21 de julio de 2024

 

Milei, el “experto” que no da pie con bola

El momento más crítico de cualquier plan económico llega cuando quienes tienen la responsabilidad de conducirlo comienzan a buscar culpables externos. Lo notable de la administración libertaria es que el momento llegó demasiado pronto. A poco más de siete meses de gobierno, luego de someter a las mayorías a un ajuste sin precedentes y de provocar una recesión con niveles de pandemia, se asiste a una disparada de acusaciones contra conspiradores de todo tipo, desde banqueros y empresarios a simples operadores del mercado y hasta el mismísimo FMI, organismo que representa los intereses geopolíticos que La Libertad Avanza admira y que puede ser acusado de cualquier cosa, menos de presunto izquierdismo.

Para ir rápido al grano, Javier Milei es presidente porque se le alinearon los planetas. Fue el gran beneficiario de la catalización del descontento y el de la ya sólida alianza antiperonista. Pero ganó porque la sociedad se hartó, por sobre todas las cosas, de la inestabilidad macroeconómica, de la alta inflación interminable y siempre creciente. No es economicismo. La sociedad no estaba especialmente hastiada de la interna entre el Alberto y Cristina, ni del lenguaje inclusivo, estaba saturada de la inflación. Claro que no era lo único, claro que existen los procesos ideológicos globales, la realidad nunca es unidimensional, pero la sociedad eligió básicamente al candidato que creía que le iba a solucionar el problema de la inflación, las restantes causales eran subsidiarias.

Por esta precisa razón se entiende que el gobierno se aferre al núcleo de su propio relato, el de haber conseguido bajar la inflación. Relato que todos los medios de comunicación oficialistas y paraoficialistas, es decir prácticamente todos, se empeñan en reproducir en cada línea impresa y en cada segundo de aire. Decimos “relato” porque es simplemente mentira. La inflación no bajó. Lo que hizo el gobierno fue provocar un shock inflacionario inicial y tirar dos anclas, la cambiaria y la salarial. A ello se sumó la gran contracción de Gasto y el resultado fue una profunda recesión, o sea, un desastre en la economía real. Todo bastante de manual. Mientras tanto, en medio de la catástrofe productiva, los precios siguen creciendo a una tasa mensual que solo parece baja en relación a los números de shock iniciales. Por supuesto que todo relato, para ser creíble, necesita algún componente de verdad. Este componente es la trayectoria tendencialmente decreciente de los precios a pesar de la leve excepción de junio, pero la línea descendente ya alcanzó su piso potencial y, lo que es mucho peor, ese piso no luce sostenible.

Este es el punto en el que se encuentra la economía. Un gobierno que se creyó su propio relato y se aferra absurdamente a él, una sociedad que necesita desesperadamente creer en ese relato, pero que ya está en trance de procesar el doloroso error histórico que cometió, y una clase dirigente que se reparte, mayoritariamente, en dos mitades, los silenciosos que apuestan al “desensillar hasta que aclare” y los que ya no saben que más hacer para que ayudar al que no se deja, no hace falta nombrarlos.

El problema de fondo tiene dos componentes. El primero es que el nuevo gobierno “anticasta” asumió sin un plan económico y le entregó el diseño del programa a “la casta” que ya había fracasado durante el macrismo. El segundo es que Javier Milei y sus militantes no entienden cómo funciona la economía. El rey está desnudo, pero porque no sabe. Y la impotencia de que el mundo no funcione según sus ensoñaciones comenzó a poblar su universo de fantasmas, aunque se evada permanentemente con viajes internacionales de lujo, sin razones de Estado y a exclusiva costa del erario.

Veamos más de cerca el primer componente. LLA nunca fue nada parecido a un partido, es Javier Milei. No existió cosa tal como un armado de cuadros o un programa de gobierno, como lo refleja la naturaleza de sus legisladores y la dificultad para consolidar funcionarios. Frente a la cuasi sorpresa del triunfo, encerrado durante semanas en el hotel de uno de sus principales sponsors, el nuevo presidente, que nunca había administrado un kiosco, debió armar de apuro y bajo la influencia de todos los lobbies. Aunque se perciba represente único mundial de la micro secta austríaca, su visión del mundo es la que enseñan en las universidades privadas de economía de poca monta: un neoliberalismo ramplón. Tan ramplón como para reproducir el mito zonzo de la argentina potencia del primer centenario, capítulo del que no entendió ni la ley de residencia. El primer resultado fue que Milei armó su gobierno con los cuadros del neoliberalismo más rancio. Sus principales ministros operativos, seguridad y economía, fueron ministros del macrismo. Su hoja de ruta, el paquetazo de la Ley Bases, fue preparada por Federico Sturzenegger para un eventual gobierno de Patricia Bullrich. En los hechos el gobierno de LLA es una suerte de neomacrismo extremista, pero peor administrado. Los resultados no serán similares, serán peores. Bajo el espejismo de la nueva lucha contra la casta y “los políticos”, los votantes de Milei no hicieron más que traer de regreso a lo más fracasado de la vieja política.

