12 de octubre de 2026

Acerca del 12 de octubre

Las razas no existen, pero que las hay, las hay

Cada 12 de octubre se pone en escena la conmemoración de uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad: el exterminio de los pueblos originarios de Nuestra América. El desembarco de Europa trajo, además, la trata y la esclavitud transatlántica. El gobierno de Javier Milei decide que Argentina lo celebre como el Día de la Raza, porque con la “llegada de Colón llegó la civilización occidental a nuestro continente”.

El espíritu detrás de la celebración del Día de la Raza es la mirada del opresor y del colonizador. Es festejar la expansión que realizó Europa por la fuerza. Desde el punto de vista de los pueblos originarios y afrodescendientes, marca el inicio de un proceso histórico que los invasores llaman modernidad, de despojo y anexión de amplias extensiones de tierra por parte de las monarquías europeas, mediante la construcción de la categoría de raza, la racialización de las poblaciones y su jerarquización.

Esta categoría ubicó a Europa como la versión superior de la especie humana para justificar el sometimiento de los pueblos americanos, africanos y asiáticos, al tiempo que redujo a las poblaciones del África subsahariana a la categoría de lo no humano, sosteniendo siglos de esclavitud y la acumulación primitiva de capital a costa de tratar a millones de personas como bienes muebles. La raza ha sido, en esencia, el gran dispositivo de control social y opresión desde entonces.

Desde el punto de vista biológico, a partir de la segunda mitad del siglo XX existe un consenso científico que ha establecido que las razas no existen y que la especie humana es una sola. ¿Por qué hablar de raza, entonces? Porque la raza, como construcción política y social, sigue operando y sigue estructurando las desigualdades del mundo contemporáneo. La raza determina, en la práctica, quiénes van presos, quiénes acceden a un plato de comida o quiénes ocupan los empleos más precarizados. No hablar de raza es no reconocer el rol que sigue teniendo el racismo en la configuración geopolítica sobre quiénes son considerados superiores y quiénes son considerados inferiores, y por ende descartables. Por quiénes marchamos y por quiénes no. En última instancia, quiénes son considerados humanos y quiénes no.

En Argentina, el sesgo racista y supremacista forma parte de nuestra propia arquitectura institucional, tal como lo demuestra la vigencia del artículo 25 de la Constitución Nacional, que establece explícitamente que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Durante años, el 12 de octubre se conmemoró en nuestro país bajo el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, con la excusa de la invalidez científica del concepto de raza humana y con el supuesto propósito de “promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto por los pueblos originarios”. Sin embargo, la corrección política no trajo consigo acciones afirmativas para promover ese diálogo y poner en valor e igualdad de condiciones y respeto a las culturas originarias. En los hechos, el cambio de denominación sirvió sólo como validación de la autocomplacencia de las élites eurodescendientes “progres” y para que los niños en las escuelas sean puestos a repetir que en Argentina respetamos la diversidad cultural y los derechos humanos. Renombrar el genocidio como respeto a la diversidad cultural sería comparable a denominar el genocidio inaugurado el 24 de marzo de 1976, como el Día nacional del respeto a la pluralidad ideológica.

Esa moderación progresista, que en realidad enmascara la pertenencia racial de los responsables de las políticas públicas, le terminó poniendo la alfombra roja al retorno del Día de la Raza en una versión recargada. Hoy las ultraderechas globales siguen siendo racistas, aunque no hablen de razas, y vuelven a levantar sin tapujos la bandera del supremacismo occidental (occidente entendido como el binomio Europa-EEUU).

Quienes se oponen a discutir sobre la raza suelen ser aquellos que detentan el monopolio del discurso público, en las bancas del Congreso, en las cátedras universitarias, entre otros espacios, buscando proteger sus propios privilegios. Cuando el racismo no se nombra, la desigualdad termina explicándose falsamente a través de la narrativa de la meritocracia y se instala en la opinión pública. Mientras tanto, las mayorías racializadas padecen a diario esta estructura de opresión. Pero la meritocracia es una farsa y el racismo está más vivo que nunca.

Por un Día de la Resistencia Indígena

Por afrorreparaciones

Por plazas llenas el 12 de octubre y el 24 de marzo

Pagina 12

Aseguró que “nadie lo cuestiona” dentro del Gobierno

En medio de los rumores, Milei salió a sostener nuevamente a Caputo

El Presidente dijo en una entrevista que es “un disparate total” la versión sobre una inminente salida del ministro de Economía y aseguró que no existen internas entre el funcionario y la mesa política. Ya anoche Martín Menem había afirmado que “no hay ninguna duda” de que Caputo seguirá en su cargo.

