Analiza otro expediente contra el DNU 70/2023

La Corte manda señales de una posible marcha atrás con la extranjerización de la tierra

Los supremos analizan un segundo caso sobre la derogación de la Ley de Tierras, impulsado por organizaciones ambientalistas, comunidades mapuches y referentes políticos, que reclaman una medida cautelar pendiente desde agosto. Los caminos posibles.

Irina Hauser

Poco antes de que llegara al Palacio de Justicia la movilización contra la Corte Suprema convocada por el Centro de Excombatientes (CECIM) de La Plata por el fallo que habilitó la extranjerización de la tierra, el tribunal mandó señales de que analiza otro expediente donde también se cuestiona el artículo 154 del DNU 70/23 que derogó la Ley de Tierras. ¿Podría dar marcha atrás o modificar el efecto de lo que ya decidió? Como poder, podría. El caso que desempolvó es impulsado por la Asociación Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y Lof Fvta Anekon, la legisladora de Río Negro Magdalena Odarda y un grupo de vecinos. Su reclamo tramitaba en forma conexa con el de los excombatientes, pero como los supremos lo omitieron en la resolución de la semana pasada, pidieron una “aclaratoria”. La Corte decidió activarlo, pero este martes anunció que debía sortear dos conjueces por una evidente falta de acuerdo entre sus integrantes. Los designados fueron el camarista de Casación Diego Barroetaveña y el camarista de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci.

“Nuevo debate”

Un comunicado que hizo circular la Corte la semana pasada ante el creciente repudio social y de la comunidad jurídica, intentaba calmar los ánimos al decir que solo había tomado una decisión procesal que rechazaba la legitimación para litigar en este caso a los excombatientes y que “nada impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar”. Remarcaba que la polémica sobre la ley de anulación de la ley 26.737 propiamente dicha no había sido resuelta. Decía que se “expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como Ley de Tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”. Ahí fue que Árbol de Pie, los representantes mapuches, Odarda y compañía, pusieron el grito en el cielo: tienen un pedido de medida cautelar en la Corte sin resolver desde agosto de 2024.

Presentaron entonces un escrito para reclamar que les aclaren si estaban alcanzados por el rechazo al CECIM o si, como todo indicaba, la decisión no los afectaba. En ese caso, pidieron que tramite de una vez, que se asegure su inscripción en el Registro Público de Acciones Colectivas y que la Corte resuelva “la medida cautelar oportunamente solicitada”. A cuento de esa presentación, el caso fue girado a la secretaría 4 (que se ocupa de los casos contenciosos) del máximo tribunal.

Por lo pronto, la propia Corte en un comunicado actualizado anunció que convocaba a conjueces para “un nuevo debate” al “no lograr unanimidad de criterios” a raíz de la presentación de “una organización ambiental” que “se presentó la semana pasada con una solicitud de aclaratoria”. Señala que “el análisis de esta nueva causa” está en línea con el de la semana pasada, que decía que “nada le impedía analizar los casos que llegaran a esa instancia por el mismo tema”. Atribuyen haber resuelto primero el rechazo al CECIM a una cuestión burocrática en la que, en el “orden”, le sigue el reclamo de ambientalistas, mapuches y otros (“olvidados” en el primer comunicado).

Parece que en alguna cuestión crucial los cortesanos no lograron ponerse de acuerdo. El que todo indica que quiere sostener la derogación de la ley de tierras es Rosenkrantz, mientras que Rosatti y Lorenzetti habrían estado dispuestos a responder a Árbol de Pie, con un enfoque ambientalista (Lorenzetti es especialista en el tema, Rosatti también tiene estudios al respecto).

Al ser tres, si alguno disiente, deben convocar a otros magistrados sí o sí entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país. La pregunta es: ¿Qué podría resolver la Corte en este caso? ¿Cuál puede ser el eje de la discordia interna?

Resultados posibles

Hay un dato a tener en cuenta: las organizaciones y particulares presentados sostienen la defensa de la soberanía territorial, pero su demanda incluye otros aspectos que los diferencian y que incluso podrían ser relevantes cuando se analice si tienen “legitimación”. Por ejemplo, señalan que la Ley de Tierras actuaba como una norma de presupuestos mínimos para la protección del ambiente y la biodiversidad y su eliminación afectaba, a la vez, a los pueblos originarios respecto de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.

Cuando iniciaron el camino judicial el 28 de diciembre de 2023, apenas se publicó el DNU 70, fueron a los tribunales de Bariloche. El juez Gustavo Villanueva mandó la causa a La Plata, donde tramitaba la acción colectiva del CECIM. La Sala III de la Cámara Federal platense declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras en el caso de los excombatientes y remitió el de Árbol de Pie a la Corte con el argumento de que era una “pretensión análoga y de conformidad con las reglas que gobiernan los procesos colectivos” y dado que ya habían emitido una “sentencia de fondo”.

Las opciones que se le plantean al tribunal son tres:

• Analizar la legitimación de todo este grupo de amparistas. Decir que es un caso igual al de los excombatientes y rechazar la legitimación o bien sostener que es diferente y que debe tener trámite.
• Esto último podría llevar a que lo devuelvan a las instancias anteriores, a Río Negro o La Plata (según donde consideren que debe tramitar el proceso colectivo), ya que no hubo un pronunciamiento concreto sobre este reclamo con anterioridad y quedó escindido. 
• Otra alternativa, según plantea el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sería que los supremos tomen una medida excepcional y dicten directamente una cautelar que suspenda la derogación de la Ley y luego resuelvan la cuestión de fondo.

