16 de mayo de 2026

 La pérdida de imagen del Presidente pone en alerta a sus mandantes

Preocupados por Milei


En un contexto mundial cambiante, Washington busca asegurarse a toda costa minerales y energía desde América Latina y mira con preocupación el desgaste de Milei.

Luis Bruschtein

El décimo quinto plan quinquenal que acaba de aprobar China dio por ganada la disputa económica con Estados Unidos pero previó “varias décadas” de dura competencia. La visita de Donald Trump a Beijing fue solicitada por el presidente norteamericano que no consiguió nada a cambio de aceptar, que “hay una sola China”, como le aclaró Xi Jinping sobre Taiwán. Washington está en problemas. Su alianza con Europa le resultó cara y necesita subordinar a América Latina a toda costa como demostraron las acciones brutales contra Venezuela y Cuba y los intentos fallidos contra los gobiernos de Canadá, México, Colombia y Brasil. El derrumbe de Javier Milei, que funciona como su quinta columna en la región, puso en alerta al Departamento de Estado que mandó llamar a Santiago Caputo.

China priorizará la industria con tierras raras, el desarrollo en inteligencia artificial y la robotización, pero mantendrá los otros rubros, que son los que generan más trabajo. En su competencia con China, Estados Unidos necesita a América Latina para la provisión de minerales, tierras raras y energía que estarán en disputa en otras zonas del planeta. Pero la tradición norteamericana con la región ha sido el saqueo y la intervención a través de golpes militares o gobiernos sumisos dispuestos a entregar la riqueza de sus países.

Trump amenazó con convertir a Canadá en otro estado de Norteamérica, amagó con enviar tropas a México para “combatir al narco” y aumentó las tarifas aduaneras a Brasil en castigo por haber encarcelado al ex presidente Jair Bolsonaro que intentó un golpe de Estado que incluía el asesinato de Lula. El brutal ataque a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa y el criminal bloqueo a Cuba son muestras de cómo piensa Washington la “libre asociación” con la región. Cuba no tiene petróleo para sus hospitales, los quirófanos no funcionan, el pueblo cubano está sufriendo penurias inhumanas por el bloqueo.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández fue condenado a cincuenta años por introducir media tonelada de cocaína en Estados Unidos. Trump lo liberó y lo envió al país centroamericano. La semana pasada, Diario Red difundió una serie de audios entre el narcotraficante liberado por Trump con el presidente hondureño Nasry Asfura. Hernández aseguró que no era su voz, pero la conversación encaja en contenido y protagonistas.

El supuesto Orlando Hernández aseguraba que Javier Milei se había comprometido a poner 350 mil dólares para instalar una oficina de prensa para atacar con falsa información a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a la familia Zelaya, de los ex presidentes hondureños José Manuel Zelaya Rosales e Iris Xiomara Castro Sarmiento. En el audio que se difundió se habla de una oficina de prensa para toda América Latina que sería manejada desde Miami dirigida “por un especialista de acá”.

La difamación de los dirigentes populares ha sido una práctica común de las ultraderechas pronorteamericanas en la región como sucedió en Argentina con Néstor y Cristina Kirchner, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa y en Brasil, con Lula Da Silva.

Federico Machado, el argentino que fue extraditado por narco a Estados Unidos estaba acusado de haber sido el encargado de sobornar al entonces presidente Juan Orlando Hernández con un millón de dólares para permitir los vuelos de su empresa así como el acceso a los aeropuertos hondureños. En Estados Unidos se afirmaba que su red de aviones operaba desde Honduras y Guatemala para el cartel de Sinaloa, pero que también tenía fuertes nexos en México y Argentina.

La diputada libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde que fue detenida en Estados Unidos con droga, estaba en pareja con Claudio Ciccarelli, que es primo de Machado, quien había logrado desde 2021 que se postergara su extradición a Estados Unidos. Durante su estadía en el país, se alojó en una lujosa casa de campo en Viedma.

En esa casa se reunió varias veces con el exdiputado libertario y frustrado candidato a gobernador bonaerense, José Luis Espert, a quien le financió su campaña.

Una vez en los Estados Unidos de Donald Trump, --que liberó al narco Orlando Hernández y lo puso a su servicio--, Machado se declaró culpable de evasión y fraude para que le retiren la acusación por narcotráfico, por lo que recibiría una condena mínima.

El miércoles, cuando fue la enorme movilización en defensa de la educación pública, en la Casa Rosada hubo una reunión de gabinete. Pasaron dos cosas: Patricia Bullrich se fue de un portazo porque Milei le mostró “una fuerte emocionalidad”. Y no estuvo el jefe de las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo.

El asesor, que venía perdiendo terreno en su interna con Karina Milei, regresó el jueves. Dejó trascender que lo había llamado el Departamento de Estado de los Estados Unidos para tener información “de primera mano”, sobre el escándalo de corrupción con el vocero Manuel Adorni y la caída del Presidente en las encuestas.

El asesor no aclaró con quién se reunió, aunque se dio a entender que le pidieron “la renuncia de Adorni”. Pero Adorni sigue atornillado y las últimas encuestas ya están indicando que la imagen positiva de Milei quedó bajo los treinta puntos, 71 puntos de rechazo a su gestión y entre los que cobran menos de 700 mil pesos, el rechazo pasa los 80 puntos. Es uno de los presidentes menos populares de la región. De un total de 18, está en el puesto 16.

