27 de agosto de 2026

 

Trump dejó afuera a la Argentina de la importación de 300.000 toneladas de carne

La medida, que comenzará a regir en septiembre, puede favorecer a Brasil pese a las diferencias ideológicas con Lula da Silva.

El gobierno de Donald Trump dejó a la Argentina afuera de la nueva ampliación temporaria de la cuota de importación de carne vacuna libre de aranceles que Estados Unidos aplicará durante 90 días para intentar contener los precios internos del producto.

La medida establece un cupo extraordinario de 300.000 toneladas, que comenzará a regir el 1° de septiembre de 2026 y se distribuirá en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas. Sin embargo, la reglamentación determinó que solo podrán utilizarlo países incluidos dentro de la categoría arancelaria de “otras regiones o áreas”.

Esa definición excluye a los exportadores que ya poseen una cuota individual asignada específicamente por Estados Unidos. Es el caso de la Argentina, pero también de Uruguay, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, que por ese motivo no podrán participar del nuevo contingente.

La decisión frustró las expectativas que se habían generado en el sector cárnico argentino cuando Trump anticipó la creación de la cuota extraordinaria. En ese momento todavía no se conocían las condiciones definitivas y existía la posibilidad de que los frigoríficos locales pudieran aprovechar una porción de las 300.000 toneladas extra.

La Argentina ya cuenta con un régimen particular de acceso al mercado estadounidense y, además, busca que Washington renueve para 2027 un cupo extraordinario de 80.000 toneladas que había sido creado anteriormente. En esta oportunidad, sin embargo, la administración estadounidense optó por canalizar la nueva ampliación exclusivamente hacia países sin una asignación propia.

Brasil, favorecido con la medida de Trump pese a las diferencias con Lula

Aunque existen varios proveedores habilitados sanitariamente para vender carne vacuna a Estados Unidos que cumplen ese requisito, Brasil aparece como el principal candidato a quedarse con la mayor parte del nuevo cupo, a pesar de las diferencias ideológicas entre Trump y el gobierno de Lula da Silva.

La adjudicación se hará directamente a los primeros países que la pidan y cumplan con las condiciones, una modalidad que favorece a los exportadores con capacidad para colocar rápidamente grandes volúmenes.

Brasil cuenta además con ventajas de precio y logística y con una estructura exportadora preparada para realizar numerosos embarques hacia los puertos estadounidenses.

La ampliación fue dispuesta por Trump con el objetivo inmediato de aumentar la oferta de carne vacuna magra y reducir los precios internos. A diferencia de otras oportunidades en las que Estados Unidos abrió un cupo extraordinario específico para la Argentina, esta vez el esquema elegido impide que los exportadores argentinos accedan al nuevo contingente.

El Destape

Son 150 millones de dólares que giró China para obras en Santa Cruz

Milei retiene fondos para represas

Los bancos giraron los recursos a fines de diciembre de 2025 y aún continúan depositados en una cuenta del Estado nacional. Las obras siguen paralizadas.

Mara Pedrazzoli

Las represas de Santa Cruz se convirtieron en una nueva muestra de una política que prioriza el resultado fiscal sobre la ejecución de obras públicas. Los bancos chinos que financian el proyecto giraron 150 millones de dólares a fines de diciembre para la reactivación, pero ocho meses después los recursos continúan depositados en una cuenta del Estado, sin llegar al destino para el que fueron enviados. Mientras las obras siguen paralizadas y el Gobierno nacional demora la transferencia de los fondos a la empresa constructora.

Modus operandi

La administración de Javier Milei viene acumulando recursos con destino específico y subejecutando partidas para exhibir un mayor superávit fiscal. En el caso de las obras hídricas, entre 2024 y mayo de 2026 recaudó 375.400 millones de pesos a través del Impuesto a los Combustibles que debían destinarse a infraestructura, pero ejecutó apenas 116.000 millones. El dinero restante fue colocado principalmente en instrumentos de deuda del Tesoro.