Evidentemente, los ministros de la Corte guardan alguna diferencia en cuanto a esas opciones.

Los conjueces

En una audiencia virtual a las 16.30 de este martes se transmitió el sorteo, que se hizo desde el Palacio de Tribunales con un clásico bolillero. Fueron testigos remotos 16 amparistas y dos abogados. No asistió nadie por el Estado Nacional, aunque había sido notificada la jefatura de Gabinete. Las bolillas que cayeron fueron las de Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Como suplentes quedaron Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal de Comodoro Py, y Jorge Morán, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Barroetaveña y Pérez Curci están alineados con la histórica y más conservadora Lista Bordó de la Asociación de Magistrados. Sus nombres aparecieron juntos recientemente cuando renunciaron a cargos en los tribunales de disciplina y ética de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ante la posibilidad de tener que fallar en algunas de las causas en trámite. A ambos se les atribuyen buenos vínculos con el actual ministro de justicia Juan Bautista Mahiques y su clan judicial familiar. Barroetaveña es, además, consejero de la magistratura. En los últimos años intervino en tres casos cruciales contra Cristina Fernández de Kirchner: votó por anular su sobreseimiento en Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, y confirmó a la condena en Vialidad.

Odarda anticipó a Página/12 que reclamarán que la Corte Suprema trate el caso en una audiencia pública, con el mecanismo previsto en la acordada 30/2007 para casos con trascendencia institucional, y que se abra el registro de “amicus curieae” (amigos del tribunal) y que también analizan la recusación de los jueces por vulnerar la paridad de género en la integración del tribunal y respecto de nuevos requisitos para la designación de supremos. Analizan, además, la posible animosidad contra los pueblos originarios.

Toda la escena que protagoniza desde la semana pasada la Corte trae a la memoria lo que ocurrió después de que el tribunal firmara el 3 de mayo de 2017 el famoso fallo del 2x1 que habilitaba la liberación de genocidas al reponer una ley derogada, en sintonía con reivindicaciones del gobierno de Mauricio Macri. El repudio social se tradujo en una inmensa movilización en las calles y el rechazo de tribunales inferiores a aplicar ese criterio. En el plano político, el Congreso sancionó en tiempo récord una ley que decía que el beneficio no era aplicable a delitos de lesa humanidad. Para que eso sucediera intercedió la propia Corte, cuyos integrantes no podían salir tranquilos a la calle, como les pasó este mismo martes en la Facultad de Derecho donde fueron repudiados. Tras aquel fallo pro-genocidas, los jueces estuvieron durante un año y medio anunciando que desandarían el camino con una nueva sentencia que finalmente se concretó en noviembre de 2018.

Ahora amagan de manera similar. Mientras, el gobierno finge un rapto de nacionalismo malvinero que combina de manera forzada con la defensa de la derogación de la ley de Tierras. Frente a Tribunales se empezó a palpitar la marcha del 15 de octubre donde convergerán el reclamo universitario y la derogación de todo el DNU 70/23 que, al fin y al cabo, la Corte pudo haber declarado inconstitucional (con más de 30 planteos en su haber) y pero hasta ahora no lo hizo.

Pagina 12

Caso $LIBRA: Avanza la causa que más preocupa a Milei y su hermana Karina

En los últimos días se ejecutaron inhibiciones de bienes y activos financieros del trader Mauricio Novelli y su familia, de su socio Manuel Terrones Godoy y del exintegrante de la CNV, Sergio Morales. Los tres están apuntados como intermediarios entre el gobierno y los impulsores del token del escándalo. Las dudas en torno a sus patrimonios, el rol de la madre de Novelli, el vaciamiento de cajas de seguridad y una declaración ante la Justicia más que dudosa. Los movimientos de una pesquisa que se cierra cada vez más sobre el Presidente.

Franco Mizrahi

La causa que más preocupa al presidente Javier Milei y su hermana Karina avanza en los tribunales federales de Comodoro Py. En los últimos días se ejecutaron inhibiciones de bienes muebles, inmuebles y activos financieros en la causa del criptoescándalo. Las medidas alcanzaron a los acusados Mauricio Novelli (junto a su madre y su hermana), su socio Manuel Terrones Godoy y a Sergio Morales, exintegrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los tres están apuntados de ser los intermediarios entre el gobierno nacional y los impulsores del token $LIBRA. La Justicia hace foco en sus patrimonios y analiza el vaciamiento de cajas de seguridad. Mientras la pesquisa se cierra cada vez más en torno al primer mandatario, Novelli y Terrones Godoy presentaron ante el juzgado de María Servini una declaración espontánea en la que buscaron alejar a Milei del escándalo. Se trató una dudosa defensa en la que confirmaron todos sus encuentros con el líder libertario y su hermana.

La madre de Novelli en la mira judicial

Uno de los últimos procedimientos que se llevó adelante en la investigación fue un allanamiento en una caja de seguridad de María Alicia Rafaele, la madre de Novelli, en la sucursal Martínez del Banco Galicia. Se trata de la misma sucursal en la que tenía su caja de seguridad Novelli, que fue allanada más de un mes atrás. ¿Qué se encontró en el allanamiento que se ordenó el miércoles pasado? Nada. La caja estaba vacía, lo mismo que la caja que está a nombre del trader. ¿Quién paga para tener una caja de seguridad para no tener nada allí?

