29 de mayo de 2026

 Bolsillos sin respiro

Vuelven a subir la luz y el gas desde el lunes

El Gobierno confirmó los porcentajes de suba para los servicios a partir del 1 de junio. La factura de la electricidad trepará 1,5 por ciento y la del gas, justo cuando empieza el frío, lo hará 2,6 por ciento.

El Gobierno nacional dio luz verde a un nuevo aumento en los servicios públicos de luz y gas. El incremento se pondrá en marcha a partir de junio, es decir desde el lunes próximo y hará que las facturas de Metrogas registren una suba de 2,8 por ciento mientras que las de Edesur y Edenor será del 1,5.

La particularidad del incremento en el gas (el servicio más requerido en esta temporada del año) es que el porcentaje está por encima del índice de inflación oficial del mes pasado (2,6 por ciento) y que el gobierno de Javier Milei suele usar como parámetro o referencia para modificaciones de ese tipo.

Los aumentos fueron oficializados en los cuadros tarifarios que publicó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE), que unifica los entes del gas (Enargas) y de electricidad (Enre), en el Boletín Oficial con anuencia de la Secretaría de Energía.

La suba recaerá tanto en los usuarios residenciales como en los comercios y las entidades de bien público. Asimismo se mantendrá el esquema de asistencia para hogares subsidiados con consumos de hasta 300 kwh, para el caso de la luz.

Para estos, el subsidio será de poco menos de un 12 por ciento, mientras que a quienes lo traspasen se les cobrará tarifa plena.

Pero el beneficio más grueso para las empresas pasa por otro lado: los componentes de distribución. El gobierno autorizó un incremento en ese ítem para las concesionarias, que se traducirá en un fuerte incremento de sus ganancias.

Para Edesur, el Costo Propio de Distribución (CPD) fue actualizado un 4,68 por ciento respecto de mayo, mientras que para Edenor será del 4,75.

En tanto, los aumentos en la luz para los usuarios se diferenciarán según la concesionaria. A los residenciales de la categoría R1 sin subsidios, Edesur aplicará un cargo variable de 145,404 pesos por kwh, mientras que los de Edenor pagarán 146,551 pesos.

En cambio, los beneficiarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) de Edesur tendrán una bonificación de 70,513 por kwh, mientras que a los de Edenor se les bonificará 71,518 pesos por kwh.

En el servicio de gas, el Gobierno continuará con el sistema de subsidios focalizados. La Resolución 39/2026 del Enargas continuó con el beneficio para los hogares aplicando una prórroga del 25 por ciento sobre el consumo subsidiado.

La razón por la cual la administración de La Libertad Avanza (LLA) decidió dar un paso más en el tarifazo que encubre mes a mes con pequeños porcentajes de aumentos reside en su decisión de volver a restar el nivel de subsidios sobre esos servicios.

Un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que los subsidios en el primer trimestre se ubicaron en 0,16 por ciento del PIB y que del total de las transferencias realizadas por el Estado, el 75 por ciento se destinó al sector eléctrico, mientras que el 22 correspondió al rubro del gas natural.

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28 de mayo de 2026

Fallo de Casación en la causa Vialidad

Ordenaron ejecutar los bienes de Cristina Kirchner y los de sus hijos

La decisión de los camaristas es hasta cubrir 685 mil millones de pesos. La medida también alcanza a Lázaro Báez.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que 111 bienes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez vuelvan al Estado.

CFK fue condenada a doce años de prisión en diciembre de 2022 y cumple la condena en su domicilio de San José 1111 desde junio de 2025. En abril de este año, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

En ese momento, los magistrados de la Sala IV de Casación Federal rechazaron el planteo de la expresidenta para suspender la ejecución de su patrimonio. Los magistrados buscan ejecutar 111 bienes de los condenados en la Causa Vialidad, por un total de 685 mil millones de pesos.

Casación reafirmó así el alcance amplio del decomiso en el derecho argentino, al afirmar que el recupero de activos provenientes de delitos constituye no solo una facultad sino un deber del Estado.

