Denunciaron a Javier Milei por su rol en la fuga

Piden que Quirno dé explicaciones por el rol del Gobierno en la organización de la fuga de Bolsonaro

Diputados opositores exigen la presencia del Canciller ante el Congreso. Reclaman informes sobre la posible participación de funcionarios y uso de recursos públicos para facilitar la salida del ultraderechista de Brasil.

El escándalo de la participación del gobierno de Javier Milei en el escape de Flávio Bolsonaro ya tuvo su primer eco formal en el Congreso. Un sector de la oposición en Diputados pidió que se cite al canciller Pablo Quirno para dar explicaciones sobre por qué el excandidato presidencial brasileño pudo hacer escala en la Argentina a pesar de que estaba impedido para salir de su país. Además, un legislador presentó una denuncia contra el Presidente para que se investigue un posible encubrimiento.

El pedido fue realizado por el diputado Pablo Juliano, radical perteneciente al bloque Provincias Unidas, que presentó un proyecto de resolución para escuchar las explicaciones del Gobierno de boca del jefe de la diplomacia.

La iniciativa apuesta a determinar si funcionarios de la Casa Rosada facilitaron el traslado del referente de la ultraderecha brasileña, tal como lo indican las versiones periodísticas y de testigos en el aeropuerto desde donde se permitió la salida hacia Estados Unidos.

El proyecto pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú, desde Foz de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil.

El texto que contiene 91 preguntas reclama, además, la entrega de registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales.

El proyecto de citación solicita que Quirno comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador brasileño.

El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

Además, se pidió identificar quién contrató y financió el vuelo. Este punto involucra a la empresa Baires Fly SA, señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El diputado Juliano también exige explicaciones sobre las posibles consecuencias diplomáticas del episodio, así como también la decisión del Gobierno argentino de no reconocer pública y formalmente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección.

Milei, denunciado por encubrimiento

El Presidente argentino fue denunciado por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos” en relación con la supuesta colaboración para que Flávio Bolsonaro huya de Brasil.

La presentación estuvo a cargo del legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien precisó que la denuncia fue motivada por la gravedad de los hechos, como el uso de la estructura del Estado para encubrir a una persona alcanzada por restricciones judiciales.

“El propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia”, apuntó el diputado y solicitó que todos los funcionarios involucrados sean investigados por la Justicia. Además, remarcó la importancia de preservar los registros migratorios, las comunicaciones, los planes de vuelo y las órdenes de custodia.

“Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional ni desconocer los compromisos de cooperación judicial con Brasil. Esta maniobra compromete al país y sus relaciones internacionales”, concluyó.

Pagina 12

Diputados aprobó la nueva ley con los cambios reclamados por el sector

Discapacidad: El oficialismo tuvo que dar marcha atrás para evitar otra derrota

Martín Menem aceptó las modificaciones negociadas por Herrera Ahuad y Unión por la Patria. El texto incorpora fondos y garantías para las prestaciones. La amenaza del veto de Milei sigue latente.

Paula Marussich

En una sesión maratónica, la oposición logró incorporar los cambios exigidos por las organizaciones del colectivo de discapacidad y la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con una amplia mayoría.

El dictamen oficialista, surgido como una enmienda de Martín Menem tras la presentación del Presupuesto 2027, cuyo capítulo VI desfinanciaba al sector de discapacidad y dinamitaba los puentes políticos con los aliados, se negoció primero con los dialoguistas.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, se reunió con las organizaciones y recogió los pedidos que trasladó al presidente de la Cámara, pero la redacción final del dictamen unificado que fue sometido a votación se llevó adelante en el despacho de Unión por la Patria. Participaron los diputados Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Juan Marino. “Metemos todo, salvo que no cambian el título porque no quieren que se llame emergencia”, dijeron desde ese bloque. Primero con la Ley de Tierras y después con discapacidad, el oficialismo abandonó la intransigencia para construir una victoria pírrica a tiro de veto. “Déjenme creer en la división de poderes”, dijo Herrera Ahuad a este diario, consultado sobre un eventual rechazo del Ejecutivo.

