25 de junio de 2026

Milei designó 50 jueces y dejó afuera a la cuñada de Alconada Mon

La medida, respaldada por el Senado, completa vacantes clave en el sistema judicial y refuerza la influencia libertaria en Tribunales. 

El gobierno libertario hizo oficial su redefinición del mapa judicial con más de 50 nombramientos en la Justicia, una de las mayores oleadas de designaciones de los últimos tiempos. A través de una sucesión de decretos, el Ejecutivo que comanda Javier Milei cubrió decenas de vacantes en juzgados de primera instancia, cámaras de apelaciones y tribunales orales de todo el país. Bajo el argumento de la eficiencia, el movimiento oficialista busca imprimir una impronta propia en la estructura de los tribunales.

Entre los nombramientos más destacados se encuentra el del doctor Santos Enrique Cifuentes como Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25 de la Capital Federal, y el de la doctora Lucila Inés Córdoba como Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K. La nómina es extensa y abarca fueros sensibles como el criminal y correccional, donde fueron designados, entre otros, la doctora Laura Fabiana Kvitko (Juzgado N° 23) y el doctor Santiago Alberto Poncio (Juzgado N° 13). El alcance federal de la medida también se hizo sentir con el nombramiento del doctor Gerardo Daniel Cacace como Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa y de Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Salta.

Entre las designaciones no figura María Verónica Michelli, la jueza que fue designada por el Senado en el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata y que es cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon. El pliego inicialmente había sido enviado por el presidente Javier Milei al Senado, pero luego de advertir que era la cuñada del periodista intentó que no sea aprobado. Finalmente el Senado dio el visto bueno, pero el jefe de Estado no la designó por el momento. 

El aval del Senado

El rediseño de la Justicia por parte de la administración libertaria fue posible gracias al aval del Senado. El cuerpo legislativo aprobó el 4 de junio los más de 74 pliegos enviados por el oficialismo con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, en una votación realizada tras un acuerdo político previo en labor parlamentaria que permitió el tratamiento conjunto de las designaciones. La decisión, que incluyó disidencias parciales dentro de distintos bloques, consolidó la designación de nuevos jueces federales y nacionales en todo el país y expuso el alineamiento mayoritario entre el oficialismo y sectores dialoguistas.

Este proceso de nombramientos masivo, que abarca los decretos numerados desde el 492 hasta el 545, permite al Poder Ejecutivo completar casilleros críticos en el organigrama judicial bajo el respaldo del acuerdo parlamentario. La mención expresa al aval de la Cámara Alta en cada uno de los decretos confirma que los magistrados superaron las instancias de revisión política y técnica necesarias para su estabilidad en el cargo.

La multitud de designaciones no se limitó a los jueces, ya que también se oficializaron designaciones en el Ministerio Público, donde se nombraron cuatro defensores públicos y un fiscal, quienes igualmente contaron con el acuerdo del Senado para asumir sus funciones. En conjunto con la designación del nuevo vicepresidente de la Unidad de Información Financiera y la reestructuración de otras dependencias, el Estado consolidó una renovación administrativa de gran escala en una sola jornada.

El Destape


Argentina consumió 2.400 millones de dólares más de lo que produjo en tres meses de 2026

Los argentinos tenían acumulados 499.098 millones de dólares al término del primer trimestre, unos 322 millones más que los registrados en el cuarto trimestre de 2025. La deuda total del país, entre el Gobierno y las empresas o instituciones financieras, supera los 321.000 millones de dólares, según datos del Indec.

Fernando Alonso
La dolarización de la economía argentina se incrementó en 322 millones en los tres primeros meses del año hasta alcanzar un volumen de casi medio billón de dólares, según el informe de Balanza de Pagos elaborado por el Indec, que determinó que en ese período la economía argentina consumió 2.398 millones más de las divisas que generó.
El informe Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa determinó que en el primer trimestre la balanza de pagos, es decir la diferencia entre las divisas que se generaron y las que se gastaron, alcanzó un déficit de 1.651 millones de dólares en la cuenta corriente y de 2.398 millones en la cuenta financiera.

También que los argentinos tienen activos financieros por 499.098 millones de dólares, 322 millones más que los registrados en el cuarto trimestre de 2025, y pasivos por 472.854 millones de dólares, lo que implicó un incremento de USD 21.124 millones respecto del trimestre anterior.

Esa diferencia pone al país como acreedor neto aunque los activos pertenecen mayoritariamente a las empresas y personas y más de la mitad de los pasivos es la deuda externa del sector público, que asume el conjunto de la sociedad argentina a través del pago de los impuestos.

Según datos de la consultora 1816, sobre datos previos, la mitad de los activos es “dinero en el colchón” es decir efectivo fuera del sistema financiero, ya sea en cajas de seguridad o en sus propios domicilios, un 10% son depósitos en el exterior y 40% activos fuera del sistema, como propiedades en el exterior.

El Fondo Monetario Internacional, en tanto, estimó que los argentinos tienen cerca de 250 millones de dólares en efectivo y depósitos fuera del sistema financiero local, el segundo país en tenencia de dólares después de Rusia.

Las cifras del Indec suelen diferir de las estadísticas que maneja el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, por lo que no son comparables sino complementarias para el análisis de los flujos de capitales.

El Indec estimó que los pasivos externos, a valor de mercado, alcanzan a 472.854 millones, que se incrementó por la suba en los pasivos de inversión directa. También el Banco Central y el Gobierno general incrementaron sus pasivos externos en 2.338 millones y 1.897 millones, respectivamente. 

