9 de octubre de 2026

 

Golpe a las universidades: la Justicia le dio más tiempo al Gobierno y vuelve a regir el DNU 759/2025

A menos de una semana de la marcha federal, el juez Martín Cormick dispuso mantener vigente la decisión que avaló la promulgación parcial de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras continúa la disputa por los fondos destinados a las universidades públicas.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió la apelación al gobierno de Javier Milei en su cruzada contra el financiamiento universitario y elevó su recurso a la Cámara de Apelaciones, por lo que el DNU 759/2025 vuelve a su estado original. A menos de una semana de la marcha federal universitaria, y tras la toma pacífica del Palacio Pizzurno del miércoles, el juez Martín Cormick ordenó que se mantenga en pie la decisión mediante la cual el Poder Ejecutivo había promulgado a medias la Ley de Financiamiento Educativo. 

Milei había apelado la sentencia de este semana que hacía lugar al amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en su reclamo para que se cumpla la Ley sancionada dos veces por el Congreso y que el Gobierno de Milei promulgó sin las adecuaciones presupuestarias necesarias. 

Según el Poder Ejecutivo, esa normativa promulgada por dos tercios del Congreso en octubre del 2025 no explicaba cómo iban a financiarse los nuevos gastos presupuestarios. Por eso Milei decretó que hasta que no se definiera no darían esos aumentos.  La norma establece mecanismos para actualizar el presupuesto universitario de acuerdo con la inflación, junto con la recomposición de los salarios docentes y no docentes, las becas y recursos destinados a la investigación.

A pesar de la decisión judicial, el Gobierno no cumplió el plazo previsto de aplicación. Los rectores del CIN respondieron con una reunión frente a la Plaza de Mayo para reclamar por el cumplimiento de la ley. Ese mismo día, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires realizaron una "sentada" en la Secretaría de Educacuón para presentar un petitorio. Después de tres minutos de reunión, fueron desalojados de forma violenta y el Gobierno avisó que los denunciará. 

Qué dice el nuevo fallo de Cormick 

La nueva resolución judicial aclara que el recurso de apelación del Gobierno se interpuso "en tiempo y forma", en tanto que lo consideró "fundado", por lo que ordenó: "Se conceda el recurso#. 

Al mismo tiempo, exigió que "se revoque íntegramente la sentencia recurrida y se rechacen las acciones de amparo, manteniéndose la validez del Decreto 759/2025". 

El Destape

 La AGN confirmó el anticipo de Página/12

“Error de cálculo”: El Banco Central perdió más de 1.000 millones de dólares por especular con el oro


Página/12 reveló hace tres semanas las pérdidas millonarias que generó la maniobra de Caputo y Bausili con los lingotes enviados a Londres.

Raul Kollmann

La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó este jueves que el “Messi de las finanzas”, Luis Toto Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el gobierno de Javier Milei perdieron 1.023 millones de dólares timbeando con el oro que mandaron a Londres. El dato fue anticipado en exclusiva por Página/12 el 13 de septiembre. El informe de la AGN fue votado de manera unánime, pero el dato de la pérdida de más de 1.000 millones motivó una disidencia parcial de los dos miembros de la Auditoría designados por La Libertad Avanza y por el integrante de la Unión Cívica Radical. El oro trepó de forma extraordinaria en 2025 y el gobierno usó los mil lingotes enviados al Bank of England para una operación de futuros, que implicó la venta y la recompra a un precio fijado de antemano. Pero el oro subió más de lo pensado y, en esa operación, el Banco Central y la administración Milei perdieron 920 millones de dólares, a lo que se sumó una prima fija de 62,8 millones de dólares. “Desde que se auditan los estados contables del BCRA nunca se había registrado una pérdida de esa magnitud. Tampoco se habían utilizado antes las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo como éstas”, dice la Auditoría.

Tapa Página/12 13 de septiembre Imagen Web

Las mentiras de Bausili

Los resultados del trabajo de la Auditoría fueron difundidos por el presidente, Juan Manuel Olmos, quien confirmó lo adelantado por este diario: la descomunal pérdida por las operaciones de los que se autodenominan genios de las finanzas. Lo primero que surge del informe es que el titular del Central mintió ante el Senado cuando dijo que los movimientos de oro ya habían sido auditados. En ese mismo momento, la AGN lo desmintió, señalando que no pudieron concluir el informe porque el BCRA les negó los datos correspondientes. Queda claro que recién ahora se completó el informe, no como dijo Bausili.