El mecanismo también alcanzó al Sistema Vial Integrado (Sisvial), que se financia con una porción del mismo impuesto y tiene por finalidad sostener la construcción, reparación y mantenimiento de las rutas nacionales. En agosto, el propio vocero oficial admitió que buena parte de esos recursos no se destinó a obras, sino a sostener el equilibrio fiscal. Una denuncia judicial estimó en más de 1 billón de pesos los fondos retenidos o derivados hacia inversiones financieras.

La situación adquiere una particularidad en el caso de las represas de Santa Cruz: no se trata de una partida presupuestaria que el Estado debía recaudar, sino de dinero que ya fue enviado desde el exterior por los financistas. Se trata de 150 millones de dólares (equivalentes a unos 222.000 millones de pesos al tipo de cambio de diciembre) que ingresaron como una señal previa a la renegociación del contrato.

El desembolso está fechado el 29 de diciembre de 2025 por el China Development Bank, el ICBC y el Bank of China. De acuerdo con la información publicada por El Post Energético, el dinero quedó inmovilizado en las cuentas públicas y solo habría habido desembolsos mínimos para cubrir gastos menores. Una fuente vinculada al proyecto aseguró a ese medio que los fondos permanecen en el banco y generan intereses, mientras las obras no reciben recursos.

La transferencia formaba parte de las condiciones necesarias para permitir la reanudación de los trabajos. En enero, se informó que 136 millones de dólares habían ingresado al país, mientras los 14 millones restantes permanecían en China para el pago directo de equipamiento y maquinaria.

Una negociación larga y complicada

La renegociación del contrato finalmente se cerró en marzo, después de una disputa que acumulaba reclamos millonarios. Según reconstruyó El Post Energético, las empresas constructoras reclamaban compensaciones por los períodos en los que las obras estuvieron detenidas durante la pandemia y por los perjuicios derivados de un deslizamiento ocurrido durante la construcción de la represa Néstor Kirchner, la más grande y también la más atrasada del complejo.

El contratista había acumulado reclamos por más de 700 millones de dólares, mientras que hasta entonces se habían ejecutado obras por unos 1.800 millones. Para destrabar la situación, Enarsa y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) acordaron modificar el contrato original.

La nueva adenda estableció un reconocimiento de aproximadamente 259,6 millones de dólares a favor de la UTE. A cambio, las constructoras se comprometieron a renunciar a futuras demandas judiciales por hechos anteriores a julio de 2025, una vez que el Estado completara el pago de esa compensación.

El entendimiento fue presentado por el Gobierno como el paso definitivo para reactivar la obra. En marzo, Economía anunció que la prioridad sería la represa Jorge Cepernic, porque tenía un avance del 46% y podría finalizarse en 2030. La central tendría una potencia instalada de 360 MW para aportar 1.860 GWh anuales al sistema eléctrico.

Pero entre el anuncio y el reinicio efectivo de las obras volvió a abrirse un abismo. El financiamiento está disponible, el contrato fue renegociado y, sin embargo, el dinero continúa retenido.

Las represas sobre el río Santa Cruz permanecen quietas desde fines de 2023. Solo se realizan tareas mínimas de mantenimiento y seguridad. La reanudación requiere, además, reconstruir equipos de trabajo, ya que buena parte de los afectados abandonaron la provincia o consiguieron otros empleos.

El Gobierno había prometido que las tareas comenzarían después de la veda invernal, cuando las condiciones climáticas lo permitieran, pero no se observan movimientos de puesta en marcha.

Pagina 12

En busca de que alguien saque los "dólares del colchón"

Media sanción para la nueva Inocencia Fiscal del Gobierno

El oficialismo consiguió la aprobación en Diputados del proyecto que impulsó el ministro Caputo. Elimina los topes y amplía los alcances de la primera ley, que no logró gran adhesión.

