Ajuste, sueldos de pobreza y aulas en peligro: el mapa nacional del colapso docente bajo la gestión de Milei

Los trabajadores de la educación son uno de los sectores más golpeados por el ajuste libertario y la crisis económica que las políticas nacionales están profundizando. Una radiografía de las condiciones salariales de los docentes de cada provincia del país. 

Nicolas Sartoris

Si bien las demandas de los trabajadores de la educación arrastran un largo historial de postergaciones, el gobierno Javier Milei llegó para arrasar con todo y ejecutar un ensañamiento estructural sin precedentes. Días después de asumir el poder a fines de 2023, el Gobierno Nacional aplicó una devaluación del 118% —la peor desde las de la hiperinflación de 1989—, lo que detonó un shock de precios y sepultó los salarios por debajo de la línea de pobreza. Esta pérdida real y sostenida en los ingresos provocó que los maestros jamás pudieran recuperar el terreno perdido, profundizando la situación de asfixia económica. La temperatura se elevó tanto en estos dos años y medio que los docentes advierten por una situación "al borde de un estallido" que podría materializarse "en cualquier momento". 

La política de "equilibrio fiscal" tiene a la educación como uno de sus blancos principales. Durante el primer año de gestión libertaria, el gasto estatal en esta área se desplomó un 30% en términos reales, una cifra inédita en la historia argentina. Este derrumbe se explica a partir del desmantelamiento: desde la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), pasando por el recorte en becas estudiantiles, la paralización de la infraestructura escolar y el desfinanciamiento de la educación técnico-profesional. Este abandono edilicio y presupuestario se traduce cotidianamente en aulas desbordadas, donde los docentes hacen "malabares" para sostener el proceso de enseñanza y aprendizaje en condiciones críticas.

El Destape

Docentes universitarios convocan a otra semana de paro nacional contra el ajuste de Milei 

La CONADU dispuso una nueva semana de huelga en las casas de altos estudios. Se llevará a cabo entre el 25 y el 31 de mayo. Piden que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento.  

Todo lo contrario al descargo de Milei

Fred Machado se declaró culpable de fraude y lavado en EEUU y complicó aún más a José Luis Espert

Fue a cambio de descartar la acusación de narcotráfico, delito por el que igualmente está presa su socia. El excandidato a diputado de LLA sigue sin explicar el origen de los 200 mil dólares que recibió de su empresario amigo.

Irina Hauser

La justicia federal de Texas admitió el acuerdo que hizo Federico “Fred” Machado con la fiscalía de ese Estado por el cual se declaró culpable de lavado de activos y fraude en la venta de aeronaves a cambio de descartar una acusación por narcotráfico, además de evitar el juicio por jurados. Aunque Javier Milei tuitee que esto demostraría que José Luis Espert –quien recibió dinero y aportes de Machado durante su campaña presidencial en 2019—fue blanco de “una operación política y mediática infame” que lo empujó “al ostracismo”, lo que sucede en Estados Unidos no solo no detiene las investigaciones contra el exdiputado de la Libertad Avanza sino que hasta podría complicarlo. Espert ya había reconocido que recibió una transferencia de 200.000 dólares de Machado por un supuesto trabajo de consultoría para la empresa Minas del Pueblo a través del Bank of America, pero hasta ahora no hay ni una constancia de que ese trabajo haya existido.

Aquellos 200.000 dólares que el propio Espert reconoció, no fueron declarados y eran parte de un acuerdo mayor, por un 1 millón de dólares. Tanto en Estados Unidos, en el caso de Machado, como en Argentina, en el del exdiputado, ese dinero es considerado parte de una cadena de posible lavado de activos.

Espert es investigado por ese delito en una causa a cargo del fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli, en San Isidro, que pone el foco en su incremento patrimonial y nivel de vida a partir del vínculo con Machado desde 2019 y donde fueron detectadas una gran cantidad de operaciones bancarias dudosas. En este caso, como sacó 80.000 dólares de una de sus cuentas tras ser denunciado, se dispuso el congelamiento de todos sus bienes. No puede hacer operaciones. En otro expediente radicado en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, el delito es el mismo pero el foco son 36 viajes en dos aviones de Machado, el uso de una camioneta blindada y otros aportes a la campaña presidencial. En un comienzo, “el profe” –como lo llama Milei—había reconocido un vuelo, pero los viajes resultaron sistemáticos.

