27 de febrero de 2026

Acusó de delincuentes a los industriales Rocca, Madanes y Méndez

Milei mete más tensión en el Círculo Rojo

El presidente habló de batalla cultural contra los empresarios que no pueden competir. Más celebración a la apertura importadora. Retrocede la Argentina productiva.

Bernarda Tinetti
El presidente Milei redobló la pelea pública con industriales nacionales. En redes sociales, el titular del Ejecutivo acusó de delincuentes a tres de los empresarios con más peso en el país y agregó más leña al fuego en la interna del círculo rojo. “Batalla Cultural. Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un País que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, publicó Milei en su cuenta personal de X. El mandatario se mostró muy activo en el mundo digital, con varias alusiones más al tema y posteos celebratorios sobre la apertura comercial como solución a los problemas argentinos, en el marco de la aprobación del acuerdo con la Unión Europea.

La novela, donde Milei pretende mostrarse como disruptivo para conseguir aplausos de corto plazo, agregó un nuevo capítulo cuando compartió un posteo del periodista ex LN+ Tomás Díaz Cueto que resaltaba titulares de medios recientes: Rocca quiso licitar con un sobreprecio abismal; Industriales textiles admitieron márgenes inauditos; Industriales fabriles admitieron trabajar con stock y rentabilidad del 70 por ciento.

“Todos apadrinados por la vieja política y su proteccionismo. Pero el problema dicen algunos…es este Gobierno (?)”, concluyó Díaz Cueto.

El retuit escaló el conflicto entre el Gobierno y los sectores de la producción industrial asfixiados por el ingreso de productos sin restricciones celebrado, idealizado y profundizado por la gestión libertaria.

Milei subrayó que las declaraciones del dueño de Neumen sobre el robo con el precio de las cubiertas “le hace dejar los dedos marcados a todos los chorros que, poniendo la bandera de la industria nacional, se asocian con empresaurios para robar a los argentinos de bien” y se refirió con seudónimos a Paolo Rocca, CEO del grupo siderúrgico Techint, a Madanes y al propio Roberto Méndez, CEO de Neumen.

Hace pocos días otras afirmaciones oficiales sonaron muy mal entre los industriales. Una fue la del secretario de Comercio y Coordinador de Producción, Pablo Lavigne, cuando comparó la fabricación de cubiertas con el cultivo de bananas: “Argentina no debería hacer cubiertas, no se puede fabricar cualquier cosa”, arrancó. Y siguió diciendo que “ustedes habrán visto que casi no producimos bananas, esto es como las bananas”. Y otra en boca del ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó sin pruritos que nunca había comprado ropa en Argentina porque el precio es “un robo”.

Entre las excusas más fuertes del Ejecutivo se encuentra la idea de que Argentina sólo debería producir aquello en lo que es competitiva. El fundamento esconde dos puntos centrales. Primero qué pasa con los trabajadores que se formaron en esos sectores y por qué en otros momentos fueron la clave del crecimiento consumo interno y del PBI. Segundo, no hace alusión a los costos ni a los subsidios que reciben los productos de otras latitudes ingresados sin filtros al país, principalmente los traídos desde China.

La negación del Gobierno sobre la orientación anti industrial de las medidas que implementan, incluye un mecanismo victimizador: la culpa es del otro. En este caso del empresario que hizo negocios mientras el Estado lo habilitó y no de las decisiones de la administración central volcadas a la especulación financiera antes que a la producción y al empleo. Los datos oficiales confirman la catástrofe. Desde que asumió Milei cerraron unas 22 mil firmas y se destruyeron 290.600 empleos.

“Reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los sectores donde se han generado desbalanceos. Si nos quedamos con una actitud de resistencia, nos va a ir muy mal”, advirtió Madanes Quintanilla en mayo de 2024. Poco más de un año y medio después cerró la emblemática Fate. También propietario de las firmas Aluar y de la hidroeléctrica Futaleufú, Madanes traslada sus negocios al sector servicios y energía porque ahí le dan los números. Es uno de los empresarios más ricos del país.

La decisión de Madanes sobre Fate cayó mal en el Gobierno, que lo responsabiliza de no haber manejado bien el problema. Pero la narrativa oficial contra Madanes, uno de los miembros del selecto Círculo Rojo, tiene un antecedente en Rocca, otro de los integrantes de ese grupo de poder concentrado, con fuerte incidencia en la realidad nacional.