El oficialismo logró en la madrugada aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Se trata de un nuevo intento de reactivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de esa iniciativa, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda y un puñado de diputaods de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Los dólares que busca el Gobierno

Al presentar la iniciativa, el ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho que la intención era garantizar que los beneficios previstos por la ley se mantengan “independientemente de cuál sea el gobierno de turno”.

Durante la presentación, Caputo señaló que existe “una masa muy grande de dólares en el colchón” y afirmó que el Gobierno calcula que los argentinos conservan alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal.

Hasta el momento, el régimen quedó por debajo de las expectativas oficiales. Según informó ARCA, unas 330.000 personas adhirieron al sistema de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. De ese total, 170.115 ya presentaron su declaración, mientras alrededor de 99.000 mantienen el trámite en estado de borrador.

Los detalles del proyecto

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias. Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25 % las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Pagina 12

26 de agosto de 2026

El Gobierno habilitó que billeteras virtuales podrán entrar a las cuentas bancaria para cobrar deudas

A partir de la próxima semana entra en vigencia un nuevo mecanismo para que bancos y billeteras cobren cuotas atrasadas.

En un contexto marcado por el incremento de la morosidad crediticia, el Banco Central formalizará desde el lunes la puesta en marcha de un nuevo instrumento regulatorio para que las entidades financieras y billeteras digitales puedan saldar cuotas vencidas directamente desde las cuentas de los usuarios. La medida busca reducir el incumplimiento de pago, pero no ofrece una solución real al conflicto de fondo.

Cobros por Transferencia: el funcionamiento del nuevo sistema

La herramienta, denominada Cobros por Transferencia, reemplaza al antiguo esquema de débito inmediato (Debin) y aplica únicamente a los nuevos contratos de crédito. Para que la operación sea válida, se exige la autorización explícita y previa del usuario.

El mecanismo opera bajo las siguientes condiciones:

  • Tope de cuota: La amortización no podrá superar el 30% del nivel de ingresos del usuario para mitigar el sobreendeudamiento.

  • Cuentas alcanzadas: Si el crédito fue depositado en un banco o CVU distinto al originador del préstamo, la entidad prestamista podrá cobrar la cuota desde la cuenta receptora.

  • Aviso previo: La entidad debe enviar una notificación al cliente 24 horas antes de ejecutar el débito.

  • Límite de intentos: Se permiten hasta tres ejecuciones (el cobro inicial y dos reintentos a las 48 y 96 horas).

  • Revocación: El usuario mantiene la facultad de cancelar la autorización en cualquier momento con efecto inmediato.

  • Pese a que el Banco Central mantuvo firme la fecha de implementación sin conceder las prórrogas solicitadas por las cámaras bancarias, la adopción del sistema no será obligatoria para la oferta de créditos, sino que exige únicamente la apertura de los sistemas informáticos para recibir solicitudes de terceros.

    Desde las entidades financieras y la industria fintech señalan debilidades de diseño que acotan el alcance de la norma:

    • Exclusión de fondos en rendimiento: Los saldos depositados en cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o compras de dólar MEP no pueden ser alcanzados por los débitos, lo que resta efectividad en el caso de las billeteras virtuales.

    • Esquema de cuotas fijas: Al exigirse importes idénticos y fijos, el sistema no contempla la adición de punitorios o intereses por mora.

    • Baja adopción esperada: La exigencia de que el cobro solo aplique sobre la cuenta donde se acreditó el préstamo desincentiva el uso de la herramienta por parte de los principales actores del mercado.

    Por estas limitaciones, los analistas del sector estiman que el nuevo esquema beneficiará principalmente a prestamistas de menor envergadura, sin generar un cambio estructural en el sistema de crédito masivo.

