El diputado Juan Marino fue a la justicia contra el Presidente por el ingreso de tropas extranjeras

Lluvia de denuncias a Milei por la subordinación con Trump

Para la oposición, el Gobierno actuó de forma inconstitucional al permitir el ingreso de tropas de los Estados Unidos para los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”.

Eva Moreira

El Presidente de la nación sumó otra denuncia ante la justicia, esta vez por pasar por alto al Congreso, con un DNU, y dar paso al ingreso de tropas estadounidenses al país para los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”. La acusación la impulsa el diputado Juan Marino quien apuntó contra el gobierno por decidir “subordinarse a la estrategia miliar de (Donald) Trump”. El escrito que presentó el legislador de Unión por la Patria (UxP) ante la Justicia Federal no solo acusa a Javier Milei, sino también al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, el canciller Pablo Quirno y el ex secretario de Comunicación, Javier Lanari. Otros diputados de la oposición coincidieron en cuestionar el accionar del gobierno. La vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Agustina Propato sostuvo que el ejecutivo pretende “flexibilizar” el ingreso de tropas extranjeras, y que eso queda revelado en el hecho de que hasta el momento no se hayan presentado los ejercicios militares previstos para este año. El ex ministro de Defensa, Agustin Rossi, habló de “ilegalidad” al omitirse el tratamiento en el recinto como marca la ley.

En diálogo con Página/12, Marino acusó al gobierno de habilitar estos ejercicios a “espaldas del Congreso, para no someterlo a un tratamiento de deliberación pública”. El principal motivo de la denuncia es el DNU N° 264/2026, por el cual el gobierno autorizó el ingreso de tropas de los Estados Unidos para los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, donde durante 42 días, más de 350 efectivos operaron en bases de Buenos Aires y Córdoba bajo doctrina y mando estadounidense.

Para Marino, el Gobierno no tiene la potestad de autorizar este tipo de ejercicios militares, por lo que aseguró que pasar por alto al palacio legislativo es “inconstitucional”. La presentación especifica que la Constitución en su artículo 75, inciso 28, le reserva de modo exclusivo al Parlamento la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales, y que la Ley 25.880 prohíbe autorizar por decreto.

Las figuras penales planteadas en la denuncia que patrocina el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat son: el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, traición a la Patria por tratarse hechos dirigidos a menoscabar la independencia y la integridad de la Nación; y la posible revelación de secretos militares.

Agustin Rossi, en diálogo con este diario, resaltó que la decisión de Mieli es “consecuencia del alineamiento que tiene el gobierno con los Estados Unidos, ya que tiene una política de defensa subsidiaria a la política exterior”.

En este sentido, aseguró que el ingreso de tropas estadounidenses “es un hecho más que corporiza esa política de alineamiento” cómo lo es la participación del gobierno en el Escudo de las Américas, y el acuerdo entre la Armada argentina con el Comando Sur para patrullar en forma conjunta el mar argentino.

Rossi también especificó que “lo normal es enviar al Congreso un año antes este tipo de proyectos” que detallan los ejercicios que se realizarán. Sobre este punto, la vicepresidenta de la Comisión de Defensa, Agustina Propato contó a Página /12 que el gobierno debió presentar en la primera semana de marzo el detalle sobre los ejercicios militares a realizarse y todavía no los presentó “porque se prepara para volver a hacerlo por DNU”. A su vez, analizó que una de las razones por las cuales le negaron la presidencia de la Comisión de Defensa Nacional a UxP fue “justamente para poder flexibilizar el ingreso de tropas vía DNU”.

Propato puntualizó que el año pasado a pesar de que los proyectos ingresaron tarde a la comisión y se les dio tratamiento y dictamen, el oficialismo no los llevó al recinto. Pero sí, decidió habilitar dos ejercicios militares por DNU mientras se deba el debate en las reuniones de diputados. “Estamos frente a una política de flexibilización que compromete seriamente la soberanía nacional”, alertó.

“Yo soy una férrea defensora de que los ejercicios se hagan, de que las fuerzas se puedan capacitar junto a otras fuerzas, pero no desconozco que aquellos países que ingresan con sus tropas están en capacidad de hacer inteligencia militar en nuestro territorio”, advirtió. Por esta razón, la legisladora bonaerense tiene presentado un proyecto que busca prohibir la permanencia de tropas extrajeras, la instalación de infraestructura militar, y el uso de instalaciones militares a aquellos países que integren alianzas con Gran Bretaña, hayan cuestionado, o no reconozcan formalmente la soberanía argentina. Pero esta iniciativa encuentra el freno de la Libertad Avanza, que se niega a darle tratamiento en comisión.

Rossi marcó un punto polémico de estos ejercicios militares y es que “no son ejercicios que debería realizar la Armada Argentina” porque son contrarios a leyes nacionales. “La explicación está en la coalición del Escudo de las Americas, donde Estados Unidos actúa de instructor de aquellas fuerzas armadas para el combate urbano, pero esto choca en la Argentina con la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa que impide a las FFAA actuar en cuestiones de seguridad interior”, aclaró el ex ministro.