El segundo componente es una profunda confusión conceptual, tanto del Presidente como de sus funcionarios. Un gobierno cuyos integrantes se cansaron de decir que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario no entiende cómo funciona el dinero, no entiende que la creación de dinero es mayoritariamente endógena, que el grueso no es creado por los gobiernos, sino por los bancos. Incluso hasta por los mismos particulares cuando hacen una compra con tarjeta de crédito. El gobierno tampoco entiende la relación entre los déficits y superávits fiscales y el ciclo económico. No advierte que el ajuste fiscal siempre reduce la recaudación por caída de la actividad y, por lo tanto, por definción, solo puede ser transitorio, no un indefinido fin en sí mismo. El gobierno ultra pro mercado tampoco parece entender que es la oferta y la demanda de divisas la que define su cotización. Toda la sarasa de “secar de pesos la plaza” tiene efecto cero sobre el precio del dólar. Lo único que calma su precio es aumentar su oferta, como se terminó haciendo.

Sin embargo, la disociación cognitiva es absoluta. El gobierno necesita desesperadamente mantener su relato sobre la baja de la inflación y sabe que no es una cuestión monetaria, sino de que no aumente el principal precio básico de la economía, el dólar. En consecuencia, decidió gastar sus últimas balas, las reservas internacionales, en sostener artificialmente el ancla cambiaria. El problema, como ya se demostró muchas veces en la historia, es que este camino no es sostenible. Primero porque las reservas netas siguen negativas, es decir solo se podrá intervenir en el mercado por un tiempo acotado, tarea de quema de recursos en la que el ministro Caputo tiene gran experiencia. Segundo, porque el dato de nivel de reservas es el que está bajo la mira de los acreedores. El FMI advierte el problema, reprocha y pide devaluar. El mercado lo escucha y se adelanta. Los acreedores privados dudan de la capacidad de repago, cae el valor de los bonos y aumenta el riesgo país. El gobierno insiste en los espejismos cortoplacistas, como la anunciada creación de un fondo en el extranjero para el pago de los vencimientos de los intereses 2025, lo que en la práctica se advierte como una nueva señal de debilidad.

Otra vez el límite lo determina el “ciclo de las divisas”, que es el de la restricción externa que supuestamente no existe. Las esperanzas de salvación se reducen nuevamente a un único componente: que aparezca una nueva fuente extraordinaria de dólares, sean las inversiones que impulsaría el RIGI o la orden de prestar que, si gana, Donald Trump le daría al FMI. Son todos potenciales para un futuro que hoy es remoto, pero que aun en caso de concretarse no resolverían ninguno de los problemas de fondo. Las inversiones del RIGI solo darían lugar a algún dinamismo puntual en la etapa de inversiones, pero después del año tres ya no aportan divisas. Más deuda con el FMI compraría tiempo, pero al final del camino solo sería más deuda.-

El Destape

Caputo se queda sin dólares para intervenir y controlar la brecha

El BCRA terminó vendiendo en los dos mercados, el oficial y el financiero y la brecha no baja. Las reservas son negativas y se llevaron el oro para embargarlo y hacer liquidez.

Fernando Alonso
La administración de Javier Milei atravesó otra semana crítica en los mercados financieros, que aprovecharon la oferta del ministro de Economía, Luis Caputo, y se llevaron todos los dólares líquidos ofrecidos por el Banco Central, que terminó la semana vendiendo en los dos mercados y perdiendo más de US$ 700 millones de las reservas internacionales.
La capacidad de intervención del BCRA parece haber llegado a un punto crítico, con reservas netas negativas que superan los US$ 6.000 millones y que obligaron a trasladar el oro de las reservas a Londres para empeñarlo en el Banco de Basilea y hacerse de liquidez, como reconoció el ministro Caputo.

Cinco ruedas después de anunciar la intervención los dólares bajaron 5,9% el MEP y 5,8% el CCL, mientras que el paralelo o blue cayó 3,7%.

El costo fue que se disparó 6% el riesgo país, a 1590 puntos, por el derrumbe del valor de los títulos públicos. Los dólares no caen por confianza sino por la liquidación de activos argentinos que decidieron los fondos de inversión después de cobrar la renta y amortización de este mes y ante la sospecha de que el Gobierno no pueda afrontar los vencimientos de enero de 2025.

La promesa del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, por la red social “X” de que girarán los dólares para dejarlos en custodia del Bank of New York (BoNY) no fue suficiente, ya que confundió las cifras y no incluyó el pago de la renta en su estimación.

Por ahora no está claro cómo va a intervenir el BCRA. Según la declaración de Caputo del fin de semana pasado, iba a vender en el financiero por la misma cantidad de pesos que emitía para comprar en el oficial, de tal manera de cerrar esa forma de emisión monetaria que servía para acumular reservas.