Luego de que Techint perdiera una licitación por precio contra la empresa india Welspun por el gasoducto Vaca Muerta-Río Negro y Rocca abriera la posibilidad de una denuncia por dumping, Milei lo llamó “Don Chatarrín” y habló de sobres a los periodistas.

La mayoría de estos empresarios apoyó la llegada a la presidencia de Milei. Rocca incluso ubicó funcionarios de su grupo y el propio Méndez dijo estar convencido de que el presidente va por la senda correcta pero “faltan regulaciones”. Cuánto de ficción y qué de negocias hay en esta relación tensa, quedará por verse.

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El negocio de las criptomonedas

Las conversaciones entre Javier Milei y Mauricio Novelli por $LIBRA

Todo está en un informe que recibió el fiscal Taiano que, además, le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que informe si existe un acuerdo confidencial entre el mandatario y el empresario Hayden Davis.

Irina Hauser

Después de recibir un informe técnico sobre mensajes, documentación digital y llamadas que detectan diálogos entre Javier Milei y el trader Mauricio Novelli, alguien clave en el lanzamiento de $LIBRA, el fiscal Eduardo Taiano le pidió a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza la hermana del mandatario, que “informe si existe un acuerdo confidencial” entre el empresario Hayden Davis y el Presidente para el asesoramiento en “blockchain y criptomonedas” que se habría firmado días antes del lanzamiento del token. En caso afirmativo, aclaró que quiere que le entreguen el original. Es decir, la responsable de la dependencia que debe contestar es Karina quien, además, igual que su hermano, está imputada, a tal punto que la carátula de la causa lleva su nombre y el delito de cohecho.

El documento de 35 páginas que entregó a la fiscalía de Taiano la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General –al que accedió Página/12--, confirma que uno de los números de celular del Presidente registra por lo menos dos conversaciones de Whatsapp y una en Instagram con Novelli quien, a la vez, tiene otras dos conversaciones con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP”. Novelli es el empresario que hizo de nexo entre Milei y estadounidense detrás de $LIBRA, Hayden Davis, con quien como era esperable también tiene conversaciones. El detalle de los intercambios y el entrecruzamiento de llamadas está en un “anexo” que la fiscalía mantiene en reserva y que las partes solo podrán ver si van a Comodoro Py. También aclara que “muchos de los registros con los interlocutores se encuentran vacíos o habrían sido eliminados”.

La información extraída de otros dispositivos, como pendrive y discos rígidos, ratifica un vínculo de larga data entre Milei y Novelli, con participación de Karina. El presidente daba clases en la academia de negocios de Novelli (N&W Professional Traders) y era una “personalidad pública” que le proporcionaba respaldo. En archivos de video donde el empresario guardaba clases y reuniones, tenía el registro de un “Zoom” con Milei y Karina el 25 de abril de 2021. “La reunión se habría gestado a efectos de grabar la clase a cargo de Javier Milei en el contexto de un curso de Criptomonedas”, dice el informe. Otra arista curiosa de esta situación es que pese a enseñar en un curso especializado, tras el colapso de $LIBRA, para desentenderse Milei dijo: “Yo no sé nada de criptomonedas”, “soy un especialista en crecimiento con y sin dinero”. Se victimizaba con la frase: “por querer darle una mano a los argentinos me comí un cachetazo”. Fue en la misma entrevista que dijo “no lo promocioné, lo difundí”.

Lo que es seguro es que la venta de token no se tradujo en ningún beneficio para emprendimientos argentinos sino en pérdidas millonarias para más de 40.000 inversores locales y de otros lugares del mundo que confiaron en la moneda porque Milei invitaba a comprarla desde su cuenta en “X”. Esto pudo ocurrir porque hubo un puñado de billeteras que evidentemente manejaban información privilegiada y que se llevaron, según el análisis de auditores de Arkham, cerca de 280 millones de dólares.

Pero no fue la única vez que Milei tuvo vinculación con una criptomoneda. En febrero de 2021, cuando todavía ni siquiera soñaba con ser presidente, Milei promocionó una cripto de Novelli. Se llamaba $Vulc y estaba asociada a un video juego. “Muy interesante el proyecto de vulcano game NFT gaming. Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría”, dijo el entonces panelista sobre la iniciativa de su amigo Novelli.