El Escudo de las Américas es una coalición militar y política de seguridad impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se lanzó bajo el argumento de coordinar esfuerzos a nivel hemisférico contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El escrito presentado por Marino ante la justicia también hace hincapié en que estas actividades que habilita el gobierno se dan el marco de la guerra de Trump e Israel contra Irán, a la que Milei también se alineó sin autorización legislativa alguna. “Es necesario recurrir a todos los instrumentos institucionales a nuestro alcance para ponerle un límite a estos actos que violan la Constitución Nacional”, subrayó el militante del Partido Piquetero.

La acusación llega después de haber realizado un pedido de informe que el gobierno de Milei no respondió, y de haber hecho una ampliación al pedido de juicio político que ya estaba presentado en la Cámara de Diputados. Todavía resta que el Ejecutivo responda un pedido de acceso a la información pública.

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"Decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable”

El durísimo comunicado de la UEFA tras la roja anulada al estadounidense Balogun

“A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no”, afirmó la confederación europea y criticó a la FIFA.

La UEFA emitió un duro comunicado luego de la decisión de la FIFA de anularle la tarjeta roja al jugador estadounidense Folarin Balogun y advirtió que “se cruzó una línea roja”.

“A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se adopte la decisión de un organismo competente”, manifestó la confederación europea.

La UEFA también denunció que “la integridad del juego está en juego” y reiteró su “incredulidad” ante una decisión que calificó como “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

La FIFA quedó en el ojo de la tormenta por esta gran polémica, ya que decidió anularle a Balogun la tarjeta roja que recibió en el partido ante Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final.

Según medios estadounidenses, fueron funcionarios del gobierno de Donald Trump quienes solicitaron a la FIFA que se retire esa sanción. El propio Trump salió a festejar la decisión y a agradercerle al organismo que preside Gianni Infantino.

El comunicado completo de la UEFA

La decisión de ayer de suspender durante un periodo de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja.

El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se adopte la decisión de un organismo competente. Es un principio incorporado en el reglamento, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y han cumplido regularmente su suspensión.

Cuando sus guardianes ya no garantizan la certeza de las reglas, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada. Asimismo, esta decisión crea un precedente en el torneo en curso, donde situaciones similares ahora requerirán un trato igualitario, en detrimento de la competición.

El fútbol es el deporte más querido en el mundo porque es un juego hermoso y se confía en él porque se juega en todas partes con las mismas leyes. Un torneo nunca es algo puramente independiente y, si el torneo en cuestión es la Copa del Mundo, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas en el juego en su conjunto.

Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable.

La razón por la que la FIFA le anuló la tarjeta roja a Balogun

La FIFA dejó en suspenso la sanción al delantero estadounidense amparándose en el Artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite aplicar un “período de prueba” de un año para el cumplimiento del castigo.

Tras recibir una tarjeta roja por un pisotón involuntario, el delantero debía perderse los octavos de final ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA decidió que la sanción no se ejecutará de forma inmediata a menos que el jugador cometa una falta similar en los próximos 12 meses.

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Los gobernadores son la llave del proyecto

Santilli pone a prueba su supuesto “músculo político” con la reforma electoral

El objetivo de Karina Milei es que en 2027 se compita sin PASO y, si hay acuerdos, con colectoras en las provincias. El flamante jefe de gabinete debuta con esa premisa. Habrá foto de peso en Tucumán, con Milei rodeado por mandatarios provinciales.

Melisa Molina

Con el flamante jefe de Gabinete ya en funciones, la Casa Rosada buscará esta semana conseguir una foto política muy importante: la de Javier Milei rodeado de gobernadores en Tucumán por los festejos del 9 de julio. También está convocada para esta semana una reunión de mesa política, ya sin Adorni de por medio. Con ese respaldo simbólico de los mandatarios provinciales, Diego Santillli intentará garantizar los votos necesarios en el Congreso, para que Karina Milei pueda avanzar con uno de los proyectos que más le interesan: la reforma electoral. Sin embargo, los detalles del proyecto que buscará eliminar las PASO no terminan de estar claros y los gobernadores dudan.

Durante el fin de semana Santilli dio una serie de entrevistas y dejó algunas pistas sobre el proyecto: “En el parlamento hay algunas propuestas respecto del tema colectoras. Pero nuestro eje no va por ahí”, aclaró. Luego sumó: “Nosotros queremos ordenar el financiamiento de los partidos políticos. Después, si los partidos plantean sus ideas y ese es un mecanismo que ayuda a definir algo sin necesidad de recurrir a una PASO, no me parece que sea un retroceso”.

La hermana del Presidente dejó muy en claro los planes del oficialismo en una reunión que hubo la semana pasada en la Casa Rosada con diputados y senadores de la Libertad Avanza: después del mundial, dijo, todo estará puesto en avanzar sin miramientos en el Congreso, e ir a fondo con las reformas necesarias para garantizar el año que viene la reelección presidencial de su hermano.

