La imagen internacional de Milei se desploma y Wall Street recomienda aprovechar la deuda y la bicicleta financiera

Los principales medios internacionales como New York Times, The Economist, Financial Time o Expansión publicaron artículos describiendo la corrupción de la administración de Milei y la crisis a la que marcha el programa económico, mientras el mercado se concentra en aprovechar las oportunidades para obtener renta garantizada en dólares.

Fernando Alonso

El Gobierno nacional recibió ayer dos noticias que podían ser leídas como un aval a la marcha del programa económico, pero que terminaron revelando la fragilidad del modelo solo sustentado sobre el “carry trade reforzado” que garantiza renta en dólares de dos dígitos, mientras la imagen internacional del presidente Javier Milei se desploma en medio de las denuncias de corrupción.

La jornada financiera mostró al dólar mayorista recortar la suba de la primera jornada del mes, con el riesgo país estacionado en la zona de los 550 puntos y el Merval operando con una caída de 0,3% en pesos y un alza en dólares de 0,8% por la apreciación del peso frente al dólar.

Estos movimientos siguen mostrando al mercado aprovechando las rentabilidad del carry trade pero sin subir la apuesta a una mejora consistente del programa económico que se refleje en una recuperación de la actividad económica que impulse la recaudación impositiva a términos positivos después de nueve meses consecutivos de caída real que pone en jaque el superávit fiscal.

Las preocupaciones reflejan por un lado los escándalos de corrupción y por otro, desde lo económico, la caída del ingreso de la sociedad y el desplome de la recaudación impositiva que, como define Bloomberg Line, reavivó interrogantes respecto de cómo hará para sostener el superávit fiscal, principal bastión del programa económico.

Las buenas noticias las aportó la agencia Fitch Ratings que elevó la calificación de riesgo crediticio a largo plazo (IDR) de Argentina en moneda local y extranjera a B- desde CCC+ y explicó que “la perspectiva de la calificación es estable”.

La calificación, dijo, “refleja una mejora estructural en los saldos fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas de divisas y nuestra expectativa de que el gobierno obtendrá financiamiento suficiente para cubrir sus obligaciones de deuda”.

Solo puso como asterisco que “la calificación se ve limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles crisis de confianza, a las que Argentina ha sido particularmente vulnerable, así como por una alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica”.

La segunda noticia que podía ser leída como positiva para los intereses oficiales la aportó un informe del Bank of America publicado por la agencia Bloomberg Line con las instrucciones precisas para hacer la operación de carry trade reforzado, con renta garantizada. 

La recomendación de Bank of America fue comprar el bono del Tesoro BonCER 2028 que actualiza por inflación más un rendimiento de 8,7%, y comprar dólar futuro a la misma fecha para cubrirse de una posible devaluación, una operación que permite blindar la rentabilidad en dólares, garantizada por el seguro cambiario que vende el Banco Central de la República Argentina.

La alternativa es hacer el carry trade sin la cobertura cambiaria, lo que puede elevar el rendimiento a más de dos dígitos pero con el riesgo de una devaluación que licúe las ganancias.

El fin del idilio internacional con Milei

Pero mientras esos informes alientan la recuperación del valor de los bonos, lo que mejorará el índice de Riesgo País, y la llegada de dólares para el carry, una sucesión de artículos periodísticos en los principales medios internacionales puso bajo la lupa la gestión del presidente Javier Milei, mostrando la debilidad del modelo económico jaqueado por las denuncias de corrupción.

The Economist recomendó cambios en la política monetaria para privilegiar la recuperación del empleo y de los ingresos; Financial Times en un artículo también publicado por el medio español Expansión  advirtió que “la popularidad de Milei está cayendo a medida que los funcionarios del gobierno enfrentan acusaciones de corrupción y el desempleo aumenta”, y el New York Times en una columna de Roger Cohen destaca que con Milei “es una invitación a sacar provecho de su petróleo, gas, litio, cobre, oro, uranio o la excepcional fertilidad de la vasta Pampa” para beneficio de  “la América de Trump”.

The Economist pareció ironizar en el título del artículo “Javier Milei está en serios problemas” y reseñar las declaraciones del Presidente referidas a que es una víctima del ajuste porque no se incrementó su salario y es el peor pago de la región. “Es poco probable que este mensaje convenza a los argentinos que atraviesan dificultades. De hecho, el índice de aprobación de Milei se ha desplomado recientemente”, señaló.

Este semanario británico de alcance global especializado en economía, política y negocios, reconocido por su mirada liberal relató las denuncias de corrupción que rodean a Milei, como el caso Libra, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito y concluyó que “los argentinos podrían haber ignorado las acusaciones de corrupción si la economía estuviera en auge” pero “no lo está”

Advirtió sobre la “disminución en los ingresos fiscales, lo que amenaza el impresionante superávit fiscal” y advirtió que “a medida que se acercan las elecciones, una mala encuesta para Milei podría alarmar a los mercados. La inestabilidad resultante podría empeorar las encuestas y desatar una espiral dañina”.