El presidente Javier Milei tuvo que salir una vez más a confirmar en el cargo a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Ante nuevas versiones sobre una inminente salida del funcionario, aseguró que esos rumores son “un disparate total” y repitió que con Caputo mantiene una “relación simbiótica”.

Ya anoche el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había dicho en una entrevista televisiva que no existe ninguna posibilidad de un relevo en el Ministerio de Economía. “No hay ninguna duda en la continuidad de Toto”, sentenció Y calificó de “estupidez” a la ola de rumores sobre la suerte del funcionario.

Milei reconfirmó eso esta mañana en diálogo con Radio Mitre. Allí volvió a sostener que no existe una recesión, consideró que “no tenemos un problema de empleo” y celebró “la explosión del empleo informal”. Además, dio por descontado que será reelecto y lanzó: “Tengo 125.000 millones de dólares en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”.

Sobre Caputo, el mandatario desestimó que exista un enfrentamiento del ministro con la “mesa política”. “Nadie lo cuestiona”, aseguró y dijo que con su funcionario tienen “la visión perfectamente alineada”.

“En el equipo hay división de trabajo. Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural. Hay una mesa que se dedica a las cuestiones políticas, pero la decisión general de gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a ‘Toto’ Caputo. Porque es mi política”, definió.

La versión sobre una inminente salida de Caputo volvió a circular en los últimos días luego de su ausencia en una reunión de Gabinete en la que casualmente participó el economista Alberto Ades, cuyo nombre empezó a sonar fuerte como reemplazante.

El “operativo clamor” por Caputo

El oficialismo parece haber puesto en marcha su mecanismo de disimulo para intentar que el mercado no se haga eco de la crisis interna que tiene en el blanco a Luis Caputo. El primer encargado de intentar la calma fue esta vez Martín Menem, quien calificó de “estupidez” a la ola de rumores sobre la suerte del ministro de Economía y denunció la supuesta existencia de un “ejército de operadores” que intenta debilitar al Gobierno.

“No hay ninguna duda en la continuidad de Toto, que eso quede claro”, enfatizó el titular de la Cámara de Diputados, quien para sostener sus dichos utilizó la remanida estrategia del mileísmo: dar cifras sin fundamentos reales.

Dijo que desde que asumió Javier Milei se crearon 500 mil puestos de trabajos, negó el cierre de empresas y rechazó el aumento de la desocupación, al sostener que de 32 mil empresas, más de 22 mil antes tenían uno o dos trabajadores nomás.

En cambio, los datos oficiales no solo desmienten esa afirmación sino que, además, son las piezas que tienen en jaque al titular del Palacio de Hacienda al que Menem defendió.

Los ítems por los que la mesa chica del Gobierno cuestiona a Caputo son la continua crecida de la inflación, la caída de la industria (-11,2 por ciento respecto de 2023), el derrumbe de la construcción (-29,8 que hace dos años y medio), la falta inversiones y el inestable clima cambiario, entre algunos.

Sin embargo, para Martín Menem eso no es así. “Inventan cualquier estupidez respecto de esto porque lo que quieren hacer es debilitar al Gobierno. Ahora, no es Toto, es el Gobierno”, afirmó durante una entrevista por LN+.

Luego sostuvo que “cada vez que Toto Caputo, que está haciendo una gestión brillante por la Argentina y cada vez que está haciendo algo importante por la Argentina, sale un ejército de operadores a poner en duda su continuidad”.

“Ninguna duda”

Las afirmaciones del titular de la Cámara baja serán el abono para que el presidente Milei vuelva a fantasear en el futuro sobre otro presunto “intento golpista” en su contra. Pero el efecto inmediato de sus dichos tuvo la intención de desmentir algo de lo que todos hablan.

“No hay ninguna duda en la continuidad de Toto” y todo lo que diga lo contrario es una maniobra recurrente contra el oficialismo, adujo. “Siempre el mismo modus operandi”, insistió.

Luego defendió la política económica con los cuestionados datos citados más arriba. También reconoció que algunos sectores atraviesan dificultades pero le quitó responsabilidad al Gobierno y se los atribuyó a una supuesta desaceleración de la actividad producto del encarecimiento internacional del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

De paso hizo campaña electoral para los comicios que tendrán lugar dentro de un año. Dijo que buscará acuerdos electorales con los gobernadores que compartan la política de desregulación (vaciamiento del Estado) y rechazó las versiones sobre supuestas diferencias dentro del Gobierno respecto de la velocidad con la que deberían cerrarse las alianzas.

“Es falso, hay algunos malintencionados que hacen circular eso”, sostuvo, y remarcó que “no podemos ponernos de acuerdo si vamos para lados distintos”.