De ese modo validó el criterio del TOF-2 al dictar la sentencia –integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso–, que había diferenciado tres categorías: bienes de personas condenadas que se beneficiaron del delito, bienes afectados con finalidad reparatoria y –más controvertido– bienes en poder de terceros no condenados.

Las objeciones interpuestas por las defensas

Las defensas cuestionaron lo que interpretan como una indebida extensión de la responsabilidad penal a terceros ajenos al proceso, incluyendo bienes adquiridos antes de los hechos investigados o bien pertenecientes a personas no condenadas. Objetaron también que se incluyeran activos de origen lícito o desvinculados del delito, lo que transformaría al decomiso en una medida confiscatoria.

Los jueces Hornos y Barroetaveña, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, rechazaron esos planteos y convalidaron el criterio del TOF 2, reforzando la idea de que el decomiso no debe limitarse a los bienes directamente vinculados al hecho delictivo sino que puede alcanzar otros activos cuando exista una relación razonable con el provecho ilícito.

El decomiso había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. De los 111 bienes, 80 son de Lázaro Báez, uno se halla a título personal de Cristina Kirchner y los restantes 19 están escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner.

En el caso de la expresidenta, la medida alcanza el hotel Los Sauces Casa Patagónica, vecino de la residencia de los Kirchner en El Calafate; y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez. Los 19 inmuebles de sus hijos fueron comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

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Malvinas: el documento que da un vuelco al reclamo de soberanía

La explotación ilegal del petróleo en el yacimiento al norte de las Islas Malvinas va a duplicar el PBI del archipiélago, convirtiendo al enclave colonial en un Estado petrolero y aumentando su relevancia estratégica.

Nicolás Lantos

La explotación ilegal del petróleo en el yacimiento “Sea Lion”, en Mar Argentino, al norte de las Islas Malvinas, va a duplicar el PBI del archipiélago, convirtiendo al enclave colonial en un Estado petrolero y aumentando su relevancia estratégica. El proyecto de las empresas Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper (Gran Bretaña) dejó atrás la fase preparatoria y ya es un hecho. Se trata de un cambio con profundas implicancias para los reclamos de soberanía sobre el Atlántico sur, que fortalece el control hemisférico de los Estados Unidos y que sucede bajo las narices del gobierno argentino, que no reacciona.

Las novedades surgen de un documento al que tuvo acceso El Destape, bajo el número de orden 57/26 remitido por el director del departamento de Recursos Minerales al Consejo Ejecutivo del gobierno ilegítimo de las islas, fechado el 24 de marzo. Se trata de un asunto casi burocrático: el pedido de autorización para crear cuatro nuevos cargos en ese área, contratar expertos que no viven en las Islas (y proveerles de vivienda) y reconvertir un edificio para que funcione ese equipo, que tiene previsto seguir ampliándose. Pero algunos datos que figuran entre líneas lo convierten en el testimonio clave que da cuenta de un cambio tectónico.

El pasaje más importante aparece perdido en la mitad del informe. Para justificar el pedido de fondos, el documento sostiene que el yacimiento Sea Lion “por sí mismo va prácticamente a duplicar el PBI de las islas” y que “reemplazará a la pesca como la mayor contribución para su economía”. Eso lo cambia todo. Las Malvinas pasan a ser productoras de petróleo y, por lo tanto, autosustentables. Su viabilidad ya no dependerá de costosas erogaciones solventadas por los impuestos del súbdito británico en la metrópolis. Ese factor fue, durante mucho tiempo, la hipótesis principal de qué obligaría a Londres a sentarse a negociar. Ya no existe más.

Históricamente el reclamo argentino por la soberanía del Atlántico Sur giró en torno a la idea de que las islas eran un enclave estratégicamente valioso pero inviable, como una posta de avanzada de un imperio lejano. La novedad, en el marco de los cambios geopolíticos que atravesamos, transforma radicalmente el escenario. Algo que la Argentina deberá atender en forma urgente si no quiere verse inmersa en un nuevo status quo, aún más perjudicial y difícil de revertir que el anterior. El gobierno de Javier Milei no va a hacerlo. Es de interés nacional que otros actores del sistema articulen todos los mecanismos necesarios para evitar la entrega.