Según se desprende de la investigación, Mauricio Novelli, su madre y su hermana María Pía Novelli conforman un “grupo económico”. Tanto Rafaele como María Pía son las personas autorizadas a acceder a las dos cajas de seguridad de Novelli (las números 81 y 478) que fueron vaciadas tres días después de que estallara el criptoescándalo, es decir, el 17 de febrero pasado. A su vez, los dos vehículos que maneja Novelli, un Mercedes Benz GLA45 y una camioneta Toyota SW4, están también a nombre de su madre. Lo mismo sucede con celulares del trader.

La madre de Novelli quedó en la mira judicial luego de que la justicia reconstruyera que vació las dos cajas de seguridad de su hijo tras la detonación del criptogate. ¿Cuándo se habían abierto esas cajas? El 4 de febrero, diez días antes que se lanzara $LIBRA.

En el marco de esta pesquisa, en la que está imputado el presidente Milei, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano avanzaron al inicio del proceso en una serie de allanamientos de domicilios de Novelli y Sergio Morales. Entonces secuestraron dos celulares al trader y uno a Morales. En uno de los vehículos del cofundador de Tech Forum se encontraron las llaves de las cajas de seguridad.

Según consta en el expediente judicial, el 17 de febrero a las 10.44 de la mañana, es decir, el primer día hábil tras el tuit de Milei que desató la criptoestafa, la madre y la hermana de Novelli se dirigieron a la sucursal del Banco Galicia de Martínez y vaciaron las dos cajas de seguridad del trader vinculado al Presidente. ¿Cómo se sabe que fue vaciada? Por los registros fotográficos y fílmicos de ingreso y egreso del banco. Allí se observa ingresar a Rafaele y María Pía Novelli con una mochila y una bolsa que estaban vacías y luego se las ve retirarse con esos bolsos cargados. Cuando la Justicia allanó esas cajas, en marzo pasado, se encontraron con que allí ya no había nada. Por esta razón el miércoles pasado se puso la mira en la caja de seguridad que la madre de Novelli tiene en la misma entidad bancaria.

El resultado de ese procedimiento, por lo lento que avanzó la pesquisa desde su inicio, no debiera sorprender a nadie.

Inhibición general de bienes

En el marco de la investigación, a finales de abril mes pasado la Justicia dispuso la prohibición de innovar por 90 días respecto de todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de Novelli, Morales y Terrones Godoy. La medida además alcanzó a la madre y hermana de Novelli: las mentadas María Alicia Rafaele y María Pía Novelli. Se trata de una inhibición general de bienes que por ahora no alcanzó a ninguno de los funcionarios involucrados en el criptoescándalo.

La medida judicial se comunicó al Banco Central (BCRA) para que circule a todas las entidades financieras, al registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, a la dirección nacional del Registro de la Propiedad Automotor, a la CNV, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ), entre oros organismos.

Según pudo reconstruir El Destape, algunas de las inhibiciones ocurrieron el 28 de abril pasado. Por ejemplo, en lo que hace a Sergio Morales, Personal Pay contestó que le bloqueaba la cuenta.

Cargo y patrimonio bajo la lupa judicial

En la investigación judicial también está siendo analizado el cargo y el patrimonio de Sergio Morales, quien ingresó durante el gobierno de Milei a la Comisión Nacional de Valores como asesor del Directorio en temas vinculados a activos virtuales. Previamente, había estado destinado en Casa Rosada, todo indica que bajo el ala de Karina Milei. Curiosamente, la CNV participó del Tech Forum Argentina 2024, en el que disertó el Presidente y del que fueron parte todos los actores nacionales y extranjeros del criptoescándalo.

En el marco de la pesquisa se cursó un oficio a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del Presidente, para que informe quién fue el funcionario o el área que designó a Morales como coordinador de asesoramiento técnico. También se le requirió que envíe el memorando por el que se dejó sin efecto ese nombramiento. Como la Secretaría General de la Presidencia no contestó, la Justicia reiteró su requerimiento. El interrogante que se abre es por qué no contesta el área que conduce “El Jefe”. Tras su paso por Casa Rosada, Morales fue destinado a la CNV.

Según surge del expediente, Morales tiene a su nombre la empresa Morales Valores y es socio de City Entertainment SRL. ¿Por qué llamó la atención su patrimonio? Porque Morales es monotributista categoría H –la más alta para Servicios- y tiene entre sus bienes un Audi A5, un Mercedes Benz GLA,  una pick up FIAT Toro y dos departamentos –uno en San Telmo y otro en Villa Urquiza-. Todo indica que los tres vehículos y los dos inmuebles los adquirió entre 2022 y 2025. El interrogante que se abre es si Morales puede justificar cómo adquirió todos esos bienes en ese lapso temporal.

Un viaje sospechoso

Otro dato que analiza la Justicia en este proceso es un viaje al Paraguay de Novelli, Morales y Hayden Davis –CEO de Kelsier Ventures e impulsor del token $LIBRA-. Los tres coincidieron allí en noviembre del año pasado. Novelli y Morales estuvieron 37 horas allí. Hayden Davis 3 días y medio.  La Justicia se pregunta si see encontraron allí para realizar “alguna maniobra”.

