15 de mayo de 2026

Tras el monólogo en Neura

Marcela Pagano denunció a Javier Milei por presunto encubrimiento

La diputada presentó una denuncia en la Justicia después de que el Presidente asegurara que el Gobierno enfrentó un supuesto “golpe de Estado” y que, además, un empresario habría intentado coimearlo.

Lo que empezó como una entrevista política en Neura terminó escalando a los tribunales. Javier Milei aseguró el jueves por la noche que su gobierno enfrentó un supuesto “golpe de Estado” y relató un presunto intento de coima de parte de un empresario. Sus dichos motivaron una denuncia penal de la diputada Marcela Pagano, quien lo acusó de presunto encubrimiento.

Según Pagano, Milei no podía hablar públicamente de hechos de semejante gravedad sin denunciarlos. En su presentación judicial sostiene que, si Milei tenía conocimiento de posibles delitos contra el orden constitucional y de un supuesto hecho de corrupción, estaba obligado a dar intervención a la Justicia.

Del enemigo permanente al expediente

La entrevista fue el jueves por la noche en Neura. Allí, Milei volvió a insistir con que hay sectores que buscan perjudicar a su gestión. En ese contexto aseguró que, después del triunfo libertario en las elecciones porteñas -que vinculó al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni- hubo un intento de desestabilizar a su gobierno.

La frase quedó en el centro de la denuncia de Marcela Pagano. La diputada sostiene que una acusación de ese nivel no puede quedar solo en una entrevista. Según planteó en la presentación judicial, si Milei tenía información sobre un supuesto intento contra el orden constitucional, debía denunciarlo formalmente ante la Justicia.

La diputada invocó artículos del Código Penal vinculados a delitos contra la vida democrática y planteó que se trata de hechos de “gravedad institucional máxima”. Traducido al castellano de a pie: si alguien sabe de un delito tan serio, no alcanza con contarlo en cámara.

La coima sin nombre

Pero el supuesto golpe no fue lo único que terminó bajo la lupa. Durante la charla, Milei también habló de un empresario que habría intentado ofrecer una coima. No dio demasiados detalles. Tampoco nombres. El episodio quedó suspendido en el aire, como una escena narrada a medias.

Ahí es donde Pagano volvió a detenerse. Según la legisladora, el relato podría encuadrar en un posible delito de cohecho activo.

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El ex policía acusado de adulterar los Cuadernos sorprendió con revelaciones inesperadas

Jorge Bacigalupo, el sargento retirado de la Policía Federal (PFA) acusado de adulterar los anotadores, declaró este jueves por unas ocho horas como testigo. Con su testimonio comprometió al fiscal Carlos Stornelli y contó circunstancias que fueron omitidas en la versión oficial del caso. De su regreso a la policía durante el kirchnerismo al vínculo con el Ministerio de Planificación. Los detalles de una testimonial que seguirá el próximo martes.

Jorge Bacigalupo, el sargento retirado de la Policía Federal (PFA) acusado de adulterar los anotadores adjudicados al chofer y ex militar Oscar Centeno, declaró por unas ocho horas como testigo este jueves en el juicio de los Cuadernos y sorprendió con más de una revelación inesperada. Con su testimonio, en el que no podía mentir, no solo comprometió aún más al fiscal Carlos Stornelli por su accionar en esta causa paradigmática del lawfare sino que también contó circunstancias que fueron omitidas en la versión oficial del caso.

A lo largo de su declaración ante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 7, que a las ocho horas fue interrumpida por el tribunal de juicio por su extensión y fue reprogramada para el próximo martes, Bacigalupo reveló que:

  • El fiscal Stornelli estuvo en su casa el 31 de mayo de 2018, el día previo a la difusión del caso y la razzia de exfuncionarios y empresarios, y lo llevó a declarar al despacho de Claudio Bonadío en su auto oficial con chofer porque según dijo “sino se caía la causa”.
     
  • Volvió a trabajar a la Policía Federal tras ejercer como remisero y cumplir tareas para el Ministerio de Planificación Federal como chofer. Contó que fue “convocado”, es decir, antes de cumplir los 60 años (hoy tiene 81). Si bien no precisó el tiempo exacto en que ingresó nuevamente a la fuerza todo indica que fue cuando supuestamente se escribieron una parte de los cuadernos.
     