El experto en Relaciones Exteriores Bernabé Malacalza cree que esta reestructuración “aumenta la escala estratégica de la relevancia de las islas, aleja una potencial negociación en torno a la soberanía y confirma y alienta la proyección británica y de la OTAN en el Atlántico Sur y la Antártida”. Simultáneamente, observa, “el cambio sociodemográfico fenomenal” que atravesarán las islas, con la conformación de “una especie de nueva élite industrial” conformada por los trabajadores bien remunerados en la industria petrolera, “será un estímulo para la formación de negocios que se instalan en las islas con perspectiva de largo plazo”.

Una vez que se consolide ese proceso, los isleños “podrían buscar la independencia”, con el auspicio de Washington y bajo el paraguas de la doctrina Donroe. Potencialmente, esto puede convertir a las Malvinas en un pseudo estado petrolero alineado con Estados Unidos y con reclamo de proyección territorial sobre la Antártida. La puntada final del proyecto hemisférico, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Aunque el consorcio que va a operar Sea Lion está formalmente encabezado por una empresa israelí y otra británica, el entramado subyacente tiene raíces profundas, de acuerdo a un informe confeccionado por Malacalza.

El financiamiento internacional del proyecto está estructurado desde bancos y estudios legales ligados a Wall Street y a la bolsa de Londres. El cierre financiero, de 1000 millones de dólares, fue coordinado legalmente por Sidley Austin, uno de los grandes estudios corporativos de Estados Unidos. El flujo depende de crédito internacional y cobertura crediticia del sector petrolero, donde también predominan los bancos norteamericanos o anglonorteamericanos. Simultáneamente las dos empresas que ponen la cara, Rockhopper y Navitas, cotizan y se financian en mercados integrados por grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard o State Street Global Advisors.

Lo que se presenta como “proyecto británico-israelí”, en los hechos funciona como “una plataforma geopolítica británica, con capital israelí, financiamiento financiero transnacional con base en Wall Street y soporte tecnológico/financiero anglo-estadounidense”. No se trata de dos empresas aisladas sino de una red integrada al sistema energético-financiero (y la tercera pata, tecnológico) occidental. “Esta creciente intensidad o densidad de vínculos de todo tipo entre el Reino Unido y EEUU en las islas hace imposible imaginar una desvinculación estadounidense de los intereses estratégicos británicos en el Atlántico Sur”, concluye el informe.

Un último detalle: el documento describe la forma en la que va a financiarse el desarrollo de la nueva estructura estatal de las Islas (en este caso dentro del departamento de Recursos Minerales, pero pronto eso va a expandirse a otras áreas a medida que surjan nuevas demandas). Toda la operación se monta alrededor del cobro de una licencia que pagarán las operadoras al pasar a la etapa de producción. En otras palabras: el Estado kelper se construye con las regalías del crudo que extraen ilegalmente del Mar Argentino. Los recursos que pertenecen a los argentinos están financiando el colonialismo sobre nuestro propio territorio.

El Destape

 

Miriam Quiroga argumenta razones de salud para eludir su testimonial en la causa Cuadernos

Después de varios llamados de la Justicia, sus hijos respondieron que no puede declarar por problemas de salud “cardiológicos y estrés”.

Irina Hauser

Miriam Quiroga se hizo conocida como la (supuesta) secretaria de Néstor Kirchner cuando en mayo de 2013 la entrevistó Jorge Lanata y relató que veía circular bolsos con dinero en la Casa Rosada que eran llevados a Santa Cruz. Hubo una causa judicial que terminó cerrada por la Cámara de Casación en marzo de 2018 ya que los hechos no se comprobaron nunca. Aun así, fue convocada ese mismo año en la causa “Cuadernos” y ahora también por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) que lleva adelante el juicio. Pero Quiroga está haciendo todo lo posible por eludir su testimonial. Después de varios llamados, sus hijos respondieron que no puede declarar por problemas de salud “cardiológicos y estrés”. Debía presentarse este jueves, pero eso no ocurrirá. Tras la insistencia judicial mandó dos certificados de médicos particulares y los jueces evalúan la situación.