En un posteo del domingo a la noche, titulado “Periodistas de Mierda (95%)”, el Presidente acusó una vez más a periodistas que según él “difamaron” a Espert y “lo condenaron sin pruebas”. Su argumento era que “la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que ese acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, en alusión a Machado. La afirmación es tramposa, o en rigor, incorrecta, ya que no fue declarado inocente sino que se retiraron esos cargos pero quedaron en pie los de conspiración para lavar activos y fraude electrónico. Para la investigación respecto del exdiputado y excandidato en Argentina, es indistinto si se trata de narcotráfico, fraude u otro delito. Para mostrar el lavado tiene que haber un “delito precedente” –que sea fuente del dinero sucio-- pero no es requisito que exista una codena, explicó a Página/12 un funcionario que participa en una de las causas.

El acuerdo en Texas

La audiencia en la que Machado se declaró culpable este lunes por la mañana duró 16 minutos. El juez Don D. Bush le hizo algunas preguntas para verificar que comprendía las consecuencias del acuerdo con la fiscalía. Ahora el juez de distrito Amos L. Mazzant es quien tiene que dictar la sentencia. El acuerdo establecido y homologado por el juzgado señala que la pena máxima es de 20 años de prisión, 3 de libertad vigilada y multa de 250.000 dólares, pero no fija ningún monto de pena concreto todavía. Eso vendrá en un próximo paso. Pero Machado, que lleva seis meses en la cárcel de Oklahoma, aspira a que se computen los cinco años que ya estuvo detenido –la mayor parte con prisión domiciliaria en Viedma desde donde fue extraditado el año pasado—y el cálculo caiga drásticamente. Su apuesta es recuperar la libertad.

En el acuerdo de culpabilidad, Machado admite que junto con otras personas promovió y participó en un esquema ponzi de estafa con la venta de aeronaves. Reconoce haber integrado una organización para lavar dinero mediante transacciones destinadas a ocultaron el origen y manejo de los fondos. Recibió transferencias de inversores por aviones de las líneas aéreas Air India, All Nippon Airways y otra con asiento en China, que no se encontraban en venta. Hay operaciones de 2019 y 2020, aunque anteriores también. Para un avión de Air India se detectó un “acuerdo para un depósito reembolsable de 5.000000 de dólares”. “Posteriormente, 550.000 dólares fueron transferidos para un uso distinto de la compra del avión”, dice el pacto. Las empresas que usaba Machado eran South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing, junto con Wright Brothers Aircraft Title.

Desde ésta última, propiedad de la socia de Machado, Debbie Mercer Erwin, salió el pago de 200.000 dólares para Espert. Mercer Erwin fue condenada por la misma trama por la que ahora se lo juzga a Machado a 16 años de prisión. En su caso quedó incluido el delito de narcotráfico, además de lavado y fraude.

Por eso, más allá de que retiren los cargos por narcotráfico a Machado, las pruebas siguen estando en la causa. A pesar del acuerdo que propuso la fiscalía, los aviones ligados a Machado nunca dejaron de estar vinculados a operaciones de narcotráfico.

Espert en la mira

En la causa que tramita en San Isidro se investigan los 200.000 dólares del pago de Machado mucho más: el salto patrimonial y en el nivel de vida que da Espert desde 2019, cuando se vincula con aquel, hasta 2025. En un comienzo tenía con su tarjeta Visa Platinum (con extensiones para su esposa e hijo) gastos de aproximadamente 3000 dólares. Cuando terminó la campaña presidencial se compró la casa en Beccar, por algo más de 450.000 dólares y luego un BMW nuevo que tiene un precio de mercado de 83.500. El año pasado sus gastos mensuales bancarios ascendían al equivalente a unos 11.000 dólares mensuales. Pero, además, se detectaron unas extrañas operaciones a través de un informe del Banco Francés: recibió transferencias millonarias de cuentas vinculadas a ochos sociedades y personas humildes y hacía depósitos por cajero como para evitar los controles tributarios. Habría depositado unos 250.000 dólares por mecanismos dudosos.

Por ahora se prorrogó la inihibición de bienes suyos y de su familia, no sólo por la extracción al inicio de la causa de los 80.000 dólares sino porque se detectó la existencia del fideicomiso Costa Dunas, al que había adherido la esposa de Espert en febrero de 2025, ligado a un emprendimiento inmobiliario de lujo cerca de Costa Esmerando. La mujer había aportado allí 55.501 dólares en concepto de anticipo y 50.893.221 pesos (como parte de siete cuotas mensuales pactadas). La sospecha es que era una vía para canalizar fondos.

