19 de octubre de 2021

 

El expresidente está citado para este miércoles

Macri regresó al país y mañana no se presentará en el juzgado de Dolores

Debe responder ante el juez Bava por el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan. Aunque anunció que pegará el faltazo, aún no hay presentaciones hechas ante la justicia.

Mauricio Macri no se presentará este miércoles para ser indagado por el juez federal Martín Bava por el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. En un largo hilo de tuits, el expresidente, que regresó este martes al país, sostuvo que el juez no es competente para juzgarlo y denunció que la citación obedecía a una persecución judicial. Por el momento, no hay presentaciones de Macri o de su abogado Pablo Lanusse en el expediente y aún resta saber cómo evaluará Bava el segundo faltazo de Macri, que debió presentarse inicialmente el 7 de octubre pero estaba de viaje y el juez postergó su citación para este miércoles.

“El juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, escribió Macri desde su cuenta de Twitter. Es la primera declaración del exmandatario desde que el juez que subroga en Dolores lo llamó a indagatoria el 1 de octubre pasado.

Por estos hechos, Bava procesó a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y sostuvo que las tareas de inteligencia sobre los parientes estuvieron orientadas a anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos

Macri protestó por haber sido convocado a indagatoria antes de las elecciones y sostuvo que la Cámara Federal ya determinó que Dolores no es competente para investigarlo. Se refiere a un fallo de diciembre del año pasado del presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun, que ordenó al juez Ariel Lijo que reclame la investigación sobre el llamado “Proyecto AMBA”. La causa del espionaje al ARA San Juan es conexa a ese expediente.

Lanusse estuvo este martes en el juzgado de Dolores para ver la causa, pero hasta el momento no hizo ninguna presentación. Ya había apelado la prohibición de Bava de salida del país, que deberá ser analizada por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Embarrar la cancha

Macri le apuntó en Twitter a Bava, a quien comparó con jueces como Norberto Oyarbide o Federico Faggionato Márquez.  Dijo que estaba denunciado por irregularidades en otro expediente y que era "funcional a los intereses oficialistas". El ataque coincide con la embestida que se inició la semana pasada en el Consejo de la Magistratura contra el juez de Azul que subroga en Dolores.

El viernes, el diputado del PRO Pablo Tonelli revivió una denuncia de un grupo de abogados de represores para buscar citar a Bava y a otro juez que integra el Tribunal Oral Federal (TOF), Roberto Falcone, por su actuación en el juicio de la Subzona 15, que terminó el año pasado con 35 condenas --28 a prisión perpetua-- y cinco absoluciones. El argumento de los defensores de los genocidas es que Bava dictó sentencia sin haber presenciado como cuarto juez las audiencias del debate. Lo que sucedió es que antes de la finalización del proceso renunció uno de los tres integrantes titulares, Alfredo Ruiz Paz, y Bava debió tomar su lugar.

Los abogados de los represores no sólo hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura, sino que antes habían formulado una denuncia penal. En esa instancia, no tuvieron suerte. La fiscala Laura Mazzaferri solicitó las actas del debate y las filmaciones y, después de analizarlas, dictaminó que no había ninguna falsificación de la documentación, como alegaban las defensas. Mazzaferri también afirmó que la participación del cuarto juez era materia de lo que las defensas estaban impugnando ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá revisar la sentencia. El juez Santiago Inchausti convalidó lo que había sostenido la fiscalía y desestimó la denuncia, que ahora está apelada ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Uno de los denunciantes es Luis Cevasco, que ofició de fiscal general de la Ciudad hasta finales de 2019 y es uno de los abogados que patrocina denuncias de referentes de Juntos por el Cambio. El año pasado, Cevasco fue el letrado que representó a Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid cuando denunciaron a los fiscales de Lomas de Zamora que estaban investigando el espionaje durante el macrismo, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por la filtración de una copia de un libro de actas de los servicios. Esa denuncia, presentada en los tribunales de Comodoro Py, sirvió para torpedear la investigación que venía llevando adelante la justicia federal de Lomas de Zamora.

En el Consejo de la Magistratura, dicen que es una iniciativa que motoriza únicamente Tonelli. Por lo que pudo averiguar PáginaI12 ya se habría analizado la denuncia y habría un dictamen para desestimarla, por lo que sugerían que el pedido era una maniobra para poner presión sobre el juez antes de la indagatoria.