Allí mencionó la reforma electoral, pero también leyes antipáticas como la de zonas frías. El flamante vocero Adrián Ravier fue el encargado de defender este último proyecto en la primera conferencia de prensa que dio el martes pasado desde Balcarce 50. Dijo que los subsidios no podían ser para todos, que alguien “los tenía que pagar”, y que el kirchnerismo había extendido ese beneficio --el de subsidiar tarifas-- a zonas que eran “cálidas” y no lo necesitaban. Recomendó, además, que los ciudadanos tenían que “dejar de usar tanto el gas”, y abrigarse.

Este martes Ravier dará su segunda conferencia de prensa, con una salvedad: por el partido de la selección argentina decidieron adelantarla media hora. Es decir, en lugar de a las 11, la harán a las 10.30. Lo que es una incógnita es qué sucederá con la reunión de la mesa política. En teoría el encuentro del círculo íntimo de Milei iba a ser ese mismo día por la tarde, pero desde el oficialismo aún no lo confirmaron. De realizarse, sería la primera con los nuevos funcionarios.

Pacto 2027

Los gobernadores --14 de ellos estuvieron en la jura de Santilli-- se mostrarán nuevamente con Milei en Tucumán. El año pasado el mandatario no viajó a esa provincia para la vigilia del 8 de julio y puso como excusa el clima. Ese día hubo neblina y el vuelo no salió. La foto importante había ocurrido, sin embargo, el año anterior cuando, junto a Milei, 18 mandatarios provinciales firmaron en la Casa Histórica el Pacto de Mayo.

En Tucumán, además de los gobernadores, también habrá este año otra presencia importante: la de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Osvaldo Jaldo la invitó, y ella confirmó su asistencia. “Tucumán no excluye a nadie”, dijo el gobernador aliado de Milei. Hace semanas la presidenta del Senado hizo lo mismo durante el acto por el día de la Bandera en Rosario. Se apersonó y hasta le dio la espalda al Milei cuando cantaba el himno nacional.

Muchos de los mandatarios provinciales están contentos con la designación de Santilli. “Habla nuestro idioma. No es Francos o Adorni”, expresan y recuerdan que con Manuel Adorni prácticamente no tuvieron ningún tipo de diálogo. Sin embargo, desconfían de que las cosas que promete Santilli pueda cumplirlas. “Santili pasó de un tercer anillo a un segundo, pero no es de la mesa chica de Milei”, dicen. Las definiciones con respecto a la chequera, opinan, las terminarán tomando Karina y Luis “Toto” Caputo.

Desde el PRO, en tanto, también celebraron la designación del nuevo jefe de ministros. “Esto allana un acuerdo con Macri”, dicen algunos amarillos que tienen muchas ganas de pintarse, de una vez por todas, de violeta. Agregan que lo importante será “garantizar la reelección de Milei”, y que Macri no tiene intenciones de presentarse como candidato en las presidenciales del año que viene. “Mauricio cree que no va a ser él, pero que, en todo caso, hay que buscar a alguien”, indican y completan “pero eso no sirve. El invento ya está en la Casa Rosada y hay que respaldarlo”.

En esa línea, Santilli sueña con que la hermana del presidente el año que viene le ofrezca la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires y que, además, a cambio del apoyo legislativo también pueda haber un acuerdo con el PRO en la Ciudad. El candidato violeta en ese distrito era Manuel Adorni que, debido a los escándalos de corrupción, quedó fuera de carrera.

El jefe de Gabinete pronunció este fin de semana: “Yo soy parte del proyecto del presidente Milei y estoy convencido que tenemos que trabajar para su reelección; para eso estoy”, sobre el PRO agregó: “lo bueno es que con el PRO estos años hemos logrado construir caminos y priorizar lo que nos une por encima de lo que nos diferencia. Yo ahí distingo los que tuvieron buena fe, como Macri, de los que no tuvieron buena fe. Hay algunos que lo intentaron y no pudieron. No lo lograron”.

Reforma política: un poroteo complicado

Los gobernadores, mientras tanto, dudan sobre el proyecto de reforma política y no tienen detalles. Ignacio Torres de Chubut, por ejemplo, celebró el desembarco de Santilli en la jefatura de Gabinete y la semana pasada estuvo en la Casa Rosada con él. Sin embargo, pronunció que “nadie le habló de colectoras”, y puntualizó con respecto a ese tema: “yo creo que las colectoras pueden llegar a beneficiar más a la oposición que al oficialismo. Por eso no termino de entender el criterio político”.

Para avanzar con la reforma electoral, la Casa Rosada necesitará reunir 37 votos en el Senado y solo tiene 21 bancas. Con lo cual, va a necesitar el respaldo de 16 legisladores. Un número al que solo puede llegar con el acompañamiento de la UCR. Por ahora, los radicales no están convencidos ni de la suspensión de las PASO, ni tampoco de la implementación de las “colectoras”.

