Milei dispuso el secreto militar para la compra de las FFAA y no informarán qué adquirirán

Se da en plena tensión con el Reino Unido por las islas Malvinas. El texto no detalla qué bienes se adquirirán, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni cuáles serán los plazos de entrega.

El Gobierno declaró secreto militar a las operaciones contractuales vinculadas con una adquisición puntual de material y equipamiento del Ministerio de Defensa. La decisión se da en plena tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas y permite que los organismos contratantes avancen con los trámites de compra sin cumplir las disposiciones de publicidad y difusión de las actuaciones del proceso.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y Carlos Alberto Presti, y publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial. De este modo, el texto no detalla qué bienes se adquirirán, cuánto costarán, quiénes serán los proveedores ni cuáles serán los plazos de entrega.

El alcance de la declaración queda delimitado a las adquisiciones identificadas en un expediente particular (el denominado bajo el código EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD). Por lo tanto, la reserva dispuesta corresponde a esas operaciones específicas y no constituye una declaración general sobre todas las compras de la cartera.

Según los fundamentos del decreto, el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición cuya naturaleza, características y finalidad requieren que su contenido sea conocido únicamente por personas autorizadas. El Ejecutivo sostiene que la divulgación de esa información podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa del país.

La decisión se apoya en el Decreto 9390/1963, que contempla la clasificación como secreto militar de asuntos de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Entre las materias comprendidas figuran las adquisiciones, fabricaciones y construcciones, así como sus negociaciones y trámites.

El decreto se da días después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmara frente al parlamento de su país que el Reino Unido será "implacable" en la defensa de los derechos de los isleños, luego de que el gobierno de Milei endureciera las sanciones contra las empresas extranjeras que operan en el archipiélago.

Cómo funciona el secreto militar

El efecto concreto de la clasificación es la excepción a las obligaciones de publicidad del procedimiento. Los considerandos señalan que, una vez declarada la reserva, los organismos contratantes deberán continuar con los pasos necesarios para adquirir el material, sin difundir las actuaciones alcanzadas por la medida.

La norma también autoriza al Ministerio de Defensa a instrumentar, por medio de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, los actos necesarios para hacer efectiva la decisión. Esa autorización no acredita que las compras ya se hayan concretado: el decreto establece la clasificación y habilita la continuidad de las gestiones correspondientes.

Como marco de la medida, el Gobierno cita las leyes de Defensa Nacional y de reestructuración de las Fuerzas Armadas. En particular, recuerda que corresponde al Ministerio de Defensa evaluar y decidir los requerimientos de equipamiento que contribuyan a las capacidades operativas necesarias para cumplir los objetivos del área.

La publicación no incluye un cronograma de implementación ni establece una fecha específica de entrada en vigencia. Tampoco permite determinar cantidades, características técnicas o destinos del equipamiento. La información difundida se concentra en la reserva de las operaciones y en la autorización administrativa para avanzar con ellas.

El Destape

Un coronel fue designado para reordenar la quinta presidencial

Tereso se hará cargo de Olivos

El coronel Fernando Tereso, actual segundo jefe de la Casa Militar, fue designado por Javier Milei para encabezar la tarea de reorganizar la Quinta de Olivos luego de la fuerte crisis interna que derivó en la desvinculación de todo el personal civil que se desempeñaba en la residencia presidencial.

El apellido del militar en cuestión, combinado con su nuevo rol, desató una catarata de chistes soeces en las redes sociales. Bromas aparte, Tereso es coronel del Ejército y viene de desempeñarse como jefe de prensa de la fuerza. Anteriormente, ocupó el cargo de segundo jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo. Ahora, por decisión de Milei, tendrá a su cargo la reorganización de la Quinta de Olivos, con un esquema que prevé la sustitución progresiva del personal civil remanente por efectivos militares, y en medio de muchas voces que señalan una distancia creciente entre el Presidente y su hermanísima, un equilibrio difícil.

Tereso y el resto de los militares tendrán a su cargo las tareas cotidianas de Olivos: peluquería, jardinería y cocina (y el cuidado de los perros) quedarán bajo responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas.