El Destape

Ordenó el peritaje del celular de Tabar

El fiscal Pollicita desestimó el pedido de detención de Adorni

La detención preventiva fue solicitada por la diputada Marcela Pagano luego de que este lunes se conociera la declaración de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las obras en la casa no declarada del country Indio Cua. El testigo aseguró que fue contactado por el jefe de Gabinete vía telefónica para ofrecerle asesoramiento legal antes de su declaración.

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó de detención inmediata contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que había sido solicitado por la diputada y denunciante de la causa por “enriquecimiento ilícito”, Marcela Pagano. Pollicita desestimó así utilizar la “doctrina Irurzun”, que durante el macrismo fue impuesta por el Poder Judicial para justificar la detención preventiva de exfuncionarios kirchneristas, pero dejó abierta la posibilidad de restringir el contacto de Adorni con los testigos de la causa.

El fiscal evaluó el pedido de detención bajo los criterios habituales y sostuvo que no existe un “riesgo real o grave” de fuga o entorpecemiento para emitir una orden de arresto. “Si se usó esa doctrina para exfuncionarios, ahora hay mayor asimetría de poder, más que nunca debería aplicarse la doctrina Irurzun”, sostuvo Pagano esta mañana, en radio 750, tras presentar el pedido.

La detención preventiva de Adorni fue solicitada luego de que este lunes se conociera la declaración de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las obras en la casa no declarada del country Indio Cua, quien dijo haber sido contactado por el jefe de Gabinete vía telefónica para ofrecerle asesoramiento legal antes de su declaración.

En ese sentido, Pollicita sí ordenó llevar a cabo el peritaje del celular de Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti. Y dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.

Las cifras escandalosas de los gastos de Adorni

Tabar declaró este lunes en los trinunales de Comodro Py y aseguró que el jefe de Gabinete y su mujer gastaron 245 mil dólares en remodelaciones y mejoras y lo pagaron en efectivo. Los trabajos sobre la propiedad de 400 metros cuadrados incluyeron pisos a nuevo, paredes, muebles de cocina, baños de lujo, pileta, jacuzzi y una cascada en el jardín.

Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar “vínculos residuales” y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo.

La diputada, que se abrió del bloque oficialista y creó el bloque Coherencia, recordó que la doctrina fue creada por la Cámara de Casación, en 2018, para ordenar al juez Ariel Lijo, que ahora lleva la instrucción de la causa de Adorni, a detener a los exfuncionarios del kircherismo Amado Bodou, Julio De Vido, Carlos Zannini y Roberto Baratta.

“¿Cómo ahora no vamos a pedir la detención de Adorni, que ocupa el tercer lugar en el mando del Gobierno?“, apuntó Pagano esta mañana e insistió que Adorni tiene “capacidad estructural” para obstaculizar la justicia y que está “apretando testigos”.

Las declaraciones indagatorias que continúan revelando compras de inmuebles y pagos no declarados por Adorni y su mujer continuarán mañana el testimonio de Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

Pagina 12

La presión sobre las cuentas fiscales se puede profundizar

El círculo vicioso del ajuste

La recaudación acumula nueve meses consecutivos de caída, lo cual obliga al gobierno a incrementar el ajuste.

 

Javier Lewkowicz

La nueva caída de la recaudación del Estado nacional correspondiente a abril, del orden del 3,7% en términos reales, la novena consecutiva, redobla la presión del ajuste fiscal, profundizando el riesgo de que la economía ingrese en una espiral contractiva. En el primer cuatrimestre, la merma en términos reales de la recaudación asciende casi al 7%.

No se trata de una dinámica desconocida: en los últimos años de la Convertibilidad, el gobierno de Fernando De la Rúa, encorsetado por la política monetaria y ante las dificultades cada vez más claras para seguir apelando a la deuda y la imposibilidad de continuar con las privatizaciones, repetía anuncios de recortes fiscales que nunca alcanzaban.

Cabe recordar la estadía de apenas dos semanas de Ricardo López Murphy al frente del Ministerio de Economía. Sus anuncios de más ajuste para las universidades lo eyectaron antes de que se terminara de acomodar en la silla del quinto piso.

Lo cierto es que este es el trasfondo que explica la profundización del recorte en el gasto público, la imposibilidad para el gobierno nacional de activar la obra pública y la necesidad de salir a vender empresas, con el caso saliente de Transener en estos días.

El gobierno insiste con la idea de que la reducción del gasto público “libera” recursos para que el sector privado pueda invertir y crecer. El problema es que no se verifica en la realidad, exceptuando los sectores de energía y minería, atraídos por la disponibilidad de recursos y un marco normativo sumamente favorable.