En la semana, el BCRA tuvo compra en el mercado oficial de cambios el lunes por US$ 36 millones, pero el martes vendió US$ 3 millones, el miércoles volvió a comprar US$ 30 millones y el jueves vendió US$ 62 millones. El viernes fue el peor día, vendió US$ 106 millones y significó que en la semana perdió reservas por US$ 105 millones.

El BCRA por ahora no informa las intervenciones en el mercado financiero, pero se sospecha que vendió por lo menos el miércoles, cuando todavía estaba positivo, lo que agravaría más la pérdidas de reservas líquidas. Por lo pronto, en la semana, las reservas brutas cayeron US$ 708 millones a US$ 27.566 millones.

El informe de Sur Americana advirtió que “la nueva política monetaria de emisión cero, por las compras del BCRA en el MULC a través de esterilización con ventas en el mercado de capitales, pareciera no haber tenido los resultados esperados en relación a la reducción de la brecha cambiaria”.

Detrás de las dificultades para estabilizar el mercado financiero están las dudas de los analistas sobre la capacidad del Gobierno de generar los excedentes financieros en pesos para sostener el superávit fiscal y la acumulación de dólares en las reservas del BCRA para afrontar los pagos de amortización y renta de los bonares y bonos globales que vencen en enero de 2025.

La agenda que Milei y Caputo plantearon está cada vez más alejada de la que piden desde los centros financieros globales y que pasa por alcanzar rápidamente un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que establezca un cronograma claro de levantamiento del cepo y liberación de los mercados de capitales.

El FMI planteó en su último staff report que validó la octava revisión de acuerdo un desembolso de US$ 800 millones que se debía terminar con el dólar “blend” (la posibilidad de los exportadores de liquidar 80% en el oficial y 20% en el financiero), establecer un cronograma de salida del cepo y avanzar hacia un modelo de competencia de monedas asimilable al que tiene Uruguay o Perú.

En cambio, Milei y Caputo decidieron intervenir en el mercado financiero, postergaron sin fecha la salida del cepo y avanzan en la dolarización de la economía. La estrategia es eliminar todas las fuentes de emisión de dinero y reducir la cantidad de pesos vía el superávit fiscal. El fin es, con una visión extremadamente monetarista de la macroeconomía, cortar el proceso inflacionario hasta acercarlo a cero. En ese entonces, la decisión es generar una dolarización, aunque todavía no está claro si será con el reemplazo del peso o con una convertibilidad.

Caputo aseguró el jueves que será tan profunda la recesión que los argentinos tendrán que gastarse sus ahorros para hacer frente a los gastos. El mercado, mientras tanto, continúa monitoreando la evolución del bajo nivel de reservas internacionales, lo que parece poner una pausa a la baja de los dólares alternativos. 

“El stock de reservas netas se ubica en un estimado de -US$ 1.400 millones, en tanto que si se le suman los depósitos del Gobierno en USD y los Bopreales a pagar por el BCRA en 2024, las reservas negativas se ubicarían en torno a los US$ 4.750 millones”, estimó Sud Americana. 

Pero un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) utilizando la metodología del FMI estimó que ya el 17 de julio las reservas netas eran negativas en US$ 5.998 millones.

El Destape



La Fuerza Aérea de Brasil despega hacia el futuro con un Avión Supersónico, mientras Argentina y Uruguay retroceden al pasado

La innovación tecnológica en la aviación militar brasileña contrasta con la adquisición de aviones obsoletos por parte de Argentina y Uruguay, evidenciando una preocupante brecha en el desarrollo regional. Mientras Brasil se prepara para lanzar su último caza supersónico Gripen E, fruto de un ambicioso programa de desarrollo nacional y transferencia tecnológica, Argentina y Uruguay optan por la compra de aeronaves desfasadas, reflejando una preocupante falta de visión estratégica y modernización.



(Por Walter Onorato - @WalterOnorato) Brasil ha dado un paso gigantesco hacia la modernización de su fuerza aérea con la inminente llegada de su primer caza supersónico Gripen E. Este avión, una obra maestra de la ingeniería aeroespacial sueca, no solo simboliza un avance tecnológico para la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), sino también un triunfo para la industria nacional, que ha sido parte integral de su desarrollo gracias a un robusto programa de transferencia de tecnología. Mientras tanto, la triste realidad de sus vecinos, Argentina y Uruguay, es la compra de aviones militares de décadas pasadas, reflejando una preocupante brecha en la estrategia de defensa y desarrollo tecnológico en la región.

En 2014, Brasil firmó un contrato con Saab AB, la empresa sueca fabricante del Gripen E, para la adquisición de 36 aviones de última generación. Esta compra no solo incluyó las aeronaves, sino también un significativo acuerdo de compensación comercial y transferencia de tecnología, evaluado en 9 mil millones de dólares. Este paquete permitió a la industria brasileña, liderada por Embraer, participar activamente en el desarrollo y producción de los aviones. Como resultado, Brasil no solo está adquiriendo tecnología de punta, sino también consolidando su capacidad para futuras innovaciones aeroespaciales.

