Caso $LIBRA: Avanza la causa que más preocupa a Milei y su hermana Karina

En los últimos días se ejecutaron inhibiciones de bienes y activos financieros del trader Mauricio Novelli y su familia, de su socio Manuel Terrones Godoy y del exintegrante de la CNV, Sergio Morales. Los tres están apuntados como intermediarios entre el gobierno y los impulsores del token del escándalo. Las dudas en torno a sus patrimonios, el rol de la madre de Novelli, el vaciamiento de cajas de seguridad y una declaración ante la Justicia más que dudosa. Los movimientos de una pesquisa que se cierra cada vez más sobre el Presidente.

Franco Mizrahi

La causa que más preocupa al presidente Javier Milei y su hermana Karina avanza en los tribunales federales de Comodoro Py. En los últimos días se ejecutaron inhibiciones de bienes muebles, inmuebles y activos financieros en la causa del criptoescándalo. Las medidas alcanzaron a los acusados Mauricio Novelli (junto a su madre y su hermana), su socio Manuel Terrones Godoy y a Sergio Morales, exintegrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Los tres están apuntados de ser los intermediarios entre el gobierno nacional y los impulsores del token $LIBRA. La Justicia hace foco en sus patrimonios y analiza el vaciamiento de cajas de seguridad. Mientras la pesquisa se cierra cada vez más en torno al primer mandatario, Novelli y Terrones Godoy presentaron ante el juzgado de María Servini una declaración espontánea en la que buscaron alejar a Milei del escándalo. Se trató una dudosa defensa en la que confirmaron todos sus encuentros con el líder libertario y su hermana.

La madre de Novelli en la mira judicial

Uno de los últimos procedimientos que se llevó adelante en la investigación fue un allanamiento en una caja de seguridad de María Alicia Rafaele, la madre de Novelli, en la sucursal Martínez del Banco Galicia. Se trata de la misma sucursal en la que tenía su caja de seguridad Novelli, que fue allanada más de un mes atrás. ¿Qué se encontró en el allanamiento que se ordenó el miércoles pasado? Nada. La caja estaba vacía, lo mismo que la caja que está a nombre del trader. ¿Quién paga para tener una caja de seguridad para no tener nada allí?

Según se desprende de la investigación, Mauricio Novelli, su madre y su hermana María Pía Novelli conforman un “grupo económico”. Tanto Rafaele como María Pía son las personas autorizadas a acceder a las dos cajas de seguridad de Novelli (las números 81 y 478) que fueron vaciadas tres días después de que estallara el criptoescándalo, es decir, el 17 de febrero pasado. A su vez, los dos vehículos que maneja Novelli, un Mercedes Benz GLA45 y una camioneta Toyota SW4, están también a nombre de su madre. Lo mismo sucede con celulares del trader.

La madre de Novelli quedó en la mira judicial luego de que la justicia reconstruyera que vació las dos cajas de seguridad de su hijo tras la detonación del criptogate. ¿Cuándo se habían abierto esas cajas? El 4 de febrero, diez días antes que se lanzara $LIBRA.

En el marco de esta pesquisa, en la que está imputado el presidente Milei, la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano avanzaron al inicio del proceso en una serie de allanamientos de domicilios de Novelli y Sergio Morales. Entonces secuestraron dos celulares al trader y uno a Morales. En uno de los vehículos del cofundador de Tech Forum se encontraron las llaves de las cajas de seguridad.

Según consta en el expediente judicial, el 17 de febrero a las 10.44 de la mañana, es decir, el primer día hábil tras el tuit de Milei que desató la criptoestafa, la madre y la hermana de Novelli se dirigieron a la sucursal del Banco Galicia de Martínez y vaciaron las dos cajas de seguridad del trader vinculado al Presidente. ¿Cómo se sabe que fue vaciada? Por los registros fotográficos y fílmicos de ingreso y egreso del banco. Allí se observa ingresar a Rafaele y María Pía Novelli con una mochila y una bolsa que estaban vacías y luego se las ve retirarse con esos bolsos cargados. Cuando la Justicia allanó esas cajas, en marzo pasado, se encontraron con que allí ya no había nada. Por esta razón el miércoles pasado se puso la mira en la caja de seguridad que la madre de Novelli tiene en la misma entidad bancaria.

El resultado de ese procedimiento, por lo lento que avanzó la pesquisa desde su inicio, no debiera sorprender a nadie.

Inhibición general de bienes

En el marco de la investigación, a finales de abril mes pasado la Justicia dispuso la prohibición de innovar por 90 días respecto de todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros de Novelli, Morales y Terrones Godoy. La medida además alcanzó a la madre y hermana de Novelli: las mentadas María Alicia Rafaele y María Pía Novelli. Se trata de una inhibición general de bienes que por ahora no alcanzó a ninguno de los funcionarios involucrados en el criptoescándalo.

La medida judicial se comunicó al Banco Central (BCRA) para que circule a todas las entidades financieras, al registro de la propiedad inmueble de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, a la dirección nacional del Registro de la Propiedad Automotor, a la CNV, a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ), entre oros organismos.

Según pudo reconstruir El Destape, algunas de las inhibiciones ocurrieron el 28 de abril pasado. Por ejemplo, en lo que hace a Sergio Morales, Personal Pay contestó que le bloqueaba la cuenta.

Cargo y patrimonio bajo la lupa judicial

En la investigación judicial también está siendo analizado el cargo y el patrimonio de Sergio Morales, quien ingresó durante el gobierno de Milei a la Comisión Nacional de Valores como asesor del Directorio en temas vinculados a activos virtuales. Previamente, había estado destinado en Casa Rosada, todo indica que bajo el ala de Karina Milei. Curiosamente, la CNV participó del Tech Forum Argentina 2024, en el que disertó el Presidente y del que fueron parte todos los actores nacionales y extranjeros del criptoescándalo.