Para el caso del Gobierno, el incremento de los pasivos externos se debió, principalmente, a lo registrado en inversión de cartera (emisión de títulos públicos) por 2.390 millones, levemente compensado por la caída en otra inversión por 811 millones

De la totalidad de los pasivos externos estimados al final del período, 54,3% correspondió a otros sectores, 34,5% al gobierno general, y 7,4% al Banco Central. Por su parte, las sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central, registraron una participación de menor magnitud, con 3,8% (ver cuadro 16 de la serie histórica.

En el caso de la deuda externa, la estimó a valor nominal en 321.783 millones de dólares, el 53,4% integrada por 174.579 millones del Gobierno Nacional (74.630 millones en títulos de la deuda y 99.949 millones en préstamos) y el 10,8% por el Banco Central (6.881 millones de Derechos especiales de giro, la moneda del FMI, 1.202 millones por títulos de deuda y 26.670 millones por préstamos).

Durante el primer trimestre de 2026, la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un déficit de 1.651 millones, que se explicó por los saldos negativos en la balanza de servicios, de USD 4.028 millones y en el ingreso primario, de 4.676 millones, los que fueron parcialmente compensados por los saldos positivos obtenidos en el balance comercial de bienes, de 6.339 millones, y en el ingreso secundario, de 714 millones.

El déficit del trimestre es menor al estimado para el mismo período de 2025, cuando la cuenta corriente registró un saldo negativo de USD 5.158 millones. La reducción se explicó, principalmente, por el aumento de las exportaciones de bienes, de 3.214 millones; un menor déficit en la cuenta de servicios, de USD 532 millones; y una caída en las importaciones de bienes, de 1.066 millones. 

Como resultado de la balanza de pagos, en el primer trimestre de 2026, la economía argentina registró un nivel de endeudamiento neto de 1.587 millones que se utilizaron para financiar el mayor gasto sobre los ingresos.

El Destape

Un planteo contra la impunidad de los imputados

$LIBRA: El contraataque de los damnificados apunta a Novelli, Terrones Godoy y Javier Milei

Las querellas argumentan que no solo hubo estafa, sino también asociación ilícita, coimas y lavado de activos, y que el engaño incluyó el uso de la figura del Presidente para legitimar el proyecto.

Irina Hauser

Las querellas del caso $LIBRA le pidieron al juez Marcelo Martínez de Giorgi que rechace el intento de Mauricio Novelli –el lobista cercano a Javier Milei que estuvo detrás del lanzamiento de la criptomoneda— de expulsarlas de la causa. El argumento del defensor del trader era que no hubo ni siquiera una estafa, porque ese delito requiere un engaño y aquí, según esa teoría, no lo hubo porque rigen los riesgos del mercado frente a los cuales cada inversor/a debe apelar a su propia “autorresponsabilidad”. Martín Romeo, uno de los damnificados, señaló en su contrataque que no solo hubo estafa, sino una asociación ilícita, coimas y lavado de activos. “El engaño –sostuvo-- fue hacerle creer al público que estaban ante un genuino proyecto privado apoyado institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups (empresas emergentes) y pymes argentinas, cuando en realidad era una trampa de liquidez pre-programada”.

Más allá de Novelli, Milei

Son cinco los querellantes en el expediente: todas personas que invirtieron diferentes sumas en $LIBRA y perdieron la mayor parte de sus fondos. Sus relatos coinciden en la centralidad del papel de Javier Milei, ya que al ser quien compartió el contrato para comprar el token (como mostró un peritaje fue quien lo hizo público por primera vez), lo validaba y generaba confianza. Era un anzuelo que ofrecía legitimidad a la propuesta. Invirtieron porque aparecía el respaldo del Presidente y el anuncio de un proyecto para fondear pequeñas empresas. Pero esto último nunca existió. Incluso la página web de “Viva la libertad Proyect” ya no está más.

Todos advierten que el intento de apartarlos del expediente con la justificación de ausencia de estafa busca obtener una especie de sobreseimiento anticipado disfrazado de cuestionamiento a las víctimas. El interés, queda claro, no es solo de Novelli, sino de su socio Manuel Terrones Godoy y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, pero en especial del propio Milei y su hermana Karina, que también están imputados aunque nunca pusieron sus propios abogados. El objetivo es desactivar el caso que avanzó a fuerza de planteos de las querellas, mucho más que de la actividad de la fiscalía de Eduardo Taiano. Los damnificados señalan que existen medidas provisorias que bloquean a la mayoría de los implicados la posibilidad de hacer operaciones patrimoniales, porque existe una hipótesis de estafa entre otros delitos.

Otro punto que esgrimen los querellantes es que ya se discutió su condición de tal en todas las instancias y tanto la Cámara Federal, como la de Casación Penal, como la Corte Suprema, avalaron su participación como víctimas en el expediente. Con anterioridad, cuando la causa estuvo en la justicia federal de San Isidro, dijo lo propio la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Todo orquestado

Uno de los ahorristas perjudicados explicó en primera persona que conocía “conocía el mercado de criptoactivos”, la “volatilidad”, “que el precio podía experimentar variaciones abruptas”, y tenía “experiencia suficiente para operar mediante una wallet descentralizada y una plataforma especializada”. “Pero, la hipótesis investigada incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores”, advirtió, a través de sus abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, del equipo de Juan Grabois. Dice que hubo un engaño a través de la construcción “de una apariencia de proyecto productivo, de la difusión de una finalidad concreta, del ocultamiento de datos esenciales sobre el control del activo, del acceso privilegiado de determinados operadores y de la extracción coordinada de los fondos aportados por los compradores”.