Con respecto a su agenda, además del viaje a Tucumán, Milei confirmó otra serie de giras internacionales. El 28 de julio estará en Perú para la asunción de Keiko Fujimori y el 7 de agosto partirá con destino a Colombia para la toma del mando del presidente electo Abelardo de la Espriella. Así lo confirmó el propio Jefe de Estado mediante sus redes sociales. Es decir, mientras su hermana y sus alfiles negocien leyes para buscar su reelección, él seguirá recorriendo el mundo.

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Rio Negro, la Patagonia árabe y la disputa por los recursos estratégicos

“Los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”

Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico.

Alejandra Dandan

“Como dijo el lonko, los lugares que agarran son estratégicos, son lugares de altas cumbres que no se deben vender, como las orillas de los ríos. O sea: no están respetando ni eso”. Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, explicó de esta manera lo que ocurre en su territorio con la llegada de capitales extranjeros. El caso es conocido. El fideicomiso Amaike, de capitales emiratíes, la llevó a juicio por usurpación de 14 mil hectáreas en la zona cordillerana de las altas cumbres rionegrinas que la comunidad utiliza en el verano. Durante el juicio, en abril de 2026, un empresario argentino, expolista y accionista de la compañía, confesó, obligado por el juramento de decir verdad, que las tierras a su nombre las compró con plata que le donó el gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

–Lo compró a través de una donación: ¿de quién recibió esa donación? –le preguntaron.

–Del gobierno de los Emiratos Árabes –dijo el expolista Hugo Barabucci.

–¿Recuerda el monto de la operación?

–Algo de dos millones de dólares.

Ante la inminente discusión de la Ley de Extranjerización de la Tierra, el nombre que las organizaciones territoriales le dieron al proyecto oficial de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Patagonia Árabe, en Río Negro tiene otro significado.

“Los que ahora están comprando las tierras ya no son particulares, ni empresas, ni grupos de inversión: los que compran son directamente los Estados extranjeros”, dice Magdalena Odarda, diputada provincial por el bloque Vamos con Todos, exsenadora por Río Negro y autora de un proyecto de ley que busca retrotraer las adquisiciones del Estado emiratí. Las compras se hacen a través de empresas pantalla, fideicomisos amañados o “firmas interpuestas”, un procedimiento con el que buscan burlar la Ley de Tierras con muchas empresas integradas por personas con DNI argentino, que en realidad representan a otros Estados.

La participación de Estados extranjeros está prohibida en la ley actual y la restricción se mantiene en el proyecto que está en discusión en el Congreso. Sin embargo, esos capitales se abren espacio a través de sociedades asentadas en el país. Odarda está preparando un pedido de informes a la IGJ para pedir información sobre esas composiciones. Mientras tanto, el paisaje en su provincia está cambiando con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

¿Qué está pasando en Río Negro?

A lo largo de los últimos diez años, la provincia profundizó el proceso de reconfiguración de la propiedad de la tierra con la incorporación de capitales árabes, de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, por un total de unas 60 a 70 mil hectáreas ubicadas en zonas de altísimo valor estratégico y ambiental, como altas cumbres de frontera, bosques nativos y ojos de agua dulce.

El Estado qatarí posee unas 10.000 hectáreas en una explotación para esquí de alta montaña ultraexclusivo, vista a la cordillera y autonomía energética debido a la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas por el gobierno provincial con una concesión para 30 años, según la periodista Susana Lara, con amplia cobertura del tema.

Los qataríes están en una zona con otros vecinos. Las extensiones de tierra son linderas a los territorios de Joe Lewis y de las inversiones del Estado de Emiratos Árabes Unidos. El extenista Gastón Gaudio, amigo de Macri, hizo de nexo para la compra. El emir de Qatar, amigo de Macri, y quien le puso la capa a Lionel Messi en el Mundial de 2022, Tamim bin Hamad Al Thani, es cuñado del principal inversor en la Meseta Baguales: el jeque qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.

Emiratos Árabes Unidos acumula, en cambio, más de 50.000 hectáreas en tres zonas estratégicas, entre la cordillera y la costa. Una parte está en el alto Chubut, con un coto de caza y el espacio de la comunidad mapuche Cayunao; otra parte está en la costa del río Foyel y 30.000 en la costa atlántica, en la Bahía Dorada, con una pista privada de las dimensiones del aeropuerto de Bariloche y otras parcelas rurales. ¿A qué se dedica? Turismo de lujo con coto de caza mayor y con alojamiento temporario.

Las personas atrás de los inversores

Alrededor de los emprendimientos existe un grupo de empresas y acciones de personas con DNI argentino que, de a poco, van siendo transferidas íntegramente a emiratíes. Odarda tiene un listado de esas compañías: Fideicomiso Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A., Diuna Inmobiliaria. De ellas, dice, Manzil S.A. es el caso paradigmático: la composición accionaria pasó totalmente de dos ciudadanos argentinos a los dos emiratíes detrás de esta inversión, con un documento refrendado en el Boletín Oficial en 2022.