Pero a $Vulc le pasó lo mismo que a $LIBRA, también se desplomó.

El contrato

En un oficio que firmó el martes de esta semana el fiscal Taiano dice que recibió el informe de la DATIP, que fue elaborado en base a celulares y dispositivos secuestrados a Novelli y a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien habría actuado como representante del gobierno en parte de las tratativas con Davis. En el punto número dos agrega: “Atento a lo que de allí se desprende, requiérase a la Sra. Directora de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia relativo a la implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, específicamente con el objeto de brindar asesoramiento en Blockchain y Criptomonedas, que habría sido firmado por los nombrados, días previos al lanzamiento de $LIBRA. En su caso, solicítese que aporte dicho documento original…”.

Queda claro que el fiscal, pese a que no menciona el contenido de los mensajes y otros hallazgos, da a entender que en los dispositivos habría material que podría estar relacionado con el acuerdo en cuestión, cuyos detalles fueron revelados por el periodista Mariano Vidal en Clarín en notas publicadas en diciembre del año pasado y el mes pasado. Precisaba que habría sido firmado entre Milei y Davis con la fecha del 29 de enero de 2025, un día antes de que se reunieran en la Casa Rosada y que se sacaran una foto que el Presidente subió a sus redes. En ese mismo encuentro estuvieron Novelli y su socio en este asunto Manuel Terrones Godoy. Ambos, y en especial el primero, veían a Milei con asiduidad. Varias entradas a la sede gubernamental estaban autorizadas por Karina Milei, o incluso ella sería la anfitriona. Es ostensible que a través de los criptobros se construyó un vínculo Milei-Davis a lo largo de 2024. Hubo al menos tres visitas del estadounidense al mandatario y otro contacto a cuento del Tech Forum, un evento organizado por Novelli y Terrones Godoy en octubre de ese año para propiciar esto vínculos y negocios.

Las crónicas de Vidal reconstruyen que el día del lanzamiento de $LIBRA estos dos empresarios argentinos estaban en Estados Unidos, en un hotel de lujo en Dallas, rodeados de una veintena de jóvenes interesados. Desde allí se digitaba todo y aguardaban el tuit de Milei. Dos días antes habían estado en la primera fila de la NBA, en el estadio de los Dallas Mavericks, en los asientos más caros al lado del banco de suplentes. Estaban también el padre de Davis, “Tom” y su hermano Gideon. Los tres habían venido al Tech Forum, en el Hotel Libertador, donde Milei fue orador.

Todo indica que el 14 de febrero de 2025 se comunicaban con el Presidente y había ansiedad por la publicación de su tuit. Alguien debió haberle pasado el link con el contrato inteligente que pegaría en su posteo, para que la gente pudiera comprar $LIBRA. Los entrecruzamientos, mensajes y geolocalizaciones, deberían proporcionar información sobre esto. Es parte de lo que aún permanece reservado. Con el token desplomándose, Milei borró a las pocas horas su tuit y diría que “no estaba interiorizado”. Davis salió a decir al día siguiente que era asesor de Milei y que se había quedado con 100 millones de dólares “de los argentinos”. Esperaba instrucciones, decía, para devolverlos.

El material hallado por la DATIP confirma que Morales integraba los grupos de Whatsapp de la organización del Tech Forum, evento privado donde era presentado como un funcionario del gobierno nacional. También estaba María Pía Novelli, la hermana del trader que junto con su madre lo acompañó a abrir y llenar una caja de seguridad en el Banco Galicia de Martínez diez días antes del lanzamiento de $LIBRA y que fue con ella a vaciarla el primer día hábil (17 de febrero) después del colapso de la moneda. En la investigación, también fue quedando claro que en fechas claves de toda la trama, hubo transferencias millonarias desde billeteras de Davis hacia dos intermediarios en Argentina (Rodolfo Orlando Mellino, un jubilado de 75 años que aportó un domicilio inexistente en la causa, y el colombiano Camilo Rodríguez Blanco, dedicado a operaciones cripto) cuyas cuentas tenían flujos hacia wallets de Novelli y Terrones. El día de la foto de Davis y Milei, por ejemplo, hubo giros por más de un millón de dólares.

