PLAN C
3 de julio de 2026
Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
“No tienen ni idea de a quiénes echaron”
Paula Alderete es la única experta en operar el microscopio electrónico certificado con normas ISO del organismo. Los otros casos.
¿Por qué explotó una caldera? ¿Qué falló? ¿Qué puede aportar una muestra balística para resolver un crimen? ¿En una prenda hay plomo? ¿Por qué se rompió un motor industrial? ¿Cuánta vida útil le queda a los materiales que se usan en las centrales nucleares? Esos eran algunos de los interrogantes que Paula Alderete ayudaba a resolver con su trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Era la única empleada que tenía la pericia para manipular el único microscopio electrónico de barrido con acreditación en normas ISO 9001 e ISO 17025 – una certificación poco común– que había en el organismo hasta que fue despedida el 30 de junio a través de una notificación del sistema Gestión Documental Electrónica (GDE), que usan los organismos públicos.
El testimonio de Paula Alderete contradice, al menos, dos argumentos libertarios. Uno, el que dio el presidente de la CNEA, Martín Porro, que luego de los despidos dijo que “ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado”. Dos, el que sostiene el presidente Javier Milei acerca de la improductividad de los organismos públicos en detrimento de la eficiencia privada: en el laboratorio, Paula también trabajaba con muestras que le llevaban empresas que no eran estatales.
“Mi trabajo consistía en operar el microscopio electrónico de barrido y los usuarios venían con sus muestras. Yo las preparaba, las montaba y mirábamos, desde aleaciones para aplicación nuclear hasta combustibles, células, polímeros, cerámicos e infinidad de muestras”, le cuenta Paula a Página/12. Y explica: “Es importante porque cada una de esas muestras viene con una investigación adyacente. Alguien que está desarrollando algo, incluso también las empresas privadas. A veces, tienen un problema puntual a resolver o tienen cuestiones de calidad a las que responder y nosotros facilitamos esas respuestas. También saber por qué las cosas fallan”.
Paula Alderete tiene 31 años y hace más de tres que trabajaba en el laboratorio del Centro Atómico Constituyentes. Cobraba 683.000 pesos por mes y tenía un contrato que, en los últimos años, se renovaba cada tres meses. “A veces uno hace algunas otras cositas por fuera para sumar plata, algún tipo de emprendimiento, pero la realidad es que me gusta muchísimo mi trabajo”, cuenta. El 31 de junio se enteró que el 1 de julio ya no podría entrar más porque no se le habían renovado. “Estos días los estoy pasando con angustia y ansiedad en partes iguales. Estoy con poco apetito, con pocas horas de sueño, pero tratando de estar lo más entera posible para visibilizar la situación y poder revertir mi despido y el de otros compañeros, que también son importantes en su tarea y labor”.
Ayer, en las redes sociales circuló una imagen del laboratorio vacío y el microscopio apagado. Una muestra del desmantelamiento a la ciencia que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. “Espero que con estas situaciones se visibilice y se entienda la importancia que tiene la CNEA, es importante que nosotros como argentinos sigamos teniendo la Comisión, que sigamos desarrollando, que sigamos investigando, eso nos hace un país soberano”, resalta.
El martes, Martín Porro sostuvo que “no hubo despido de científicos”. A través de un posteo en X indicó que se trataba de personal administrativo. Algo que fue desmentido rápidamente Paula en esa misma red social. “Que mi tuit haya generado tanta visibilización me genera bastante vergüenza porque soy una persona de perfil bajo, pero estar en la situación de que había sido desvinculada, haber estado en sede y haber visto cómo él se fue custodiado por Gendarmería después de estar horas encerrado en su despacho me pareció indignante. No podía no responder, indicarle que la realidad era otra”, recuerda.
