El diputado libertario Manuel Quintar fue al congreso con un Tesla que vale 300.000 dólares
Lejos de diferenciarse de "la casta" que dice denunciar el presidente Javier Milei, el jujeño Manuel Quintar no tuvo empacho en negarlo y lo festejó.
Un diputado nacional de La Libertad Avanza fue al Congreso con un auto Cybertruck Tesla, que está valuado en 300.000 dólares. Lejos de diferenciarse de "la casta" que dice denunciar el presidente Javier Milei, el jujeño Manuel Quintar no tuvo empacho en negarlo.
A través de redes sociales circularon videos de la cochera del anexo de Diputados, en el que se observó el vehículo producido por una de las empresas del tecnomillonario Elon Musk, a quien Milei reverencia.
Lejos de desmentirlo u ocultarlo, dado que milita para el Gobierno que oficializó la frase "no hay plata", el jujeño se vanaglorió de la adquisición de su vehículo. "A mi nombre, con la mía... Pronto toda la info de los radikukas con la NUESTRA...", se jactó a través de su cuenta de X Quintar, diputado por la provincia donde gobierna el partido centenario.
El Destape
La causa por presunto enriquecimiento ilícito
Adornigate: un vecino declaró que le pagó US$21.000 en efectivo por alquilar una casa en un country
Según un nuevo testimonio ante la Justicia, el jefe de Gabinete había alquilado durante 18 meses otra casa de Indio Cuá antes de adquirir la vivienda que reformó el contratista Matías Tabar.
Apareció un nuevo gasto millonario de Manuel Adorni en la causa que investiga su patrimonio. El jefe de Gabinete habría pagado tres meses extra de alquiler en un country, en dólares y en efectivo, porque la casa que remodelaba todavía no estaba lista y la mudanza tuvo que esperar. Con un sueldo actual de 7,1 millones de pesos, la Justicia revisa si los gastos del funcionario tienen relación con sus ingresos, mientras aún no presentó explicaciones patrimoniales.
El vecino que le alquiló la casa en Indio Cuá, José Luis Rodríguez, declaró este miércoles como testigo y aportó una pieza nueva a la investigación por presunto enriquecimiento ilícitocontra el jefe de Gabinete. Según contó, Adorni y su familia vivieron durante 18 meses en su propiedad y pagaron un total de 21.000 dólares, siempre en efectivo.
La declaración confirmó parte de lo que ya había contado el contratista Matías Tabar,quien había mencionado un contrato por US$13.000. Pero Rodríguez agregó capítulos al relato. Primero, dos meses de alquiler previos al desembarco libertario, acordados en octubre de 2023 por US$5600. Después, una prórroga de palabra de tres meses más, porque la casa nueva no llegaba.
La casa no estaba lista
Según el testigo, Adorni le pidió extender el alquiler mientras terminaban las refacciones de la propiedad que había comprado en el mismo country. El acuerdo fue simple y sin papeles: US$800 por mes durante un trimestre.
La mudanza dependía de una obra bastante más ambiciosa que cambiar un cuerito. El contratista Tabar declaró en la causa haber cobrado US$245.000 por remodelaciones entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Pisos nuevos, paredes renovadas y una pileta con cascada forman parte de las mejoras mencionadas en el expediente.
La vivienda había sido comprada por US$120.000 y, según la documentación reunida, el mismo día de la escritura Adorni acordó un préstamo no bancario por US$100.000 con dos mujeres policías acercadas por la escribana.
La cuenta que mira la Justicia
El fiscal Carlos Pollicita y el juez federal Ariel Lijo investigan si el patrimonio y el nivel de gastos del funcionario guardan relación con sus ingresos declarados.
Hasta ahora, el expediente reconstruyógastos de al menos US$400.000 vinculadas a propiedades y deudas superiores a US$330.000.
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El caso Nisman
El vergonzoso procesamiento de la fiscal Fein
Desesperados por sostener, después de 11 años, que al fiscal lo mataron, Comodoro Py se inventó el encubrimiento, una acusación tan disparatada como floja de papeles.