  • Mantuvo un vínculo con el policía Daniel Portaluri, a quien describió como director de la “Dirección de Pericias”, el área donde cumplió funciones al menos durante una parte de su reincorporación a la PFA. Según se desprende de la causa paralela a la central de Cuadernos, donde se investiga la adulteración de los cuadernos y en la que Bacigalupo fue procesado en dos ocasiones y luego favorecido por la cámara porteña, el sargento retirado mantuvo una relación cercana con Portaluri, algo que prefirió omitir este jueves.
     
  • Que estuvo trabajando con el exchofer y exmilitar Oscar Centeno para el Ministerio de Planificación Federal. Según describió fue años antes del caso Cuadernos.
     
  • Que su hijo fue empleado de Pampa Energía, firma comandada por Marcelo Mindlin. El dato adquiere relevancia porque en la causa en que Bacigalupo fue acusado de adulteración de los cuadernos se protegió el nombre de un empresario de nombre Marcelo.
  • La visita de Stornelli y el viaje con el fiscal a lo de Bonadío

    Uno de los datos novedosos que Bacigalupo dio este jueves involucra al fiscal de esta causa paradigmática de persecución judicial: Carlos Stornelli. ¿Qué dijo Bacigalupo? Que el 31 de julio de 2018, el día previo a que estallara mediáticamente el escándalo, el fiscal fue a su casa con el periodista de La Nación Diego Cabot y allí coordinaron su declaración como testigo en la causa. De acuerdo a la narración que realizó el ex policía, Stornelli lo llevó en su auto a declarar con Bonadío “porque la causa se caía”.

    La secuencia es escandalosa: el fiscal del caso yendo a la casa de un potencial testigo para convencerlo que declare porque la causa se le caía. Y como si fuera poco, lo traslada a tribunales en su auto oficial – “con chofer”, según recordó Bacigalupo- directamente al despacho del juez de esa causa, Claudio Bonadío, a prestar testimonial. Y esto sucede pese a que antes –según declaró el ex policía- se habían juntado Cabot y Bacigalupo para coordinar la testimonial y el sargento retirado de la Federal había dado su ok para declarar. Este último hecho llevó a más de una defensa a preguntarse para qué fue Stornelli a lo de Bacigalupo: “¿Qué necesidad tenía? ¿Fue a presionarlo?”, se preguntaban desde la representación legal de algunos de los acusados.  

    El sargento retirado declaró que Cabot –que era vecino suyo- y el fiscal Stornelli “fueron a mi casa”. ¿Cuándo? El 31 de julio de 2018, el día previo a que el caso se publicara en La Nación y se iniciara una razzia de exfuncionarios y empresarios. ¿Qué sucedió cuando llegaron Cabot y el fiscal de la causa a la casa de Bacigalupo? “Intercambiamos palabras. El doctor Stornelli me dice: ‘Lo pongo en conocimiento de que su amigo Centeno está detenido. Es necesario que usted preste una declaración testimonial porque si no se nos complica la causa’”. “¿Le parece bien mañana?”, afirmó Bacigalupo que le preguntó el fiscal. “Le mando un coche a buscarlo”, agregó Bacigalupo que le dijo Stornelli. “Sino lo busco yo”, dijo el expolicía que agregó Cabot. “‘¿Por qué no ahora?’, digo yo”, contó el sargento retirado que retrucó. Y aseguró que Stornelli lo llevó a Comodoro Py ahí mismo. “Me llevó al despacho de Bonadío y ahí presté declaración testimonial en presencia de Bonadío”, precisó. Incluso contó que fue en un auto oficial de Stornelli, con chofer. 

    Otro pasaje que recordó Bacigalupo de ese día fue una frase de Bonadío. El sargento retirado declaró que el juez le dijo: “Le agradezco mucho. Si usted no hubiera declarado esto no podía continuar. Y me dijo: esta es la frutilla que le faltaba a la torta de mi vida para completar”.