Pero hay más casos que desnudan la falacia del presidente del organismo. Como los de Lucas Di Donatis, ingeniero químico, y Alejandro Valentín Coria, ingeniero electrónico; ambos egresados de de la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabajadores de la Gerencia de Área CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integralmente en Argentina que Milei paralizó. O el de Leila Cantera, que estaba en la Gerencia de Área Reactor Argentino Multipropósito (RA-10) en el Centro Atómico Ezeiza. O el de Carla Melisa Navazzotti, licenciada en RR.HH., con un posgrado en Ingeniería Gerencial. “Me generó bastante indignación ese tuit porque es mentira. Si no fue Porro el que hizo los despidos y mandó a despedir, la persona que lo hizo no tiene idea de a quiénes están desvinculando, no tiene ni idea. Hay ingenieros que han sido despedidos en Bariloche, gente ultra especializada en labores administrativas”, agrega Paula.
Desde el martes, la comunidad científica se está manifestando para revertir los despidos y para denunciar el ataque a la soberanía que lleva adelante La Libertad Avanza para facilitar las privatizaciones y colaborar con los intereses de Estados Unidos, que sigue muy de cerca el desarrollo nuclear argentino. “Tratamos de hacer nuestro país un poquito mejor de lo que estaba. A pesar de las crisis, a pesar de todo, la ciencia tiene que seguir. Es importantísimo para nosotros y para las futuras generaciones también”, cierra Paula.
Pagina 12
El gobierno y su entrega de la soberanía
El plan para resistir la entrega nuclear a los Estados Unidos
La estrategia de la oposición para proteger al plan nuclear argentino y frenar la destrucción de la CNEA. El gobierno desfinanció el proyecto del reactor CAREM para entregarlo a una empresa norteamericana.
Ante un gobierno que avanza con el desguace del plan nuclear argentino —con despidos masivos en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la privatización de activos estratégicos y la cesión de soberanía—, la oposición en el Congreso puso en marcha iniciativas para proteger al sector. El plan que circula entre los bloques de la Cámara baja podría ser similar a la que se utilizó para hacer caer los decretos delegados que desmantelaban el INTI y el INTA. Todo ocurre mientras el Gobierno anuncia la construcción de un reactor nuclear modular en Atucha, financiado con capitales privados estadounidenses, pero con patente argentina. Así, el Ejecutivo delegará capacidades estatales al sector privado y dejará conocimiento acumulado durante décadas en manos de una empresa norteamericana. “Será un privado el que expanda la matriz energética argentina y la frontera tecnológica de nuestro país”, celebró el vocero presidencial, Adrián Ravier. En plena transición energética, Argentina cuenta con recursos y tecnología para convertir ese proceso en un motor del desarrollo industrial. Sin embargo, el Gobierno elige contradecir la tendencia global de reindustrialización, protección de capacidades locales y búsqueda de autonomía tecnológica.
Que el Gobierno desprecia la ciencia argentina y que su único plan para el sector nuclear es el desmantelamiento no es novedad. En septiembre del año pasado, la Casa Rosada anunció la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., habilitada por la Ley Bases. La operación, por ahora trunca, buscó recaudar unos mil millones de dólares mediante la venta de una empresa estratégica para el país. Por entonces, la compañía era presidida por Demian Reidel, amigo del Presidente, quien dejó el cargo en medio de denuncias por sobreprecios en licitaciones públicas. La antítesis del cuento de la meritocracia.
Los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica van en la misma dirección y forman parte de “una política orientada a vaciar capacidades construidas durante décadas para reorientar el desarrollo nuclear hacia negocios privados”, señalaron desde el interbloque Popular. Los senadores del peronismo recibieron a investigadores y científicos para escuchar de primera mano la situación del sector. Justamente, la Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón y constituyó uno de los pilares históricos del desarrollo científico y tecnológico argentino.
Durante el encuentro, los especialistas manifestaron una preocupación particular por el abandono del reactor modular CAREM, un desarrollo íntegramente argentino que demandó décadas de inversión pública, investigación e innovación y que colocó al país al frente de la carrera por el desarrollo de esta tecnología. Incluso durante el gobierno de Mauricio Macri, que eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se reconoció la importancia estratégica del proyecto CAREM, y se lo mantuvo en marcha como un activo estratégico para la exportación y para garantizar el desarrollo tecnológico nacional.
