El truco de Galperín para quedarse con la plata de ANSES

Marcos Galperin juega con la desesperación de jubilados, madres, niños y desempleados y les ofrece ganar 20 millones de pesos a cambio de que cobren su prestación de ANSES por Mercado Pago. Pueden participar chicos desde 13 años de edad, según se estipula en las bases y condiciones del sorteo. Sorteos millonarios y préstamos usurarios.

Marcos Galperin juega con la desesperación de jubilados, madres, niños y desempleados y les ofrece la ilusión de ganar 20 millones de pesos a cambio de que cobren su prestación de ANSES por Mercado Pago.

“¡$ 20.000.000 pueden ser tuyos! Cobrá ANSES en Mercado Pago y participá del sorteo”, notifica la plataforma a sus clientes. ¿Cuál es el truco? Para Galperín y Mercado Pago esos 20 millones de pesos mensuales son una inversión mínima al lado de los miles de millones que pueden obtener al quedarse con estos ingresos. ¿Cómo? Lo explicó en detalle el abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor cuando Galperín empezó a captar los fondos de las Asignaciones Familiares. Es así: “Es muy simple: La ANSES liquida los beneficios el día 16 de cada mes y ese día transfiere el dinero a los bancos y, desde ahora, a esa plataforma. Pero los beneficios se cobran a partir del primer día hábil del mes posterior. O sea que, desde el día 16 de un mes, hasta el primer día hábil del mes siguiente, los bancos y ahora Marcos Galperín, ese mismo que, igual que Clarín y La Nación, no pagan cargas sociales porque las triangulan con IVA, o sea, que desfinancian a la seguridad social, ponen el dinero de la seguridad social que es de todos los argentinos a hacer negocios que le da intereses a él, pero que no impactan en los beneficios que después paga”.

Un negocio redondo para Galperín: recibe el dinero, lo timbea 2 semanas, gana más dinero y simula generosidad con un sorteo de 20 millones de pesos mientras, obviamente, no reparte la que ganó “moviendo” esa plata antes de pagar las jubilaciones y asignaciones. “En mi país, ganamos todos con Mercado Pago”, dice el lema del nacido en Argentina más rico. Pero gana solo él.

Un negocio que le habilitó Javier Milei.

En lugar de informar esto, otro de los trucos de Galperín para captar las asignaciones de ANSES es ofrecer que las paga 2 días antes. “Si empezás a cobrar en Mercado Pago a partir de septiembre de 2026, vas a recibir tu prestación 2 días hábiles antes de la fecha, durante los primeros 6 meses”, dice la web de Mercado Pago. Pero, como explica Fernández Pastor, tienen el dinero desde mucho antes.

Fernández Pastor afirmó que “el presidente Milei y el Director Ejecutivo de ANSES Mariano de los Heros le entregaron el negocio a alguien que tiene una exención para no pagar las cargas sociales. Todo ello, con la excusa de que el sistema ‘no es sustentable’, pero le regalan los intereses a quien lo hace menos sustentable. Si eso no merece que los muchachos del Ministerio Público Fiscal investiguen, no sé qué lo merece”.

“Se deja expresamente establecido que Mercado Pago es el único y exclusivo organizador de la presente Promoción”, cierran los términos y condiciones del sorteo. Pero no es tan así: no habría sorteo sin el favor de Milei.

Tal vez por eso es la sintonía entre el presidente y el tecnomagnate. Esta semana Milei compartió una foto de una protesta donde se proponía cobrarles más impuestos a los ricos. Y escribió: “Dime en una imagen que sos envidioso y resentido. ¿Desde cuando un pecado capital como la envidia se convirtió en una virtud? Es más, la justicia social no es más que envidia con retórica. El día que ser envidioso y resentido vuelva a ser una vergüenza seremos grande (sin la s) de nuevo”.

Galperín retuiteó ese posteo de Milei, pero no le hace asco a captar las asignaciones que son parte de la justicia social. Te ofrece cobrar todo lo que pasa por ANSES. Incluye:

• Asignación Universal por Hijo
• Beca Progresar
• Voucher
• Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia
• Ingreso Familiar de Emergencia
• Desempleo
• Prestación Previsional
• PEUN
• Asignaciones Familiares
• Refuerzo Ingreso
• Programa Hogar
• Programa Ingreso Social con Trabajo

Todo tiende al engaño. Por ejemplo, esta iniciativa no aplica para “Salta, Mendoza, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Jujuy y Tierra del Fuego”. Pero recién se pueden enterar si entran a los términos y condiciones específicos del sorteo, a varios clicks de distancia.

Galperín habilita a participar desde los 13 años, para que incluso los niños apuren a sus madres para que le entreguen el dinero que cobran directo de ANSES. Los requisitos son: 1) que sean usuarios de Mercado Pago; 2) “que no se encuentren percibiendo al momento de la publicación de estos Términos y Condiciones por parte de ANSES ninguna asignación y/o cualquier otra prestación en Mercado Pago”; 3) que hayan apretado el botón “quiero participar”; 4) obviamente, que hayan optado por “la billetera de Mercado Pago como nueva forma de cobro en Mi ANSES para el cobro de asignaciones y/o cualquier otro tipo de prestación otorgado por ANSES”.