Además, ratificó su intención de eliminar definitivamente las PASO y descartó que las diferencias (públicas y evidentes) entre Milei y Patricia Bullrich. Negó que hubiera una crisis interna por ello y ratificó que el jefe de Estado buscará un segundo mandato en 2027. “No queda ninguna duda de que el candidato en el 2027 es el Presidente. El Presidente va por la reelección”, enfatizó.

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“Cristina está presa porque saben que sin equidad de géneros no hay justicia social”, reclamaron

En el marco del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, Córdoba pidió por la libertad de Cristina

A la vera del Río Suquía, organizaciones sociales y políticas rechazaron la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamaron que su proscripción atenta contra la democracia. También hubo pedido de justicia por el intento de magnicidio y dardos contra Milei y la Corte Suprema.

La ciudad de Córdoba se encuentra este fin de semana desbordada por una gran multitudad que llegó para participar del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. Con gran cantidad de talleres, actividades culturales y debates, la construcción colectiva del movimiento feminista y plurinacional tiene como escenario este año a las escuelas y espacios públicos de La Docta.

En este marco, distintas agrupaciones sociales y políticas llevaron adelante la Plaza Kristina Libre, un nuevo grito desde Córdoba para rechazar la condena de la ex vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, exigir su liberación e impugnar su proscripción política.

Las militantes a la vera del Río Suquía. Córdoba12

Pasadas las 12 horas de este domingo, una multitud de militantes comenzó a copar la vera del Río Suquía al frente del Parque Las Heras, entre el puente Centenario y el puente Peatonal del parque, de donde colgaban gran cantidad de banderas de agrupaciones. “Volveremos a Kaminar juntas”, rezaba la más grande de ellas, de fondo blanco y letras rojas ricoteras.

Cristina libre: “A las mujeres de esta Patria nunca pudieron doblegarlas”

Flor Corazza, del Frente de Mujeres La Cámpora, inició la lectura del documento y pidió por la liberación de la primera presidenta electa del país y dos veces presidenta, “quien hace más de un año se encuentra injustamente detenida”. La dirigente enfatizó: “A Cristina la proscribieron y detuvieron porque nunca se doblegó ante el poder real y jamás se movió del lado del Pueblo”.

Luego fue el turno de Coti San Pedro, de Patria Grande, quien destacó “algunas de las leyes y políticas de los gobiernos de Cristina que nos dieron más igualdad”, mencionando la Asignación Universal por Hijo, la jubilación de Amas de Casa, la Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, reconocimiento de derechos en el Código Civil y Comercial, entre otros. Ante una gran cantidad de militantes que ocupaban esa orilla de la Costanera cordobesa, San Pedro remarcó que “Cristina es ejemplo de que las mujeres podemos y debemos ocupar lugares de decisión política. Cristina está presa porque saben que sin equidad de géneros no hay justicia social”.

Las militantes coparon la orilla del Río Suquía. Córdoba12

Meli Brugge, de La Duarte, se refirió a la violencia simbólica y mediática de la que fue y sigue siendo principal sujeto la ex presidenta. “Se impuso el odio a través de mentiras sistemáticamente reiteradas en tapas de diarios y revistas”, sostuvo la militante, quien relacionó este clima de odio con el intento de magnicidio contra Cristina a manos de Sabag Montiel y Brenda Uliarte. Las dirigentes y la militancia renovaron el pedido de justicia por este hecho de violencia política: “Seguimos exigiendo saber ¿quiénes son los verdaderos responsables? ¿quiénes son los autores intelectuales?“.

“Este intento de magnicidio culminó con la ilegítima detención de Cristina”, continuó Brugge, alegando así que “los grupos concentrados de poder económico lograron su máximo objetivo: impedir que se presentara como candidata en las elecciones del 2027, privándola también de su libertad”. La representante de La Duarte cerró su alocuación advirtiendo que el sistema democrático está en peligro ante la proscripción de la ex vice presidenta: “¡Mientras Cristina permanezca detenida, no podemos hablar de democracia!“.

Las militantes coparon la vera del Río Suquía. Córdoba12

En ese sentido, párrafo aparte mereció en el acto la Corte Suprema, considerada por estas agrupaciones como la “responsable institucional directa de la proscripción y detención ilegítima de la máxima líder opositora y de consolidar la persecución política”, según leyó Pilar Gil, de La Cámpora.

“La quieren a Cristina fuera de escena y a una oposición disciplinada para avanzar con la quita de derechos y la entrega de nuestro país”, declaró la representante camporista, quien pidió por una reforma judicial que contemple una Corte y un “Poder Judicial al servicio del Pueblo y no de las corporaciones económicas”.