Mensajes, llamadas, videos

El estudio encomendado a la DATIP pedía rastrear, en base a los celulares y computadoras secuestrados, las conversaciones que hubieran tenido Novelli y Morales con otros imputados y personajes investigados, entre ellos Milei y la hermana. Se requería, además, un rastreo específico en fechas donde hubo reuniones de los criptobros, así como de Davis y el empresario de Singapur conocido como Julian Peh, con funcionarios de Gobierno. Había 812,72 Gigas de información de extracciones forenses.

A Novelli le encontraron los diálogos con Milei y Karina. También una conversación por Instagram, sin contenido, con Davis. Otra por Whatsapp con Peh (Peh Chi Haur) quien, todo indica, participó del lanzamiento de $LIBRA y la creación de “Viva la Libertad Proyect”. Un dato llamativo: “las conversaciones individuales y las relativas a grupos de Whatsapp conformados por Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales se hallaron vacías o habrían sido eliminadas”. Respecto de Morales hay una referencia en 2023, cuando le avisan a Novelli que había llegado a una reunión con Terrones. Lo cierto es que desde las primeras denuncias hasta los allanamientos semanas después, tuvieron tiempo para maniobrar. También aparece un diálogo con Charles Hoskinson, fundador de Cardano, quien había contado que le pedían dinero para reunirse con Milei con la promesa de que “cosas mágicas pueden pasar”.

Novelli tiene contactos, además conversaciones con dos mujeres agendadas como “Presidencia”, vinculadas al Tech Forum. El apellido Milei aparece en conversaciones con una fotógrafa contratada para ese evento. En las conversaciones con su madre, Alicia Rafaele, no hay alusiones a cuestiones económicas o $Libra, pero hay “contenido eliminado”. A su hermana Pía la agendaba como “Mapi”. Ella integraba la academia y compartió la organización del foro tecnológico. No hay referencias a $LIBRA. Lo que hay es un archivo donde se ve “un tablero de control en el que figura el token $Libra” y una planilla con ingresos en dólares de billeteras, sin especificación.

En un celular de Morales hay poco contenido relevante. Incluye alguna referencia al Tech Forum y otra a $Libra, con posterioridad al lazamiento.

En un disco rígido que pertenecería a Novelli, aparece su relación previa con Milei a través de la academia “N&W”. Hay tres archivos en formato MP4 con videos en los que se ve a Milei. Serían de 2021. Hay uno que muestra una imagen del actual presidente, cuando ganó una banca de diputado. Otros archivos muestran los cursos que impartía el actual presidente en esa escuela y su carácter de figura que le daba respaldo (junto con otros personajes como Agustín Laje y Emanuel Danann), usada para promocionar las actividades. Algunas de sus clases estaban incluidas en el curso de criptomonedas y guardados los registros en video.

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En la previa de una nueva concesión de la Hidrovía suman una denuncia penal y piden informes

Este viernes se conocerán los oferentes para quedarse con el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la Vía Navegable Troncal. Esta es la única certeza de un proceso que acumula denuncias y dudas. El diputado Jorge Taiana realizó un pedido de informes y se presentó una nueva denuncia ante la PIA.

 
Este viernes se abrirán los primeros sobres de la nueva licitación para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal (la primera había sido suspendida luego de un duro dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y algo huele mal sobre el Río Paraná. La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas obtuvieron los pliegos que deseaban, alineados con Estados Unidos y sus intenciones de dejar afuera cualquier empresa china.

Lo que huele mal sobre el Río Paraná es la opacidad sobre el proceso licitatorio. Al menos así lo señaló el diputado de Unión por la Patria quien presentó un exhaustivo pedido de informes ingresado a la Cámara de Diputados el 25 de febrero.

“Surge de la necesidad de arrojar luz sobre un proceso licitatorio que, bajo el amparo de la Resolución 67/2025, parece priorizar la lógica del mercado por sobre el interés nacional, desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia y al control estatal de un recurso que es patrimonio de todos los argentinos e ignorando que el control de lo que entra y sale de nuestro territorio es una facultad indelegable”, sostuvo Taiana.

Por otro lado, se volvió a presentar una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativa formulada por José María Lojo, ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y actual titular del Consejo Portuario Argentino, con el patrocinio de Eduardo Barcesat y Joel Sverdlik.