Cuarenta y ocho horas después de que se materializaran los despidos, las piezas del rompecabezas comenzaron a ordenarse y la foto se vió completa. El Gobierno anunció un proyecto privado para construir un reactor nuclear con la firma estadounidense Meitner Energy. La noticia fue presentada como “la más importante en 20 años”, según escribió en su cuenta de X Adrián Ravier. En efecto, el relanzamiento del Plan Nuclear en 2006 marcó un verdadero punto de inflexión, con objetivos como la finalización de Atucha II, la extensión de la vida útil de Embalse y la planificación de nuevas centrales nucleares. Además, el proyecto CAREM se consolidó como una iniciativa estratégica que posicionó al país como precursor en reactores modulares de pequeña escala. Lamentablemente, el Gobierno que desfinanció uno de los emblemas de la tecnología nuclear celebró “que una empresa internacional elija a nuestro país para construir un reactor nuclear 100 por ciento privado”. Una burla. “Seguimos trabajando para impulsar la tecnología nuclear que promueve el desarrollo energético argentino”, escribió Caputo en sus redes.
La diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis, extitular de la CNEA, explicó que se trata de “una de las empresas que hizo lobby para aprobar el Súper RIGI. Es el mismo Gobierno que desfinancia el proyecto CAREM de la CNEA, un reactor nuclear modular pequeño, 100 por ciento argentino y con un 70 por ciento de avance en su construcción, para empezar desde cero uno nuevo que podría tardar muchísimo tiempo en estar listo. La entrega es total”, concluyó.
“Hay que seguirle el rastro porque con estas iniciativas se llevan a la gente muy especializada de la CNEA por el doble de sueldo y van vaciando la comisión”, explicó a Página/12 Martín Iofrida, secretario general de la Asociación de Profesionales de la CNEA.
Los despidos son apenas la punta del iceberg de un combo letal para el desarrollo nacional que incluye el vaciamiento del Estado, el traspaso de sus capacidades al sector privado y una cesión de soberanía al servicio de los Estados Unidos. Justo cuando la transición energética puede ser una oportunidad para fortalecer capacidades tecnológicas e industriales y permitir la exportación de tecnología con alto valor agregado, una fuente potencial de ingreso de divisas para el país, el gobierno libertario la dilapida por su alineamiento exclusivo con Occidente. Otra oportunidad que se va.
Congreso en marcha
En el encuentro que los senadores del interbloque Popular mantuvieron con los investigadores y científicos del sector se resolvió impulsar un proyecto para exigir la reincorporación de los trabajadores afectados, preservar las capacidades científicas y tecnológicas de la CNEA y garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos del desarrollo nuclear argentino, reafirmando que la política nuclear constituye una política de Estado vinculada a la soberanía tecnológica, la producción, la salud, la energía y el desarrollo nacional.
En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió a Martín Yeza, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, que reúna a la comisión para escuchar a los trabajadores despedidos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y solicitar explicaciones al Gobierno.
Al caer la tarde, la idea que circulaba entre los bloques de la oposición era desplegar una estrategia similar a la que se utilizó para voltear los decretos delegados del Ejecutivo que habilitaban el vaciamiento del INTI y del INTA. “Todo es muy preliminar, pero hay que analizar bien el decreto de reestructuración de la CNEA e intentar una estrategia similar a la del INTI”, explicó a este diario el diputado Esteban Paulón. El legislador tiene presentado un proyecto de protección del sistema nuclear argentino, al igual que Unión por la Patria.
Adriana Serquis también presentó un proyecto para repudiar los despidos en la CNEA y alertó sobre el “desmantelamiento” del sector nuclear. La iniciativa también repudia la utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional dentro del organismo durante la jornada de los despidos.
En un mundo cada vez más enfocado en la transición energética y la reindustrialización, desaprovechar estas oportunidades no solo condena a la Argentina a una posición subordinada en la economía global, sino que también posterga el desarrollo de su potencial científico e industrial.
Pagina 12
2 de julio de 2026
“A la peruana”: a pedido del FMI, Milei quiere un BCRA blindado y sin una misión de equidad social
Milei adelató que buscará modificar la carta orgánica del Banco Central. El Fondo Monetario Internacional se lo pidió en la última revisión del programa económico, publicada el pasado 8 de mayo.