Davis viajó el 17 de noviembre a Paraguay a través de un vuelo privado que salió del aeropuerto de Salta. Regresó el 20 de ese mes pero vía el aeropuerto de San Fernando. Viajó en sendas travesías con la misma aeronave privada. En Paraguay coincidió con Novelli y Morales. El 23 de noviembre se embarcó desde la Argentina rumbo a España.

Una declaración más que dudosa

Novelli y Terrones Godoy se presentaron a finales de abril en el expediente con el patrocinio del abogado Daniel Rubinovich, y realizaron por escrito una “declaración espontánea” dirigido a Servini. Allí intentaron desvincularse pero sobre todo desvincular a Milei del criptoescándalo.

“Realizamos esta presentación con el propósito de esclarecer los hechos y brindar una exposición detallada sobre las circunstancias que rodearon a la memecoin Libra y al proyecto Viva la Libertad Project”, comenzaron su exposición, en la que dijeron que “se expondrá la total ajenidad del gobierno argentino en la administración de fondos del proyecto, desmintiendo cualquier tipo de especulación que sugiera la participación estatal en su financiamiento o gestión”.

En lo que pareció más una defensa de Mnilei que de los propios Novelli y Terrones Godoy se aseguró que “Javier Milei no tuvo ni tiene ningún tipo de participación en la administración, diseño o financiamiento del proyecto, ni ha recibido contraprestación alguna a raíz del mismo.”

En el escrito hicieron mención al Tech Forum, a las reuniones con Milei y Karina –que confimaron-  y a los vínculos con Hayden Davis.

Respecto al Tech Forum dijeron que se diseñó “con el objetivo de facilitar, como referimos supra, el networking entre compañías innovadoras y actores clave del ecosistema empresarial”.

Entre otras cosas, se afirmó que fue Terrones Godoy quien trajo a Julian Peh, de KIP Protocol, uno de  los involucrados en el lanzamiento de Libra, quien se fotografió con Milei en el marco del Teh Forum pero de quien no hay registro en Migraciones, de acuerdo al expediente. “Dentro del marco del evento, Julian Peh tuvo la oportunidad de reunirse con el Presidente Javier Milei. La reunión tuvo una duración aproximada de quince minutos, y durante la misma se abordaron temas relacionados con la inteligencia artificial y su aplicación en sectores estratégicos. El Presidente, en línea con su postura sobre la 5 innovación tecnológica, escuchó la exposición de Peh sobre KIP Protocol y su potencial impacto en Argentina”, se intentó explicar.

En el escrito “espontaneo” se confirmó también que se reunieron con Milei y Karina. Esas reuniones ya fueron acreditadas por diversas vías. Sostuvieron que “las reuniones de Mauricio Novelli con Karina Milei y el Presidente Javier Milei” deben entenderse en el marco de la organización del Tech Forum: “En este sentido, las reuniones previas en Casa Rosada con 10 funcionarios del gobierno fueron instancias de trabajo, en las que se abordaron temas de agenda, infraestructura y producción del evento”. Esto da cuenta de la injerencia de Casa Rosada en el evento que nucleó a todos los acusados del criptoescándalo.

También se indicó que Terrones Godoy fue quien tenía contacto con Hayden Davis. Y se presentan como asesores externos de la firma del joven que dice tener 100 millones de dólares producto de la criptoestafa que pertecen a “la Argentina”. “En su carácter de asesores externos de la firma Kelsier, y ante la inquietud manifestada por su fundador, Hayden Davis, respecto de las posibilidades de desarrollar proyectos de impacto en América Latina —y en Argentina, en particular—, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy le propusieron explorar una línea de acción centrada en el acompañamiento a PyMEs, emprendimientos y proyectos productivos argentinos, especialmente aquellos con dificultades históricas para acceder al financiamiento formal”, señalaron. El mismo argumento sin sustento que usó Milei en su tuit para dar a conocer el memecoin $LIBRA.

También, de una manera muy poco convincente, se aseguró respecto al lanzamiento de $LIBRA: “El jueves 30 de enero del corriente año, Hayden Davis presentó el proyecto al Presidente Milei, con el objetivo de informar sobre la existencia de la iniciativa y el impacto que éste creía probable en la economía argentina. La presentación del proyecto fue de carácter meramente informativo, sin que ello implicara una solicitud de respaldo o adhesión gubernamental, ni mucho menos una participación activa del gobierno en la ejecución de la propuesta”. Es decir, en un escrito de defensa propia se preocuparon en deslindar a Milei.

Recién después de intentar despejar cualquier duda sobre Milei, en el cierre de la declaración espontánea, señalaron que ellos no estuvieron vinculados al lanzamiento de $LIBRA: “Ni Novelli ni Terrones Godoy administraron fondos, ni diseñaron el proyecto, ni tomaron decisiones financieras dentro de Libra, ni obtuvieron nunca tokens. Desde el inicio de su intervención, su labor se limitó exclusivamente a su experiencia en el ámbito tecnológico y cripto, sin tener ningún tipo de control sobre la ejecución operativa del proyecto. No estuvieron involucrados en la gestión del token, en la administración de sus recursos ni en la toma de decisiones sobre la estructura financiera del proyecto”.

