnicos, se abrirá un proceso de mediación bajo principios de "buena fe y lealtad federal" con un plazo máximo de 180 días hábiles para alcanzar un consenso.
  • Control institucional: el Ministerio de Economía mantendrá la autoridad de aplicación, requiriendo la intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación únicamente en casos de deudas bajo litigio judicial o arbitral.

Desde el punto de vista político, el éxito de esta medida se mide en la adhesión de los mandatarios provinciales. Hasta el momento, ocho gobernadores ya se han sumado al régimen: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Nacho Torres (Chubut), Hugo Passalacqua (Misiones), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes). Con esta nueva prórroga, el Ejecutivo espera atraer a las jurisdicciones restantes, consolidando una herramienta que no solo busca el equilibrio fiscal, sino también una nueva forma de gobernabilidad basada en el intercambio de activos y la regularización de acreencias recíprocas

El Destape

 

Diputados: la oposición impugna audiencia por Ley de Glaciares  

Legisladores cuestionan “graves irregularidades” en el proceso ya que sólo el 0,3% de los más de 102.000 inscriptos en la audiencia podrá participar de manera presencial. Reclaman nulidad y nueva convocatoria.  

Diputados nacionales de la oposición se unieron para impugnar formalmente la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares a pocas horas de su inicio. Solicitaron la invalidez de las dos jornadas de ponencias, la nulidad de todos los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones “reales, abiertas e inclusivas” de participación. Es que con 102.000 inscriptos, sólo se convocó de manera presencial al 0,3%, mientras que el resto deberá enviar un video o un texto que será anexado administrativamente.

La iniciativa fue encabezada por el legislador Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y contó con el acompañamiento de representantes de espacios políticos como Sabrina Selva, Lucía Cámpora, Adriana Serquis y Gabriela Estévez de Unión por la Patria; María Inés Zigarán, Carolina Basualdo de Provincias Unidas; Pablo Juliano por Democracia para Siempre y Juan Brugge y Pablo Farías de Unidos.

En el documento formal presentado ante Martin Menem sostienen que la audiencia resulta inválida debido a “graves irregularidades” en la metodología adoptada, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana. En ese sentido, sostienen que el procedimiento vulnera el reglamento de la Cámara baja, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).

El tratamiento de la Ley de Glaciares 

Si bien no hay expectativa en que el presidente de Diputados dictamine a favor del reclamo, el trámite es parte de una estrategia destinada a la judicialización posterior de la normativa una vez que se sancione la modificación. “El derecho no es absoluto pero cómo decidieron el listado no está claro. Sólo participa el 0,3% de los más de 100.000 inscriptos. Durante las dos jornadas en total serán sólo unas 300 o 340 personas que van a exponer. Además no publicaron quienes son los seleccionados y como lo hicieron”, señala uno de los firmantes. 

Ferraro cuestionó duramente el esquema implementado y aseguró que “limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y deja afuera a la gran mayoría de las personas inscriptas”. Además, denunció que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso. Los diputados remarcaron que el formato adoptado incumple estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias de debate sustantivo antes de la toma de decisiones.

“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100.000 personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país. En lugar de garantizar la escucha, se decidió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”, sostuvo el legislador.

Por su parte, Selva afirmó que la participación fue “cercenada de manera arbitraria”, al no transparentarse el proceso de selección de expositores. También cuestionó que miles de personas fueran obligadas a reformular sus intervenciones, restringiendo su derecho a expresarse oralmente. Según indicó, la organización de la audiencia se amparó en un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para limitar la participación de ciudadanos de todo el país. Asimismo, dejaron planteada la posibilidad de acudir a la vía judicial en caso de que persista la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

El Gobierno intenta por todas las vías evitar que el texto se judicialice ya que requieren habilitar las nuevas explotaciones mineras en zonas hoy prohibidas. Las empresas presionaron para que se cumpla con el trámite no vinculante de la participación para que la ley entre en vigencia rápidamente luego de la sanción.

El Destape

Deslomado y aferrado al cargo

En medio de los escándalos, Adorni vuelve a hablar en conferencia de prensa

El jefe de Gabinete tendrá un contacto con los periodistas a las 11 en la Casa Rosada. Se permitirán solo 5 preguntas. El viaje de su esposa a Nueva York, el avión privado a Punta del Este y las inconsistencias de su declaración jurada, bajo la lupa.