La pretensión de Milei de modificar la carta orgánica del Banco Central es un mandat
o del Fondo Monetario Internacional. De avanzar en esta línea, el mandatario abandonará sus intenciones incendiarias para con la autoridad monetaria y se encargará de devolverle el espíritu que tenía en 1992, en los albores del Consejo de Washington en el país.
“Probablemente quiera eliminar el doble mandato (empleo y desarrollo económico con equidad social) y la posibilidad de financiar al Tesoro con emisiones; eliminar la regulación formal de las tasas activas y pasivas. Hay que ver qué propuso el FMI en otros lugares pero para ellos el concepto de autonomía es clave”, explicó Miguel Ángel Pesce, ex titular del BCRA durante la gestión del Frente de Todos, en diálogo con El Destape.
En su última revisión del programa económico de la administración Milei, el FMI abogó por una reforma de la carta orgánica.
“En consonancia con las mejores prácticas internacionales, la Carta Orgánica del BCRA debería modificarse con el tiempo para fortalecer la autonomía y el mandato del banco central. Dichas reformas deberían reforzar las salvaguardias institucionales que protegen la independencia en la formulación de políticas, clarificar los objetivos del banco central y mejorar la rendición de cuentas y la transparencia”, puede leerse en el informe de 136 páginas publicado por el organismo supranacional el pasado 8 de mayo.
“Clarificar los objetivos del banco central” debería leerse como la derogación de la reforma de 2012, y en particular sus lineamientos vinculados a la “economía real”. Hasta ese año, prevalecía la Carta Orgánica de 1992 que se había alineado con los intereses del Consenso de Washington en el país y el proceso de la Convertibilidad.
La modificación de 2012 incluyó, además de la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera, la posibilidad de apuntalar “el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, a través de la orientación del crédito que otorgan los bancos, estableciendo las condiciones en términos de plazos, tasas de interés, comisiones y cargos.
“La reforma de la Carta Orgánica del BCRA para poner como mandato único la estabilidad monetaria es un severo retroceso. Ya se intentó en 2018 y fue un factor de la crisis en 2001. EEUU y China son los países desarrollados que más crecieron y sus bancas centrales tienen el doble mandato de bajar la inflación y promover el empleo”, explicó Alejandro Vanoli a través de sus redes sociales.
Los intentos de 2018 mencionados por Vanoli también coincidieron con la injerencia del FMI, que mira la banca central de Perú como el estandarte del status quo de un poder económico al que no se le mueven los pelos ante las crisis sociales, políticas ni las desigualdades estructurales. La tan mentada estabilidad siempre es para “ellos”.
¿La Banca Simons?
“Una modificación podría ser de carácter conceptual, como la de procurar el pleno empleo. Después, el objetivo probablemente sea limitar la capacidad de asistencia al Tesoro nacional”, sostuvo Eduardo Hecker, ex titular del Banco Nación y actualmente al frente de la consultora Vectorial.
Antes de las elecciones de 2023, cuando Milei decía que quería destruir al Banco Central, en las huestes libertarias también se hablaba del concepto “Banca Simons” en referencia a Henry Calvert Simons, un financista de la Universidad de Chicago.
Por estas horas, un ex director del BCRA, con mandatos tanto en la administración presidencial de CFK y el Frente de Todos, sostuvo – en diálogo con El Destape- que “en la cabeza del equipo económico volvió a circular la idea Simons”.
De ser así, la administración Milei apostaría por dividir las operaciones bancarias en dos partes. Por un lado, estarían los depósitos a la vista o en cajas de ahorro con un encaje del 100%. Los bancos no podrían prestar por sobre la base de esos depósitos; en segundo lugar, habría un redireccionamiento hacia el mercado de capitales. “A lo sumo se le dejaría el tema cambiario al mercado de capitales”, interpretó un ex director del BCRA.
El Destape
Fallo en favor del derecho a la protesta
La justicia desarmó una causa por una protesta contra Milei y Espert
La Cámara Federal de La Plata revocó el procesamiento contra un hombre que se había manifestado contra la presencia del Presidente en Lomas de Zamora. En la resolución, los camaristas Álvarez y Lemos Arias recordaron que reclamar ante las autoridades es un derecho constitucional.