“Hasta no leerlo, no lo creemos. No podemos aceptar nada que sea menos que la ley de emergencia”, dijo la actriz Valentina Bassi, integrante del colectivo de discapacidad, a este diario, en medio de la proliferación de versiones y dictámenes la tarde del miércoles. Es que desde temprano Martín Menem aceptó que se abriera el texto del oficialismo para introducir modificaciones y asegurar la aprobación de la nueva ley de discapacidad. Escépticas, las organizaciones reclamaron “un compromiso” de que el Gobierno daría de baja el capítulo VI del Presupuesto y “la incorporación de las partidas de lo que aceptan conceder”, dijo el padre Pablo Molero, del Foro Permanente de Discapacidad.

“Esto forma parte de la sublevación de Menem contra Santiago Caputo”, explicó un diputado de Unión por la Patria a Página/12, con la versión final del texto que los diputados finalmente votaron cerca de la medianoche. Lo que comenzó como un manotazo de ahogado del oficialismo tras la presentación del Presupuesto 2027, cuyo capítulo VI destrozaba la Emergencia en Discapacidad, y la confirmación de la visita del papa León XIV, que incluyó en su agenda al Cottolengo Don Orione de Claypole, se transformó en un acuerdo casi unánime, adelantaron fuentes al tanto de las negociaciones.

El texto fue aprobado con 237 votos a favor. En contra votaron 9 diputados y hubo 4 de izquierda que se abstuvieron.

Los votos en contra fueron de la ex libertaria mendocina Lourdes Arrieta y ocho cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria. Fudamentaron su voto en la queja que les trasladaron de las organizaciones de discapacitados de Córdoba de que no fueron convocadas al debate. Esas organizaciones también dudan de que el Gobierno cumpla lo votado.

La redacción final del dictamen unificado se terminó de cerrar al caer la tarde del miércoles. “Herrera Ahuad hizo un primer acercamiento con el oficialismo y nosotros propusimos más modificaciones que habían quedado afuera y que el colectivo nos venía exigiendo, como la compatibilidad laboral y que no suspendan preventivamente todas las pensiones por el cruce de datos, sino que haya un plazo de respuesta”, explicó la diputada Sabrina Selva, que participó de la escritura de la versión final que se selló junto a las libertarias Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo. “Queda como lo teníamos en la emergencia. Y saldría con dos tercios. Les dimos vuelta el dictamen. Sale con mayoría de dos tercios para evitar cambios o unanimidad”, adelantaron.

El debate

El tratamiento de la nueva ley de discapacidad comenzó cerca de las 20.30. “Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencia permanente”, dijo al abrir el debate el libertario Gerardo Huesen. Así, el oficialismo pasó de negar el problema a apropiarse de una causa ajena, aun cuando el Gobierno de Javier Milei vetó la Emergencia en Discapacidad y judicializó su puesta en marcha. “No podemos dejar de decir que para nosotros no está superada la emergencia”, dijo Selva y explicó que, sin las modificaciones consensuadas, iba a salir un dictamen regresivo en materia de derechos para el colectivo de discapacidad. “Para que se supere la emergencia, primero Milei tiene que cumplir la ley”, completó Juan Marino.

“Independientemente del resultado de esta votación, yo sé que hemos hecho lo correcto. Yo sé que escuchamos a todos, que modificamos lo que teníamos que modificar, que nos acercamos a todos”, dijo la oficialista Giselle Castelnuovo.

El misionero Oscar Herrera Ahuad expuso parte de las modificaciones acordadas con todos los bloques y el libertario Huesen ratificó que “todas serán aceptadas”. El reconocimiento del cambio de posición del oficialismo fue celebrado con un aplauso de todo el hemiciclo. A continuación, el diputado Juan Marino, impulsor de la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, pidió el mismo aplauso para las organizaciones de discapacidad. “Estos cambios son lo contrario de lo que nos mandó Caputo en el Presupuesto 2027. Con esto estamos logrando confrontar con ese presupuesto”, recordó Marino y pidió un compromiso de que “esta Cámara va a eliminar del Presupuesto esos artículos del capítulo VI que van en contra del colectivo de discapacidad”. Tercer aplauso.

Durante su exposición, Marino explicó que es “la posible visita del Papa al Cottolengo Don Orione para visibilizar la necesidad de tener una actitud humana y solidaria para con las personas con discapacidad el porqué discutimos hoy. Entonces, aunque no tenemos el número para prorrogar la Emergencia en Discapacidad, las organizaciones sociales nos pidieron que viniéramos a tratar un dictamen que al menos no plantee regresiones”.