En medio de las constantes versiones y desmentidas sobre su posible salida del Gobierno, el jefe de Gabinete Manuel Adorni vuelve a protagonizar una conferencia de prensa este miércoles.

Según trascendió, aceptará cinco preguntas de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, en las que intentará dar por cerrados los escándalos que generaron distintas versiones sobre su posible salida del gobierno.

Desde el 6 de febrero que el funcionario no brinda conferencias, luego de haber anunciado junto al canciller, Pablo Quirno, el acuerdo comercial con Estados Unidos. En soledad, la última declaración en la Sala de Prensa de la Rosada data del 30 de diciembre de 2025.

Se espera que antes de las preguntas periodísticas el jefe de Gabinete haga referencia a los escándalos que lo involucran para intentar minimizarlos y acusar a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno.

Los escándalos de Adorni

Adorni quedó en el centro de la escena desde el viaje de su mujer al “Argentina Week” con la comitiva oficial a bordo del avión presidencial. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe", intentó justificar.

Luego se conocieron videos de un viaje a Punta del Este a bordo de un avión junto a su amigo Marcelo Grandío, un periodista cuya productora había sido recientemente contratado por la Televisión Pública. En total, el traslado costó 8.000 dólares, el doble de lo que había dicho Adorni inicialmente.

Cuando estalló el escándalo por el vuelo, Grandío intentó defender a Adorni pero lo hundió más“El viaje lo pagó Manu con plata del Estado”, dijo en una entrevista. Luego intentó corregirse: “Quiero decir que pagó con su plata, no con plata del Estado”. Por su parte, Adorni tuvo que salir a dar explicaciones y aseguró tener “el recibo” de la contratación del avión privado.

A esas dos cuestiones se le sumó una denuncia de parte de la diputada Marcela Pagano por presuntamente no haber declarado una casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, que estaría a nombre de su esposa.

Sobre Adorni pesan ya denuncias por “malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias” y por “enriquecimiento ilícito”.

¿Fin?

En un intento por retomar la iniciativa y despejar los rumores sobre la presión de sectores del oficialismo para que renuncie, el jefe de Gabinete tendrá también en esta semana una serie de reuniones de trabajo con los ministros.

Uno de los nombres que circuló con fuerza como posible reemplazante de Adorni fue el de Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires. La legisladora porteña salió a desmentir esa posibilidad vía X. “Completamente falso”, escribió en respuesta a un comentario periodístico en ese sentido.

Hubo otros dos nombres que en las últimas horas sonaron para reemplazar a Adorni: se trata de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

Por ahora en la Casa Rosada descartan cualquier movimiento y aseguran que el jefe de Gabinete seguirá en su rol.

Pagina 12

Una multitud defendió la Memoria, la Verdad y la Justicia desde las calles

A 50 años del golpe, la Plaza volvió a gritar: “Que digan dónde están"


Madres, Abuelas y organismos de derechos humanos denunciaron que sigue el pacto de silencio de los represores, a quienes el Gobierno nacional apaña.

Luciana Bertoia

¡Que digan dónde están! ¡Que digan dónde están! El grito brotaba como un torrente desde las entrañas de la Plaza de Mayo, esa misma plaza que las Madres habían transitado tantos jueves –a pesar de los fusiles que las apuntaban– para reclamar saber qué habían hecho con sus hijos e hijas desaparecidos por la dictadura. Cincuenta años después, las ausencias persisten, pero las Madres no gritan solas. Ese grito, que emanaba de las gargantas de cientos de miles de manifestantes, las envolvía para decirles que, a medio siglo del inicio de la noche más oscura de la historia argentina, hay una sociedad que no olvida, no perdona y no se reconcilia.

Las calles de la Ciudad de Buenos Aires se convirtieron desde temprano en una marea de gente que buscaba llegar a la Plaza de Mayo. El sol calentaba y los referentes del movimiento de derechos humanos empezaban a entusiasmarse con lo que sería una jornada histórica, en la que estimaban que más de un millón de personas se movilizó para refrendar su compromiso con el Nunca Más.

Buscarita Roa, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fue una de las primeras en llegar. Con su pañuelo atado a la cabeza, se alegraba por la llegada de cada vez más manifestantes. “Mucha gente nos acompaña. Yo le agradezco mucho al pueblo argentino porque me ha acompañado”, decía.