Según la presentación de Romeo, “la defensa pretende confundir, de manera maliciosa, el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso pre-programada (conocida como Rug Pull)”. A través de su abogado, Nicolás Oszut, que el fraude con $LIBRA no fue una “mera inversión fallida”, como intenta decir Novelli, o una “volatilidad orgánica del mercado”, “sino en la construcción sostenida de una ‘calidad simulada’ y una ‘apariencia de empresa’ a escala estatal”.

Al revés, los criptobros a su entender alteraron las reglas del libre mercado mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada en el “minuto cero” y, de forma superlativa, la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza”. “Fue el engaño idóneo” por el que miles de ahorristas compraron $LIBRA y vieron “viciada su voluntad”.

Romeo recordó que en su pedido de indagatorias –nunca respondido ni por la fiscalía ni por el juzgado— mostró cómo el equipo creador sustrajo 44,5 millones de dólares gracias al manejo de información privilegiada y con el uso de bots programados, todo 22 segundos antes de la publicación del tuit de Milei. Luego, como es conocido, el estadounidense Hayden Davis –creador de esta criptomoneda y quien habría avanzado en contratos con el gobierno y pagos acordes—dijo que él se había quedado con 100 millones de dólares de los argentinos. Un informe de Arkham ubica el fraude en más de 280 millones de dólares.

Las querellas muestran incluso que el propio fiscal Taiano, al delimitar el objeto procesal, habló de una maniobra donde “la cotización se desplomó debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token (...) lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares”, generando una pérdida de valor y perjuicio directo en las tenencias de ‘más de cuarenta mil personas’”. O sea, no sería una mera fluctuación de mercado.

El especialista recuerda también que se ocultó “deliberadamente la deliberadamente la naturaleza financiera del proyecto”, “compraron likes falsos y seguidores mediante bots para fabricar una tracción irreal”, “pagaron un soborno millonario mediante” (1.550.000 dólares) un acuerdo con Kelsier Group LATAM, de Hayden Davis, para acceder en forma exclusiva al Presidente de la Nación y utilizar su investidura como fachada de prestigio institucional”, “las billeteras de los imputados ejecutaron compras masivas (Insider Trading)” justo antes de la publicación del posteo de Milei. Así vaciaron los pools de liquidez de manera planificada, es el planteo.

“La banda no se limitó a mentir en un folleto; alquiló la estructura del Estado Nacional (comprando el acceso a la Casa Rosada y a funcionarios de la CNV) para dotar de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese ‘lavado de prestigio’ es el engaño idóneo, material y objetivo”, remarca el escrito de Romeo. Respecto de los supuestos riesgos personales que Novelli alega que deberían asumir los inversores, el documento recupera en una afirmación varios elementos de la causa que parecen relegados, como las sospechas de pagos al presidente y su hermana (por reuniones o contratos hallados incluso en el celular del lobista) y el vaciamiento de la caja de seguridad de Novelli justo después del lanzamiento de $LIBRA: “L autorresponsabilidad –dice-- cede cuando la víctima es sometida a un escenario de engaño estructural imposible de prever. Cuando existe soborno de funcionarios públicos (cohecho), uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado.

Ahora resta saber qué posición adopta Taiano frente al reclamo de Novelli de eliminar a los querellantes. También hay otros asuntos sin resolver, como el pedido de nulidad del trader sobre el peritaje de su celular (que relevó las llamadas frenéticas con Milei en el momento del lanzamiento del a critpomoneda y frente a su colapso) y faltan los resultados de la ruta de los fondos que habrían llegado a Novelli y su socio y la Casa Rosada.

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Declararon el estado de emergencia nacional

Sismo en Venezuela: suben a 164 los muertos confirmados

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país.

Suben a 164 los fallecidos y a 971 los heridos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos sismos que sacudieron el miércoles varios estados del país, donde se ha declarado el estado de emergencia.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez ratificó que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos, e indicó que ha sido declarado "zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron", cuya cantidad no precisó de inmediato.Además, informó que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron.

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Entre negociaciones y discusiones reglamentarias

Se cayó la sesión en el Senado y Adorni gana más tiempo

No hubo quorum en la Cámara alta, luego de que el PRO cediera ante el planteo del oficialismo para que sean necesarios los dos tercios para avanzar con el pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete. “Tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución”, dijo Mayans.

El Senado tenía previsto sesionar este jueves para debatir los proyectos que buscan la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su escandaloso crecimiento patrimonial. Sin embargo, luego de que el PRO cediera ante la presión del Gobierno sobre qué mayorías se necesitaban para avanzar en ese sentido, finalmente no hubo quorum.

Mayans: “Tienen vergüenza de presentarse al recinto”

El jefe del bloque del peronismo, José Mayans, habló tras la fallida sesión y apuntó contra el intento de cambio reglamentario. “Quien vota con ese criterio es porque está protegiendo a Adorni", sentenció.

Mayans dijo que esa modificación fue acordada por solo ocho senadores y provocó rupturas dentro de la bancada oficialista. “Tienen vergüenza de presentarse al recinto a hacer una interpretación tan torcida de la Constitución”, agregó y señaló que ni siquiera la vicepresidenta Victoria Villarruel se presentó para presidir la sesión.

Sobre el futuro de los proyectos de interpelación, afirmó que aparentemente fueron enviados a comisión y sostuvo que “se puede trabajar en la comisión la próxima semana”.