En el marco de la pesquisa se cursó un oficio a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la hermana del Presidente, para que informe quién fue el funcionario o el área que designó a Morales como coordinador de asesoramiento técnico. También se le requirió que envíe el memorando por el que se dejó sin efecto ese nombramiento. Como la Secretaría General de la Presidencia no contestó, la Justicia reiteró su requerimiento. El interrogante que se abre es por qué no contesta el área que conduce “El Jefe”. Tras su paso por Casa Rosada, Morales fue destinado a la CNV.

Según surge del expediente, Morales tiene a su nombre la empresa Morales Valores y es socio de City Entertainment SRL. ¿Por qué llamó la atención su patrimonio? Porque Morales es monotributista categoría H –la más alta para Servicios- y tiene entre sus bienes un Audi A5, un Mercedes Benz GLA,  una pick up FIAT Toro y dos departamentos –uno en San Telmo y otro en Villa Urquiza-. Todo indica que los tres vehículos y los dos inmuebles los adquirió entre 2022 y 2025. El interrogante que se abre es si Morales puede justificar cómo adquirió todos esos bienes en ese lapso temporal.

Un viaje sospechoso

Otro dato que analiza la Justicia en este proceso es un viaje al Paraguay de Novelli, Morales y Hayden Davis –CEO de Kelsier Ventures e impulsor del token $LIBRA-. Los tres coincidieron allí en noviembre del año pasado. Novelli y Morales estuvieron 37 horas allí. Hayden Davis 3 días y medio.  La Justicia se pregunta si see encontraron allí para realizar “alguna maniobra”.

Davis viajó el 17 de noviembre a Paraguay a través de un vuelo privado que salió del aeropuerto de Salta. Regresó el 20 de ese mes pero vía el aeropuerto de San Fernando. Viajó en sendas travesías con la misma aeronave privada. En Paraguay coincidió con Novelli y Morales. El 23 de noviembre se embarcó desde la Argentina rumbo a España.

Una declaración más que dudosa

Novelli y Terrones Godoy se presentaron a finales de abril en el expediente con el patrocinio del abogado Daniel Rubinovich, y realizaron por escrito una “declaración espontánea” dirigido a Servini. Allí intentaron desvincularse pero sobre todo desvincular a Milei del criptoescándalo.

“Realizamos esta presentación con el propósito de esclarecer los hechos y brindar una exposición detallada sobre las circunstancias que rodearon a la memecoin Libra y al proyecto Viva la Libertad Project”, comenzaron su exposición, en la que dijeron que “se expondrá la total ajenidad del gobierno argentino en la administración de fondos del proyecto, desmintiendo cualquier tipo de especulación que sugiera la participación estatal en su financiamiento o gestión”.

En lo que pareció más una defensa de Mnilei que de los propios Novelli y Terrones Godoy se aseguró que “Javier Milei no tuvo ni tiene ningún tipo de participación en la administración, diseño o financiamiento del proyecto, ni ha recibido contraprestación alguna a raíz del mismo.”

En el escrito hicieron mención al Tech Forum, a las reuniones con Milei y Karina –que confimaron-  y a los vínculos con Hayden Davis.

Respecto al Tech Forum dijeron que se diseñó “con el objetivo de facilitar, como referimos supra, el networking entre compañías innovadoras y actores clave del ecosistema empresarial”.

Entre otras cosas, se afirmó que fue Terrones Godoy quien trajo a Julian Peh, de KIP Protocol, uno de  los involucrados en el lanzamiento de Libra, quien se fotografió con Milei en el marco del Teh Forum pero de quien no hay registro en Migraciones, de acuerdo al expediente. “Dentro del marco del evento, Julian Peh tuvo la oportunidad de reunirse con el Presidente Javier Milei. La reunión tuvo una duración aproximada de quince minutos, y durante la misma se abordaron temas relacionados con la inteligencia artificial y su aplicación en sectores estratégicos. El Presidente, en línea con su postura sobre la 5 innovación tecnológica, escuchó la exposición de Peh sobre KIP Protocol y su potencial impacto en Argentina”, se intentó explicar.

En el escrito “espontaneo” se confirmó también que se reunieron con Milei y Karina. Esas reuniones ya fueron acreditadas por diversas vías. Sostuvieron que “las reuniones de Mauricio Novelli con Karina Milei y el Presidente Javier Milei” deben entenderse en el marco de la organización del Tech Forum: “En este sentido, las reuniones previas en Casa Rosada con 10 funcionarios del gobierno fueron instancias de trabajo, en las que se abordaron temas de agenda, infraestructura y producción del evento”. Esto da cuenta de la injerencia de Casa Rosada en el evento que nucleó a todos los acusados del criptoescándalo.

También se indicó que Terrones Godoy fue quien tenía contacto con Hayden Davis. Y se presentan como asesores externos de la firma del joven que dice tener 100 millones de dólares producto de la criptoestafa que pertecen a “la Argentina”. “En su carácter de asesores externos de la firma Kelsier, y ante la inquietud manifestada por su fundador, Hayden Davis, respecto de las posibilidades de desarrollar proyectos de impacto en América Latina —y en Argentina, en particular—, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy le propusieron explorar una línea de acción centrada en el acompañamiento a PyMEs, emprendimientos y proyectos productivos argentinos, especialmente aquellos con dificultades históricas para acceder al financiamiento formal”, señalaron. El mismo argumento sin sustento que usó Milei en su tuit para dar a conocer el memecoin $LIBRA.

También, de una manera muy poco convincente, se aseguró respecto al lanzamiento de $LIBRA: “El jueves 30 de enero del corriente año, Hayden Davis presentó el proyecto al Presidente Milei, con el objetivo de informar sobre la existencia de la iniciativa y el impacto que éste creía probable en la economía argentina. La presentación del proyecto fue de carácter meramente informativo, sin que ello implicara una solicitud de respaldo o adhesión gubernamental, ni mucho menos una participación activa del gobierno en la ejecución de la propuesta”. Es decir, en un escrito de defensa propia se preocuparon en deslindar a Milei.