Raul Kollmann
El tándem del fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini dispuso este martes el procesamiento de la fiscal (jubilada) Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado en el caso de la muerte de Alberto Nisman. El magistrado le achaca centralmente no haber preservado la escena, pero al configurar el delito de encubrimiento está presumiendo una intencionalidad, que tuvo conocimiento y voluntad de tapar un supuesto delito -el homicidio del fiscal-, algo totalmente disparatado, más todavía cuando todo Comodoro Py, incluyendo el fiscal Taiano y el juez Ercolini, saben que Fein fue una funcionaria super-honesta que, además, ni siquiera era directa responsabilidad en algunas cuestiones técnicas de la preservación de la escena. Por ejemplo, le imputan de no haber tomado la temperatura del baño donde apareció el cuerpo o que no detectó un ventiluz del aire acondicionado por donde podía haber entrado o salido una persona, algo que luego se comprobó que no ocurrió.
El procesamiento de Fein, transcurridos 11 años de la muerte de Nisman, exhibe la desesperación de Taiano-Ercolini por reafirmar la hipótesis del homicidio, de la que no encontraron ni una sola prueba en más de una década. Por ejemplo, no obtuvieron ni el menor indicio de que alguien haya entrado o salido del complejo Le Parc, del departamento cerrado por dentro del piso 13 y menos todavía del baño. No hay ni el menor rastro de una pelea o que algo haya cambiado de lugar, teniendo fotos del lugar de trabajo de Nisman del día anterior. Pero como el caso sirve para la persecución política, se utiliza lo que sea -ahora la actuación de Fein- para seguir imputándole la muerte del fiscal a un ilusorio “comando iraní-venezolano-kirchnerista”.
La base del procesamiento dictado por Ercolini es la siguiente:
*Que Fein no preservó toda la escena sino únicamente el departamento. Debió evitar que las personas sigan circulando por el complejo Le Parc.
*Que tardó casi una hora y media en llegar. La realidad es que a la fiscal le avisaron a las 00.15 de un domingo y llego a las 1.40. Ella ni siquiera tenía obligación de ir y, según coincidieron varios funcionarios judiciales consultados por Página/12, no es irrazonable que a esa hora tardara ese tiempo para vestirse y trasladarse a Puerto Madero.
*Al llegar no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol. Cuando Fein llegó, ya hacía una hora que estaba el juez, que no dispuso ningún cambio de nada. Y habían transcurrido casi 4 horas desde que la madre de Nisman, Sara Garfunkel, lograra entrar al departamento después de aportar llaves de la puerta de servicio y que un cerrajero abriera esa misma puerta. La Prefectura tenía el control del lugar y se supone que tenía técnicamente el conocimiento de cómo se preserva una escena. También intervinieron peritos de la Policía Federal.
*Ingresó a la escena sin la ropa adecuada. No se recuerda un reproche similar a ningún fiscal. A Fein le cuestionaron -estuvo 9 horas en el lugar- que se sentara en la cama.
*Permitió que circularan personas que carecían de roles asignados. Efectivamente fue un hecho muy conmocionante y había prefectos, policías y, por períodos breves, funcionarios de Seguridad.
*Permitió la manipulación de elementos probatorios sin la debida autorización. Hay referencias al arma, por ejemplo, que fue desactivada por un balístico de la Federal para evitar cualquier accidente y que corrió la sangre con el dedo para ver la numeración y tratar de rastrear la pistola rápidamente. Se le achaca la responsabilidad a Fein.
*No recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales. Lo que se puntualiza es que no detectó que había una especie de pasadizo del aire acondicionado que conectaba con la otra unidad del piso, alquilada por un ejecutivo de la empresa japonesa NEC. Se comprobó luego que por ahí no salió ni entró nadie.
*En alguna parte de las 114 páginas del procesamiento se cuestionó a Fein porque no se tomó la temperatura del baño, algo que debían hacer o no hacer los técnicos de la Policía Federal que actuaron esa noche en el levantamiento del cuerpo, los rastros, las huellas.
Lo real es que el lugar esencial, el baño, se filmó y fotografió antes que ingresara cualquier persona y que todas las partes -incluyendo los peritos de la familia Nisman- usaron las manchas de sangre para sostener su hipótesis de homicidio. Lo mismo hizo la Gendarmería, el Cuerpo Médico Forense, la junta médica y la junta de criminalistas, la mayoría sosteniendo tácitamente que el fiscal se disparó a sí mismo. Es más, los criminalistas dictaminaron que no había nadie en el baño en el momento del disparo. Más allá de las conclusiones, no existieron cuestionamientos o sospechas de que se alteró la escena.