El escenario se planteó así para el país. Caputo describió la preocupación del gobierno norteamericano por el desgaste de la gestión libertaria. Y al mismo tiempo, los gobiernos que no se subordinaron al maltrato y el saqueo norteamericano sufren fuertes presiones.

En Brasil, Lula volvió a subir en las encuestas mientras que su adversario Flavio Bolsonaro quedó envuelto en un escándalo de corrupción por su relación con un banquero encarcelado por fraude al Estado. Lula salió airoso de una entrevista con Donald Trump en la que buscó asegurarse que Washington no intervendrá en las próximas elecciones presidenciales.

El brasileño Emir Sader, quien visitó la Argentina y se entrevistó con Cristina Kirchner, enfatizó en la necesidad regional de que el país se incorpore a los esfuerzos de México, Colombia y Brasil para afrontar esas presiones y presentar un frente común en el nuevo realineamiento mundial. Sader, que es un conocedor de Argentina, expresó su desaliento por los desencuentros entre la expresidenta y el gobernador Axel Kicillof.

El interés de Marco Rubio y las declaraciones de Sader dan cuenta del momento histórico en un contexto mundial donde una mala elección puede condenar a los países de la región a ser saqueados por una potencia en decadencia, como sucedió a los países africanos con Europa.

Pagina 12

Milei cumplió otra orden de Trump: desactivó el swap con China

El Banco Central prácticamente canceló la parte activa del swap con el Banco del Pueblo de China y solo le queda pendiente un saldo de US$ 675 millones sobre los 5.000 millones que se llegaron a utilizar. Fue parte del reclamo de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que el año pasado ayudó a Milei en la campaña electoral.

Fernando Alonso

El Banco Central devolvió más de 4.300 millones de dólares al Banco del Pueblo de China y le queda un saldo de unos 675 millones para la cancelación total del tramo habilitado del swap de monedas por 19 mil millones de dólares, que sigue figurando en las reservas brutas pero con solo un efecto estadístico, ya que no están disponibles.

La cancelación del crédito no tiene impacto ni en las Reservas Internacionales brutas ni en las denominadas netas, pero implican que el Banco Central perdió 4.400 millones de dólares de liquidez para intervenir en el mercado de cambios en defensa del peso o para afrontar la demanda de divisas del Tesoro para cancelar deuda con los acreedores privados.

La administración estadounidense de Donald Trump había establecido esa condición para apoyar el programa económico del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo a través de desembolsos extraordinarios del Fondo Monetario Internacional y otras entidades multilaterales de crédito.

Mauricio Claver-Carone, entonces el elegido de Trump para su vínculo con la región, fue el primero en plantear que “ningún acuerdo con el FMI termine prolongando esa línea de crédito” y después fue el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien durante su visita a Buenos Aires en abril de 2025,dijo que Argentina “debería cancelar” el swap.

La presión fue mayor durante la campaña electoral para las elecciones de medio término, donde el Tesoro de Estados Unidos intervino en forma directa en el mercado oficial de cambios de Argentina para garantizar la estabilidad y mejorar las chances electorales del oficialismo libertario.

En ese contexto se negoció un swap de 20 mil millones de dólares entre el Banco Central Argentino y el Tesoro de EE.UU. del que se activó unos 2.500 millones que antes de fin de año se reintegraron para evitar conflictos legales a Bessent y los funcionarios que intervinieron en la operación que terminó dibujada como una ayuda del Fondo de Estabilización Económica.

El swap con Estados Unidos nunca quedó claro cómo sería el funcionamiento, ya que no se consideran dentro de las reservas del banco Central como sí ocurre con el swap de China.

Bessent, después de Claver-Carone un funcionario que este mes anunció que dejará la administración Trump para volver al sector privado, es el más crítico de la relación de Argentina con China. Afirmó que Javier Milei estaba “comprometido con sacar a China de la Argentina”, que Estados Unidos quería “frenar la influencia china” en Argentina y en América Latina, y que “no queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina”, entre otros conceptos.

El primer swap de monedas entre el BCRA y el BCP se firmó en 2009 y en 2014 fue firmado un segundo acuerdo, que fue complementado a fines de 2015 con un acuerdo suplementario. Los swap se fueron renovando hasta un intercambio de monedas por 130 mil millones de yuanes renminbi (CNY) y una activación especial por 35 mil millones de yuanes renminbi para compensar operaciones del mercado cambiario argentino.

En el momento de la activación, representaban 18 mil millones de dólares que se computaron como reservas internacionales y 5.000 millones de dólares que se ejecutaron para compensar la demanda en el mercado oficial de cambios.

En abril del año pasado la gestión de Santiago Bausili renovó el total del swap por un año, a partir de cuando debía comenzar a cancelarlo. Según el comunicado del BCRA, “el tramo mencionado se desactivará por completo a mediados de 2026”.

Según los estados contables del Banco Central conocidos esta semana, al 31 de diciembre los fondos utilizados del swap habían caído a CNY 7.000 millones y al 14 de enero pasado a CNY 4.600.000.000, con vencimientos graduales durante 2026. La conversión al tipo de cambio de este viernes implica que se redujo el uso del swap a 675 millones de dólares y que aportan nominalmente a las reservas internacionales 19.084 millones de dólares sobre los 46.186 millones que informa el BCRA.