“La licitación contiene un diseño torpemente ineficiente que solo reportará mayores costos de operación y mantenimiento que se prevé transferir a productores y consumidores, a través de tarifas de peaje, redundando finalmente en ganancias para el adjudicatario y pérdida de competitividad para nuestra economía”, puede leerse en el texto presentado ante la PIA. También se denuncian las faltas de precisiones técnicas vinculadas a los estudios de impacto ambientales y esquemas de remediación.

Preguntas ante la opacidad del proceso de licitación

La única certeza sobre el proceso licitatorio para el dragado y balizamiento y cobro de peaje de la mal llamada hidrovía, red troncal por donde transitan el 80% de las exportaciones argentinas, es que este viernes se conocerán los principales oferentes. Sin embargo, las dudas no dejaron de acumularse desde que la administración Milei presentó los pliegos sobre el cierre del año pasado, en el que se dejó específicamente afuera la posibilidad de que participara cualquier empresa estatal, un artículo escrito en chino.

“En un escenario global marcado por la disputa de recursos y el control de las vías de comunicación, la administración de nuestros ríos es una facultad soberana e indelegable que define nuestra capacidad de autodeterminación. El presente pedido de informes surge de la necesidad de arrojar luz sobre un proceso licitatorio que, bajo el amparo de la Resolución 67/2025, parece priorizar la lógica del mercado por sobre el interés nacional, desatendiendo aspectos fundamentales que hacen a la transparencia y al control estatal de un recurso que es patrimonio de todos”, puede leerse en los fundamentos del proyecto de resolución presentado por Taiana.

Parte del escenario de opacidad se vincula con la deliberada desarticulación de los organismos de control federales y participativos, “que dejó la fiscalización de la vía en un vacío institucional que vulnera los derechos de las provincias ribereñas consagrados en nuestra Constitución Nacional”.

Para Taiana, la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable representa “un retroceso alarmante en la concepción de un federalismo concertado, alejando a los estados provinciales de la gestión de sus propios recursos naturales y de la supervisión de una obra que impacta directamente en sus territorios y ecosistemas”.

“No podemos permitir que el control de la vía quede librado a la autorregulación del mercado o a organismos sin capacidad de auditoría real. ¿Quién va a controlar qué se draga, cuánto se draga y qué barcos pasan? Sin control estatal, no hay soberanía”, concluye el pedido de informes.

Abuso de autoridad

La nueva denuncia presentada ante la PIA imputa por presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad tanto al presidente Javier Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseigor.

“Poco importa a los autores e inspiradores del pliego licitatorio los daños ambientales que el dragado provocará, inexorablemente, para el consumo del agua potable, los sistemas cloacales, la fauna y la flora autóctona del río”, puede leerse en la presentación judicial realizada por Barcesat.

Las llamadas usuarias de la Vía Navegable Troncal –las grandes cerealeras, dueños de los puertos y las navieras- jugaron sus cartas para avasallar las estructurales de control del Estado con distintas artimañas.

Para satisfacer las demandas de los grandes jugadores del sector, la Bolsa de Comercio de Rosario contrató en 2020 a la consultora Latinoconsult la cual elaboró el documento “Estudio de factibilidad técnico-económica del próximo período de concesión del sistema de navegación troncal”.

Sobre la cuestión del impacto ambiental vinculada a la ampliación del calado del Río Paraná afirmaron: “No se han identificado impactos incrementales negativos de significancia que pudieran desaconsejar las obras propuestas o cons­tituirse en obstáculos insalvables para la realización del Proyecto. Los impactos negativos identificados resultaron todos de nivel bajo”.

En su dictamen de febrero de 2025, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había determinado que en el pliego de la licitación fenecida no se incluían los estudios de impacto ambiental correspondientes (porque el Estado carecía de ellos).

La Sala B de la Cámara Federal de Rosario se hizo eco de la resolución de la PIA en una resolución del 4 de julio del año pasado en la que reconoció que no se habían presentado los informes de impacto ambiental actualizados como tampoco se había convocado a las audiencias públicas.