Mayans afirmó que “hay desconcierto en el Gobierno” y ratificó que la postura de la oposición sobre Adorni es “interpelación, censura y separación del cargo”.

El favor del PRO a Adorni

El PRO salió a anunciar hoy que impulsaría el pedido de interpelación pero al mismo tiempo avaló el planteo del Gobierno que sostiene que son necesarios los dos tercios para poder aprobar sobre tablas ese proyecto de resolución.

La semana pasada, el PRO, la UCR e incluso Patricia Bullrich habían acordado con el peronismo que solo se necesitaría una mayoría absoluta (37 votos). Siete días después rompieron lo pactado y dificultaron la sanción de la iniciativa.

La libertad Avanza tiene 21 legisladores y lograría el respaldo de al menos cuatro radicales, 2 misioneros, y uno de Provincia Unidos, con lo cual bloquearía sin dificultades la interpelación del funcionario.

Caída la sesión, ahora la cuestión podrá ser tratada en comisiones y volver al recinto con dictamen, lo que le da tiempo al jefe de Gabinete para salir del centro de la escena.

El juego y la interna del macrismo

El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling, había salido a anunciar que pediría sobre tablas que Adorni concurra el 2 de julio para explicar el incremento de su patrimonio, luego de haber reconocido que omitió declarar 500.000 dólares ahorrados en negro.

“Es un jefe de Gabinete que le ha mentido a la Cámara de Diputados y a todo el país, que ha evadido impuestos y ha roto la confianza con toda la sociedad”, manifestó Goerling.

Sin embargo, en Diputados el PRO acordó con el Gobierno darle aire a Adorni al no prestarse para el quorum en una sesión que pretendía avanzar también con su interpelación. Algo similar hizo en el Senado respecto a la cuestión reglamentaria.

Eso derivó en roces internos y en la intempestiva renuncia al partido del exsenador Esteban Bullrich.

En una carta enviada a Mauricio Macri y publicada en sus redes sociales, el también exministro de Educación explicitó su salida del PRO y afirmó: “La protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

“Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, sentenció Bullrich.

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Diputados aprobó el proyecto libertario de Súper RIGI

La entrega de soberanía a pedido de Silicon Valley

Un regalo para Peter Thiel y sus amigos, la ley que impulsa el gobierno de Javier Milei favorece a los monopolios tecnológicos con beneficios fiscales, cambiarios y jurídicos por treinta años. Además, elimina las retenciones.

Paula Marussich

En un sesión extensa y con fuertes discusiones, el oficialismo logró la media sanción para el Súper RIGI, la versión recargada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones sancionado en 2024. Esta vez, los beneficios apuntan a desarrollos inexistentes en el país como inteligencia artificial, data centers y semiconductores, una entrega de soberanía a la medida de Silicon Valley. La nueva legislación beneficiará a los monopolios tecnológicos, otorgando una estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por treinta años, sin retenciones y libre disponibilidad de divisas. LLA en la Cámara baja se jugó un pleno y logró en 48 horas el apoyo de los bloques a aliados para respaldar al jefe de Gabinete y obligar a sus legisladores a sesionar un día después para debatir un proyecto a medida de Peter Thiel y sus amigos tecnofascistas.

Martín Menem se puso al frente de las negociaciones para evitar que la ofensiva contra el jefe de Gabinete paralizara la actividad en la Cámara baja. El acuerdo que tejió con la UCR, el PRO y las fuerzas provinciales logró blindar a Adorni y allanar el camino para sancionar tanto el pago a los fondos buitres como la media sanción del Súper RIGI que fue girada al Senado. La ley consagra un blindaje normativo sin precedentes a los capitales transnacionales, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía de las provincias.

La sesión comenzó con lo justo a las 12.27 del mediodía. Tres minutos antes de que venciera el tiempo reglamentario, Martín Menem llamó a gritos al nuevo vocero presidencial para que se sentara a dar quórum. Desde el lunes, la Casa Rosada sabía que llegaría ajustada a los 129 diputados, por eso demoró la renuncia de Adrián Ravier, el reemplazante de Manuel Adorni en la vocería. Los gobernadores aliados como Gustavo Sáenz y Rolando Figueroa hicieron una demostración de fuerza y mandaron a ocupar sus bancas a sus legisladores sobre la hora.

Con la sesión iniciada, Menem le tomó juramento al reemplazante de Ravier, Martín Matzkin, exsubsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y referenciado en Patricia Bullrich. La jefa de la bancada libertaria en el Senado asistió a la jura y recibió aplausos del bloque libertario e indiferencia del PRO. “Qué bueno que a 24 horas de la sesión de ayer, hoy sobran ganas y quórum para congelarle 30 años de impuestos a corporaciones que todavía no tienen nombre ni apellido”, cuestionó el radical díscolo Pablo Juliano.

La discusión sobre el Súper RIGI llegó cerca de las cinco de la tarde, tras la aprobación del pago a dos fondos buitres que litigan en contra de la Argentina desde 2001 (ver aparte). El encargado de presentar el proyecto fue el diputado libertario Bertie Benegas Lynch. “¿Quién puede estar en contra de esto?”, se preguntó. “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya incorporaron y por eso les va como les va”, dijo. Se trata de “ser amigable con las inversiones”, remató. Llamó la atención la escasa preparación del oficialismo y sus aliados respecto a cuestiones clave y geoestratégicas como inteligencia artificial, data centers y cadenas de valor en medio de la revolución informacional actual.