Los cambios

El texto acordado incorpora fondos del Tesoro si las partidas de Salud resultan insuficientes. Además, establece que los recursos por beneficiario no podrán caer en términos reales y mantiene la actualización mensual por inflación de los aranceles de las prestaciones. También obliga al Gobierno a presentar un cronograma de compensaciones a los prestadores en 30 días y completar los pagos en un máximo de 90, además de obligar a garantizar las prestaciones médicas básicas. A pedido del peronismo, se ratifica la Ley de Empleo Protegido, se aclara que las pensiones por invalidez laboral conservarán sus propios requisitos y se exige una notificación fehaciente y un plazo para presentar el descargo antes de suspender una pensión por el cruce de datos. Para acceder a la pensión por discapacidad se considerarán los ingresos individuales, sin computar los del grupo familiar.

Con estas modificaciones, la Cámara aprobó casi por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad. “El Gobierno cambió su dinámica de no negociar nada a darse vuelta en discapacidad y con la Ley de Tierras, todo en la misma sesión”, celebraron en el peronismo. Aun cuando en ese bloque sospechan de las intenciones finales del Gobierno, aprovecharon la “sublevación de Menem y Karina Milei contra Santiago Caputo”. En efecto, el riojano fue en contra incluso de Luis Toto Caputo para llevarse la media sanción. Cabe recordar que el funcionario de Hacienda Carlos Guberman dijo días atrás en la Comisión de Presupuesto: «Nosotros, desde el Ejecutivo, hubiéramos querido otra cosa».

Al ser aprobado con dos tercios, el texto queda con un fuerte respaldo de cara al Senado para blindarlo de cambios y será un mensaje a la Casa Rosada si pretende vetar total o parcialmente el proyecto. “Déjenme creer en la división de poderes”, concluyó Herrera Ahuad.

Morosidad

Luego llegó el turno de la discusión sobre morosidad, pero finalmente el oficialismo logró votar la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar. “No hay ánimos de trasnoche”, habían sintentizado desde Provincias Unidas a este diario tras una larguísima sesión.

Pagina 12

Por falta de apoyos a la Ley Malvinas, el Gobierno suspendió el debate en comisión

LLA no logró comprometer las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores por segunda vez consecutiva. El miércoles pasado ocurrió lo propio y esta vez ni el quórum de los aliados estaba garantizado. La reunión fue pateada para el siguiente martes por “falta de tiempo” argumentaron fuentes libertarias.

Alan Longi

La victoria parlamentaria del oficialismo el jueves pasado encontró un dique rápidamente. Este lunes La Libertad Avanza tuvo que suspender la convocatoria a la comisión que buscaba dictaminar la ley sobre las Islas Malvinas que anunció el Presidente por Cadena Nacional.

LLA no logró comprometer las firmas necesarias para dictaminar en el plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores por segunda vez consecutiva. El miércoles pasado ocurrió lo propio y esta vez ni el quórum de los aliados estaba garantizado. La reunión fue pateada para el siguiente martes por “falta de tiempo” argumentaron fuentes libertarias.

El proyecto redactado en las oficinas de Santiago Caputo y promovido por esa ala del Gobierno multiplicó los cuestionamientos internos por aliados parlamentarios y políticos del gobierno. “Hubo presiones muy desprolijas desde Estados Unidos la semana pasada”, se quejó ante El Destape un legislador. Desde entidades privadas norteamericanas hicieron saber si descontento por los alcances del texto y su impacto en las empresas de EEUU. Los cuestionamientos a la “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” también llegaron desde el Grupo Clarín y de entidades cercanas como la organización empresarial de entidades periodísticas ADEPA. Todos con objeciones a artículos distintos del proyecto. 

EEUU objetó los párrafos que endurecen las sanciones de las empresas que exploten recursos en las islas. La laxitud de la redacción podría complicar los intereses norteamericanos. 

Además encendieron alarmas los artículos que crean el Consejo de Seguridad Nacional le otorgan múltiples superpoderes al Ejecutivo para hacer uso de las Fuerzas Armadas, clasificar a civiles de terroristas y determinar cuáles son las “infraestructuras críticas” que requieren defensa militar.

En ese capítulo el proyecto establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, “por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”. ADEPA advirtió sobre pasajes del texto que pueden ser sujetos a "interpretaciones ambiguas" y producir “efectos inhibitorios” sobre periodistas y medios. El artículo 111 cuenta con el rechazo del radicalismo y del PRO.