El círculo se cierra cada vez más sobre los Milei

A pesar del intento de Novelli y Terrones Godoy por desligarlo del escándalo, la situación de Milei es comprometida. El fiscal Taiano ya pidió el levantamiento del secreto fiscal para el Presidente, para su hermana Karina y para los mentados Novelli, Terrones Godoy y Morales. Los Milei ya fueron imputados en el expediente y tal como surge de las últimas medidas tomadas por la Justicia, los círculos comienzan a cerrarse cada vez más sobre el entorno que los frecuentaba y asesoraba en materia cripto.

El Destape

Kizcka: condenaron a 14 y 12 años al exdiputado y a su hermano en la causa por pedofilia

Germán Kickza y Sebastián Kickza fueron declarados culpables por la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. En el caso de Sebastián se suma también el caso de abuso sexual sin acceso carnal con una menor de edad. 

El Tribunal Penal N° 1 de Posadas condenó al ex diputado del partido Activar Germán Kiczka a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió 12 años de castigo.

Sebastián, sobre el que pesaba además una acusación de abuso sexual sin acceso carnal de una adolescente de 15 años, fue condenado. La Fiscalía había solicitado 15 y 12 años respectivamente para ambos acusados por los delitos mencionados. Luego de tres horas de deliberación, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) declararon culpables a los hermanos en uno de los casos que sacudió la historia judicial de Misiones.

El defensor de Germán, Gonzalo De Paula, había pedido durante su alegato "que se desestimen todas las imputaciones" contra el ex diputado . Sin embargo, los fiscales plantearon el rechazo a las nulidades. "Nos queda muy en claro que si entienden de què se los està acusando y la ciruscuntasia de motodo tiempo y lugar que se les atribuyen", detallaron. 

Al momento de tomar la palabra, Sebastián Kickza se quejó de las condiciones de detención y del examen psicológico que le realizaron en el marco de las pericias. "Me meten en una camioneta con tipos tapados, escopetas por todos lados, alguien que me diga algo, a donde voy, qué está pasando. Así me llevan a Posadas desde apóstoles Parecía una celda de películas medievales", titubeó frente al micrófono. Germán, por su parte, eligió no declarar. 

Previamente, María Laura Alvarenga, a cargo de la defensa de Sebastián Kiczka, había remarcado que la de Sebastián con la adolescente de 15 años "era una relación de amigovios" y que no existió el abuso, a pesar de que se tratara de una menor de edad, porque "es una chica normal sin ningún conflicto o trauma" y "no le representó ningún daño".  "Independientemente de lo que nos guste o juzguemos moral o no, era una relación de amigovios", cerró, sin tapujos.

Qué dijeron los fiscales durante la audiencia de alegatos

Martín Rau sostuvo que, a lo largo del proceso, quedaron demostradas las descargas de videos de abuso sexual infantil por parte de los imputados y que dichas filmaciones "son para satisfacer el apetito de quienes los consumen". Por su parte, el fiscal Alejandro Vladimir Glinka acusó a los jueces de ser "unos burros, porque no entienden el derecho" y sostuvo firmemente que "los informes de los peritos de la defensa son truchos, trataron de torcer la realidad con inventos, nunca hablaron de hechos reales.

Ante los medios, el padre de ambos, Leonardo Kiczka, aseguró que su hijo Germán "es inocente" porque "no le han encontrado nada en la casa, en la oficina de la tabacalera, en la de la Cámara de Diputados o en los allanamientos a los suegros" y remarcó que todo se trata de "una persecución política" que quedó en evidencia.

El Destape

Los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento

La memoria tiene custodia judicial

Se trata de un fallo del juez Ariel Lijo ante una presentación de Victoria Montenegro. En la resolución se establece que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúen con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura.

Luciana Bertoia

No hay motosierra que importe ni negacionismo que se imponga: los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento. Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo ante una presentación que hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien le advirtió que la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

“Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo Montenegro a Página/12. “Frente a tanta obscenidad del gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales”, añadió.

La semana pasada, Montenegro hizo una presentación ante Lijo, que está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la que señalaba que los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires estaban siendo vaciados por decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

En territorio porteño, son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último, ubicado en el barrio de Monserrat, está en riesgo inminente de cierre porque, según denuncian desde el gremio, se quedó sin trabajadores.

Este martes, Lijo firmó dos resoluciones en las que le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que arbitre todas las medidas necesarias para que haya una dotación de “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos al público los cinco sitios de memoria. La alusión al personal capacitado es importante, ya que significa que se debe resguardar a quienes se formaron para trabajar en esos lugares durante años.

Lijo, además, dispuso que se hagan tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria –algo que no existe en la gestión de La Libertad Avanza (LLA), ya que muchas veces son los trabajadores que sobrevivieron a los despidos anteriores los que deben llegar a baldear antes de una visita. La resolución del juez fue muy precisa para que la Secretaría de Derechos Humanos no pueda incurrir en incumplimientos. Llegó a decirle a Baños que debe hacer que limpien los techos y las canaletas de los edificios para que no se inunden y se produzcan daños. Además, le requirió que fumiguen los espacios.

En otro punto, Lijo sostuvo que deberán preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. En esa misma línea, reclamó que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”. Algunos de los sitios perdieron la mitad de su personal. Otros, como Olimpo, calculan que quedaron reducidos a una tercera parte. Como correlato, se perdió a quienes hacían investigación, coordinaban visitas con las escuelas o trabajaban con el barrio, a quienes se ocupaban de la conservación. La situación de los sitios es crítica, como había señalado Montenegro en su presentación.