    Recordemos que el rol de Bacigalupo en esta trama es central. Según la versión oficial, Bacigalupo tenía los cuadernos del escándalo en su poder porque se los había dado Centeno, en una caja cerrada, para que los tuviera en custodia. Y él fue quien se los dio a Cabot, quien a su vez se los llevó a Stornelli y así dio pie a esta operación política-mediático-judicial. Pero eso no es todo. Según se desprendió de un peritaje oficial en una causa paralela a la central del caso Cuadernos, Bacigalupo fue quien manipuló nombres de empresarios y direcciones en los anotadores originales por razones que aún se desconocen. Por esa razón, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dictó su procesamiento –en dos ocasiones- por “encubrimiento agravado” y “falsificación de documento público”. En las dos ocasiones, la Cámara Federal porteña salió a su salvataje y revocó ese procesamiento dictando la falta de mérito para blindar este juicio que ahora se desarrolla. La última revocatoria es del 16 de abril pasado, hace menos de un mes, en la víspera de la declaración de Bacigalupo. Esta jornada Bacigalupo negó haber tocado los cuadernos originales. Dio a entender que rechaza la acusación en su contra.

    El regreso a la Policía Federal durante el kirchnerismo

    Bacigalupo contó -lo que causó sorpresa- que también fue chofer en el Ministerio de Planificación, a donde había llegado por recomendación de Centeno. Pero estuvo un tiempo y se fue. “¿Por qué se fue del Ministerio de Planificación Federal?”, le preguntó a Bacigalupo el abogado Marcos Aldazabal, representante legal junto a Elizabeth Gómez Alcorta, de Roberto Baratta, el ex Nº 2 del Ministerio de Planificación Federal. “Porque decidí prestar servicios en la Policía Federal de nuevo como personal convocado”, reveló. Según dijo, el personal convocado es aquel agente que se retira pero es llamado desde la fuerza de seguridad antes de que cumpla 60 años. En este apartado, Bacigalupo buscó responder de la forma menos precisa posible. Según sostienen las defensas, la convocatoria responde a un pedido previo del que desea ser vuelto a llamar, algo que el sargento retirado no reconoció del todo. ¿Qué dijo Bacigalupo sobre este tema?

    “El personal convocado es personal llamado a prestar servicios. Me convocaron. Mi primer destino fue la superintendencia de Interior. Presté servicios en el área 1, delegación La Plata”, comenzó a enumerar. “El último destino fue la Dirección General de Pericias”, cerró. Se trata del área que comandaba Daniel Portaluri, un actor que puede adquirir cada vez más relevancia en toda esta trama. Respecto a su nuevo paso por la PFA, Bacigalupo dijo que estuvo otros 6 años. Nunca precisó en qué años ocurrió pero comentó que fue entre los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. “Me retiré con 18 años de servicio (la primera vez). Tengo 24 años de servicio computados”, explicó por qué sabe que estuvo 6 años en su segunda etapa. “Cuando me voy de la Policía no sé si estaba vivo Néstor Kirchner y sí estaba su sucesora, la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, indicó.

    Si Bacigalupo reingresó a los 59 años a la PFA, fue en 2004 aproximadamente, porque hoy tiene 81 años. Y si estuvo 6 años se tendría que haber ido en 2010. Siempre si lo que dijo fue verdad. 

    Lo que buscó dejar en claro este sargento retirado fue que cuando tuvo la caja con los cuadernos presuntamente escritos por Centeno no cumplía funciones en la Policía.

    Relaciones peligrosas

    Bacigalupo narró que en su segunda etapa en la PFA como “convocado” estuvo unos 6 años en la fuerza y fue asignado a la Dirección de Pericias para cumplir tareas administrativas y de chofer. Es por lo menos curioso que desde la Policía se reconvoque a un retirado para tareas administrativas. ¿Quién era el director del área de Pericias que comentó Bacigalupo? Daniel Portaluri, un uniformado de larga trayectoria en la PFA con el que Bacigalupo siguió en contacto una vez que estalló el caso Cuadernos, según surge de sus llamadas analizadas en la causa paralela a la central de Cuadernos. ¿Qué dijo Bacigalupo sobre Portaluri? Que para el momento del caso Cuadernos ya no hablaba o lo hacía ocasionalmente. Pero hay documentos que muestran otra realidad.

    Chofer en Planificación

    Otro dato que aportó Bacigalupo este jueves fue que también trabajó con Centeno para el Ministerio de Planificación Federal vía una remisería de San Fernando contratada por la cartera que conducía Julio De Vido. Dijo que eso fue antes de retornar a la fuerza como “convocado” y que allí fue chofer. Señaló que quien lo llevó a trabajar a Planificación fue el propio Centeno, con quien había compartido un trabajo previo como remisero en otra remisería de Martínez, “Cero remis”. “Centeno me llevó por amistad y conocimiento”, afirmó Bacigalupo.