“Procíclico”

Para el economista Federico Pastrana, director de la consultora C-P, “la caída de la recaudación en abril es un mal dato para el gobierno, básicamente porque implica necesariamente un nuevo ajuste de gasto público, en el marco de un gobierno que ya hizo un ajuste del gasto muy grande, sobre todo en el primer año, en 2024″.

“Esto hace que la política fiscal tenga un comportamiento procíclico: en lugar de que permita aliviar la crisis en varios sectores de la industria y el comercio, el ajuste fiscal lo que hace es profundizarla. Por ejemplo, en la política social hay una reestructuración de lo que era el Potenciar Trabajo, ahora Volver al Trabajo, en donde se pasa del pago directo de 78 mil pesos a cada beneficiario a la entrega de vouchers educativos. Por otro lado, se abre una pregunta grande sobre los subsidios económicos, más presionados en el actual contexto internacional de precios altos de la energía”, agrega Pastrana.

“Círculo Vicioso”

“Efectivamente, se está dando un círculo vicioso entre ajuste, caída del nivel de actividad, caída de la recaudación y necesidad de más ajuste para mantener el equilibrio presupuestario. Los datos de ayer vuelven a confirmar este proceso, si bien en una menor magnitud que en los meses anteriores. Pero la verdad es que los datos son bastante elocuentes, con caídas en términos reales del 3,3% en IVA y 2,5% en ganancias”, explica Guido Zack, director de Economía de Fundar.

“Ya se habló mucho el año pasado de los intereses de las LECAP, los intereses capitalizables que se esconden bajo la alfombra. El mes pasado se habló mucho de la deuda flotante, de cómo había aumentado en marzo de 2 billones a 4 billones de pesos. Sin ese aumento de deuda flotante, el superávit primario se hubiera reducido mucho”, agrega.

El economista del think tank Fundar agrega que “Nación nunca cumple con el 34% de ingresos totales mínimos que debería transferirle a las provincias de coparticipación. En anteriores gobiernos tampoco se cumplía pero con obra pública de algún modo se saldaban las cuentas. Hoy ese argumento se cae. Entonces uno también podría decir que en parte el equilibrio presupuestario del Gobierno Nacional se da gracias a que no le está transfiriendo lo que correspondería, y que en algún punto le está tirando la responsabilidad del ajuste a las provincias. Bueno, efectivamente lo que sucede es eso, es que el ajuste genera un menor nivel de actividad y ese menor nivel de actividad genera un impacto en la recaudación que requiere un nuevo ajuste".

“El ajuste en 2024 no fue tan recesivo, básicamente porque la principal restricción al crecimiento en la economía de 2023 era el faltante de dólares. Por más que uno le diera impulso a la demanda vía gasto, la economía no iba a crecer más porque le faltaban dólares y por lo tanto todo impulso a la demanda se traducía en inflación más que en otra cosa. Ahora, con una situación más holgada en términos de dólares, el ajuste del gasto sí tiene más efectos sobre la inactividad. O dicho de otra manera, si el gasto aumentara, podría no trasladarse tanto a precios, sino principalmente a actividad", concluye.

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Advierten sobre la crueldad y el deterioro de la democracia

Un freno al modelo Bullrich: Casación ordena investigar la represión a jubilados

Los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma dijeron que debe investigarse el ataque que sufrió en octubre pasado un manifestante de 75 años.

Luciana Bertoia

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar una represión orquestada por Patricia Bullrich que terminó con un jubilado arrojado al piso por cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y con una fractura producto de los golpes. En su fallo, el máximo tribunal penal advirtió sobre la crueldad y deshumanización que se registra frente a quienes se manifiestan por sus derechos. “La fuerza pública debió ser utilizada para que no se impidiera el ejercicio de las libertades que comprometía el reclamo social, jamás para su irrazonable represión”, afirmó Alejandro Slokar, el camarista que lideró el acuerdo y que advirtió sobre un deterioro de la democracia.

El 22 de octubre pasado, todos los canales de televisión mostraron cómo la PFA arremetía contra un grupo de jubilados que circulaba por Hipólito Yrigoyen hacia la Avenida Entre Ríos.

Egidio Contreras, de 75 años, tenía la “inconducta” de portar una bandera sobre sus hombros. Llevaba también una pequeña pancarta. Eso bastó para que los agentes lo arrojaran al piso. Terminó con una fractura de húmero izquierdo.

No era la primera vez que lo reprimían. Ya había sido gaseado en trece oportunidades. También lo habían amenazado cuando volvía a su casa en la provincia de Buenos Aires.

Al día siguiente de la represión, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció los hechos. La presentación fue hecha por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García. El organismo bonaerense también aportó videos para documentar la agresión que había sufrido Contreras.

La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de María Servini. Contreras se presentó como querellante junto con la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).