Hubo una segunda mentira del titular del Central: afirmó que los lingotes se enviaron a Suiza porque había que refundirlos por baja calidad. La realidad es que, de los 1.000 lingotes, por un valor aproximado de 1.800 millones de dólares, solo se refundieron 115 y, en esa operación, la pérdida fue mínima porque los lingotes eran de buena calidad. La razón del envío del oro a Londres no fue esa, sino la fracasada jugada financiera.

Olmos adelantó que la AGN va a hacer un informe de gestión sobre el movimiento físico del oro, es decir, del traslado al exterior en sí mismo. Ese informe deberá establecer por qué se decidió enviar el oro fuera del país, adónde fue enviado y si la operación de traslado tuvo algún beneficio específico para el Banco Central.

Dos auditorías

La AGN hace dos auditorías. Una es contable, verificando los registros: si están correctos o mal registrados. En ese punto, el contable, el informe sostiene que los movimientos reflejan de manera razonable, en sus aspectos técnicos, la situación patrimonial de la entidad.

Pero la AGN toma en cuenta un segundo aspecto, el de gestión. En este caso, analiza el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.

En ese terreno —dice la AGN—, “durante 2025, el oro adquirido en las gestiones de Alfonso Prat Gay (PRO) y Mercedes Marcó del Pont (peronismo) registró una ganancia patrimonial de 8 billones de pesos. Esa ganancia se explica solamente por la suba del precio internacional del metal”. Es decir, que, si los lingotes se hubieran quedado en Buenos Aires, también hubiese tenido esa ganancia porque surge del aumento del precio.

“La segunda valuación surge de la operatoria. Ese mismo año, bajo la conducción de Santiago Bausili, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares, con fines de cobertura, y usó parte del oro de las reservas como bien de respaldo. Según los estados contables, esas operaciones arrojaron una pérdida de 1,5 billones de pesos, equivalentes a USD 1.023 millones. La pérdida se pagó con divisas del Banco Central”.

De acuerdo a la exposición de la AGN, la pérdida de 1.023 millones de dólares tiene dos componentes:

  • USD 960 millones de resultado negativo de las operaciones de derivados.
  • USD 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

La mención a las primas indica que entre los instrumentos hubo opciones: contratos que dan el derecho a comprar o vender a un precio pactado, a cambio de un costo fijo. Al cierre del ejercicio auditado no quedaban posiciones ni operaciones abiertas por este concepto. Pero la explicación más clara surge del siguiente párrafo:

“El Banco Central realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró en el cálculo y registró la pérdida”. En otras palabras, se hizo una operación de REPO (Repurchase Agreement), se vendió el oro con el compromiso de recomprarlo en determinado tiempo y a determinado precio. Pero el oro aumentó mucho más que el precio al que se compró y por eso se produjo la pérdida. Timbearon y perdieron.

Además, la AGN agregó: “Desde que se auditan los estados contables del BCRA, nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud. Tampoco se habían utilizado antes las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo como éstas”.

Como es obvio, el traslado del oro a Londres se hizo justamente por la especulación financiera. Si el oro quedaba en el edificio del centro porteño, no servía para la timba, porque nadie presta si los lingotes que están en garantía permanecen en el país que pide la plata, porque, si no cumple, no pueden venir a buscar el físico. De manera que todo el movimiento se explica por lo que la AGN llama “transacciones de riesgo”.

El informe de la Auditoría fue votado por unanimidad en general, pero el señalamiento de la pérdida motivó tres disidencias, sin explicación: Mónica Almada y Mariano Piazza, ambos de LLA, y Luis Naidenoff, de la UCR. En algún momento fundamentarán su postura, pero seguramente motivará una respuesta de la mayoría.

En verdad, la jugarreta del Central consistía en diluir la pérdida en la ganancia que se obtuvo por el aumento del precio internacional del oro. O sea, se ganaron 8 billones y se perdieron 1,5 billones, por lo que se ganaron 6,5 billones. Pero lo que ocurre es que los 8 billones se hubieran ganado igual si los lingotes se mantenían en las bóvedas de la calle Reconquista, en el edificio del Central. Eso planteó, en su momento, una polémica entre la AGN y el BCRA: la AGN decía que debían consignarse las pérdidas de la operación en la que se usó el oro como garantía y Bausili quería disimularlas en la suba del precio internacional.