Buscarita es chilena. Su hijo, José Liborio Poblete, fue secuestrado junto con su compañera, Gertrudis Hlaczik, y ambos fueron llevados al Olimpo, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en Floresta entre 1978 y 1979. Con ellos estaba su bebita, Claudia Victoria, que fue apropiada. Buscarita la encontró y ahora ambas militan juntas en Abuelas.

Junto a Buscarita estaba María Santa Cruz, que hace 39 años trabaja con Abuelas. Llevaba su tesoro: el pañuelo de Raquel Radío de Marizcurrena, una de las abuelas fallecidas. Sobre el pecho, un prendedor con la cara de la hija y el yerno de Raquel. “Ella me delegó esa tarea”, contaba.

Poco a poco, el lugar empezó a llenarse de militantes de derechos humanos. Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, llegó con su nieto. “Las calles repletas son una respuesta contundente a este Gobierno nacional que reivindica el terrorismo de Estado. La memoria es, para nosotros, un valor supremo”, decía.

Horas antes, el Gobierno de Javier Milei había distribuido un video –protagonizado por Miriam, nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y apropiada por un oficial de inteligencia de la policía mendocina, y por Arturo Larrabure, hijo de un militar muerto en 1975– que cerraba con un llamado a la “reconciliación”, eufemismo usado históricamente por los perpetradores en su búsqueda de impunidad.

Margarita Cruz, sobreviviente de la Escuelita de Famaillá, tenía lágrimas en los ojos. “Estoy conmovida por la historia de nuestro pueblo. No van a poder arrasar nuestras subjetividades ni nuestra lucha”, afirmaba.

En el escenario había distintos colectivos representados: los pueblos originarios, quienes luchan para que el agua no termine siendo una mercancía, y los trabajadores despedidos de FATE. La primera ovación fue cuando se mencionó que Pablo Grillo, el fotógrafo al que un gendarme le abrió el cráneo con un cartucho de gas, estaba en la Plaza.

“Hoy el compromiso es doble porque estamos enfrentando al gobierno más represor desde el regreso de la democracia”, decía desde un costado María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

Sergio Maldonado repartía abrazos. Con una sonrisa amplia, afirmaba que era un día histórico.

Las hijas de Azucena Villaflor, Esther Careaga y Mary Ponce de Bianco –secuestradas tras la infiltración de Alfredo Astiz– llevaban carteles con sus rostros. “Tenemos sus rostros, sus historias de vida, ese país que soñaron”, se emocionaba Mabel Careaga.

“Es muy importante salir a defender los derechos humanos. Es una posición ética que representa la lucha de las Madres”, decía Ana Careaga mientras expresaba su satisfacción por la masividad de la convocatoria.

Marcha 24 de marzo 2026, organismos de DDHH
Marcha 24 de marzo 2026, organismos de DDHH Marcha 24 de marzo 2026, organismos de DDHH (BernardinoAvila)

Las voces de los nietos

–Buenas tardes, Plaza de Mayo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Somos nietos y nietas restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo, un puñado de las 140 historias que nuestras Abuelas pudieron reconstruir a fuerza de lucha, ingenio, trabajo, perseverancia y solidaridad de gran parte de la sociedad, que comprendió que el encuentro de los nietos y las nietas es una deuda de la democracia –arrancó Guillermo Pérez Roisinblit, también nacido en el campo de concentración de la ESMA.

Con sus compañeros de Abuelas cuidándoles las espaldas, fueron otros referentes tomando la palabra: Claudia Poblete Hlaczik, Guillermo Amarilla Molfino y Manuel Gonçalves Granada. Fue él quien cerró señalando que la única forma de sanar la herida abierta por la dictadura es con verdad: encontrando a todos y cada uno de los bebés que la dictadura robó.

–¡Que digan dónde están! –reclamaron.

Victoria Montenegro se conmovía desde el escenario por la marea de gente mientras sacaba su celular para filmar a la multitud. Pérez Roisinblit también estaba movilizado por la inmensidad de la marcha. “Es una sensación hermosa ver todo el público. Tanta presencia demuestra que la sociedad argentina todavía tiene músculo, tiene el recuerdo de cómo hay que luchar. Y eso se hace sentir”, comentaba.