  • El Destape

 

ATE lanzó un paro en las Fuerzas Armadas y marchará al Ministerio de Defensa

El gremio estatal convoca a un paro total y movilización en rechazo a los bajos salarios y al intento de cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 27 de agosto un paro total de actividades en las Fuerzas Armadas, acompañado por una movilización al Ministerio de Defensa, en Azopardo 250, a partir de las 11. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y laboral que atraviesa el personal civil del sector.

El anuncio fue confirmado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”.

Aguiar explicó que las familias de los trabajadores “entraron todas en crisis”, ya que los ingresos mensuales resultan insuficientes para cubrir alimentos, alquileres, servicios y compromisos financieros. “Sus salarios no alcanzan ni para lo básico”, enfatizó.

Cierre de la base aeronaval de Punta Indio 

El gremio también alertó sobre el intento de cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, que afectaría a más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares. Según ATE, la medida “arrasaría con el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, impactando en la vida de más de 14.000 personas”.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, advirtió Aguiar, en un mensaje dirigido a las autoridades.

El sindicato reclama la reapertura inmediata de las paritarias para discutir salarios y condiciones laborales. “Se debe atacar la precarización extrema y el vaciamiento de la obra social”, señaló el dirigente, en referencia a la ex IOSFA, actualmente OSFA.

Los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas perciben sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad. El salario básico del personal civil, determinado por nivel y grado de antigüedad según la Unidad Retributiva (Decreto N° 2539/15), alcanzaba en julio de 2026 los $402.396, cifra considerada insuficiente frente al costo de vida.

ATE denunció que la pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que repercute en la salud mental del sector. “Se registra un aumento de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento”, detallaron.

La crisis también impacta en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos. Esto afecta tanto la atención sanitaria como la formación académica en las instituciones, apuntaron en un comunicado.

El gremio subrayó que el desfinanciamiento de OSFA repercute directamente en las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias. La deuda denunciada supera los $223.000 millones, y se reclama una investigación urgente.

“Estamos frente a un vaciamiento planificado que busca desmantelar la defensa nacional”, acusó Aguiar, quien insistió en que la movilización será “masiva y contundente”. Eñ este marco, ATE advirtió que la medida de fuerza es “apenas el inicio de un plan de lucha” que podría extenderse si el Gobierno no atiende las demandas.

El Destape

 

Caputo anunció créditos hipotecarios financiados con el FGS de Anses

El mecanismo contempla que el FGS licite depósitos a plazo fijo de largo plazo entre los bancos, de modo que las entidades puedan acceder a fondeo durante varios años,

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un plan para impulsar los créditos hipotecarios, que utilizará fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses para mejorar el financiamiento de largo plazo de los bancos. En principio, se trata de una medida destinada a sectores medios altos.

El mecanismo contempla que el FGS licite depósitos a plazo fijo de largo plazo entre los bancos, de modo que las entidades puedan acceder a fondeo durante varios años y reducir el descalce entre los depósitos de corto plazo y los créditos hipotecarios.

Caputo anunció que el la primera licitación de plazos fijos comenzará la semana que viene con 200.000 millones de pesos.

Cómo funciona el nuevo sistema de créditos hipotecarios

El esquema contempla la licitación de depósitos a plazo fijo entre las entidades bancarias, con el objetivo de generar una fuente de financiamiento que permita ampliar la oferta de créditos hipotecarios.

Los detalles fueron presentados durante una conferencia de prensa realizada en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El ministro de Economía estuvo acompañado por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez; y el director del BCRA, Martín Vauthier.

La propuesta apunta a impulsar el crédito hipotecario mediante la colocación de depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por UVA más un spread. Los fondos obtenidos estarán destinados a incrementar la capacidad de los bancos para otorgar préstamos destinados a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

El programa contempla un volumen total de $ 2 billones, que será distribuido mediante licitaciones sucesivas de $ 200.000 millones cada una. Se establecieron dos alternativas de plazo y tasa mínima: una a un año, con ajuste UVA más un spread mínimo de 2,50%, y otra a cinco años, con UVA más un spread mínimo de 4,50%. Cada banco podrá ofertar hasta el 20% del monto total correspondiente a cada licitación y tendrá un período de 90 días corridos para destinar los fondos una vez constituido el depósito.