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Otro caso de sobreprecios

Luis Petri, denunciado por la compra de un avión presuntamente sobrevaluado y con fallas técnicas

Marcela Pagano acusó al exministro de Defensa por presuntas irregularidades en una compra millonaria para la Fuerza Aérea.

La diputada Marcela Pagano denunció al exministro de Defensa Luis Petri por presuntas irregularidades en la compra de un avión para la Fuerza Aérea Argentina. Según la presentación, la aeronave fue adquirida por un monto que superaba ampliamente su valor estimado y llegó con fallas técnicas registradas por la propia fuerza.

La denuncia, radicada en la Justicia Federal, también alcanza a funcionarios del Ministerio de Defensa y militares que habrían intervenido en la operación.

En la denuncia figura la compra, realizada en 2025, de un Embraer ERJ-140LR a la firma estadounidense Regional One Inc. por 4.085.000 de dólares. Para Pagano, el avión tenía un valor de mercado de 2.300.000 de dólares aproximadamente.

Una compra con muchas irregularidades

La diputada del bloque Coherencia afirma que el proceso estuvo marcado por decisiones difíciles de explicar. En la denuncia sostiene que el pliego habría sido elaborado para beneficiar a un proveedor determinado y señala un dato que considera revelador: el avión ya tenía los colores de la Fuerza Aérea Argentina desde 2023, dos años antes de que se abriera formalmente la licitación.

Pagano también pone el foco en la responsabilidad política de Petri. Según el escrito judicial, una impugnación presentada por la empresa Alpha Aviation llegó al propio Ministerio de Defensa en julio de 2025. A eso suma que una investigación interna sobre posibles irregularidades habría quedado archivada.

Un avión con fallas

Otro de los puntos que tensionan el expediente es el estado en que habría sido recibida la aeronave. La denuncia asegura que la Fuerza Aérea documentó 19 deficiencias técnicas graves, entre ellas fugas de aceite, corrosión y desgaste en mandos de vuelo.

Ante este caso, el actual diputado y exministro negó haber encubierto maniobras irregulares y sostuvo que impulsó una denuncia penal antes de dejar el cargo.

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La Fiscalía ordenó la detención del líder de la Central Obrera Boliviana

Bolivia: manifestantes llegaron a La Paz para exigir la renuncia del presidente

indígenas, campesinos y sindicalistas intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde se encuentra la sede del gobierno, pero la policía reprimió con gases lacrimógenos.

La multitudinaria marcha de miles de activistas sociales, indígenas y sindicalistas llegó este lunes a La Paz procedente del altiplano boliviano en el marco de la huelga general contra el presidente, Rodrigo Paz, y sus políticas de ajuste. Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, pero los policías antidisturbios reprimieron durante varias horas con gases lacrimógenos. Además la Fiscalía ordenó la detención de Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, por supuestos delitos de “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”

“Es un momento de caos”

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas. Las protestas del lunes se concentraron en los alrededores de la plaza Murillo, donde se encuentran la Presidencia y el Parlamento en La Paz, resguardados por policías y militares.

Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el ministerio de Gobierno. La agencia AFP observó al menos dos manifestantes heridos por la represión policial. Las autoridades reportaron al menos 95 detenidos y señalaron que un vehículo policial fue incendiado.

En redes sociales se difundió la detención de un ciudadano argentino por grabar la represión de la policía. Al joven se lo escucha decir a los oficiales: “No estoy pagado de ningún lado. ¿Por qué me llevás como a un delincuente?“.

“Ahora sí, guerra civil” y “¡Que renuncie, carajo!”, corearon varias veces los manifestantes, que tildaron a Paz “de incapaz” para resolver el conflicto, iniciado por la COB y la Federación de Campesinos Tupac Katari de la región andina con cortes de rutas que cumplieron 13 días. “Queremos que renuncie. Bolivia está viviendo un momento de caos”, dijo a la agencia AFP Iván Alarcón, un campesino aimara de 60 años de Caquiaviri que viajó unos 90 kilómetros para protestar.

Una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz este lunes, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 kilómetros al sur de la capital administrativa de Bolivia. “Saludamos el esfuerzo. Primera vez que veo una movilización nacional que cruza con el invierno”, arengó Morales en sus redes sociales.