La imagen de José Luis Espert –por entonces principal candidato de La Libertad Avanza (LLA) para la Cámara de Diputados– escapando en una motito por las calles del conurbano fue casi un augurio. Pero detrás de esa huida hubo un intento de desembarco de Javier Milei en Lomas de Zamora que terminó con una fuerte protesta. El correlato fue que, por una denuncia impulsada por el Gobierno nacional, hubo un manifestante detenido y procesado. Sin embargo, meses después, la Cámara Federal de La Plata revocó el procesamiento, desarmó la acusación y dio un mensaje en favor de la protesta social y la posibilidad de peticionar ante las autoridades.
El 27 de agosto de 2025, Milei bajó al territorio para acompañar a Espert en su recorrida por la provincia de Buenos Aires. Se les unió la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La actividad distó de ser lo que habían planeado. Cuando la comitiva oficial llegó a la intersección de Hipólito Yrigoyen y Laprida –en pleno centro de Lomas de Zamora– empezó a volar de todo contra el Presidente. La situación obligó a activar la retirada: los Milei partieron en una camioneta de la Policía Federal Argentina (PFA) mientras que Espert escapó en una motito sin casco.
Thiago Florentín era uno de los manifestantes que habían llegado para protestar contra la presencia de Milei y Espert. Por entonces, militaba en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Votamos luchar por el cambio social, tenía 22 años y vivía en Ingeniero Budge, una zona humilde del partido de Lomas de Zamora.
Florentín terminó detenido a disposición del juez federal Luis Armella, que subroga en Lomas de Zamora. Cuando fue indagado, Florentín dijo que él había agitado las manos y cantado diciendo que se fueran de Lomas. Negó haber arrojado piedras. Por el contrario, dijo que tiraron plantas o verduras contra la comitiva oficial.
En el caso intervino también el fiscal Sergio Mola, que, junto con Diego Luciani, pidió la condena de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de “Vialidad”. El Ministerio de Seguridad, por entonces en manos de Patricia Bullrich, actuó como denunciante. No estuvo solo. También se presentó para denunciar y aportar datos un abogado llamado Pablo Eliseo Vázquez, que terminó siendo el hermano de Karen Reichardt –que acompañaba a Espert en la boleta y actualmente ejerce como diputada nacional, a diferencia del malogrado primer candidato.
Armella terminó procesando a Florentín por dos delitos: atentado contra la autoridad e instigación a la violencia colectiva. Su defensor, el abogado Ciro Annicchiarico, apeló la resolución. La Cámara Federal de La Plata –con los votos de César Álvarez y Roberto Lemos Arias– le dio la razón, revocó el procesamiento y dictó una falta de mérito.
En su voto –al que adhirió Lemos Arias–, Álvarez reconoció que una agresión contra el Presidente es un ataque a su persona y a su investidura, que además implica una afectación directa al Estado de derecho y al normal funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, los camaristas remarcaron que los elementos que había en la causa no resultan suficientes para tener acreditadas esas conductas que se le atribuyeron al imputado.
En primer lugar, Álvarez y Lemos Arias desmontaron la idea de que Florentín era responsable de incitar a la violencia colectiva –que es una “conducta dirigida a estimular, acuciar o impeler a otros a la realización de actos violentos”. Remarcaron que no basta para ello la mera manifestación de ideas u opiniones.
En el expediente, la acusación contra Florentín se sostuvo en lo que declaró el comisario a cargo de las detenciones. El manifestante reconoció que había gritado “andate de Lomas”. Para los camaristas, Armella no desarrolló de manera precisa cómo esas expresiones podrían haber estimulado o determinado la ejecución de agresiones materiales por parte de la multitud que se manifestaba.
“Integrar un conjunto de personas vinculadas por una posición política o social común entonando un cántico no configura ninguna de las conductas típicas del artículo 211 del Código Penal”, señalaron en referencia a la norma que habla de la intimidación pública. Para Álvarez y Lemos Arias, Armella no explicó cómo podría ser que Florentín incitara al resto a la violencia pública cuando el conjunto de los manifestantes entonaba consignas comunes. Para ellos, esas “expresiones deberían inscribirse en el ámbito de la libertad de expresión”.