En una de las notificaciones a las que accedió El Destape se informa que la vigencia del sorteo es en el mes de septiembre y se realizará el próximo 15 de octubre.

Préstamos usurarios

Obviamente cada uno puede elegir qué hacer con su dinero. Pero la desesperación juega. Y Galperín lo sabe. Por eso en la app además de recibir notificaciones como la referida al sorteo de 20 millones de pesos para cobrar ANSES en Mercado Pago, el usuario también tiene a su alcance en un click el incentivo para tomar créditos millonarios a tasas muy altas. Por ejemplo, en la pantalla central, apenas debajo de donde se informa el dinero en cuenta, se puede recibir el ofrecimiento de una tarjeta de crédito (“Gratis y con $3.670.000 de límite”, según el caso que constató este medio) a créditos personales “para usar como quieras” o “Dinero Plus para pagar en 28 días”. A solo un click está la simulación. El siguiente click ya invita a tomar directamente el crédito. En el segundo préstamo, se ofrecen 300 mil pesos para 28 días. ¿Cuánto se debe devolver en el caso que constató El Destape? 344.554,52 pesos. Esto arroja un interés del 14% mensual, lo que supera el 150% anual.  

Por créditos de esta calibre (y mucho peores), la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) realizó una demanda contra Mercado Pago. La presentación la realizó el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, que se hizo eco de 2 casos de mujeres menores de 30 años. Uno de una joven que tomó un préstamo de 8.000 pesos para comprarle unas vinchitas a su hija y terminó debiendo 127.000 pesos en aproximadamente un año, es decir, más de un 1.300%. Y el de otra joven, vulnerable, que se endeudó en 50.000 pesos para comprar pañales y acumuló una deuda de 700.000 pesos, según explicó a El Destape Mariano Amore, vicepresidente de ACFRA. La demanda, presentada en la Justicia Nacional en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires en los primeros días de septiembre, apunta al presunto cobro de intereses abusivos.

En diálogo este medio, Amore explicó: “El objetivo de nuestra demanda es primero acreditar el interés desmedido que se cobró en los 2 casos particulares que presentamos. Ahora estamos a la espera que le den traslado a Mercado Pago para que conteste. Luego solicitaremos una medida cautelar para que cesen estos cobros desmedidos sobre esta dos personas”. Y agregó: “Mercado Pago no informa de forma clara la tasa ni el costo financiero total en los préstamos que ofrece. A la vez, paga 20% de interés anual para utilizar el dinero del usuario pero cobra tasas para prestarlo que superan el 1.300%”.

Es tanta la cantidad de morosos durante la gestión de Milei (muchos endeudados con Mercado Pago) que en proyectos de ley sobre Endeudamiento Familiar, como el que propuso la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, se dedica un artículo exclusivamente al accionar que puedan tener las plataformas como la de Marcos Galperín con quienes tengan deudas y a su vez ingresos de Anses en la misma app. ¿Qué se propone? La “Intangibilidad de los ingresos y prestaciones de carácter alimentario”. ¿Qué se busca con esto? Que “las sumas acreditadas en cuentas bancarias o de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar, las prestaciones correspondientes al Plan 1000 Días y las demás prestaciones actuales o futuras que tengan carácter alimentario serán intangibles y no podrán ser afectadas mediante débito automático, débito directo, cobro con transferencia, DEBIN, códigos de descuento u otros mecanismos destinados a la cancelación de cuotas de préstamos, créditos o financiaciones”. Porque la usura es total.

Por todo esto es central, siempre, leer la letra chica. En la app de Galperín, esa letra minúscula dice así: “Mercado Pago ofrece servicios de pago y no está autorizado por el Banco Central a operar como entidad financiera. Los fondos acreditados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni están garantizados conforme legislación aplicable a depósitos en entidades financieras”. Si algo falla no hay seguro.

El Destape

Más pruebas en contra

Cerimedo complicado por casos de narcotráfico, pero también ayudado por Estados Unidos

Un audio exhibe al consultor de Milei y la extrema derecha regional pactando sobornos de 15.000 dólares para proteger vuelos que supuestamente traficaban droga. Lo había adelantado Nadia Beller. Estados Unidos le sacó la visa al fiscal que lo investiga.

Raul Kollmann

Fernando Cerimedo, el consultor de Javier Milei y de otros presidentes y candidatos de ultraderecha, sigue provocando conmociones en Bolivia. El vicepresidente de ese país, Edmand Lara, presentó el fulminante audio en el que se prueba lo denunciado por la abogada Nadia Beller en agosto: que su expareja, Cerimedo, protegía vuelos de narcotraficantes en el departamento de Beni, en la Amazonia. Según se escucha, cobraban 15.000 dólares por avión. Pero, en paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos produjo otra conmoción relacionada con Cerimedo: hizo pública la cancelación de visas de 21 bolivianos, entre ellos el fiscal general Roger Mariaca, el que impulsó la investigación y el encarcelamiento de Cerimedo por tentativa de femicidio de Beller y por enriquecimiento ilícito. Según Beller, es una movida del equipo de Donald Trump para proteger a Cerimedo. Ya lo señaló esta semana el Washington Post: “Cerimedo es el hombre de MAGA (Make America Great Again, la consigna de Trump) en todo el continente”.