Queda todavía el informe que hará la Auditoría sobre el traslado del oro como operación en sí misma. Ahí quedará en claro dónde están los lingotes. Página/12 ya señaló que están en el Bank of England, de Londres, a nombre del Banco Internacional de Pagos, que tiene sede en Basilea, y que fue falso lo dicho por Bausili en el Senado. El titular del Central afirmó ante los senadores que el oro estaba en Suiza. La verdad es que nunca estuvo ahí. Y la AGN dirá, además, si ese movimiento fue razonable o no. Hay antecedentes de que las reservas de Irlanda fueron embargadas estando en Londres y, por otra parte, existe un riesgo obviamente originado en el conflicto de Malvinas. Las denuncias por el envío de los lingotes fueron hechas por Sergio Palazzo, líder de La Bancaria, que las hizo en el momento en que el físico se lo llevaban en camiones de caudales a Ezeiza. Después, las mentiras de Bausili fueron detalladas por los senadores Juliana Di Tullio y Martín Soria.

Pagina 12

8 de octubre de 2026

Una decisión que le da una mano al Gobierno

La marcha atrás de la Corte: dictó una medida cautelar y restituyó la Ley de Tierras

Luego de la fuerte reacción social al fallo que dejaba liberada la venta de tierras a extranjeros, los supremos apuraron una nueva resolución. La Casa Rosada esperaba ese pronunciamiento para contener los embates contra el DNU 70/23 en Diputados.


La Corte Suprema de Justicia terminó de recalcular tras el fuerte repudio que despertó su fallo que derogada la Ley de Tierras y dejaba sin restricciones la venta de territorios argentinos a extranjeros. En una acordada de trámite exprés y tras un acuerdo extraordinario realizado esta mañana con la participación de dos conjueces, el máximo tribunal dictó una medida cautelar interina que restituye provisoriamente la ley.

Los supremos habían dado de baja hace apenas 10 días una medida cautelar lograda por los excombatientes de Malvinas agrupados en el CECIM y ahora aceptaron la planteada por la Asociación Civil Árbol de Pie. En el medio creció el rechazo social y político.

El Gobierno de Javier Milei esperaba un fallo en ese sentido para lograr desactivar la avanzada de la oposición para voltear el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que ya fue rechazado en el Senado y buscaba ser tratado el jueves en Diputados. Para ese día se esperaba una masiva marcha en defensa de la tierra y la soberanía.

La suspensión de la derogación de la Ley de Tierras se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

Según informó la Corte:

  • El máximo tribunal tenía bajo análisis solamente dos casos con relación al artículo 154 del DNU 70/2023.
  • Como se trata de procesos colectivos, el Tribunal debió resolver primero el caso CECIM, ya que fue el primero inscripto como colectivo. Esa circunstancia generó que la causa aquí resuelta (“Asociación Civil Árbol de Pie”) quedara a la espera de la resolución.
  • El planteo de CECIM cayó por falta de legitimación tras invocar la protección de soberanía. La ONG pidió una aclaración para saber si eso los alcanzaba. La Corte resolvió sobre el segundo caso planteado, en donde se invocaba el derecho a un ambiente sano.
  • Sin ninguna medida previa dictada en la causa en instancias anteriores, el máximo tribunal resolvió dictar una medida cautelar interina hasta que los tribunales inferiores analicen la cuestión.
  • El fallo fue dictado por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.

En su presentación solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que la derogación de la Ley 26.737 comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Bariloche remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa vinculada con la misma disposición del decreto. Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores se pronunciaran sobre la legitimación de los actores ni sobre la medida cautelar solicitada.

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por CECIM, que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presunta afectación de la soberanía nacional.