A los pocos días, el fiscal Eduardo Taiano –el mismo que fue denunciado por su inacción en el caso de la criptoestafa $LIBRA– pidió desestimar la denuncia por inexistencia de delito. Sin impulso fiscal, la jueza Servini la archivó el 11 de noviembre pasado.

El 18 de diciembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña validó lo resuelto por Servini, y fue más allá. “Las imágenes muestran una actuación funcional de los agentes, sin que se observe el empleo de una fuerza excesiva o desvinculada de las circunstancias concretas del caso”, afirmaron.

Verdú insistió. Afirmó que no solo decían que no era delito, sino que legitimaban el obrar de las fuerzas de seguridad en las represiones de cada miércoles. La abogada denunció que en el juzgado no se habían practicado ni las medidas obvias, como llamar a declarar a la víctima.

Javier de Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, respaldó los planteos de la querella. El representante del Ministerio Público explicó que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deben satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Nada de eso se comprobó en este caso.

Para De Luca, Contreras estaba en pleno ejercicio pacífico de un derecho de jerarquía constitucional, como es la libre expresión (protesta) o la libre asociación (reunión). No estaba cometiendo un delito, como muchas veces se plantea desde el Gobierno al demonizar una manifestación pública.

De acuerdo con el fiscal De Luca, la desestimación prematura de la denuncia implica dos tipos de violaciones por parte del Estado: a los derechos de Contreras de manifestarse y a la obligación del Poder Judicial de investigar violaciones a los derechos humanos.

El tema escaló hasta la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Allí, los camaristas Slokar y Ángela Ledesma entendieron que la investigación debe sustanciarse y decidieron apartar a la Sala I de la Cámara Federal –integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia–. Por el contrario, el tercer integrante de la Sala II de Casación, Guillermo Yacobucci, validó la clausura de la denuncia.

Slokar llevó la voz cantante en el fallo. Sostuvo que la resolución no cumplía con las exigencias mínimas de fundamentación y que constituía una interpretación contraria a los estándares constitucionales e internacionales vigentes. Resaltó, además, que la víctima del accionar policial es un adulto mayor, que es uno de los grupos de personas considerados particularmente vulnerables y, por ende, sujetos a una tutela preferente.

“El mecanismo empleado se inscribe en la realización de niveles crecientes de excepcionalidad jurídica inconciliables con el imperio de una democracia constitucional y la vigencia irrestricta de los derechos humanos –más aún de colectivos esencialmente vulnerables–, en tanto amenaza a la convivencia pacífica basada en los valores de la libertad, el respeto y el disenso”, remarcó Slokar.

En su voto, Slokar habló de un modelo de control en el que los integrantes de la sociedad son concebidos como objetos, “donde la deshumanización y la crueldad –categorías jurídicas constitucionalmente prohibidas de modo expreso– se presentan lamentablemente de modo recurrente”.

El camarista subrayó que la “truculencia policial” no solo es inaceptable para un Estado constitucional sino que tampoco puede ser validada judicialmente. “Adviértase que bajo el paradigma beligerante de ‘combate’, la violencia estatal contra los más débiles no solo es contraria al sistema democrático, sino que también provoca efectos deteriorantes en aquellos efectivos que, en términos de obediencia lesiva, concretan la actividad represiva ilegal. Nada de ello debe ocurrir con fuerzas de seguridad comprometidas con la estricta vigencia de los derechos de la población, y también de los propios. Empero, servidores públicos con ingresos indignos y derechos desprotegidos frente a las consecuencias que conllevan sus elevadas e indispensables funciones difícilmente podrán preterir la legalidad. Ahora, más allá del compromiso y apego a deberes de tantos uniformados, sea por baja calidad técnica o por desvíos de conducta, el Poder Judicial no puede tolerar el ilícito institucional practicado mediante la ejecución de un dispositivo brutal”, destacó Slokar.

En el fallo, Slokar también afirmó que el silencio judicial provoca desaliento y termina atrofiando el debate público. “De admitirse el mentado escenario de silencio judicial, se instituye una barrera simbólica que suprime la libre expresión y la petición ante las autoridades, violentando de este modo el núcleo esencial de las garantías constitucionales y convencionales en juego. Tal temperamento se proyecta sobre el conjunto del entramado social y coadyuva a la instauración de una parcela de a-juridicidad, cuya ominosa aceptación erosiona los cimientos de la convivencia pacífica y torna nula la obligación de evitar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos”, concluyó.

El fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal se conoce días después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtiera sobre la represión de la protesta pacífica –marca registrada de la gestión de Javier Milei– y sobre la independencia judicial.

En breve, la Corte Suprema deberá analizar la validez del llamado protocolo antipiquetes con el que Bullrich y, después, su sucesora, Alejandra Monteoliva, han controlado las calles e impedido el ejercicio de la protesta. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya anunció que llevará el tema al máximo tribunal después de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo revocara el fallo del juez Martín Cormick que anulaba la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad.