En su escrito, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura había advertido que el secretario de Derechos Humanos estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

La resolución de Lijo fue celebrada, además, por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos. No es un dato menor quién le está diciendo al gobierno de Javier Milei que debe ponerle un freno a la destrucción de las políticas de memoria: se trata de uno de sus candidatos a la Corte Suprema, el que más cerca está de llegar al cuarto piso del Palacio de Talcahuano.

Lijo ya había tenido algún que otro encontronazo con Baños. La semana pasada, el juez le pidió informes al secretario de Derechos Humanos después de que el abogado querellante Pablo Llonto solicitara que se dicte una medida de no innovar para evitar que el gobierno ponga en riesgo la documentación en poder del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se conserva, entre otros fondos, el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Baños le respondió que no había riesgo en el ANM ni el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –al que rebautizó como Registro Único de Víctimas de Terrorismo y Estado (SIC)– más allá de las “interesadas y amañadas versiones periodísticas”.

En noviembre, Lijo les había mandado oficios a Baños y al ministro de Defensa, Luis Petri, para que evitaran actos negacionistas dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA. Fue a partir de un pedido que hizo la querella Kaos, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, después de la irrupción de retirados para celebrar el Día de la Armada.

No es la primera vez que los tribunales ordenan preservar los sitios desde que asumieron Milei y Victoria Villarruel. En agosto pasado, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una directiva en ese sentido. El 9 de diciembre pasado, cuando se cumplían 39 años de la sentencia en el Juicio a las Juntas, el camarista Alejandro Slokar organizó una visita al exOlimpo con jueces y fiscales para reafirmar el compromiso judicial con estos espacios.

Para que vayan al Congreso

La dupla compuesta por Mariano Cúneo Libarona y Baños viene cosechando denuncias y pedidos de comparecencia a doquier. Desde Unión por la Patria (UxP) hicieron un pedido para que se los cite al Congreso para que expliquen los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos –que se contabilizan en más de 250 en las últimas semanas–, el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y la denuncia de espionaje que hizo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) al advertir que el 27 de diciembre pasado, cuando se hizo un abrazo a la exESMA, hubo personal policial no identificado entre los manifestantes y también se tomaron imágenes de quienes protestaban contra el desmantelamiento.

“Los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el Centro Cultural Haroldo Conti son el corolario de un año de desfinanciamiento de las políticas públicas en al área, y el punto de cruce de diversos discursos que circulan entre los voceros y los ideólogos del gobierno: el fiscalista –en tanto que bajo la excusa de que necesitan achicar la cantidad de inmuebles alquilados por el Ministerio de Justicia, pretenden mudar dependencias a sitios que alguna vez fueron centros clandestinos de detención--, el negacionista con respecto a los crímenes de la última dictadura, y el que se regodea con la crueldad contra los laburantes”, afirma el diputado nacional Eduardo Toniolli, impulsor de la convocatoria a Baños y Cúneo Libarona.

“Lo dijimos durante la campaña que llevó a Milei a la presidencia y lo repetimos durante todo el año pasado, éste es un gobierno setentista: reúne a los nostálgicos del programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz, que están dando rienda suelta a una nueva estrategia extranjerizadora y reprimarizadora de nuestra economía, y a los que reivindican las prácticas represivas de Jorge Rafael Videla. Quizás las reacciones generadas por la visita de los diputados de LLA al penal de Ezeiza hayan generado una retracción en este último aspecto, pero el desmantelamiento de las políticas de memoria expresan la misma vocación por reescribir una historia que el pueblo argentino primero, y el Estado nacional luego, reconstruyó condenando a los responsables del genocidio”, concluyó.

Pagina 12

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Lijo haciendo buena letra ,je

Uno de los impulsores de la "Ficha Limpia"

Denuncian que Diego Santilli y su familia tienen 14 sociedades en paraísos fiscales

El integrante de Juntos por el Cambio, devenido en ferviente simpatizante de La Libertad Avanza, está implicado en la creación de empresas off shore para pagar menos impuestos. ¿Cómo funcionan las offshore?

Diego Santilli es últimamente noticia por declaraciones bastante alejadas de Juntos Por el Cambio, su partido de origen, y más relacionadas y estrechas a La Libertad Avanza. Pero recientemente, se dio a conocer que supuestamente el exministro de Seguridad porteño tendría al menos 14 sociedades en paraísos fiscales junto a su familia.

• El debate de Ficha Limpia reabrió la interna libertaria

Según el sitio Diagonales, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ferviente impulsor de la ley de "Ficha Limpia", figura en ARCA (ex AFIP) como monotributista, mientras que el grupo familiar Santilli-Forchieri (apellido de la madre del legislador) posee al menos 14 empresas locales y dos offshores. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las capturas compartidas, aparece Darío César Santilli, hermano de Diego, quien es identificado como CEO de South Tourin LLC, una sociedad registrada el 9 de diciembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, un territorio considerado de baja tributación.

Esta empresa se dedica al alquiler de propiedades y comparte dirección con otras múltiples sociedades gestionadas por intermediarios especializados en la creación de offshores.