Lo más grave del texto de Ercolini es que describe el delito de la siguiente manera: “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito. Todos los juristas consideran el encubrimiento como un delito doloso, intencional, o sea, borrar pruebas para tapar el delito anterior. “Conocimiento, voluntad, intención de beneficiar al que cometió el ilícito”, le explicó un jurista a este diario. La realidad es que la fiscal Fein no buscó tapar nada e incluso su actuación ni siquiera fue cuestionada por el juez que estaba allí presente.
Transcurridos más de 11 años de aquel 18 de enero de 2015 la partitura es siempre la misma: utilizar cualquier caso para la política, aunque no aparezca ninguna prueba. En esta ocasión apuntan -nuevamente- contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y, para eso, se lanzan contra una funcionaria, Fein, que toda la comunidad judicial considera, aun cuando le pudieran plantear discrepancias, una fiscal intachable que siempre actuó de manera honesta y hoy vive normalmente de su jubilación.
Fein, asistida por el abogado Lucio Simonetti, obviamente va a apelar la decisión de Ercolini. Tendrá la palabra la Sala II de la Cámara Federal.
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Otra provocación colonialista
Donald Trump publicó una imagen de Venezuela como el “Estado 51″ y pintado con la bandera estadounidense
El mapa fue posteado por el mandatario en su red Truth Social y luego replicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X. Delcy Rodríguez rechazó el planteo.
En otra de sus ofensas colonialistas, Donald Trump denominó a Venezuela como el “Estado 51”, es decir como un país que integra los Estados Unidos. La provocación disparó la reacción de rechazo de la presidenta bolivariana, Delcy Rodríguez, quien afirmó que “jamás estuvo previsto” que su país deje de ser independiente.
El contrapunto tuvo escenario las redes sociales, el canal por el que el mandatario norteamericano suele iniciar disputas que luego escalan. Lo que hizo fue compartir una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la leyenda “51st State” (Estado 51).
El gesto fue posterior a una declaración que había hecho durante una entrevista telefónica pública en la que expresó que considera “seriamente” la posibilidad de incorporar el país suramericano a Estados Unidos.
En rigor, es una provocación que saca a relucir desde el secuestro y detención ilegal del presidente depuesto, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. En varias diversas ocasiones Trump habló de adherir el país petrolero país a su territorio.
Lo notable del caso es que la imagen que reposteó Trump también fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en su cuenta oficial de X.
La reacción de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no se hizo esperar. Negó la posibilidad de que su país sea anexado como estado 51 de Estados Unidos y declaró: “Eso no está previsto. Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia”.
El mapa utilizado por el republicano en redes sociales no contiene el territorio del Esequibo, que Venezuela reclama como propio ante Guyana y cuya disputa actualmente es discutida en la Corte Internacional de Justicia.
Trump dice que en Venezuela las personas “lo aman” y e inclusive afirmó que podría postularse para presidente del país.
Tras el derrocamiento de Maduro, la Casa Blanca estableció un plan de tres fases (estabilización, reconstrucción y transición) para “normalizar” el panorama económico y democrático en Venezuela, y funcionarios del Departamento de Estado aseguraron que la primera de esas fases se dio ya por terminada.
Las provocaciones de Trump reciben la complicidad de los sectores de derecha opositores al chavismo, que reclaman la pronta celebración de comicios mientras Trump insiste en la idea de convertir Venezuela en un estado estadounidense más.
Por lo pronto, esta afirmación es una posibilidad que tanto la propia Rodríguez como la principal líder opositora venezolana, María Corina Machado, descartaron por completo al subrayar que Venezuela es un país soberano.
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Los gastos suman casi un millón de dólares
Las criptomonedas que Adorni olvidó declarar
El jefe de Gabinete manejó, al menos por ahora, unos 80 mil dólares que pasaron por dos billeteras virtuales y que no se incluyeron en la Declaración Jurada de 2024. Hay otras dos wallets en la mira de la justicia.