Quiroga saltó a la fama con su relato en televisión y buscaba, por esa época, promocionar un libro: “Mis años con Néstor y todo lo que vi”. La causa judicial por su relato sobre los bolsos se abrió con una denuncia de Elisa Carrió. El juez Luis Rodríguez la cerró en 2015 y Casación confirmó la decisión tres años después. No solo no se probó lo que relataba: hasta se descartó que hubiera tenido el despacho exactamente frente al de Kirchner ya que en una inspección ocular mostró que quedaba a 70 metros. Tampoco era su secretaria sino encargada de Documentación Presidencial desde 2003, desde donde recibía cartas y pedidos de la gente. Ella misma reconoció que había visto alguna vez un bolso, pero no sabía si en él había dinero.

En octubre de 2018 fue citada por el fiscal Carlos Stornelli en el contexto de la instrucción del caso “Cuadernos” y repitió la historia. Contó que había visto bolsos, habló de traslados al Sur y de que Daniel Muñoz –secretario fallecido de Kirchner— le dijo que llevaban “verdes”. También habló de un cuaderno de Néstor con supuestas anotaciones de dinero que le adeudaban.

Dónde está Quiroga

Durante mayo, el TOF7 intentó localizarla. El diario Clarín sugirió que estaba desaparecida. Pero a mediados de mes, el tribunal se comunicó con su hijo, Emiliano Pintos, quien dilató la respuesta, pero el 21 de mayo informó que su madre estaba con problemas de salud. Su hija, María Virginia informó lo mismo. Luego aclararon que no podía declarar ni en forma presencial ni en forma remota. Miriam Quiroga nunca respondió los llamados y mensajes.

Este martes el hijo mandó por WhatsApp dos certificados médicos con fecha de ese mismo día: uno de un especialista en medicina interna y osteoporosis de Río Gallegos (José Luis Pérez Vila) que dejó constancia de que está en tratamiento por problemas cardíacos, hipertensión, asma crónica, trastorno de ansiedad generalizada y depresión; y el otro de un neumonólogo de la Ciudad de Buenos Aires (Juan G. Schottlender) que dio cuenta de “asma bronquial severa” y “consultas de emergencia”.

Ante un pedido de aclaración del tribunal –ya que la mujer se encuentra en Córdoba y los certificados son de otros puntos del país--, el hijo de Quiroga dijo que, como su madre tiene “residencia en Santa Cruz”, “su médico de cabecera reside en Río Gallegos”, “pero por su situación económica y de salud, rota entre sus hijos” y “su neumonólogo de años es de Capital Federal”. Según Pintos, el sábado último la mujer “sufrió una crisis asmática, por lo que tuvo que ser atendida en un dispensario comunitario en Córdoba”, donde se encuentra con su hija María Virginia.

Los jueces evaluarán qué validez les dan a esos documentos médicos o si disponen alguna medida complementaria. También existe la posibilidad de que la fiscalía, a cargo de Fabiana León, desista de este testimonio, pero no parece que por ahora eso vaya a ocurrir. El juicio será extenso, podría durar más de dos años, y todavía falta que declaren 620 testigos.

El juicio del escándalo

Todo este intento de Quiroga por esquivar la declaración testimonial –que es una carga pública—ocurre en un contexto en el que comenzaron a salir a la luz evidentes irregularidades con las que se gestó este caso judicial con el que se buscó llevar a Cristina Fernández de Kirchner al banquillo junto con otros exfuncionarios. Desde que comenzaron las audiencias, 27 empresarios y exfuncionarios revelaron que en los inicios de la causa declararon en circunstancias de coacción que algunos equipararon a la tortura. Hubo quienes dijeron que por eso aceptaron “arrepentirse” a cambio de no ir presos y decir lo que Stornelli y el juez Claudio Bonadío esperaban. Algunos blanquearon que habían dejado constancia ante escribanías de que mentirían para no ir a la cárcel.