En aquella resolución, el tribunal dejó caer la cautelar al alegar que la entidad de excombatientes carecía de legitimación activa para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras ese fallo, y en medio de un amplio rechazo popular y político a la resolución de la Corte, los representantes de Árbol de Pie solicitaron que se aclarara si la decisión también alcanzaba a su presentación y reiteraron el pedido de protección cautelar. La Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que CECIM había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

Pagina 12

 Juan Domingo Peron


8 de Octubre de 1895, 3 mandatos presidenciales

PlanC

En medio de la crisis, Peugeot y Fiat podrían cerrar sus plantas en Argentina

El presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, advirtió que el futuro de las fábricas dependerá del mercado, las reglas de juego y la competitividad.

El futuro de las dos plantas que Stellantis tiene en la Argentina con las marcas Fiat y Peugeot quedó abierto a distintos escenarios, incluido el cierre de una o incluso de ambas. La advertencia fue realizada en una entrevista por Herlander Zola, presidente de Stellantis para Sudamérica, quien vinculó cualquier decisión con la evolución del mercado, las reglas de juego y la competitividad de la producción local.

La definición expone la presión que atraviesa la industria automotriz argentina frente al avance de los vehículos importados, la competencia de las marcas chinas y la diferencia de costos con Brasil, principal mercado y centro productivo de Stellantis en la región.

Según reseñó Infobae, Zola planteó el escenario el martes 6 de octubre, durante un encuentro con periodistas en San Pablo, al cumplirse un año de su llegada a la conducción regional del grupo. Según explicó, Brasil concentra alrededor del 65% del volumen de Stellantis en Sudamérica, por lo que las condiciones de ese mercado tienen un peso determinante sobre las decisiones industriales de la compañía.

Stellantis analiza todos los escenarios para sus fábricas argentinas

“Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos migrar de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones difundidas por el medio brasileño Exame. Y fue todavía más contundente al resumir el escenario: “Todo puede suceder”.

El planteo regional contrasta con el mensaje de la filial argentina, que intenta sostener la actividad industrial en el país. Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina, reconoció días antes que la compañía realizó ajustes en El Palomar, pero remarcó que la producción continúa.

“Bajamos un turno, reacomodamos la velocidad diaria, pero seguimos con producción local. Tenemos producción prevista para 2026 y 2027”, afirmó. La planta de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, produce actualmente los Peugeot 208 y 2008. El otro complejo industrial está ubicado en Ferreyra, Córdoba, donde Stellantis concentra parte de la producción vinculada a Fiat y otras marcas del grupo.

A pesar de la reforma laboral, insisten en el costo argentino

Uno de los principales argumentos planteados por Zola está relacionado con los costos de producción. El presidente regional afirmó que el costo laboral argentino es aproximadamente el doble que el brasileño y sumó como factores de presión una red de proveedores menos extensa y el nuevo escenario generado por la apertura de las importaciones.

La compañía enfrenta así una ecuación diferente a la de los últimos años, cuando el mercado argentino tenía mayores restricciones al ingreso de vehículos terminados desde el exterior.

“Con el mercado cerrado, funcionaba y nos traía un buen nivel de competitividad. Pero, con el mercado abierto, definitivamente nos saca del juego”, señaló Zola.

El cambio también coincide con el avance de las automotrices de origen chino, que ganaron presencia en el mercado regional y elevaron la presión competitiva sobre las terminales tradicionales.

Peugeot perdió participación y El Palomar redujo un turno

El caso de El Palomar es uno de los principales focos de preocupación dentro de la estructura argentina de Stellantis. Según los datos mencionados por Zola, la participación de Peugeot en el mercado local cayó desde aproximadamente el 9% en 2025 hasta alrededor del 5% durante este año.

“Sólo esa caída ya explica los ajustes que necesitamos hacer en Palomar, de donde venía la mayor parte de nuestro volumen”, explicó el ejecutivo.

La menor participación de la marca repercute directamente sobre los niveles de producción de la fábrica bonaerense. La compañía redujo un turno y modificó la velocidad diaria de fabricación, aunque la conducción argentina sostiene que existe actividad programada para los próximos dos años.

Además, entre el 35% y el 40% de la producción de El Palomar se destina actualmente a la exportación, principalmente hacia Brasil. Por eso, la evolución de Peugeot en ese mercado también será determinante para el futuro de la planta argentina.

El Destape


“Buscan salvarlo de la forma más burda y ridícula"

Grave denuncia de Nadia Beller por la protección a Fernando Cerimedo

La abogada y activista Nadia Beller, expareja del asesor argentino detenido en Bolivia por el intento de femicidio, habló con Radio 750, denunció ataques y afirmó que el gobierno de Rodrigo Paz busca beneficiar al asesor de Javier Milei.