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Ari Lijalad reveló el escandaloso plan oficial detrás de las privatizaciones de Milei: "Están atando de manos al país"

El periodista Ari Lijalad detalló la estrategia oficial para desprenderse de las empresas públicas y el mecanismo legal para evitar que un futuro gobierno pueda recuperarlas.

Ari Lijalad

En su programa Habrá Consecuencias de El Destape AM 1070, el periodista Ari Lijalad analizó lo que define como una "ofensiva final" del gobierno de Javier Milei sobre el patrimonio estatal. Según el periodista, no se trata solo de una cuestión fiscal, sino de un cambio de diseño geopolítico donde el Estado argentino pierde soberanía sobre recursos estratégicos como el agua, la energía y el control de los ríos.

Lijalad comenzó poniendo el foco en la figura de Diego Chaher, el funcionario de Javier Milei encargado de las privatizaciones, cuya misión es clara y sin matices. "El objetivo que tiene este gobierno es vender todo lo que pueda ser vendido o cerrar lo que ellos consideran que no tiene sentido que siga abierto", sentenció el periodista.

Para Lijalad, esta política de privatizaciones no contempla términos medios ni eficiencia estatal: "Chaher no está ahí para mejorar las empresas, está ahí para liquidarlas". Según detalló, el plan oficial consiste en desfinanciar las compañías para luego justificar su venta por "monedas" bajo la premisa de que son deficitarias.

El blindaje legal: el "cepo" a la soberanía futura

Uno de los puntos más alarmantes de la editorial fue la mención a los mecanismos legales que el oficialismo busca implementar para que el proceso sea irreversible. Lijalad explicó que el Gobierno está diseñando contratos que actúen como un seguro contra cualquier intento de reestatización por parte de futuras administraciones.

"Están armando un esquema de blindaje para que, si un próximo gobierno quiere recuperar AySA o Aerolíneas, el costo de las indemnizaciones sea tan impagable que la recuperación sea imposible", advirtió. El periodista calificó esta maniobra como una entrega de la soberanía: "Es una forma de atar de manos al pueblo argentino por las próximas décadas, quitándole la posibilidad de decidir sobre sus propios recursos".

El agua y la energía en la mira

Lijalad fue especialmente crítico con la situación de AySA y los recientes cambios que permiten cortar el suministro de agua por falta de pago, algo que anteriormente estaba protegido por considerarse un derecho humano básico. "Están convirtiendo un derecho esencial en una mercancía más para hacer la empresa 'atractiva' al capital privado", señaló con dureza.

En cuanto al sector energético, mencionó el caso de Transener y el avance de intereses privados. "Vemos cómo se desprenden de la red de alta tensión, que es la columna vertebral de la energía en el país, entregándola a grupos que tienen vínculos directos con el poder económico del momento", afirmó el conductor de Habrá Consecuencias.

El Paraná y la sombra de Estados Unidos

Finalmente, Lijalad dedicó un tramo de su intervención a la Hidrovía del Río Paraná, señalando la creciente influencia militar y técnica de los Estados Unidos en la zona. Para el periodista, el interés de Washington es explícito y cuenta con el beneplácito de la Casa Rosada.

"Lo que estamos viendo es una extranjerización de nuestra logística nacional", denunció el periodista. Según su análisis, "mientras nos distraen con las redes sociales y las discusiones del vocero, por detrás están entregando las llaves de nuestra salida al mundo al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos".

Lijalad concluyó con una reflexión sobre el futuro inmediato: "No es solo una cuestión de pesos o de déficit; lo que está en juego es quién va a mandar en la Argentina de los próximos 30 años: si el voto popular o los dueños de los servicios básicos".

El Destape

 El jefe de Gabinete suma otra gravísima acusación

Habló Marcela Pagano tras pedir la detención de Adorni: “Está apretando testigos”

La diputada le reclamó al juez federal Ariel Lijo que defina “de inmediato” el pedido de detención al jefe de Gabinete que solicitó este lunes. Es por obstaculizar la investigación por enriquecimiento ilícito al enviarle mensajes a uno de los testigos clave. También habló de “carpetazos”.

La diputada nacional Marcela Pagano afirmó que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “está apretando testigos” de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y le pidió al juez federal Ariel Lijo celeridad para definir el pedido de detención que solicitó este lunes, luego de que un testigo clave en la causa revelara que el funcionario le había enviado mensajes para interceder en su declaración. “Están buscando callar, silenciar y adoctrinar”, dijo a Radio 750.

En el pedido ante el juez Lijo, Pagano detalló que el intento de soborno fue sobre el contratista Matías Tabar, quien reveló las suculentas obras de remodelación que pagó Adorni en la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245 mil dólares e incluyeron muebles de lujo, jacuzzi y hasta una cascada.