El Grupo Clarín transmitió su malestar. “La infraestructura crítica son los fierros, la fibra óptica, el 5g. Pero ¿qué pasa cuando no diferencias la fibra, del prestador y de los contenidos? La discusión que plantean es cómo se respeta la propiedad de red. Si hay una sanción ¿le cerrás al operador? ¿Le cerrás al prestador?”, explica una espada legislativa oficial de diálogo habitual con el multimedios. Como Clarín (a través de Telecom Argentina) utiliza tecnología de Huawei para los servicios de conectividad y redes 5G en el país, una eventual intervención del gobierno a esa infraestructura repercutirá. 

“Clarín acá no miente: el texto no le cierra a ellos, ni a EEUU, ni a los aliados”, confía un legislador. El tema fue la noticia principal en la portada del domingo. El mega asesor les contestó: “Es muy impresionante que el principal diario argentino haga una tapa entera del diario con información sin verificar, incorrecta, inchequeable y cuya publicación solo puede hacer daño sobre un tema que es de extrema importancia y sensibilidad. Casi como si trabajaran para el enemigo”, twitteó.

Tras el éxito alcanzado por Martín Menem y Diego Santilli para bloquear el quórum el jueves, el presidente de la Cámara de Diputados se entusiasmaba con sumar este tema a la mega sesión convocada por el oficialismo para este miércoles. El camino se empantanó. Está vez no todo marcha acorde al plan.

El Destape

Alerta PASO: los riesgos para Milei si se anulan las primarias

El oficialismo evalúa la eliminación o suspensión de las PASO para ordenar el escenario electoral, mientras analistas y dirigentes advierten sobre los riesgos políticos y los cálculos de los gobernadores.

Para la mesa política del gobierno de Javier Milei el objetivo de eliminar o suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo es a la vez una obsesión y un camino en círculos que siempre termina en el mismo lugar: gobernadores que prometen los votos y después juegan a la escondida, dilatando la discusión al punto de que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ya piensa en que el Congreso discuta el tema en diciembre, en sesiones extraordinarias. La obcecación con el tema es, por supuesto, de conveniencia electoral: los hermanos Milei creen que eliminar las PASO los beneficiarán electoralmente porque no le permitirán al peronismo ordenar su oferta para los próximos comicios. Sin embargo, y aunque esa lectura está bastante extendida entre los estrategas y analistas políticos de distintas vertientes ideológicas, hay otras voces que advierten que tal vez eliminar o suspender las PASO sea contraproducente para Milei y su plan reeleccionista.

Privarse del termómetro de las PASO podría ser perjudicial para un Gobierno que, de mantener el plan económico, llegará a la elección en una situación de –por lo menos– incertidumbre. El antecedente inmediato de Mauricio Macri está ahí para dar el ejemplo: una gestión económica que provocó mucho daño fue castigada en las PASO y que, con ese alerta, intentó correcciones de último momento que le permitieron al macrismo recuperar mucho del terreno perdido entre una elección y otra. Y si bien Macri ni siquiera logró entrar al balotaje, sí pudo colar muchos más diputados y senadores de los que hubiera ingresado sin el termómetro de la elección primaria.

Un debate abierto entre especialistas

Para Facundo Cruz, Coordinador General del Observatorio de Opinión Pública de la UBA, la eliminación o suspensión de las PASO podría perjudicar a Milei en dos aspectos. Por un lado, a nivel electoral. "El voto no peronista se unifica detrás de la oferta no peronista más competitiva entre PASO y primera vuelta. Además, entre una elección y otra suele subir el porcentaje de participación electoral y ese aumento se inclina hacia listas no peronistas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires", destaca en diálogo con El Destape. Pero además, para Cruz también a nivel estrategia de alianzas las PASO pueden serle funcionales a Milei. "¿Qué pasa si de repente alguno o alguna que captura votos libertarios quiere presentarse y no tiene el instrumento de las PASO para dar la discusión adentro? Si va por afuera, eso pega en la competencia presidencial pero sobre todo en la legislativa, porque sin PASO se reparten las bancas en la primera elección", subraya.

El estratega de campaña y director de la consultora Alaska, Juan Courel, también observa el ordenamiento del arco oficialista como uno de los beneficios que el Presidente podría obtener de las PASO. "A Milei podría perjudicarlo no tener un incentivo para ser el único candidato por derecha. Sin PASO, sería mejor para algún sector cambiemita ir por afuera. Eventualmente, esa podría ser la diferencia en ganar en primera vuelta o ir a un balotaje" señala, aunque también aclara que no considera que las PASO sean tan determinantes. "Creo que la demanda ordena la oferta", remarca Courel, y agrega: "Hay factores que influyen mucho más (que las primarias). Por ejemplo, si las elecciones bonaerenses son concurrentes o con el mismo sistema que la nacional".