Un audio feroz

El diálogo que presentó el vicepresidente Lara es entre Cerimedo y una mujer no identificada, pero sobre la que ya hay pistas.

-Me tienes que decir. Ellos ya quieren hacer los arreglos. Pagan 15.000 (dólares) por carro (avión) —le dice la mujer a Cerimedo.

—Dame dos horas y te contesto —responde el consultor.

La mujer insiste:

—Ellos pueden llegar a San Lorenzo (de Moxos) y a Santa Rosa (de Yacuma). 10 carros (aviones) a cada uno. No se puede ir ahora a San Ramón (de Beni) porque mataron al hijo del alcalde y hay mucho ruido. Pero en total pueden mover 45 carros (aviones).

—Sí, sí. Lo arreglamos. Dejame hablar con (Franz) Cabrera y en dos horas hablamos otra vez —cierra el diálogo Cerimedo.

La trama de los vuelos

Los tres pequeños aeropuertos mencionados en el audio son del departamento de Beni, fronterizo con Brasil, en la Amazonia. Y cuando Cerimedo dice que tiene que hablar con Cabrera, se refiere a Franz William Cabrera, exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), destituido recientemente.

En su momento, Nadia Beller dio a conocer chats en los que hay referencias a Beni y, en especial, al bloqueo de radares y a la no incautación de aeronaves capturadas en vuelos sospechosos. Según el fiscal Alexander Mendoza, se liberó a los aviones a cambio de la exigencia de que coloquen un transponder, una especie de GPS que automáticamente ubica al aparato. El fiscal dice que al final ni se colocaban los transpondedores, ni quedaban detenidos los tripulantes, ni se retenían los aviones.

De todas maneras, el audio impacta por la cantidad de vuelos, unos 45 mensuales, lo que implica sobornos de casi 700.000 dólares. En el diálogo se menciona que intervienen controladores que “están de nuestro lado” y que hay que designar a algunos otros que acompañen las maniobras. Según se escucha, intervienen también funcionarios de NAABOL (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos) y de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil).

En la investigación del fiscal Mendoza aparece otro hecho de relevancia: aparentemente, Cerimedo manejaba un campo en Beni, en Santa Rosa de Yacuma, en el que también aterrizaban vuelos sospechosos. Eso se está tratando de determinar.

Este mismo martes, Edmand Lara, el vicepresidente, presentó un segundo audio sobre las andanzas de Cerimedo. Tiene que ver con una interna por los sobornos. Sucede que en escena aparecieron dos abogados que decían hablar en nombre del presidente Rodrigo Paz y que pretendían cobrar coimas más baratas: 10.000 dólares por avión. En el audio se escucha a Cerimedo diciéndole al coronel Cabrera que habría que armarle una causa a los dos abogados para sacarlos de la cancha.

Mueve Estados Unidos

Durante la jornada del lunes se conoció que el Departamento de Estado canceló la visa para entrar a Estados Unidos a 21 bolivianos, entre ellos fiscales, jueces y un jefe policial. Pero en la resolución, transmitida por la embajada en La Paz, hay un apartado especial dedicado al fiscal general Roger Mariaca, al que acusan de “solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evadir la justicia”. En la resolución de Washington no hay agregado alguno: no dicen en qué casos ni cuáles son las pruebas.

En verdad, Mariaca impulsó las investigaciones sobre tráfico de oro, nafta adulterada y fue fundamental también en el avance del expediente por el intento de femicidio contra Beller, el 17 de agosto pasado.

“¿Esta decisión de Estados Unidos es la lucha del Escudo de las Américas o la protección de la red MAGA?”, cuestionó Beller. La abogada dio a entender que con la quita de la visa a Mariaca, los funcionarios de Trump tratan de proteger a Cerimedo, hoy preso en el penal de Chonchocoro, en La Paz. “Si la explicación es corrupción y narcotráfico, hay que explicar por qué se retira la visa al fiscal general que está investigando una estructura de esas características. ¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”, preguntó Beller.

El abogado de Cerimedo

El nuevo abogado del consultor en la Argentina, Yamil Castro Bianchi, hizo un pronóstico sorprendente: “Hay expectativas de que en noviembre Cerimedo recupere su libertad. Hay mucha gente que traicionó a Fernando. Diciembre es un mes muy complicado y más de uno va a tener que comprar pañales. Los que lo traicionaron”, le dijo al periodista Alfredo Scoccimarro en Radio del Plata.

Castro Bianchi apuntó a Javier y Karina Milei, los llamó “los hermanos macana” y mencionó que ambos traicionaron a Cerimedo. “Mucha gente en Argentina tiene temor de lo que puede contar Fernando. En diciembre van a intervenir la Derecha Diario y cuando Fernando esté en libertad, la recuperará”.

En Bolivia no creen en el diagnóstico de la posible libertad del consultor. “Hoy en día, Cerimedo tiene dos prisiones preventivas”, sintetizó Jerjes Justiniano, abogado de Nadia Beller. Una por la tentativa de femicidio y la otra por enriquecimiento ilícito. Está por caer una tercera prisión preventiva, por violencia de género, a raíz de una agresión contra Beller en junio. Pero, además, hay un cuarto expediente sobre la cuestión del narcotráfico: veremos si los fiscales piden también preventiva. No parece que Cerimedo consiga que se revoquen toda las prisiones preventivas. Recién este miércoles habrá una audiencia por la apelación en el caso de la tentativa de femicidio”.

