17 de febrero de 2026

Llevaba cuatro meses en el poder

Destituyeron a José Jerí y Perú encadena su octavo presidente en una década

El Congreso removió al mandatario interino en un nuevo episodio de la prolongada inestabilidad política del país. Había asumido en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte.

Perú volvió a cambiar de presidente este martes tras la destitución del mandatario interino José Jerí, en una decisión del Congreso que profundiza la inestabilidad política del país. Se trata del octavo relevo en la jefatura del Estado en menos de diez años, una crisis que se arrastra desde las elecciones de 2016 y que no encuentra salida a pocas semanas de nuevos comicios generales.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento resolvió remover a Jerí de su cargo en medio de investigaciones por presuntas irregularidades durante su breve gestión. El ahora exmandatario llevaba apenas cuatro meses en el poder.

Entre los cuestionamientos que precipitaron su salida figuran reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y sospechas sobre la contratación de funcionarias que previamente habían mantenido encuentros con él en el Palacio de Gobierno.

Luego de la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, remarcó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

En ese sentido, convocó a una sesión de urgencia para este miércoles a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.

Jerí había asumido la presidencia de manera interina en su condición de titular del Congreso, tras la destitución de Dina Boluarte en octubre pasado. Al ser censurado como jefe del Parlamento, perdió automáticamente su condición de presidente encargado, en un nuevo capítulo de la prolongada crisis institucional peruana.

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Será sin movilización

La CGT convocó a un paro nacional contra la destrucción de los derechos de los trabajadores

El consejo directivo se reunió y definió que la huelga, la cuarta de la era Milei, se realizará el día que se debata el proyecto en Diputados. El oficialismo pretende que se sancione este jueves. Organizaciones sociales, sindicales y políticas marcharán igual al Congreso.

Felipe Yapur

Javier Milei quiere la sanción de la reforma laboral en su escritorio lo antes posible. A su entender, es un triunfo que quiere exponer en el discurso de apertura de sesiones del Congreso de marzo próximo. Por lo tanto, la pretensión del oficialismo es aprobar el proyecto esta misma semana. La fecha probable es el jueves 19. En ese contexto, la CGT y tras una reunión de su consejo directivo por Zoom, anunció la realización de un paro nacional de 24 horas para esa jornada o cuando se concrete la sesión. Es el cuarto paro que la central obrera realiza desde que los libertarios gobiernan la Argentina. Se prevé una medida de fuerza con potencia, sobre todo porque los gremios del transporte adhieren, lo que garantiza un parate importante en todo el país. Eso no quita que frente al Congreso haya movilizaciones de gremios, organizaciones sociales y políticas contra este dañino proyecto. La duda que persiste, al menos en lo legislativo, es si habrá o no modificaciones al texto aprobado en el Senado que reclaman incluso desde algunos sectores aliados al gobierno en el Congreso.

El paro siempre estuvo en los discursos de los triunviros de la CGT. Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello lo dijeron en el acto que hicieron el pasado 18 de diciembre en Plaza de Mayo, pero -vale aclararlo- no encabezaba la nómina de acciones prevista en el plan de lucha que enarbolaban.

Ahora esta medida de acción directa, la más importante de todas y prevista incluso en la Constitución Nacional, comenzó a organizarse. Durante el encuentro virtual que mantuvo el consejo directivo de la CGT se impuso sin problemas el paro nacional. Eso sí, antes se rechazaron propuestas que incluían una movilización. Los integrantes del secretariado nacional, con apoyo de los sectores conocidos como Gordos e Independientes, desactivaron la vuelta a la calle.

El miércoles a las 11 en la sede de la CGT, el triunvirato informará oficialmente la realización de la huelga nacional. Se espera que esté confirmada la sesión para el día siguiente.

La opción por el paro tiene al menos dos motivos. Uno de ellos es que la conducción sabe que no pueden postergar más esta medida, mucho menos después de la media sanción en el Senado. El otro motivo es que lograron que se sumaran los gremios más importantes a la hora de parar el país: los maquinistas de La Fraternidad de Omar Maturano y la escurridiza Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Los trenes son los que transportan buena parte de los trabajadores que llegan a la Ciudad de Buenos Aires desde el conurbano. Los colectivos se hacen cargo del resto. Ahora, si ambos no funcionan la postal de un país detenido por un paro nacional de trabajadores se vuelve imponente.