Al menos cuatro muertos

Policías y militares reprimieron fuertemente el sábado a los manifestantes y lograron abrir temporalmente algunas vías de acceso a La Paz, ante la crítica escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, informó este lunes que un manifestante falleció en esos choques, al caer en una zanja. Previamente el vocero presidencial José Luis Gálvez había identificado al fallecido como Alberto Cruz Chinche.

El dirigente campesino es el cuarto fallecido durante el bloqueo indefinido de carreteras que cerca a las ciudades de El Alto y La Paz. La primera muerte contabilizada por las autoridades es la de Anna Enss, una ciudadana extranjera de 56 años de edad procedente de Belice que falleció por problemas de salud y no poder ser trasladada a tiempo a un hospital. En circunstancias similares murió Nelly Villanueva. El 14 de mayo se informó de la tercera víctima, una joven de 20 años que murió en El Alto.

Contrapunto con Evo

El gobierno de Bolivia sostuvo este lunes que se identificaron supuestos grupos armados en las protestas de campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales. el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez señaló particularmente a un exfuncionario del ministerio de Defensa identificado como Bernabé G.P., quien ahora figura como “presidente del comité de conflicto” de los llamados ‘Ponchos Rojos’, una facción de campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que tradicionalmente exhibe armas antiguas en sus protestas.

En sus redes sociales, Evo Morales aseguró: “Los mercenarios y piratas extranjeros ya empezaron a actuar en coordinación con el gobierno de Rodrigo Paz y sus aliados derechistas. Como siempre, sus primeros ataques son la mentira y el insulto. Inventan pretextos para invadir con violencia, masacrar al pueblo y asaltar nuestras riquezas”. El exmandatario dijo que “el imperio norteamericano no solo quiere eliminarme físicamente, quiere invadir Bolivia para apropiarse de sus recursos naturales como el litio”.

Sindicatos en la mira

Elevando aún más la tensión, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes la emisión de órdenes de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes vinculados a las movilizaciones y bloqueos que afectan al país. Mariaca informó, desde Sucre, que las órdenes fueron emitidas en el marco de procesos relacionados con presuntos delitos cometidos durante las protestas y bloqueos de los últimos días.

Argollo se convirtió en una de las principales figuras de las protestas impulsadas junto a sectores afines a Evo Morales, organizaciones campesinas, fabriles y mineros que avanzaron este lunes hacia el centro político paceño. Desde la COB denunciaron la “persecución judicial” y llamaron a mantener las movilizaciones. “No nos van a doblegar en la lucha que hemos emprendido. Nos están queriendo acallar como dirigencia con acciones populares y demandas penales”, apuntó el propio Argollo en un mensaje difundido en redes sociales.

Piden declarar “estado de excepción”

Mientras tanto los líderes de las instituciones de la región boliviana de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país, pidieron al gobierno que declare un “estado de excepción sectorizado” en departamentos como La Paz. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al gobierno, la Fiscalía, la policía y las Fuerzas Armadas “actuar de manera inmediata, firme y conforme a la Constitución” contra quienes “promuevan, financien, ejecuten o encubran actos destinados a destruir la democracia”.

La Constitución boliviana, vigente desde 2009, faculta al gobierno a declarar estado de excepción en casos de “conmoción interna” en todo o parte del territorio nacional, sin que eso implique la suspensión de los derechos de la población. La medida debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa dentro de las 72 horas posteriores a su promulgación. Cochamanidis convocó, además, a una “gran marcha en defensa de la democracia” que, aseguró, será “pacífica” y “contundente” y espera que se replique en las otras ocho regiones bolivianas.

La llegada al poder de Paz puso fin a 20 años de gestiones socialistas lideradas por Morales y Luis Arce (2020-2025). Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre. La inflación interanual fue del 14 por ciento en abril.

Pagina 12

Otro lunes negro en materia judicial para el jefe de gabinete

Adornigate: cobros ilegales en Punta y allanamientos en la causa por Francisco

Una denuncia periodística reveló que el exvocero cobró por una charla en la Trump Tower de Punta del Este. Su hermano menor, cada vez más complicado.