“Manzil SA hoy tiene la mayoría accionaria en el Fideicomiso AMAIKE”, reseña el proyecto de ley de la diputada Odarda. “Las tierras en el Cerro Carreras pasaron de contar como accionistas a dos argentinos que fueron finalmente reemplazados por los ciudadanos emiratíes Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, con el 0,3 % y 99,7 %, respectivamente. Ambos vinculados directamente con el Estado de Emiratos Árabes Unidos”.

Los dos ciudadanos emiratíes no son ciudadanos cualquiera. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri es un empresario de formación militar, general retirado tras 25 años de servicio en las Fuerzas Armadas, que preside el Consejo Nacional Federal, donde participan representantes de los siete emires del país. Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, el inversor más importante, es el hombre de confianza del propio emir de EAU, presidente y heredero, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.

En febrero de 2026, el emir de Abu Dhabi y presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, pisó suelo patagónico en un vuelo privado que aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche con familia y una gran comitiva de más de 200 personas. La presencia causó revuelo en la agenda local y nacional. Fotos. Publicaciones, imágenes de dentro y fuera del avión. Misterio. El emir se instaló en Las Marías.

“Bueno, sí –confía Odarda–: a esta altura me permito pensar que hay algo más que la compra de tierras, porque la fecha en la que vino a la Argentina coincidió con el ataque que hizo Irán sobre las instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes”.

Y dice: “Emiratos Árabes Unidos es un aliado tanto de Israel como de Estados Unidos. Y el hecho de que este señor venga aquí, a la zona, con una comitiva de 200 personas, le hace pensar a uno que piensan en Argentina como refugio: están armando una suerte de refugio antibombardeos aéreos o antinuclear, tal vez como el que se construyó en el campo que está pegado”.

¿Por qué estas tierras?

El Observatorio de Tierras es una organización creada por científicos del Conicet y la UBA para mapear los datos de tierras transferidas a capitales extranjeros en el país. La primera versión del Mapa de Extranjerización de la Tierra salió publicada en diciembre de 2025. Según esos datos, 5 por ciento del territorio argentino está en manos de capital extranjero, un equivalente a 13,2 millones de hectáreas. El dato más relevante, sin embargo, no es ese. Según el Observatorio, lo más relevante son las zonas estratégicas transferidas.

Actualmente, la Ley N° 26.737 de 2011, en vigencia y conocida como de la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, permite vender hasta un 15 % a extranjeros. En algunos lugares, sin embargo, el límite está excedido. Esos lugares coinciden con lugares estratégicos de alto valor ambiental, como las cordilleras y las zonas de influencia de la principal ruta navegable del país en el río Paraná.

La nueva ley cambiaría ese porcentaje de participación.

Pablo Volkind, del Observatorio de Tierras, sin embargo, se pregunta por qué quieren cambiar la Ley de Tierras si todavía gran parte del país no superó el límite del 15 por ciento que exige la ley actual. Además de las 13,3 millones de hectáreas transferidas, dice, podrían extranjerizar todavía 26 millones de hectáreas más: dos provincias de Santa Fe completas.

“Entonces, ¿por qué tienen que eliminar esta ley? Como la ley regula no solo a escala nacional, sino provincial y departamental, en las zonas estratégicas sí está frenado el límite porque superan el 15 por ciento o llegan al 50. Es decir, ya no se puede vender más tierra”.

Río Negro está subrepresentada en ese mapa. Hay una enorme participación de otros capitales en otros puntos del país; en primer lugar están los Estados Unidos, pero los capitales del Golfo no están contabilizados. Aun así, ya en el año 2017 Bariloche tenía 21,53 % de tierra extranjera, por lo que la provincia dictó un decreto, el 1154/17, que restringía a 100 hectáreas el límite para comprar nuevos terrenos.

¿Cómo se llegó hasta acá?

“En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales, muchos inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país y la provincia de Río Negro no fue ajena a ese proceso”, explicó la diputada en su proyecto de ley.

El proceso se inició en los ’90 con la transferencia de tierras fiscales vendidas a precio vil. En aquel momento, la Provincia autorizó, apañó y hasta promovió la venta de tierra estratégica, “trampeando normas y denostando salvajemente a antiguos pobladores. Es así como empresas, organizaciones, multimillonarios o particulares compraron a precios irrisorios tierras fiscales, concentrando la tenencia en las áreas de la meseta, la costa atlántica y la cordillera”, dice ella.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proceso se profundizó con el decreto 820/2016, clave para la zona y el desembarco de los capitales árabes porque flexibilizó el contenido, los límites y el alcance de la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, permitió elevar el porcentaje para que una sociedad sea considerada extranjera: pasó del 25 % al 51 % de las acciones.

Diez años después del decreto que le abrió las puertas a esos desembarcos, la provincia muestra cambios radicales en el paisaje, con territorios que operan como enclaves de otros Estados.