A continuación, María Cassani del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) hizo un diagnóstico de la situación económica, política y social de estos últimos tres años y sostuvo que desde la gestión Milei en el Gobierno “vinieron a imponer un modelo de hambre y saqueo”. “La reforma laboral, la flexibilización, el FMI y la entrega de soberanía no generaron más trabajo. Vemos tendales de trabajadoras y trabajadores despedidos, vemos familias endeudadas y rotas, vemos pibes sin futuro hundidos en las apuestas, vemos aumentar los problemas de salud mental y las violencias, vemos exclusión y pobreza”, declaró Cassani, pero haciendo énfasis en que, ante tan sombrío panorama, “aquí estamos, organizadas y en lucha”.

Las militantes coparon la orilla del Río Suquía, al frente del Parque Las Heras. Córdoba12

Acto seguido fue el turno de Flor Grosso y Maxi Mejías de Patria Diversa, una organización que promueve y defiende los Derechos Humanos del colectivo disca y de la comunidad LGBT+. “Nos encontramos en la provincia del Cordobazo, la que salió a las calles por el regreso de Perón, la de las vigilias por el aborto legal, seguro y gratuito, donde gritamos Ni Una Menos y donde el 10 de junio de 2025 salimos movilizadas y movilizades a reclamar por la injusta condena de nuestra compañera. Córdoba, al igual que el resto del país también reclama por Cristina libre”, reclamaron.

La lectura del documento estuvo a cargo de Luciana Córdoba de SECASFPI, el sindicato que nuclea a los trabajadores y trabajadoras de la ANSES. “Con Cristina presa, no hay democracia”, aseguró la Secretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión Directiva Nacional del gremio, argumentando que esta proscripción impide también que el electorado vote de manera libre y soberana en pos de “una Argentina con trabajo, equidad de género, con salud, con ciencia y educación”.

“A las mujeres de esta Patria nunca pudieron doblegarlas. Por las compañeras detenidas desaparecidas, por las Madres y Abuelas, por Milagros Sala, por Evita, por comprensión histórica y por decisión política. Queremos a Cristina libre y presidenta para construir junto a ella una patria justa, libre y soberana”, finalizó la gremialista.

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11 de octubre de 2026

Elecciones 2027: Movimientos de Axel y Cristina aceleran las definiciones en el peronismo

La defensa de la ex presidenta espera que el Comité de Derechos Humanos, que sesionará a partir de la próxima semana, habilite su candidatura. Kicillof avanza con una agenda propia y posterga la discusión electoral. 

Inexorables, los tiempos de definiciones se acercan en el peronismo. Los 18 especialistas que integran el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sesionarán desde el próximo lunes 19 hasta el 6 de noviembre en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. La expectativa de los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner es que el organismo no sólo admita su reclamo para que se revise la condena en la causa Vialidad, sino que también conceda la cautelar para suspender la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos y permitirle presentarse en 2027. En tanto, el gobernador Axel Kicillof ya está en marcha y participará el jueves de la gran movilización convocada al Congreso, en sintonía con la sesión especial que impulsa la oposición. Su línea es mantenerse cerca de quienes llevan sus demandas al gobierno de Javier Milei, frente al que busca afirmarse como contracara. El diputado Juan Grabois sorprendió con una definición que conecta ambos movimientos: "Si Cristina no es la candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquiera que piense otra cosa está delirando".

Meses atrás, Cristina Kirchner incorporó a su defensa al abogado español Javier Borrego y al brasileño Rafael Valim, expertos en litigios internacionales. Valim integró el equipo jurídico de Lula, cuyo caso constituye el principal antecedente que puede esgrimir la ex presidenta. Sin embargo, hay diferencias: en 2018, el Comité de la ONU se pronunció a favor de que se le permitiera a Lula presentarse a las elecciones cuando todavía tenía instancias judiciales a las que recurrir. Cristina, en cambio, ya agotó el camino en los tribunales argentinos. Además, el expediente de Lula llevaba más tiempo en trámite, mientras que la presentación de CFK se realizó en julio pasado y requiere una respuesta ya mismo que le permita competir en 2027 

En el entorno de la ex presidenta sostenían que se trataba de dos sistemas judiciales diferentes y que no tenía demasiado sentido detenerse en el detalle de esa comparación. El comité, presidido por el surcoreano Changrok Soh y con el chileno Hernán Quezada -defensor de víctimas de la dictadura pinochetista- como vicepresidente, iniciará esta semana las conversaciones reservadas entre sus integrantes para revisar las comunicaciones individuales recibidas. Durante las sesiones, luego de analizar la situación de cada país, sus miembros se abocan a las peticiones individuales como la de Cristina, que incluye un pedido de cautelar por sus derechos civiles y otro por las condiciones de su detención domiciliaria. "Es un caso muy relevante que exige una solución rápida", explicó Valim. Agregó que, como juristas, tenían la responsabilidad de transmitirle al comité la necesidad de que se pronuncie cuanto antes, ante la proximidad del inicio del proceso electoral y el riesgo de que el daño sea irreparable.