La participación de La Fraternidad y la UTA no es un dato menor. Ambos gremios mantienen discrepancias con la conducción de la CGT que ahora las dejaron de lado. Igual Maturano no oculta sus críticas y señala el exceso de dialoguismo en la conducción cegetista y la demora en llamar a un huelga nacional. Incluso considera que debería ser más extensa y se inclina por unas 48 horas de paro.

Dentro de esta panorama hay una duda que persiste y es que los colectiveros que responden a Roberto Fernández cumplan con el compromiso asumido de no hacer circular las unidades. La duda no es gratuita, hay antecedentes. Tal vez por eso es que, medio en serio medio en broma, en la reunión de CGT se pidió que Fernández esté presente en la conferencia de prensa de este miércoles.

El consejo directivo

El encuentro, virtual por el feriado de carnaval, se había vuelto imprescindible una vez que la Rosada hizo trascender que esta semana buscará sancionar el proyecto. Durante la reunión, el triunviro y dirigente camionero, Octavio Argüello, se mostró proclive a sumar una movilización. El secretario gremial de la CGT, el metalúrgico Osvaldo Lobato, hizo la misma propuesta. La UOM, impulsora de un perfil más combativo de la central obrera y promotora del FreSU (Frente Sindical Unido), detalló la necesidad de estar frente al Congreso. El impacto negativo que tiene este proyecto, pero sobre todo el modelo económico, en los gremios de la industria es más que preocupante.

La propuesta no encontró eco, pero por ahora el FreSU mantiene su convocatoria a movilizar el jueves. Los partidos de izquierda y organizaciones sociales ya adelantaron que más allá del paro de la CGT, se movilizarán al Congreso.

La otra duda que circuló entre lo participantes es si el paro general podría impedir que la sesión se realice con normalidad. Es poco probable que eso ocurra. Si bien los trabajadores legislativos van a adherir a la medida de fuerza, su tarea será reemplazada por personal jerárquico. A los sumo, como confió un conocedor de esa tarea sindical, ese día los diputados no tendrán café en sus bancas o la comida del almuerzo o cena. En tanto, los taquígrafos trabajarán porque no son parte del gremio legislativo que dirige Norberto Di Próspero.

En tanto, la conducción cegetista dejó entrever que todavía espera poder influir en algunos diputados. De hecho van a participar de la reunión de comisión que debe emitir dictamen este miércoles para que al día siguiente pueda ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados.

La apuesta de la conducción de la central obrera es que se logren introducir modificaciones en el texto aprobado por la Cámara alta. Sobre todo al artículo 44 que impone la reducción salarial por enfermedades que no estén relacionadas con la tarea que cumpla el trabajador.

La posible modificación, que no debilita el daño que tiene toda la iniciativa, si provocaría un malestar en el gobierno al demorar la sanción porque cualquier cambio obliga a que el proyecto retorne al Senado, la Cámara de origen.

Ahora bien, cualquier dilación podría perjudicar el uso político publicitario que Milei pretende darle a la reforma laboral. Y es que el Presidente quiere citar la ley sancionada como uno de sus principales éxitos de gestión durante el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo.

Consciente de ese peligro, la senadora Patricia Bullrich está prometiendo desde modificaciones al artículo 44 en el decreto reglamentario, pasando por un DNU y hasta una ley complementaria para que se vote tal como está el texto normativo. Para que le crean antes deberían haber existido gestos que garanticen la confianza que requiere aceptar este cheque en blanco que impulsa la belicosa senadora.

El tema de las licencias médicas genera rechazos, incluso en bloques como el PRO (ver aparte). Allí reside la esperanza de la conducción cegetista para lograr incluso alguna otra modificación que mengüe el daño. El tema es la cantidad de votos que se cosechen a la hora de aprobar esas correcciones. Cuanto más respaldo tenga le resultará más difícil al oficialismo rechazarlas en el Senado. Lo ideal sería que se aprueben con los dos tercios de diputados. Eso obligará a los libertarios a buscar los seis votos que le faltarían ya que la media sanción se logró con 42 votos. Y esas voluntades las tendrían que obtener en el bloque Justicialista, una tarea un tanto imposible.