El proyecto garantiza a los tecno-ricos un “derecho adquirido, asimilable al de propiedad”, que no puede ser alterado por normas posteriores. Tal como expresa el artículo 24, habilita arbitrajes internacionales y al CIADI para resolver conflictos entre empresas y el Estado. Es decir, coloca tribunales internacionales por encima de la justicia local. Por esto mismo, la diputada Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo calificó como “anticonstitucional”. Además, de ir en contra de otro mandato de la Carta Magna que llama a “garantizar el ambiente para el futuro”. El proyecto no impone ningún tipo de condicionamiento al uso de la energía y el agua, explicó la diputada.

El diputado Juan Marino de Unión por la Patria explicó que “no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo junto con el proyecto de inviolabilidad de la tierra, la Ley de Glaciares y junto con el proyecto de reforma a la Ley de Sociedades, con el cual quieren instaurar las sociedades automatizadas”. “Con este Super RIGI transforman a la Argentina en una economía de enclave donde monopolios tecnológicos extranjeros saquean nuestros recursos naturales sin generar puestos de trabajo y se apropian del país para desarrollar el laboratorio de su tentativa tecnofascista”.

Fue Maximiliano Ferraro quien advirtió sobre el riesgo de una “plutocracia” derivada de normas como el Súper RIGI. “No cuestionamos la necesidad de invertir que pueda tener la Argentina, cuestionamos la idea de que el futuro de nuestro país se constituya sobre un régimen de privilegios para unos pocos mientras millones de argentinos quedan afuera de la ecuación”, dijo.

Para Miguel Pichetto, “el Gobierno aún no ofrece la confianza necesaria para este tipo de inversiones”. El diputado de Encuentro Federal cuestionó la ley porque “las iniciativas que este proyecto dice beneficiar ya estaban planificadas, por lo que el Súper RIGI no es una buena ley. Además, estamos otorgando demasiadas ventajas —como la jurisdicción extranjera— a negocios que iban a dar rédito por sí mismos”. A la hora de votar lo hizo en contra.

Sobre los beneficios impositivos extraordinarios que el proyecto garantiza a los tecno- ricos, como por ejemplo una alícuota reducida del 15 por ciento en ganancias en lugar del rango de entre 25 y 35 por ciento que pagan el resto de las actividades, Diego Giuliano señaló que “es legislar en el lugar equivocado” e indicó que la iniciativa “compromete 8 presidencias y 16 períodos legislativos”. Lo calificó como “un paraíso fiscal en medio del infierno que viven hoy las pymes”. En efecto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que el RIGI generará un costo fiscal para el Estado de al menos 1.069 millones anuales de dólares y que la mayor pérdida de recaudación impactará entre 2029 y 2033, en el próximo mandato presidencial.

Los beneficios aprobados se inscriben en una discusión profunda que pasó sin pena ni gloria por la Cámara Baja: El desafío que tienen los Estados para limitar el avance de las BIg Tech cuyo poder es una amenaza latente para el funcionamiento de las democracias.

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24 de junio de 2026

 

Milei pierde el auxilio de Peter Thiel y sigue la masacre en el sector nuclear

El magnate de Silicon Valley funcionó como un propagandista global de Milei. El gobierno le puso alfombra roja y le organizó la agenda pero hasta ahora no consiguió que invierta. Detrás del Super RIGI, avanza el ajuste en el ecosistema nuclear y se transfieren conocimientos del CAREM al sector privado.

Cada vez que Peter Thiel abre las puertas de su mansión, Javier Milei y su núcleo de incondicionales festejan. El gobierno argentino fue un gran promotor de la visita del dueño de Palantir. Tanto que parte de la agenda que tuvo Thiel durante sus días en Buenos Aires fue armada, en más de una oportunidad, desde la Casa Rosada y el ministerio de Economía. Desde el entorno de Milei llamaron a personajes importantes para ofrecer un mano a mano con el megamillonario que financió las campañas de Donald Trump y JD Vance.

Uno de los empresarios que visitó a Thiel en su casa de Barrio Parque cuenta algunos detalles desconocidos: dice que la sensación que le quedó tras el encuentro fue que el magnate de extrema derecha no vino a invertir. Por lo menos, no en los tres pilares de la economía mileista: la minería, los hidrocarburos y el agronegocio. Algo lo hizo dudar. Los testimonios coinciden en construir un Thiel a imagen y semejanza del Círculo Rojo local: el multimillonario de Silicon Valley, dicen, quería saber si el experimento libertario puede sostenerse en el tiempo o es tan fugaz como la era que le dio origen. Sin embargo, para el gobierno su presencia en Argentina y cada una de sus apariciones resultaban una gran negocio.

Dueño de una fortuna estimada en 29 mil millones de dólares y promotor de un poder tecnocrático que renuncie a las formas de la democracia, Thiel hablaba en inglés y sin traductor. Se lo vio jugar al ajedrez pero hasta el momento no se supo de ninguna inversión. Sus movimientos daban a entender que estaba en Argentina más por cuestiones familiares que por una apuesta estratégica al gobierno de La Libertad Avanza. En el mundo de los negocios dicen que alguien muy ligado a Thiel es de nacionalidad argentina y que por eso vino. Según informó en sus redes el periodista de la revista Noticias Juan Gonzalez, Thiel decidió ahora irse del país. ¿Es un viaje sin retrono? ¿Milei y Caputo no le dieron garantías suficientes? Algo es seguro: si Thiel se retira sin invertir, el relato del gobierno se va a caer a pedazos