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El Gripen E es un caza de cuarta generación que se destaca por su agilidad, bajo costo operativo y avanzada tecnología. Equipado con radares de última generación y sistemas de armas sofisticados, está diseñado para enfrentar cualquier amenaza moderna. La participación brasileña en su desarrollo asegura que muchos componentes del avión sean producidos localmente, generando empleo y capacitando a ingenieros y técnicos brasileños en tecnologías avanzadas.

En contraste, Argentina y Uruguay parecen estar atrapados en un ciclo de estancamiento y falta de visión. Argentina, una vez líder regional en tecnología aeroespacial, ha optado por mantener los aviones A-4AR Fightinghawk, una versión modernizada de los viejos A-4 Skyhawk de la década de 1970 y ex veteranos de la guerra de Malvinas.

A esto debemos sumar la compra del gobierno de Javier Milei y su ministro de Defensa por la cifra de 300 millones de dólares, unos 24 aviones de combate anticuados F-16 a Dinamarca. Con casi 40 años de antigüedad estos aviones, aunque han sido actualizados, no pueden compararse con los cazas de última generación en términos de tecnología y capacidades. La elección de Argentina refleja no solo una falta de recursos, sino también una preocupante falta de ambición para reactivar su industria aeronáutica y militar.

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Uruguay, por su parte, ha seguido un camino similar. Con la adquisición de aviones Cessna A-37 Dragonfly, un modelo que data de la Guerra de Vietnam, y helicópteros Bell UH-1H, también de la década de 1970, la Fuerza Aérea Uruguaya muestra una preocupante desconexión con las necesidades de defensa moderna. Estos aviones y helicópteros, aunque funcionales, no pueden competir con las amenazas actuales y dejan a Uruguay en una posición de vulnerabilidad.

El contraste no podría ser más claro. Mientras Brasil se posiciona como un líder en la región, invirtiendo en tecnología y capacitación, Argentina y Uruguay se quedan atrás, apostando por soluciones obsoletas que solo perpetúan su retraso. Esta diferencia en enfoques no es solo una cuestión de recursos, sino también de prioridades y visión a largo plazo.

 

 

El éxito del programa Gripen en Brasil no solo se mide en términos de capacidad militar, sino también en el impacto positivo en la economía y el desarrollo industrial. La participación de empresas brasileñas en la producción y desarrollo de estos aviones ha creado un ecosistema de innovación y capacitación que promete beneficios a largo plazo. Ingenieros y técnicos brasileños han recibido formación en Suecia y están aplicando esos conocimientos en la producción local, elevando el nivel tecnológico de la industria aeroespacial brasileña.

Además, la decisión de Brasil de involucrar a su industria nacional en este proyecto asegura que el país mantenga el control sobre el mantenimiento y la actualización de los aviones, reduciendo la dependencia de proveedores externos y potenciando su capacidad para futuras innovaciones. Este enfoque no solo fortalece la defensa nacional, sino que también promueve la autosuficiencia tecnológica y la creación de empleo de alta calificación.

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Argentina y Uruguay, en cambio, parecen conformarse con parches temporales y soluciones de corto plazo. La falta de inversión en desarrollo tecnológico y la dependencia de aviones y equipos obsoletos no solo los deja vulnerables, sino que también perpetúa un ciclo de dependencia y subdesarrollo. La compra de aviones desfasados y helicópteros antiguos es una señal de una política de defensa miope que no aborda las necesidades futuras ni promueve el desarrollo interno.

Es crucial que estos países reconsideren su enfoque y comiencen a invertir en tecnología y capacitación. La experiencia de Brasil con el programa Gripen demuestra que es posible avanzar y modernizarse incluso en tiempos de restricciones presupuestarias, siempre y cuando exista una visión clara y una estrategia bien definida. La transferencia de tecnología y la participación activa de la industria nacional son elementos clave para cualquier país que aspire a mantener una defensa robusta y autosuficiente.

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La brecha entre Brasil y sus vecinos en términos de desarrollo aeroespacial y capacidad de defensa es cada vez más evidente. Mientras Brasil se proyecta hacia el futuro con inversiones estratégicas y un enfoque en la innovación, Argentina y Uruguay parecen anclados en el pasado, con políticas de defensa que no están a la altura de los desafíos modernos. Es urgente que ambos países revisen sus estrategias y empiecen a mirar hacia adelante, aprendiendo de la experiencia brasileña para asegurar un futuro más seguro y próspero.

EN ORSAI

Quiénes son los legisladores que pugnan por la impunidad

Benedit, el diputado que visitó a Astiz: “Trabajamos por la pronta liberación de todos los patriotas”

Hicieron varias visitas a los penales donde están alojados los represores de la última dictadura, son cercanos a Victoria Villarruel y desacreditan a los organismos de derechos humanos.