La semana pasada, la mayor sorpresa la dio Julio Silva, el encargado del edificio donde vivió CFK en Recoleta: fue, como testigo, una declaración bajo juramento de verdad (a diferencia de los imputados que pueden mentir) en la que relató que él firmó como si hubiera dicho que Muñoz llevaba bolsos y valijas el inmueble, pero eso no era así. Lo que sucedía era que Bonadío y Stornelli le habían dicho “no te olvides que tenés dos hijas”, entre otras cosas.

El tribunal postergó una decisión sobre si mandará a investigar ese apriete o no. El presidente del TOF7, Enrique Méndez Signori, dijo que eso se resolverá más adelante, avanzado el juicio. Este jueves continuará la declaración de la expareja del chofer Oscar Centeno, Hilda Horovitz, quien se descompensó el martes después que le exhibieran mensajes de tono extorsivo que ella le mandaba a Roberto Baratta –exnúmero dos del Ministerio de Planificación, de quien Centeno era chofer—otros con Miriam Quiroga. Horovitz dijo que Centeno la usó como “testaferro”, que vio los cuadernos que escribía pero que no sabía lo que contenían.

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El ministro no cambia de guión

Caputo, especialista en negación: “Parece un chiste que te hablen de crisis”

En un foro ante empresarios volvió a desestimar la difícil situación económica que atraviesan las familias, intentó explicar por qué no puede “mostrar empatía” y aseguró que Milei será reelecto. El periodismo, el culpable de todos los males.

El ministro de Economía, Luis Caputo, negó que la sociedad esté atravesando una crisis económica, que la mayoría de la población esté padeciendo un ajuste de sus gastos y que una buena parte no llega a fin de mes. Según él, “es un chiste que los diarios hablen de crisis” y por lo tanto “lo que dicen los números (oficiales) es la realidad”. Anticipó una inflación del 20 por ciento para los próximos 12 meses, aseguró que “las inversiones están llegando” y estimó que Javier Milei va a “ganar cómodamente” las elecciones del año próximo.

“No se coman el cuento de que ‘a esta ya la vimos’ porque nunca vimos una como esta”, afirmó el funcionario que, en sintonía con su jefe político, acusó el periodismo de “psicopatear” y “tratar de hacerle creer a la gente que la está pasando mal”.

Según el ministro, “lo que tenemos que combatir es el relato” porque “la realidad son los datos” sobre un supuesto crecimiento económico que muestra el Gobierno. Sobre la base de ese argumento, negó que los efectos del modelo económico golpearan duramente a la población.

“Cuando me preguntan ‘qué le decís a la gente que no llega a fin de mes’, tengo que mostrar empatía pero pienso: ¿Qué es ‘la gente’?, ¿la totalidad de la gente, la mayoría, alguna gente? Hace dos años la mayoría de la gente estaba mucho peor”, lanzó el ministro durante su discurso en el Latam Economic Forum.

El convite organizado por Research for Traders y la Fundación de Acción Social de Jabad se trata en parte de un evento solidario para recaudar fondos a distintas instituciones, entre ellas el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez que atraviesa una crisis presupuestaria producto de las políticas que comandan Milei y Caputo.

Desde el atril de ese evento, el ministro sostuvo que “hay sobrados motivos para ser recontra optimistas” y pidió que “no nos enganchemos más con lo que se escucha y focalicémonos en los datos”.

Los números de Caputo

Lo que hizo Caputo fue retomar el eje del discurso del presidente Milei cuando trató de explicar cómo habría que hablarle a un marciano para que se convenza del supuesto éxito del plan económico y no de la crisis que no refleja el relato oficial.

Durante su exposición, el ministro de Economía desglosó una serie de números sobre la base de un eje negador: “Es un chiste que los diarios hablen de crisis”. Afirmó que los medios “hablan de encuestas y sensaciones”, y pidió exageradamente: “No nos dejemos psicopatear”. “Los datos son la realidad, estoy abriéndoles los ojos”, le insistió a la platea.