Si el comité se pronuncia a favor del pedido de la defensa de Cristina y solicita al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de sus derechos políticos, como hizo con Lula en 2018, se abrirá la discusión sobre cómo responderá la Justicia argentina. Para el cristinismo no hay dudas: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo tienen jerarquía constitucional, por lo que consideran que el cumplimiento no es optativo. "Si un país no cumple se aleja de los parámetros democráticos", sostenían en el entorno de la ex presidenta. También descartaban que Cristina pudiera inscribirse como candidata en las PASO para luego retirarse de las generales y dejar su lugar a su compañero de fórmula. "No sabemos de dónde salen esas especulaciones. Cristina siempre actuó de manera clara: si la habilitan y se presenta, es para ir hasta el final", aseguraban.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, aclaró que no era abogado ni especialista en el tema, pero dijo entender que un dictamen del Comité no era vinculante para la Justicia argentina. También expresó su deseo de que se pronunciara a favor de la ex presidenta, aunque aclaró que, si eso sucedía, analizarían el año próximo qué posición tomar, dado que habían fijado para 2027 la discusión de las candidaturas. "Veremos el año próximo cómo es la situación, quién convocó más y quién representa más", deslizó en una entrevista con Cenital. Sus declaraciones provocaron la reacción de los dirigentes alineados con Cristina, que reclaman que el resto del peronismo se encolumne detrás de su conducción política y de su eventual candidatura.

Bianco retomó una idea que divide aguas en el peronismo: construir una alternativa amplia, con una candidatura única dentro de lo que denominó "campo popular". Respondía a un planteo del diputado radical Martín Lousteau sobre la necesidad de "juntarse todos" los que se oponen a Milei, desde sectores del PRO hasta Myriam Bregman, pasando por Cristina y Kicillof. "Nuestra acción política es para sumar a todos los sectores posibles a un frente", agregó Bianco. Aunque también propone incorporar a otros espacios, Máximo Kirchner viene sosteniendo que no alcanza con armar un frente para oponerse a alguien, en este caso Milei. Todo sea por encontrar una diferencia en cada tema que se pone sobre la mesa.

Por más que en su entorno insistan en que las candidaturas se discutirán el año que viene, Kicillof quedó posicionado tras el reciente plenario nacional de su Movimiento Derecho al Futuro y su frase "cuenten conmigo para que el año que viene Argentina tenga una alternativa". Esta semana, el gobernador elevó el tono de su rechazo a las políticas de Milei, con un énfasis acentuado, por momentos casi enojo. En un acto por el aniversario de la ley de educación pública, anunció que participará de la marcha del jueves por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. "Nos vamos a encontrar en las calles el 15 de octubre", adelantó. Su posicionamiento incluye estar presente en las movilizaciones que expresan un rechazo frontal a la administración libertaria. El acto por la educación en La Plata dejó, además, un dato político: tres gobernadores enviaron a sus ministros para que los representaran, Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones) y Martín Llaryora (Córdoba).

En medio de las tensiones internas, Grabois dejó descolocados a algunos con una definición tajante. "Si no es Cristina es Axel, te guste o no te guste. Es Axel, es el único que existe. No podés inventar un Uñac, todo eso es un delirio", afirmó en diálogo con Radio Con Vos. En el sector de la ex presidenta buscan preservar su centralidad para que, si no puede ser candidata, tenga un papel decisivo en la definición de las listas. Por eso se resisten a reconocer a Kicillof como el candidato lógico si antes no pasa por San José 1111. Aunque todavía falta para las elecciones, los momentos de las definiciones importantes están a la vuelta de la esquina. 

El Destape

 

Privatización de Aysa: piden frenar la entrega de la empresa a manos privadas

Legisladores opositores presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA sobre la base de que el Gobierno de Milei la entregó a un precio vil. Las obras abandonadas y el "crimen" de querer cortar el agua por falta de pago.

La administración Milei continúa con su programa de saqueo. Detrás de la privatización de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) se esconde un esquema de legalidad fraguada para entregar un activo central a un precio vil. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que depende del Ministerio de Economía, mantuvo en secreto la tasación oficial de la empresa, a partir de una resolución que no fue publicada en el Boletín Oficial. Para coronar la jugada, se apartó al Tribunal de Tasaciones de la Nación.

No hubo error de cálculo. Es un modus operandi del saqueo. Algo similar ocurrió con las centrales hidroeléctricas del Comahue, también tasadas a precio vil, al igual que las centrales nucleares incorporadas en Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

El consorcio ganador para la privatización de AySA, integrado por Rowing S.A, Transclor, Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua, ofertó 340 millones de dólares. El economista Jorge Carrera recordó que en 1999 se había pagado por Obras Sanitarias de la Provincia (OSBA) 400 millones, que a valores actuales serían cerca de 800 millones de dólares.  