Pagina 12


 

"No están garantizadas las condiciones para conciliar"

Congelamiento de precios: Copal se cortó sola y pegó un portazo 

La negociación que se inició la semana pasada había entrado en un compás de espera con el objetivo de cerrar un acuerdo. La cámara, que aglutina a 200 grandes empresas alimenticias, decidió jugar por su cuenta y rechazó el acuerdo propuesto por el Gobierno nacional. Ahora, la pelota quedó del lado de la Secretaria de Comercio: seguirá dialogando o impondrá un congelamiento vía decreto.

La Copal pegó un portazo en la negociación abierta por el Gobierno nacional para alcanzar un nuevo acuerdo de precios que permita congelar el valor de los productos de la canasta básica por un período de 90 días y retrotraerlos al 1 de octubre. La cámara, que preside el también titular de la UIA Daniel Funes de Rioja, consideró que "no están garantizadas las condiciones para conciliar", ya que, según ellos, la Secretaría de Comercio "no tuvo en cuenta" sus contrapropuestas. 

La negociación que inició la semana pasada el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, entró en un compás de espera de 12 horas ayer por la tarde con el objetivo de cerrar un acuerdo este mediodía. Caso contrario, Feletti había adelantado que el Poder Ejecutivo avanzaría con una resolución para congelar los precios, tal como ocurrió con el programa de Precios Máximos, al inicio de la pandemia de covid-19. 

La respuesta de la Copal -representa a 200 grandes empresas alimenticias como Arcor, Coca-Cola y Ledesma- fue salir del espacio de diálogo, que reunía no solo a las grandes empresas nacionales y multinacionales si no a un amplio sector que incluye a las cadenas de supermercadistas de cercanía. El comunicado de la entidad sostiene que mantiene la  "voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo", pero rechaza el acuerdo propuesto por Feletti. 

"No están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios", sostiene el comunicado firmado por Funes de Rioja y agrega en tono de reproche: "A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta". 

Según el reclamo de la Copal, Feletti rechazó "el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible".

Ahora, la pelota quedó del lado de la Secretaria de Comercio que, de cumplir lo dicho por su titular, impulsará una resolución que haga efectivo el congelamiento de precios. "Confiamos en que cada empresa revise la situación y acuerde. Caso contrario después del mediodía tendremos que sacar resolución conforme a las leyes. Nos motivan tres cuestiones: la inflación de septiembre, la aceleración de precios de octubre y el deterioro del salario", sostuvo Feletti tras abrir ayer el compás de espera.

El Gobierno apunta a confeccionar un listado amplio de bienes de la canasta básica que llegaría a un total de 1650 productos, aunque incluidos 670 de Precios Cuidados y 67 de Súper Cerca. Es decir, del listado original de 1247 artículos nuevos con acuerdo de congelamiento de precios quedarían 913 productos. 

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Qué dijo el primo de Mauricio Macri

Ángelo Calcaterra declaró en el juicio por las obras en Santa Cruz y jugó para las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

Calcaterra explicó que no le parece que haya habido favoritismo en la adjudicación porque las empresas locales “tienen la logística ahí, no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias". Que hablara de las ventajas competitivas alegró a la defensa de los imputados y amargó a la fiscalía.

Raul Kollmann

Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, también derrumbó gran parte de la acusación en el juicio por las obras viales de Santa Cruz. Uno de los puntos clave de la imputación es que Lázaro Báez ganó 51 de las 81 licitaciones de las rutas santacruceñas y, supuestamente, eso lo logró por la ayuda de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Calcaterra explicó que las empresas locales tienen fuertes ventajas en las licitaciones porque “tienen la logística ahí, no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias, conocen la zona, cuentan con un obrador en el lugar, disponen de los mecánicos y los proveedores. Eso les da grandes ventajas competitivas”. Calcaterra aclaró que nunca licitó en Santa Cruz y ni siquiera estaba en el registro de proveedores, por lo que no podía hablar de irregularidades en esas licitaciones. Pero, además, agregó que se presentó junto a Lázaro Báez en la licitación más grande, que fue nacional, por las represas Jorge Cepernik y Néstor Kirchner, en territorio de Santa Cruz. Resultó curioso que un familiar y socio de Macri abasteciera a las defensas en un juicio iniciado por denuncia del macrismo. 