Por eso ahora se vuelve a insistir por la cuestión ambiental. “Es mucho lo que está en juego, entre el bien obrar del poder político/administrador, la atención a la soberanía, fluvial y marítima, y nuestras reivindicaciones sobre el Atlántico Sur, así como los territorios insulares usurpados por potencia extranjera. Sobre la otra mano, están los intereses de las grandes corporaciones, de capitales mayoritariamente extranjeros, que solo atienden al incremento de sus ganancias y menos controles sobre las mercancías que se transportan, sin hacerse cargo de los daños ambientales porque ello importa un costo, o transfiriendo a los productores y consumidores los costos de remediación o mitigación  de graves daños derivados de la deficiente definición técnica del proyecto y que podrían haberse minimizado con mejores pliegos”, concluye la nueva presentación ante la PIA.

En la línea de batalla de la Doctrina Monroe

El documento sobre seguridad nacional de los Estados Unidos se publicó el pasado 5 de diciembre, el mismo día en que se conocieron en el Boletín Oficial los informes técnicos y pliegos para la nueva licitación del dragado, balizamiento y cobro del peaje en la Vía Navegable Troncal. Nada es coincidencia.

En el artículo 16 del pliego se establece que “no podrán participar de la licitación personas jurídicas que sean controladas, directa o indirectamente por Estados soberanos o agencias estatales, en el capital, en la toma de decisiones o de cualquier otra forma”. Una cláusula redactada especialmente para dejar afuera a las empresas chinas (en particular a la CCCC Shanghái Dredging).

También se excluyen fuentes de financiación que estén controladas por otros Estados. “Los oferentes deberán especificar las fuentes de financiación previstas para la presente concesión, no pudiendo ser financiados de forma directa o indirecta por Estados Soberanos o agencias estatales”.

Tampoco podrán participar todas aquellas empresas que hayan sido incluidas en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este registro incluye de manera arbitraria y antojadiza las sanciones a países como Rusia, Venezuela, Cuba, entre otros https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information .

La administración Milei se arrodilló de lleno ante los lineamientos de la reversionada Doctrina Monroe.

El Destape

 

Falleció Darío Lopérfido, ex secretario de Cultura de De la Rúa

El exsecretario de Cultura de la Nación y exministro porteño falleció tras atravesar una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que había hecho pública

meses atrás.

Murió este viernes Darío Lopérfido, exfuncionario público y gestor cultural, a los 61 años de edad. Su fallecimiento se produjo como consecuencia de una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa cuyo diagnóstico él mismo había dado a conocer públicamente meses atrás.

Nacido en Buenos Aires el 5 de junio de 1964, Lopérfido desarrolló una carrera que integró el periodismo, la política y la gestión de la cultura. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa, ocupó los cargos de secretario de Cultura de la Nación y secretario de Medios de Comunicación. En esa etapa, formó parte del denominado "Grupo Sushi", un sector de jóvenes funcionarios que asesoraban al entonces presidente.

Años después, durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, asumió como ministro de Cultura porteño. Asimismo, se desempeñó como director general del Teatro Colón, donde llevó adelante una reorganización administrativa y promovió una política de coproducciones internacionales.

Su paso por la administración pública estuvo marcado por diversas situaciones de conflicto. En 2016, tras realizar declaraciones en las que cuestionaba la cifra de desaparecidos durante la última dictadura militar, enfrentó pedidos de renuncia por parte de organismos de Derechos Humanos y sectores políticos. Este episodio derivó en su salida del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

Vida personal y últimos meses

En el ámbito personal, mantuvo vínculos públicos con la guitarrista María Gabriela Epumer y estuvo casado con Esmeralda Mitre entre 2014 y 2018. En 2019 tuvo a su hijo, Theo, junto a Vinnie Blache Spencer.

Recientemente, Lopérfido utilizó el sitio Seúl para informar sobre su estado de salud. En dicho texto, describió el avance de la ELA —que afecta las neuronas motoras y dificulta funciones como el habla y la respiración— y expresó su posición crítica frente a las narrativas habituales sobre las enfermedades terminales. Sus allegados confirmaron que en los últimos meses su cuadro de salud había sufrido un deterioro acelerado.

El Destape

 Otra sesión caliente

En medio de protestas, Javier Milei busca la sanción de su reforma laboral en el Senado

Manifestantes fueron reprimidos en la zona del Obelisco, mientras protestaban contra el proyecto que perjudica a los trabajadores. El oficialismo da por descontada la aprobación.

Empezó la sesión en el Senado

La Cámara alta comenzó a sesionar para tratar la reforma laboral, que volvió desde Diputados sin el artículo 44 sobre las licencias médicas. El resto del articulado que ataca a los derechos de los trabajadores se mantuvo intacto y se espera que sea confirmado por los senadores.