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Soledad Cayunao, en aquel juicio, iba describiendo lo que sucede en el lugar a medida que respondía preguntas de sus abogados.

“La laguna para nosotros no es una simple laguna, sino que son lugares de fuerza donde solemos hacer ceremonias, son lugares fundamentales para nuestra forma de vida. Pero las cosas cambiaron”, explicó. Y dijo: “Pescar ahora está prohibido –dijo–. La gente anda armada, tienen puestos de vigilancia, quieren arrasar con todos los lugares de la cordillera”.

Orlando Carriqueo es vocero (werken), referente mapuche, integrante de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, defensor de derechos humanos. “Por todo eso es muy importante la historia”, dice. Los mapas antes no tenían los nombres de las provincias patagónicas: debajo de cierto punto se definían como territorios indígenas. Ante la discusión que se viene en el Congreso y ante lo que ocurre en su provincia, Carriqueo vuelve a subrayar esa historia larga.

“Nosotros hoy tenemos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el despojo territorial, porque lo que está en juego es la discusión por la tierra. Justamente antes lo que no estaba era esa discusión: esa tierra era nuestra, de los pueblos indígenas. Entonces, nunca van a tener seguridad jurídica porque lo que posiblemente cambie es el derecho indígena de la tierra. Y no hay seguridad jurídica si no contemplan el derecho indígena”.

La nueva ley elimina ejes clave del control de la tierra rural para, dice el Observatorio de Tierras, profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero: “Lo que está en juego no son normas aisladas –dice–, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”. Un listado de los cambios centrales permite verlo de cerca.

¿Qué cambia con la nueva ley?

* Elimina el tope 15% a tierras extranjeras en las tres escalas: nacional, provincial y departamental;

* Elimina el cupo por nacionalidad, hoy de 30%;

* Elimina el límite máximo de superficie por región, hoy de 1.000 ha en la zona pampeana;

* Habilita adquirir nacientes y “ojos de agua” prohibida hoy para extranjeros o “personas interpuestas”;

* Deroga la protección en zonas de frontera, que viene de un decreto-ley histórico de 1944.

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La Corte reafirmó el cierre de la causa del ARA San Juan

El Poder Judicial terminó de blindar a Macri por el espionaje ilegal

En Comodoro Py, Ercolini también archivó el caso del Proyecto AMBA, que la AFI macrista puso en marcha para controlar la conflictividad social en la provincia.

Luciana Bertoia

En menos de 24 horas, el Poder Judicial clausuró dos causas sobre episodios de espionaje ilegal durante la administración Cambiemos. Un fallo de la Corte benefició directamente a Mauricio Macri, que podrá festejar sus logros judiciales junto con su creciente influencia en el Gabinete de Javier Milei. “Está claro que está en pleno funcionamiento la lavandería de Macri en la justicia”, denuncia el exdiputado Leopoldo Moreau, que presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) que investigó lo sucedido durante el macrismo.

El 15 de noviembre de 2017, se perdió todo contacto con el submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes. Sus familiares esperaban noticias, intentaban contactar al Presidente para que se profundizara la búsqueda mientras hacían marchas y misas. Todo eso fue documentado por la delegación Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En septiembre de 2020, la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció que había encontrado los partes que daban cuenta de los seguimientos a las familias. La investigación avanzó en Mar del Plata y luego se mudó a Dolores, donde en diciembre de 2021 el juez Martín Bava procesó al expresidente.

La osadía de Bava apuró los tiempos. Veinte días después de dictar el procesamiento contra Macri, la Cámara Federal de Casación Penal le sacó las tres causas de espionaje que tramitaban en Dolores: la que orbitaba alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio, la del llamado Proyecto AMBA y la del ARA San Juan.

El 1 de febrero de 2022, Bava remitió todos los expedientes a Julián Ercolini. El 15 de julio de ese año, la Cámara Federal de Comodoro Py asestó el golpe de gracia a la causa del ARA San Juan y sobreseyó a Macri. Según los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, las tareas de la AFI sobre los familiares existieron, pero estaban justificadas.

En noviembre de 2023, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, con una composición especial, dejó firmes los sobreseimientos. La abogada querellante Valeria Carreras llevó el caso ante la Corte Suprema, que rechazó el recurso el 28 de octubre del año pasado.

Carreras insistió porque los supremos no habían revisado el fondo de la cuestión, sino que habían usado un formalismo para evitar analizar el tema. Sin embargo, en el acuerdo del jueves, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti volvieron a cerrar la puerta. “Que el pedido de reposición de lo resuelto por el tribunal resulta improcedente pues las sentencias definitivas no son –como regla– susceptibles de ser modificadas por la vía intentada (...) sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina”, escribieron. La resolución que favoreció a Macri se firmó el mismo día en que los cortesanos confirmaron el monto del decomiso contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

“Desde el momento en que la causa llegó a Comodoro Py, se acabaron las chances de justicia para la investigación sobre espionaje. El final ante la Corte Suprema era un 100 por ciento de lo que esperábamos”, responde Carreras ante una consulta de Página/12.