    Respecto a este punto dijo no saber quién lo había llevado a Centeno a Planificación. “El señor Centeno cuando coincidimos en el ministerio de Planificación ya era chofer exclusivo del señor Baratta. Me llevó por amistad y conocimiento. En el ministerio era menos sacrificado y mejor remunerado el trabajo. ¿Cómo estaba contratado? No era relacionado con el ministerio. Había una remisería de San Fernando que era la titular de la licitación del servicio que prestaban en el Ministerio de Planificación. Es decir, los remiseros no éramos empleados del ministerio sino de la remisería”, especificó. No recordó ni el nombre ni el apellido del dueño de aquella remisería. En ese marco dijo que no fue chofer de ningún funcionario.

    El hijo en Pampa Energía

    Otra de las “revelaciones” de Bacigalupo fue que su hijo fue empleado en Pampa Energía, la firma comandada por Marcelo Mindlin. Para varios de los abogados defensores el dato adquiere relevancia porque en la causa en que este ex policía fue acusado de adulteración de los cuadernos se protegió el nombre de un empresario de nombre Marcelo, cuyo nombre completo por ahora se desconoce. En su lugar se agregó el nombre de Armando Loson, quien denunció la adulteración de los anotadores en la causa paralela a la central que lleva Martínez de Giorgi. Como Bacigalupo es investigado en esa otra causa (donde un peritaje oficial de la PFA determinó que fue él el que realizó las adulteraciones), los abogados de Loson –Ricardo Gil Lavedra y Carlos Vela- no interrogaron al testigo en la audiencia de este jueves. Incluso el tribunal de juicio le aclaró a Bacigalupo que podía no contestar cualquier pregunta que considerara que lo podía comprometer judicialmente en ese otro expediente.

    Tras ochos horas intensas, el tribunal del juicio decidió suspender la audiencia de este jueves y continuarla el martes próximo donde probablemente se profundicen algunas de las revelaciones que Bacigalupo dio esta jornada.

  • El Destape

Se abren las puertas a las privatizaciones

Un nuevo paso para entregar el desarrollo nuclear argentino a Estados Unidos

La Comisión Nacional de Energía Nuclear avanza en la puesta en venta de sus activos. Ahora abre la puerta a que grupos privados se tienten con el reactor RA-10, casi finalizado por el gobierno anterior, y para que EE.UU. se lleve un recurso estratégico: el uranio.

Pablo Esteban

Cuando el Gobierno afirma que está interesado en la energía nuclear no está diciendo que está interesado en que el Estado argentino aproveche sus propios recursos para impulsar su desarrollo. En realidad, todo lo contrario: la administración libertaria está interesada en rifar todos sus activos científicos y tecnológicos, con el único fin de obtener dinero fresco y cumplir con las órdenes del amo del norte. La Comisión Nacional de Energía Nuclear acaba de concretar un nuevo paso en esa línea: mediante un procedimiento administrativo, formalizó cómo sería la presentación de iniciativas privadas. Básicamente, avanzó en un manual de actuación para que los privados nacionales e internacionales que tengan intención de quedarse con los activos nucleares de Argentina puedan visitar las instalaciones y ver qué aprovechar. Es curioso, porque semanas atrás, durante la presentación de su informe de gestión en Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, indicó que “el plan nuclear anunciado por el presidente en diciembre de 2024 aún no entró en vigencia”. En verdad, hay un plan y es rifarlo todo.

A partir de ahora, todos aquellos actores que quieran obtener documentación, información o directamente realizar una visita a los predios que posee la CNEA en todo el territorio nacional puedan hacerlo sin problemas. Como si fuera un supermercado, de esta manera, los privados interesados pueden pasear por las góndolas nucleares y postularse para quedarse con lo que más les guste. Quien saca los colmillos es Estados Unidos, que quiere el desembarco próximo de sus empresas. De hecho, el funcionario de la Casa Blanca Scott Bessent lo había anticipado en septiembre pasado: “Argentina es rica en uranio. Están comprometidos con la entrada de empresas privadas estadounidenses”.

Entre los productos más codiciados figuran el reactor RA-10, artefacto prácticamente finalizado durante la gestión anterior, y el uranio, un recurso estratégico, bajo la jurisdicción de CNEA, que está presente en Chubut, Mendoza y Salta. Aunque por ley las provincias son dueñas de los recursos, el organismo de energía nuclear es responsable de tutelar. Una controversia no resuelta por los marcos legales vigentes.