Para los créditos hipotecarios financiados a través de este mecanismo, la tasa de interés no podrá superar UVA + 7,50%. Los préstamos tendrán un plazo mínimo de 15 años y podrán alcanzar un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por operación.

Caputo señaló que el desarrollo del crédito hipotecario en la Argentina enfrenta obstáculos históricos. En ese sentido, atribuyó parte de las dificultades a la "volatilidad de las políticas económicas" del país y defendió la gestión del actual Gobierno al sostener que logró evitar una crisis pese a haber recibido una situación económica particularmente compleja, sin avanzar sobre la propiedad privada ni incumplir contratos.

Qué es el FGS de la Anses

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) es un fondo soberano de inversión administrado por la Anses. Su objetivo principal es actuar como reserva financiera para resguardar el valor del patrimonio previsional y garantizar el pago de jubilaciones y pensiones frente a eventuales crisis o déficits.

Fue creado en 2007 y tomó una envergadura clave en 2008 tras la eliminación de las AFJP y la estatización del sistema previsional.

Composición y funcionamiento del FGS

  • Patrimonio de afectación específica: Los recursos del fondo tienen un destino legalmente delimitado y no forman parte del presupuesto general del Estado para libre disponibilidad.

  • Diversificación de la cartera: Su patrimonio se compone de diversos activos financieros, principalmente títulos públicos del Estado nacional, participaciones accionarías en empresas privadas relevantes, plazos fijos, obligaciones negociables y fideicomisos.

  • Financiamiento al desarrollo: Además del rendimiento financiero, una parte de sus fondos puede canalizarse mediante proyectos productivos, de infraestructura o préstamos (como créditos para beneficiarios o incentivos de mercado), buscando dinamizar la economía para fortalecer los aportes de la seguridad social. 

  • El Destape

El Gobierno busca la media sanción de la reforma del BCRA y de Inocencia Fiscal II

Diputados, entre la agenda libertaria y la de las problemáticas sociales

La oposición intentará un apartamiento de reglamento para emplazar los proyectos sobre familias endeudadas y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. La visita del Papa y su impacto en el temario legislativo.

Paula Marussich
Mientras el oficialismo ordena la tropa para darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Proyecto de Inocencia Fiscal II desde el mediodía, la oposición se prepara para avanzar con una agenda alineada con los padecimientos populares, entre ellos, el endeudamiento masivo de millones de familias y el incumplimiento de la Emergencia en Discapacidad. La ofensiva opositora cuenta con un primer obstáculo: Martín Menem exigirá las tres cuartas partes de los votos del recinto para emplazar los expedientes por no ser parte del temario. Aun no contando con los votos, será un primer testeo de adhesiones para llamar a una sesión especial el próximo 9 de septiembre. La potencial visita del Papa León XIV al Instituto Don Orione, en Claypole, donde viven unas 400 personas con discapacidad, ya opera como el instrumento de presión menos pensado para un gobierno capaz de vetar la ayuda a quienes más la necesitan. Para Milei, la agenda de la oposición solo busca “generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

Lejos de convalidar cualquier paliativo para los millones de endeudados, el Gobierno volvió a rechazar cualquier tipo de asistencia bajo el insólito argumento de que hacerlo sería “salvar a los bancos”. La explicación corrió por cuenta del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien ayer aseguró que “las líneas de crédito se incrementaron en 2025, en concreto con el ataque político del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”. Con esta declaración, el Gobierno dio en las últimas 72 horas tres señales concretas de que no ayudará a quienes contrajeron deudas a salir del laberinto al que la propia administración libertaria los empujó con la desregulación de las tasas de interés, la depreciación de los ingresos y el aumento sin límite de los gastos fijos.