El doctor en Ciencias de la Computación Fernando Schapchnik fue uno de los que primero alertó sobre uno de los posibles motivos de la visita de Thiel a la Argentina. Profesor en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ex Director Ejecutivo de la Fundación Sadosky y ex representante argentino ante la Global Partnership for Artificial Intelligence, Schapchnik advirtió sobre la coincidencia entre el desembarco de Thiel y el intento del gobierno por derogar la Ley de Tierras que fija límite a los extranjeros en el marco de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El objetivo de Thiel sería hacer lo mismo que hizo en Honduras, con el desarrollo de Prospera, una zona franca que tenía el apoyo de su fondo de inversión. “El fundamento legal para conseguir estas porciones de territorio donde fundar estas ciudades independientes es la aprobación por parte de los países de “zonas económicas especiales”: se trata de áreas pertenecientes a empresas, es decir, propiedad privada, a las que se les concede autonomía para dictar una parte o el todo de sus normas”, escribió en El Destape. Con fuerte rechazo de un grupo de organizaciones civiles y la Iglesia, la ley a favor de los extranjeros que promueve Federico Sturzenneger buscará media sanción este jueves en el Senado. Además, este miércoles, el gobierno intentará aprobar en Diputados el Super RIGI, otra iniciativa que podría calzar en las aspiraciones de Thiel. 

La diputada nacional Adriana Serquis es una de las que piensa el Super RIGI está adaptado a las necesidades de Thiel y apunta a darle todas las garantías para que pueda llevar adelante sus data centers en la Patagonia. Doctora en Física por el Instituto Balseiro, diputada de Fuerza Patria por Río Negro y ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Serquis distingue la propaganda del gobierno con las posibilidades reales. “No creo que la energía nuclear esté disponible hasta dentro de muchos años y yo creo que va a ser un retroceso tremendo para nuestro país en cuanto a las capacidades que tenemos generación de energía que es muchísima, pero que tenemos que estar planificando para nuestras industrias, para nuestra gente antes de que para estos data centers”, dijo Serquis en Radio Con Vos.

Lejos de las promesas del Plan que lanzó Milei con el increíble Demian Reidel y el candidato a secretario general de la ONU Rafael Grossi en diciembre de 2024, el panorama que la ex titular de la CNEA traza sobre la actividad nuclear es desolador. Milei está haciendo una masacre en el sector. Al ajuste en los salarios y el éxodo de profesionales se suma la parálisis en proyectos estratégicos y la crisis en el ecosistema nuclear. Hay dos ejemplos concretos sobre la política de la extrema derecha en el área, que desfinancia la innovación pública y traslada conocimientos al sector privado. El primero es el reactor ACR-300, un modelo desarrollado por INVAP en asociación con la empresa estadounidense Ansari Group. Se trata de un reactor de tercera generación que produce energía constante y puede abastecer tanto grandes consumos industriales como centros de datos, nuevas cadenas tecnológicas, minería, industria pesada, producción de hidrógeno y desalación. Bajo el nombre Black River Technology, la filial de INVAP en Estados Unidos (40% de las acciones) y Ansari Group (60%) se asociaron para crear Meitner Energy, una firma que tiene como CEO al ex Shell Teofilo Lacroze. “Esta empresa dijeron que no se iba a instalar en la Argentina. Por supuesto, se instaló en Bariloche donde están los profesionales que saben del CAREM y se los fueron llevando uno a uno. Por ética pública, si vos trabajaste para el Estado desarrollando algo, no deberías poder pasar a una empresa privada y sobre todo con capitales extranjeros a hacer lo mismo”, dijo Serquis en el programa “Fuera de Tiempo”.

El otro proyecto abandonado por Milei es precisamente el CAREM prototipo de 32 MW, el primer reactor de potencia de diseño y construcción completamente argentino. Se distingue por ser un reactor presurizado de agua liviana (PWR), el tipo más utilizado en el mundo. Cuando La Libertad Avanza llegó al poder, el CAREM 25 tenía un grado de avance del 85% en la obra civil y había invertido 600 millones de dólares. Según los informes de la Nuclear Energy Agency, los 280 profesionales que trabajaban en el proyecto argentino competían con una iniciativa similar de Estados Unidos que empleaba a 800 personas y otra del Reino Unido que empleaba a 500. El gobierno de Estados Unidos había invertido entonces 1400 millones de dólares, más del doble que la Argentina, pero el grado de avance de la obra civil era cero. “No habían puesto un solo ladrillo”, afirma Serquis. Milei decidió prescindiir de ese desarrollo y, como un topo, destruirlo desde adentro. Hoy los profesionales que trabajan en la central de Atucha y estuvieron abocados durante meses al proyecto están buscando otro trabajo para llegar a fin de mes. La ex titular de la CNEA dice que el CAREM está casi sepultado pero podría reactivarse con 250 millones de dólares, una forma de incentivar la cadena de valor de la industria metal mecánica, una de las actividades que sufre el plan Milei.

El Destape

Espert a indagatoria

El “Profe” debe explicar el origen de los dólares

El exdiputado dijo que recibió 200 mil dólares de Fred Machado, pero la documentación que entregó no diluye la sospecha de su protagonismo en este caso de lavado de dinero que investiga la justicia.

Irina Hauser

Confrontado con su propio discurso, el que pedía “cárcel o bala” y que usó para su crecimiento político, José Luis Espert tendrá que presentarse el martes que viene a prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli en una de las causas donde se lo investiga por lavado de dinero. El fiscal Fernando Domínguez había pedido su citación al mostrar no solo que el exdiputado había recibido 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado –juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado y fraude-- sino que para justificarlo se valió de un contrato simulado con Minas del Pueblo, ligada a ese empresario e inventó otra llamada Varianza S.A, además de blanquear los fondos de origen ilícito con la compra de un BMW, un Lexus RX de 130.000 dólares y la adhesión a través de su esposa a un fideicomiso para tener una casa de veraneo de lujo cerca de Costa Esmeralda.