Miradas desde la política

En esa línea, Sebastián Galmarini, politólogo y diputado nacional por el peronismo, referente del Frente Renovador, también pone el foco en la provincia de Buenos Aires. "Si se suspendieran las PASO nacionales, tampoco sería tan dramático. Si Milei no llega a los 40 puntos, hay segunda vuelta. Y, en todo caso, se traslada el nudo a la primaria de la Provincia, que sería previa a la elección nacional", apunta. "Los oficialismos creen que cambiar las reglas de juego los benefician y no es necesariamente así, porque lo que importa es la preferencia de los electores", subraya Galmarini.

Para Gonzalo Taboada, Director de Investigación y Análisis de La Sastrería, la eliminación o suspensión de las PASO no perjudicará en nada a Milei. De hecho, sostiene que, si logra anularlas, el Presidente se beneficiará. "Creo que si no hay PASO el PJ es el principal perjudicado y Milei el principal beneficiario. Porque sin PASO cualquier competencia interna del oficialismo, ya sea Patricia Bullrich o alguien del PRO, se vuelve sumamente cara para quien lo intente porque conlleva una ruptura. Sin PASO tenés que presentarte por afuera. Y si no ganás te mandan a Siberia", detalla. Además, Taboada agrega: "sin PASO, un espacio posible de centro no tiene forma de armarse, y por eso la chance de ganar en primera podría existir, si el peronismo va dividido".

Esta es la lectura que por ahora prima en el Gobierno, que asegura que seguirá intentando hasta último momento evitar la instancia de las primarias. Por estas semanas está por cumplirse un año desde que se puso ese objetivo y aún no lo ha logrado. En este tema, la brecha entre los deseos de los hermanos Milei y los votos que les aportan los gobernadores sigue abierta.

Pagina 12

El juego de los gobernadores

El toma y daca de la Casa Rosada que logró frustrar la sesión en Diputados

Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Neuquén y San Juan ayudaron al gobierno. Las razones económicas.

Paula Marussich

En una jornada sombría para la democracia, el gobierno logró desactivar la sesión opositora convocada para rechazar el DNU 70/2023 y reprimió la quinta Marcha Federal Universitaria. Fue clave la colaboración de los gobernadores aliados para frenar la avanzada parlamentaria que tenía dentro del temario la prórroga de la emergencia en discapacidad y el proyecto para mitigar el sobreendeudamiento que sufren millones de argentinos. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Chubut, Neuquén y San Juan ayudaron al gobierno con la ausencia de sus legisladores. El catamarqueño Jalil, cuyos diputados ocuparon sus bancas, acusó que ya no conduce su propio bloque. Desde temprano la Casa Rosada ejerció presión. Primero anunció inversiones para modernizar el sistema ferroviario de Salta; luego difundió una imagen de Santilli junto al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. Un grupo de infiltrados le dio al Gobierno la excusa para desatar una feroz represión bajo la lluvia y dejó la postal de caos que el oficialismo anticipó el día anterior.

La pantalla del recinto quedó clavada en 121 diputados presentes a las 14.30 cuando se agotó el tiempo reglamentario. Faltaban ocho. Martín Menem dio por “fracasada” la sesión opositora y habilitó las expresiones de minoría. Detrás del cortinado de los palcos, los libertarios filmaron la escena entre risas y celebraron la obturación del debate. Como si se tratara de un perfecto nado sincronizado, minutos después la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió la aplicación de multas al Gobierno tras la judicialización por el incumplimiento del financiamiento universitario. Así respondió el Palacio y la Justicia al reclamo de miles de estudiantes que se movilizaron desde temprano a las inmediaciones del Congreso bajo la lluvia. La aparición de un grupo de encapuchados con herramientas para romper los bancos y las baldosas desencadenó una brutal represión que se extendió durante toda la tarde. Estudiantes, endeudados y personas con discapacidad se llevaron palos, gases y ninguna respuesta.