El primo del expresidente estuvo nervioso al principio, se escudó un par de veces en que no se acordaba de tal cual cifra, pero se fue soltando a lo largo de la hora que duró el testimonio. Por lo que dijo, no le fue mal durante el kirchnerismo: participó de unas 300 licitaciones y ganó 00. "Era una empresa muy grande. Ya la vendí", explicó. Calcaterra es el tercer empresario que desmiente las acusaciones de una causa que es clave porque la hipótesis es que, de las obras públicas de Santa Cruz, los Kirchner sacaron fondos ilegales que después Báez les devolvía a través de alquileres de propiedades, entre ellas los hoteles como el Alto Patagonia u oficinas y casas en Santa Cruz y CABA. Los dos empresarios anteriores que declararon, Juan Chediak y Carlos Wagner, expresidentes de la Cámara de la Construcción, dijeron que nunca recibieron en esa Cámara ninguna denuncia por irregularidades en las licitaciones de Santa Cruz. Calcaterra reiteró que no participó de esas licitaciones y que en la única que intervino, no la hizo la administración santacruceña sino que fue hecha a nivel nacional, de manera que no le aportó nada a la fiscalía desde el punto de vista de la hipótesis acusatoria de que los concursos fueron tramposos.

Por el contrario, la declaración del primo de Macri les sirvió esencialmente a las defensas. Sobre todo, en el punto clave --a preguntas realizadas por Carlos Beraldi, el abogado de CFK-- que es la razón por la que Báez ganó la mayoría de las licitaciones santacruceñas: “tenía fuertes ventajas comparativas por ser una empresa local”. Pero también, el testigo le sirvió a las defensas en otro punto de importancia. En la primera década del 2000, Báez compró la parte mayoritaria de otras constructoras santacruceñas y una de las cosas que se le cuestiona en la acusación es que participó con más de una empresa en las licitaciones. Calcaterra contó que él era accionista de dos constructoras, Iecsa, la más grande, con 3.000 empleados, y Creurban, más chica. Y que se presentó con ambas en algunas licitaciones, en la mayoría de los casos en unión transitoria de empresas (UTE), o sea en sociedad con otras compañías. “A veces se presentaban juntas, algo que se hacía por temas de especialidad, una más orientada a la arquitectura, la otra más orientada a la ingeniería; a veces porque una tenía más garantías bancarias o más capacidad disponible, o antecedentes o espaldas financieras -le contestó Calcaterra a Juan Villanueva, el abogado de Báez-. Y en alguna oportunidad se presentaron por separado, en UTEs distintas. Y me parece que hubo ocasiones en que se presentaron por separado cada una por su lado, ya no en UTE, debido a la especialidad que tenían”.

El primo de Macri también desmanteló otras acusaciones. Una de las hipótesis es que Báez competía poniendo precios bajos en sus propuestas y que después conseguía más dinero a través de las redeterminaciones de precios. “Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios --dijo Calcaterra--. Es que una obra tarda cuatro o cinco años y entonces tiene que haber un reajuste a la realidad, porque la inflación es evidente. Sin embargo, en las redeterminaciones de precios se pierde mucho, porque tardan y entonces nunca se produce un ajuste con el precio real”. En ese terreno, Calcaterra confirmó lo que ya habían dicho Chediek y Wagner: las redeterminaciones se hacen de acuerdo a un decreto de Eduardo Duhalde y terminan no favorecieron para nada porque nunca alcanzan a la verdadera inflación. El primo de Macri no lo dijo, pero los índices de reajuste eran los del Indec en tiempos de Guillermo Moreno, por lo cual -según los empresarios- siempre se perdía.

Finalmente, Calcaterra también confirmó que los anticipos financieros siempre existieron y que eran habituales los adelantos de Vialidad, no un privilegio de Báez. En la realidad constituyeron una especie de crédito a las constructoras y se les aplicaba el interés del Banco Nación. 

Al final de la jornada quedó la extraña sensación de un macrista que pasó por el juicio, pero no dijo ni una sola palabra que le pusiera una sonrisa en la cara al fiscal Diego Luciani. Del otro lado, las defensas de CFK y Lázaro Báez se fueron muy conformes. La semana próxima, los testigos están vinculados con la Coalición Cívica, en especial la diputada Paula Olivetto. Habrá que ver qué elementos concretos tiene sobre licitaciones que se hicieron en Santa Cruz, se adjudicaron y controlaron en la provincia santacruceña. 