Recién después de intentar despejar cualquier duda sobre Milei, en el cierre de la declaración espontánea, señalaron que ellos no estuvieron vinculados al lanzamiento de $LIBRA: “Ni Novelli ni Terrones Godoy administraron fondos, ni diseñaron el proyecto, ni tomaron decisiones financieras dentro de Libra, ni obtuvieron nunca tokens. Desde el inicio de su intervención, su labor se limitó exclusivamente a su experiencia en el ámbito tecnológico y cripto, sin tener ningún tipo de control sobre la ejecución operativa del proyecto. No estuvieron involucrados en la gestión del token, en la administración de sus recursos ni en la toma de decisiones sobre la estructura financiera del proyecto”.

El círculo se cierra cada vez más sobre los Milei

A pesar del intento de Novelli y Terrones Godoy por desligarlo del escándalo, la situación de Milei es comprometida. El fiscal Taiano ya pidió el levantamiento del secreto fiscal para el Presidente, para su hermana Karina y para los mentados Novelli, Terrones Godoy y Morales. Los Milei ya fueron imputados en el expediente y tal como surge de las últimas medidas tomadas por la Justicia, los círculos comienzan a cerrarse cada vez más sobre el entorno que los frecuentaba y asesoraba en materia cripto.

El Destape

Kizcka: condenaron a 14 y 12 años al exdiputado y a su hermano en la causa por pedofilia

Germán Kickza y Sebastián Kickza fueron declarados culpables por la tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil. En el caso de Sebastián se suma también el caso de abuso sexual sin acceso carnal con una menor de edad. 

El Tribunal Penal N° 1 de Posadas condenó al ex diputado del partido Activar Germán Kiczka a la pena de 14 años de prisión por los delitos de tenencia, facilitación y distribución de material de abuso sexual infantil, mientras que su hermano Sebastián recibió 12 años de castigo.

Sebastián, sobre el que pesaba además una acusación de abuso sexual sin acceso carnal de una adolescente de 15 años, fue condenado. La Fiscalía había solicitado 15 y 12 años respectivamente para ambos acusados por los delitos mencionados. Luego de tres horas de deliberación, los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante) declararon culpables a los hermanos en uno de los casos que sacudió la historia judicial de Misiones.

El defensor de Germán, Gonzalo De Paula, había pedido durante su alegato "que se desestimen todas las imputaciones" contra el ex diputado . Sin embargo, los fiscales plantearon el rechazo a las nulidades. "Nos queda muy en claro que si entienden de què se los està acusando y la ciruscuntasia de motodo tiempo y lugar que se les atribuyen", detallaron. 

Al momento de tomar la palabra, Sebastián Kickza se quejó de las condiciones de detención y del examen psicológico que le realizaron en el marco de las pericias. "Me meten en una camioneta con tipos tapados, escopetas por todos lados, alguien que me diga algo, a donde voy, qué está pasando. Así me llevan a Posadas desde apóstoles Parecía una celda de películas medievales", titubeó frente al micrófono. Germán, por su parte, eligió no declarar. 

Previamente, María Laura Alvarenga, a cargo de la defensa de Sebastián Kiczka, había remarcado que la de Sebastián con la adolescente de 15 años "era una relación de amigovios" y que no existió el abuso, a pesar de que se tratara de una menor de edad, porque "es una chica normal sin ningún conflicto o trauma" y "no le representó ningún daño".  "Independientemente de lo que nos guste o juzguemos moral o no, era una relación de amigovios", cerró, sin tapujos.

Qué dijeron los fiscales durante la audiencia de alegatos

Martín Rau sostuvo que, a lo largo del proceso, quedaron demostradas las descargas de videos de abuso sexual infantil por parte de los imputados y que dichas filmaciones "son para satisfacer el apetito de quienes los consumen". Por su parte, el fiscal Alejandro Vladimir Glinka acusó a los jueces de ser "unos burros, porque no entienden el derecho" y sostuvo firmemente que "los informes de los peritos de la defensa son truchos, trataron de torcer la realidad con inventos, nunca hablaron de hechos reales.

Ante los medios, el padre de ambos, Leonardo Kiczka, aseguró que su hijo Germán "es inocente" porque "no le han encontrado nada en la casa, en la oficina de la tabacalera, en la de la Cámara de Diputados o en los allanamientos a los suegros" y remarcó que todo se trata de "una persecución política" que quedó en evidencia.

El Destape

Los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento

La memoria tiene custodia judicial

Se trata de un fallo del juez Ariel Lijo ante una presentación de Victoria Montenegro. En la resolución se establece que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúen con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura.

Luciana Bertoia

No hay motosierra que importe ni negacionismo que se imponga: los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento. Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo ante una presentación que hizo la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien le advirtió que la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

“Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo Montenegro a Página/12. “Frente a tanta obscenidad del gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales”, añadió.

La semana pasada, Montenegro hizo una presentación ante Lijo, que está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la que señalaba que los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires estaban siendo vaciados por decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

En territorio porteño, son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último, ubicado en el barrio de Monserrat, está en riesgo inminente de cierre porque, según denuncian desde el gremio, se quedó sin trabajadores.

Este martes, Lijo firmó dos resoluciones en las que le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que arbitre todas las medidas necesarias para que haya una dotación de “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos al público los cinco sitios de memoria. La alusión al personal capacitado es importante, ya que significa que se debe resguardar a quienes se formaron para trabajar en esos lugares durante años.

Lijo, además, dispuso que se hagan tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria –algo que no existe en la gestión de La Libertad Avanza (LLA), ya que muchas veces son los trabajadores que sobrevivieron a los despidos anteriores los que deben llegar a baldear antes de una visita. La resolución del juez fue muy precisa para que la Secretaría de Derechos Humanos no pueda incurrir en incumplimientos. Llegó a decirle a Baños que debe hacer que limpien los techos y las canaletas de los edificios para que no se inunden y se produzcan daños. Además, le requirió que fumiguen los espacios.