Sea como sea, al menos en Bolivia, las acusaciones contra Cerimedo no parecen disminuir, sino, por el contrario, surgen imputaciones nuevas semana a semana. Aun así, nada está dicho. Habrá que ver el impacto de la intervención de Washington, que parece querer defender a quien fue su alfil en Bolivia, Argentina, Perú, Chile, Brasil, Honduras. No por nada a Cerimedo lo premiaron en la propia casa de Trump, en Mar-a-Lago, como el Mejor Consultor Hispano del Año. Y no fue hace siglos. Fue en febrero de 2026.

Pagina 12

No se pronunció sobre su constitucionalidad

La Corte le da una mano al Gobierno en su intento por extranjerizar las tierras

Los supremos repusieron un artículo del DNU 70/23 que anulaba la histórica Ley de Tierras. Esa norma era la que Milei buscó modificar y no pudo en el Senado.

Irina Hauser

Con un asombroso sentido de la oportunidad, la Corte Suprema repuso el artículo 154 del DNU 70/2023 con el que el gobierno de Javier Milei había derogado la llamada Ley de Tierras, lo que habilita ahora la liberación del mercado de tierras y su extranjerización. La vieja norma mantenía hasta ahora su vigencia por un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad de la decisión del Poder Ejecutivo que, por esa limitación, intentó avanzar sin suerte con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lo que no pudo el Senado, que tuvo que excluir toda la referencia a venta de tierras a extranjeros ante el reclamo popular en defensa de la soberanía, lo hicieron en ocho páginas los tres cortesanos Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. No solo eso: no opinaron sobre la cuestión constitucional, solo hicieron caer el fallo anterior con el argumento de que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar una acción colectiva.

La Corte Suprema nunca se expidió sobre la discusión de fondo respecto del famoso DNU 70/23, que Milei publicó a poco de asumir en 2023, que desreguló la economía y derogó otras leyes (como la de Abastecimiento, la de Alquileres, la de Góndolas, la de Compre Nacional) sin explicar la necesidad y la urgencia. En cambio, el tribunal rechazó planteos por cuestiones formales y, así, permitió la vigencia de buena parte de las disposiciones de ese decreto, que solo en algunos casos fueron suspendidas por fallos aislados de otras instancias. En la demanda iniciada por el CECIM, el argumento técnico fue que los excombatientes carecen de legitimación y que no había ningún “caso” configurado. Para los supremos, la soberanía no es un bien jurídico ni colectivo. Todo lo que hizo hasta ahora fueron gestos favorables al gobierno libertario.

El CECIM advirtió en un comunicado que, de esta manera, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido”. “Mientras el pueblo gritó con fuerza ‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras, que el presidente intentó a poco de asumir, mediante el decreto 70/23”, señala el texto. La Corte, agrega la organización, “dijo que este grupo de exsoldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un tribunal”.

El meollo de la cuestión

La ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales data del año 2011. Uno de sus grandes efectos y propósitos fue limitar la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Estableció que solo podía haber un 15 por ciento de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no podía superar el 30 por ciento de esa porción ni tampoco las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (las tierras más productivas). Prohibía, además, la venta a extranjeros de tierras “que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”: mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos. Se creó un registro de tierras y las compraventas debían ser autorizadas por el Estado.

Milei derogó esa norma a través del mega DNU 70 para abrir la puerta sin restricciones a las empresas extranjeras y a las corporaciones económicas y financieras interesadas en quedarse con nuestros recursos naturales. El CECIM promovió una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo y pidió la inconstitucionalidad del artículo 154. “Redunda en un daño irreparable al pueblo argentino en general”, “libera el mercado de tierras habilitando la extranjerización de la tierra, dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”, advirtieron los excombatientes.

En un comienzo, en enero de 2024, el juez Ernesto Kreplak, mientras subrogaba el juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo 4 de La Plata, les hizo lugar a una cautelar y suspendió la derogación. Después, el titular de este juzgado, Alberto Recondo, rechazó la demanda, por considerar que los excombatientes no estaban legitimados para impulsarla. La Sala III de la Cámara Federal platense revocó aquella decisión y declaró la inconstitucionalidad del en cuestión y ordenó reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte.

Los camaristas Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin habían advertido, entre otras cosas, que los fundamentos del Estado Nacional respecto de la necesidad de derogación de la ley 26.737 no mostraban “en forma concreta el modo en que ello impactaría en la mejora de la situación socioeconómica argentina y haría imposible aguardar su tratamiento normal por parte del Congreso Nacional”.

Al declarar la inconstitucionalidad, señalaron que estaban en juego “derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, en este caso, la soberanía nacional como bien tutelado, que es ejercido por una de las asociaciones que (…) concentran el interés colectivo cuya pretensión está focalizada en la incidencia colectiva del derecho, dado que, en el caso, la naturaleza del bien jurídico soberanía nacional —afectada con la derogación de una norma que concierne a toda la comunidad—, no puede dividirse en forma individual, como tampoco, la sentencia que se dicte puede alcanzar a unos y dejar fuera a otros”. El mensaje era que, si el Gobierno nacional quería cambiar las reglas, tendría que pasar por el Congreso.