En medio de un tembladeral político que atraviesa todos los niveles del gobierno de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, la abogada y activista Nadia Beller denunció una campaña de persecución y desprestigio en su contra, tras las graves acusaciones contra su expareja, Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por el intento de femicidio de Beller. Además, reveló que buscan garantizar la protección política y judicial del exasesor de Javier Milei.

Las acusaciones de Beller tomaron mayor cuerpo en los últimos días, luego de que el gobierno del derechista Paz impulsara la detención del fiscal general de Estado Roger Mariaca, quien lideraba investigaciones sobre Cerimedo y la fuga del narco uruguayo Sebastián Marset, entre otros casos.

Beller se transformó en una de las principales voces que denuncian una red de corrupción vinculada al narcotráfico y a la DEA de Estados Unidos operando en Bolivia, donde el argentino cercano a Javier Milei, Cerimedo, tiene un rol central.

Por eso, ante la pregunta de Mejor que mañana, por Radio 750 Beller fue sumamente crítica con lo que está ocurriendo en su país. “Están tratando de salvarlo de la forma más burda y ridícula, cada vez peor. Anoche hicieron un programa con uno de los operadores del Gobierno y entrevistaron a tres personas, al ministro de Gobierno, a un viceministro que acaba de salir y a la abogada de Cerimedo”.

“Y acá con conjeturas, uno decía que tenía dos hipótesis: que yo era una mujer muy inteligente, lo que se le hacía muy raro, entonces que tenía alguien atrás de mí, con una misoginia a full, alguien que no tiene en sus círculos personas pensantes; y la otra era que yo era una agente cubana”, relató.

Frente a este panorama, Beller sostuvo que esas acusaciones son “ridículas”, a la que se sumó una acusación que partió del gobierno boliviano que asociaba a Beller con el fiscal Mariaca. “Yo lo voy a denunciar y sé que va a haber represalias. Yo sé que no hay ninguna foto con el fiscal”, remarcó.

Es más, sobre esta denuncia, Beller dijo: “Le preguntan dónde están las fotos y dice que le pareció verlas en una red social. Y para rematar la jugada de Cerimedo, que es lo más limitado que existe, dijo que había llamadas mías con el exfiscal, que lo llamé estando en el hospital”.

Sobre el tema de las llamadas, dijo, no hay forma de decir esto sin estar confesando un delito. “Al final le preguntan cómo obtuvo esos datos y qué legalidad tiene, y dice que pidieron favores. ¿Cuál es la forma de obtener un registro de llamadas? O que te lo de la telefonía o la justicia. Está confesando un uso indebido de las influencias”.

“Y es lo más estúpido que puede hacer. Ya no saben por dónde salir. El único que dijo que podría ser un autoatentado fue el ministro. Es vergonzoso que confiesen por dónde salir ni que tengan capacidad de análisis. Quieren construir una retórica. Ahora ya construyeron una retórica con lo que han dicho”, dijo.

Finalmente, cerró contando cómo vive todo este proceso de persecución. “La construcción que pueden hacer en redes pesa mucho sobre la opinión pública. Si son capaces de poner presidentes a raíz de guerras sucias, son capaces de cualquier cosa”.

“Más que mellar la dignidad y la credibilidad de una persona. Son capaces de cualquier cosa. Es inconcebible que dos autoridades del estado ejerzan esta violencia mediática tan flagrante en mi contra. Y que la policía, la fiscalía, el presidente, no les diga que paren un poco. Tenemos un ministerio de igualdad que se supone que tiene que defender a la mujer y están papando moscas”, cerró.

Pagina 12


La protesta pacífica de un centenar de estudiantes fue violentamente desalojada por la policía

Toma y represión en la sede de Educación

Los jóvenes fueron a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las autoridades simularon una reunión y luego celebraron la represión policial.