Lo cierto es que más allá de las modificaciones que puedan hacerse o no al proyecto de reforma laboral, como reconoció un dirigente del consejo directivo a este diario, el impacto negativo que tendrá en los trabajadores todavía no se puede mensurar. Pero además advirtió que también impactará en la CGT. “Habrá que esperar otro gobierno peronista para que se restituyan todos los derechos que se están conculcando y es poco probable que para ese entonces haya una sola CGT”, presagió.

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Reforma laboral

Las vueltas de Bullrich para explicar el “error” en las licencias por enfermedad

La senadora libertaria reiteró que aceptarán exceptuar del recorte salarial a las “enfermedades severas o degenerativas o irrecuperables”. El retroceso en el resto de los derechos laborales no se modificará. El Gobierno quiere que Diputados apruebe la ley este jueves y que el Senado la sancione definitivamente la semana que viene.

La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a reconocer que el mileísmo “cometió un error” al votar el controvertido artículo sobre licencias por enfermedad en la Reforma Laboral pero lo hizo depositando la culpa en la supuesta existencia de una insólita “mafia de los certificados” creada para justificar el ausentismo y “aumentar la litigiosidad” laboral.

“Cometimos un error que, bueno, nobleza obliga lo vamos a arreglar”, total “es algo que puede pasar en 210 artículos”, reconoció la exfuncionaria y arremetió con una singular explicación que intentó depositar la carga del problema en trabajadores que supuestamente falsifican justificativos médicos en connivencia con médicos y abogados.

“Para mí, cambiar ese artículo está muy bien porque es terminar con una mafia. Hay cientos de personas presas por certificados truchos en la Argentina”, acusó sin dar pruebas.

Según trascendió, el Gobierno aceptará modificar ese artículo en el dictamen que se firmará este miércoles y llegará el jueves al recinto de Diputados. El objetivo sería que el 27 de febrero el Senado sancione definitivamente el proyecto con ese cambio, para que el presidente Javier Milei pueda consumar su obsesión de tener la ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

El “error” de Bullrich y compañía

El argumento se trató de otro intento de despegar al oficialismo del gravísimo yerro. Durante una entrevista por un canal oficialista, Bullrich insistió una y otra vez con que ese controvertido punto será modificado por iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) y no por los innumerables cuestionamientos que recibió de parte de la oposición y hasta aliados.

Lejos de admitir el error político o la terquedad por tener mayorías pactadas, Bullrich sostuvo que los cambios “que aún se están discutiendo en la Secretaría de Legal y Técnica” del Poder Ejecutivo fueron pensados “después de hablar con una serie de jueces laborales ‘razonables’ y empresarios pymes”.

Según contó, esos supuestos magistrados no les habrían advertido sobre las contradicciones y controversias que el oficialismo no pensó al votar el cambio en el artículo 208 de la Ley de Contratos de Trabajo, sino que le habrían dicho que ese punto “generaba ausentismo, litigiosidad, problemas terribles de empresas truchas que daban una mafia de los certificados” laborales para justificar supuestas enfermedades.

“Ahora van a tener que laburar”

Para sostener esa acusación, la exministra intentó dar una prueba de ello y contó una anécdota tan llamativa como incomprobable.

“Mirá qué casualidad -le dijo al presentador de TV-, hoy a la mañana voy a la panadería de cerca de mi casa para comprarle al Presidente unas galletitas que le gustan, y dos de las que atienden (N de R: panaderas) me dicen ‘qué bueno Patricia lo de las licencias porque acá nos joroban siempre. Acá tenemos que hacer el trabajo del panadero que una semana no viene, del que hace las medialunas que tampoco viene, que siempre vienen con un certificado y que ahora van a tener que laburar”.

La anécdota de delación que (se) le ocurrió como anillo al dedo y que pone en un mismo plano labores y oficios -como si la atención al público fuera lo mismo que el horneado del pan- fue para insistir con el oficialismo promovió los cambios en el proyecto. “Nosotros introdujimos el cambio”, insistió.

Lo que la legisladora evitó responder fue por qué el oficialismo impulsó la votación de eso que ahora reconoce como error. Habló de “la gran reconfiguración del poder sindical” que instala esa ley, del congelamiento de la cuota solidaria para los gremios y de la supuesta litigiosidad a la que le ley le pondría freno. Pero no explicó por qué se votó un artículo que fue objetado durante horas de debate.