Macarena Gelman viajó desde Montevideo para estar en la conmemoración. “Los cincuenta años representan la historia de la lucha. Y esta lucha va a seguir hasta que los encontremos a todos”, prometió la mujer que encabeza una campaña para hallar a los bebés robados, que como pasó con ella, puedan estar en Uruguay.

Los rostros de los desaparecidos

A las 16.50, las Madres, las Abuelas y los referentes del movimiento de derechos humanos ya se habían acomodado en el escenario. La bienvenida fue tan cálida como el sol de la tarde.

–Madres de la Plaza, el pueblo las abraza –coreaban.

El exjuez español Baltasar Garzón –que investigó los crímenes de la dictadura cuando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impedían hacerlo en la Argentina– registraba con su teléfono la comunión entre esas mujeres y la Plaza. Desde el escenario, Nora Anchart y Liliana Daunes –que cumplían 30 años como locutoras de estos encuentros– avivaban el reclamo: ¡Que digan dónde están! ¡Que digan dónde están!

marcha 24 de marzo 2026
24 de marzo. Vista aérea de la multitud que colmó Plaza de Mayo y alrededores. (JUAN MABROMATA, AFP -/AFP)

La lectura del documento fue coral. Elia Espen, madre de Hugo Miedan, arrancó recordando que la única forma de defender la memoria es luchando. “Sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles”, dijo.

Graciela Lois, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, continuó: “La gran mayoría de las y los desaparecidos fueron fusilados o murieron como consecuencia de las torturas a las que fueron sometidos; muchos fueron asesinados en los ‘vuelos de la muerte’. Nunca nos entregaron sus cuerpos. Por eso exigimos que nos digan dónde están”.

Las pancartas con los rostros de los desaparecidos se levantaron en la Plaza. Graciela respondió con el cartel que llevaba, con la foto de su esposo, Ricardo Lois, quien fue visto en la ESMA.

Osvaldo Barros estuvo secuestrado en ese campo de concentración junto con su compañera, Susana Leiracha. Él tomó la posta en la lectura del documento. “Hoy hay un gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado. Por eso desmantela las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, denunció.

–Llevamos 140 casos resueltos. ¿Qué les parece? –siguió Estela de Carlotto. El comentario de la presidenta de Abuelas fue celebrado con un aplauso de la multitud. Señaló que se necesitan políticas públicas y el acompañamiento de la sociedad para seguir encontrando a los bebés robados. “Si tienen información sobre un posible hijo de personas desaparecidas, acérquenla. Nunca es tarde”, pidió.

A su turno, Verónica Castelli recordó que hay 1231 condenados y que más del 80 por ciento de los represores están en prisión domiciliaria.

Adolfo Pérez Esquivel se puso de pie con un gorro con la bandera de Palestina. Fue él quien pidió por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner –quien un rato antes había salido al balcón para sumarse al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia desde su arresto domiciliario–. “La prisión y proscripción de la expresidenta de la Nación en un proceso denunciado por absolutas irregularidades, durante el cual se atentó contra su vida, merece nuestra preocupación y repudio”, afirmó el Premio Nobel.

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora, pidió levantar las fotos para que miraran hacia la Casa Rosada. “A ese poder del Estado que no los busca, mientras los niega”, dijo.

Como una respuesta aguda a la provocación del Gobierno, Taty afirmó: “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Porque somos el país del Nunca Más y del pañuelo blanco. Porque seguiremos, como sostuvo Paco Urondo, hasta que todo sea como lo soñamos y también como lo luchamos”.

Con todo el poder de su garganta, gritó: 30.000, ¡presentes! ¡Ahora y siempre!

Agregó un mensaje adicional esta vez, quizá movida por los 50 años: “No nos han vencido”.

–Nooooo– contestó desde un costado Estela, con una sonrisa más grande que su rostro.

Cuando todo terminó, Graciela Lois decía que la Plaza le había recargado las energías. “La memoria está presente, aunque quieran borrarla”.

Para Adriana Taboada, impulsora del grupo Federalizar la Memoria, había una mezcla de emociones: “Tristeza, tantos recuerdos y, a la vez, una emoción y conmoción enormes. Cincuenta años es mucho tiempo y llegar en unidad, con fuerza y masividad es histórico. Y lo hicimos entre todos”.

Pagina 12