El guiño de la Justicia al gobierno libertario quedó expuesto el último viernes cuando los jueces de la Corte se reunieron de manera extraordinaria para dar cierre a la ventana de diez días que abrieron con el fallo que ratificó la derogación de la Ley de Tierras y habilitó por ese periodo de tiempo la extranjerización del territorio nacional sin límites. Fue un primer paso para desarticular la sesión. En paralelo, el Martin Menem prometió a los aliados “resolver la cuestión de las tierras” en el cajoneado proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada y llamó a sesionar el 21 de octubre con una parte del temario de los opositores, como la nueva ley de discapacidad y morosidad, más proyectos de aliados del PRO y la UCR para boicotear la ofensiva opositora.

El metro cuadrado

La Casa Rosada presionó a los aliados y comenzó a tejer negociaciones macro en las que se inscriben los acuerdos electorales, el Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y el toma y daca de la política que acostumbra el gobierno libertario en un contexto de asfixia permanente que padecen las provincias. El resultado se vio en el recinto. El tucumano Osvaldo Jaldo dio muestras de disciplina una vez más y forzó el faltazo de sus tres diputados. Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández estuvieron en el Congreso y, si bien manifestaron su intención de dar quórum a la oposición, el llamado de su jefe político neutralizó sus aspiraciones.

El salteño Gustavo Sáenz subió sus acciones el día anterior, cuando manifestó su descontento en el proceso de licitación del Belgrano Cargas. La Casa Rosada anunció temprano que buscará inversiones para modernizar el sistema ferroviario de la provincia. Sus diputados avisaron a sus compañeros de bloque, Argentina Federal, que darían quórum y así lo hicieron Bernardo Biella y Pablo Outes, que se sentaron solo cuando vieron que no tenía costo político hacerlo. Los dos se mostraron atentos a sus celulares y se pararon varias veces de sus bancas conforme se movía el conteo del tablero. De los tres salteños de ese bloque solo faltó Yolanda Vega, en recuperación tras una cirugía.

De ese espacio, Argentina Federal, el formoseño Gerardo Gustavo González, exlibertario hoy cercano al armado de Dante Gebel, “arregló con Menem” su ausencia, según supo este diario. Al puntano Claudio Álvarez “lo bajó Gustavo Sáenz”, en otro guiño a Balcarce 50. El misionero Hugo Passalacqua solo no logró sentar a Daniel Vancsik, amigo de Martín Menem, con quien comparte partidos de golf. Página/12 supo que el escarnio en su provincia, donde la desregulación del Instituto de la Yerba Mate afectó a sus productores, no tardó en llegar.

El jujeño Carlos Sadir, en plena negociación electoral con la Casa Rosada, bajó a sus dos legisladores, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. Esta última había firmado la convocatoria a la sesión. En Provincias Unidas se contabilizaron ocho ausencias. Justo el número que le faltó a la oposición para habilitar la sesión.

Las otras ausencias las aportaron Ignacio Torres (Chubut), que ausentó a Jorge Antonio “Loma” Ávila. El santafesino Maximiliano Pullaro hizo lo suyo con Scaglia y Núñez, que no ayudaron al quórum. El neuquino Rolando Figueroa también aportó una ausencia. En tanto, la radical Karina Banfi y la exlibertaria Lourdes Arrieta engrosaron la lista de ausentes.

El tándem Martín Menem - Diego Santilli se mostró satisfecho. El jefe de Gabinete le trasladó minuto a minuto las novedades a Karina Milei, que viajó a Washington, incluida la explicación de Raúl Jalil, quien habría asegurado que sus diputados se manejaron por cuenta propia.

En Unión por la Patria hubo dos bajas. El bloque le restó importancia a los faltazos del santacruceño Paulo Agustín Tita y la santiagueña Estela Mary Neder, que responde a Gerardo Zamora. A la consulta de este diario, respondieron que son “ausencias esperables en un bloque tan grande”.

El toma y daca

La sesión convocada de urgencia para resguardar el territorio nacional tras el fallo de la Corte del último 29 de septiembre es un parteaguas entre quienes eligieron representar a los millones de personas atravesadas por los problemas que generó el megadecreto desregulador y quienes decidieron suscribir al paquete de promesas que promueve el Gobierno. Por voluntad propia, los gobernadores eligieron quedar atrapados en el toma y daca de la Casa Rosada que les aporta magros resultados.

