El Gobierno paga un millón de dólares para calificar una deuda que no piensa colocar
La administración de Milei renovó un contrato en forma directa con la calificadora de riesgo Standard & Poor’s por más de un millón de dólares a pagar en tres años para que haga la evaluación de la solvencia “ante la posibilidad de acceder nuevamente al mercado de capitales internacional”. No es obligatorio contar con esa calificación.
La administración de Javier Milei renovó un contrato con la calificadora de riesgo Standard & Poor's Global Ratings (S&P) que tendrá vigencia hasta marzo de 2028 por un monto global de que supera el millón de dólares, para mantener la calificación de deuda necesaria para emisiones con legislación extranjera, pese a que el ministro Luis Caputo insistió en varias ocasiones que no tiene previsto volver al mercado financiero internacional.
El acuerdo llegó apenas un par de meses después de que la calificadora elevara el nivel de la deuda colocada por el país a CCC+, siete niveles por debajo del grado de inversión, con perspectiva estable, y la dejó equiparada con las de Moody’s Ratings y Fitch Ratings, que no cobran por hacer esa evaluación.
“Ante la posibilidad de acceder nuevamente al mercado de capitales internacional se considera conveniente continuar con las prestaciones brindadas por Standard & Poor’s Global Rating”, dice la resolución 422 del Ministerio de Economía publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La contratación de una calificadora no es obligatoria para la colocación de deuda en los mercados internacionales, aunque en el mercado se la considera una “buena práctica”. “No vamos a salir al mercado internacional, no hay ninguna intención”, dijo el ministro Luis Caputo por última vez el 2 de febrero pasado en una conversación con Radio Mitre, en una decisión que justificó por la posibilidad de acceder a financiamiento más barato del que surge por el nivel de Riesgo País, que se mantiene por encima de los 600 puntos.
El acuerdo con S&P Global se extiende desde este mes hasta marzo de 2028 y se abonará en tres cuotas anuales de 300 mil dólares el primer año, 340 mil dólares el segundo año y 380 mil dólares el último año.
El contrato incluye una cláusula que aclara que el valor es por emisiones que haga el país por hasta 20 mil millones de dólares y que si supera ese monto, tanto en colocaciones internas como internacionales, tendrá un sobrecargo de 1 punto sobre el monto excedente.
S&P mejoró en diciembre pasado la calificación de la deuda y lo justificó en “una posición política más fuerte tras las recientes elecciones de mitad de mandato y la disminución de los desequilibrios económicos, gracias a la menor inflación y al superávit fiscal durante 2025, han mejorado el acceso del gobierno argentino a la liquidez”. “Estos avances mejoran la solvencia y podrían reducir la probabilidad de un impago convencional”, agregó el comunicado de los analistas liderados por Joydeep Mukherji.
Desde entonces, la situación fiscal de la administración de Javier Milei se deterioró por la caída de la recaudación impositiva, en marzo por octavo mes consecutivo, que pone en jaque el superávit fiscal primario.
La falta de recursos fiscales compromete también la posibilidad de lograr apoyos en el Congreso para avanzar con la agenda de reformas ultraliberales del Gobierno, que suele conseguir los votos a cambio de transferencias discrecionales a las provincias.
Un trabajo de la consultora PxQ que dirige Emmanuel Álvarez Agis determinó una relación directa entre transferencia de fondos y votos en Diputados y en el Senado. “Durante los proyectos que se trataron en febrero, se repartieron ATN a seis provincias, por un monto total de 20.000 millones de pesos. Las provincias beneficiadas fueron Misiones (20%), Salta (20%), Santa Cruz (20%), Corrientes (15%), Jujuy (15%) y Neuquén (10%). Los votos favorables pertenecientes a estas provincias sumaron, esta vez, 12 en diputados y 8 en senadores”, describió.
“En un contexto de estancamiento económico que afecta la recaudación y condiciona el objetivo de superávit fiscal, uno de los principales anclajes de la estrategia económica del gobierno, el margen para sostener transferencias discrecionales como instrumento de negociación podría verse limitado”, advirtió la consultora.
Además, consideró que “los resultados observados durante los primeros meses del período legislativo podrían responder en parte a una ventana de cooperación inicial que, a medida que avance el año y se intensifique el ciclo político con la mirada puesta en las elecciones de 2027, podría volverse más difícil de sostener”.
En la carta acuerdo convalidada por Economía, la consultora aclaró que “el honorario anual incluye la calificación de la República Argentina como Emisor, la renovación y mantención del programa de emisor frecuente y la calificación pública o privada con respecto a cualesquiera de sus obligaciones crediticias/títulos de deuda a ser emitidos en el mercado internacional, por hasta US$20 mil millones anuales”.
Además, advirtió que “la deuda a ser emitida bajo legislación local podrá ser calificable y/o ser analizada (a criterio analítico), pero sólo contabilizará para el cálculo del monto anual de emisiones y el cálculo del honorario aplicable por excedente, cuando el Emisor solicite la calificación específica de alguno de tales instrumentos”.
Los honorarios, aclaró, están indicados en dólares estadounidenses y no incluyen IVA que será aplicado según corresponda y precisa que de corresponder el impuesto al sello lo abonarán en partes iguales y que “los pagos deberán ser realizados libres de cualquier retención o deducción” y “podrá efectuarse en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor, del Banco de la Nación Argentina, al momento en que se abone la factura, mediante transferencia bancaria, de acuerdo con las instrucciones que se detallen oportunamente”.
El Destape