Tras esa arenga, afirmó que hay “récord de exportaciones agroindustriales y habló de un “superávit energético”, pero omitió decir que la Secretaría de Energía debió importar gas licuado por impericia en las previsiones del consumo interno.

También mencionó un “récord” de actividad industrial y de exportaciones pymes pero omitió el dato de que 25 mil pequeñas y medianas empresas cerraron en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza.

Con el mismo énfasis, destacó que “la variación de la canasta alimentaria fue solo de 1,1 en abril”, lo que va a contramano del nivel de gastos de la población que mes a mes escala carcomiendo el salario. Y finalmente lanzó el dato que aplaudió la platea: “La inflación vuelve a estar a la baja y en mayo se espera una más baja”, y “para los próximos 12 meses se espera una inflación del 20 por ciento”, anunció y pidió “mirar la mitad del vaso llena”.

“El Presidente va a ganar cómodamente las elecciones”

“Esto es lo que esconden los diarios, pero la gente no es tonta y se da cuenta (…) Los periodistas tratan de convencerlos de que la están pasando mal”, recriminó y ratificó que “este rumbo (el del modelo económico”, va a seguir”

Luego activó el modo campaña y exhortó a los participantes de ese evento a “perder el miedo al 2027 porque ese va a ser el año en el que la economía más va a crecer, el Presidente va a ganar cómodamente las elecciones y este proceso va a continuar”.

“Hoy nuestro Presidente es un faro en el mundo, es una de las tres personalidades más importantes del mundo” y la consecuencia de ello es que “estamos viendo un interés brutal de inversiones”, concluyó sin más.

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27 de mayo de 2026

Nuevo reclamo para que no se remate el complejo hotelero emblema del turismo social

La Provincia volvió a pedir el traspaso de la Unidad Turística Chapadmalal

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, revalidó la postura del gobierno de Axel Kicillof ante la voluntad de Javier Milei y Daniel Scioli de rematar el histórico predio sobre la costa bonaerense.

Andres Miquel

La provincia de Buenos Aires volvió a exigir la transferencia del complejo hotelero de Chapadmalal y los bienes del Museo Evita. Así lo expresó en sus redes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, responsable de la gestión turística bonaerense. “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios”, señaló.

El hilo de tuits escrito por Costa recordó que en 2025 la Provincia oficializó este mismo pedido al gobierno nacional en el momento que se firmó el traspaso del Complejo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) En aquel momento, no hubo respuesta de Daniel Scioli, exgobernador y actual brazo ejecutor del ajuste libertario sobre el turismo social.

La AABE se convirtió en el organismo que Milei y Luis Caputo pusieron al frente del remate de las propiedades del Estado. Por ejemplo, las viviendas del Procrear, programa que fue licuado con cientos de casas a punto de entregar.

En esta ocasión, una nueva resolución planteó el cese total de las actividades, el desaolojo de los empleados y la disposición de la infraestructura. Y también abarca al Unidad Turística Emblase, en la provincia de Córdoba.

A juicio de Costa, el gobierno nacional avanza con “un plan sistemático de privatización y vaciamiento de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse”, por lo que “más de 80 años de historia y conquista del turismo social están en riesgo”.

Por eso, la crítica del ministro de Axel Kicillof incluyó al complejo cordobés que, junto con Chapadmalal, pasaron a disposición de la AABE.

En el caso de Embalse, el texto de la resolución indicó que se transfiere la propiedad a la AABE para “disponer, enajenar o transferir” las 300 hectáreas con sus 7 hoteles, 51 bungalows, natatorio, polideportivo y múltiples instalaciones. Respecto a Chapadmalal, para ser concesionado. Al menos, por ahora.

Costa señaló que “las unidades fueron declaradas ‘innecesarias’” al momento de la transferencia. “Adorni ya ratificó el objetivo real: licitar y entregar estos hoteles históricos al sector privado para su explotación comercial”, remarcó el ministro sobre las instalaciones ubicadas a 40 kilómetros de Mar del Plata.