El Estado Nacional apeló y ahora la Corte le dio la razón en una breve sentencia que tiene por efecto no solo desacreditar el reclamo de los excombatientes, sino “reponer” el artículo que deroga por DNU la Ley de Tierras. Según los supremos, el “encuadre” que utilizó la Cámara al avalar que el CECIM impulse un proceso que busca la protección de “derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos” “carece de todo fundamento”. Señalaron que “la soberanía territorial es el conjunto de competencias que, con independencia de cualquier otro poder o autoridad, corresponden al Estado para el ejercicio de sus funciones y que consiste, básicamente, en la facultad de gobernar un territorio determinado con exclusión de cualquier otro (…) Como es obvio, dichas competencias en modo alguno pueden ser consideradas un bien colectivo en el sentido del artículo de la Constitución Nacional y de la jurisprudencia citada”. Luego señalan que para que exista un “derecho de incidencia colectiva tendiente a su protección” tiene que haber un “bien colectivo”, pero entienden que no se configura en el planteo de los excombatientes.

Luego cuestionan a los tribunales que reconocen “legitimación” con criterios que, dicen los cortesanos, ignoran su jurisprudencia. Aclaran también que el fallo no analiza la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras porque desconocer la legitimación del CECIM y señalar que no existe un caso en juego ya alcanza para revocar la sentencia previa.

Un trapo que no toca a los supremos

El derrotero judicial había tenido un fuerte efecto para el Gobierno, que ante el impedimento judicial de vender tierras a su antojo tuvo que intentar la vía parlamentaria. Así fue que envió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con un apartado específico para derogar los puntos que le interesaban de la Ley de Tierras, además de pretender modificar la Ley del Manejo del Fuego, entre varios aspectos. La bandera/trapo de “Las Malvinas son argentinas” en medio del Mundial, el rechazo de artistas y figuras públicas diversas potenciaron el reclamo de soberanía y una movilización popular el día del debate en el Senado llevaron al oficialismo a retirar esos dos puntos tan cuestionados.

La decisión de la Corte Suprema, de solo tres integrantes, que parece hecha a medida de Milei y el modelo de Federico Sturzenegger, llega en sustitución de un resultado que el Gobierno no consiguió como quería en el Congreso, y en momento en que el Presidente exhibe una defensa de soberanía impostada. El fallo del alto tribunal, que habilita la venta de las tierras sin ninguna clase de límite, se parece más a la esencia que el presidente mostró cuando llegó a la Casa Rosada y que, en definitiva, sigue en la base de sus ostensibles propósitos.

Aunque ya rechazó otros planteos contra el DNU 70, como el de La Rioja o el de Jorge Rizzo por tecnicismos, el alto tribunal todavía tiene por resolver otros, como el de la CGT, donde tal vez no pueda rechazar la legitimación con liviandad. De esa manera sostiene una ingeniera de degradación institucional que lleva adelante la actual administración, como parte de sus objetivos de gobierno.

“Una Corte Suprema de Justicia de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas”, tuiteó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez con una larga explicación. Con el correr de las horas repudiaron el fallo dirigentes políticos, desde el socialista Esteban Paulón hasta Martín Soria, Mariano Recalde, Lucía Cámpora, entre otros exponentes del peronismo.

“La Corte acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta”, redobla el CECIM. “Acaba de decirle al mundo entero que, si quiere, pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas (…) lo hizo en forma cobarde, diciendo que no lo hacía, que el problema estaba en si los excombatientes podíamos o no acudir a la justicia. Entendió que no, y al hacerlo le concedió el regalito a Javier y Karina Milei (…) Que nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos”, señala. Compara también al tribunal con la Corte que “hace casi 100 años la ‘doctrina de facto’, y convalidó lo hecho por las dictaduras en nuestro país; la que funciona con 3 miembros que tienen más poder que un dios al que nadie puede evaluar. Esa Corte, hoy, es la responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros”.

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Cuando aparezca la lista de infames traidores a la patria  no deben falta sus nombres.

Nerviosismo en la Casa Rosada por el fracaso del plan económico

Caputo es el “terrorista” de su propio modelo

“Toto” llamó “Anticristo” a Kicillof y tildó de “infierno” al kirchnerismo, cuando los financistas y el mundo real le advierten que el problema es su programa económico. La desesperación por evitar una corrida y las encuestas que explican la crisis.

El ministro de Economía está nervioso. Exaltado, fuera de registro, como si el presente del gobierno de Javier Milei no fuera el que el Presidente y él mismo describen como un éxito. En las últimas horas, Luis Caputo habló en un foro de financistas y expuso esa inconsistencia de una manera dramática: en primer lugar, salió a llevar calma respecto a que no habría una crisis cambiaria; en segundo término, intentó echarle la culpa de la crisis a la oposición al decir que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, es “el Anticristo” y “el kirchnerismo es el infierno”.