Las diputadas Ana María Ianni, Florencia Carignano y los senadores Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, presentaron una medida de amparo para frenar la entrega a precio vil de AySA. También hubo una presentación ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El derecho humano de acceder al agua

La administración Milei aumentó la tarifa de agua en un 538% desde noviembre de 2023 hasta marzo de este año. Esto convirtió a AySA en superavitaria, dato que no significa nada si se tiene en cuenta que desde entonces se abandonaron todas las obras vinculadas a la expansión de cloacas y saneamiento.

“Hicieron una linda caja y hoy la regalan. Actuaron de la misma forma que con Transener donde mejoraron la caja subiendo tarifas el mismo mes que la vendieron”, sostuvo la diputada Julia Strada (Unión por la Patria) a través de sus redes sociales.

ENARSA concretó la venta de su participación en Transener el 12 de mayo de 2026. Ese mismo mes salió la resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobando un aumento de tarifa eléctrica.

“Con AySA el modus operandi fue parecido. Aumentaron las tarifas de agua un 538% desde que asumieron para hacer caja y lograr que la empresa sea superavitaria (en el primer trimestre de 2026 registró un resultado financiero positivo superior a $41.000 millones) para después regalarla”, agregó la legisladora.

A pesar de haber hecho esa “caja”, todas las ampliaciones de infraestructura cloacal fueron frenadas. “En diciembre de 2023 había 273 obras en ejecución según datos del Mapa de Inversiones. Por lo menos a mayo del año pasado (último mes de actualización de la información) ninguna de esas obras había tenido algún tipo de avance físico (ni siquiera del 1%). El gasto de capital que efectúa AySA cayó un 75% en términos reales desde el cambio de gestión”, puede leerse en un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

En Argentina todavía existen 965.216 hogares (el 6,1% del total) que no tienen agua dentro de la vivienda por cañería.

El aumento de tarifas no fue inocuo para la población. Gran parte de las familias que reciben el servicio de AySA no pueden pagar las boletas. Esta problemática quedó consignada en “Cuentas Incobrables” dentro del balance de la compañía, siendo el único concepto de gasto que subió desde el cambio de gestión (+89,3% en términos reales).

“La cantidad de usuarios que estarían teniendo demora en el pago de sus boletas se habría situado en el 2026 en los 488.978, un aumento del 33,6% contra 2023, agregaron desde el IAG.

Este es un dato sumamente alarmante, teniendo en cuenta que el DNU 493/2025 habilita al futuro concesionario a cortar el servicio por mora en el pago de las facturas. El decreto en cuestión fue el que habilitó la privatización de esta empresa estratégica. En su artículo 81 se dispusieron las condiciones para el corte del servicio.

“La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente Marco Regulatorio. El corte del Servicio Público procederá por falta de pago de una factura con una mora de como mínimo, SESENTA (60) y QUINCE (15) días para los Usuarios residenciales y no residenciales, respectivamente, contados a partir de su segundo vencimiento”, puede leerse en el DNU.

El agua es vital para la vida humana; acceder al agua es un derecho humano. Por eso debería ser un servicio público a perpetuidad. La autorización gubernamental para los cortes del servicio por falta de pago, ¿no debería considerarse un acto criminal?

La entrega a precio vil de AySA

El consorcio integrado por Rowing S.A, Transclor (grupo Filiberti), Arcos Saneamento e Participações y PHX Aqua quedó primero en la licitación para quedarse con el 90% de las acciones de AySA tras ofertar la ganga de 340 millones de dólares.

El dueño de Rowing es Walter Román. Este apellido, junto al de los Neuss, va conformando el anillo de privilegiados dentro de los negocios con el Estado bajo la administración Milei. La familia Román también se quedó con la estratégica Vía Navegable Troncal como socios locales de la belga Jan de Nul. Fue a través de la empresa Servimagnus, propiedad de Leonardo Román, sobrino de Walter.

Lo que está haciendo el Gobierno de Milei es una entrega de activos claves a precio vil y bajo un esquema de opacidad. Los legisladores Ana María Ianni, Florencia Carignano, Adán Humberto Bahl y Jorge Capitanich presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA.

La presentación –que recayó en el Juzgado Contencioso N° 3 a cargo de Santiago Ricardo Carrillo-  apunta a que el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Martín Chaher, presente texto el oficial e íntegro de la Resolución ATEP N.O 1/2026 (dictada el 01/04/2026), mediante la cual se declaró con carácter "reservado" de forma general todos los informes de tasación y valuación de los procesos de privatización.