Esta movida que concreta la CNEA tiene como telón de fondo la firma del memorándum de cooperación para la gobernanza, la inversión y seguridad de las cadenas de suministro a nivel global. El documento, acordado entre Argentina y EE.UU., forma parte de la estrategia norteamericana denominada ‘Alianza para la seguridad de los minerales críticos’. Los minerales críticos tienen una demanda global y desempeñan un rol en la transición energética.

Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista (Universidad Nacional de Río Cuarto) y especialista en energía nuclear, afirma a Página 12: “Estados Unidos tiene bien en claro sus objetivos con Argentina y el rol que quieren que cumplamos en su proceso de reindustrialización, que es parte de la disputa hegemónica en curso con China. Por un lado, busca desarticular y desmantelar las capacidades que hemos logrado en ese desarrollo y, por otro, quiere que Argentina compre la tecnológica desarrollada en su país”. De hecho, uno de los pilares de la nueva doctrina de seguridad nacional en EE.UU. se vincula con el control de los recursos de energía nuclear en el hemisferio occidental.

A su turno, Diego Hurtado, físico del Conicet y con una amplia experiencia en gestión de organismos científicos y tecnológicos, explica que “está pasando algo que ya ocurrió de manera calcada en los 90. Como las autoridades de CNEA tienen la garantía de que no recibirán inversión pública, salen a buscar actores privados. Negocios que, en realidad, se concretan a partir de la entrega de activos públicos. Dejan entrar capitales extranjeros para que se lleven el uranio porque viene derechito el cordón umbilical al alineamiento incondicional con Estados Unidos. Es un pedido de Trump a Milei: quieren el uranio argentino”. Por eso, ahora habilitan la visita de privados a las minas de uranio que son incumbencia de la CNEA y le ponen un marco a procedimientos que ya estaban sucediendo de manera informal.

Ignacio Cortés, trabajador de la CNEA, observa: “A nivel administrativo, la CNEA todo el tiempo genera procedimientos como este, que tienen que ver con normas de gestión. Son procedimientos de calidad. Son algo normal”. Al mismo tiempo opina: “Se habla de información confidencial que la CNEA puede otorgar a privados y en cierta manera, genera un marco normativo que puede dar lugar a contratos con privados para avanzar con lo que este gobierno declara abiertamente que quiere hacer: destruir el Estado y delegar cualquier tipo de actividad y ordenamiento de la economía al sector privado”. Y remata: “Si uno lee el procedimiento con detalle, las gerencias que quedan a cargo de las decisiones sobre los acuerdos apoyarán este programa de privatización”.

Reactores a la venta

Entre los principales activos que posee la CNEA se encuentran los reactores y un recurso estratégico que, precisamente, sirve como combustible para el funcionamiento de las centrales nucleares: el uranio.

Por un lado, se halla el Carem (Central Argentina de Elemento Modulares), que constituye el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integralmente en Argentina. Con esta tecnología, ahora paralizada por el gobierno de Javier Milei (faltaba un 30 por ciento para concluirla), el país se ubicaba a la vanguardia en materia de nucleoelectricidad y energía limpia. Como aún son muy pocas las naciones que cuentan con uno, el diseño de este prototipo se proponía abrir la puerta para que más naciones alrededor del mundo quisieran tener el propio. La venta de un reactor de la magnitud del Carem podría significar un ingreso de 4 mil millones de dólares.

Por otra parte, se halla el RA-10 (Reactor Nuclear Argentino Multipropósito), que comenzó a construirse en 2016 en el Centro Atómico Ezeiza. Aunque tiene diversos objetivos, el principal se vincula con garantizar el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico, esenciales porque alimentan los centros de medicina nuclear del país, en donde se diagnostican y tratan pacientes con cáncer. A diferencia del Carem, este reactor está casi listo y será finalizado por el gobierno libertario que, casi sin esfuerzo, se llevará los créditos. No le tienta la ciencia local, sino el rendimiento que este avance puede lograr. Una vez que esté en marcha, con voluntad política y muy poco esfuerzo, podría significar ingresos de 90 millones de dólares al año.

En concreto: aunque Argentina podría aprovechar los beneficios económicos que darían como resultado la puesta en marcha de ambos reactores, se estima que podrían ser las primeras tecnologías en ser vendidas. Y a precios insignificantes.