La cancelación del swap no afecta el nivel de Reservas Internacionales brutas que informa cada día el Banco Central ni tampoco las denominadas reservas netas, ya que para este cálculo se resta la totalidad de la línea de crédito. En cambio, el impacto se registra en las denominadas reservas líquidas del Banco Central, que es el verdadero poder de fuego que tiene la entidad monetaria para defender el valor del peso y que por cumplic con el pedido de la administración de Trump ahora cayeron en 4.400 millones de dólares.

El Destape

 

Hidrovía: un nuevo dictamen de la PIA detecta serias irregularidades y acorrala la licitación de Milei

En un nuevo dictamen, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó una serie de irregularidades en el proceso licitatorio que podrían impugnar todo el proceso, incluso, con acciones penales. Falta de estudios de impacto ambiental, irregularidades en la cláusula anti corrupción y un posible direccionamiento, las principales irregularidades. 

Sebastián Premici

El próximo 19 de mayo se abrirán los sobres con las ofertas económicas para el negocio del dragado, balizamiento y cobro del peaje de la Vía Navegable Troncal. Las dos empresas que quedaron en carrera son de origen belga: una es Jan De Nul, asociada a Servimagnus  (Grupo Román) y DEME que iría junto con las norteamericanas Great Lakes, Clear Street y KKR.

El proceso sigue teñido de irregularidades. El viernes por la tarde, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, emitió un nuevo dictamen –enviado a la fiscalía federal 9 en el marco de una causa penal ya existente – en el que remarcó una serie de irregularidades: ausencia de estudios de impacto ambiental, un posible direccionamiento del resultado al ponderar más la oferta técnica y no la económica, la ausencia de dictámenes exhaustivos del área jurídica de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la cesión de los contratos a terceras empresas y falencias en la cláusula anticorrupción.

No fueron observaciones menores. El fiscal a cargo de la PIA destacó que la administración nacional repitió varias de las irregularidades que habían sido señaladas en el dictamen de febrero de 2025. También admitió que existe una denuncia penal para determinar la veracidad de un informe de la UNCTAD utilizado por la administración Milei para simular transparencia.

La conclusión de la procuraduría especializada fue contundente: “Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”.

La historia se repite como...

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en el marco del procedimiento de la licitación para la privatización del dragado, balizamiento y cobro del peaje de la Vía Navegable Troncal. En febrero de 2025, previo a que Milei decidiera dar de baja el primer llamado a licitación, la fiscalía especializada había emitido un primer dictamen, que ahora se repite en varias de sus consideraciones.

Es decir, luego de un año y medio de proceso, la administración nacional sigue moviéndose bajo un escenario de opacidad y discrecionalidad. ¿Por qué? Todo el lobby parece puesto del lado de Jan de Nul, a pesar de que fue señalada por su competidora (DEME) por tener vínculos con China vía el socio local Servimagnus.

Además de este dictamen, la PIA reconoció que continúa la investigación iniciada por una denuncia formulada por la empresa DTA Engenharia relacionada con posibles irregularidades en el informe realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Todas las observaciones realizadas por la PIA podrían terminar en una objeción administrativa e incluso penal. Otro dolor de cabeza para Milei. A continuación, las principales irregularidades detectadas por la Procuraduría especializada.

Objeción a las audiencias públicas realizadas

Para la PIA, las audiencias públicas constituyen una garantía intrínseca del debido proceso vinculado a esta licitación. “Su implementación asegura el ejercicio efectivo del derecho a ser oído y la obtención de una decisión fundada - pilares de la tutela administrativa efectiva-, por lo cual deben celebrarse en un marco que garantice el intercambio responsable de ideas en igualdad de condiciones y por un tiempo adecuado a las circunstancias del caso”, argumentó y acto seguido afirmó:

Esto no fue lo que sucedió en el procedimiento de audiencia pública incoado. La mera aprobación formal del procedimiento y del informe técnico no puede purgar las deficiencias sustanciales aquí señaladas”.

Ausencia de Estudio/Evaluación de Impacto Ambiental

El dictamen observó una vez más la ausencia de un adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con intervención de la autoridad nacional en materia de ambiente. Es decir, se dejó afuera del proceso licitatorio a la subsecretaria de Ambiente.

La PIA citó algunos de los argumentos esgrimidos por la Defensoría del Pueblo de la Nación: “La ausencia de estudios de impacto ambiental es el apartado más preocupante porque se reconoce la falta de actualización de impacto ambiental que es de 2006, pero se minimiza el problema y se lo enmascara poniendo a disposición una cantidad de material fragmentado. El documento elaborado por Latinoconsult en 2020 no constituye en sí mismo un Estudio de Impacto Ambiental completo y actualizado de la VNT porque sólo analiza los impactos diferenciales de las obras proyectadas, sin considerar los efectos acumulativos y sinérgicos de casi 3 décadas de intervención”.

La mención al informe de Latinoconsult no es menor, ya que fue la consultora contratada por las cerealeras agroexportadoras –Bunge, Cargill, Dreyfus, AGD, Molinos Agro, Cofco-, nucleadas en la Bolsa de Comercio de Rosario junto a la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara Argentina del Acero y la Unión Industrial Argentina, para decir que las obras de ampliación del calado del Paraná hasta los 44 pies serían inocuas en su impacto ambiental.