Los camaristas también desacreditaron la acusación por atentado contra la autoridad, que explicaron implica el uso de violencia para exigir la ejecución u omisión de un acto que es propio de las funciones. “No todo ejercicio de violencia o intimidación contra un funcionario consuma el delito de por sí”, subrayaron.
Para Álvarez y Lemos Arias, la interpretación de la figura de atentado contra la autoridad “no puede prescindir de su necesaria armonización con el derecho constitucional de peticionar a las autoridades”. Reclamar a quienes ejercen la autoridad es “garantía fundamental del sistema democrático”, puntualizaron.
Por último, los camaristas también descartaron los agravantes que había planteado Armella. “El accionar común y coordinado para expresar una posición compartida no es, en ausencia de otros elementos notables, un acto de intimidación”, destacaron.
El fallo posiblemente no caiga en gracia en el Gobierno, que promovió la denuncia y tiene una posición refractaria frente a la protesta social. Su mayor herramienta para regular la presencia de personas que se manifiestan en las calles es el llamado protocolo antipiquetes, cuya impugnación tramita actualmente en la Corte Suprema. Por ahora, los supremos no han dado señales de estar dispuestos a abrir esa discusión, como reclaman organizaciones de derechos humanos --como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o Amnistía Internacional--.
La semana pasada, la Cámara Federal de La Plata –con los votos de Carlos Vallefin y Lemos Arias– dictó una medida cautelar para evitar que el Ministerio de Seguridad reprimiera las manifestaciones que se harían al cumplirse 24 años de la masacre de Avellaneda, cuando fueron asesinados los militantes piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El fallo, como era previsible, cayó como un balde de agua fría en la Casa Rosada.
Pagina 12
Las imágenes del fenómeno
Ola polar, alerta amarilla por frío extremo y nevadas en gran parte del país
El SMN emitió una advertencia por bajas temperaturas para casi todo el territorio nacional. Hubo nevadas y agua nieve en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Juan y Mendoza, entre otras.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves un nuevo alerta amarillo por bajas temperaturas extremas para casi todo el territorio nacional. La masa de aire polar, que irrumpió desde la Antártida días atrás, cubrió casi todo el mapa y provocó nevadas en zonas de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y la Patagonia, entre otras.Según la escala del SMN, el nivel amarillo de advertencia significa que las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas, principalmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
La alerta afecta a la Capital Federal y a las siguientes provincias:
- Buenos Aires
- Entre Ríos
- Santa Fe
- Corrientes
- Misiones
- Córdoba
- San Luis
- La Rioja
- Catamarca
- Tucumán
- Salta
- Jujuy
- La Pampa
- Neuquén
- Río Negro
- Mendoza
- Chubut
Las únicas provincias sin alerta son Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
Postales blancas: las nevadas cubrieron gran parte del país
Las bajas temperaturas no llegaron solas. Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, cayó agua nieve y nevadas en diferentes partes del país.
El fenómeno se dio tanto en zonas cordilleranas y patagónicas, como Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, como también en áreas de Mendoza, Tucumán, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.
En redes sociales, habitantes de estas provincias publicaron videos de las nevadas y de sus ciudades cubiertas de blanco. En territorio bonaerense hubo nieve en Tres Arroyos, Sierra de los Padres y Necochea. Horas después se sumó Mar del Plata.
El frío polar cubre casi todo el país: cuándo será el día más frío
La alerta por frío intenso coincide con el ingreso de una masa de aire de origen antártico que provoca bajas temperaturas en casi todo el país.
Según el SMN, el viernes se perfila como el día más frío del año, con temperaturas cercanas a los 0°C en la Ciudad de Buenos Aires y bajo cero en varias localidades del Conurbano, especialmente en la zona sur. Allí, las condiciones estarán acompañadas por tiempo estable, sin lluvias y con heladas durante las primeras horas del día.
En Patagonia y Cuyo se esperan temperaturas mínimas de entre -12 y 0 °C, con valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica. Las temperaturas máximas oscilarán entre -5 y 7 °C, especialmente durante las jornadas del 1 y 2 de julio.