Karina Michelettoy
Camila Pace

Lo que empezó con una toma pacífica en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, terminó con una promesa de reunión que resultó solo un montaje para redes, y finalmente con desalojo policial. Un centenar de estudiantes de distintas universidades organizaron una sentada dentro del Palacio Pizzurno, histórica sede del ex ministerio y actual secretaría de Educación de la Nación. Lograron ingresar y esperaron respuestas de las autoridades, hasta que el secretario de Educación, Carlos Torrendell, aceptó reunirse con representantes para escuchar los reclamos por las becas Progresar y el financiamiento de las universidades públicas. Pero la reunión nunca sucedió. Cuatro estudiantes fueron llevadas a un salón donde les quitaron sus celulares y no les permitieron salir, mientras Torrendell se retiraba tras decirles que con ellas no podía hablar. Abajo, la Policía Federal desalojaba a empujones a los estudiantes, tras ingresar por diferentes puertas secundarias.

La violenta escena sucedió poco después de que el juez Martín Cormick declarase la inconstitucionalidad del decreto con que Javier Milei buscó evitar cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, y a días de la realización, el próximo 15 de octubre, de la Marcha Federal que se espera multitudinaria.

Otra escena marcó el modo en que enfrenta los reclamos la gestión libertaria: las estudiantes relataron que, en un momento de la reunión, ingresó a escena Alejandro Alvarez, subsecrertario de Políticas Universitarias. Al “Galleguito” Alvarez se lo ve muy poco en reuniones que exige su cargo como las del CIN, pero en cambio es habitué de programas de streaming libertarios en los que le dicen “El Profe” y celebran sus exabruptos. “Alvarez se puso a gritarnos mientras alguien lo filmaba a un costado, parecía una perfo de redes, claramente estaba montando una escena, era casi bizarro. Finalmente llamó (Sandra) Pettovello y así, por teléfino, les dijo que había que cortar la reunión, que no había nada que charlar con nosotros. Y fue en ese momento que abajo empezaron a reprimir”, relató a este diario una de las participantes.

El reclamo

Como ha ocurrido en otros momentos, y en otras gestiones, en medio de conflictos universitarios, un grupo de estudiantes de universidades públicas como la UBA, la Universidad Nacional de San Martín, la de La Plata, de Lanús y la UNA, se organizaron para manifestarse de forma pacífica dentro de la sede de Educación. Cerca de las cinco de la tarde, los estudiantes se reunieron en las inmediaciones del Palacio Pizzurno y se abrieron paso dentro del edificio.

Sentados en pequeñas rondas, al canto de “la paciencia se terminó, bajá la plata la puta que te parió”, los estudiantes esperaron durante dos horas hasta que les prometieron una reunión con Torrendell, quien no estaba en el edificio al momento de la toma.

Cuatro estudiantes salieron del hall acompañadas por agentes de seguridad, y acordaron con los presentes que, en caso de obtener una respuesta de parte del funcionario, todos se retirarían de forma pacífica. Así sucedió. Todos se levantaron y atravesaron los molinetes para quedar fuera del hall, cerca de las puertas de salida, a la espera de que sus compañeras saliesen de la “reunión”.

Cerca de las ocho de la noche, las cuatro estudiantes bajaron con la noticia de lo sucedido. Para empezar la reunión les sacaron los celulares; durante tres minutos ellas explicaron la crítica situación de las universidades, y expusieron los reclamos por el cumplimiento de la les y el aumento de las becas que hoy están congeladas en 28 mil pesos. “Torrendell simplemente permaneció sentado hasta que lo llamó Pettovello y le dijo que se tenía que ir. Fue todo lo que hizo”, describieron.

“Un gobierno que hace dos años y medio no da respuestas, ahora nos toma el pelo. ¿En qué país estamos viviendo?”, preguntó Agostina Olivera, expresidenta del centro de estudiantes y actual consejera de la Facultad de Sociales de la UBA, quien participó de la “no reunión”. “Es una vergüenza, no nos dejaban salir”, sostuvo otra estudiante. Tras la partida de Torrendell, apareció Álvarez, quien las grabó y les gritó que lo que hacían era un delito.

Abajo comenzó la represión. La Policía Federal se encargó de sacar a los estudiantes del edificio y sus inmediaciones. “Nos empujaron de manera muy violenta del Palacio Pizzurno y también de la calle”, contó el estudiante de la UNA Manu Cucha, cerca de las nueve de la noche. La consigna inicial había sido permanecer en el interior del edificio hasta obtener una respuesta.