De esta manera, la PIA ratificó lo que había expresado en su dictamen de febrero de 2025: “Deviene irrazonable que se efectúen los pertinentes estudios de impacto ambiental con posterioridad a la confección del pliego de bases y condiciones particulares, por cuanto éste incluye las especificaciones técnicas del proyecto que requieren necesariamente de los antedichos estudios para determinar su viabilidad. Significaría, también, que la evaluación de impacto ambiental está pensada como una simple formalidad y no como un informe determinante de las posibilidades de un proyecto, que resguarde el ambiente y los recursos naturales”, argumentó la PIA en su dictamen de febrero de 2025”.

Falta de intervención de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la ANPYN

La PIA analizó la labor del servicio jurídico de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, “la cual constituyó una intervención meramente formal que evitó avocarse a las cuestiones jurídicas relevantes del procedimiento”.

De acuerdo a lo expresado en el dictamen, lo actuado por el área de jurídicos de la ANPYN dio cuenta de uno de los mayores vicios que pueden padecer los servicios jurídicos de la Administración, “el de convertirse en simples apéndices de la voluntad política, dejando de lado el deber de propender a que dicha voluntad se encauce de manera regular”. O, dicho de otra manera: “Los dictámenes jurídicos resultaron una mera formalidad”.

Sobre la posibilidad de ceder el contrato a otras empresas

Se advirtió que el modelo contractual atentó contra el principio de igualdad en relación con los oferentes que no resulten adjudicatarios ni contratistas por no cumplir con las condiciones licitatorias, a partir de la cesión de parte de los contratos a terceras empresas, sin que cumplan los requisitos técnicos solicitados en la primera instancia de la licitación.

¿Qué quiere decir esto? Que tal como se redactaron los pliegos, “podría llegarse al absurdo de que termine siendo concesionario aquél que no cumplía con la totalidad de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria”, según la PIA

Sobre la cláusula anticorrupción

Se mantuvo la redacción que contempla la posibilidad de reconocer prestaciones –es decir un resarcimiento económico- al concesionario cuando el contrato hubiere tenido principio de ejecución, sobre la base de los principios del enriquecimiento sin causa.

El dictamen advirtió sobre la irracionalidad de compensar económicamente al sujeto activo del hecho ilícito cuando sea su propio accionar irregular el que origine la nulidad del vínculo contractual. ¿La administración Milei, que está atravesada por hechos de corrupción, sabe algo que el resto de la población no?

“Esta cláusula no garantiza la transparencia ni el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de lucha contra la corrupción”, concluyó la PIA.

La inseguridad jurídica de la administración Milei

La conclusión de la PIA fue tan contundente como en su dictamen del 11 de febrero de 2025, días antes de que Milei se viera forzado a dar de baja el primer llamado a licitación, por la misma cantidad de irregularidades que las detectadas nuevamente por el organismo del Ministerio Público Fiscal.

“Se puede afirmar que lo grave de los vicios del acto administrativo bajo estudio, haciendo hincapié en las detalladas falencias del elemento procedimiento del acto, sumado a lo notorio que ello resulta, provocan indefectiblemente que estemos ante un acto que carece de las notas características de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria”, argumentó el organismo. El acto licitatorio carece de legitimidad.

“Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, concluyó la PIA al cierre de su dictamen.

El Destape

15 de mayo de 2026

Tras el monólogo en Neura

Marcela Pagano denunció a Javier Milei por presunto encubrimiento

La diputada presentó una denuncia en la Justicia después de que el Presidente asegurara que el Gobierno enfrentó un supuesto “golpe de Estado” y que, además, un empresario habría intentado coimearlo.

Lo que empezó como una entrevista política en Neura terminó escalando a los tribunales. Javier Milei aseguró el jueves por la noche que su gobierno enfrentó un supuesto “golpe de Estado” y relató un presunto intento de coima de parte de un empresario. Sus dichos motivaron una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de presunto encubrimiento.

Según Pagano, Milei no podía hablar públicamente de hechos de semejante gravedad sin denunciarlos. En su presentación judicial sostiene que, si Milei tenía conocimiento de posibles delitos contra el orden constitucional y de un supuesto hecho de corrupción, estaba obligado a dar intervención a la Justicia.

Del enemigo permanente al expediente

La entrevista fue el jueves por la noche en Neura. Allí, Milei volvió a insistir con que hay sectores que buscan perjudicar a su gestión. En ese contexto aseguró que, después del triunfo libertario en las elecciones porteñas -que vinculó al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni- hubo un intento de desestabilizar a su gobierno.

La frase quedó en el centro de la denuncia de Marcela Pagano. La diputada sostiene que una acusación de ese nivel no puede quedar solo en una entrevista. Según planteó en la presentación judicial, si Milei tenía información sobre un supuesto intento contra el orden constitucional, debía denunciarlo formalmente ante la Justicia.

La diputada invocó artículos del Código Penal vinculados a delitos contra la vida democrática y planteó que se trata de hechos de “gravedad institucional máxima”. Traducido al castellano de a pie: si alguien sabe de un delito tan serio, no alcanza con contarlo en cámara.

La coima sin nombre

Pero el supuesto golpe no fue lo único que terminó bajo la lupa. Durante la charla, Milei también habló de un empresario que habría intentado ofrecer una coima. No dio demasiados detalles. Tampoco nombres. El episodio quedó suspendido en el aire, como una escena narrada a medias.

Ahí es donde Pagano volvió a detenerse. Según la legisladora, el relato podría encuadrar en un posible delito de cohecho activo.