Mientras trabaja en criterios para unificar los 28 proyectos que se acumulan en la Cámara Baja, la oposición podría impulsar hoy un apartamiento de reglamento para forzar el tratamiento en comisiones tanto de los proyectos de desendeudamiento como de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. A diferencia de 2025, cuando la oposición usó incluso las sesiones del oficialismo para emplazar sus propias iniciativas, el presidente de la Cámara, Martín Menem, exige ahora tres cuartos de los votos para ampliar el temario. “Nosotros vemos un escenario donde no vamos a tener los votos, pero vamos a llevar el tema al recinto para tener un poroteo un poco más fino de con quién contamos”, explicaron desde el bloque Provincias Unidas a Página/12.

En efecto, la sesión será una prueba de fuego para el nuevo bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, y que promete menos alineamiento con la Casa Rosada y guiños al peronismo. Con ese resultado, los bloques Unión por la Patria, la Izquierda, la Coalición Cívica y los bloques provinciales que se alineen detrás de esta agenda se reunirán el jueves para avanzar en una sesión especial el próximo 9 de septiembre.

El otro tema con el que la oposición busca avanzar es con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad. Luego de vetarla y de que el Congreso insistiera con dos tercios en ambas cámaras, el Gobierno reglamentó la Emergencia en Discapacidad por orden judicial. Así y todo, los familiares y las organizaciones denuncian una y otra vez la falta de recursos y las trabas con las que se encuentran a diario para acceder a prestaciones básicas. El proyecto prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia declarada por la Ley 27.793. Según explicó el diputado Juan Marino, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad: “El proyecto responde a un reclamo generalizado de las organizaciones de y para personas con discapacidad, y cuenta con las firmas de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Primero San Luis”. La transversalidad de las firmas da cuenta de un futuro revés para el Gobierno. “Es un tema en el que estamos invictos”, confió un diputado de UxP a Página/12.

La presión menos pensada

El Gobierno busca salir airoso de la visita de León XIV y capitalizar su paso por la Argentina. Pero la agenda que delinea el Vaticano muestra enormes diferencias con el presidente de ultraderecha. Milei es un fan confeso de los tecnomillonarios a los que el pontífice combate. En su última encíclica, León XIV reclama humanizar la tecnología y advierte que los algoritmos no son neutrales.

Por otra parte, la Iglesia sigue de cerca la crisis en discapacidad. Días atrás se supo que el Instituto Don Orione de Claypole aparece entre los lugares que el Papa podría visitar durante su estadía en el país. El 30 de agosto llegará una segunda misión de avanzada del Vaticano para recorrer los posibles escenarios de la visita prevista para noviembre. La presencia de León XIV en uno de los ocho institutos Don Orione que hay en el país, donde viven unas 400 personas con discapacidad que no cuentan con una red familiar capaz de sostener sus cuidados, podría convertirse en la mayor vidriera para una agenda que Milei castiga y esconde debajo de la alfombra.

La sesión

Sin mayores contratiempos, el oficialismo se encamina a aprobar la reforma al Banco Central —un tema que obsesiona al presidente Javier Milei desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo incorporó a su menú de exigencias— y la Inocencia Fiscal II. También se tratará la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). La oposición descuenta que el oficialismo reunirá el quórum y aprobará la reforma, aunque adelantan que “el blindaje a Bausili puede tener menos votos que la ley en general”.

“Hemos trabajado durante 20 días, creemos que tenemos los números, pero no hay que ser exitistas”, dijo el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, tras asistir a una cumbre de legisladores en la Casa Rosada que encabezó el propio Milei. Según trascendió, “Milei explicó que una de las principales estrategias de la oposición consiste en instalar determinados temas como ‘mercados repugnantes’, capaces de generar división en la sociedad y ser utilizados como ejes de confrontación política”.