A la hora de volver a hablar del cambio, repitió que “la idea fue nuestra” basado en “la experiencia internacional sobre la mafia de la litigiosidad y la mafia de los certificados. Las dos mafias”.

Una pequeña corrección en la quita de derechos

Casi al final de la charla, la exministra admitió que “tuvimos un error”. “La ley original no distingue en enfermedades. El error no fue haber aclarado las enfermedades severas o degenerativas o irrecuperables”.

Así que “para mí, cambiar ese artículo está muy bien porque es terminar con una mafia. Hay cientos de personas presas por certificados truchos en la Argentina”, acusó sin dar pruebas.

Los cambios, según explicó, “los está analizando la Secretaría Legal y Técnica” del Gobierno. Una vez terminados, se enviará a Diputados la sugerencia de corrección. “Eso sí, no empañamos la ley”, cerró, al confirmar que la norma mantendrá su espíritu antitrabajador.

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16 de febrero de 2026

 

Paz Rudi

Cristian Jerónimo confirmó que hay consensos para avanzar con la medida

La CGT define el paro nacional contra la reforma

Será cuando Diputados trate el proyecto del Gobierno que ya tiene media sanción. Los cegetistas debaten si lo convocarán con o sin movilización, y si será de 12 o 24 horas.

El consejo directivo de la CGT definirá hoy la convocatoria a un paro nacional para el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral -lo que podría ocurrir este jueves. Si bien la semana pasada, cuando el Senado trató el proyecto de ley, la central obrera no llamó a parar ni a movilizarse, la media sanción que aprobó la cámara alta sin las modificaciones esperadas hizo que a los cegetistas más reticentes a confrontar con el gobierno ahora consideren que el paro es “inevitable”. Todo indica, entonces, que habrá paro nacional contra la reforma regresiva del Gobierno pero, ¿con qué alcances y por cuántas horas? Estas son las cuestiones que discutirá, este mediodía, la cúpula de la central obrera, que debatirá el tema por videoconferencia.

La reunión del consejo directivo fue convocada con carácter de “urgencia”. En principio se iba a realizar a mitad de esta semana, pero la adelantaron. Al comentar la novedad, Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT aseguró que “existen los consensos sindicales suficientes para avanzar en la medida de fuerza”.

El dirigente señaló que “cualquier proceso de actualización normativa (de las leyes laborales) debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”, pero en este caso “los planteos sindicales no fueron considerados”. En consecuencia, advirtió, “están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”.

Jerónimo asumió la conducción de la CGT en noviembre pasado, junto a Jorge Sola y Octavio Argüello. Reemplazaron así al histórico triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, en un congreso en el que ratificaron la unidad de la central frente al gobierno de Milei. Sin embargo, conviven en la CGT sectores dispuestos a confrontar y sectores dialoguistas.

El ala “dialoguista” impuso la idea de que “no era el momento” para un paro, apostando a una negociación de último minuto en el Senado que finalmente no les dio los frutos esperados. Este sector tiene entre sus figuras a Andrés Rodríguez de UPCN, a Héctor Daer de Sanidad (considerado el mentor de Sola), a Gerardo Martínez de la Uocra, (que es cercano a Jerónimo).

De hecho, el miércoles pasado, mientras en las calles hubo una fuerte movilización de gremios, movimientos sociales, jubilados, estudiantes y partidos de izquierda, la cúpula de la CGT mantuvo silencio.

La conducta de la dirigencia de la CGT generó la reacción interna de un grupo de gremios cegetistas que, liderados por la UOM que conduce Abel Furlán, armaron un nuevo agrupamiento de sindicatos (tanto cegetistas como las dos CTA), el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) que son quienes salieron a la calle el pasado miércoles.

Durante el fin de semana, Furlán cuestionó con dureza a los dialoguistas: “La CGT estuvo negociando con el Gobierno... nosotros creemos que no había nada para negociar porque [los artículos de la ley de reforma laboral] representan una pérdida de dignidad para los trabajadores”. El dirigente volvió a presionar a la CGT para que convoque a una huelga general, al contar que el secretariado de la UOM le dio el mandato de exigir a la central que CGT un paro nacional con movilización para el día en que la reforma se trate en la Cámara de Diputados.