Irina Hauser
A la cuenta de los gastos de Manuel Adorni de los últimos dos años proyectados en 850.000 dólares en efectivo -entre inmuebles, refacciones y viajes- ahora hay que agregar los movimientos con criptomonedas en 2024, que sumarían por lo menos 80.000 dólares más, según informaron allegados a la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ese monto, que no fue incluido en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, estaría vinculado a dos billeteras virtuales, aunque hay dos wallets más en la mira, con lo cual la cifra podría ser aún mayor. Por lo pronto la cuenta se acerca al millón de dólares. Son datos relevantes para la investigación que compromete al jefe de Gabinete, quien tarde o temprano –todo indica- deberá explicar cómo cambió radicalmente su nivel de vida desde que llegó a la función pública con un sueldo cercano a tres millones de pesos que recién este año trepó a siete millones.
El levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, permitió al fiscal Gerardo Pollicita detectar operaciones vinculadas a “plataformas de pago, billeteras virtuales, cuentas digitales, productos de inversión y eventuales operaciones con criptoactivos”. Eso fue -más que una actividad bancaria convencional- lo que mostraron los extractos bancarios y resúmenes de tarjetas del Banco Galicia y COELSA (la empresa que operativiza las transferencias).
En función de los datos recabados, Pollicita solicitó informes a Mercado Libre S.R.L. (Mercado Pago), BTC Trade S.R.L., Brubank S.A.U., Open Bank Argentina, DLP Capital Partners, Digifin, SG Financial Technology (Ágil Pagos), Credencial Argentina S.A., Montemar Compañía Financiera S.A., Banco Industrial y Personal Pay (Micro Sistemas S.A.U.). Ya tiene buena parte de la información en su poder, al igual que de una veintena de exchanges que trabajan con criptomonedas. Según pudo reconstruir Página/12, habría movimientos por unos 80.000 dólares en criptomonedas. En su declaración de bienes del año pasado, correspondiente al 2024, Adorni no incluyó activos virtuales. Pero fuentes de la investigación confirman que hubo ingresos y egresos de fondos vinculados por lo menos a dos billeteras.
Teorías
Un interrogante asociado a esta cuestión, que ya se planteaba respecto al gran volumen de pagos en efectivo que habría manejado Adorni, alude al origen de los fondos. Las sospechas de existencia de sobresueldos vienen alimentadas por la multiplicación de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y por el hecho de que la semana pasada, ante la pregunta de periodistas en la última conferencia de prensa de Adorni, ni él ni quienes lo acompañaban –la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el ministro de Economía, Luis Caputo- negaron percibirlos. Otra de las teorías aparece en una causa paralela a la de enriquecimiento, que apunta a establecer mecanismos de cobro de retornos, como podrían ser los contratos de la consultora “Mas Be” de Angeletti, con empresas que son contratistas del Estado que se encontrarían bajo la órbita o influencia del jefe de Gabinete. Está a cargo del juez Ariel Lijo, pero con el fiscal Carlos Stornelli.
Otras teorías recuerdan a los empresarios extranjeros que, en el contexto del Tech Forum de 2024, revelaron que les pedían dinero para poder entrevistarse con el presidente Javier Mieli, e incluso 50.000 dólares para estar en una suerte de vip del evento, que era un encuentro para promover negocios. Pagos por entrevistas, gestiones e incluso por charlas no son teorías a descartar.
El caso $LIBRA no parece una anécdota en este punto. Adorni tenía trato al menos desde 2022 con el trader Mauricio Novelli, en cuya academia de negocios N&W dio al menos una “master class” además de publicitarla. Cuando era vocero, además, participó de reuniones con el Presidente, Novelli y empresarios que éste había atraído al Tech Forum, en octubre de 2024, y estaba todo planeado para que fuera el orador principal del mismo evento en su versión 2025. Es más, en uno de los chats del grupo que trabajaba con Novelli hablaban de que había que pagar un posteo de Adorni: el chat coincidía con la difusión de los primeros flyers del evento que (finalmente) no se hizo por el escándalo. El telón de fondo, además, era el acuerdo de Novelli y sus socios con el estadounidense Hayden Davis (creador de $LIBRA) por su asesoramiento para el gobierno de Milei en blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas, por el que está confirmado que hubo pagos concretados en dólar cripto.