Luciana Bertoia

El 15 de marzo pasadoBeltrán Benedit estuvo en la cárcel de Campo de Mayo, una unidad –con comodidades que incluyen hasta canchas de tenis– destinada únicamente para los represores de la última dictadura. Fue acompañado por su colega de la Cámara de Diputados Alida Ferreyra Ugalde. Cuando salió, escribió un posteo conmovido en redes sociales: dijo que habían sentido de cerca la injusticia y que eran muchos los que, “en línea con el presidente”, seguían poniendo las verdades sobre la mesa. La hija de uno de los criminales de lesa detenidos le agradeció la visita. “Fue un honor conocer a su padre. Trabajamos por la pronta liberación de todos los patriotas”, se sinceró el diputado de La Libertad Avanza (LLA) que organizó la excursión del 11 de julio pasado al penal de Ezeiza para entrevistarse con Alfredo Astiz y otros de los genocidas allí presos.

Benedit entró en diciembre a la Cámara de Diputados. Es ingeniero, estudió en la Universidad Católica Argentina (UCA) y es dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ligado a Luis Etchevehere. En el Congreso no ha tenido una actividad muy destacada: presentó un proyecto para oponerse a la coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) si existiese una pandemia y tildó de paganas las estrellas amarillas que recuerdan a quienes fueron víctimas de accidentes viales.

El 10 de julio pasado –un día después del desfile en el que Javier Milei y Victoria Villarruel sellaron la paz a bordo de un tanque de guerra–, Benedit invitó a sus compañeros de bancada a visitar la cárcel. Una semana después, estalló el escándalo cuando La Política Online difundió la reunión de los seis diputados nacionales con los genocidas presos en la Unidad 31.

Benedit lleva unos meses yendo a entrevistarse con genocidas. Él mismo compartió un posteo en marzo después de su visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Esa publicación fue compartida por la Unión de Promociones (UP), una organización que se creó en 2005 para oponerse a los juicios por crímenes de lesa humanidad. La UP –cuyo máximo dirigente, Guillermo César Viola, está detenido en prisión domiciliaria por la masacre de la calle Corro en la que murió María Victoria “Vicki” Walsh– fue el primer grupo en transmitirle al gobierno su pedido para que encontrara una “solución definitiva” para los represores presos.

Benedit tiene relación con la UP. Asunción Benedit, pariente suya, dirige la filial de Bariloche de la UP. Hay otra dirigente de esa organización que también tiene vínculo con el diputado libertario: se trata de María Eugenia Prestofelippo y es referente de la UP en Paraná, de donde es oriundo Benedit. “Beltrán Benedit querido: felicito tu accionar, admiro tu valentía no solamente ante la Cámara de Diputados y Senadores, sino ante el pueblo que ha sido engañado con una verdad sesgada de la historia argentina”, lo alentó Prestofelippo con un video después de que se conociera la visita a Astiz y compañía.

“Este diputado ya había estado hace unas semanas en Ezeiza. Fue para el momento en que estaban votando la ley Bases (12 de junio). Es amigo de uno de los muchachos y se comprometió a volver con otros diputados”, le dijo a este diario un abogado que conoce con bastante detalle lo que sucede en el penal.

Benedit, como el resto de los colegas que se subieron a la combi de Diputados para ir a Ezeiza, tienen contacto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que milita hace más de dos décadas en organizaciones pro-militares y que solía frecuentar las cárceles. Cecilia Pando contó que fue la propia Villarruel la que la acercó a la causa de los “presos políticos”. Su marido, Pedro Mercado, escribió que él conoció al dictador Jorge Rafael Videla gracias a una gestión de la actual vice.


Las visitantes

Un día antes de la visita a Ezeiza, Lourdes Arrieta estuvo reunida con el ministro de Defensa, Luis Petri. El funcionario viene funcionando como punta de lanza a la hora de socavar las políticas de verdad y justicia. En el edificio Libertador echó a los expertos que durante diez años analizaron los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad y empezó a hablar de “memoria completa”. Llevó a la dirección de derechos humanos a dos militantes de esa tendencia, Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal.

Petri, como publicó este diario, también hizo punta a la hora de mandar funcionarios a visitar genocidas. En marzo, el director de Derechos Humanos de Defensa, Lucas Miles Erbes fue a Campo de Mayo. Allí se entrevistó, entre otros, con Julio Simón –conocido como el “Turco Julián” y el primer genocida en ser condenado tras la reapertura de los procesos– y con Juan Daniel Amelong, el represor a quien Villarruel calificó como una “víctima” en el debate con Agustín Rossi antes del balotaje.

“Lulu” Arrieta –que saltó a la fama por aparecer en el Congreso con un patito en la cabeza– se presenta como integrante de la familia militar. Es hija de Tomás Arrieta, que combatió en la guerra de Malvinas. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata denuncian que Arrieta estuvo involucrado en los tormentos a los conscriptos. Como Petri, ella también es de Mendoza. Allá la persiguen acusaciones de que afilió muertos al partido.