Pagina 12


 

El ex policía acusado de adulterar los Cuadernos sorprendió con revelaciones inesperadas

Jorge Bacigalupo, el sargento retirado de la Policía Federal (PFA) acusado de adulterar los anotadores, declaró este jueves por unas ocho horas como testigo. Con su testimonio comprometió al fiscal Carlos Stornelli y contó circunstancias que fueron omitidas en la versión oficial del caso. De su regreso a la policía durante el kirchnerismo al vínculo con el Ministerio de Planificación. Los detalles de una testimonial que seguirá el próximo martes.

Jorge Bacigalupo, el sargento retirado de la Policía Federal (PFA) acusado de adulterar los anotadores adjudicados al chofer y ex militar Oscar Centeno, declaró por unas ocho horas como testigo este jueves en el juicio de los Cuadernos y sorprendió con más de una revelación inesperada. Con su testimonio, en el que no podía mentir, no solo comprometió aún más al fiscal Carlos Stornelli por su accionar en esta causa paradigmática del lawfare sino que también contó circunstancias que fueron omitidas en la versión oficial del caso.

A lo largo de su declaración ante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 7, que a las ocho horas fue interrumpida por el tribunal de juicio por su extensión y fue reprogramada para el próximo martes, Bacigalupo reveló que:

  • El fiscal Stornelli estuvo en su casa el 31 de mayo de 2018, el día previo a la difusión del caso y la razzia de exfuncionarios y empresarios, y lo llevó a declarar al despacho de Claudio Bonadío en su auto oficial con chofer porque según dijo “sino se caía la causa”.
     
  • Volvió a trabajar a la Policía Federal tras ejercer como remisero y cumplir tareas para el Ministerio de Planificación Federal como chofer. Contó que fue “convocado”, es decir, antes de cumplir los 60 años (hoy tiene 81). Si bien no precisó el tiempo exacto en que ingresó nuevamente a la fuerza todo indica que fue cuando supuestamente se escribieron una parte de los cuadernos.
     
  • Mantuvo un vínculo con el policía Daniel Portaluri, a quien describió como director de la “Dirección de Pericias”, el área donde cumplió funciones al menos durante una parte de su reincorporación a la PFA. Según se desprende de la causa paralela a la central de Cuadernos, donde se investiga la adulteración de los cuadernos y en la que Bacigalupo fue procesado en dos ocasiones y luego favorecido por la cámara porteña, el sargento retirado mantuvo una relación cercana con Portaluri, algo que prefirió omitir este jueves.
     
  • Que estuvo trabajando con el exchofer y exmilitar Oscar Centeno para el Ministerio de Planificación Federal. Según describió fue años antes del caso Cuadernos.
     
  • Que su hijo fue empleado de Pampa Energía, firma comandada por Marcelo Mindlin. El dato adquiere relevancia porque en la causa en que Bacigalupo fue acusado de adulteración de los cuadernos se protegió el nombre de un empresario de nombre Marcelo.
  • La visita de Stornelli y el viaje con el fiscal a lo de Bonadío

    Uno de los datos novedosos que Bacigalupo dio este jueves involucra al fiscal de esta causa paradigmática de persecución judicial: Carlos Stornelli. ¿Qué dijo Bacigalupo? Que el 31 de julio de 2018, el día previo a que estallara mediáticamente el escándalo, el fiscal fue a su casa con el periodista de La Nación Diego Cabot y allí coordinaron su declaración como testigo en la causa. De acuerdo a la narración que realizó el ex policía, Stornelli lo llevó en su auto a declarar con Bonadío “porque la causa se caía”.

    La secuencia es escandalosa: el fiscal del caso yendo a la casa de un potencial testigo para convencerlo que declare porque la causa se le caía. Y como si fuera poco, lo traslada a tribunales en su auto oficial – “con chofer”, según recordó Bacigalupo- directamente al despacho del juez de esa causa, Claudio Bonadío, a prestar testimonial. Y esto sucede pese a que antes –según declaró el ex policía- se habían juntado Cabot y Bacigalupo para coordinar la testimonial y el sargento retirado de la Federal había dado su ok para declarar. Este último hecho llevó a más de una defensa a preguntarse para qué fue Stornelli a lo de Bacigalupo: “¿Qué necesidad tenía? ¿Fue a presionarlo?”, se preguntaban desde la representación legal de algunos de los acusados.  

    El sargento retirado declaró que Cabot –que era vecino suyo- y el fiscal Stornelli “fueron a mi casa”. ¿Cuándo? El 31 de julio de 2018, el día previo a que el caso se publicara en La Nación y se iniciara una razzia de exfuncionarios y empresarios. ¿Qué sucedió cuando llegaron Cabot y el fiscal de la causa a la casa de Bacigalupo? “Intercambiamos palabras. El doctor Stornelli me dice: ‘Lo pongo en conocimiento de que su amigo Centeno está detenido. Es necesario que usted preste una declaración testimonial porque si no se nos complica la causa’”. “¿Le parece bien mañana?”, afirmó Bacigalupo que le preguntó el fiscal. “Le mando un coche a buscarlo”, agregó Bacigalupo que le dijo Stornelli. “Sino lo busco yo”, dijo el expolicía que agregó Cabot. “‘¿Por qué no ahora?’, digo yo”, contó el sargento retirado que retrucó. Y aseguró que Stornelli lo llevó a Comodoro Py ahí mismo. “Me llevó al despacho de Bonadío y ahí presté declaración testimonial en presencia de Bonadío”, precisó. Incluso contó que fue en un auto oficial de Stornelli, con chofer. 