La media sanción del proyecto con agregados imprevistos -como que se pagará entre un 75 y 50 por ciento menos del sueldo a los trabajadores que estén con licencia por enfermedad- ha terminado por unificar posturas en la CGT sobre la necesidad de llamar al paro, aunque persisten matices estratégicos entre el ala “dialoguista” y el ala “dura”.

Por otra parte, la CGT deberà iniciar conversaciones para que el paro, sea con la modalidad que se defina, sume al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y a las dos CTA, que ya anunciaron sus propias medidas de fuerza, evitando que la protesta quede fragmentada.

En paralelo, la central trabaja en la estrategia judicial, para el caso de que la ley sea aprobada. La idea es impugnar en los tribunales el nuevo sistema de indemnizaciones, la modificación de la jornada laboral implícita en la creación de un banco de horas, la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales, las limitaciones a las asambleas sindicales y la modificaciòn del régimen de licencias por enfermedad.

Los tiempos corren: en el Congreso, la Cámara de Diputados comenzará a tratar el proyecto de reforma este mièrcoles, en una reuniòn conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda. La intención del gobierno es darle un tratamiento express para aprobarla y que al día siguiente, el jueves 19, sea debatida por el pleno de la Cámara baja y convertida en ley.

Según se informó oficialmente, entre las 14 y las 17 horas concurrirán a exponer invitados de los sectores gremiales y empresariales. Finalizadas las intervenciones, la reunión continuará con el objetivo de emitir dictamen antes de terminar el día.

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Mayans anticipó judicialización de la reforma laboral por “inconstitucional”

El jefe del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cuestionó el procedimiento parlamentario. Aseguró que distintos sectores recurrirán a la Justicia contra la norma impulsada por el gobierno de Javier Milei.  

El jefe del interbloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, calificó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei como “absolutamente regresiva” e “inconstitucional” y adelantó que la judicializarán junto a otros sectores políticos. En ese sentido, advirtió que la aplicación de la norma podría derivar en un escenario de violencia social, al considerar que afecta derechos laborales históricos.  

El senador peronista cuestionó tanto el contenido del proyecto como el procedimiento parlamentario que permitió su aprobación en la Cámara alta. Según el legislador, la iniciativa constituye “una ley de patrones para patrones”, al limitar conquistas reconocidas en la legislación vigente.  

En declaraciones a Splendid AM 990, relató que el tratamiento parlamentario fue “improvisado” y con modificaciones de último momento. De acuerdo con su testimonio, “fueron modificando artículos para conseguir quórum y ni siquiera estaba el texto definitivo”.  

En este marco, calificó el debate como “viciado de nulidad desde el principio”, lo que abre la posibilidad de planteos judiciales. Mayans aseguró que la reforma vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía superior. Por ello, sostuvo que “no resiste análisis en la Justicia” y anticipó que distintos sectores recurrirán a los tribunales para frenar su implementación.  

Crítica a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

En paralelo, cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al advertir que implica un desfinanciamiento del sistema previsional. “Le sacan recursos a los jubilados para cubrir despidos”, expresó, al remarcar el impacto que tendría sobre la seguridad social.  

El senador también apuntó contra las negociaciones políticas que posibilitaron la aprobación del proyecto. En esa línea, habló de acuerdos “circunstanciales” y de una falta de coherencia con los principios históricos del justicialismo. “Se resignaron banderas fundamentales vinculadas a los derechos del trabajador”, sostuvo, al marcar distancia con el resultado del debate.  

Finalmente, criticó la visión del Gobierno sobre el empleo público y defendió el rol del Estado en áreas sensibles, al subrayar que “no se puede despreciar a docentes, médicos o fuerzas de seguridad”.  

El Destape

15 de febrero de 2026

 Estados Unidos aplica una “cuarentena” marítima

EEUU capturó en el océano Índico un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe

Fuerzas estadounidenses interceptaron un buque sancionado tras una persecución transoceánica. El operativo se realizó sin incidentes ni heridos. El cargamento y el destino final del barco siguen bajo revisión federal.

Fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una operación de interdicción y abordaje del petrolero Veronica III en aguas del océano Índico, luego de una persecución que se extendió desde el mar Caribe. La acción fue confirmada por el Pentágono, que encuadró el operativo dentro de la política de “cuarentena” marítima impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra buques “sancionados” vinculados al transporte de crudo.

Según el comunicado oficial, la interdicción se ejecutó bajo la figura de “derecho de visita” en el área de responsabilidad del comando INDOPACOM. Las autoridades indicaron que el abordaje se realizó sin incidentes, sin resistencia de la tripulación y sin heridos reportados.

El petrolero había sido identificado como parte de la denominada “flota fantasma”, un conjunto de buques que operan con cambios de bandera, alias y transpondedores desactivados para evadir sanciones internacionales. Registros marítimos lo vinculan a redes de transporte de crudo iraní y venezolano.

Material audiovisual difundido por el Departamento de Guerra mostró el momento en que personal militar abordó un helicóptero para iniciar la misión. Las imágenes registran a la aeronave sobrevolando la estructura del buque antes del descenso de los soldados, quienes luego aseguraron la cubierta con apoyo de naves navales que escoltaban la operación.

Analistas de la firma LSEG Vessel Tracker confirmaron la ubicación del buque en el océano Índico el 15 de febrero de 2026. La identidad fue verificada mediante el análisis de la estructura del casco, grúas y patrones de pintura coincidentes con registros de archivo.

El Veronica III había zarpado de Venezuela el 3 de enero y fue rastreado durante semanas tras intentar evadir la vigilancia estadounidense navegando hacia el hemisferio oriental. Según datos de seguimiento, transportaba alrededor de 1,9 millones de barriles de petróleo y figura en listas de sanciones relacionadas con Irán.

La política de “cuarentena” y la flota en la sombra

Desde diciembre de 2025, Estados Unidos aplica una “cuarentena” marítima sobre petroleros sancionados que entran o salen de Venezuela, dentro de la llamada “Operación Lanza del Sur”, en la que ya se han abordado o incautado al menos siete buques. El propio Trump firmó a su vez una orden ejecutiva para castigar con aranceles a los países que envíen crudo a Cuba, un mecanismo de presión que está estrangulando a la isla.

Fuerzas estadounidenses Interceptaron en el océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump (AFP -)

El objetivo declarado es impedir que se venda petróleo venezolano fuera de los canales autorizados por Washington y cortar ingresos a redes consideradas aliadas de Rusia, Irán o la propia Cuba. “Cuando el Departamento de Guerra dice cuarentena, lo decimos en serio. Nada impedirá que el Departamento de Guerra defienda nuestra patria, ni siquiera en océanos al otro lado del mundo”, insistieron las fuentes oficiales desde su cuenta en X.

El Pentágono afirmó que la operación en la región del Indo-Pacífico demuestra la proyección global del poder naval estadounidense para hacer cumplir sanciones. En su mensaje oficial, el departamento sostuvo que las aguas internacionales “no son un santuario” para actores ilícitos.

Una semana antes, fuerzas estadounidenses habían interceptado el buque Aquila II bajo un procedimiento similar. Las autoridades no informaron todavía el destino definitivo del Veronica III ni de su cargamento, que permanece bajo custodia mientras el petrolero es escoltado hacia un puerto no especificado.

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Una histórica cadena de supermercados cerró 18 sucursales

En el contexto de caída de consumo, la firma puso fin a los locales que "no venían funcionando hace tiempo". 

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una histórica cadena de supermercados cerró 18 sucursales en todo el país, dejando a trabajadores en la calle.

Cencosud es una de las compañías más importantes que operan en el país y es dueña de supermercados como Easy, Vea, Makro, Jumbo y Disco, sin embargo, atraviesa un proceso de achique en el marco de la caída del consumo.

En ese sentido, la firma cerró 18 supermercados en Argentina en el último trimestre del 2025, que se suman a otros que sufrieron la misma suerte en el último tiempo. 

En el último trimestre del año pasado, Cencosud puso fin a 13 locales Vea, tres Blaisten, una tienda Disco, y un Easy. Desde la firma marcaron que había una "superposición" de tiendas.