El 26 de abril pasado, Carreras presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el rechazo del Poder Judicial argentino de investigar un caso de vigilancia sobre familias que lo único que querían era saber qué había pasado con los tripulantes del ARA San Juan.

“Esperemos que todas las mujeres –esposas, madres y hermanas– sean oídas en ese foro internacional. Durante un año fueron víctimas de tareas de inteligencia y luego fueron victimizadas por el Poder Judicial a través de la justificación del espionaje que liberó a Macri y a sus adláteres. En Argentina, no tuvieron justicia; por el contrario, tanta impunidad nos expone a convalidar la intromisión ilegal contra cualquier ciudadano que sea percibido como peligroso por el gobierno de turno”, sostiene Carreras.

Horas antes de que la Corte rechazara el recurso in extremis, Ercolini había archivado la causa sobre el llamado Proyecto AMBA. Durante el macrismo, la AFI multiplicó su presencia en la provincia de Buenos Aires, donde históricamente había tenido tres bases –ubicadas en Mar del Plata, La Plata y Bahía Blanca–. A esas tres delegaciones, les sumó otras seis que funcionaron entre 2016 y 2017 en Ezeiza, San Martín, Haedo-Morón, Pilar, La Matanza y Quilmes.

El juez Alejo Ramos Padilla detectó la existencia del Proyecto AMBA mientras investigaba a D’Alessio, que solía frecuentar la base Ezeiza. En septiembre de 2020, dispuso formar un nuevo sumario para investigar a las máximas autoridades de la AFI porque entendía que estaba ante un caso de espionaje con fines políticos. De hecho, reunió documentación que daba cuenta de vigilancia sobre sindicatos, comedores populares, actividades por Santiago Maldonado o actos de campaña de CFK. Ramos Padilla incluso halló los documentos que presentó un espía ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) tras haberse caído del techo mientras colocaba cámaras y micrófonos para grabar la reunión de un movimiento social.

En este caso, la Cámara Federal porteña puso en duda el origen de la documentación y dictó faltas de mérito para Gustavo Arribas –extitular de la AFI– y otros 27 imputados. Ercolini, tras un pedido de la fiscala Alejandra Mángano, dictó los sobreseimientos. El argumento central fue que la suerte de la causa del Proyecto AMBA había quedado atada a la del ARA San Juan y allí la Casación había dicho que no había delito. En la resolución, se usa un eufemismo más elegante: “irrelevancia jurídico penal para las conductas bajo investigación”.

Las causas por espionaje estuvieron activas mientras tramitaron en jurisdicciones ajenas a Comodoro Py: Dolores, Lomas de Zamora o La Plata. Tan pronto como llegaron a los tribunales de Retiro, los expedientes se fueron cerrando o dejaron de tener avances.

La Cámara Federal encontró distintos argumentos para ir cortando las pesquisas. En el caso de los espías Súper Mario Bros –que ellos mismos reconocían haber hecho vigilancias por razones políticas–, los camaristas validaron la teoría del “cuentapropismo”: no seguían órdenes, sino que supuestamente buscaban información para extorsionar. En el caso del ARA San Juan, la vigilancia estaba justificada por razones de seguridad nacional o seguridad del Presidente.

En el caso de la llamada Gestapo antisindical, Llorens y Bertuzzi hablaron de deficiencias probatorias para anular los procesamientos que había dictado el juez Ernesto Kreplak en La Plata después de que apareciera el video de una reunión en la que jefes de la AFI concertaban con funcionarios bonaerenses y empresarios cómo impulsar causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina –de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)– y terminar con su detención.

El rol que jugó la Cámara Federal al cortar las causas de espionaje del macrismo muestra por qué a Milei le interesa tanto intervenir en el tribunal de apelaciones de Comodoro Py. En el Gobierno dicen que esta semana podrían enviarse los pliegos para cubrir los lugares que ocupan Bruglia y Bertuzzi, trasladados por Macri a la Cámara. Bertuzzi podría quedarse, aunque todavía no está definido. El juez Pablo Yadarola, del fuero penal económico, suena como el candidato más firme a reemplazar a Bruglia.

“En la CBI juntamos pruebas hasta el hartazgo del espionaje y las remitimos a los jueces y fiscales que intervinieron, pero el único interés del Poder Judicial es proteger a Macri. Sus integrantes firman fallos destinados a encubrir delitos. Además de ser arbitrarios, son sumamente peligrosos porque abren el camino a la justificación de la vigilancia ilegal sobre cualquier ciudadano”, advierte Moreau.

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Despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“No tienen ni idea de a quiénes echaron”

Paula Alderete es la única experta en operar el microscopio electrónico certificado con normas ISO del organismo. Los otros casos.