    Otro pasaje que recordó Bacigalupo de ese día fue una frase de Bonadío. El sargento retirado declaró que el juez le dijo: “Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado esto no podía continuar. Y me dijo: esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar”.

    Recordemos que el rol de Bacigalupo en esta trama es central. Según la versión oficial, Bacigalupo tenía los cuadernos del escándalo en su poder porque se los había dado Centeno, en una caja cerrada, para que los tuviera en custodia. Y él fue quien se los dio a Cabot, quien a su vez se los llevó a Stornelli y así dio pie a esta operación política-mediático-judicial. Pero eso no es todo. Según se desprendió de un peritaje oficial en una causa paralela a la central del caso Cuadernos, Bacigalupo fue quien manipuló nombres de empresarios y direcciones en los anotadores originales por razones que aún se desconocen. Por esa razón, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó su procesamiento –en dos ocasiones- por “encubrimiento agravado” y “falsificación de documento público”. En las dos ocasiones, la Cámara Federal porteña salió a su salvataje y revocó ese procesamiento dictando la falta de mérito para blindar este juicio que ahora se desarrolla. La última revocatoria es del 16 de abril pasado, hace menos de un mes, en la víspera de la declaración de Bacigalupo. Esta jornada Bacigalupo negó haber tocado los cuadernos originales. Dio a entender que rechaza la acusación en su contra.

    El regreso a la Policía Federal durante el kirchnerismo

    Bacigalupo contó -lo que causó sorpresa- que también fue chofer en el Ministerio de Planificación, a donde había llegado por recomendación de Centeno. Pero estuvo un tiempo y se fue. “¿Por qué se fue del Ministerio de Planificación Federal?”, le preguntó a Bacigalupo el abogado Marcos Aldazabal, representante legal junto a Elizabeth Gómez Alcorta, de Roberto Baratta, el ex Nº 2 del Ministerio de Planificación Federal. “Porque decidí prestar servicios en la Policía Federal de nuevo como personal convocado”, reveló. Según dijo, el personal convocado es aquel agente que se retira pero es llamado desde la fuerza de seguridad antes de que cumpla 60 años. En este apartado, Bacigalupo buscó responder de la forma menos precisa posible. Según sostienen las defensas, la convocatoria responde a un pedido previo del que desea ser vuelto a llamar, algo que el sargento retirado no reconoció del todo. ¿Qué dijo Bacigalupo sobre este tema?

    “El personal convocado es personal llamado a prestar servicios. Me convocaron. Mi primer destino fue la superintendencia de Interior. Presté servicios en el área 1, delegación La Plata”, comenzó a enumerar. “El último destino fue la Dirección General de Pericias”, cerró. Se trata del área que comandaba Daniel Portaluri, un actor que puede adquirir cada vez más relevancia en toda esta trama. Respecto a su nuevo paso por la PFA, Bacigalupo dijo que estuvo otros 6 años. Nunca precisó en qué años ocurrió pero comentó que fue entre los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. “Me retiré con 18 años de servicio (la primera vez). Tengo 24 años de servicio computados”, explicó por qué sabe que estuvo 6 años en su segunda etapa. “Cuando me voy de la Policía no sé si estaba vivo Néstor Kirchner y sí estaba su sucesora, la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, indicó.

    Si Bacigalupo reingresó a los 59 años a la PFA, fue en 2004 aproximadamente, porque hoy tiene 81 años. Y si estuvo 6 años se tendría que haber ido en 2010. Siempre si lo que dijo fue verdad. 

    Lo que buscó dejar en claro este sargento retirado fue que cuando tuvo la caja con los cuadernos presuntamente escritos por Centeno no cumplía funciones en la Policía.

    Relaciones peligrosas

    Bacigalupo narró que en su segunda etapa en la PFA como “convocado” estuvo unos 6 años en la fuerza y fue asignado a la Dirección de Pericias para cumplir tareas administrativas y de chofer. Es por lo menos curioso que desde la Policía se reconvoque a un retirado para tareas administrativas. ¿Quién era el director del área de Pericias que comentó Bacigalupo? Daniel Portaluri, un uniformado de larga trayectoria en la PFA con el que Bacigalupo siguió en contacto una vez que estalló el caso Cuadernos, según surge de sus llamadas analizadas en la causa paralela a la central de Cuadernos. ¿Qué dijo Bacigalupo sobre Portaluri? Que para el momento del caso Cuadernos ya no hablaba o lo hacía ocasionalmente. Pero hay documentos que muestran otra realidad.

    Chofer en Planificación

    Otro dato que aportó Bacigalupo este jueves fue que también trabajó con Centeno para el Ministerio de Planificación Federal vía una remisería de San Fernando contratada por la cartera que conducía Julio De Vido. Dijo que eso fue antes de retornar a la fuerza como “convocado” y que allí fue chofer. Señaló que quien lo llevó a trabajar a Planificación fue el propio Centeno, con quien había compartido un trabajo previo como remisero en otra remisería de Martínez, “Cero remis”. “Centeno me llevó por amistad y conocimiento”, afirmó Bacigalupo.

    Respecto a este punto dijo no saber quién lo había llevado a Centeno a Planificación. “El señor Centeno cuando coincidimos en el ministerio de Planificación ya era chofer exclusivo del señor Baratta. Me llevó por amistad y conocimiento. En el ministerio era menos sacrificado y mejor remunerado el trabajo. ¿Cómo estaba contratado? No era relacionado con el ministerio. Había una remisería de San Fernando que era la titular de la licitación del servicio que prestaban en el Ministerio de Planificación. Es decir, los remiseros no éramos empleados del ministerio sino de la remisería”, especificó. No recordó ni el nombre ni el apellido del dueño de aquella remisería. En ese marco dijo que no fue chofer de ningún funcionario.