El expediente por enriquecimiento ilícito que pesa sobre el jefe de gabinete Manuel Adorni sigue acumulando fojas. Bajo la lupa de la justicia apareció un nuevo indicio: que el exvocero cobrara por dar conferencias o encabezar reuniones de lobby con empresarios, algo que tiene prohibido penalmente. Hay indicios de que algo de eso sucedió de manera clandestina durante su viaje a Punta del Este durante el carnaval de este año, en lo que parece no fue únicamente una escapada vacacional. En esa playa de Uruguay, Adorni estuvo en la Trump Tower de Punta del Este hablando para un grupo de CEOS. De confirmarse, añadiría un nuevo elemento a la proabable imputación, que el fiscal Gerardo Pollicita construye con paciencia. A su vez, la Justicia federal rastrea la evolución de los bienes de Francisco, su hermano, que tras la asunción de Milei obtuvo una rápida sucesión de altos cargos antes de asumir en 2025 como diputado por LLA.

Charla tarifada

Una investigación del periodista Sebastián Lacunza sobre el actual Jefe de Gabinete reveló que durante el viaje a Punta del Este en febrero de este año, que dio pie al caso judicial sobre su patrimonio, Adorni encabezó una charla tarifada para una docena de empresarios argentinos y uruguayos. Se realizó en la Trump Tower, edificio de lujo nombrado por el ultraderechista norteamericano. El costo del cubierto para participar en dicha reunión fue de mil dólares. Allí, el ex vocero presidencial discutió, entre otros temas, sobre la “ley de inocencia fiscal”, y se llevó en el bolsillo 12 mil dólares.

En diálogo con Radio 750, Lacunza determinó que esto pone en evidencia un doble motivo del viaje en cuestión: “cinco días de vacaciones más esta charla muy lucrativa”. “Tengo derecho a irme de vacaciones con mis hijos”, había dicho el ex vocero presidencial apenas iniciado el escándalo, para justificar su vuelo en avión privado que tuvo un costo de ocho mil dólares, además de argumentar que se trató de un viaje “estrictamente familiar”.

El evento empresarial fue organizado por el amigo de Adorni, periodista y beneficiario de contratos con la TV Pública durante la gestión actual, Marcelo Grandío, junto con el empresario uruguayo Rolando Rozenblum. Este último, referente de la colectividad israelita local y ex candidato a alcalde, afirmó que la reunión se hizo en su casa en la Trump Tower, pero negó haberles cobrado a los asistentes. Sostuvo que Adorni expuso durante 40 minutos, y después se abrió un espacio para preguntas. El hecho también fue denunciado hace dos semanas por el diputado de UxP Rodolfo Tailhade, quien además aseguró que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, costeó un viaje a Madrid para ella y cinco amigas suyas.

Francisco, estás nominado

Su hermano, actual diputado provincial por LLA, no quiso quedarse atrás. Franciso Adorni enfrenta su propia investigación por presunto enriquecimiento ilícito, tras denuncias de la diputada oficialista Marcela Pagano, distanciada de su partido. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó información detallada a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y a Migraciones para analizar sus bienes.

Por orden de Marijuán y el juez Sebastián Casanello, la Justicia Federal allanó el Ministerio de Defensa para reconstruir la acelerada carrera de Francisco Adorni en la administración pública. Poco después del triunfo de Milei en diciembre de 2023, asumió como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, luego en junio de 2025 lo designaron presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), y actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados.

Y faltaba más: salió a la luz que una parte fundamental de las justificaciones dadas por los Adorni de su incremento patrimonial es falsa. El argumento principal de Manuel Adorni para explicar un crecimiento abrupto era la venta de un departamento en La Plata, heredado de su padre. La propiedad tenía una antigua deuda de 22.500 dólares que, en noviembre de 2023, los hermanos Adorni intentaron declarar prescripta. Presentaron un pedido a la Justicia para descartarla por el paso del tiempo y por el supuesto “desinterés de los acreedores”.

Además, según trámites judiciales de febrero de 2025, en ese momento el inmueble seguía a nombre de Adorni, por lo que la propiedad no se vendió. Esto tira por la borda las tentativas del Jefe de Gabinete, que ya en 2018 desde un posteo en Twitter alardeaba haber arreglado el asunto de dicha hipoteca “con mucho esfuerzo”. Además, añadió que “con la herencia recibida pasa lo mismo, o hacemos algo o en algún momento, nos quedaremos sin absolutamente nada: sin riqueza, sin país y sin futuro”.