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Habrían estado involucrados los responsables de la muerte del mandatario haitiano Jovenel Moise

Bolivia denunció un intento de magnicidio contra el presidente Luis Arce en 2020

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dio detalles de los movimientos del grupo de sicarios y paramilitares venezolanos y colombianos en los días previos y posteriores a las elecciones del 18 de octubre del año pasado.

Guido Vasallo

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, denunció un intento de magnicidio contra el presidente Luis Arce en el que habrían estado involucrados los responsables de la muerte del mandatario de Haití, Jovenel Moise. El supuesto plan encabezado por el exministro de Defensa actualmente prófugo, Luis Fernando López, fue revelado este lunes por el ministro del Castillo, quien presentó un informe que detalla ingresos, movimientos y reuniones del grupo de sicarios y paramilitares en los días previos y posteriores a las elecciones del 18 de octubre de 2020. Además de coincidir con el primer aniversario del triunfo de Arce en las urnas, la explosiva revelación llega en un momento de alta tensión entre el oficialismo y la oposición, decidida a marcar el terreno con marchas y paros cívicos.

Intento de magnicidio

"Existió un intento de desestabilizar el país mediante un plan elaborado para no dejar a nuestro candidato y actual presidente Luis Arce Catacora asumir el mando emanado de las urnas: en Bolivia hubo un intento de magnicidio", manifestó del Castillo en una rueda de prensa en La Paz. El ministro ofreció detalles de la fallida operación tomando como base una serie de audios y documentos en los que supuestamente Luis Fernando López, exministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Áñez, realizó gestiones con empresas extranjeras "para traer sicarios y paramilitares" colombianos y venezolanos a Bolivia.

"Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos filtrados, en donde se discute el despliegue masivo de mercenarios durante las elecciones, revelan que Bolivia pudo haber visto un nuevo derramamiento de sangre en 2020", aseguró del Castillo. En junio de este año, una investigación de la revista estadounidense The Intercept reveló que Bolivia estuvo al borde de un golpe de Estado similar al perpetrado en 2019 contra Evo Morales.

La conexión con Haití

Del Castillo recordó que la policía de Haití logró detener a 21 personas involucradas en el magnicidio del presidente Moise. Entre ellas destacó a un excapitán del ejército colombiano, identificado como German Alejandro Rivera García. Según el ministro de Gobierno, Rivera García alias "Mike" fue el líder de los mercenarios que terminaron con la vida de Moise y, una vez capturado, "aceptó su responsabilidad". 

De acuerdo con la investigación presentada por el ministerio de Gobierno, Mike ingresó a Bolivia con el pasaporte número AV 969623 por la ruta Colombia-Viru Viru, el 16 de octubre de 2020. En el fallido atentado contra Arce también se menciona, entre otros, al venezolano Antonio Emanuel Intriago Valera, ferviente opositor del gobierno de Nicolás Maduro y responsable de la firma CTU Security de Miami, señalada por haber contratado a los mercenarios que ejecutaron a Moise.

Los movimientos en Bolivia

Del Castillo explicó que al menos cinco sicarios se hospedaron en el Hotel Presidente de La Paz. El dato no es menor ya que dicho hotel se encuentra muy cerca de la plaza Murillo, donde se produjo la toma de posesión del presidente Arce. Miembros del MAS decidieron hospedarse en el mismo lugar, donde confirmaron la presencia de los ciudadanos extranjeros que abandonaron el país el 22 y 23 de octubre luego de las elecciones, unos rumbo a Colombia y otros rumbo a Estados Unidos.

Ante esa situación, durante la campaña y después de la contundente victoria del 18 de octubre, el MAS decidió proteger a Arce aplicando una aceitada estrategia de seguridad. "Si ustedes pueden revisar los distintos medios de comunicación, verán que nuestro presidente y excandidato no tenía apariciones públicas en lugares abiertos, porque teníamos conocimiento de estos grupos armados que ya se encontraban dentro del territorio nacional", aseguró el ministro Del Castillo.

El contenido del audio

En la extensa nota de The Intercept se mencionan varios audios, pero este lunes el ministro Del Castillo solo mencionó uno. En el mismo se da, aparentemente, una conversación entre el exministro de Defensa Luis Fernando López y J.E.P., a quien la revista estadounidense identifica como Joe Pereira, un exadministrador civil del Ejército norteamericano que actualmente se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro por el delito de estafa agravada, de acuerdo al diario La Razón.