La frase, apurada por la urgencia electoral y la coyuntura adversa, tiene un problema: mientras “Toto” vende que la recesión y la impaciencia social son culpa de la oposición, los inversores y los empresarios lo bajan a tierra y le advierten que el problema central es el modelo económico, le preguntan por la sustentabilidad del programa cambiario y las encuestas disparan una impaciencia que está relacionada con la responsabilidad única del Gobierno. Todo esto se vio en los últimos días en varios hechos: la gira fallida de Caputo por Wall Street, el nivel alto del Riesgo País, la recomendación del JP Morgan de analizar salida de activos y la advertencia de una recesión, y encuestas que tienen en la Casa Rosada y son bastante peores que aquellas de carácter público.

“Hay sectores que retraen la inversión. (Axel) Kicillof es el anticristo y el kirchnerismo es el infierno, así está visto”. En ese caso, el escenario es tan malo que tiene impacto”, afirmó. A su vez, afirmó que el mandatario bonaerense “quiere a la gente pobre” y que “le molesta que la gente viaje al exterior”.

En medio del desborde, Caputo también sostuvo que “los que piden una devaluación son momias o miserables que solo piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre donde puedan pagar salarios, pobres con una economía cerrada así la gente les subsidia los precios de venta y juegan a ser mega-empresarios”.

En este contexto, vale aclarar que el problema Caputo no lo tiene con los mercados, a los que intenta seducir con la teoría del mal opositor. El ministro está jaqueado por la crisis del modelo, que es lo que posiciona socialmente a los opositores. Es decir, tiene un problema con el padecimiento de la gente.

Resulta curioso, pero en las dos reuniones que tuvo en Nueva York, el ministro recibió pedidos de explicaciones sobre la microeconomía. Y la recepción de inversores hacia Kicillof también tiene una lectura política: quieren ver qué tienen entre manos los opositores con chances gracias al tambaleo del modelo oficial.

Encuestas y relato fallido

La debilidad del plan y lo furibundo del ajuste hizo que las encuestas y la imagen oficial empeoraran. La sobre-reacción oficial, cuentan los que frecuentan al Presidente, se debe a que las mediciones que tienen en Casa Rosada son bastante peores que aquellas encuestas que se exhiben en público. Esos estudios muestran que la gente quiere mayoritariamente un giro en el modelo.

Eso, que se ve en números, viene de larga data y es lo que generó la aparición opositora en el discurso oficial. Un problema político: nunca es conveniente posicionar al rival porque muestra debilidad propia, dicen los consultores.

Toda esta historia de apelar a la oposición fue episódica. Primero fue la idea de que “Milei reelige”, luego apareció el que “gana en primera vuelta”. Ahora todo mutó a que la oposición es peor que ellos. No es lo que se ve en sus propias mediciones de clima social.

¿Hay o no hay dólares?

El JP Morgan, la consultora 1816 y hasta el Fondo Monetario se preguntan si, con los vencimientos del año próximo y el volumen que se va por dólar ahorro, el Gobierno tiene dólares suficientes. De hecho, Página I12 adelantó hace unas semanas que el propio FMI habló con cerealeras para ver cómo será la liquidación y advirtió que a fin de año puede haber una corrida.

Caputo asegura que sí tiene dólares, pero en cada oportunidad de hablar en público sale a vocear que no habrá una corrida.

En el foro de financistas expresó que no hay motivos para pensar que en 2027 habrá problemas con el dólar. Especificó que “estamos en los niveles más bajos históricos de la base monetaria. Los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares sepa que la cantidad de pesos es limitada”.

La realidad indica que el dólar subió no más de 5 por ciento en el año, con la inflación arriba del 30 por ciento. El dólar ahorro se está llevando, según el último dato del BCRA, 3600 millones mensuales. Es decir, hay un adelanto de la dolarización de carteras que empezó un año antes de la elección. Milei y Caputo dicen que la oposición es el problema. No lo parece.

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Estados Unidos abandona sus últimas bases en Irak tras más de 20 años

La salida definitiva de las tropas norteamericanas fue festejada como una victoria por las milicias proiraníes. Dirigentes sunitas y analistas advierten por el riesgo de un peligroso vacío de seguridad.

Las fuerzas militares de Estados Unidos concretarán a más tardar este miércoles la retirada total de sus últimas bases en Irak, poniendo fin a una intervención militar de más de dos décadas que dejó un saldo de 4.500 soldados norteamericanos muertos. La salida de las tropas fue celebrada como un triunfo estratégico por Irán y sus facciones aliadas, quienes ejercen un profundo peso político en el país árabe y se alistan para ocupar el espacio vacante en medio del conflicto que enfrenta a Washington con Teherán.

Pese a que el cronograma de repliegue fue acordado en 2024 bajo la presidencia de Joe Biden y ejecutado por el gobierno de Donald Trump, analistas de seguridad advierten que la medida elimina el principal contrapeso a la influencia iraní en la zona y podría propiciar el resurgimiento de grupos extremistas como Estado Islámico. Al respecto, el especialista iraquí en grupos armados chiitas, Yasim al-Bahadli, explicó que "Irán se beneficiará previsiblemente en términos estratégicos de la salida de la coalición, porque elimina una presencia militar que durante años actuó como contrapeso a la influencia de Teherán en Irak", al tiempo que anticipó que las milicias buscarán "traducir ese impulso en una mayor influencia sobre la toma de decisiones políticas y de seguridad".