El recurso estrella que quiere Trump

El otro aspecto que llama poderosamente la atención de Estados Unidos y los grupos privados es el uranio. ¿Por qué? Porque es el insumo que mueve a los reactores que, en última instancia, mueven a inteligencia artificial. Malinovsky comenta: “La explotación de uranio en el país no apunta a fortalecer el desarrollo local, sino a garantizar la exportación de mineral para abastecer a la industria estadounidense, que busca independizarse del uranio ruso”.

En 2023, EE.UU. importó el 99 por ciento del uranio necesario para sus centrales nucleares, principalmente de Canadá, Australia, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. Asimismo, cuenta Malinovsky, tras los conflictos entre Estados Unidos y Rusia, el expresidente Joe Biden logró aprobar la Ley de prohibición de las importaciones de uranio ruso, que justamente restringió la importación a partir del 12 de agosto de 2024.

Argentina posee alrededor de 40 mil toneladas de reservas de uranio. El experto sigue con el detalle: “El consumo anual de nuestras centrales nucleares –Embalse, Atucha I y Atucha II– es de apenas 220 toneladas, que hoy se importan principalmente de Kazajistán. La minería de uranio en nuestro país fue cancelada en 1997, durante el menemismo, como parte de las políticas neoliberales orientadas al desmantelamiento de sectores estratégicos, entre ellos el nuclear, bajo el argumento de que ‘importar era más barato’”.

El paso administrativo que da ahora el gobierno a pedido de los grupos concentrados nacionales e internacionales es una manera de allanar el camino hacia la privatización de activos. Argentina, una vez más, tenía todo para convertirse en una potencia mundial en el rubro, pero ahora deja escapar una chance única.

Reestructuración y deterioro institucional

Para colmo, a la CNEA le sucede lo mismo que a todo el sistema científico y tecnológico: básicamente, desde que se inició la gestión libertaria, sus trabajadores denuncian desmanejos institucionales y ajustes que los invitan, prácticamente, a dejar la institución en busca de mejores posibilidades en los privados, o bien, en otros rubros. De manera reciente, trabajadores del sector difundieron un informe en el que destacan la “incorporación de personal sin experiencia previa en el sector nuclear”.

El documento menciona: “Estas incorporaciones (en puestos directivos) se realizan en condiciones contractuales distintas a las del resto del personal y en un contexto de deterioro salarial, precarización laboral y restricciones presupuestarias. Esta situación genera preocupación entre trabajadores y sectores técnicos respecto de las capacidades estratégicas de la CNEA y del plan nuclear argentino”. En síntesis: hay cada vez menos trabajadores calificados y cada vez más puestos directivos improvisados.

Un plan nuclear argentino que, vale destacar, presentó el físico Demian Reidel, quien en el presente también se ve envuelto en bretes judiciales, imputado por compras llamativas con la tarjeta de Nucleoeléctrica. Una comparsa al mando de un sector estratégico: nada puede salir bien.

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Se publicaron los pliegos para el remate de AySA

El agua se va a manos privadas

Antes de la reestatización en el Gobierno de Kirchner, la firma gestionada por Suez había paralizado las obras de extensión de este servicio esencial. La misma compañía busca competir en el proceso actual.

Bernarda Tinetti

El Gobierno nacional confirmó la licitación para privatizar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). La decisión fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X, donde adelantó que este viernes se publicarían “en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90 por ciento de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”.

El convenio será por 30 años, con posibilidad de prórroga. Caputo dice que con los privados la empresa “va a andar mejor”. Sin embargo los antecedentes revelan lo contrario: durante la anterior privatización, la compañía paralizó la extensión de la cobertura porque delegaba en los usuarios el pago de las obras para garantizar el servicio esencial de agua y cloacas que, por contrato, se había comprometido a brindar. Con la reestatización posterior en 2006, por decisión del presidente Néstor Kirchner, se avanzó con la expansión en infraestructura y cobertura que actualmente llega a más de 14 millones de personas en el área metropolitana.

En su sesión del jueves, el Senado aprobó una moción de preferencia impulsada por Wado de Pedro para priorizar el tratamiento del proyecto de ley que declara a AYSA “de interés público y estratégico para el desarrollo humano”, en un intento por impedir esta privatización.

“La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”, afirmó el titular de Hacienda, con un discurso que repite el libreto de los años noventa y desconoce lo que ocurrió con la firma en la anterior pase a manos privadas.