Según informó la Casa Rosada, “Milei se refirió a los cuestionamientos sobre la morosidad y sostuvo que es necesario analizar los datos y las causas detrás de cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico. Destacó la consistencia de la política fiscal y monetaria y remarcó que la Argentina lleva 27 meses consecutivos de crecimiento”.

Pagina 12

Desde las entrañas de la empresa se viralizaron un mensaje en el que se desentienden de la mora de las familias

La operación Milei-Galperín para negar el daño del modelo

Un ex empleado de Macri que trabaja para Mercado Libre circuló en X un informe que instala que la firma es la que menos mora tiene y ni menciona las tasas usurarias que cobran mientras reciben millonarios subsidios en Argentina y esquivan impuestos en el Uruguay.

Leandro Renou

Cuentan las malas lenguas que, a primera hora del martes, el mensaje corrió fuerte en grupos de Whatsapp en los que participa el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín. Con el paso de las horas, la teoría empezó a tener más sentido.

En el marco de la mora récord que están teniendo las familias que toman crédito para subsistir, Galperín y el Presidente de la Nación, Javier Milei, se montaron en un mensaje de Matías Fernández, un ex empleado de Mauricio Macri que hoy trabaja para Mercado Libre, para decir que ni la empresa ni el gobierno son responsables de los padecimientos sociales con los préstamos, tratando de minimizar las tasas usurarias que cobra la empresa y desviando la atención hacia el resto del sistema financiero. Una especie de cóctel letal de un Estado que no controla y avala los negocios de su ceo fetiche.

La situación, además de darse en pleno debate por las tasas, se posa sobre una empresa que cobra millonarios subsidios en dólares de un gobierno, mientras centra sus operaciones técnicas en Uruguay en una zona franca en la que hay casi tributación cero.

El nexo PRO

Matías Fernández fue, según quienes lo conocen, parte de los equipos de comunicación de los ministerios de la Producción y Comercio en el gobierno del PRO. Concretamente, se desempeñó como Jefe de Asesores de Francisco “Pancho” Cabrera en la cartera, y una familiar muy cercana suya está en pareja con otro ex funcionario del partido amarillo, también línea Cabrera. Fernández fue, además, uno de los jóvenes más activos en los armados de la estrategia digital del “Si se puede”, con el que Macri intentó revertir el mal resultado de la PASO del 2019. Y trabajó como artífice principal del grupo de Whatsapp “Nuestra Voz”. Precisamente en ese grupo, que reunió a empresarios para hacer campaña viral por Macri, conoció a Galperín, la cabeza central de la iniciativa.

Como buena parte de los ex funcionarios del macrismo, Fernández usó contactos ganados en la esfera pública para trabajar en lo privado. Hoy, es uno de los socios de la consultora Pública, que entre sus clientes tiene a Mercado Libre y a Globant, dos de los unicornios que pasaron de Macri a Milei y con los que armó Nuestra Voz. Los describen, los que conocen el vínculo, como los padrinos corporativos de Fernández.

Esta información de su trabajo para MELI fue confirmada por fuentes de la empresa ante la consulta de Página I12 y se ven también en la web de la consultora. Es decir, un empleado de Galperín posteó un mensaje que lo deslinda a su jefe y que directamente ignora las tasas elevadísimas que cobra.

“Todo lo que querías saber de la mora (pero tenías miedo de preguntar)”, se titular el mensaje en X, en una alusión a una de las películas de Woody Allen. Allí reporta que la mora que suman los créditos de Mercado Libre es de sólo el 3 por ciento y les echa el fardo a los bancos, que no son unos santos en esta historia y también cobran tasas de usura, pero cuya situación está mal comparada. Precisa Fernández que los bancos tienen montos de deuda en dinero más grandes que las fintech, algo lógico porque prestan mucho más dinero. Y además apunta que los montos tomados en MELI son más bajos que los de los bancos. También lógico y negativo para la estrategia de distraer la atención sobre ML: justamente, el problema con Galperín es que presta menos dinero y a tasa más alta, es decir, asiste con crédito a sectores sociales bajos, con mayor riesgo de ingreso en la mora, más allá del monto que decidan tomar. De hecho, la mayor mora en Mercado es de 400 mil pesos y la menor de 100 mil. “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor”, concluyó Fernández, sin eufemismos.