Celeste del Bianco

¿Por qué explotó una caldera? ¿Qué falló? ¿Qué puede aportar una muestra balística para resolver un crimen? ¿En una prenda hay plomo? ¿Por qué se rompió un motor industrial? ¿Cuánta vida útil le queda a los materiales que se usan en las centrales nucleares? Esos eran algunos de los interrogantes que Paula Alderete ayudaba a resolver con su trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Era la única empleada que tenía la pericia para manipular el único microscopio electrónico de barrido con acreditación en normas ISO 9001 e ISO 17025 – una certificación poco común– que había en el organismo hasta que fue despedida el 30 de junio a través de una notificación del sistema Gestión Documental Electrónica (GDE), que usan los organismos públicos.

El testimonio de Paula Alderete contradice, al menos, dos argumentos libertarios. Uno, el que dio el presidente de la CNEA, Martín Porro, que luego de los despidos dijo que “ningún operador licenciado, investigador, ni personal especializado fue desvinculado”. Dos, el que sostiene el presidente Javier Milei acerca de la improductividad de los organismos públicos en detrimento de la eficiencia privada: en el laboratorio, Paula también trabajaba con muestras que le llevaban empresas que no eran estatales.

“Mi trabajo consistía en operar el microscopio electrónico de barrido y los usuarios venían con sus muestras. Yo las preparaba, las montaba y mirábamos, desde aleaciones para aplicación nuclear hasta combustibles, células, polímeros, cerámicos e infinidad de muestras”, le cuenta Paula a Página/12. Y explica: “Es importante porque cada una de esas muestras viene con una investigación adyacente. Alguien que está desarrollando algo, incluso también las empresas privadas. A veces, tienen un problema puntual a resolver o tienen cuestiones de calidad a las que responder y nosotros facilitamos esas respuestas. También saber por qué las cosas fallan”.

Paula Alderete tiene 31 años y hace más de tres que trabajaba en el laboratorio del Centro Atómico Constituyentes. Cobraba 683.000 pesos por mes y tenía un contrato que, en los últimos años, se renovaba cada tres meses. “A veces uno hace algunas otras cositas por fuera para sumar plata, algún tipo de emprendimiento, pero la realidad es que me gusta muchísimo mi trabajo”, cuenta. El 31 de junio se enteró que el 1 de julio ya no podría entrar más porque no se le habían renovado. “Estos días los estoy pasando con angustia y ansiedad en partes iguales. Estoy con poco apetito, con pocas horas de sueño, pero tratando de estar lo más entera posible para visibilizar la situación y poder revertir mi despido y el de otros compañeros, que también son importantes en su tarea y labor”.

Ayer, en las redes sociales circuló una imagen del laboratorio vacío y el microscopio apagado. Una muestra del desmantelamiento a la ciencia que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. “Espero que con estas situaciones se visibilice y se entienda la importancia que tiene la CNEA, es importante que nosotros como argentinos sigamos teniendo la Comisión, que sigamos desarrollando, que sigamos investigando, eso nos hace un país soberano”, resalta.

El martes, Martín Porro sostuvo que “no hubo despido de científicos”. A través de un posteo en X indicó que se trataba de personal administrativo. Algo que fue desmentido rápidamente Paula en esa misma red social. “Que mi tuit haya generado tanta visibilización me genera bastante vergüenza porque soy una persona de perfil bajo, pero estar en la situación de que había sido desvinculada, haber estado en sede y haber visto cómo él se fue custodiado por Gendarmería después de estar horas encerrado en su despacho me pareció indignante. No podía no responder, indicarle que la realidad era otra”, recuerda.

Pero hay más casos que desnudan la falacia del presidente del organismo. Como los de Lucas Di Donatis, ingeniero químico, y Alejandro Valentín Coria, ingeniero electrónico; ambos egresados de de la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabajadores de la Gerencia de Área CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado y desarrollado integralmente en Argentina que Milei paralizó. O el de Leila Cantera, que estaba en la Gerencia de Área Reactor Argentino Multipropósito (RA-10) en el Centro Atómico Ezeiza. O el de Carla Melisa Navazzotti, licenciada en RR.HH., con un posgrado en Ingeniería Gerencial. “Me generó bastante indignación ese tuit porque es mentira. Si no fue Porro el que hizo los despidos y mandó a despedir, la persona que lo hizo no tiene idea de a quiénes están desvinculando, no tiene ni idea. Hay ingenieros que han sido despedidos en Bariloche, gente ultra especializada en labores administrativas”, agrega Paula.

Desde el martes, la comunidad científica se está manifestando para revertir los despidos y para denunciar el ataque a la soberanía que lleva adelante La Libertad Avanza para facilitar las privatizaciones y colaborar con los intereses de Estados Unidos, que sigue muy de cerca el desarrollo nuclear argentino. “Tratamos de hacer nuestro país un poquito mejor de lo que estaba. A pesar de las crisis, a pesar de todo, la ciencia tiene que seguir. Es importantísimo para nosotros y para las futuras generaciones también”, cierra Paula.

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