El artículo 265 del Código penal sostiene que “será reprimido con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

Entre reuniones tarifadas sin declarar, cargos estatales entre familia, mentiras sobre deudas millonarias y causas paralelas por enriquecimiento ilícito, los hermanos Adorni representan una administración que llegó al poder bajo la bandera de la pureza moral. Mientras tanto, en un intento fatalmente fallido de separarse de “la casta política”, el Presidente de la Nación se aferra a su Jefe de Gabinete y hace unos días sostuvo que “ni en pedo se va”.

Informe: Camila Pace/Pagina 12

Nuevo tarifazo

Aumentaron los colectivos y trenes en el AMBA: cuánto cuesta el boleto mínimo

Desde esta medianoche, los pasajes de las líneas ferroviarias salen un 18% más y los de colectivos un 2%. Cómo queda el cuadro tarifario.

Viajar en tren y colectivo por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde este lunes sale más caro. A partir de la medianoche rige el aumento del 18% en el servicio ferroviario y del 2% en las líneas de micros que recorren la ciudad y el conurbano bonaerense.

Según informó la Secretaría de Transporte de la Nación, el boleto mínimo en las líneas de trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa pasa de $280 a $330 para los usuarios que poseen la tarjeta SUBE registrada, mientras que la segunda sección sale desde este lunes $429 y la tercera, $528.

En tanto, quienes abonen en efectivo pagarán un boleto plano de $1.100. Esta no será la última suba que tendrán los pasajes del tren. El Gobierno ya definió un esquema de aumentos escalonados: habrá incrementos del 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

El Gobierno justificó la decisión en que “se han registrado incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo” y, por ello, surge la necesidad de “trasladar una parte de los costos de explotación a los cuadros tarifarios” para sostener el funcionamiento del servicio.

Tarifazo Rige el aumento en los boletos de trenes y colectivos del AMBA Secretaría de Transporte

Por otra parte, rige una suba es del 2% en los boletos de los colectivos de jurisdicción nacional. Así el pasaje mínimo para los usuarios con SUBE registrada pasa de $700 a $714 en los recorridos de hasta 3 kilómetros, mientras que para quienes no tengan la tarjeta, la tarifa mínima asciende $1.428.

El cronograna oficial también indica que habrá dos actualizaciones del 2%, la primera será desde el 15 de junio y la segunda desde el 15 de julio, mientras que, en caso de concretarse todo el esquema previsto, el boleto mínimo llegará a $742,81 hacia mediados de julio.

Esta medida alcanza solo a las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional, ya que, las que dependen de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires ya habían aplicado aumentos en las últimas semanas.

Pagina 12

Una votación clave en el Senado expuso la crisis de conducción del peronismo

El interbloque del peronismo se dividió en la votación por la prórroga del mandato del camarista "Coco" Mahiques, figura emblemática de la familia judicial. La fractura sorprendió y dejó al descubierto la falta de una conducción nacional.

La polémica abierta por la bandera y los gritos en medio de un acto del gobernador Axel Kicillof quitó en parte la atención sobre otro hecho sucedido el mismo jueves, de mayor gravedad institucional, que dejó al descubierto la falta de conducción nacional en el peronismo. Fue la votación en el Senado que prorrogó por cinco años el mandato de Carlos “Coco” Mahiques como camarista y que mostró al interbloque peronista partido al medio. Históricamente, los senadores habían seguido las directivas de Cristina Kirchner, más allá de alguna disidencia puntual. Pero justo en un tema sensible como la continuidad de jueces vinculados a la justicia que condenó a la ex presidenta, la mitad del interbloque se desmarcó. “No estamos definiendo solo una prórroga sino qué tipo de justicia queremos”, sostuvo el jefe del interbloque, José Mayans, en su mensaje de cierre del debate. No consiguió alinearlos.

Un legislador kirchnerista subrayaba que la prórroga de Mahiques fue aprobada por 58 votos a favor y apenas 11 rechazos. Es decir, consiguió diez votos más de los necesarios, por lo que varios de los senadores peronistas que lo acompañaron podrían haber votado en contra sin alterar el resultado. Eso dejó ver la intención de algunos de congraciarse con “Coco” Mahiques, figura emblemática de la familia judicial y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ambos señalados como protagonistas del esquema de persecución denunciado como lawfare. Los Mahiques participaron en 2022 del viaje a Lago Escondido y quedaron expuestos en algunos de los chats más escandalosos que trascendieron luego de aquella excursión organizada por directivos del grupo Clarín a la mansión del magnate Joe Lewis.