En 2021, en el marco de las elecciones legislativas de aquel entonces, Diego Santilli tuvo que salir a defenderse, ya que había aparecido en los reconocidos Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló la metodología con la cual monarcas, figuras de los medios y jefes de Estado y de Gobierno disimulan sus fortunas o sus operaciones fraudulentas por medio de empresas fantasmas que les permiten mudar enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

En ese contexto, Santilli evitó pronunciarse respecto al juicio moral de no declarar activos en el país para evitar pagar impuestos y aseguró que nunca utilizó este tipo de armados societarios para beneficiarse económicamente.

¿Cómo funcionan las offshore?

Una cuenta offshore es un instrumento administrativo que opera, generalmente, desde paraísos fiscales. Suelen ubicarse en países caribeños o de América Central debido a sus políticas impositivas y a la posibilidad que ofrecen de mantener las transacciones fuera de la luz.

Además por tratarse de países con menor desarrollo industrial, suelen inclinarse por este tipo de negocios.

Si bien las cuentas offshore en sí mismas son legales, en la mayoría de los casos no son declaradas por sus titulares en el país de residencia.

Esto hace que se conviertan en una de las principales fuentes de corrupción y lavado de dinero, ya que sí van en contra de las legislaciones locales. Los países más reconocidos por ofrecer este tipo de instrumentos son Suiza, Panamá, las Islas Caimán y Bélice.

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Pidieron el juicio político de la jueza

Atentado a Cristina Kirchner: Capuchetti en la mira por los graves errores en el manejo del celular de Sabag Montiel 

Diputados de UxP solicitaron al Consejo de la Magistratura la destitución de la jueza. Servini avanza en la causa por la pérdida de información sobre el atentado.

Irina Hauser

La pérdida de información del celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner, en las primeras horas de investigación, está muy cerca de desatar un escándalo mayor. Por lo pronto, un grupo de diputados/as de Unión por la Patria pidió ante el Consejo de la Magistratura el juicio político de la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa del atentado, por el daño a esa prueba central. Pero en paralelo, lo que hoy parece una bomba de tiempo es el expediente a cargo de la jueza María Servini que debe desentrañar precisamente qué pasó con el aparato. La custodia del juzgado que entregó el aparato a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para un segundo intento de extracción de la información --ya que la Policía Federal había fallado-- asegura que se lo dio a los peritos en un sobre cerrado. Pero no solo un acta que ella misma firmó la desmiente, ya que describe que el sobre estaba abierto (sin cadena de custodia) y el teléfono encendido con una leyenda roja de alerta, sino que un un exfuncionario que declaró como testigo este jueves, que estaba presente en ese momento, también la contradijo. 

El pedido de juicio político, anticipado por Página/12, aclara que se trata de una primera presentación enfocada en lo que describe como "inutilización" del celular que llevaba Sabag Montiel cuando intentó asesinar a la entonces vicepresidenta y por la que responsabiliza a la jueza. Anuncia que habrá otras imputaciones. Por lo pronto, en lo que atañe al aparato, los denunciantes señalan lo ocurrido como la irregularidad (no descartarían delito) "más grave", porque implicó "haber posibilitado la destrucción de la principal evidencia probatoria de la causa, consistente en el borrado total del contenido del teléfono celular del autor material del hecho a pocas horas de su secuestro, como resultado de la falta de resguardo y la consecuente violación de la cadena de custodia de ese elemento". Firmaron esta denuncia las/los diputados/as  Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic y Martín Soria

Nunca se pudo saber del teléfono del propio Sabag Montiel, por ejemplo, con quien intercambiaba mensajes. Sólo lo que había en dispositivos de otras personas. El Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) todavía apuesta a un nuevo y seguramente último peritaje que se iba a hacer esta semana pero fue suspendido por pedido de la querella, que apuesta a que haya colaboración del Estado de Israel. Fue pedida en enero último, pero recién la cancillería actual reportó que se había iniciado el pedido dos semanas atrás. La expectativa es que se puedan recuperar chats y aplicaciones. De las tarjetas SIM y de memoria sí se habían rescatado fotos de Sabag Montiel y su novia con el arma. 

La increíble historia

El celular del hombre que quiso matar a CFK, un Samsung Galaxy A50, fue secuestrado después de su detención a metros del edificio donde vivía CFK en Recoleta a las 00.23. Ya era 2 de septiembre de 2022. El intento de asesinato había sido al as 20.52 del día anterior. Fue enviado a Comodoro Py, al juzgado de Capuchetti, en un móvil de la Policía Federal. La jueza convocó a peritos de Cibercrimen de esa fuerza. Todo esto está relatado  en la causa a cargo de Servini. El cabo primero Alejandro Heredia llegó cerca de las dos de la madrugada y puso manos a la obra. El aparato había sido enviado en un sobre cerrado dentro de otro sobre llamado Faraday que bloquea señales. Lo abrieron ante testigos. Estaba apagado.  Lo encendió, vieron que tenía un patrón de seguridad, se volvió a apagar. Lo conectó a un enchufe para darle carga, sacó las tarjetas SIM y de memoria, y conectó el ceular al un sistema llamado UFED (Universal Forensic Device), de la marca israelí Cellebrite. pero en la pantalla de la computadora le aparecía un cartel de "error de extracción". Repitió el procedimiento tres veces y pasaba lo mismo. Desistió.