    El hijo en Pampa Energía

    Otra de las “revelaciones” de Bacigalupo fue que su hijo fue empleado en Pampa Energía, la firma comandada por Marcelo Mindlin. Para varios de los abogados defensores el dato adquiere relevancia porque en la causa en que este ex policía fue acusado de adulteración de los cuadernos se protegió el nombre de un empresario de nombre Marcelo, cuyo nombre completo por ahora se desconoce. En su lugar se agregó el nombre de Armando Loson, quien denunció la adulteración de los anotadores en la causa paralela a la central que lleva Martínez de Giorgi. Como Bacigalupo es investigado en esa otra causa (donde un peritaje oficial de la PFA determinó que fue él el que realizó las adulteraciones), los abogados de Loson –Ricardo Gil Lavedra y Carlos Vela- no interrogaron al testigo en la audiencia de este jueves. Incluso el tribunal de juicio le aclaró a Bacigalupo que podía no contestar cualquier pregunta que considerara que lo podía comprometer judicialmente en ese otro expediente.

    Tras ochos horas intensas, el tribunal del juicio decidió suspender la audiencia de este jueves y continuarla el martes próximo donde probablemente se profundicen algunas de las revelaciones que Bacigalupo dio esta jornada.

  • El Destape

Se abren las puertas a las privatizaciones

Un nuevo paso para entregar el desarrollo nuclear argentino a Estados Unidos

La Comisión Nacional de Energía Nuclear avanza en la puesta en venta de sus activos. Ahora abre la puerta a que grupos privados se tienten con el reactor RA-10, casi finalizado por el gobierno anterior, y para que EE.UU. se lleve un recurso estratégico: el uranio.

Pablo Esteban

Cuando el Gobierno afirma que está interesado en la energía nuclear no está diciendo que está interesado en que el Estado argentino aproveche sus propios recursos para impulsar su desarrollo. En realidad, todo lo contrario: la administración libertaria está interesada en rifar todos sus activos científicos y tecnológicos, con el único fin de obtener dinero fresco y cumplir con las órdenes del amo del norte. La Comisión Nacional de Energía Nuclear acaba de concretar un nuevo paso en esa línea: mediante un procedimiento administrativo, formalizó cómo sería la presentación de iniciativas privadas. Básicamente, avanzó en un manual de actuación para que los privados nacionales e internacionales que tengan intención de quedarse con los activos nucleares de Argentina puedan visitar las instalaciones y ver qué aprovechar. Es curioso, porque semanas atrás, durante la presentación de su informe de gestión en Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, indicó que “el plan nuclear anunciado por el presidente en diciembre de 2024 aún no entró en vigencia”. En verdad, hay un plan y es rifarlo todo.

A partir de ahora, todos aquellos actores que quieran obtener documentación, información o directamente realizar una visita a los predios que posee la CNEA en todo el territorio nacional puedan hacerlo sin problemas. Como si fuera un supermercado, de esta manera, los privados interesados pueden pasear por las góndolas nucleares y postularse para quedarse con lo que más les guste. Quien saca los colmillos es Estados Unidos, que quiere el desembarco próximo de sus empresas. De hecho, el funcionario de la Casa Blanca Scott Bessent lo había anticipado en septiembre pasado: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses”.

Entre los productos más codiciados figuran el reactor RA-10, artefacto prácticamente finalizado durante la gestión anterior, y el uranio, un recurso estratégico, bajo la jurisdicción de CNEA, que está presente en Chubut, Mendoza y Salta. Aunque por ley las provincias son dueñas de los recursos, el organismo de energía nuclear es responsable de tutelar. Una controversia no resuelta por los marcos legales vigentes.

Esta movida que concreta la CNEA tiene como telón de fondo la firma del memorándum de cooperación para la gobernanza, la inversión y seguridad de las cadenas de suministro a nivel global. El documento, acordado entre Argentina y EE.UU., forma parte de la estrategia norteamericana denominada ‘Alianza para la seguridad de los minerales críticos’. Los minerales críticos tienen una demanda global y desempeñan un rol en la transición energética.

Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista (Universidad Nacional de Río Cuarto) y especialista en energía nuclear, afirma a Página 12: “Estados Unidos tiene bien en claro sus objetivos con Argentina y el rol que quieren que cumplamos en su proceso de reindustrialización, que es parte de la disputa hegemónica en curso con China. Por un lado, busca desarticular y desmantelar las capacidades que hemos logrado en ese desarrollo y, por otro, quiere que Argentina compre la tecnológica desarrollada en su país”. De hecho, uno de los pilares de la nueva doctrina de seguridad nacional en EE.UU. se vincula con el control de los recursos de energía nuclear en el hemisferio occidental.

A su turno, Diego Hurtado, físico del Conicet y con una amplia experiencia en gestión de organismos científicos y tecnológicos, explica que “está pasando algo que ya ocurrió de manera calcada en los 90. Como las autoridades de CNEA tienen la garantía de que no recibirán inversión pública, salen a buscar actores privados. Negocios que, en realidad, se concretan a partir de la entrega de activos públicos. Dejan entrar capitales extranjeros para que se lleven el uranio porque viene derechito el cordón umbilical al alineamiento incondicional con Estados Unidos. Es un pedido de Trump a Milei: quieren el uranio argentino”. Por eso, ahora habilitan la visita de privados a las minas de uranio que son incumbencia de la CNEA y le ponen un marco a procedimientos que ya estaban sucediendo de manera informal.