Además de López y Pereira, se suma a la comunicación un tercero que oficia como traductor, identificado como Luis Suárez. Se trata de un exsargento boliviano nacionalizado estadounidense, conocido por haber promovido una agresiva campaña en Twitter contra Evo Morales durante la crisis política y social de 2019. Suárez es más conocido en Bolivia como "Cyber Rambo", y en sus redes sociales se jactó de poder hacer más con un solo clic que "todo el esfuerzo de la izquierda".

En la conversación que reveló del Castillo, la persona identificada como J.E.P. pide coordinar con el comandante de más alto rango de la policía para que los tres aviones Hércules) C-130 que posee Bolivia "recojan tropas de la base del Comando Sur" situada en Miami. "El señor ministro (por López) va a recoger a las tropas como si fueran contratistas privados, bajo ninguna representación del Estado norteamericano", detalla.

J.E.P. alardea con que puede "conseguir hasta diez mil hombres para llevar a cabo la operación", aunque no cree que sea necesario. Sobre el final del audio, se escucha la voz que respondería al exministro López: "Quiero ser bien específico, el mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar a las fuerzas armadas bolivianas y la policía por milicias cubanas y venezolanas. Esa es la punta del hilo, es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permita el gobierno de Arce". Por aquellos días no se vivía la violencia de 2019 y la derecha lucía bastante debilitada, pero las intentonas golpistas no parecían detenerse.

Del Castillo reveló que los involucrados en el operativo tenían "un contrato anual inicial de 125 mil dólares estadounidenses", aunque el plan finalmente no se ejecutó. En otra de las partes del documento, se señala que "el cliente proporcionará al contratista artículos tales como rifles Hecker y Koch 416, y (pistolas) Sig Sauer 226 y Glock 17 con óptica completa".

En su informe, The Intercept indicó que los desacuerdos entre los ministros de la gestión interina de Áñez y la división dentro de las fuerzas armadas, potenciada por la abultada victoria de Arce, habrían desbaratado el plan. Sin embargo, subyacen varias dudas. Página/12 intentó comunicarse sin éxito con el ministro Eduardo del Castillo, aunque su entorno respondió que el gobierno acudirá a la justicia en los próximas horas para intentar esclarecer los hechos y saber por qué los mercenarios retrocedieron en su cometido.

Por su parte, el presidente Luis Arce se refirió a la denuncia durante un acto en La Paz en el que confirmó que hace un año quisieron atentar contra su vida, aunque no tiene miedo. Para graficar su situación, el mandatario recurrió a una frase del fallecido político y escritor Marcelo Quiroga Santa Cruz en sus tiempos de diputado socialista: "Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos es una conciencia culpable, y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber".

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Marcha por el Día de la Lealtad: la CGT pidió "sostener la unidad del peronismo"

Largas columnas de trabajadores, nucleados en organizaciones gremiales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y en un amplio abanico de agrupaciones sociales, se concentraron en el bajo porteño.

La CGT y sus gremios confederados se pronunciaron hoy por "el desarrollo, la producción y el trabajo" y por "la defensa del aparato productivo nacional y la generación de empleo genuino", al conmemorar el 76 aniversario del Día de la Lealtad Peronista.

Largas columnas de trabajadores, nucleados en organizaciones gremiales de la Confederación General del Trabajo (CGT) y en un amplio abanico de agrupaciones sociales, se concentraron esta tarde en los alrededores del Monumento Canto al Trabajo, en el bajo porteño, y ocuparon también las principales arterias del centro de la ciudad, en los alrededores a Plaza de Mayo y el barrio de San Telmo, para celebrar el histórico el 17 de Octubre de 1945, conmemorado ayer.

Allí se dio lectura a un documento político elaborado por las organizaciones gremiales convocantes, que demandó políticas económicas que promuevan la generación de empleo genuino y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de salud.

"La Argentina y el Gobierno afrontan una instancia decisiva para superar la crisis económico-social heredada y agravada de forma dramática por los efectos de la pandemia" de coronavirus, sostuvo la CGT, que aseguró ser "la reserva desde donde el Movimiento Nacional puede reconstruir el tejido social y fortalecer la política".

La CGT aseguró que la marcha y el acto de hoy en el Monumento Canto al Trabajo de las Avenidas Paseo Colón e Independencia para conmemorar el Día de la Lealtad Peronista es "la expresión de unidad de los trabajadores y del movimiento obrero organizado y de la vocación por sostener la unidad del peronismo", y reclamó políticas que sienten las bases de "la transformación económica y social de la Argentina".