En otro punto, Lijo sostuvo que deberán preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. En esa misma línea, reclamó que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”. Algunos de los sitios perdieron la mitad de su personal. Otros, como Olimpo, calculan que quedaron reducidos a una tercera parte. Como correlato, se perdió a quienes hacían investigación, coordinaban visitas con las escuelas o trabajaban con el barrio, a quienes se ocupaban de la conservación. La situación de los sitios es crítica, como había señalado Montenegro en su presentación.

En su escrito, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura había advertido que el secretario de Derechos Humanos estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

La resolución de Lijo fue celebrada, además, por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos. No es un dato menor quién le está diciendo al gobierno de Javier Milei que debe ponerle un freno a la destrucción de las políticas de memoria: se trata de uno de sus candidatos a la Corte Suprema, el que más cerca está de llegar al cuarto piso del Palacio de Talcahuano.

Lijo ya había tenido algún que otro encontronazo con Baños. La semana pasada, el juez le pidió informes al secretario de Derechos Humanos después de que el abogado querellante Pablo Llonto solicitara que se dicte una medida de no innovar para evitar que el gobierno ponga en riesgo la documentación en poder del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se conserva, entre otros fondos, el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Baños le respondió que no había riesgo en el ANM ni el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –al que rebautizó como Registro Único de Víctimas de Terrorismo y Estado (SIC)– más allá de las “interesadas y amañadas versiones periodísticas”.

En noviembre, Lijo les había mandado oficios a Baños y al ministro de Defensa, Luis Petri, para que evitaran actos negacionistas dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA. Fue a partir de un pedido que hizo la querella Kaos, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, después de la irrupción de retirados para celebrar el Día de la Armada.

No es la primera vez que los tribunales ordenan preservar los sitios desde que asumieron Milei y Victoria Villarruel. En agosto pasado, la Cámara Federal de Casación Penal emitió una directiva en ese sentido. El 9 de diciembre pasado, cuando se cumplían 39 años de la sentencia en el Juicio a las Juntas, el camarista Alejandro Slokar organizó una visita al exOlimpo con jueces y fiscales para reafirmar el compromiso judicial con estos espacios.

Para que vayan al Congreso

La dupla compuesta por Mariano Cúneo Libarona y Baños viene cosechando denuncias y pedidos de comparecencia a doquier. Desde Unión por la Patria (UxP) hicieron un pedido para que se los cite al Congreso para que expliquen los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos –que se contabilizan en más de 250 en las últimas semanas–, el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y la denuncia de espionaje que hizo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) al advertir que el 27 de diciembre pasado, cuando se hizo un abrazo a la exESMA, hubo personal policial no identificado entre los manifestantes y también se tomaron imágenes de quienes protestaban contra el desmantelamiento.

“Los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el Centro Cultural Haroldo Conti son el corolario de un año de desfinanciamiento de las políticas públicas en al área, y el punto de cruce de diversos discursos que circulan entre los voceros y los ideólogos del gobierno: el fiscalista –en tanto que bajo la excusa de que necesitan achicar la cantidad de inmuebles alquilados por el Ministerio de Justicia, pretenden mudar dependencias a sitios que alguna vez fueron centros clandestinos de detención--, el negacionista con respecto a los crímenes de la última dictadura, y el que se regodea con la crueldad contra los laburantes”, afirma el diputado nacional Eduardo Toniolli, impulsor de la convocatoria a Baños y Cúneo Libarona.

“Lo dijimos durante la campaña que llevó a Milei a la presidencia y lo repetimos durante todo el año pasado, éste es un gobierno setentista: reúne a los nostálgicos del programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz, que están dando rienda suelta a una nueva estrategia extranjerizadora y reprimarizadora de nuestra economía, y a los que reivindican las prácticas represivas de Jorge Rafael Videla. Quizás las reacciones generadas por la visita de los diputados de LLA al penal de Ezeiza hayan generado una retracción en este último aspecto, pero el desmantelamiento de las políticas de memoria expresan la misma vocación por reescribir una historia que el pueblo argentino primero, y el Estado nacional luego, reconstruyó condenando a los responsables del genocidio”, concluyó.

Pagina 12

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Lijo haciendo buena letra ,je

Uno de los impulsores de la "Ficha Limpia"

Denuncian que Diego Santilli y su familia tienen 14 sociedades en paraísos fiscales

El integrante de Juntos por el Cambio, devenido en ferviente simpatizante de La Libertad Avanza, está implicado en la creación de empresas off shore para pagar menos impuestos. ¿Cómo funcionan las offshore?

Diego Santilli es últimamente noticia por declaraciones bastante alejadas de Juntos Por el Cambio, su partido de origen, y más relacionadas y estrechas a La Libertad Avanza. Pero recientemente, se dio a conocer que supuestamente el exministro de Seguridad porteño tendría al menos 14 sociedades en paraísos fiscales junto a su familia.

• El debate de Ficha Limpia reabrió la interna libertaria

Según el sitio Diagonales, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ferviente impulsor de la ley de "Ficha Limpia", figura en ARCA (ex AFIP) como monotributista, mientras que el grupo familiar Santilli-Forchieri (apellido de la madre del legislador) posee al menos 14 empresas locales y dos offshores. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las capturas compartidas, aparece Darío César Santilli, hermano de Diego, quien es identificado como CEO de South Tourin LLC, una sociedad registrada el 9 de diciembre de 2014 en Florida, Estados Unidos, un territorio considerado de baja tributación.

Esta empresa se dedica al alquiler de propiedades y comparte dirección con otras múltiples sociedades gestionadas por intermediarios especializados en la creación de offshores.