“Cómo hacer para hacer cumplir la ley? Ya se nos agota la paciencia porque vemos que este gobierno nos cierra todas las salidas y todo el diálogo posible”, dice Julián, estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Cuenta que no fue de los que llegó a entrar a la sentada, que se quedó afuera del edificio unas dos horas en comunicación constante con sus compañeros.

Aporta otro detalle: desde el lugar en el que estaba pudo ver que llegaban efectivos de la Policía Federal “solo con sus uniformes, sin escudos, cascos ni gases. Pero cuando nos empiezan a empujar para desalojar, aparecen todos pertrechados. Es decir que les abrieron otros ingresos al edificio, entraron por otras puertas secundarias”, describe.

La columna de estudiantes se desplazó hasta la Facultad de Medicina de la UBA, en la cercana Plaza Houssay. Esas cuadras bajo la lluvia las hicieron escoltados por policías.

Agostina, de Sociales de la UBA, contó que la convocatoria para la sentada surgió hace una semana, y que la idea era “quedarnos acá hasta que alguien de la Secretaría de Educación, Torrendell, Álvarez o quien sea, nos reciba para poder conversar”. Además subrayó que el proyecto de la Ley ya aprobada “se trató ocho veces en las cámaras legislativas, y fue llevada a la Justicia, quien la ratificó, pero todavía no se cumple. Entonces bueno, tratamos de hacer algo para que efectivamente se financie la educación pública”.

Cuando hablan de sus profesores, los estudiantes hablan de los que “no llegan a pagar el colectivo, cargar nafta o pagar el almuerzo en la universidad. Los que tienen que irse a trabajar a las instituciones privadas porque ahí al menos tienen garantía de que van a recibir un sueldo todos los meses. La situación no se aguanta más”.

Celebración

Para los autoridades, todo pareció ser jugado a favor. Tras el desalojo, Pettovello publicó un video donde puede verse cómo la policía empuja hacia afuera del lugar a los estudiantes, y escribió “Desalojados” y “Por la fuerza nada”. “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”, sumó, sin aclarar el tipo de “diálogo” que se les dispensó a las estudiantes en la promesa de reunión que no fue.

En la misma línea, el subsecretario Álvarez publicó que “no puede aceptarse que la violencia reemplace al diálogo y que la fuerza pretenda imponerse sobre las instituciones. Frente a los hechos de violencia, el Estado tiene la obligación de defender el Estado de Derecho, siempre dentro de los límites de la Constitución y la Ley”. Los estudiantes dan por descontado que el video que mandó a grabar mientras gritaba, casi a modo de hazaña, será pronto difundido por trolls libertarios.

“Es el gobierno el que en este momento está incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. Es el gobierno el que va en contra de la Constitución Nacional y del Estado de Derecho”, respondieron los estudiantes.

Pagina 12

Los números para la sesión del 15 de octubre

Votos hay, pero se necesitan más

El gobierno negocia con los gobernadores para frenar el rechazo al DNU 70/23. Por otro lado, espera una ayuda de la Corte.

Paula Marussich

A una semana de la mega sesión convocada para rechazar el DNU 70/2023, la oposición aún no reúne el número para voltearlo. Los conteos más optimistas indican que todavía faltan conseguir unos quince apoyos. La foto de los gobernadores del norte negociando acuerdos electorales con la Casa Rosada le quita margen de maniobra a los bloques de la oposición. La apuesta es que el tema gane volumen en la calle como ocurrió en agosto pasado, cuando el gobierno tuvo que retirar el capítulo de extranjerización de la tierra antes del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La reciente convocatoria de la Corte a dos conjueces para tratar un planteo vinculado a su fallo sobre la Ley de Tierras le dio oxígeno al gobierno, que espera un guiño que desarme la sesión del próximo 15 de octubre mientras trabaja en un plan B para vaciar el quórum.

“Estamos trabajando”, responden los encargados de juntar los votos de cara a la sesión de la próxima semana. La oposición lanzó la convocatoria el día después de que la Corte decidiera, mediante un fallo, que dejó de lado la cuestión de fondo, habilitar la venta de tierra a capitales extranjeros sin límites. Desde entonces, la base de votos que se desprende de la convocatoria no se movió demasiado. Solo el gobernador de Misiones, Hugo Passalaqcua, anunció una presentación judicial y al menos tres de sus cuatro diputados adelantaron que votarán el rechazo del DNU. Las últimas fotos y posteos de Karina Milei y Diego Santilli junto a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil anticipan un voto dividido al interior de Argentina Federal. El bloque que reúne a misioneros y salteños.