Desde la cúpula de las facciones armadas alineadas con el régimen iraní, el repliegue norteamericano fue calificado como un hecho bisagra en la historia reciente de Oriente Medio. El comandante de la Resistencia Islámica en Irak, Abú Moytaba al-Yasiri, celebró la partida de las tropas estadounidenses al definirla como "una victoria histórica de los grupos de la resistencia islámica iraquí y de los honorables iraquíes, y una derrota aplastante del proyecto estadounidense". Asimismo, el dirigente sostuvo que "el 30 de septiembre celebraremos el cierre de una página negra en la historia de Irak y el fracaso de la ocupación a la hora de imponer su voluntad a nuestro país", añadiendo en declaraciones periodísticas que Bagdad ha demostrado que su soberanía "no puede ser garantizada por fuerzas extranjeras, sino por la resistencia y la voluntad de su pueblo".

Sin embargo, la partida de la coalición internacional genera profundos temores entre los sectores que observan con desconfianza el avance de las milicias chiitas y la injerencia de Teherán. El líder tribal sunita de la ciudad de Faluya, Abdulrahman al-Zobaie, advirtió que la retirada resulta prematura e instó a no desatender las vulnerabilidades del sistema defensivo iraquí. "Creemos que Irak aún no está plenamente preparado para hacerse cargo de la seguridad en este momento", afirmó al-Zobaie, remarcando que si bien todos sus compatriotas aspiran a la plena soberanía, "la salida de la coalición liderada por Estados Unidos de esta manera, dejando un vacío, es lo que todos los iraquíes temen".

La partida de las fuerzas norteamericanas cierra un ciclo iniciado en 2003 con la invasión lanzada para derrocar al dictador sunita Sadam Huseín, que dio paso a la instalación de un gobierno de liderazgos chiitas y a una prolongada campaña de contrainsurgencia. Tras un primer retiro a fines de 2011, las tropas estadounidenses debieron regresar menos de tres años después para combatir la expansión del grupo armado sunita Estado Islámico entre 2014 y 2017. La denominada "Operación Libertad Iraquí" registró aproximadamente el doble de bajas mortales para Estados Unidos que la contienda bélica en Afganistán.

En el último tiempo, Irak se mantuvo como el único país de la región alineado militar y políticamente tanto con Washington como con Teherán, sirviendo de escenario para enfrentamientos indirectos que incluyeron el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad en 2020 y repetidos ataques contra bases estadounidenses. En el marco de la guerra en curso durante este año contra Irán, siete de los 18 militares estadounidenses fallecidos perdieron la vida en territorio iraquí, registrándose la última baja en julio pasado tras la detonación controlada de un dron en las cercanías de Erbil.

El Destape

Paz le abre la puerta a las privatizaciones y siembra el terreno para vender empresas de litio y petroleo

El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira firmó un decreto de "reorganización, liquidación y/o disolución" de empresas públicas. Se basa en un informe reciente que sometió a revisión a 67 compañías estatales, el cual reporta supuestos números críticos en más de 20 de ellas.

Con su excusa eterna del déficit estatal, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira avanzó el viernes pasado sobre el aparato de las empresas públicas de Bolivia y declaró como prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. Justificándose en un decreto que impuso el jueves, sometió a revisión a 67 empresas estatales, las cuales todas ellas contarían con números negativos y algunas, incluso, estarían en “estado crítico”. Desde la oposición señalan que la medida abrirá un proceso de privatizaciones, asociaciones con capitales privados o transferencias de activos estratégicos, lo cual enfrenta limitaciones constitucionales.

Tras asumir el Gobierno a finales de 2025, el presidente Paz anunció que su primera misión como mandatario sería el reordenamiento económico del sector público, al que halló víctima de “una importante burocracia corrupta” tras dos décadas de gobierno e influencia del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del ex presidente Evo Morales. Ordenó a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) a investigar los balances de una amplia cantidad de empresas estatales y mixtas, cuyos resultados se conocieron la semana pasada.

El organismo informó que 15 compañías acumulan pérdidas por 2.655 millones de bolivianos y presentan un patrimonio negativo de 1.901 millones, a la par que el diagnóstico general elevó a más de 20 el número de empresas en estado crítico.

El decreto 5526, aprobado el jueves y promulgado el viernes, le otorga potestad al Ejecutivo boliviano a elegir qué empresas sostener, reorganizar o disolver. Y aunque no especificaron qué compañías aplicarán a cada caso, desde La Paz aseguraron que entre las empresas consideradas críticas aparecen Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), Empresa Boliviana de Construcción (EBC), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), entre otras.

Desde la oposición advierten la probabilidad de que se quieran disolver determinadas empresas para luego privatizar la administración de los bienes de esas compañías.

El argumento central del Ejecutivo es fiscal. Creen que es necesario reducir el peso de compañías que generan pérdidas, evitar que el Estado continúe destinando recursos para sostenerlas y “ordenar las cuentas públicas”. La OFEP denuncia que, durante las últimas dos décadas, se utilizaron más de 73.000 millones de bolivianos en créditos para sostener el aparato empresarial estatal.