En 2021, en el marco de las elecciones legislativas de aquel entonces, Diego Santilli tuvo que salir a defenderse, ya que había aparecido en los reconocidos Pandora Papers, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que reveló la metodología con la cual monarcas, figuras de los medios y jefes de Estado y de Gobierno disimulan sus fortunas o sus operaciones fraudulentas por medio de empresas fantasmas que les permiten mudar enormes sumas de dinero hacia los paraísos fiscales.

En ese contexto, Santilli evitó pronunciarse respecto al juicio moral de no declarar activos en el país para evitar pagar impuestos y aseguró que nunca utilizó este tipo de armados societarios para beneficiarse económicamente.

¿Cómo funcionan las offshore?

Una cuenta offshore es un instrumento administrativo que opera, generalmente, desde paraísos fiscales. Suelen ubicarse en países caribeños o de América Central debido a sus políticas impositivas y a la posibilidad que ofrecen de mantener las transacciones fuera de la luz.

Además por tratarse de países con menor desarrollo industrial, suelen inclinarse por este tipo de negocios.

Si bien las cuentas offshore en sí mismas son legales, en la mayoría de los casos no son declaradas por sus titulares en el país de residencia.

Esto hace que se conviertan en una de las principales fuentes de corrupción y lavado de dinero, ya que sí van en contra de las legislaciones locales. Los países más reconocidos por ofrecer este tipo de instrumentos son Suiza, Panamá, las Islas Caimán y Bélice.

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Pidieron el juicio político de la jueza

Atentado a Cristina Kirchner: Capuchetti en la mira por los graves errores en el manejo del celular de Sabag Montiel 

Diputados de UxP solicitaron al Consejo de la Magistratura la destitución de la jueza. Servini avanza en la causa por la pérdida de información sobre el atentado.

Irina Hauser

La pérdida de información del celular de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el intento de matar a Cristina Fernández de Kirchner, en las primeras horas de investigación, está muy cerca de desatar un escándalo mayor. Por lo pronto, un grupo de diputados/as de Unión por la Patria pidió ante el Consejo de la Magistratura el juicio político de la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa del atentado, por el daño a esa prueba central. Pero en paralelo, lo que hoy parece una bomba de tiempo es el expediente a cargo de la jueza María Servini que debe desentrañar precisamente qué pasó con el aparato. La custodia del juzgado que entregó el aparato a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para un segundo intento de extracción de la información --ya que la Policía Federal había fallado-- asegura que se lo dio a los peritos en un sobre cerrado. Pero no solo un acta que ella misma firmó la desmiente, ya que describe que el sobre estaba abierto (sin cadena de custodia) y el teléfono encendido con una leyenda roja de alerta, sino que un un exfuncionario que declaró como testigo este jueves, que estaba presente en ese momento, también la contradijo. 

El pedido de juicio político, anticipado por Página/12, aclara que se trata de una primera presentación enfocada en lo que describe como "inutilización" del celular que llevaba Sabag Montiel cuando intentó asesinar a la entonces vicepresidenta y por la que responsabiliza a la jueza. Anuncia que habrá otras imputaciones. Por lo pronto, en lo que atañe al aparato, los denunciantes señalan lo ocurrido como la irregularidad (no descartarían delito) "más grave", porque implicó "haber posibilitado la destrucción de la principal evidencia probatoria de la causa, consistente en el borrado total del contenido del teléfono celular del autor material del hecho a pocas horas de su secuestro, como resultado de la falta de resguardo y la consecuente violación de la cadena de custodia de ese elemento". Firmaron esta denuncia las/los diputados/as  Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Carolina Yutrovic y Martín Soria

Nunca se pudo saber del teléfono del propio Sabag Montiel, por ejemplo, con quien intercambiaba mensajes. Sólo lo que había en dispositivos de otras personas. El Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) todavía apuesta a un nuevo y seguramente último peritaje que se iba a hacer esta semana pero fue suspendido por pedido de la querella, que apuesta a que haya colaboración del Estado de Israel. Fue pedida en enero último, pero recién la cancillería actual reportó que se había iniciado el pedido dos semanas atrás. La expectativa es que se puedan recuperar chats y aplicaciones. De las tarjetas SIM y de memoria sí se habían rescatado fotos de Sabag Montiel y su novia con el arma. 

La increíble historia

El celular del hombre que quiso matar a CFK, un Samsung Galaxy A50, fue secuestrado después de su detención a metros del edificio donde vivía CFK en Recoleta a las 00.23. Ya era 2 de septiembre de 2022. El intento de asesinato había sido al as 20.52 del día anterior. Fue enviado a Comodoro Py, al juzgado de Capuchetti, en un móvil de la Policía Federal. La jueza convocó a peritos de Cibercrimen de esa fuerza. Todo esto está relatado  en la causa a cargo de Servini. El cabo primero Alejandro Heredia llegó cerca de las dos de la madrugada y puso manos a la obra. El aparato había sido enviado en un sobre cerrado dentro de otro sobre llamado Faraday que bloquea señales. Lo abrieron ante testigos. Estaba apagado.  Lo encendió, vieron que tenía un patrón de seguridad, se volvió a apagar. Lo conectó a un enchufe para darle carga, sacó las tarjetas SIM y de memoria, y conectó el ceular al un sistema llamado UFED (Universal Forensic Device), de la marca israelí Cellebrite. pero en la pantalla de la computadora le aparecía un cartel de "error de extracción". Repitió el procedimiento tres veces y pasaba lo mismo. Desistió.

Se supone que el celular quedó en la caja fuerte del juzgado de Capuchetti, según declaró su personal. Finalmente decidió enviarlo a la PSA porque le dijeron que tenía tecnología más actualizada. Antes de mandarlo, según volvió a narrar el secretario Federico Clerc en el juzgado de Servini la semana pasada, una empleada abrió el sobre que contenía el aparato para verificarlo. Según el expediente de Servini, estaba prendido. En su primera declaración no daba precisiones sobre la cadena de custodia. Ahora, cuando le preguntaron, el secretario dijo que el sobre fue cerrado, según pudo reconstruir este diario por allegados a la pesquisa. Capuchetti se lo dio a la mujer que custodia su juzgado, una agente de la Policía Federal, Priscila Santillán, para que lo lleve al laboratorio de Ezeiza. Allí, en rigor, los peritos esperaban a la propia magistrada. Tampoco fue su secretario. Uno de ellos, Leandro Noguera, se subió al auto y se bajó en su casa en el camino. La custodia Santillán viajó sola alrededor de las 23 horas con el celular de Sabag Montiel de Retiro a Ezeiza. 