La pecera que miran los bloques de la oposición para sumar adhesiones tiene alrededor de 20 votos. Allí conviven legisladores de las provincias de Catamarca, Salta, Tucumán, Córdoba, Neuquén y Chubut. Los gobernadores tienen la llave, pero el acercamiento parisino aleja las chances. A pesar del cortejo del gobierno con Sáenz y Jalil, la oposición mira, por ejemplo, al diputado catamarqueño Sebastián Noblega, exintendente de Tinogasta. El viaje de los mandatarios a la ciudad del amor aceleró los tiempos de los acuerdos electorales y enfrió la estrategia opositora. “Los gobernadores están negociando con Santilli, no van a sentar una sola persona el 15”, sintetiza una espada parlamentaria a este diario.

La lectura que comparten varios legisladores es que la estrategia fue “algo precipitada”. Una reacción al fallo de la Corte a la espera de que “las circunstancias y la calle hicieran el resto”.

Todos miran a la Corte

Los nuevos movimientos del máximo tribunal entusiasman al gobierno. La falta de unanimidad de sus miembros llevó a la Corte a convocar a dos conjueces para resolver una demanda ambiental contra el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó los límites a la compra de esos terrenos por extranjeros. En Casa Rosada creen que si efectivamente la Corte legitima el pedido de la ONG Árbol de Pie para litigar, podría sacarle al Congreso la presión para restaurar por vía legislativa los límites a la venta de tierras. Es uno de los argumentos con los que intentan seducir a los aliados y gobernadores.

El otro elemento que llevan a las conversaciones con los dialoguistas es la posibilidad de reponer esos límites en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El mismo gobierno que buscó desregular las restricciones, pero tuvo que retroceder en el Senado, ahora analiza incorporarlas al texto que debe aprobar la Cámara Baja. Si se aprobaran, el texto con esos cambios tendrá que volver al Senado para su sanción definitiva.

Es una concesión para blindar el resto del DNU 70/2023 que “se está evaluando”, reconocen las fuentes libertarias. Cerca de Martín Menem mantienen el optimismo. Creen que la oposición “no va a llegar” a conseguir el quórum el 15 de octubre y agregan, envalentonados, que la convocatoria opositora “no tiene sentido” porque “al otro día se podrían meter otros tres decretos más con el 70 ordenado”.

El nuevo pronunciamiento de la Corte podría evitar también un paso en falso opositor si no logra reunir de aquí al 15 los 129 apoyos necesarios. En ese caso, “se evalúa que, si la Corte resuelve la causa Árbol de Pie, saquemos el DNU del temario e intentemos conformar quórum para la emergencia en discapacidad y el sobreendeudamiento”, explica una fuente a cargo de juntar los votos. Hasta la apuesta es “ganar la calle” y apurar los pronunciamientos de los diputados escurridizos.

El plan B del oficialismo es sesionar una semana más tarde para frenar la avanzada opositora. Por eso incluirá en el temario el proyecto de la nueva ley de Discapacidad y el dictamen de mayoría que busca darle transparencia a los nuevos créditos; también la Ley de Soberanía y “proyectos de los aliados”, explicaron, como el de vandalismo rural del PRO y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a la provincia del Chaco. Un guiño al radicalismo. La estrategia consiste en resguardar el DNU 70/2023 bajo la promesa de que los temas que son de interés para los dialoguistas se tratarán una semana después. Los cuestionamientos a la Ley de Soberanía Libertaria anticipan que el dictamen podría no llegar a estar listo para el 21 de octubre como planeaba el riojano Martín Menem.

La sugerencia del diputado Miguel Ángel Pichetto de incluir en la Ley de Soberanía el restablecimiento de la Ley de Tierras para dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23 fue descartada por el oficialismo, al igual que la cautelar contra la venta de tierras a extranjeros que presentó junto a su par Nicolás Massot en la justicia. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, escribió Pichetto en su cuenta de X desde donde alerta que Argentina, toda, está en venta.

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