El cambio se produce tras la salida de Analía Agudiez, hermana de Belén Agudiez, quien estaba a cargo del área gastronómica de la residencia presidencial. Detrás de la compra que desató el escándalo, se desnudó una trama de supuesta corrupción protagonizada por Agudiez y su cuñado, Javier Sosa, el expulsado intendente de la Quinta. Agudiez ya había quedado rodeada de sospechas cuando la diputada Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, a quien la legisladora catalogó como “socio” de la exfuncionaria. Además, sugirió que se usaba la estructura y los insumos de la cocina de la residencia presidencial para abastecer a su catering privado, “Pancitos Caseros”.

Pagina 12

Ordenan auditorías en las tres Fuerzas tras el fraude en la Armada

Fuego cruzado en los cuarteles: desfalco millonario y salarios por el piso

El ministro Presti dispuso controlar pagos salariales luego de detectar un desvío de más de un millón de dólares. Crece el enojo por los sueldos de miseria.

Raul Kollmann

La paranoia en las Fuerzas Armadas es total. El Ministerio de Defensa ordenó, sin hacerlo público, que se auditen los pagos de sueldos en las tres fuerzas, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, después de que se descubrió un desfalco de más de un millón de dólares en los haberes de la Armada. La sospecha está puesta en los contadores que tramitan los pagos. Las estafas, en el caso de la Armada, se produjeron en el mismo edificio, el Libertad, donde están los más altos mandos y derivaron, muy tardíamente, en el apartamiento de 9 oficiales, además de la imputación de la Justicia penal a 23 “beneficiarios” de la estafa. Pero, al mismo tiempo, la orden de Defensa respecto a todas las fuerzas se mira con desconfianza porque el ministro Carlos Presti, general en actividad, es visto como la cara del ajuste dispuesto por Javier Milei, incluyendo los sueldos más bajos de la historia de los uniformados. En la semana que pasó, un piloto de F-16 presentó la baja y no se va a un puesto de máximo prestigio: eligió ser piloto de una empresa de fumigación. En la Armada, un capitán también pidió la baja y ahora está a cargo de un barco de pesca, con sueldo 5 veces más alto. La tensión con Presti y Milei va creciendo día a día.

Dos días complicados

Entre jueves y viernes sólo hubo malas noticias para los marinos. Pero también para las otras fuerzas. El jueves, se produjo el tardío, muy tardío, apartamiento de 9 oficiales, involucrados en la estafa con sueldos y adicionales. La investigación empezó en febrero y recién en septiembre se produce el pase a disponibilidad del capitán de navío Ariel Atanassof, cuya esposa -que no revista en la Armada- recibió transferencias por más de 100.000 dólares. Tardaron 7 meses en apartarlo.

Los otros marginados de la fuerza son contadores del Departamento de Revista, el que liquida los sueldos, o efectivos que recibieron dinero de forma irregular. Además de la esposa de Atanassof, hay otras tres personas, dos mujeres y un hombre, que cobraron sueldos sin tener ninguna relación con la Marina. Todo se hizo en el mismo edificio de la jefatura, el Libertad.

El viernes, el fiscal Ramiro González imputó a un total de 23 personas, que fueron todos los que cobraron de manera irregular. Nada menos que 645 acreditaciones indebidas. El escándalo, entonces, ya tiene impacto en lo penal. Habrá que ver si trepa hacia otros jefes.

En ese mismo viernes, según le contaron varias fuentes a Página/12, el Ministerio de Defensa ordenó que se hagan auditorías en el Ejército y la Fuerza Aérea porque el sistema de liquidaciones de sueldos es el mismo. O sea, la maniobra de enviar órdenes de pago al Banco Nación, distintas a las liquidaciones que constan en la fuerza, son absolutamente posibles, no sólo en la Armada.

Desconfianza y ajuste

La medida adoptada por el ministro Presti, como casi cualquier resolución que tome, cae mal entre los jefes de las fuerzas, porque el general es la cara del ajuste entre los uniformados. Por lo bajo lo tratan de traidor.

Los ejemplos son numerosos:

*En el nuevo presupuesto, la construcción de la base estratégica en Ushuaia figura en el presupuesto de la Armada. Pero los fondos destinados a esa fuerza prácticamente no aumentaron, de manera que, de hecho, le hacen pagar a la Armada lo que se construya de la base.

*Se les prometió un nuevo submarino, tras la pérdida del ARA San Juan. No hay nada en el nuevo presupuesto. Dan a entender que se comprará a crédito, pero nadie sabe. Lo cierto es que el rayo malvinizador no aparece en el presupuesto.