Al igual que Benedit, Arrieta integra la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Ella tiene su propia agenda de memoria completa. Estuvo el 20 de marzo en el Círculo Militar en el mismo evento en el que Petri se terminó fotografiando con Pando y con esposas de condenados por crímenes contra la humanidad. En enero, fue con Benedit al acto por los 35 años de la recuperación del cuartel de La Tablada –recuperación que se hizo aplicando el mismo catálogo de crímenes que durante los años de la dictadura.

Benedit tiene relación cercana con otra diputada que también fue de la partida: Alida Ferreyra Ugarte. Ella ya lo había acompañado a Campo de Mayo a principios de años. Los dos comparten inquietudes por reescribir la historia. En abril, Benedit le dejó un regalo en su despacho de Diputados: el libro La estafa con los desaparecidos, de José D’Angelo. Es la obra que intentaron presentar en marzo del año pasado en la Biblioteca del Congreso, pero que se frenó por la reacción social. Tras el intento fallido, Villarruel abrió las puertas de Oíd Mortales, la fundación que preside, para que D’Angelo hablara de su libro.

Ferreyra Ugalde nació en Corrientes, pero tiene una banca por la Ciudad de Buenos Aires. Se quedó con el escaño que le hubiese pertenecido a la canciller Diana Mondino. Cuando juró, lo hizo por “los niños que crecen en el vientre materno, por aquellos que no han visto la luz por el aborto”. Uno de los que celebró su llegada al Parlamento fue su amigo Javier Olivera Ravasi, el cura ultraderechista que es hijo de Jorge Olivera, el genocida que festejó sus 50 años de casado con un fiestón en el que cantó Ramón “Palito” Ortega. Olivera Ravasi fue a Diputados a visitar a Ferreyra Ugalde. Según comentó, estaban discutiendo “cómo terminar con la ideologizadora ESI y regular de una vez por todas el homeschooling (educación en casa)”.

Ferreyra Ugalde –que es abogada penalista– no esconde su cruzada contra los organismos de derechos humanos. En redes sociales atacó a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien calificó de “golpista”. El 24 de marzo, dedicó un posteo al tema: “Una historia falsificada no constituye aprendizaje sino relato".

Las fotos

Rocío Bonacci quedó en medio de la polémica. Alegó no estar al tanto de que iban a encontrarse con Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y compañía. “Esta señora es una mentirosa, ella sabía muy bien que iba a ver presos políticos”, le contestaron desde Justicia y Concordia, la organización que agrupa a abogados que intervienen en la defensa de imputados por crímenes de lesa humanidad, y la acusaron de haber sido quien filtró la información para buscar rédito político. En el entorno de Bonacci parecían disparar contra Benedit pero también contra Martín Menem, a quien le atribuían haber dado el visto bueno para la excursión con la asignación expedita de una combi para el viaje.

La diputada es hija de José Bonacci, dirigente del partido UNITE de Santa Fe, exapoderado del MODIN de Aldo Rico y simpatizante del líder neonazi Alejandro Biondini. Ella dice no compartir la caracterización de Benedit de que fueron a visitar a “ex combatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista”.

Fue también Bonacci quien contó, a través de un comunicado, que se tomaron fotos en el penal de Ezeiza, pero que ella no las tenía. Benedit también habló de las imágenes que estarían en poder suyo y de otra integrante de la comitiva, María Fernanda Araujo, otra mujer cercana a Villarruel.

Araujo es hermana de un caído en Malvinas, Elbio Araujo. Ella viene del riñón del excarapintada Juan José Goméz Centurión. Con su impulso, llegó a presidir la Comisión de Familiares de Caídos en la guerra de Malvinas. Ese grupo protagonizó en 2017 un escrache a Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que viajaron a las islas para la identificación de los soldados. La comisión se oponía a que se hablara de NN. “Nos molestó que haya una señora con el pañuelo blanco”, dijo, enfurecida, Araujo ante las cámaras.

El sexto integrante de la comitiva es posiblemente la persona que más cercana haya estado a Villarruel. Se trata de Guillermo Montenegro, diputado que entró por la provincia de Buenos Aires y que fungió como asesor de la vicepresidenta hasta principios de años. Como ella, integra Oíd Mortales, un nuevo sello para una fundación tridentina que había sido formada por un exSIDE. Según La Nación, Montenegro es hijo de un militar. Semanas atrás, fue uno de los que celebró el acto de marinos retirados en el espacio de memoria que funcionó en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la disolución de los equipos de relevamiento de Defensa. “Lo que creo que hay es un cambio de época y una reivindicación hacia las Fuerzas Armadas”, le había dicho a la DW.

Pagina 12

Avanza el remate de los bienes del Estado

El Gobierno prepara la venta de empresas, terrenos y edificios públicos

Con la reorganización del Gabinete, las privatizaciones quedan a cargo de Luis Caputo. Los cambios en la AABE y los inmuebles estatales en la mira del empresario Eduardo Elzstain.