Pagina 12


26 de febrero de 2026

Fueron detenidos

Protesta contra la Ley de Glaciares en el Congreso: detuvieron a ambientalistas de Greenpeace y a un camarógrafo

Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron en inodoros en las escalinatas del Palacio Legislativo. Rechazan la modificación de esta norma, que se tratará hoy en el Senado.

Un grupo de al menos 12 ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves por la mañana cuando saltaron la reja del Congreso para protestar contra la modificación de la Ley de Glaciares propuesta por el Gobierno, que será tratada en las próximas horas en el Senado.
Los manifestantes sorteraron las rejas del Palacio Legislativo y se instalaron en las escalinatas con varios inodoros y carteles con la leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”.

Tras unos pocos minutos, al menos una docena de manifestantes fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal. La Policía también agredió a camarógrafos y periodistas que cubrían lo que pasaba en el lugar: un camarógrafo de A24 fue tirado al piso, golpeado y detenido.

La protesta se da horas antes del debate que hoy se realizará en el Senado, donde se va a votar la modificación de Ley de Glaciares.

Ley de Glaciares: qué implica la reforma

La Ley de Glaciares, promulgada en 2010, protege y conserva las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua, prohibiendo toda actividad que comprometa su integridad.

La propuesta del Gobierno, que ya tuvo media sanción en Diputadosredefine la protección del ambiente periglacial. Con el objetivo de atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, permite el avance del extractivismo sobre zonas protegidas como reservas de agua dulce.

Según explica Greenpeace, la iniciativa -presentada a instancias de gobernadores aliados al gobierno, de provincias con intereses en la industria minera- apunta a reducir la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y delega en las provincias definiciones técnicas y administrativas que hoy funcionan como un piso mínimo común para todo el país.

La organización ambiental cuestiona además que una decisión con semejante impacto ambiental se trate a las apuradas, en sesiones extraordinarias, sin un debate público y federal.

El doctor en Geología y glaciólogo Lucas Ruiz explicó a Radio 750 los principales puntos de esta reforma, hecha a medida de las mineras. “El principal problema es que la ley no intenta modificar qué es ambiente periglaciar o dar una definición más precisa”, sino que -al contrario- “busca darle la potestad a las provincias para que digan qué quieren proteger y qué no”. Qué entienden, y qué no, por ambiente periglaciar, pero sin establecer un mecanismo de medición precisa.

“Y esto entra en conflicto con el objetivo que tienen las leyes de presupuesto mínimo ambiental, que es generar un estándar de protección ambiental. Son elementos que requieren un consenso a nivel país”, alertó.

Si se cambia la ley, advirtió, las consecuencias serán claras: “La modificación que quieren hacer es muy arbitraria. Porque sin decir cuáles van a ser los elementos a evaluar, dicen que las provincias pueden evaluar y decir qué importa y qué no”.

“Esto pone a las provincias a competir por cuál es la que protege menos”, dijo, señalando cómo se puede generar una suerte de liberación para quedarse con la menor regulación posible, pero con la mayor cantidad de inversiones mineras.

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 El oficialismo aún no consiguió los votos para el proyecto que modifica la protección de las zonas periglaciares

El Gobierno busca sancionar la reforma de La Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE en el Senado

Hay sectores como el de la UCR, que aún no definieron su postura. Además, Javier Milei quiere ratificar el acuerdo comercial entre los dos bloques antes que Uruguay.

El Gobierno de Javier Milei pone sus fichas en el Senado, donde buscará darle media sanción a la Ley de Glaciares y aprobar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja. El oficialismo se muestra seguro con los números, pero hasta ayer a la noche Patricia Bullrich seguía afinando el lápiz con el proyecto que flexibiliza la protección de las zonas periglaciares.

Al cierre de esta edición, se discutía en varios de los bloques el posicionamiento a tomar porque hay diversidad de miradas hacia dentro de los espacios. Esto ocurre, por ejemplo, en el bloque radical, que desde hace meses plantea disconformidades con el proyecto libertario. Esa fue una de las razones por las que el texto demoró su llegada al recinto.

Lo cierto es que el oficialismo tiene 21 senadores y necesita primero llegar al quorum (37), para luego pasar a conseguir las voluntades necesarias y darle luz verde a la iniciativa. Lo más probable es que esos apoyos lleguen desde las provincias mineras.