El sociólogo boliviano Francisco García, en diálogo con El Destape, advirtió sobre algunos detalles del informe de la OFEP. “Según este informe todas las empresas públicas son deficitarias. Y las más deficitarias, curiosamente, son las empresas estratégicas. Estamos hablando de Entel, que es la de telecomunicaciones; hablamos de YPFB, que sería el YPF boliviano; hablamos de ENDE; y hablamos del sistema minero que está alrededor de la Corporación Minera de Bolivia”.

Números irreales

Mientras que el pacismo insiste en su ofensiva sobre las empresas públicas, los números e informes que el Gobierno publicó no se condicen con los balances de los últimos años. El economista boliviano Omar Rilver Velasco Portillo publicó en agosto de este año un breve informe, acompañado de una serie de gráficos, que demuestra que la mayoría de las empresas consideradas estratégicas para la producción boliviana (de acuerdo a lo que dicta la Constitución boliviana desde 2009), dieron números positivos hasta y después del año 2019.

El economista las dividió en tres grupos: las que tienen su gráfica en verde son las que dieron números positivos, las amarillas las que tuvieron altibajos pronunciados en distintos contextos y, finalmente, las rojas son las que efectivamente presentaron problemas económicos reales.

El gráfico que publicó el economista Portillo Velasco en su informe de agosto 2026.

“Más allá de las diferencias particulares entre cada empresa, la evolución de las utilidades permite advertir tendencias comunes. Hasta antes de 2019, existía una tendencia positiva generalizada hacia la generación de utilidades en la mayoría de las empresas. Sin embargo, los conflictos sociales de 2019 -tanto antes como después del cambio de gobierno forzado- sumados a la mala gestión de la pandemia, provocaron una caída sustancial de las utilidades”, advirtió Velasco Portillo en su cuenta de Facebook, donde resumió la presentación de su informe.

“Curiosamente, las empresas críticas son las que siempre han mostrado números positivos y generaciones de renta”, agregó García a este portal, en referencia a la publicación de Velasco Portillo.

El decreto que ilusiona a empresarios extranjeros

El punto político del Decreto 5727 aparece cuando se lo observa junto con las declaraciones oficiales sobre el futuro de las empresas estatales. El propio procedimiento establecido por el decreto marca que cada caso deberá seguir el instrumento jurídico correspondiente. Si una empresa fue creada mediante un decreto supremo, su eventual disolución o liquidación podrá tramitarse mediante otro decreto. Si fue creada por una ley, el Ejecutivo deberá enviar un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

Aunque no lo han hecho de manera explícita, ya hay algunos empresarios que ven con buenos ojos la medida de Paz. Ya en marzo de este año una misión de alto nivel de la Unión Europea visitó el complejo industrial de YLB en el salar de Uyuni, acompañada por representantes de empresas de Francia, Alemania, España e Italia y entidades bancarias europeas. El objetivo fue “explorar alianzas estratégicas, cooperación e inversiones para ampliar la producción de litio”, según explicaron desde el viejo continente.

Foto oficial de la delegación europea de funcionarios y empresarios que visitaron Bolivia en febrero 2026.

Litio y petróleo: el límite constitucional

El problema para Paz es que no todas las empresas pueden ser tratadas de la misma manera. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece límites específicos para sectores estratégicos y, en algunos casos, prohíbe directamente transferir determinados activos a empresas privadas.

El caso más claro es el petróleo. La Constitución establece que los hidrocarburos son “propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano” y que el Estado ejerce la propiedad sobre toda la producción. Además, define a YPFB como el brazo operativo estatal y establece expresamente que la empresa no puede transferir sus derechos u obligaciones en ninguna forma o modalidad.

Sin embargo, esto no significa que los privados estén excluidos del negocio hidrocarburífero. La propia Constitución permite que YPFB firme contratos de prestación de servicios con empresas privadas y que participe en sociedades de economía mixta. Pero en estas últimas el Estado, a través de YPFB, debe conservar al menos el 51% del capital.

Algo similar ocurre con los activos mineros y de energía eléctrica. El artículo 372 establece que los grupos mineros nacionalizados, sus plantas industriales y sus fundiciones “pertenecen al patrimonio del pueblo” y no pueden ser transferidos o adjudicados en propiedad a empresas privadas. Mientras que en el caso de la luz pasa lo mismo que los hidrocarburos: la energía es catalogada estratégica y no puede ser sometida “a intereses privados ni por medio de la concesión”.

El litio presenta una situación similar. La Constitución reserva al Estado la administración y el control de los recursos naturales estratégicos, aunque permite mecanismos de asociación y participación privada. De hecho, Bolivia ya desarrolló estructuras de empresas mixtas en el negocio del litio con participación estatal mayoritaria, aunque con el Estado como su supervisor.

“Lo interesante del decreto de Paz es que te muestra tres figuras. Te propone por un lado la reorganización, por otro lado la disolución, pero también la liquidación de estas empresas. Éste último es un concepto interesante. ¿Qué es liquidar? Es vender por partes. Ese fue el sistema bajo el cual se privatizó aquí en Bolivia durante la década de los ‘90, bajo el principio de "capitalización" que terminó siendo una liquidación de los activos de las empresas estatales”, afirmó Francisco García a este medio, respondiéndole a los argumentos del Gobierno.

El Destape