Melisa Molina

El gobierno publicó en el Boletín Oficial distintos decretos para realizar una reestructuración del gabinete nacional. Con la nueva repartición de secretarías, subsecretarías y distintas áreas del Estado, empoderaron al ministro de Economía Luis Caputo --que se quedará con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a cargo de Diego Chaher, que antes dependía de la Jefatura de Gabinete--, también a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y por último le dieron algunas áreas a Federico Sturzenegger, bajo el nuevo ministerio de desregulación. Restando importancia a la figura del jefe de ministros. Más allá de que en las próximas semanas desde el oficialismo avanzarán con las privatizaciones que fueron aprobadas por el Congreso, también quieren desguazar --mediante distintos vericuetos legales-- las empresas para las que no tuvieron el visto bueno de los legisladores como el Correo Argentino y Tandanor, entre otras. Además, buscarán rematar terrenos y edificios del estado.

Al mismo tiempo que publicaron en el BO los decretos 643 y 644 de Administración Pública Nacional --que modifican el decreto 50/2019-- salió publicado el 636/2024 que está dedicado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El gobierno buscará vender la mayor cantidad posible de terrenos y edificios públicos para hacer negocios privados. El encargado de esa Agencia es Nicolás Pakgojz, un exfuncionario porteño vinculado a IRSA, cuyo dueño es Eduardo Elzstain, el empresario que es íntimo amigo de Javier Milei.

La Libertad Avanza tiene los ojos puestos en los terrenos y edificios públicos desde que llegó al gobierno. Milei y el exjefe de gabinete, Nicolás Posse, impulsaron al comienzo de la gestión una auditoría general de todos los bienes del estado para ver con qué propiedades contaban para rematar. Allí habrían descubierto más de 40 mil y la idea sería, en principio, avanzar en la venta de unas 400 propiedades. Pakagojz, el funcionario de 30 años que pasó por las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y de Jorge Macri en CABA, armó, junto a su equipo, el decreto que fue publicado este sábado.

Allí quedó consignado que la AABE quedará "facultada para efectuar la mensura o el deslinde necesario", de los terrenos y edificios "arrendados o concedidos en custodia a terceros; los inmuebles ocupados por terceros sin título legítimo; y los inmuebles cuya repartición de origen obstruyese u obstaculizare la correspondiente fiscalización". "Si se verificara alguno de los supuestos establecidos en este artículo, y la jurisdicción o entidad que lo tuviera asignado en uso no diera cumplimiento a lo establecido en el artículo, la AABE podrá disponer su desafectación por resolución fundada", explican.

En esa línea, el decreto agrega que "La AABE podrá encomendar el procedimiento de venta inmobiliaria a entidades bancarias oficiales con especialización inmobiliaria, ya fueren internacionales, nacionales, provinciales, de la CABA o municipales, en las cuales podrá delegarse la celebración de los actos jurídicos necesarios para el perfeccionamiento de las operaciones". 

A tal efecto, aclaran en el decreto que la Agencia podrá requerir a la Cancillería "la realización de aquellas gestiones y trámites necesarios y conducentes para la enajenación de los bienes ubicados en el extranjero". Por último, hay un fragmento que explica el "procedimiento de venta desierto". Dice que, cuando no haya postores u oferentes, "se podrá convocar a un nuevo procedimiento similar al anterior, reduciendo el precio venal en hasta un diez por ciento por única vez". 

La idea de vender las tierras y propiedades del Estado a los amigos, sin embargo, no es una novedad. Ya ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. En octubre de 2023, tal como contó este diario, la AGN aprobó un informe sobre las entregas de bienes del estado durante el gobierno macrista y develó que se vendieron propiedades del Estado nacional por 842 millones de dólares. Las ventas fueron, en general, a particulares, por debajo de la tasación oficial, sin actualizaciones, y en subastas ficticias. 

Página12 contó también sobre las sospechosas subastas de Catalinas, terrenos ubicados frente a Puerto Madero, detrás del hotel Sheraton, que se entregaron durante el macrismo a valores muy debajo de los de mercado y sobre la venta de un lote de la calle Ocampo, en Barrio Parque, y otro en Córdoba, donde vendieron un estancia del Ejército de 12 mil hectáreas. Algunos de los beneficiarios en aquella ocasión fueron Nicolás Caputo, Mario Quintana, Paolo Rocca y Gustavo Arribas. Habrá que esperar para ver quiénes son, esta vez, los beneficiarios del nuevo remate de los bienes que pertenecen a todos los argentinos.

Privatizar las empresas

El gobierno, además de vender los terrenos y los edificios del Estado, avanzará con las privatizaciones de las empresas públicas. En algunos casos, dicen en Balcarce 50, ejercerán la potestad que les dio el Congreso para privatizar o concesionar, como por ejemplo con Agua y Saneamiento Argentino (Aysa) y Corredores Viales y, en otros, argumentan, podrán avanzar igual porque --según dicen cerca de Milei-- así lo permiten las leyes o decretos que crearon determinadas empresas. También se apoyan en la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector público Nacional sancionada en 1992 para decir que están habilitados. Ese sería el caso del Correo Argentino; Tandanor; Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), entre otras.