Los números que difundió el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, muestran la desproporción entre los recursos que perdieron sus provincias por coparticipación y recaudación propia respecto de 2023 y lo que recibieron en Aportes del Tesoro Nacional. A valores de septiembre de 2026, los ATN apenas compensaron el 0,5 por ciento de esa pérdida en Santa Fe, el 4,7 por ciento en Jujuy y el 3,2 por ciento en Salta. Tucumán perdió $607.946 millones y no recibió un solo peso por esa vía. “Milei les paga con tres empanadas y ellos no dan quórum”, resumió Letcher.

Al cierre de esta edición, los diputados no tenían prevista la estrategia de la próxima semana. “Estoy rescatando heridos”, sintetizó una de las principales espadas parlamentarias de la oposición de Unión por la Patria. Eran las siete de la tarde y la represión continuaba con gases y camiones hidrantes bajo la lluvia. “Una vez más, el pueblo argentino demostró estar mucho más a la altura que algunos de sus representantes”, sintetizó la diputada Cecilia Moreau en su cuenta de X.

Pagina 12

Decreto 70/23: la columna vertebral de un plan injusto y cruel

Una por una, las consecuencias del DNU fundacional del gobierno de Javier Milei. El daño provocado a consumidores, trabajadores, inquilinos y otros sectores. Y los beneficios otorgados a empresas, empresarios y a la concentración de la renta y el capital.

El DNU 70/2023 manifestó fuerte y claro que el gobierno que gerencia Javier Milei no solo pretendía ajustar cuentas: venía a reordenar el sistema de poder en favor de la élite que lo incubó. Viciado de origen -fue redactado por abogados externos coordinados por Federico Sturzenegger, un economista que ni siquiera tenía contrato con el Estado como asesor- el decreto de necesidad y urgencia retiró protecciones legales, redujo la intervención del Estado y amplió la libertad de contratación y comercialización en beneficios de los sectores más fuertes de la economía.

¿Quién perdió derechos o capacidad de negociación y quién ganó ventajas que se multiplicaron en más ingresos, más patrimonio y más poder de mercado? Lo que sigue es un resumen de los cambios y consecuencia provocados por un digesto normativo con pretensiones de reforma constitucional.

• Normativa: derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios.
• Perjuicio: el Estado perdió herramientas para intervenir ante desabastecimiento y distorsiones de precios, y desaparecieron las reglas que limitaban la ocupación de góndolas por grandes proveedores.
• Beneficio y concentración: supermercados, fabricantes y cadenas ganaron libertad para fijar condiciones de venta. Las empresas con más escala y poder de negociación refuerzan su ventaja sobre los pequeños productores.
• Consecuencia: el consumidor quedó más expuesto los abusos del mercado.

2. Inquilinos: la estabilidad pasó al propietario

• Normativa: derogación de la Ley de Alquileres.
• Perjuicio: desaparecieron el plazo mínimo legal de tres años, la actualización anual obligatoria y otras condiciones protectoras para los contratos nuevos.
• Beneficio y concentración: los propietarios negocian plazos, aumentos, índices y moneda de pago. Con mucha demanda y pocas viviendas accesibles, la libertad contractual favorece a quien tiene el inmueble frente a quien necesita un techo. Los dueños de varias propiedades pueden ampliar sus ingresos, según precios, ocupación y costos.
• Consecuencia: más incertidumbre contractual y una porción creciente del ingreso familiar destinada a vivienda.

3. Trabajadores: la reforma laboral antes de la ley

• Normativa: capítulo laboral del DNU, afectado después por decisiones judiciales.
• Perjuicio previsto: ampliación del período de prueba, cambios en indemnizaciones y registración laboral, y restricciones a determinadas medidas de acción sindical.
• Beneficio buscado: menos costos de contratación, despido y conflicto para los empleadores, con más margen de decisión frente a trabajadores con poca capacidad individual de negociación. Si ese ahorro no se traduce en salarios más altos, más empleo o precios más bajos, engorda márgenes empresarios.
• Aclaración: el capítulo fue invalidado por la Justicia y varios de sus temas pasaron a formar parte de leyes específicas, como la Ley Bases y la Reforma Laboral. De todos modos, hay normas incluidas en el decreto que desde entonces están vigentes, como la eliminación de multas a la contratación de empleo informal. Consecuencia de eso, la informalidad laboral crece de manera sostenida durante el gobierno de Milei.