Por su parte en el centro-este y norte del país, se esperan los días más fríos hasta este viernes, con temperaturas mínimas que estarán, entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte.
Asimismo, se registrarán nevadas en la meseta patagónica y en zonas bajas de la región cuyana, así como en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y de las provincias del noroeste argentino.
De todos modos, las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza durante este miércoles, con acumulados de entre 5 y 15 cm.
Pagina 12
1 de julio de 2026
Desmedido despliegue policial en el Polo científico
Ajuste y palos para becarios del Conicet
Una jornada de protesta federal se llevó a cabo este miércoles en las diferentes sedes del Conicet en todo el país ante la pérdida de más de 400 puestos de trabajo y el desmantelamiento de la obra social. En Buenos Aires, efectivos de Infantería reprimieron a los trabajadores.
Los becarios y becarias del Conicet realizaron una jornada de protesta por la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar las becas postdoctorales, lo que implica la pérdida de puestos de trabajo de unos 400 becarios; y las bajas masivas en la obra social Unión Personal sobre la que se denuncia su “desmantelamiento”.
La protesta, que se replicó en sedes de todo el país, se inició en la Ciudad de Buenos Aires en el Polo Científico, edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo, que estuvo desde la mañana con personal de Infantería de la Policía de la Ciudad. Luego se movilizaron hasta avenida Santa Fe para realizar un corte y un masivo operativo de la fuerza porteña los desplazó sobre la calle Godoy Cruz.
Desde ATE-Conicet denunciaron el avance de la Policía de la Ciudad con un despliegue desmedido de la fuerza. “Los trabajadores fueron empujados con escudos, incluso estando sobre la vereda, tirando al piso a manifestantes y transeúntes, y pegándole a una trabajadora”, denunció la secretaria general de ATE-Conicet Capital, Victoria García.
“Basta de precarización y vaciamiento. Nos movilizamos también por la regularización de la cobertura médico-asistencial, por aguinaldo para les becaries, por aumento salarial y por la vigencia de todos los concursos CPA”, denunció ATE-Conicet durante la jornada.
“El CONICET está viviendo uno de sus peores momentos. Ya tenemos 3000 investigadores menos, en todo el país. La producción científica y tecnológica pública está verdaderamente en crisis”, denunciaron los científicos. Entre los espacios convocantes de las acciones estuvo la organización Jóvenes Científicos Precarizados, que dos semanas atrás realizó una toma pacífica del piso 11 del Polo Científico.
La toma se había realizado durante la última reunión del Directorio del organismo, encabezado por el titular del Conicet, Daniel Salamone, los vicepresidentes Claudia Capurro y Alberto Baruj; y los directores Roberto Rivarola, Mario Pecheny, María Laura Correa, Jorge Aliaga, Walter Sione y José María Bruniard.
Tras aquella jornada, Bruniard, director electo en representación de las organizaciones del agrodirector, se comprometió a abrir un espacio de diálogo, pero las demoras ante los reclamos continúan.
Los reclamos de los investigadores
La demanda de los investigadores incluye la efectivización de 585 cargos de la Carrera de Investigador Científico y Tecnológico (CICyT); los 400 cargos concursados en el CICyT 2023; las altas pendientes de los concursos de Carreta de Personal de Apoyo (CPA); y la evaluación y pronta comunicación de resultados de la convocatoria CICyT 2025 y el otorgamiento de prórrogas a las 379 becas de quienes este año finalizan sus becas posdoctorales y se presentaron a la convocatoria CICyT 2025.
Voceros de Salomone ya habían anticipado que el ajuste no dará marcha atrás y que las prórrogas para quienes se presentaron a concurso durante el estadío postdoctoral no serán renovadas. De esta manera, sin efectivización de esos cargos, 379 profesionales altamente capacitados y con trayectorias de al menos ocho años en el sistema científico quedarán marginados del Conicet.
La acción también denunció el “desmantelamiento” de la obra social Unión Personal, en la que se realizaron bajas masivas. Desde el organismos, hasta el momento, se estaba realizando un relevamiento para conocer qué parte del personal elegía continuar bajo la obra social y quienes optarían por tramitar un plan de medicina prepaga.
Pagina 12