La entrega de AySA se sostiene sobre la farsa de una tasación opaca realizada a las sombras de la población. Para llevar adelante esta maniobra de legalidad fraguada, el Ministerio de Economía, a cargo del endeudador serial Luis Caputo, corrió al Tribunal de Tasaciones – un órgano autárquico – para que las valuaciones sean realizadas por el BICE o bancos privados. Lo mismo se hizo con las centrales hidroeléctricas del Comahue y Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA).

“Se derivó la tarea de valuación a una unidad especial del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), la cual aplica el criterio de Flujo Neto de Fondos Descontados importado del marco eléctrico. Dicho método propende a generar subvaluaciones de activos estatales al basarse en ganancias hipotéticas”, puede leerse en la demanda presentada por los amparistas.

La Comisión Bicameral le había solicitado a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas los trámites internos de la tasación pero Chaher respondió que rechazaba la solicitud invocando el secreto amparado en una norma no publicada en el Boletín Oficial (Res. ATEP 1/2026).

“De adjudicarse la licitación sin el conocimiento previo de la tasación oficial por parte de los órganos de control y de la sociedad, se consolidará un daño irreversible sobre el patrimonio público nacional”, agregaron los amparistas.

La tasación de un activo estatal estratégico no constituye un "secreto comercial" oponible al propio Congreso ni a la ciudadanía. El artículo 1 de la Constitución Nacional consagra la difusión de todos los actos públicos.

“Existe una arbitrariedad y manifiesta ilegalidad en la conducta de la demandada al declarar el carácter "reservado" de la tasación oficial invocando una norma inoponible y no publicada en el Boletín Oficial. Se observa así una animosidad a ocultar información que debiera ser pública y conocida por la Comisión Bicameral cuanto menos, impidiendo además el buen funcionamiento de la misma y por lo tanto del efectivo principio republicano mediante el cual existe una clara división de poderes y contralor entre ellos”, concluyeron los legisladores en su demanda de amparo.

El Destape

Milei eligió a un coronel para formar a los espías

Las botas avanzan: los militares ya hablan de cambio de época

Los integrantes de las Fuerzas Armadas ganan poder en la estructura civil mientras el Gobierno busca reestructurar el sistema de defensa, seguridad e inteligencia. El número dos de Presti dice que están por salir de la “caja de cristal” en la que estuvieron las últimas décadas.

Luciana Bertoia

Cada vez que un casillero queda vacío, Javier Milei aprovecha y coloca a un militar en un lugar de la estructura civil de gobierno. Los movimientos más claros en ese sentido fueron la designación del entonces jefe del Ejército como ministro de Defensa y la calificación de la residencia de Olivos como una “base militar”. La sucesión tuvo un nuevo episodio en las últimas horas: el nombramiento del coronel Carlos Daniel Esteban como responsable de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), donde se forman los espías.

Las Fuerzas Armadas tienen otro lugar desde que La Libertad Avanza (LLA) llegó al poder. Más allá del desfinanciamiento y la pauperización de los salarios, hay retribuciones simbólicas. Un funcionario que trata al Presidente desliza al pasar: “Es muy pro-milico”.

En la Cámara de Diputados se discute por estos días el proyecto de ley conocido como “Defensa de la Soberanía Nacional”, que el Gobierno presentó como parte de su revalorización de la causa Malvinas, pero que, en realidad, esconde una reestructuración general del sistema de defensa, seguridad e inteligencia.

Uno de los enviados oficiales para defender la iniciativa fue el general Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) del Ministerio de Defensa. Puebla es, en realidad, el número dos de Carlos Presti.

En su exposición, Puebla dijo que la Ley de Defensa, pronta a cumplir 40 años, había cumplido un ciclo y que estaban propiciando un cambio de paradigma. Sostuvo que el rol que habían tenido las Fuerzas Armadas durante la pandemia hizo que alcanzaran el “máximo índice de confianza” y afirmó que ya habían dado sobradas pruebas de que eran democráticas —buscando establecer una separación respecto de aquellos que entraban encapuchados a las casas para desaparecer a sus víctimas y robar a sus hijos—. “No podemos continuar en una caja de cristal preparándonos para una agresión estatal externa”, afirmó, en confrontación con la lectura que predominó durante los gobiernos kirchneristas.

Los hombres de uniforme sienten que llegó su momento. El viernes, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció que Esteban se haría cargo de la ENI. La información de que sería el reemplazante de Juan Bautista “Tata” Yofre circuló en las últimas semanas. De hecho, el 20 de septiembre, Página/12 le envió un mensaje a Esteban para corroborar la versión. El coronel optó por el silencio.

Daniel Esteban UNDEF

Esteban, de 72 años, se desempeñaba hasta el momento como secretario de Ciencia de la Universidad de la Defensa y como asesor de Presti. Tiene un doctorado en Ciencia Política y otro en Derecho Internacional Humanitario. Viene de familia militar: su padre era de la Fuerza Aérea.