Según el acta que se labró en la PSA, la mujer entregó un sobre roto. Los peritos que aguardaban para extraer la información eran la oficial principal Camila Dafne Seren y el subinspector Pablo Kaplan. Ese documento dice que el celular llegó en un "sobre color marrón, abierto", "sin planilla de cadena de custodia, "conteniendo una un equipo d ecomunicaciones teléfono celular con la leyenda "Samsung Galaxy A50-WARNING: CMDLINE PARAMETER modelo SM-A505G, sin mayores datos visibles..." Decía, entre otros datos menos llamativos, que estaba en "regular estado de conservación". El acta está firmada por la propia cabo Santillán, como la persona que entregó el sobre en esas condiciones y por Seren. 

Esta policía fue citada la semana como testigo por Servini: dijo, bajo juramento de verdad, que entregó el aparato en un sobre cerrado, que le ofrecieron un café, y que escuchó a Kaplan a lo lejos exclamar al recibir el paquete: "¡Está abierto!" Con el acta están las fotos de un sobre deteriorado, roto y abierto. Cuando le preguntaron por qué había firmado el acta si estaba diciendo otra cosa, su respuesta fue que estaba cansada, informaron fuentes de la causa. 

Seren y Kaplan fueron imputados en marzo por la jueza Servini, igual que el policía federal Heredia, pero hasta ahora no les tomó indagatoria. Los citó y suspendió la convocatoria sin nueva fecha. Ante Capuchetti el dúo de la PSA había señalado las anomalías documentadas. Seren había señalado que estaba deteriorado el "pin de carga" del teléfono pero que también parecía haber un "daño o modificación" del software. Aquella jueza le dio intervención a Gendarmería y luego hizo la denuncia. 

Este jueves declaró ante Servini otro testigo: una persona más que estaba en la sede de la PSA en el momento que llegó el teléfono, el exdirector de Inteligencia Criminal, Damián Neustadt. El exfuncionario detalló que la custodia de Capuchetti llegó a la PSA con el sobre "bajo el brazo" y "abierto". Dijo que, en efecto, estaba prendido. Como tenía el texto de letras rojas con un alerta los peritos implementaron procedimientos para salir de esa pantalla e iniciarlo. Antes consultaron al secretario del juzgado si seguían con el procedimiento, y la respuesta fue que sí: "que el celular estaba en el ámbito del juzgado". En ese procedimiento terminó "reseteado de fábrica", como si estuviera  en cero. Decidieron no tocarlo más.  Y nunca más se intentó obtener el contenido por el peligro de que se pierda. Quedó todo en manos del tribunal oral. Neustadt dijo que Santillán se tomó un café pero fue mientras los expertos trabajaban.

En suma, la custodia de Capuchatti dijo una cosa --inclinada en favor de su jefa-- y el exfuncionario dijo otra. También Clerc contradice a la agente en cierta medida. ¿Habrá alguien acusado por falso testimonio en toda esta historia? 

El pedido de destitución

Los diptuados/as que denunciaron a Capuchetti describieron buena parte de esta cronología de hechos en su presentación ante el organismo que juzga y elige a los jueces y juezas. Allí responsabilizaron a la jueza de que "en menos de 24 horas y estando en su poder la principal prueba del magnicidio, echara a perder su contenido y demostrara que ni siquiera le interesó custodiar ese elemento, revela una desastrosa actuación funcional y al menos un desconocimiento de las funciones y responsabilidades de los magistrados, que claramente indica que la juez no estuvo a la altura de lo que se esperaba de ella y de cualquier juez o jueza a cargo de un caso como éste". Hacen responsable a la magistrada de "la violación de la cadena de custodia" y de lo que describen como "borrado". 

Abren el interrogante de qué pasó con el aparato en el juzgado. "Entre la madrugada y las 23 horas del día 2 de septiembre de 2022, mientras el dispositivo secuestrado a Sabag Montiel se encontraba en la caja de seguridad del juzgado, exclusivamente a cargo de la jueza, alguien decidió sacar ese sobre de la caja fuerte y luego de violar el lacrado manipuló el teléfono hasta echar a perder todo su contenido... " No hay fundamento, dice, para la supuesta manipulación, pero tal tal vez explique la desprolijidad posterior. Dicen que Capuchetti no abrió un sumario interno inmediatamente después de las irregularidades --más adelante  hizo la denuncia-- y describen como "irregular" e "imprudente" que mande a su custodia personal "para trasladar el aparato" de "maenera solitaria y en el automóvil que utiliza la jueza para desplazarse". Por todo esto piden una investigación en el  Consejo por mal  desempeño y su destitución, aunque pronto harían denuncias adicionales. 

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 Cinco siguen detenidos

"Orfandad de pruebas": Con un duro golpe para Stornelli, la jueza Servini dictó la falta de mérito para 28 imputados

La jueza destrozó la acusación del fiscal, admitió que las detenciones no fueron justificadas y apuntó a policía por las contradicciones de las actas y declaraciones. "No se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas, piedras, palos, etc)", señaló un tramo del fallo. "La causa Stornelli como tal se cayó", dijo Bregman.