Javier y Marcos, como si nada

Sobre este mensaje, exculpatorio de la inacción de Milei y los negocios sin control de Galperín, se montaron el Presidente, sus satélites y el propio empresario, como si ellos no hubiesen tenido nada que ver en la génesis y difusión del mismo.

Galperín aseveró que “finalmente un análisis serio y bien hecho del tema del crédito y la mora en Argentina. Si realmente les interesa el tema léanlo, es largo, profundo y correcto”.

Milei, en un alto de su martes de insultos en el que descargó la palabra “Mierda” al menos 50 veces, aseguró sobre el posteo que “deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas”.

Del subsidio millonario a la zona franca uruguaya

Mientras Galperín sigue tratando de esquivar el debate de sus ganancias en base a tasas de interés récord, sigue aprovechando beneficios fiscales a un lado y otro del charco. En la primera parte del año, en Argentina, se quedó con 42 millones de dólares en quitas de impuestos heredadas de las leyes de empresas tecnológicas y economía del conocimiento. En 2025, en el mismo período, ya se había quedado con otros 51 millones de dólares. Toda esta información, además, es de acceso público porque es la data que Mercado Libre publica en la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, donde debe reportar como empresa cotizante.

En Uruguay, país en el que se radicó impositivamente en 2002 y al que se fue a vivir de manera plena en 2019 con dos propiedades -una en Carrasco y otra en Punta del Este- también exprime al Estado. La mudanza fue justamente después de la derrota de Macri. Mercado Libre tiene instaladas oficinas en la zona franca Aguada Park, frente al puerto de Montevideo.

En esa misma zona se instaló Globant, con cuatro pisos en ese edificio. También hay otros Unicornios de la misma especie.

¿Por qué están allí? Hay una norma de zonas francas, que también comparten otras locaciones como Zonamérica o la más reciente de Colonia del Sacramento, donde conviven otras empresas argentinas, entre ellas Despegar.com. Hay allí fuertes rebajas tributarias y condiciones muy favorables en general.

En el reglamento de Aguada Park, que usufructúa Galperín, se especifica que las firmas tienen disponible el siguiente esquema. Los beneficios son realmente increíbles y explican por qué el empresario sigue migrando al extranjero para evitar pagar impuestos en Argentina.

  1. Posibilidad de adquirir insumos y equipamiento (nuevo y usado) sin recargos impositivos ni aduaneros.
  2. Libre movimiento de capitales y libre repatriación de utilidades.
  3. Podrá brindar todo tipo de servicios al exterior, a otras empresas instaladas en Aguada Park y a usuarios y desarrolladores de otras zonas francas de Uruguay. Los servicios prestados hacia el exterior, también podrán ser prestados desde zona franca a empresas ubicadas en territorio nacional no franco que sean contribuyentes gravados por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
  4. Contratación de hasta un 25% de personal extranjero, pudiendo alcanzar el 50% cuando la naturaleza del negocio desarrollado así lo requiera, mediando autorización del organismo regulador.
  5. El personal extranjero podrá optar por renunciar al sistema de seguridad social uruguayo. Esta renuncia no procederá en los casos de prestación de servicios a contribuyentes gravados por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).
  6. La ley prevé que si se modifican los beneficios tributarios, el Estado será responsable de resarcir los daños y perjuicios generados a las empresas con contrato de usuario.
  7. En caso de que el explotador de la Zona Franca pierda su calidad de tal, el Estado debe garantizar a las empresas instaladas la provisión de la infraestructura y demás servicios necesarios para operar, durante toda la vigencia del contrato de usuario.         Pagina 12