Cash e interrogantes
Hay una cantidad de datos ya acumulados en la causa que confirman que Adorni hizo importantes erogaciones en el último año y medio en efectivo (rondarían los 400.000 dólares) y que tenía compromisos por saldar este año:
Inmuebles y refacciones: Pagó 30.000 dólares a las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito pero quedó debiéndoles 200.000 sin intereses y 65.000 dólares de refacción; pagó 120.000 dólares por la casa de Indio Cuá más 5000 de ingreso al country (recibió un préstamo de 100.000 para eso de parte de dos mujeres policías que le presentó la escribana Adriana Nechevenko, y del que aún debe 70.000) y desembolsó 245.000 dólares cash y sin factura por la remodelación total de la propiedad según declaró el contratista Matías Tabar, quien dijo que a través suyo también se encargaron los muebles para el inmueble de la calle Miró, por los que se habrían pagado 10.000 dólares (14 millones de pesos). Hay que sumar gastos de escrituración y sellos.
Viajes: por el regreso del viaje a Nueva York en marzo último pagó 5000 dólares por el pasaje de su esposa en primera clase (el también volvió en primera, pero pagó el Gobierno); el viaje a Punta del Este en avión privado (cerca de 9000 dólares) del fin de semana de Carnaval lo habría pagado Marcelo Grandio (amigo de Adorni quien tenía contratos con la TV pública), aunque el jefe de Gabinete dijo que pagó él; por el viaje a Aruba con la familia pagó 5800 de pasajes aéreos más 9000 de estadía en dos hoteles de lujo; están en análisis el viaje a Bariloche con estadía en el Llao Llao (1,7 millones de pesos de pasajes y la estadía rondaría los 9 millones) en junio de 2024, un viaje a Río de Janeiro un mes después. A todo eso hay que sumar el viaje a Madrid de Angeletti con otras madres del colegio de los hijos en septiembre del año pasado. No está claro todavía si ella pagó más que su pasaje y estadía. El fiscal está en pleno rastreo de la forma de pago, que no está claro si fue todo en efectivo. Espera un informe de transacciones a través de la empresa Global Blue.
Gastos generales: Adorni habría pagado entre 18.000 y 20.000 dólares mensuales según informó el periodista Sebastián Lacunza en diario.ar, lo que incluye gastos de todas las propiedades (Caballito, Indio Cua, Parque Chacabuco, La Plata), servicios, seguros, tasas, escuela privada, impuestos, gastos de la camioneta Jeep Compass comprada en 2024 y gastos con tarjeta de crédito (entre 10 millones y 22 millones mensuales).
Lo que viene
En las causas por posible enriquecimiento ilícito el procedimiento es diferente a otros expedientes porque se invierte la carga de la prueba. Eso quiere decir que la persona imputada tiene que explicar cómo hizo su patrimonio y cómo solventó sus gastos. Lo habitual es que se haga un peritaje contable. Por ahora Pollicita no hará ese estudio ya que con su equipo y asistencia de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración están trazando un panorama patrimonial, con consistencias e inconsistencias. Además, Adorni tiene pendiente entregar su declaración jurada 2025, algo que amaga con hacer pero aún no concretó. De ahí deberían surgir explicaciones. El año pasado declaró que tenía 43.000 dólares en efectivo, con lo cual los números no cerrarían. Es un enigma cómo hará para justificar sus gastos. Hay otros posibles delitos en el horizonte, como el de lavado de activos.
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Las voces e imágenes de la histórica movilización
Marcha universitaria: las calles fueron un solo grito
Una multitud de todas las edades se expresó de las más creativas maneras. El reclamo salarial y de funcionamiento y la situación acuciante de los hospitales de la UBA.
Karina Micheletto
“La universidad pública está más pelada que Adorni antes de ser funcionario”. “La ciencia no es cara, lo caro es la ignorancia”. “Milei, estás reprobado, no sabés cumplir la ley”. “Karina, vení a Exactas que te descomponemos el 3 por ciento”. El ingenio de los carteles caseros fue uno de los toques distintivos de la multitudinaria cuarta marcha federal universitaria que desbordó las calles de Buenos Aires. También los cantitos, las banderas, los guardapolvos blancos intervenidos. Y la transversalidad de una marcha que abarcó desde la protesta bulliciosa de los pibes y pibas de secundarios hasta las autoridades universitarias, las familias de los estudiantes, las centrales obreras que se sumaron. Las calles fueron un solo grito pidiendo que se cumpla la ley.