*Por orden de Javier Milei se dispuso una fuerte reducción y, en el futuro, el cierre de la base de Punta Indio. Sólo hay 4 bases que tienen pistas de aterrizaje: Punta Indio, Espora, Trelew y Río Gallegos. Sucede que había que arreglar la pista, algo que cuesta unos 8 millones de dólares. Federico Sturzenegger y Luis Caputo dijeron que no.

*La obra social está en una crisis absoluta después de la gestión de Luis Petri, que la llenó de mendocinos. Debe 200.000 millones de pesos y no se van a pagar.

Y los sueldos…

Pero lo más grave -siempre según los uniformados- son los bajos salarios, al punto que buena parte de los oficiales y suboficiales trabajan de otra cosa. Y no faltan los que pegan el portazo.

En la semana que termina, pidió la baja un piloto de los nuevos F-16. Ya venía con un problema: el presupuesto sólo alcanza para volar una hora al mes. Ocurre que cada hora de vuelo cuesta 10.000 dólares, no sólo por el costo del combustible, sino para la amortización de piezas que deben ser cambiadas después por protocolo. Lo serio es que el piloto se fue a trabajar para una empresa de fumigación. De un sueldo de 1.500.000 pesos que cobraba, pasó a un sueldo de 5 millones.

Algo similar sucedió con un capitán que pidió el retiro para pasar a un buque de pesca. Lo que se cobra es sideral, porque depende de lo que se captura, pero puede rondar los 30 millones de pesos en un mes. No todos los meses. Pero con que redondee dos meses ya supera largamente lo que cobra en la actualidad.

Y la marina mercante, también

La otra ofensiva del Gobierno de Milei, personificada en Federico Sturzenegger, es por abrir las puertas a empresas extranjeras para el transporte de cabotaje. No lo permite casi ningún país, en primer lugar, por razones de seguridad, ya que una empresa extranjera se puede ir y deja sin abastecimiento a una parte del país. En segundo lugar, por una cuestión de respaldo a lo militar: la marina mercante es imprescindible en una situación de conflicto porque es la que abastece a los barcos de guerra. Estados Unidos, por ejemplo, no permite que transiten el Misisipi barcos que no hayan sido construidos en Estados Unidos y que no tengan marinos norteamericanos. En el conflicto de 1982, la marina mercante aportó 10 navíos.

Lo curioso es que la iniciativa quedó congelada, por ahora. Es que la Liga Naval dejó en claro que los primeros que van a venir serán las navieras chinas, por lo cual el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, puso el grito en el cielo.

Una especie de infiltrado

Entre los uniformados hay una especie de humorada: “se pensaba que habría un militar en el gabinete y resulta que tenemos a uno del gabinete de Milei metido en los cuarteles”. Ese es el ambiente actual, más que de desconfianza, de bronca.

El rumor es que Presti quiere arrasar con los mandos que lo cuestionan. Ordenó hacer una auditoría general porque supone que el desfalco con sueldos y adicionales es mucho mayor de lo que se dice. En rigor, entre los de uniforme mencionan que lo descubierto hasta ahora “es apenas el 10 por ciento de lo que se transfirió irregularmente”.

Pagina 12

Los secretos de un desfalco de más de $1.000 millones que sacude a la Armada

A Presti se le escapó una flotilla de ladrones

El capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof fue denunciado por la propia fuerza por haberle liquidado adicionales indebidos a 23 personas, incluida su esposa, que se quedó con 100.000 dólares. El escándalo salpica al ministro.

Raul Kollmman

Un verdadero escándalo se disparó en la Armada Argentina a raíz de un desfalco en la liquidación de haberes. El responsable del área, capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanassof, fue acusado por el arma de haberle liquidado adicionales indebidos a 23 personas, entre ellas 4 personas que ni siquiera tenían relación con la Armada. La principal beneficiaria fue la esposa de Atanassof, María del Carmen Prieto, a quien le transfirieron en forma fraudulenta más de 100 mil dólares. El total del desfalco supera los 1.000 millones de pesos, pero habrá que ver cuál es la suma final cuando termine la investigación. Uno de los hechos más graves es que todo fue descubierto por una contadora de rango más bajo, lo que significa que fracasó el organismo de contralor, la Auditoría de la Armada: sucede que los desfalcos empezaron en 2022. El segundo conflicto se desató porque el ministro de Defensa, Carlos Presti, se enteró del escándalo minutos antes de que se hiciera la denuncia penal, algo que desnuda la mala relación que ya venía existiendo entre la Armada y el titular de la cartera de Defensa.