El consejo directivo también enfatizó que "es tiempo de justicia social" y que ese es "el compromiso irrenunciable del movimiento obrero", y convocó a que el peronismo promueva "la alianza entre la producción y el trabajo a través de la profundización del diálogo social institucionalizado para elaborar los necesarios consensos".

"Es momento de transformar hacia adentro el horizonte y el futuro de los argentinos y de producir el desarrollo nacional con equidad para posibilitar un proceso de movilidad social ascendente y una justa redistribución de la riqueza", afirmó la central obrera que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña y que renovará autoridades el 11 de noviembre.

La movilización contó con la participación de los principales referentes del gremialismo, entre ellos DaerHugo y Pablo MoyanoAntonio CalóSergio RomeroCarlos Acuña y Omar Lingeri. También estuvo presente el Movimiento Acción Sindical Argentino, compuesto por 30 gremios entre los que se encuentran la Asociación del Personal Legislativo, FOETRA, el Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones; el Sindicato Argentino de Obreros Navales, entre otros. El vocero del movimiento sindical, Omar Viviani, afirmó que “está siempre presente aquel 17 de octubre en el que Perón fue elegido como el líder del pueblo trabajador y del movimiento más importante no sólo de Argentina sino de Latinoamérica”.

El Destape


 

María Eugenia Vidal, sobre la crisis que dejó del macrismo: "Ya pasamos esa etapa"

La exgobernadora bonaerense y ahora porteña habló con Ernesto Tenenbaum y se olvidó de la crisis económica desatada por su partido. Fiel a su línea, le pasó la pelota al Frente de Todos.

La exgobernadora bonaerense y ahora candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidalhabló con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos y lejos de hacer una mínima autocrítica, pasó por alto la crisis económica que dejó el macrismo y aseguró que el espacio está "en una nueva etapa". 

Tras ser consultada sobre el desastre económico de la gestión macrista y la consecuente falta de confianza de quienes esperan el pago de una deuda imposible, María Eugenia Vidal planteó: "Con mucho dolor y un enorme esfuerzo de los argentinos, cuando terminaba el 2019 el déficit se acercaba a 0. Las tarifas estaban prácticamente actualizadas, habían empezado a bajar los impuestos como ganancias, retenciones, sellos...".

"Era un camino muy doloroso pero que, desde la macroeconomía, había logrado resultados que generaban confianza", aseguró, omitiendo que el Fondo Monetario Internacional fue la última opción para que el macrismo pudiera contraer deuda por cien años dado que la "lluvia de inversiones" que pregonaban nunca llegó. 

En este sentido, los errores del macrismo se los tiró a la gestión de Alberto Fernández"El Gobierno que hace 2 años no presenta un plan económico no genera confianza", lanzó.

A continuación, reconoció que "hay muchas razones por las que la gente no votó a Cambiemos en 2019". "Pero ya pasamos esa etapa. La gente quiere un Congreso equilibrado que la va a proteger de atropellos institucionales y va a obligar al Gobierno a presentar un plan económico", aseguró.

"Los problemas estructurales de la Argentina no los va a resolver la oposición aunque los voten, sí pueden hacer cosas concretas como proponer proyectos para bajar impuestos en las cargas laborales o planes educativos que preparen para el empleo", propuso en línea con su compañero de fórmula, Martín Tetaz, que quiere, a como dé lugar, eliminar las indemnizaciones por despidos.

"Podemos empezar un camino y podemos frenar el atropello. Cualquier gobierno que arranque de nuevo sabe, a esta altura, que esto es un problema que llevará tiempo para resolverse", cerró.

Otro de los temas que la candidata debía explicar giraba en torno a la inflación, no como una novedad sino como una herencia de la administración de su partido, pero no lo hizo. "La inflación es un problema que el resto del mundo resolvió y la resolución no tiene que ver con los empresarios sino con la emisión", aseguró, también pasando por alto la formación de los precios.

"Puede ser también un problema de oferta, pero no me quiero meter en la discusión súper técnica", respondió cuando el periodista le recordó algunas de las políticas monetarias del gobierno de Mauricio Macri"Hay una responsabilidad en los próximos años que no es de la oposición", sintetizó.

"Las cosas suceden igual o suceden peor. Es importante que el Gobierno ponga sobre la mesa un plan consistente que además lo necesita para llegar al acuerdo con el Fondo. Luego, que busque cuál es la opinión de la oposición", propuso. 