Irina Hauser

El fallo de la jueza María Servini que dicta la falta de mérito de 28 de las 33 personas detenidas en la movilización contra la Ley Bases parece el manual de cómo se arman sin pruebas --ella reconoce que no las tiene-- los expedientes judiciales contra manifestantes o gente que circulaba por la zona, en este caso del Congreso. El punto de partida (y en la mayoría de los casos el de llegada) son las declaraciones y actas de los policías, que repiten siempre lo mismo: "tiró piedras", "le pegó a un agente", entre tantas otras fórmulas. El asunto no son solo esas muletillas sino que para colmo cuando tienen que declarar los uniformados dicen otra cosa, o matizan, o directamente no hablan. No hay imágenes para acusar y pocos elementos incautados. 

Lo que sea, fue suficiente para que un fiscal --aquí Carlos Stornelli-- acuse a quienes fueron capturados/as de golpistas y terroristas, en línea con el discurso gubernamental, y terminaran en prisión, incluso en cárceles federales. En el caso de los cinco imputados que siguen detenidos no hay fundamentos a la vista sobre el supuesto peligro de fuga o entorpecimiento. Les ponen la figura de "intimidación pública", para alegar que la pena en expectativa es alta, una vieja teoría que impone una suerte de pena anticipada.  

Las no pruebas

Veamos: empieza la ronda testimonial el principal Ariel Leguizamón de Luca, de la policía porteña. Cuenta que estaba "en el escenario de los sucesos" y "materializó la detención de los imputados, pero con la salvedad de que no había sido él quien había intervenido en sus aprehensiones originales, ni tampoco había presenciado ninguno de los hechos que se les imputaba, sino que se limitó a recibir a las distintas personas detenidas por otros oficiales". Dice: "se presentó el subcomisario Sergio Ariel Ferrer de la Brigada 8, quien llevaba detenidos a Fernando Claus Leoney, Cristian Darío Ferreira y le dijo que 'habían tirado piedras' pero eso no podía confirmarlo personalmente pues no lo había percibido por él mismo, ni sabía a ciencia cierta quién podía hacerlo..." 

El principal Leguizamón relata también que "el oficial Nicolás Conti junto con el oficial Nicolás Rial, detuvieron a Juan Pablo Colombo, porque estaba tirando piedras y generando disturbios". Pero Conti declaró que "no participó de la detención", que había sido Rial, quien no testificó "porque se estaba haciendo atender por las lesiones que sufrió para reducir a Colombo". 

La resolución de Servini recapitula que "el principal Leguizamón refirió que Lapalma le había dicho, a su vez, que había detenido en Lima y México por tirar piedras, a Juan Ignacio Spinetto; Camila Belén Juárez Oliva; Sofía Belén Ottogali; Nicolás Daniel Mayorga; Sasha Jazmín Lyardete y Gonzalo Duro. Sin embargo --admite la jueza-- al declarar testimonialmente el inspector Jesús Francisco Lapalma, refirió que sólo había participado en la detención de Gonzalo Duro, quien era una de las personas que tiraba botellazos a la policía, que se resistió a ser detenido lanzando puñetazos y patadas que no llegaron a lastimar a nadie", aunque agrega que "se volvió altamente agresivo".  "Estos términos --aclara Servini-- se oponen al descargo del imputado (Duro) quien brindó una versión diametralmente opuesta de lo ocurrido y desde esa perspectiva, la propia condición actual del causante, quien se encontraría próximo a ser intervenido quirúrgicamente, no parecería muy coincidente con el accionar que se le atribuye... ".

"¿Qué es un habeas corpus?"

Vale la pena detenerse en la declaración de Duro, trabajador judicial. Había ido a la movilización desde el juzgado de instrucción 61, en Avenida de los Inmigrantes, donde es empleado, por su desacuerdo con la Ley Bases. "El hecho que se me atribuye es un disparate", declaró. "Sería muy tonto de mi parte, como empleado del Poder Judicial, ponerme a tirar piedras y botellas al personal policial, con el cual trabajo habitualmente (...). No es verdad", sostuvo. Se había encontrado en el lugar con dos amigos y a poco de llegar, entre las 15 y 16, vieron que se desataba la represión, "con un camión hidrante, gases lacrimógenos, explosión de armas de fuego o balas de goma, ruidos de motos". Se fueron por Avenida de Mayo, pero escucharon el sonido de las motos policiales cada vez más cerca y buscaron otra calle. Cuando llegaron a Bernardo de Irigoyen vio "un tumulto de policías de la Ciudad" y una persona "convulsionando en el piso". 

Gonzalo quiso acercarse para ayudar. Un policía de civil "pero con pechera puesta", a quien describió como bajo y fornido, le hacía gestos de "Vení, acercate, peleemos cagón, maricón". Duro padece una enfermedad que le provocó una deformación en el rostro. Le devolvió unos insultos al agente. Y otro que estaba al lado, "de nariz ganchuda y anteojos muy grandes" se burló de él: "¿Y vos qué decís? Mirá la cara que tenés". "Yo soy un poco sensible cuando me agreden por mi aspecto físico, entonces me acerqué y seguí con los insultos", contó. Ahí lo agarraron, lo tiraron dentro del cordón policial. "Estaba en el piso, veía manos y caras y golpes y patadas, me doblaron un dedo, me dijeron 'quedate quieto que te lo rompo' y ahí dije que me estaban deteniendo de manera irregular y empecé a gritar 'habeas corpus, habeas corpus'". 

Lo que siguió fue insólito. Un policía le dio una trompada en el piso y le preguntó: 

--¿Qué es un habeas corpus?

--Una garantía constitucional-- le respondió "con una lucidez" que no sabe de donde sacó, en medio de la violencia. 

--¡Callate!-- le gritó otro efectivo, que le apoyó la rodilla contra el cuello y lo convirtió en uno de los 33 detenidos. 