El pedido de indagatoria de Domínguez había sido presentado ante el juzgado hace cerca de un mes. Cuando Página/12 lo hizo público la semana pasada, Mirabelli firmó un pequeño despacho donde decía que lo resolvería cuando tuviera material completo de los teléfonos celulares incautados y se discriminaran los correos electrónicos relacionados con la investigación. Mientras en la última semana proliferaban detalles de las maniobras de Espert para disimular sus presuntas operaciones con dinero sucio, el fiscal le señaló a Mirabelli que el material reclamado ya estaba en el expediente y que filtrar los e-mails es imposible. Ahora el magistrado le puso fecha al exdiputado para que se presente el 30 de junio. Incluyó en la indagatoria a Varianza S.A, cuyo representante es él mismo, y que según la fiscalía fue creada para justifica ingresos de origen ilícito. También será indagado el contador Mariano Cosentino el 1 de julio.

La principal definición del fiscal dice que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta a su nombre en Estados Unidos una transferencia de 200.000 dólares provenientes de una empresa ligada a una organización criminal investigada en ese país integrada, entre otros, por Machado. El dinero fue ingresado por Espert en el sistema económico financiero argentino y aplicado a la adquisición de bienes para dar apariencia de licitud. El origen espurio de los fondos surge de la imputación a Machado en la causa que tramita en Texas, cuya fiscalía informó a su par argentino en San Isidro que la organización criminal transnacional juzgada se dedicaba a adquirir y operar de manera ilícita aeronaves e Estados Unidos y otros lugares para facilitar el contrabando de drogas y de ganancias obtenidas de las drogas, así como para lavar dinero, y también utilizaba entidades comerciales y cuentas para facilitar un plan para defraudar a inversionistas en la compra e aviones que no existían o eran inoperables.

Machado se asumió culpable este año de lavado y fraude e hizo un acuerdo con la fiscalía de Texas para que lo eximan de cargos por narcotráfico. En una interpretación distorsionada, Javier Milei dijo que lo habían declarado inocente y con eso agregaba “con José Luis Espert siempre” a quien describió como víctima de una “operación mediática infame”. El mandatario lo llama “el Profe”. A esta altura, es otro símbolo de la farsa del discurso anti casta del gobierno.

La mancha de Machado

Machado había sido detenido en Argentina en abril de 2021 a pedido de la justicia de Texas, y quedó alojado con prisión domiciliaria en su vivienda en Viedma. Pero recién fue extraditado en noviembre del año pasado, tras una larga siesta de la Corte Suprema, que se despertó cuando se confirmó --porque el dato estaba en la causa estadounidense-- que el sospechado de narco le había girado los 200.000 dólares a Espert a una cuenta en el banco Morgan Stanley.

Días después del arresto del sospechado de narco cinco años atrás, se empezó a conocer muy de a poco su relación con Espert, cuando el periodista Rodis Recalt reveló una foto en la que el exdiputado posaba junto a quien era su jefe de campaña presidencial en 2019 Nazareno Etchepare, con uno de los aviones de Machado de fondo.

Hasta el filo de las elecciones legislativas del 2025, en las que fue candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Espert sostenía que había visto a Machado una sola vez en su vida, y había sido la de la foto: cuando viajó en uno de sus aviones a Viedma para presentar su libro “La Sociedad Cómplice” en los inicios de su campaña presidencial. Durante los años que siguieron, había logrado correr el foco y fingir que nada pasaba. Pero según la reconstrucción que hizo el fiscal Domínguez, apenas quedó detenido Machado, la preocupación de Espert fue grande y crecía a medida que se acercaba la fecha de presentación de su declaración jurada ante la exAFIP (ahora ARCA). Ahí comenzó una serie de diálogos y reuniones con algunos contadores que consultaba.

“El problema es… el ingreso de esos 200 del 2020, ¿no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor que además firma el contrato y está la letra de él en el contrato que yo firmo con él”, le explicaba Espert a uno de los contadores a fines de abril de 2021, como quien intenta convencerlo. “El (Machado) me iba a hacer pasar esto por un contrato con el estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo como una empresa de él. Minas del Pueblo se llama. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos, minas del pueblo existe, está explotada, debidamente localizada, inscripta. Está todo bien eso, aunque lo voy a averiguar ahora, ¿no?”, insistía.

En plena campaña electoral del año pasado se supo que en la causa que investiga a Machado en Estados Unidos estaba consignado el giro de 200.000 dólares desde el Bank of America de parte de la firma Wright Brothers Aircfrat Title Inc., ligada a él y su socia Debra Lynn Mercer Erwin condenada a 16 años de cárcel, hacia una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley. El dato irrefutable obligó al entonces candidato, que encabezaba la lista de la provincia de Buenos Aires, a reconocer que su relación con Machado iba más allá de un viaje en vuelo privado a Viedma. Además, tuvo que renunciar a la candidatura.

En una causa que ya tramitaba en Comodoro Py hacía tiempo por los gastos de campaña de Espert en 2019 surgió que había ya una lista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que ubicaba a Espert en 36 vuelos en dos aviones de Machado dentro del país y a lo largo de aquel año, en cinco de los cuales coincidieron. La causa que tramita en San Isidro se inició con una denuncia del diputado Juan Grabois que marcó la sospecha de que Espert habría lavado dinero de la organización criminal por la que se lo acusaba a Machado en Estados Unidos. Señalaba cambios en el nivel de vida del exdiputado.