Andrés Neely, CFO de Cencosud, explicó la razón de las operaciones bajo una “estrategia de asignación de capital del grupo”, donde se dispusieron a iniciar una revisión permanente de la cartera de tiendas y ubicaciones. Los locales que cerraron fue porque “no venían funcionando bien desde hace mucho tiempo”.

"Esto es dinámico, seguiremos buscando el mejor rendimiento. Por supuesto, cerrar tiendas es el último recurso que utilizamos. Pero es parte de las herramientas que tenemos para mejorar nuestra asignación de capital y nuestra rentabilidad en general", sumó Neely al medio Diario Financiero.

La "reestructuración" de Cencosud en Argentina

Hace poco, el grupo se retiró de la puja por la compra de Carrefour Argentina, aunque meses antes había concretado la adquisición del negocio local de Makro, reforzando su presencia en el segmento mayorista.

Además, la empresa atraviesa un proceso de "reestructuración" por la caída de las ventas a nivel local que llevó al cierre de varias sucursales de los distintos supermercados que tiene en el país y la reducción de personal con despidos y retiros voluntarios


La firma cambiará de gerente general este 2026.  Diego Marcantonio, el gerente país desde 2019, anunció que dejará su puesto a partir del 1° de abril. Desde la sede central en Santiago de Chile confirmaron que ya iniciaron la búsqueda de un nuevo líder para la filial argentina. La compañía contrató a la consultora Egon Zehnder para evaluar tanto candidatos internos como externos, con el fin de garantizar "el mejor liderazgo para enfrentar los desafíos y oportunidades presentes y futuros" en el país.

En un comunicado interno, Cencosud detalló que Marcantonio "decidió concluir su etapa en la compañía para emprender nuevos desafíos personales y profesionales", marcando así el cierre de una etapa clave en la empresa local.

El Destape

 

Milei lo hizo: ya cerraron más de 22 mil empresas desde que asumió

Hay 327.341 trabajadores registrados menos en comparación con diciembre de 2023, según datos oficiales. Cuáles son los sectores más afectados desde que Milei es presidente.

A contramano de lo que afirma el gobierno de Javier Milei, desde que el presidente libertario llegó a Casa Rosada ya hay más de 22 mil empresas menos en el país. Los últimos números revelan que solo en noviembre pasado cerca de 900 compañías tuvieron que cerrar. Las cifras repercuten en los puestos de trabajo registrados: en dos años, se contabilizan unos 330 mil empleados menos.

En diciembre de 2023, el Boletín Estadístico de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojaba un total de 512.898 compañías a lo largo y ancho del territorio. El último reporte conocido este mes -que toma los números a noviembre de 2025- indica que hay 490.419 empresas. Es decir que, según los datos oficiales, hubo 22.479 unidades productivas que tuvieron que cerrar desde que Milei es presidente.

En el propio sitio de la SRT se aclara que las llamadas unidades productivas comprenden a "una persona, empresa u organización que produce bienes o servicios en el sector privado o público y que reúnen a uno o más trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo".

Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también analizó estos datos y difundió un gráfico para explicar esta curva. En sus números, donde se contemplan altas y bajas, se da cuenta de unas 21.938 unidades productivas menos.

Estas cifras también tienen consecuencias con el número de trabajadores registrados. Cuando asumió Milei a la presidencia, en 2023, el sistema contabilizaba un total de 9.893.914 empleados en blanco. Sin embargo, sólo 24 meses después, esa cifra cayó a 9.566.573, dando un total de 327.341 puestos de trabajo perdidos.

Cuáles fueron los sectores más golpeados en la era Milei

Entre las ramas de la economía que más sufrieron las políticas mileístas están la industria manufacturera, las actividades administrativas, la administración pública y el servicio doméstico

La industria manufacturera registró un descenso marcado de 73.477 trabajadores, pasando de 1.215.614 en 2023 a 1.142.137 en 2025. Por su lado, las actividades administrativas y de servicios tuvieron una disminución 21.617 empleados, pasando de 505.283 a 483.666 personas.

En tanto, el servicio doméstico en casas particulares tuvo un retroceso de 24.768 trabajadores en comparación con lo relevado en diciembre de 2023. Mientras, la administración pública fue el sector que más bajas experimentó: pasó de unos 2.611.993 trabajadores a fines de 2023 a 2.516.000, una aproximado de 95.000 puestos menos.

El Destape