Desde el mediodía, los chicos y chicas de los secundarios de la Ciudad -no solo los de los colegios universitarios, que son los directamente afectados por el brutal recorte libertario, sino los de todas las escuelas públicas- se reunieron en sus colegios para luego encontrarse en Plaza Houssay, donde a las 14 concentraron también los docentes de la UBA (Aduba) y estudiantes de las facultades cercanas (Medicina, Exactas), entre otros.
Bien organizados y agrupados en el Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), y en una larga columna en la que se veían las banderas de los centros de estudiantes de los distintos colegios, los más jóvenes de la marcha fueron también los que más “agitaron” saltando y cantando en todo el trayecto. La organización juvenil incluyó un aceitado armado de seguridad antes y durante la marcha, del que participaron docentes, familias y los propios estudiantes.
Unos 4 mil estudiantes de unos 20 colegios calcula Francisca, integrante del CEB, que marchan en esta columna que avanzó por Callao. “El desfinanciamiento se nota en todos los recursos que faltan pero sobre todo en el malestar de nuestros docentes, que tienen que tener más laburos, descansan menos o que en muchos casos renuncian. Estamos acá por ellos”, advierte.
“El gobierno se caga en nuestros docentes, en el futuro de la Patria y en la salud de millones de argentinos, porque los hospitales universitarios no dan más”, resume Facundo Tesler, de la Unión de Centros de Estudiantes Preuniversitarios (Uncep). Al lado de su bandera se ve la de un nuevo actor en este conflicto: las Familias Autoconvocadas.
Un poco más adelante, una extensa bandera negra, casi de lado a lado de Avenida de Mayo, pedía: “Defendamos la UBA”. La sostenían las máximas autoridades de la universidad y las facultades, de los hospitales universitarios, también representantes de los diferentes gremios docentes y centros de estudiantes, en una muestra de unidad en el reclamo.
“Las universidades nacionales necesitamos dialogar con el gobierno, y no solamente de las cuestiones presupuestarias. Es lo que pedimos una y otra vez, y lo que recibimos son provocaciones”, lamenta Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA.
Se refiere a la respuesta que dio el gobierno el lunes previo a la marcha: un nuevo ajuste sobre el prespuesto de infraestructura e investigación, entre otras áreas.
“La verdad que Página/12 tituló muy bien: Milei convocó a la marcha -apunta Yacobitti sobre la tapa del día de este diario-. Y es una provcacion más, no solo a las universidades, a la sociedad toda. Las auditorías que supuestamente faltan están en la página de la Auditoría General de la Nación. Acá lo que falta es cumplir la ley”.
Cerca sostiene la bandera de la UBA, luciendo su guardapolvo blanco, Marcelo Mela, director del Hospital de Clínicas. Si se le pide una síntesis de lo que pasa hoy en este hospital-escuela insignia de la Argentina, el profesional encuentra enseguida una palabra: Tristeza.
“Al hospital llega gente muy necesitada. Y la verdad, habernos formado para ayudar a esta gente, y no poder hacerlo, te genera mucha tristeza. Es lo que está instalado en todo el hospital, un clima de tristeza por lo que está pasando”, analiza.
A su lado asienten Norberto Lafos, director del Lanari -el instituto de investigaciones médicas de la UBA-, y Roxana del Aguila, directora del Instituto Roffo, una institución de referencia en oncología.
“El reclamo no es sólo por nuestros salarios, que también es un punto importante. Es que ya no hay para los gastos operativos, para el funcionamiento del día a día en nuestros hospitales. No tenemos plata para comprar lo más básico. No es una manera de decir: no hay gasas, no hay agujas, se reprograman o se suspenden las cirujías por falta de insumos”, grafican.
Mientras suena Lali y su crítica “Fanático” en ritmo de trompetas y batucada, la gente sigue llegando desde todos los puntos de concentración. Ya sobre la hora de la lectura del documento (ver página 3) no se puede caminar por las veredas.