Elige tu declaración jurada

Entre las variables que Espert analizó en 2021 con los contadores a los que recurrió, uno de los dilemas pasaba por reconocer o no el pago en cuestión, que traía un problema múltiple: no solo no estaba respaldado ni declarado ese giro sino que no tenía declarada tampoco la cuenta en Morgan Stanley. Tenía otra en el UBS Financial Services que sí estaba consignada desde y hacia la cual hacía operaciones. Como es obvio, debía existir un flujo de ingresos sin sustento.

Entre los intercambios en el fragor de ese contexto con quienes lo ayudaban a acomodar una justificación contable, Espert se esperanzaba con un ingreso en blanco: “… (Mariano) Cosentino está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo para lo que resta de 2021. En 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021, Mariano estaba haciendo esos arreglos de cosas mías”, se entusiasmaba un diálogo con la contadora Mercedes Almenares.

El exdiputado no se privó de regatearle los honorarios, antes de terminar la charla: “Dicho sea de paso, 230.000 pesos es un montón, Mechi. ¿No podés bajarme un poco?”. El exdiputado tenía gente que se ocupaba de sus temas contables en Pergamino, su ciudad de origen, y otros en la Ciudad de Buenos Aires. “… como con Mariano, por otro lado, en Buenos Aries estamos trabajando el tema de mis ingresos blancos, más el alquiler de Mechi (se referiría a su esposa), la hermana más que mamá, supuestamente este año me transfiere más plata para justificar mi consumo, bla, bla, bla, bla. Simplemente para estemos todos la tanto de lo que está haciendo el otro, digamos”, se explayaba.

Tuvo reuniones con los contadores los días 3, 7 y 22 de mayo de 2021 y otra el 10 de agosto, después de presentar la declaración jurada correspondiente al año anterior. Se hallaron documentos sobre los preparativos para esa declaración y las alternativas, que iban desde reconocer todo y afrontar el costo impositivo hasta consignar aportes o donaciones o no mostrar nada. Esta última fue la que prevaleció y se creó, según la fiscalía, la firma Varianza S.A, para justificar ingresos de Espert y camuflar el origen de los fondos.

Contrato trucho

Como quedó claro en el dictamen de Domínguez, el contrato en sí con Minas del Pueblo era un problema, porque era trucho, una simulación. Tenía fecha del 7 de junio de 2019 y aparecía como si hubiera sido suscripto en Guatemala. Le encomendaba a Espert la reestructuración de una supuesta deuda de la empresa. Debería realizar un análisis de mercado y confeccionaría un plan estratégico de ampliación y crecimiento, con seguimiento y control. Espert no estuvo en Guatemala. Tampoco contrató a otros expertos que manejaran conocimientos requeridos que le eran ajenos. Machado en esa fecha estuvo en Argentina.

El contrato fue llevado a una escribanía porteña con una primera firma. El escribano que intervino declaró que había certificado una segunda firma de Espert. La fiscalía recibió informes del Registro Mercantil de Guatemala, según los cuales Minas del Pueblo había sido inscrita de manera “provisional” el 8 de mayo de 2017 y su actividad estaba sujeta a autorizaciones. La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Guatemala explicó que había realizado trabajos de explotación de recursos naturales sin permisos. La fiscalía de delitos de “Narcoactividad” había iniciado una causa de oficio por información periodística. La información que recibió el fiscal Domínguez es que en junio de 2019 la empresa no tenía actividad.

Según los papeles hallados en la casa de Machado en Viedma, que estaban rotos y fueron reconstruidos, el contrato era por un millón de dólares. Se supone que se empezaba a pagar al momento de la firma con un monto de 100.000 dólares y el resto en nueve pagos los meses siguientes. Por ahora no se detectaron más pagos que el de 200.000 dólares, que fue siete meses después de la firma, pero la fiscalía sospecha que pudieron haberse concretado por otros medios.

El lavado

Domínguez mostró que después de recibir el pago conocido de Machado, Espert hizo dos envíos de parte de ese dinero a su cuenta en el BBVA. Primero compró un BMW con el dinero. Pagó cerca de 45.000 dólares. Más adelante, en 2024, cuando era diputado, lo cambiaría por un Lexus que costaba bastante más, 130.000 dólares. Para parte de esa operación, ingresó a la entidad por ventanilla la llamativa suma de 88 millones de pesos. Domínguez señala otros datos sospechosos: el retiro de 80.000 dólares por parte del exdiputado justo cuando comenzaba la investigación y la adhesión de su esposa, maría Mercedes González, al fideicomiso Costa Dunas en el que ingresó 55.501 dólares y 50.893.221 pesos entre febrero y septiembre de 2025, que era un barrio privado exclusivo al norte de Pinamar.

En otro gran capítulo de la misma investigación, que todavía está en desarrollo, se detectó un mecanismo utilizado por “El Profe”, quien habría tenido miles de dólares en efectivo, que cambiaba con distintos arbolitos que a su vez le depositaban pesos, en su mayoría sin saber quién le estaba enviando importantes transferencias. Así introducía dólares en el mercado informal y los recuperaba bancarizados en pesos, con lo que afrontaba gastos con tarjeta de crédito que llegaban a 15 millones de pesos por mes. Con esa mecánica ingresó alrededor de 225 millones de pesos. Todo sucedía cuando ya era diputado, conducía la comisión de Presupuesto y gozaba de los elogios del Presidente.

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