Según el escrito, el jefe de Gabinete contactó al empresario minutos antes de su declaración y le ofreció asistencia de su equipo, aunque leugo intentó borrar los mensajes que habían intercambiado.

La declaración de Tabar este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita fue una bomba y resultó explosiva tanto para el gobierno como para la defensa del propio Adorni. Según dijo el contratista, los trabajos sobre la propiedad de 400 metros cuadrados incluyeron pisos a nuevo, paredes, muebles de cocina, baños de lujo, pileta, jacuzzi y una cascada en el jardín, todo pagado en dólares —los trabajos de remodelación costaron 245 mil dólares— en efectivo y sin emitir factura.

“El pedido de detención es amparado en la Doctrina Irurzun, camarista federal que en 2018 ordenó, también al juez Lijo, la detención de Amado Boudou por el supuesto poder residual que tenía tras haber ocupado cargos jerárquicos en el gobierno. Si nos amparamos en esto, ahora le digo al juez Lijo que si en ese caso se detuvo a Boudou y luego a (Julio) De Vido, (Carlos) Zannini y (Roberto) Baratta, ¿cómo ahora no vamos a pedir la detención de Adorni, que ocupa el tercer lugar en el mando del Gobierno?

Matias Tabar contratista de Manuel Adorni y socio de la empresa Alta Arquitectura saliendo de declarar en Comodoro Py Matias Tabar contratista de Manuel Adorni y socio de la empresa Alta Arquitectura saliendo de declarar en Comodoro Py (Delfina Corbera Pi)

Pagano cuestionó que el jefe de Gabinete “busque obstaculizar el normal funcionamiento de la investigación” y afirmó que con las presiones busca “callar, silenciar y adoctrinar a quienes se sienten delante de un juez” para aportar detalles claves para la investigación.

Además, la diputada aseguró que “la resolución del juez Lijo debe ser inmediata”. “Lo tiene desde ayer en sus manos. La evaluación debe ser inmediata. (El apriete) está transcurriendo ahora. Este señor sigue ocupando un rol jerárquico y está apretando testigos”, dijo indignada.

“En el celular de este hombre constan todos los detalles de la construcción y remodelación de esa casa en Indio Cua. Si se usó esa doctrina para funcionarios, ahora hay mayor asimetría de poder, más que nunca debería aplicarse la doctrina Irurzun”, reclamó Pagano.

Por otro lado, Pagano cuestionó los “carpetazos” en redes sociales hacia el contratista que este lunes aportó detalles esenciales.

“Ahora hay un grupo de estúpidos que empiezan a sacar una posible militancia del testigo constructor hacia el kirchnerismo o personas del peronismo, como si dentro de La Libertad Avanza no hubiera gente que estuvo en las filas del peronismo. Son unos estúpidos. Creen que así van a amedrentar a testigos”, lamentó.

Adorni Adorni (Noticias Argentinas)

El pedido de detención ocurre mientras Adorni suma cada vez más problemas y acumula dos meses de revelaciones que lo acorralan cada vez más, a pesar de que el Gobierno insista en sostenerlo en el cargo. De acuerdo con el expediente, el jefe de Gabinete acumuló en los últimos dos años y medio gastos y deudas por 840 mil dólares, con un sueldo que hasta comienzos de 2026 no superaba los 3 millones de pesos, lo que vuelve inviable ese nivel de vida.

Adorni, entre la inmobiliaria y la agencia de viajes

Adorni está en la mira de la justicia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, que se investiga a partir de irregularidades en las siguientes compras de propiedades y viajes, incompatibles con su salario como funcionario público y sus bienes y ahorros declarados oficialmente ante la Oficina Anticorrupción desde que asumió como funcionario público.

• La compra del inmueble de Caballito, que se escrituró en 230 mil dólares, de los cuales Adorni puso USD 30 mil para entrar y se endeudó supuestamente por otros 200 mil
• La compra de Indio Cuá, que se firmó por USD 110 mil, y quedan USD70 mil por cancelar, con un interés del 11 por ciento anual.
• La refacción de Caballito, estimada en USD 65 mil; más la nueva refacción conocida, del country, por otros USD 245 mil
• Los viajes al exterior, que suman al menos US$ 27.658, casi todos pagados en efectivo, y que incluyen --que se sepa-- Punta del Este, Nueva York, Madrid y Punta Cana.
• Al combo se le suma Llao Llao, en Bariloche, y un total de casi 10 millones de pesos en los distintos viajes al interior del país.
• Al combo se le suman las expensas y otros gastos millonarios de tarjeta. Además, el auto de lujo que sumó la pareja en 2024.
• “Todo lo que tenga que explicar lo haré en la justicia”, intentó defenderse Adorni, pero algunos de los gastos (como el jacuzzi de Indio Cuá) están muy por encima de lo que podía permitirse antes de ser parte de la casta
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Si los imputados aceptan términos y condiciones renunciarían al debate oral y público

Luciani ataca de nuevo con Vialidad II

El fiscal les ofrece que reconozcan un delito a cambio de tener penas que no conlleven ir a prisión. Apunta a instalar la idea de admisión de corrupción.