Cómo será la privatización de AySA

Desde Economía, informaron que el Ejecutivo busca concretar la venta de al menos el 51 por ciento de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa.

La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.

AySA es una de las ocho empresas que el Gobierno prevé privatizar en el marco de la reglamentación de la Ley Bases. Las otras que figuran en la lista a rematar son Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

“Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos”, insistió el ministro, negando la historia reciente.

La decisión se enmarca en la desesperación de la administración libertaria por conseguir divisas que le permitan equilibrar las cuentas públicas. En esa carrera, afectan intereses de la mayoría de la población, mientras mantienen los priveligios del sector financiero y primario. Se estima que el Estado busca recaudar cerca de 500 millones de dólares, por esta transferencia.

El proyecto contempla una etapa de transición (2024-2026), donde la gestión de la firma tendrá que cumplir con el Plan de Acción vigente para reorientar su gestión y sanear sus cuentas. Y otro momento que el Gobierno llama “Nueva era” (2027-2031): comienza en enero del año próximo con el “Primer Ciclo Tarifario” bajo el control privado y el desarrollo de las metas de inversión acordadas.

Quién es quién: los que quieren AySa

Los involucrados por adquirir la mayoría de la empresa, que debe proveer agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, son Edison Energía (la familia Neuss junto a los dueños de Havanna y Newsan), Mauricio Filibert (dueño de Transclor), el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento y la chilena Aguas Andinas.

En el caso de las últimas se da una paradoja: son las firmas que compraron la francesa Suez. Se trata de la compañía que manejó Aguas Argentinas desde 1993 hasta su posterior Re estatización, por incumplimiento del contrato. Sin embargo Suez demandó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Mientras el 90 por ciento de las acciones pasan a grupos privados, el 10 por ciento restante quedará para los trabajadores.

La historia reciente

En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner ordenó la vuelta de la prestación del servicio de aguas y cloacas al Estado. Le rescindió el contrato a Aguas Argentinas y creó Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). Por entonces, el Gobierno acusó a la firma de “poner en peligro la salud de la población”, por nivel de nitratos encontrado en algunas localidades, y de paralización de la infraestructura que había sido acordada en el contrato.

Con esa decisión del Ejecutivo inició una etapa de fuerte inversión para expandir la cobertura y garantizar el acceso. En agua potable pasó del 76 por ciento al 85 por ciento en 2024. Cloacas creció del 57 por ciento al 72,6 por ciento en 2022.

Las grandes obras de infraestructura a cargo del Estado en ese tiempo fueron incluyeron el saneamiento del Riachuelo, con un megacolector de 30 km, una planta de pretratamiento en Dock Sud y un emisario que se interna 12 km en el Río de la Plata para mejorar la capacidad cloacal de 4.3 millones de personas; la planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre, para abastecer a la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires; y el sistema Agua Sur, que aseguró el abastecimiento de agua potable en los municipios del sur del conurbano.

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14 de mayo de 2026

El IPC del cuarto mes del año

La inflación de abril fue del 2,6% según el INDEC

El Índice de Precios al Consumidor cortó una racha de 10 meses consecutivos sin bajar. En lo que va del año acumuló un 12,3% y un 32,4% interanual ¿Qué categorías tuvieron los mayores aumentos?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves que la inflación de abril fue de 2,6 por ciento y cortó una racha de 10 meses consecutivos sin bajar. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 32,4 por ciento interanual.

Los aumentos de marzo

La división con mayor alza mensual fue Transporte, con 4,4 por ciento de aumento, escoltada por Educación, con 4,2 por ciento de incremento.

El Indec publicó el dato de inflación de abirl Capturas de Video

Desde las tensiones cambiarias que arrancaron en mayo de 2025, cuando la inflación fue del 1,5%, el Gobierno no pudo frenar la escalada de la inflación. Si bien los datos de abril indican una desaceleración de los aumentos de precios, es a fuerza de más ajuste y estancamiento de la actividad y los salarios.

Pobreza e indigencia

Además de la inflación, el INDEC dio a conocer los datos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) del cuarto mes del año, que indican el umbral mínimo de la indigencia y la pobreza respectivamente. Según el organismo una familia de cuatro personas necesitó $1.469.768 para no ser pobre en abril de 2026: 2,5 por ciento más que el mes previo y 32,4 por ciento interanual.

¿Qué espera el mercado a futuro?