"Pelotudo te detuve", le dijo alguien al oído. En el traslado en el camión le preguntaron si era abogado, respondió que no, que estudia derecho, pero que trabaja hace 19 años en el Poder Judicial. Duro enumeró detalles llamativos: además de subir a un nuevo detenido al vehículo "empiezan a meter piedras y banderas, pero piedras que ellos, el personal policial, ya tenían". En otra escena, una agente fue a "buscar testigos, y pasado un tiempo volvió y dijo 'no los conseguí'". Luego un policía les advirtió: "ustedes están al horno". Él había dejado de pedir el habeas corpus porque le prometían liberarlo. Pero pasaban las horas y le dolían una lesión previa en el hombro, y los golpes, y todo era peor con las esposas puestas. Volvió a pedirlo. "Callate porque sos un detenido, ¿vos sabés que se murió un policía?", lo provocó (era mentira). "El subcomisario nos decía --declaró-- que el fiscal Stornelli decía que nos tenían que dejar las esposas, para que no escapemos, que no era una cuestión de derechos humanos". 

Servini dixit

Por las detenciones que el inspector Lapalma dijo que no había hecho (Camila, Sofía, Nicolás Daniel, Sasha, Juan Ignacio) declaró "el inspector Boni quien refirió que todos ellos se encontraban dentro de un grupo de encapuchados que tiraban piedras, descubriéndoles la cara cuando los detuvieron". Dijo que Spinetto fue el que más "se habría resistido". "Todo esto, no obstante --dice el fallo--, se opone a los descargos de los imputados, a quienes no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas, piedras, palos, etc). A consecuencia de ello, de momento, no se poseen registros fílmicos de los hechos ni se produjo el secuestro de objeto alguno que acredite los hechos". "También vimos que Leguizamón refirió que el inspector Diego Lombardeo de la USIC 103 había detenido 'por tirar piedras y golpear con banderas' a Martín Dirroco, Mateo D'ettore y Germán Claudio Moyano. Sin embargo, Lombardeo nunca declaró y no se posee al momento ninguna filmación". 

Así, Servini tuvo que admitir la "orfandad probatoria". Agregó que no había testigos que acrediten que Fernando Claus Leone y Cristian Darío Ferreira hubieran tirado piedras ni que Juan Pablo Colombo participara de una pelea. Tampoco hay evidencia de algo más que una agresión verbal de María Cerutti, ni testigos o imágenes que involucren en agresiones a Ramona Tolaba, Lucía Puiglia, Ricardo Sharif Sleme, Diego Ignacio Iturburu y Román Mendez Palacio. "En el caso de Luis Alberto de la Vega --dice el texto-- se ha logrado recabar un video donde se lo vería al momento de su detención donde no se lo ve desarrollando los hechos que se le imputan, antes más bien lo contrario". Sobre el músico Santiago Adano solo está la palabra de un oficial que dijo que lo vio gritar a la policía, pero "se carece de cualquier filmación que sostenga tal cosa...".

Lo mismo repite para los 28 que quedaron con falta de mérito, incluida la familia vendedora de empanadas y el choripanero. La magistrada se escuda en que todavía se pueden buscar evidencias. Esto implica que sigue sobre todos ellos la investigación. De hecho, el fiscal Stornelli quiere que vuelvan a la cárcel, aunque ante la decisión de la jueza su reclamo sería abstracto. Igual se sorteó una sala de la Cámara Federal (tocó la sala II) que analizará las apelaciones de quienes fueron procesados con prisión preventiva. Queda claro que la increíble lista de delitos imposibles de cometer por una sola persona que usó Stornelli (que incluía atentar contra el orden constitucional, incitar a la violencia, perturbar la sesiones del Congreso, daños, lesiones, entre otros, hasta con el agravante de terrorismo) a medida de lo que pedía la ministra Patricia Bullrich quedó muy acotada por el juzgado que no habla de golpe de Estado ni nada similar. 

Todavía presos 

En otra resolución, la jueza procesó con prisión preventiva a cinco personas, las únicas que quedan presas. El delito común a todos es "intimidación pública", que prevé una pena de dos a seis años para quienes "infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes" y se agrava con tres a diez años de cárcel si se emplean "explosivos, agresivos químicos o materias afines". Para todos el embargo es de 500 mil pesos. 

A Cristian Valiente le atribuyen haber provocado disturbios y tener en su poder una granada de tipo "disuasivo". Cuando declaró, el hombre de 41 años, dijo que la había agarrado del suelo para mostrarle a la prensa que las fuerzas utilizaban elementos vencidos (había expirado en julio de 2022). En rigor no era un arma de guerra ni la llevó de su casa. Era un aerosol para arrojar gases. Patricia Daniela Calarco Arredondo, del Movimiento Teresa Rodríguez, está procesada por incendiar bicicletas del gobierno porteño. No declaró. Facundo Gómez es el joven que estaba junto a una valla hablando por teléfono con su mamá. Había sacado, dijo, una foto al Congreso, pero no estaba en ningún lugar prohibido ni atacando a nadie (no hay imágenes de él, solo una deducción de los investigadores). David Sica es un hombre en situación de calle: quería acercarse a un lugar donde le dan de comer por la calle Bartolomé Mitre. Ahí lo detuvieron. Roberto María de la Cruz Gómez está acusado de tirarle objetos a la policía.  

"El delito de intimidación se usa para sostener las detenciones. Pero no se corrobora para cada detenido el peligro de entorpecimiento de la investigación. Además la prueba está en poder de la justicia (cámaras y celulares) ¿Qué evidencia van a destruir los acusados si los liberan?", sostuvo Agustina Lloret, coordinadora de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales. Myriam Bregman, exdiputada (PTS-FITU) y abogada, sostuvo: "La causa Stornelli como tal se cayó, la pueden sostener con pulmotor, pero la causa está caída, el armado de Bullrich está caído, lo que hay que investigar ahora son los graves ilícitos que cometió la policía y ellos con esas imputaciones". Por ahora la jueza solo dice que analizó 100 horas de filmaciones, que el tiempo no le alcanza y que el "caos y la confusión no ayudan". Curiosamente aclaró que "algunos hechos no se encuentran en conocimiento del juzgado", entre ellos el incendio del auto de Cadena 3, que todo indica fue protagonizado por infiltrados, y por el que no hay detenidos. 

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