Irina Hauser

Mientras transcurre el juicio “Cuadernos”, el 15 de mayo debería comenzar otro relacionado, “Vialidad II”, también relacionado con obra pública: como su nombre lo indica es un nuevo capítulo del caso “Vialidad”, el caso que desembocó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner por decisión de la Corte Suprema. En las últimas semanas de audiencias el juicio de los cuadernos –donde CFK también es acusada—veintisiete imputados, varios de ellos arrepentidos, revelaron aprietes, presiones, humillaciones y anomalías de todo tipo en el origen de esta causa para construir un espectáculo acusatorio. Con el contexto este escándalo en ascenso como telón de fondo, ahora el fiscal Diego Luciani apuesta a evitar la exposición de un juicio oral en Vialidad II (aunque procura su propia notoriedad) por lo que les propuso a los diez imputados, que son Martín Báez –hijo de Lázaro—, tres empresarios más y seis exfuncionarios técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad, hacer un juicio abreviado. Les ofrece que reconozcan un delito a cambio de tener penas que no sean de prisión. De esta manera, ellos reciben la garantía de no ser privados de la libertad y Luciani puede instalar la idea de que admiten la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.

En el fondo parece haber un mecanismo común a ambos procesos: en “Cuadernos” el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío les decían a empresarios y algunos funcionarios que si se arrepentían y nombraban a determinadas personas no serían detenidos. Entonces ahora varios cuentan que mintieron para eso, para no ir a la cárcel. Por si acaso lo dejaron asentado ante escribanos. Otros no aceptaron mentir, y pasaron meses tras las rejas. En Vialidad II les ofrecen a los implicados “confesar” para no ir presos. Les imponen una condena morigerada. Este nuevo juicio versa exactamente sobre lo mismo que Vialidad I, donde ya hubo condenas severas por fraude en perjuicio de la administración pública para la mayoría, por lo que a esta tanda de implicados sus defensores suelen decirles que hay una importante probabilidad de que los condenen con penas altas. Los fiscales son los mismos (Luciani y Sergio Mola). Los jueces también: son los que integran el Tribunal Oral Federal 2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso).

Audiencia con Luciani

Ambos procesos, “Vialidad” y “Cuadernos” están vinculados con adjudicaciones de obras, aunque el primero se concentra en obras viales de Santa Cruz adjudicadas a Austral Construcciones, la empresa de Báez, y en el segundo se agregan transporte, energía, y otras variantes. Hay, también, acusados en común. En el nuevo capítulo de las rutas santacruceñas el juicio versaría sobre las 51 obras ya analizadas (aunque como es sabido que solo se peritaron tres) y una imputación derivada: “conductas fraudulentas que posibilitaron la concesión y ejecución en condiciones ilegítimas de obras públicas viales en Santa Cruz” adjudicadas a Báez, se desprende del borrador del acuerdo al que accedió Página/12. Por ejemplo, se les cuestiona convalidar convenios con Austral y una forma de pago anticipada, aunque luego se descontaba una tasa. Las obras se hacían, pero la imputación se sostiene igual.

El miércoles pasado los diez imputados tuvieron una audiencia con Luciani y Mola sobre los términos del acuerdo que les ofrecen. Si lo aceptan, renuncian al debate oral y público, admiten una responsabilidad penal (que se traduce en penas de distinto monto según el caso) y dejan asentado que prestaron su consentimiento libremente. El texto provisorio del acuerdo recuerda que las personas ya condenadas (con CFK a la cabeza), según los fiscales y el tribunal, “desempeñaban diversas funciones en el ámbito de la administración pública nacional o provincial, según el caso, y que directa o indirectamente tenían intervención en los procesos licitatorios o en la celebración y ejecución de contratos”. Se agrega que según el TOF2 eso “ocasionó a las arcas de erario público un perjuicio actualizado en 684.990.350.139,86 pesos”. La Unidad de Información Financiera (UIF) respaldó estos términos.

Los fiscales dijeron que en esta segunda etapa de enjuiciamiento ellos la imputación es por contribuir “a la concreción de la defraudación”. ¿Quiénes están acusados? Fernando Abrate, exgerente de Planeamiento, Investigación y Control de la DNV; Carlos Joaquín Alonso, exsubadministrador General de la DNV; Martín Báez, por su función en las empresas Kank y Costilla S.A, Loscalzo y Del Curto S.R.L y Austral Construcciones S.A; Fernando Butti, también por su papel en las mismas empresas que Báez; Myariam Costilla, presidenta de Kank y Costilla S.A; Julio Mendoza, presidente de Austral; Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales de la DNV; Gustavo Gentili, exgerente de Planeamiento, Investigación y Control de la DNV; Jorge Gregorutti, exgerente e Obras y Servicios Viales de la DNV; Sergio Passacantando, exgerente de Administración de la DNV.