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de abril, hecho en base a las respuestas de las consultoras y entidades internacionales más importantes, el mercado piensa que la inflación de mayo va a ser del 2,3% y en agosto del 1,8%.




Si bien es cierto que vienen subiendo las previsiones, porque hasta hace poco la veían en 1% y en el medio hubo quita de subsidios, aumento de colectivos y de la nafta, es cierto que es consistente la tendencia a que va a bajar.

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 Arrancó el debate y el oficialismo no tendría los votos para eliminar las PASO

La reforma electoral comenzó a tratarse en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con la exposición de una asesora de Interior. El oficialismo no tendría las votos para eliminar las PASO y la oposición dialoguista pide separar Ficha Limpia.

Con la exposición de una asesora del Ministerio del Interior, este miércoles arrancó en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el debate de la reforma electoral “integral” que impulsa la Casa Rosada. El punto central del proyecto es la eliminación de las PASO, aunque todo indica que el oficialismo no tendría asegurados los votos para aprobarla. Sus aliados del PRO y la UCR le insisten a La Libertad Avanza con separar Ficha Limpia del resto de la iniciativa, dado que ese capítulo reúne mayor consenso. Pero la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene la postura de tratar el proyecto completo tal como fue enviado.

Curiosamente, María Luz Alegría Landívar estuvo al frente de la Dirección Nacional Electoral (DINE) hasta la semana pasada, pero ahora pasó a desempeñarse como asesora en el Ministerio del Interior. Aun después de ese desplazamiento, fue la primera funcionaria en concurrir al Congreso para defender cada uno de los puntos de la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que recibió cuestionamientos de parte de los legisladores peronistas.

El capítulo más sensible es el de la eliminación de las PASO, un mecanismo que la oposición busca preservar para facilitar el armado de alianzas y la resolución de liderazgos internos. La funcionaria repitió argumentos ya conocidos del oficialismo: sostuvo que las primarias casi no se utilizan - recordó que en 2023 sólo dos fuerzas compitieron con más de un candidato- y remarcó el costo que representan para el Estado. Según indicó, entre el 30 y el 40% del gasto total de una elección se destina a las primarias abiertas.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había acordado con sus aliados macristas y radicales separar el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que la oposición dialoguista desea aprobar. El texto impide presentarse como candidato a cualquier persona con una condena judicial confirmada en segunda instancia. Con Cristina Kirchner ya presa y proscripta, en rigor no habría hoy dirigentes alcanzados por la prohibición, aunque la oposición dialoguista mantiene el tema como una bandera de campaña. Sin embargo, esta semana el oficialismo sorprendió al anunciar, por disposición de Karina Milei, que la reforma electoral se discutiría completa y sin desagregar capítulos

Uno de los que intervino desde el interbloque peronista fue el chaqueño Jorge Capitanich, quien aclaró que no integraba la comisión de Asuntos Constitucionales pero que había presentado cinco proyectos vinculados a cuestiones electorales. Uno de ellos propone transformar las PASO en PAS: es decir, que dejen de ser obligatorias para los partidos políticos que presenten una sola lista y un único candidato presidencial. Para la Casa Rosada, ese esquema podría funcionar como un plan B en caso de que, como todo indica, no consiga los votos para aprobar el proyecto tal como fue redactado originalmente. De esa manera, se buscaría quitarle tensión a unas primarias que, según el calendario vigente, deberían realizarse el 8 de agosto, en un escenario en el que algún candidato opositor pudiera imponerse con amplitud frente al oficialismo, como ocurrió en 2019 cuando Alberto Fernández derrotó a Mauricio Macri.

Como sea, la idea del oficialismo es conseguir la media sanción antes del receso invernal. Buscan acelerar la aprobación de la ley para darle tiempo a la Justicia Electoral a adecuar el cronograma al sistema que finalmente quede vigente. Lo cierto es que, a menos de un mes de haber sido enviado al Congreso, el proyecto de reforma electoral comenzó a discutirse en comisión en el Senado con la intención de avanzar rápido. Pero el Gobierno atraviesa una persistente caída en las encuestas y algunos sectores opositores que podrían acompañar parte de la iniciativa ya empiezan a mirar hacia 2027, donde las PASO aparecen como una herramienta clave para ordenar candidaturas y construir alianzas competitivas. Por eso, en el Congreso ya muchos descuentan que las primarias seguirán vigentes, aunque posiblemente con modificaciones.

El Destape