El expresidente de Bolivia, Evo Morales, hizo una presentación formal para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) dicte “medidas provisionales”, es decir, para que le dé protección, ya que considera que el gobierno de Rodrigo Paz pretende “atentar” contra su “vida y seguridad”. Sostiene que esta amenaza y la persecución en su contra son parte de un acuerdo entre el mandatario y el consultor argentino Fernando Cerimedo, preso por el intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. Es más, supone que buscan la forma de acusarlo a él por ese atentado –como ya informó Página/12--, como denotan los videos que difunde uno de los supuestos sicarios. Como respaldo entregó audios de las conversaciones entre Paz y Cerimedo que ya fueron judicializados, las declaraciones de funcionarios que blanquean que para ellos es prioridad detenerlo y el relato de Beller sobre la antesala del ataque del que fue víctima.
El pedido de Morales fue realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo que vehiculiza el pedido ante la Corte. No tienen plazos para dar respuesta. Las medidas provisionales se dictan en casos de gravedad y urgencia para evitar situaciones que puedan afectar de manera irreparable a las personas.
El texto plantea que el expresidente de Bolivia es blanco de hostigamiento hace tiempo, pero advierte sobre el “agravamiento reciente bajo el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, siendo atacado sistemáticamente por agentes estatales a través de acoso político, persecución judicial, hostigamiento, intimidación y calumnias, acciones que pueden ser evidenciadas en varias declaraciones públicas de autoridades del gobierno nacional”. El texto presentado, que firman el exjuez Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, señala que, dadas las circunstancias, Evo Morales, no puede acudir a ninguna fuerza estatal para solicitar protección.
Cerimedo-Paz
En un comienzo, frente a la detención de Cerimedo por el intento de femicidio de Beller, el presidente Paz intentó desligarse. Pero la aparición de fotos, conversaciones y relatos de allegados al Gobierno sobre la ascendencia del consultor, más los de la propia Beller dieron por tierra con esa teoría. El 3 de septiembre, el vicepresidente, Edmand Lara (que está enfrentado con el mandatario), presentó ante el Ministerio Público Fiscal una grabación de una conversación entre Paz y Cerimedo, donde hablaban de cómo hacer para declarar el estado de sitio y aplicar una intervención en la región de Cochabamba, que es el único departamento en Bolivia alineado por excelencia con Evo Morales.
Junto con la petición internacional se entregaron las transcripciones que dejan evidencia del vínculo de Paz con Cerimedo. El primero le dice que “la promulgación (del estado de sitio) tiene que ser un show”. El consultor le sugiere que: “Es que la gente va a tener expectativas de que declares algo”.
—La narrativa la armamos nosotros. Si yo la firmo a la noche y lo promulgo en la televisión, todo el mundo va a pensar que mañana hay estado de sitio. Pero estamos negociando (para que levanten los cortes de ruta). Tenemos que ser imaginativos y pensar adónde vamos a dar el primer golpe —insiste Paz. Cerimedo consiente.
—¿Qué tal si le sacamos la mierda primero a los chapareños? (en referencia a El Chapare, la región donde está Evo Morales) —continúa el mandatario.
—Me gusta, me gusta —es la respuesta.
La denuncia señala que el “audio evidencia una estrategia gubernamental, incluyendo una narrativa o plan comunicacional, dirigida contra la región del Trópico de Cochabamba”, y por ende contra Evo Morales, “quien reside en dicha zona”. “El propio beneficiario ha declarado públicamente que recibe advertencias reiteradas sobre un operativo policial en curso para su aprehensión, y que se han instalado puntos de vigilancia en la región para detectar movimientos con ese fin”, dice el texto al que accedió este diario. La solicitud ante la CIDH dice que lo que se escucha en ese diálogo “evidencia la predisposición del Gobierno Nacional a la cabeza de Rodrigo Paz, de atentar contra la vida y seguridad de Evo Morales, hecho que lo sitúa en extrema vulnerabilidad, no pudiendo acudir a ninguna fuerza estatal o jurisdiccional para solicitar protección”.
Línea de conducta
El documento presentado señala que no se trata de “actos aislados de hostigamiento político, sino a un patrón sostenido que incluiría, según se denuncia, la participación de agentes estatales en un atentado contra la vida del beneficiario, la construcción de elementos de incriminación en su contra” y recopila expresiones de “las más altas autoridades del Poder Ejecutivo”.
Como ejemplo citan que el 2 de agosto último, el entonces comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, afirmó públicamente que “no es una prioridad para la Policía Boliviana detener a Evo Morales porque la causa no es sólida”. Pero el gobierno nacional reaccionó y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, salió a desautorizarlo y afirmar: “Para el gobierno nacional, detener a Evo Morales es un asunto prioritario”. Sokol fue sustituido el 1 de septiembre por el coronel Álvarez, quien cambia de posición y afirma que es una prioridad aprehender a Evo Morales.
Por esa época se conoció también un audio de una aparente conversación entre Cerimedo y la esposa de Paz, es decir, la primera dama, María Elena “Bibi” Urquidi, donde había referencias a la continuidad de Sokol. Cerimedo decía: “Si no saca a Sokol no podemos avanzar”.
Desde los meses previos, los ministros de Gobierno y de Defensa amenazaban con ingresar la Trópico de Cochabamba y advertían que el expresidente tarde o temprano será detenido.
El ataque a Beller
Como informó Página/12, es sugestiva la aparición de dos videos de uno de los señalados como sicarios difundidos desde la clandestinidad. Se trata de Aldo Silva Peña, quien salió con teorías poco coherentes, como que el objetivo era matarlo a Cerimedo y herir a Beller, pero el primero ni siquiera estaba en Santa Cruz de la Sierra. El hombre decía que había tres personas arriba de él y, la clave de su mensaje: que le pagaron y le dieron celulares funcionarios del gobernador Leonardo Loza, de Cochabamba, aliado de Evo. Son videos para tratar de cargar la responsabilidad del intento de femicidio sobre Morales.
Beller ya dijo taxativamente que los sicarios fueron enviados por Cerimedo, quien la había golpeado antes. Ella publicó fotos con los golpes y mensajes de él pidiendo perdón. La denuncia internacional de Morales recuerda que Beller relató que había acudido al Swiss Hotel, donde quisieron matarla, porque una familia quería hablar con ella para denunciar a Evo Morales. Decían que su sobrina de 13 años había sido abusada por el exmandatario y luego falleció. Cerimedo alentó a Beller a conversar con el tío de la supuesta víctima en ese hotel. Cuando salió a la puerta a recibir a la familia, le dispararon. La abogada hizo una comparación de mensajes que le enviaba la supuesta familia (o sea, el sicario) y concluyó que se repetía el uso de frases que utilizaba o el modo en que las escribía Cerimedo: “ósea” todo junto; “nena” (que no es común entre los bolivianos, que dicen “niña”, pero sí lo decía su expareja); el sicario mandaba frases con puntos suspensivos, una costumbre de Cerimedo, y seguía con minúscula. Ella pidió una pericia lingüística; está convencida de que todo fue una trampa.
Evo Morales ve una trama compleja y se considera en riesgo, por eso ahora apuesta a una respuesta de organismos internacionales de derechos humanos.
Sus abogados señalan que “la rigurosidad de una investigación transparente y justa no existe” para él, “ya que, como se ha descrito, las prioridades políticas del gobierno se sobreponen a toda la institucionalidad estatal, todo con el fin de armar una novela en palabras del mismo presidente Paz para atentar contra vida y seguridad del expresidente, dejándolo en total indefensión y vulnerabilidad”.
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