Tanto en el debate en comisión como en la sesión del jueves hubo senadores de Fuerza Patria, como Martín Soria, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Capitanich, que hicieron cuestionamientos muy duros a Mahiques. Vale recordar que el juez llegó a la Cámara Federal de Casación Penal -máximo tribunal penal del país- designado a dedo durante el gobierno de Mauricio Macri, sin concurso y luego de haber sido ministro en la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal. En unos meses, al cumplir 75 años, Mahiques debería dejar el cargo, pero acudió al Senado para extender por otros cinco años su permanencia en un puesto al que accedió sin concursar. “Mahiques representa la colonización del Poder Judicial por intereses económicos, políticos y mediáticos”, sostuvo Soria. “No repitamos errores. No podemos repetir procedimientos que no nos van a garantizar calidad institucional”, advirtió Capitanich.

Pese a la gravedad que los expositores del interbloque peronista le adjudicaron a la continuidad de Mahiques, buena parte de sus compañeros de bancada no modificó su postura. En la reunión de bloque previa a la sesión surgió la novedad de que votarían divididos, aunque ni siquiera entonces quedó clara la magnitud de la fractura. Varios ex gobernadores que mantienen afinidad con Cristina Kirchner, como Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Juan Manzur, votaron a favor de Mahiques. La catamarqueña Lucía Corpacci, a quien Cristina ubicó como vicepresidenta segunda del PJ Nacional, se ausentó. El otro senador catamarqueño, Guillermo Andrada, también votó a favor, al igual que el resto del subbloque Convicción Federal, aunque en ese caso ya habían tomado distancia de la conducción de CFK desde su conformación.

El caso de Uñac es especial. Esta semana se lanzó como precandidato presidencial para competir contra Axel Kicillof, supuestamente con un guiño de Cristina Kirchner. “Decir que no sería minimizar lo que ella pueda expresar”, respondió el sanjuanino cuando esta semana lo consultaron sobre ese presunto visto bueno de la ex presidenta para que comenzara a trabajar en una postulación. Lo llamativo es que sus dos últimas votaciones importantes -a favor de la modificación de la ley de Glaciares y, especialmente, de la continuidad de Mahiques- contradijeron los deseos de Cristina. En definitiva, hubo apenas 11 votos peronistas en contra de la continuidad del camarista y 14 a favor. Podría decirse que inédito para la bancada peronista en estos dos años y medio de Milei. 

“Y ahí no había nadie de Kicillof, eh”, ironizaba un legislador que tuvo oportunidad de hablar con algunos senadores después de la sesión. En realidad, no hay senadores especialmente alineados con la postulación presidencial del gobernador bonaerense, pero, si los hubiera, seguramente habrían votado igual que los cristinistas. Es lo que ocurre en Diputados: nunca aparecen diferencias entre cristinistas y kicillofistas, a diferencia de otros sectores internos. Lo que quedó expuesto en este caso fue una clara pérdida de capacidad de conducción de CFK. Eso que habitualmente le reprochan a Kicillof -no reconocer el liderazgo de Cristina- esta vez vino de parte de otros dirigentes. “No sé qué tipo de acuerdos o temores tendrán con Mahiques y la mafia judicial para haberlo votado, pero es increíble que no hayan tenido en cuenta que fue uno de los que más trabajó para meter presa a Cristina”, señalaba un dirigente que mantiene diálogo frecuente con la ex presidenta.

 

Añadía que esa pérdida de influencia se había notado esta semana no solo en la sorprendente votación del bloque de senadores peronistas, sino también en una decisión de la jueza federal con competencia electoral María Servini. La magistrada desplazó al interventor del PJ de Salta que había designado Cristina y lo reemplazó por José Luis Napoleón Gambetta, un dirigente cercano al gobernador Gustavo Sáenz. El mandatario salteño mantiene desde hace tiempo una dura disputa con la ex presidenta, quien rompió la alianza del oficialismo provincial con el peronismo local por la cercanía de Sáenz con Milei. El fallo de Servini llegó pocos días antes del congreso partidario convocado para el 19 de mayo, en el que se ratificaría el cronograma electoralnterno y la prórroga de la intervención por otros 180 días. Ahora, todos esos planes diseñados desde el PJ Nacional quedaron envueltos en incertidumbre.

El Destape