Tampoco está asegurado el acompañamiento total del nuevo bloque “Impulso país”, que reúne siete votos de provincias diversas. Sí contará con el apoyo de los tres senadores de Convicción Federal, el bloque que conduce Carolina Moisés, que recientemente negoció quedarse con la vicepresidenta del Senado. Lugar que le correspondía a la bancada que conduce José Mayans.

Incluso, dentro del peronismo también habrá diversidad de posiciones, no todas las manos del bloque Justicialista van a rechazar la norma. Parece que habrá quienes acompañen el proyecto de LLA para modificar la normativa actual que no permite actividad minera e hidrocarburífera en las zonas periglaciares. Entre quienes aún analizan su posicionamiento están la catamarqueña Lucia Corpacci y el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac.

Se espera que el dictamen firmado en diciembre llegue al recinto con modificaciones, que se conocerán directamente en la sesión, y quien anunciará esos cambios será la senadora chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Entre las voces que defendieron con vehemencia la ley, está la de la senadora salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Para la legisladora, la ley es “aclaratoria” de la norma actual que prohíbe todo en el ambiente glacial y periglacial. Una de los puntos clave es que transfiere la potestad a las provincias para definir qué glaciares proteger, enfocándose solo en aquellos que funcionen como reserva estratégica de agua, eliminando la protección general.

Es decir, que son las provincias -contrario a lo que hoy establece la Constitución Nacional en sus artículos 41 y 124- quienes decidirán qué zonas van a proteger. Por lo que ambientalistas señalan que aquí hay una reforma constitucional encubierta.

La modificación establece que la protección ya no es sobre “todo” el cuerpo de hielo, sino solo sobre aquellos que actúen como “reserva estratégica de agua”. De esta forma, se habilitarían actividades productivas de minería e hidrocarburos en zonas que no sean consideradas “reservas estratégicas de agua” por las autoridades provinciales.

En lugar de una prohibición genérica, el proyecto establece evaluaciones de impacto ambiental específicas para actividades en zonas de montaña, buscando compatibilizar la protección con el desarrollo económico. Desde el oficialismo argumentaron que la ley actual sancionada en 2010, generó una “parálisis regulatoria” en sectores como el litio y cobre, y que la reforma busca mayor seguridad jurídica para las empresas.

Durante el debate que se dio tras la presentación del proyecto del gobierno organizaciones como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvieron que la ley original de 2010 es fundamental para el cuidado del agua dulce.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea

En el temario de la sesión también está incluido el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, donde logró el 12 de diciembre pasado el acompañamiento de 203 diputados, 42 votos en contra y 4 abstenciones. El amplio margen que obtuvo el acuerdo en aquella sesión marca que no se encontrará con obstáculos en la Cámara alta.

Según pudo saber Página/12, el peronismo también aportaría votos, más de los esperados. Esa parece ser la novedad que habrá en esta votación. Hasta ayer por la noche, solo los senadores bonaerenses, Wado De Pedro y Juliana Di Tullio del bloque Justicialista, iban a rechazar el acuerdo. Mañana, se verá si algún otro kirchnerista vota en línea con lo que ese espacio votó en la Cámara de Diputados.

Sucede que el acuerdo tiene impacto negativo para la industria argentina. Especialmente para el sector automotriz, ya que representa un riesgo de relocalización productiva hacia Europa. Establece la eliminación de aranceles para facilitar el libre comercio entre ambos bloques, pero distingue entre sectores y no aplica las bajas impositivas de manera homogénea ni por igual.

Por otro lado, busca potenciar las exportaciones de los sectores primarios argentinos, como el agro y la energía, pero le pone un plazo a la industria manufacturera y automotriz para que se prepare para competir.

Con la sanción del Mercosur-Unión Europea aprobado, el oficialismo pretende ser el primer país en avalar el convenio, ya que el Parlamento de Uruguay ya lo trató en la Cámara de Senadores este miércoles y buscará la aprobación definitiva hoy en la Cámara de Representantes. Por esta razón, el oficialismo adelantó el tratamiento del acuerdo que estaba previsto originalmente para la sesión del viernes. Así, avanza con apuro, en acuerdo que tiene para largo rato en la Justicia europea que aún lo tiene bajo revisión.

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