Ignacio Cortés, trabajador de la CNEA, observa: “A nivel administrativo, la CNEA todo el tiempo genera procedimientos como este, que tienen que ver con normas de gestión. Son procedimientos de calidad. Son algo normal”. Al mismo tiempo opina: “Se habla de información confidencial que la CNEA puede otorgar a privados y en cierta manera, genera un marco normativo que puede dar lugar a contratos con privados para avanzar con lo que este gobierno declara abiertamente que quiere hacer: destruir el Estado y delegar cualquier tipo de actividad y ordenamiento de la economía al sector privado”. Y remata: “Si uno lee el procedimiento con detalle, las gerencias que quedan a cargo de las decisiones sobre los acuerdos apoyarán este programa de privatización”.

Reactores a la venta

Entre los principales activos que posee la CNEA se encuentran los reactores y un recurso estratégico que, precisamente, sirve como combustible para el funcionamiento de las centrales nucleares: el uranio.

Por un lado, se halla el Carem (Central Argentina de Elemento Modulares), que constituye el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integralmente en Argentina. Con esta tecnología, ahora paralizada por el gobierno de Javier Milei (faltaba un 30 por ciento para concluirla), el país se ubicaba a la vanguardia en materia de nucleoelectricidad y energía limpia. Como aún son muy pocas las naciones que cuentan con uno, el diseño de este prototipo se proponía abrir la puerta para que más naciones alrededor del mundo quisieran tener el propio. La venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares.

Por otra parte, se halla el RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito), que comenzó a construirse en 2016 en el Centro Atómico Ezeiza. Aunque tiene diversos objetivos, el principal se vincula con garantizar el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, esenciales porque alimentan los centros de medicina nuclear del país, en donde se diagnostican y tratan pacientes con cáncer. A diferencia del Carem, este reactor está casi listo y será finalizado por el gobierno libertario que, casi sin esfuerzo, se llevará los créditos. No le tienta la ciencia local, sino el rendimiento que este avance puede lograr. Una vez que esté en marcha, con voluntad política y muy poco esfuerzo, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

En concreto: aunque Argentina podría aprovechar los beneficios económicos que darían como resultado la puesta en marcha de ambos reactores, se estima que podrían ser las primeras tecnologías en ser vendidas. Y a precios insignificantes.

El recurso estrella que quiere Trump

El otro aspecto que llama poderosamente la atención de Estados Unidos y los grupos privados es el uranio. ¿Por qué? Porque es el insumo que mueve a los reactores que, en última instancia, mueven a inteligencia artificial. Malinovsky comenta: “La explotación de uranio en el país no apunta a fortalecer el desarrollo local, sino a garantizar la exportación de mineral para abastecer a la industria estadounidense, que busca independizarse del uranio ruso”.

En 2023, EE.UU. importó el 99 por ciento del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Asimismo, cuenta Malinovsky, tras los conflictos entre Estados Unidos y Rusia, el expresidente Joe Biden logró aprobar la Ley de prohibición de las importaciones de uranio ruso, que justamente restringió la importación a partir del 12 de agosto de 2024.

Argentina posee alrededor de 40 mil toneladas de reservas de uranio. El experto sigue con el detalle: “El consumo anual de nuestras centrales nucleares –Embalse, Atucha I y Atucha II– es de apenas 220 toneladas, que hoy se importan principalmente de Kazajistán. La minería de uranio en nuestro país fue cancelada en 1997, durante el menemismo, como parte de las políticas neoliberales orientadas al desmantelamiento de sectores estratégicos, entre ellos el nuclear, bajo el argumento de que ‘importar era más barato’”.

El paso administrativo que da ahora el gobierno a pedido de los grupos concentrados nacionales e internacionales es una manera de allanar el camino hacia la privatización de activos. Argentina, una vez más, tenía todo para convertirse en una potencia mundial en el rubro, pero ahora deja escapar una chance única.

Reestructuración y deterioro institucional

Para colmo, a la CNEA le sucede lo mismo que a todo el sistema científico y tecnológico: básicamente, desde que se inició la gestión libertaria, sus trabajadores denuncian desmanejos institucionales y ajustes que los invitan, prácticamente, a dejar la institución en busca de mejores posibilidades en los privados, o bien, en otros rubros. De manera reciente, trabajadores del sector difundieron un informe en el que destacan la “incorporación de personal sin experiencia previa en el sector nuclear”.

El documento menciona: “Estas incorporaciones (en puestos directivos) se realizan en condiciones contractuales distintas a las del resto del personal y en un contexto de deterioro salarial, precarización laboral y restricciones presupuestarias. Esta situación genera preocupación entre trabajadores y sectores técnicos respecto de las capacidades estratégicas de la CNEA y del plan nuclear argentino”. En síntesis: hay cada vez menos trabajadores calificados y cada vez más puestos directivos improvisados.

Un plan nuclear argentino que, vale destacar, presentó el físico Demian Reidel, quien en el presente también se ve envuelto en bretes judiciales, imputado por compras llamativas con la tarjeta de Nucleoeléctrica. Una comparsa al mando de un sector estratégico: nada puede salir bien.

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