En principio, siete de los diez acusados estarían dispuestos a convalidar el acuerdo. Todavía no está cerrado, son días de definiciones. Luego lo tiene que refrendar el tribunal. El texto de Luciani y Mola dice, en línea con la exposición en tono de show mediático que hicieron en 2022, que el delito analizado es de “extrema gravedad” y que los imputados contribuyeron a una “colosal maniobra de corrupción en la cual”, “mediante una estricta división de roles, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular”. “Se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública…”, insistieron. Dijeron también que todo esto llevó a la “pérdida de eficiencia en las contrataciones, el descrédito y la falta de confianza de los ciudadanos en la administración pública…”

Esto es lo que aceptarían confirmar los acusados de Vialidad II que consientan el juicio abreviado. De modo que Luciani podría decir que admiten la corrupción y que nadie puede decir que se haya hecho un juicio anómalo o sin pruebas. De paso se ahorra tener que repetir el despliegue y que queden expuestas todas las debilidades de la acusación, la falta de pruebas concretas y las condiciones forzadas. En tribunales cuentan que el fiscal, además, busca estrategias para seguir mostrándose, más aún que fue desestimada su candidatura al ministerio de Justicia.

Las penas propuestas varían según el caso, pero llegan a un máximo de tres años, aunque para los que ya tienen condena serían unificadas con las anteriores, con lo que los montos que figuran son más altos. Para los exfuncionarios se suma la prohibición de por vida de ejercer cargos públicos. Se les agregan el pago de las costas pero no está claro si habrá medidas patrimoniales, lo que queda abierto. No es algo menor, pero es una de las condiciones que les pusieron para avanzar.

Lo que Vialidad dejó

El juicio conocido como “Vialidad I” tuvo una gran cantidad de anomalías y cuestionamientos incluso desde antes de comenzar, ya que –de hecho—no se había realizado ni un peritaje sobre las obras. Luego se analizaron tres (tramos de la Ruta 3 que el macrismo abandonó) y con la participación de un perito, Eloy Bona, que tuiteaba contra CFK. Todo esto sin contar que se trataba de un caso que había sido desestimado (por incompetencia) en 2008 por el mismo juez, Julián Ercolini, que aceptó instruirlo ocho años más tarde, con el gobierno de Mauricio Macri, pese a que había sido cerrado en Santa Cruz.

La única auditoría hecha por la DNV, que presentó en 2016 la denuncia, decía que no había anomalías relevantes ni tareas certificadas sin ejecución. La diferencia entre lo pagado y lo construido era apenas de 0,6 por ciento. Las obras estaban en las leyes de presupuesto y las votaban todos los bloques en el Congreso. Otros empresarios de obra pública (hasta Angelo Calcaterra, el primo de Macri) testificaron que era lógico que Báez ganara licitaciones por un tema de proximidad y la posibilidad de ofrecer valores más bajos. Pero el tribunal no aceptó estudios comparativos con otras obras y provincias. Los peritos oficiales no se pusieron de acuerdo en cómo evaluar el valor de las obras. El tribunal hizo su propio peritaje y no está claro cómo calculó el perjuicio.

La fiscalía introdujo pruebas nuevas en su alegato, lo que impidió a las defensas refutarlas, como los chats de José López, exsecretario de Obras Públicas en otra causa, aunque ninguno con la expresidenta. Luciani y Mola hablaron de un plan “limpiar todo” en función de un supuesto viaje de CFK a Santa Cruz para ver a Báez que no existió. Con todo esto, respecto de la exmandataria primó el “no podía no saber” y el tribunal introdujo el argumento de que el decreto 54/2009 se habría usado para habilitar el pago de obras con un fideicomiso formado con fondos de la vena del gasoil como si se hubiera dictado a medida de Báez. El disparate es que se siguió usando esa norma para obras de todos los gobiernos, cuando las hubo. Lugo Casación y la Corte convalidaron todo esto.

En Vialidad nunca nadie terminó de explicar la participación de la expresidenta. En “Cuadernos” la evidencia se estructura con los cuadernos –que, se confirmó, están llenos de enmiendas y tachaduras-- y las declaraciones de arrepentidos, con el problema de que pese a que la ley obliga a que sus relatos tengan un respaldo documental o forma de ser confirmados, eso en este caso no existe. Todo es una gran oportunidad perdida de investigar en forma apropiada y rigurosa la posible existencia de corrupción en la obra pública.

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