En esta línea, tras ser consultada por el debate de candidatos porteños en TN, precisamente cuando se quedó pedaleando al aire por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional que le recordó el candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro, la ahora porteña explicó: "Cuando hablo de crédito hablo de refinanciación que es lo que el Gobierno hizo con la deuda privada y es lo que tiene que hacer con el Fondo".

"El Gobierno tiene que refinanciar y eso se da en un marco de confianza cuando tenés un plan económico consistente. No estoy hablando de contraer más deuda sino de refinanciar la existente", insistió sin mencionar que la deuda no fue contraída por la gestión de Alberto Fernández sino la de Mauricio Macri.

"Es difícil en un marco de crédito que se da en un marco de largo plazo, de confianza y democracia. El Frente de Todos, en los últimos dos años, frente al Fondo no pudo crecer porque, por algo, no tienen el acuerdo cerrado todavía", completó. 

El Destape


 

El expresidente está citado para este miércoles

Macri volvió al país y debe rendir cuentas por el espionaje a los familiares del ARA San Juan

Es probable que pida una prórroga a través de su abogado, Pablo Lanusse. El macrismo ya empezó a intentar embarrar la cancha al reflotar una denuncia de un grupo de abogados de represores contra el juez Martín Bava.

El expresidente Mauricio Macri volverá al país este martes y este miércoles debería presentarse a declarar en el Juzgado Federal de Dolores, ante Martín Bava, quien lo citó a indagatoria en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de la tragedia del submarino ARA San Juan (2017), en la que fallecieron los 44 tripulantes. Aunque aún no se sabe si efectivamente lo hará. Más allá de las declaraciones de Hernán Lombardi, hasta ahora ninguno de los asesores legales del expresidente confirma que vaya a viajar a Dolores el miércoles para declarar como imputado ante el juez Bava y se especula con que pida una prórroga a través de uno de sus abogados, Pablo Lanusse.

Al filo del vencimiento del plazo, Macri presentó a sus abogados, Pablo Lanusse y Jimena Pisoni, el jueves a la mañana. También apeló la prohibición de salida del país que había ordenado Bava el 1 de octubre, cuando lo convocó a indagatoria. Además, deslizó que no le reconocía competencia al juez para investigarlo: lo que preanuncia que, en algún momento, pedirá el pase de la causa a los tribunales de Comodoro Py, un terreno macrismo-friendly.

Lanusse le pidió autorización al juez que subroga en Dolores para ir a revisar el expediente recién el martes, un día antes de la indagatoria. Bava le contestó afirmativamente, pero también le dijo que podía ir desde el lunes. Es probable que Lanusse pida retrasar la declaración, alegando que no tuvo tiempo suficiente para revisar la documentación que incriminaría al expresidente con el espionaje desplegado desde la AFI. Desde una de las querellas, la que encabeza la abogada Valeria Carreras, advirtieron que avizoraban una estrategia para postergar nuevamente la indagatoria. Desde el entorno de Macri siempre dijeron que la intención era suspender todo el proceso hasta después de las elecciones de noviembre.

Embarrar la cancha

El macrismo reflotó una denuncia de un grupo de abogados de represores contra el juez Martín Bava días antes de que Mauricio Macri deba presentarse a indagatoria por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Desde Juntos por el Cambio quieren citarlo al Consejo de la Magistratura para que dé explicaciones sobre su intervención en un juicio que concluyó el año pasado. Pese a que la iniciativa tiene pocas chances de éxito, es una muestra que desde el macrismo van a enfocar la presión sobre Bava.

El viernes, el diputado del PRO Pablo Tonelli reflotó una denuncia de un grupo de abogados de represores para buscar citar a Bava y a otro juez que integra el Tribunal Oral Federal (TOF), Roberto Falcone, por su actuación en el juicio de la Subzona 15, que terminó el año pasado con 35 condenas --28 a prisión perpetua-- y cinco absoluciones. El argumento de los defensores de los genocidas es que Bava dictó sentencia sin haber presenciado como cuarto juez las audiencias del debate. Lo que sucedió es que antes de la finalización del proceso renunció uno de los tres integrantes titulares, Alfredo Ruiz Paz, y Bava debió tomar su lugar.