A esta ecuación se sumó el desalojo de las 30 familias que aún vivían en el complejo por prestar servicios allí a lo largo de todo el año. “La única excepción al ajuste es la Residencia Presidencial. El chalet, la pileta y el helipuerto siguen siendo de uso exclusivo. Privilegios para arriba, exclusión para abajo”, apuntó Costa.

El descanso como derecho

“Las UT de Chapadmalal (PBA) y Embalse (Córdoba) no son sólo ladrillos; son Monumentos Históricos Nacionales y el símbolo máximo de la dignidad trabajadora. Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos”, publicó Costa este martes.

Ambos complejos se construyeron durante el gobierno de Juan Domingo Perón para ampliar las posibilidades de vacacionar en el universo de los trabajadores. En el caso de los hoteles ubicados frente a la costa bonaerense, sirvieron para miles de familias conocieran el mar, una política que continuó con Kicillof a través del programa Viaje de Fin de Curso hasta el arribo de la motosierra de Milei.

Lo que varias veces denunció la Provincia es la mirada ideológica del gobierno nacional sobre aquellos derechos de orden social que, ante todo, favorecen la inclusión para los sectores más vulnerables. Esta línea llevó a Costa a condenar el Decreto 2016/2026 mediante el cual Milei eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social.

“El resultado es demoledor”, sostuvo el ministro de Producción. Explicó que, las unidades hoteleras pasaron de alojar a más de 84 mil personas en 2023, “cero turistas” en 2025 y 2026.

“Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”, remarcó Costa.

Y cerró el hilo de tuits en la misma sintonía. “No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios. La lucha se da en los frentes judicial, legislativo y territorial. Ante el abandono de la Nación, defendemos la soberanía popular. Chapadmalal y Embalse son de los argentinos”, resaltó.

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Ordenan suspender los despidos

Un freno judicial a la motosierra en el INTI

La Justicia Federal de San Martín hizo lugar a una medida de amparo presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y frenó los despidos que el gobierno nacional había dispuesto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en el marco de su política de motosierra y vaciamiento de organismos clave del Estado.

La medida tomada por el Juzgado Federal en lo Civil y Contencioso Administrativo 2 a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto le puso un freno a la vigencia de la Resolución 42/2026 que había sido publicada en abril pasado y que dispuso la cesación automática de servicios que ese organismo brindaba a empresas.

La resolución en cuestión disponía la “cesación de los servicios” inmediata que brindaba ese organismo en prestaciones de control de calidad y seguridad de productos de 1.004 áreas de todo el entramado productivo del país.

Entre ellos se encontraban las tareas de supervisión de observación, inspección, examinación y registro de productos garantizadas por la lupa del Estado. La resolución le traspasaba a las empresas la responsabilidad de certificar sus propios productos, a pesar de la discrecionalidad que ello podría conllevar.

Al hacer lugar a la presentación del gremio de los estatales, el magistrado hizo lugar a los argumentos que cuestionaban la norma por el daño irreparable que generaba la transferencia de funciones, documentación y equipamiento técnico que había sido ordenada por el gobierno de Javier Milei.

Entre ellos se incluyó el acto administrativo de desafectar a decenas de trabajadores, motivo por el cual se deberá dar marcha atrás con los despidos.

El fallo sostuvo que el Poder Ejecutivo debe garantizar “la ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultaron afectadas”. Además, se les deberá respetar el “mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones de trabajos vigentes hasta el 14 de abril” último.

También se deberá garantizar “la continuidad de todos los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencias tecnológicas bajo la órbita estatal del INTI”.

La información fue notificada al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien había presentado formalmente la medida de amparo suspensoria.

“Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”, destacó el dirigente en su cuenta de la red X, tras conocerse la medida.

A la vez, confirmó que el gremio prevé una andanada de medidas similares interpuestas por otras causas de vaciamiento. “Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. Prepárense”, publicó.

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