Se supone que el celular quedó en la caja fuerte del juzgado de Capuchetti, según declaró su personal. Finalmente decidió enviarlo a la PSA porque le dijeron que tenía tecnología más actualizada. Antes de mandarlo, según volvió a narrar el secretario Federico Clerc en el juzgado de Servini la semana pasada, una empleada abrió el sobre que contenía el aparato para verificarlo. Según el expediente de Servini, estaba prendido. En su primera declaración no daba precisiones sobre la cadena de custodia. Ahora, cuando le preguntaron, el secretario dijo que el sobre fue cerrado, según pudo reconstruir este diario por allegados a la pesquisa. Capuchetti se lo dio a la mujer que custodia su juzgado, una agente de la Policía Federal, Priscila Santillán, para que lo lleve al laboratorio de Ezeiza. Allí, en rigor, los peritos esperaban a la propia magistrada. Tampoco fue su secretario. Uno de ellos, Leandro Noguera, se subió al auto y se bajó en su casa en el camino. La custodia Santillán viajó sola alrededor de las 23 horas con el celular de Sabag Montiel de Retiro a Ezeiza. 

Según el acta que se labró en la PSA, la mujer entregó un sobre roto. Los peritos que aguardaban para extraer la información eran la oficial principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan. Ese documento dice que el celular llegó en un "sobre color marrón, abierto", "sin planilla de cadena de custodia, "conteniendo una un equipo d ecomunicaciones teléfono celular con la leyenda "Samsung Galaxy A50-WARNING: CMDLINE PARAMETER modelo SM-A505G, sin mayores datos visibles..." Decía, entre otros datos menos llamativos, que estaba en "regular estado de conservación". El acta está firmada por la propia cabo Santillán, como la persona que entregó el sobre en esas condiciones y por Seren. 

Esta policía fue citada la semana como testigo por Servini: dijo, bajo juramento de verdad, que entregó el aparato en un sobre cerrado, que le ofrecieron un café, y que escuchó a Kaplan a lo lejos exclamar al recibir el paquete: "¡Está abierto!" Con el acta están las fotos de un sobre deteriorado, roto y abierto. Cuando le preguntaron por qué había firmado el acta si estaba diciendo otra cosa, su respuesta fue que estaba cansada, informaron fuentes de la causa. 

Seren y Kaplan fueron imputados en marzo por la jueza Servini, igual que el policía federal Heredia, pero hasta ahora no les tomó indagatoria. Los citó y suspendió la convocatoria sin nueva fecha. Ante Capuchetti el dúo de la PSA había señalado las anomalías documentadas. Seren había señalado que estaba deteriorado el "pin de carga" del teléfono pero que también parecía haber un "daño o modificación" del software. Aquella jueza le dio intervención a Gendarmería y luego hizo la denuncia. 

Este jueves declaró ante Servini otro testigo: una persona más que estaba en la sede de la PSA en el momento que llegó el teléfono, el exdirector de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt. El exfuncionario detalló que la custodia de Capuchetti llegó a la PSA con el sobre "bajo el brazo" y "abierto". Dijo que, en efecto, estaba prendido. Como tenía el texto de letras rojas con un alerta los peritos implementaron procedimientos para salir de esa pantalla e iniciarlo. Antes consultaron al secretario del juzgado si seguían con el procedimiento, y la respuesta fue que sí: "que el celular estaba en el ámbito del juzgado". En ese procedimiento terminó "reseteado de fábrica", como si estuviera  en cero. Decidieron no tocarlo más.  Y nunca más se intentó obtener el contenido por el peligro de que se pierda. Quedó todo en manos del tribunal oral. Neustadt dijo que Santillán se tomó un café pero fue mientras los expertos trabajaban.

En suma, la custodia de Capuchatti dijo una cosa --inclinada en favor de su jefa-- y el exfuncionario dijo otra. También Clerc contradice a la agente en cierta medida. ¿Habrá alguien acusado por falso testimonio en toda esta historia? 

El pedido de destitución

Los diptuados/as que denunciaron a Capuchetti describieron buena parte de esta cronología de hechos en su presentación ante el organismo que juzga y elige a los jueces y juezas. Allí responsabilizaron a la jueza de que "en menos de 24 horas y estando en su poder la principal prueba del magnicidio, echara a perder su contenido y demostrara que ni siquiera le interesó custodiar ese elemento, revela una desastrosa actuación funcional y al menos un desconocimiento de las funciones y responsabilidades de los magistrados, que claramente indica que la juez no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella y de cualquier juez o jueza a cargo de un caso como éste". Hacen responsable a la magistrada de "la violación de la cadena de custodia" y de lo que describen como "borrado". 

Abren el interrogante de qué pasó con el aparato en el juzgado. "Entre la madrugada y las 23 horas del día 2 de septiembre de 2022, mientras el dispositivo secuestrado a Sabag Montiel se encontraba en la caja de seguridad del juzgado, exclusivamente a cargo de la jueza, alguien decidió sacar ese sobre de la caja fuerte y luego de violar el lacrado manipuló el teléfono hasta echar a perder todo su contenido... " No hay fundamento, dice, para la supuesta manipulación, pero tal tal vez explique la desprolijidad posterior. Dicen que Capuchetti no abrió un sumario interno inmediatamente después de las irregularidades --más adelante  hizo la denuncia-- y describen como "irregular" e "imprudente" que mande a su custodia personal "para trasladar el aparato" de "maenera solitaria y en el automóvil que utiliza la jueza para desplazarse". Por todo esto piden una investigación en el  Consejo por mal  desempeño y su destitución, aunque pronto harían denuncias adicionales. 

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