La SIDE destacó otro hecho: lo presentó como veterano de la Guerra de Malvinas. Esteban estaba en el Regimiento de Infantería 25, al mando de Mohamed Alí Seineldín, que desembarcó en las islas. Con el regreso a la democracia, Esteban pasó a ser una cara amable del Ejército para hablar de la guerra. Solía recorrer medios de comunicación. Hacia finales de los 80, tuvo una discusión pública en el Senado bonaerense con Néstor Larsen, entonces referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata —el mismo organismo al que la Corte Suprema le desconoció legitimación para reclamar por la validez de la Ley de Tierras y que denuncia las torturas a los conscriptos durante el conflicto bélico—. “Se ve que el teniente Esteban y nosotros estuvimos en una guerra distinta”, dijo entonces Larsen.

El diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria), que ejerció como ministro de Defensa e interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, hoy SIDE), sostiene que la designación de Esteban marca un retroceso. “Volver a generar un proceso de formación de cuadros de inteligencia conducidos por un militar parece ir en contramano de la razón de la creación del organismo, que era tener inteligencia por fuera del Ejército y la Armada. Hay un avance de los militares en el ámbito político, como se ve en el Ministerio de Defensa, que está totalmente militarizado”, dice en diálogo con este diario.

Para Rut Diamint, la mayor presencia de uniformados en el Gobierno funciona como un movimiento doble. “El proceso en sí es desconocer el pasado y remilitarizar el presente y el futuro”, dice la profesora de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigadora principal del Conicet, ante una consulta de este medio.

Diamint explica que el proceso de militarización —es decir, que los civiles convoquen a militares a ocupar lugares clave— se está dando en toda América Latina por dos razones, básicamente: por un lado, los civiles creen que su presencia les da mayor estabilidad y, por otro, se los usa para responder ante la demanda social de mayor seguridad como una forma de seducir a los electorados. La investigadora explica que, en la concepción de Milei, los militares aparecen como “un sustento para el desarrollo económico”.

Argentina había recorrido hasta ahora un sentido inverso al de la región. “Argentina había sido un caso peculiar por los juicios por crímenes de lesa humanidad”, resalta, aunque cree que el apoyo social al juicio y castigo está en declive. Los uniformados supieron, como diría Juan Perón, desensillar hasta que aclare. Y la luz llegó con Milei. “Los militares nunca fueron democráticos. Ellos siguen creyendo que lo que hicieron estuvo bien”, concluye.

La principal señal del cambio de época se produjo en diciembre pasado, cuando Milei puso al general Presti al frente del Ministerio de Defensa. Ni siquiera debió pasar a retiro para ocupar un lugar en el Gabinete. Su elección no solo implicó el avance de los militares, sino también la reivindicación de apellidos directamente ligados a la dictadura. Roque Presti, padre del actual ministro, estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, que comandó la represión en todos los partidos que rodean a la capital bonaerense.

“La conducción civil de las Fuerzas Armadas es un pilar de la democracia argentina y una conquista institucional de más de 40 años. Designar a militares en la estructura civil desdibuja la necesaria separación entre el poder político y la institución militar, y pone en riesgo el principio de subordinación militar al poder civil. Las Fuerzas Armadas deben estar abocadas a la defensa de la soberanía nacional”, afirma, por su lado, Jorge Taiana, actual diputado nacional y exministro de Defensa.

Semanas atrás, en la misma entrevista en la que dijo haber deportado a 30 mil terroristas, Milei afirmó que había convertido a la Quinta de Olivos en una “base militar” porque tiene “enemigos muy pesados en el mundo”. En la práctica, esto implicó que la Casa Militar se ocupe de tareas que antes hacían civiles, más allá de controlar los ingresos, como hacía con anterioridad. La tarea quedó en manos del coronel Fernando Tereso, número dos de la Casa Militar y hermano de Jorge Tereso, el secretario general del Ejército que fue desplazado por Néstor Kirchner después de que enviara una carta a tribunales pidiendo que los detenidos por crímenes contra la humanidad pasaran Navidad en sus casas.

Para Sabina Frederic, la mayor presencia de militares también se explica por la falta de cuadros propios de LLA. “Están alineados políticamente. Los salarios de todo el personal militar, sobre todo de los retirados, están muy deteriorados. O sea, son fáciles de reclutar”, explica la antropóloga y exministra de Seguridad.

La pregunta para Frederic es qué pueden aportar, por ejemplo, los militares en la SIDE. “Están entrenados en una doctrina de inteligencia que no está actualizada. Sí, tienen formación en operaciones psicológicas o el control de la disidencia”, alerta.

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