El engaño de la Ley de Lobby: otro intento antidemocrático de Milei
Mientras desregula al máximo la actividad económica, Milei propone una regulación estricta para los actores de la sociedad civil que intenten democráticamente incidir sobre las políticas públicas. A tono con la ultraderecha global, busca obstaculizar la participación ciudadana con la Ley de Lobby. Antes lo había intentado vía la IGJ.
El principal conflicto que encuentran en la redacción del texto pasa por la definición de lobbista o gestor de intereses, que para la propuesta del Gobierno es cualquier persona que, con o sin fines de lucro, intente incidir en una política pública. Como marcó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, en el debate en comisiones en la Cámara de Diputados: “Susana Trimarco perdió a su hija, Marita Verón, secuestrada por una red de trata en 2002. Recorrió el país, golpeó puertas de legislaturas y el Congreso de la Nación, se sentó en mesas como estas, exigió cambios de ley y los logró. Juan Carlos Blumberg, perdió a su hijo Axel, estudiante de ingeniería, secuestrado y asesinado en 2004. A nueve días de enterrarlo, escribió un petitorio con propuestas concretas de reforma penal y se presentó en este Congreso de la Nación. María Luján Rey buscó a su hijo Lucas entre los escombros de Once, lo encontró tres días después. Desde ese momento dedicó su vida a exigir condenas, reformas y políticas de seguridad vial. Ninguno de ellos tenía intereses económicos. Según la definición de este proyecto, todas estas personas que nombré son gestores de intereses. Todos deberían registrarse igual que una minera, una tabacalera o cualquier tipo de industria. todos podrían ser pasibles de sanciones penales si no lo hacen”.
Para las organizaciones de la sociedad civil, el temor de que el Gobierno avance en la limitación de sus campos de acción existe desde el 10 de diciembre de 2023. Gestiones cercanas, por similitudes ideológicas o de formas, a la del presidente Javier Milei han tomado decisiones en ese sentido. En Hungría, por ejemplo, el ex primer ministro Viktor Orban avanzó con un paquete legislativo que, bajo el argumento de la “defensa de la soberanía”, criminalizó el financiamiento internacional de actividades políticas, con penas de hasta tres años de prisión. No es casual que, después de intercambios entre figuras libertarias y enviados de Orban, tanto en Hungría como en Buenos Aires, el proyecto de Ley de Lobby asocie a las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional –algo que estas entidades destacan como habitual en áreas como derechos humanos, transparencia o fortalecimiento democrático– con la representación de intereses extranjeros.
Para Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, “si se aprueba como está, la ley va a afectar de manera significativa a las organizaciones de derechos humanos y comunitarias, a las organizaciones sociales, a las universidades, a los centros de estudiantes, a los sindicatos, a los periodistas, a las iglesias, a las redes de incidencia, a las organizaciones internacionales, a la sociedad civil en general”.
“Mientras el Poder Ejecutivo propone la máxima desregulación de la actividad económica, propone un proyecto hiperregulatorio, hipersancionatorio e hiperrestrictivo de la participación política”, contrastó Litvachky.
Mientras que Verónica González, miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) agregó: “Reunirnos con los legisladores, impulsar reformas, participar del debate público: eso es lo que hacemos. Nos costó muchísimo que nos reconocieran como interlocutores y actores políticos válidos. Cuando el Gobierno cuestionó las pensiones por discapacidad, las personas con discapacidad quedamos bajo sospecha de fraude. Ahora nuestras organizaciones quedan bajo sospecha de operar intereses ocultos. No es casual: es un patrón. Militamos en nuestros tiempos libres, no tenemos abogados que trabajen para la organización. Esta carga administrativa es para nosotros sencillamente inviable”.
El intento de controlar a las organizaciones de la sociedad civil no es nuevo para el gobierno de Milei. En octubre de 2024 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue el ejemplo perfecto del intento de disciplinamiento a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), que suspendió las elecciones en la organización y le prohibió modificar su estatuto. El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ya había conseguido un fallo judicial que le permitió avanzar igual y fue reelecto. Pero el intento de intromisión quedó al desnudo.
Se trata de la misma IGJ que no reclamó documentación faltante ni se alarmó por los plazos vencidos en la rendición de cuentas de la libertaria Fundación Faro y que tiene un amplísimo nivel de influencia sobre las actividades de asociaciones civiles y fundaciones. Para evitar su discrecionalidad, muchas ONGs evaluaron y evalúan sacar sus sedes centrales de la Ciudad de Buenos Aires, para no quedar bajo la supervisión de la IGJ. Mudarse al conurbano o a una provincia es una estrategia que aparece en el menú. El mismo camino que recorrió la AFA, que cambió su sede a Ezeiza. ¿Cuántas asociaciones civiles y ONGs la seguirán?
El Destape