Los abogados de los represores no sólo hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura, sino que antes habían formulado una denuncia penal. En esa instancia, no tuvieron suerte. La fiscala Laura Mazzaferri solicitó las actas del debate y las filmaciones y, después de analizarlas, dictaminó que no había ninguna falsificación de la documentación, como alegaban las defensas. Mazzaferri también afirmó que la participación del cuarto juez era materia de lo que las defensas estaban impugnando ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá revisar la sentencia. El juez Santiago Inchausti convalidó lo que había sostenido la fiscalía y desestimó la denuncia, que ahora está apelada ante la Cámara Federal de Mar del Plata.

Uno de los denunciantes es Luis Cevasco, que ofició de fiscal general de la Ciudad hasta finales de 2019 y es uno de los abogados que patrocina denuncias de referentes de Juntos por el Cambio. El año pasado, Cevasco fue el letrado que representó a Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid cuando denunciaron a los fiscales de Lomas de Zamora que estaban investigando el espionaje durante el macrismo, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, junto a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, por la filtración de una copia de un libro de actas de los servicios. Esa denuncia, presentada en los tribunales de Comodoro Py, sirvió para torpedear la investigación que venía llevando adelante la justicia federal de Lomas de Zamora.

En el Consejo de la Magistratura, dicen que es una iniciativa que motoriza únicamente Tonelli. Por lo que pudo averiguar PáginaI12 ya se habría analizado la denuncia y habría un dictamen para desestimarla, por lo que sugerían que el pedido era una maniobra para poner presión sobre el juez antes de la indagatoria.

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Convivió con la incertidumbre, pero no se sabe si aprendió a disfrutarla

Patricia Bullrich fue a hacer campaña a Catamarca y los músicos callejeros la recibieron con la marcha peronista

Un funcionario de su propio espacio político dijo que había que convivir con la incertudumbre y aprender a disfrutarla, de modo que a Patricia Bullrich, la presidenta del Pro, no se debe haber hecho demasiado mucho problema frente al pequeño imprevisto que le surgió en Catamarca, provincia a la que asistió a relanzar la campaña de Juntos por el Cambio: a su paso, un grupo de músicos callejeros interpretó la marcha peronista para darle la bienvenida.

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro, encabezaron el relanzamiento de campaña de la alianza local de Juntos por el Cambio, que encabeza el ex rector de la Universidad Nacional Flavio Fama como candidato a senador nacional y Francisco Monti a diputado de la Nación.

La agenda arrancó con un desayuno entre los dirigentes nacionales y locales. Luego hicieron un recorrido por diferentes puntos de la ciudad y ofrecieron una conferencia de prensa en la plaza central 25 de Mayo.

Bullrich expresó la necesidad de que Catamarca aporte dos senadores a la alianza opositora. Catamarca es uno de los 5 distritos donde el PRO no pudo imponerse en las PASO. La provincia pone en juego tres bancas al senado de la nación, dos por la fuerza con más votos y una por la segunda. El Frente de Todos sacó una ventaja de 20 puntos en las elecciones del 12 de septiembre.

“¿Qué podemos pensar de la candidata a senadora Lucía Corpacci, que acaban de clausurar el Consejo de la Magistratura aquí en Catamarca?, ¿qué va a ir a hacer en el Senado de la Nación?, ¿quiere también clausurar el Consejo de la Magistratura para elegir los jueces a dedo?, disparó Bullrich.

En julio del año pasado, la legislatura provincial aprobó un proyecto de Ley que derogó el Consejo de la Magistratura. El nuevo mecanismo incluye un centro de formación y exámenes continuos para los aspirantes a la magistratura. La medida forma parte de la reforma judicial que impulsó el gobernador Raúl Jalil, y que incluyó la renovación de los miembros de la Corte, llevando el cuerpo de 5 a 7 miembros.

En la misma línea, Bullrich continuó con Cristina como blanco: “Nosotros podemos hacer un quiebre histórico y lograr que en esta elección Cristina no tenga más quórum y no se elijan más los jueces de la impunidad, los mismos jueces que hoy fallaron en el Tribunal Oral para intentar que tuviesen sentencias a su medida", exclamó la dirigente.

Flavio Fama también cargó contra la presidenta del PJ y candidata a senadora nacional, Lucía Corpacci, que ayer en el acto por el Día de la Lealtad dijo a la militancia que en las elecciones de noviembre "lo que está en juego no es un cargo, sino un modelo de país".

Parafraseando a Lucía, Fama apuntó: “Acá lo que estamos jugando es un modelo de país, nosotros vamos a defender un país con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en donde la impunidad no puede ser moneda corriente”.

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