4. Salud: prepagas con precios libres

• Normativa: modificación de la Ley de Medicina Prepaga y eliminación de controles sobre las cuotas.
• Perjuicio: aumentos significativos, deterioro de la capacidad de pago y riesgo de perder la cobertura.
• Beneficio y concentración: las empresas ganaron libertad para fijar precios y trasladar costos, y una parte mayor del ingreso familiar fluye hacia ellas.
• Evidencia: en abril de 2024, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia halló indicios preliminares de coordinación de precios entre grandes prepagas. El Gobierno ordenó recalcular las cuotas de un grupo de empresas que reunía cerca del 75% de los afiliados.
• Consecuencia: liberar precios en un mercado concentrado expone a los usuarios y obliga al Estado a intervenir después.

5. Producción nacional y pymes: menos protección

• Normativa: derogación parcial del régimen de Compre Argentino y de promoción industrial, y cambios en el comercio exterior.
• Perjuicio: las pymes perdieron instrumentos que favorecían a proveedores nacionales en ciertas contrataciones y actividades.
• Beneficio y concentración: grandes compradores e importadores ganaron libertad para elegir proveedores. Las compañías con financiamiento, escala y redes internacionales aprovechan la apertura mejor que la pequeña industria.
• Consecuencia: el debilitamiento de los proveedores locales, junto a la apertura importadora, provocó un industricidio de más de 30 mil empresas en la era Milei.

6. Tierras rurales: el límite que detonó la calle

• Normativa: el artículo 154 deroga la Ley de Tierras 26.737.
• Perjuicio: se eliminan los límites específicos a la propiedad extranjera de tierras rurales y una herramienta de control sobre el territorio.
• Beneficio y concentración: los grandes capitales pueden adquirir tierras sin esos topes, con riesgo de acumulación en pocos grupos y más dificultades de acceso para el productor chico.
• Situación actual: La Corte Suprema primero habilitó y diez días después suspendió de forma provisoria los efectos del artículo 154. En esa ventana de oportunidad, inmobiliarias y particulares pusieron en venta miles de hectáreas en todo el país. El miércoles 14, en la jornada previa a la sesión especial y la marcha convocada para reclamar la derogación del DNU, el gobierno giró a contramano de si mismo e incluyó un artículo que ratifica los límites de la Ley de Tierra. La intención: desinflar la marcha en contra. La trampa: quienes pretendan saltear la ley cuentan con dos mecanismo posibles, obtener por 350 mil dólares el Pasaporte de Oro que promociona el gobierno, o antedatar operaciones de compra a las fechas comprendidas por la ventana abierta por la Corte.

• 7. Empresas públicas: negocio llave en mano

  • Normativa: transformación de empresas estatales en sociedades anónimas y eliminación de ciertas prerrogativas públicas.
  • Perjuicio potencial: debilitamiento de instrumentos de gestión con objetivos sociales, territoriales o estratégicos.
  • Beneficio y concentración: activos públicos sensibles y estratégicos, como la provisión de energía y el acceso al agua, pasaron a manos de grandes grupos económicos hiper concentrados, con ganancias garantizadas por subas de tarifas y condonaciones de deuda otorgadas por el Estado disminuido.

  8. Tarjetas de crédito: libertad para la usura

  • Normativa: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y eliminación de ciertos límites y regulaciones.
  • Perjuicio potencial: usuarios más expuestos a tasas, cargos y condiciones contractuales con menos regulación.
  • Beneficio y concentración: las entidades financieras ganaron libertad para fijar condiciones. Los costos financieros pueden operar como una transferencia desde consumidores endeudados hacia bancos y emisoras.
  • Consecuencia: más vulnerabilidad para los hogares que financian consumos cotidianos con crédito, sobre todo si sus ingresos no acompañan el costo de la deuda.

  9. Producciones regionales: asimetrías en la cadena

  • Normativa: derogación o modificación de normas de actividades como la vitivinicultura, la yerba mate y el azúcar.
  • Perjuicio potencial: los pequeños productores perdieron mecanismos específicos de regulación y coordinación sectorial.
  • Beneficio y concentración: los grandes operadores ganaron margen para organizar producción, comercialización y contratación, y las empresas integradas pueden imponer condiciones a quienes dependen de pocos compradores.
  • Consecuencia: riesgo de que se profundicen las asimetrías dentro de las cadenas productivas.

   

  Con las evidencia y la experiencia a la vista, los diputados tendrán este jueves la oportunidad de darle punto final al DNU, que ya cuenta con derogación parcial del senado. Quienes no lo hagan, deberán ser considerado cómplices activos y a conciencia de un plan injusto y cruel.

• El Destape