Cuando desde Casa Rosada presentaron la primera versión de la Ley Bases, la idea del gobierno era que el Congreso apruebe la privatización de 41 empresas entre las que figuraban: Arsat, Banco Nación, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, el portal Educar, Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, YPF (cuyo 51% pertenece al Estado argentino) y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Luego de negociaciones, la lista se redujo y en la segunda versión del proyecto habían quedado once. Se eliminaron, por ejemplo, al Banco Nación e YPF. Luego, cuando la Ley Bases llegó a la Cámara Alta, quedaron nueve.

El número final se achicó más porque, antes de la votación, desde el oficialismo anunciaron que iban a quedar afuera: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, como parte de las negociaciones. Lo que terminó aprobando el Congreso fue la privatización parcial de: Energía Argentina SA, Intercargo SAU y para privatizar o concesionar quedaron Agua y Saneamiento Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.

Desde el oficialismo repiten que el objetivo de Milei es "privatizar todo", incluso --dicen jocosos-- "si fuese por nosotros privatizamos hasta la Casa Rosada". El problema es que el Congreso seguirá siendo un actor clave. Para avanzar, por ejemplo, con la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ARSAT, Intercargo, AA y Banco Nación, deberán volver a presentar proyectos de Ley y conseguir mayorías parlamentarias. 

Con la vigencia del DNU 70/23, en tanto, se podría realizar la conversión de las sociedades del estado y empresas con participación del estado en SA, tal como lo permite el artículo 48. Sin embargo, desde la oposición recuerdan que el Estado deberá conservar el paquete accionario mayoritario porque, para que pase a manos privadas, debe mediar una ley. Así, dicen, lo establecen los artículos 8, 9 y siguientes de la ley de Reforma del Estado 23.696, que están vigentes. Desde Casa Rosada, igual seguirán intentando.

Las empresas que ya fueron aprobadas por el parlamento, en tanto, deberán pasar por la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que está conformada por seis legisladores de cada una de las cámaras. Además, será necesario que la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación realicen informes sobre el estado legal y financiero de cada una de ellas. En paralelo, desde el gobierno intentarán avanzar con las que no tuvieron el visto bueno de los legisladores como el Correo Argentino. En Casa Rosada dicen que "así lo permite la ley que lo constituyó". También quieren avanzar con la venta de Corredores Viales para concesionar todas las rutas del país y con la del astillero y taller de reparaciones navales, Tandanor.

El encargado de la Unidad Ejecutora de Empresas, Diego Chaher, será quién tenga sobre sus hombros el desguace de las empresas estatales. No será su primera tarea, ya fue durante este gobierno el interventor de Télam. Este sábado se conoció que esa Unidad dependerá del ministerio de Economía. En Casa Rosada ya hubo distintas reuniones encabezadas por Chaher y por el asesor estrella del Presidente, Santiago Caputo, a las que asistieron responsables de las empresas públicas que el Gobierno piensa rematar como los titulares de Aysa, Alejo Maxitt; de Correo Argentino, Camilo Baldini; González Botto, de Tandanor, Mauricio González Botto; de Corredores Viales, José Luis Acevedo, y de Trenes, Adrián Luque.

El Caso del Correo

En el año 2003, el gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión del Correo a Socma, de la familia Macri, que la tenía desde 1997 cuando se la dio el menemismo. Mediante el decreto 1075 se suspendió la concesión que tenían por 30 años porque los Macri debían al Estado más de 257 millones de pesos. 

En 2004, Kirchner firmó otro decreto, el 721, mediante el cuál se creó Correo Argentino Sociedad Anónima (Corasa). Se estableció que el correo iba a quedar bajo la administración pública, pero en la introducción del texto aclararon que eso sería así "hasta tanto se privatice". Los años que siguieron --en vez de crear una ley, como fue en el caso de Aerolíneas Argentinas-- se continuó con la renovación anual del decreto. CFK lo renovó hasta 2009 y luego, por usos y costumbres, la empresa siguió quedando bajo administración pública. Durante el macrismo, como el tema estaba en el ojo de la tormenta por la deuda que el expresidente tiene con la empresa, no se avanzó sobre el asunto. 

Al asumir Milei, volvió el embate. El gobierno sumó al Correo a la lista de las empresas a privatizar en la Ley Bases. Los legisladores dijeron que no y, desde la Casa Rosada, al día siguiente de la aprobación de la Ley, argumentaban que podían avanzar igual con la venta, porque así lo permitía el decreto 721/2004. 

Sin embargo, hay abogados administrativistas que dicen que, al someter primero la privatización al Congreso, el gobierno podría incurrir en la "doctrina de los actos propios". Los trabajadores, en tanto, denuncian que el gobierno "viene vaciando el correo con despidos y retiros voluntarios", y que la idea final es cerrarlo y transformarlo en franquicia. "Quieren mantener el sello y darle todas las unidades de negocios a los empresarios amigos", explican.

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