Por Avenida Corrientes las columnas también avanzan con sus banderas, volviendo peatonal incluso las calles que no lo son. Algunos turistas toman fotos, preguntan qué pasa. Entre los que marchan se muestran los celulares con los frenéticos reposteos de Javier Milei por estas horas, denunciando conspiraciones varias detrás de tamaña movilización ciudadana. “Alguien que le diga a este muchacho que largue las redes y abra la ventana de la Rosada”, pide uno. “La realidad es esta y alguna vez la va a tener que escuchar”.
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Seguirá sin cumplir la Ley de Financiamiento
Pese a la masiva marcha, el Gobierno redobla su ataque a las universidades
El subsecretario de Políticas Universitarias dijo que la norma que destina fondos para sostener a las casas de altos estudios “nació muerta”. “Se pueden juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, sentenció. La última palabra la tiene la Corte Suprema.
A horas de la contundente marcha en defensa de la universidad pública que ayer se desplegó en todo el país, el Gobierno ratificó que no va a revertir el ajuste contra las casas de estudio, volvió a catalogar a la marcha como “política” y se quejó de que el Estado tenga que financiar “el problema” del ingreso irrestricto a la educación superior.
“Pueden juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, fue la provocación que lanzó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para desacreditar la protesta que ayer colmó la Plaza de Mayo.
Lo que quiso decir es que por más gente que se movilice, la protesta no tendrá eco dentro de la Casa Rosada y la política de motosierra contra las universidades continuará sin miramientos, al menos hasta que la Corte Suprema resuelva la constitucionalidad y vigencia o no de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada dos veces por el Congreso.
Marcha “política”
Álvarez es el primer funcionario que se levantó temprano para poner en marcha la estrategia de desacreditación pública que el Gobierno tiene diseñada para intentar contrarrestar el efecto demoledor del reclamo que ayer volvió a unir a prácticamente todos los sectores de la vida pública.
Los argumentos que desplegó el funcionario son los mismos que en varias oportunidades fueron rechazados, pero que igualmente se intentarán instalar. Uno de ellos, el más frecuente, es que la marcha de ayer se habría tratado de un acto partidario de la oposición.
“La marcha es política y está organizada por los partidos opositores”, afirmó Álvarez durante una entrevista por Radio Mitre, y mencionó la participación de varios referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y dirigentes gremiales que adhirieron.
Pero apuntó particularmente contra el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Anselmo Torres, a quien cuestionó por “hablar como si fuera un inocente profesor cuando es un político profesional; tiene fotos con (Axel) Kicillof”. Por eso, insistió, “la marcha no está cruzada por la política, es política”.
Ajuste a toda costa
Otro de los arrugados argumentos que el funcionario sacó a relucir y que son parte de la estrategia comunicacional del oficialismo es que la Ley de Financiamiento Universitario no podría cumplirse porque no especifica los fondos para su puesta en marcha.
Se trata de la misma cantinela con la que el Gobierno vetó la primera sanción de la ley y que luego la Justicia revirtió en parte. “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, dijo.
Por eso, agregó tergiversando la legislación administrativa, “la Ley de Financiamiento Universitario nació muerta porque viola el primer principio, que es el presupuestario”.
Ingreso, gratuidad, graduados y extranjeros
Pero las expresiones más ofensivas del subsecretario de Educación fueron aquellas con las que atacó los estandartes históricos de las universidades públicas, como lo son el ingreso irrestricto y la posibilidad de que miles de estudiantes de bajos recursos tengan una chance de acceder a una carrera.
“El ingreso irrestricto tiene el problema que vos lo tenés que financiar”, se quejó el funcionario y habló de la posible implementación de cupos de ingreso y arancelamiento.
Luego salió a blandir números que no dijo de dónde los tomaba pero con los que dejó en claro que al gobierno de Javier Milei le pesa la formación de nuevos profesionales. Dijo que al Estado “le cuesta 50 millones de pesos” un ingeniero graduado y lanzó que, con esos costos, “si se reciben cinco o seis juntos, nos van a salir 4.300 millones de pesos”.
Álvarez también apeló al argumento xenófobo contra los estudiantes extranjeros y deslizó la posibilidad de aplicar un sistema de ingreso selectivo. Luego, intentó defenderse de las críticas: “Que no nos acusen a nosotros de querer destruir el sistema universitario porque en realidad lo queremos salvar de quienes se aprovecharon de él y lo quieren llevar a la destrucción”.