La denuncia penal

La denuncia penal fue presentada por Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada Argentina. En el texto de 8 páginas, Castro Maggio consigna que hubo 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas. Se percibieron dos tipos de maniobras:

*El pago de adicionales que ni siquiera estaban en las liquidaciones oficiales.

*El pago de honorarios a 4 personas que directamente no tenían vinculaciones con la Armada.

El método era que se fraguaban las órdenes de pago que recibía el Banco Nación y que no eran iguales a las liquidaciones que constaban en la Armada. Después, una vez que los beneficiarios truchos cobraron, se cambiaban las órdenes de pago que constaban en la Armada, de manera que no quedaran rastros del desfalco.

Confesiones y arrepentimientos

Las inconsistencias fueron descubiertas por una oficial de la Armada, una teniente de navío, contadora pública, pero no formada en la fuerza. De entrada, le dieron la investigación al propio Atanassof, que era el jefe del Departamento de Revista, que es el área encargada de hacer las liquidaciones. Pero cuando apareció como beneficiaria irregular la esposa, con las transferencias más altas y sin puesto alguno en la Armada, apartaron preventivamente del cargo a Atanassof y pasó de investigador a investigado. Enseguida, el oficial terminó confesando y haciéndose cargo. Reconoció que él hacía las transferencias de manera manual y después las corregía él mismo en los registros dentro de la fuerza, para que no quedaran pistas en los registros oficiales. Incluso admitió los pagos a otras tres personas, además de su esposa, que no tenían vinculación con el arma.

A su esposa, María del Carmen Prieto, se le transfirieron irregularmente 152 millones de pesos. Tomando en cuenta el cambio al momento de cada una de las transferencias, se trata de mucho más de 100.000 dólares.

A Damián Andrés Santana se le depositaron 99 millones de pesos, a Analía Cristina Díaz, 91 millones y a Natalia Yahia, 90 millones. Son, en total, cuatro personas sin ninguna relación con la Armada, que -según la denuncia- se quedaron con el 40 por ciento del desfalco.

Todo indica que el sistema de corrupción incluía estas transferencias y otros 600 millones irregulares a 19 integrantes más de la Marina, con la sospecha obvia de que parte se la quedaba el beneficiario trucho y parte se la “devolvían” a Atanassof o a algún otro jefe que formaba parte de la maniobra. Es muy posible que los cabecillas se hayan quedado con cerca de un millón de dólares.

La investigación empezó en febrero. Se ve que enseguida trascendió a otros efectivos y 7 de los beneficiarios irregulares transfirieron el dinero mal habido a la Armada. En total, devolvieron 42 millones de pesos.

El total del desfalco denunciado a la justicia fue de 938 millones de pesos, pero dentro de la propia fuerza hay enormes dudas. En el escrito firmado ante la justicia se admite que todavía hay una investigación en curso, ya que la maniobra se empezó a hacer en julio de 2022 y se verificaron los pagos hasta enero de 2026.

Sin respuestas

Que toda la maniobra haya sido descubierta por una contadora que ni siquiera venía de hacer carrera en la Armada produjo un impacto demoledor en la fuerza. Más todavía porque los desfalcos empezaron hace 4 años, en 2022. Significa que la Auditoría, que justamente está para verificar los movimientos económicos de la Marina, fracasó de manera rotunda. Todo el sistema quedó cuestionado.

En el escrito presentado a la justicia se dejan, además, varias ventanas abiertas. Por ejemplo, si las estafas empezaron antes de 2022 y si hay muchas más transferencias indebidas. Existen evaluaciones extraoficiales que mencionan que el desfalco no baja de los 2.000 millones de pesos e incluso se habla de cifras mayores.

Tensiones

En el mundo militar, la lógica indica que la Armada debió dar cuenta del escándalo al ministro de área, Carlos Presti, y que es la cartera de Defensa la que comunica lo ocurrido, además de describir la investigación. En este momento, más todavía, porque el ministro es un militar, algo parecido a un camarada. Fuentes cercanas a la Armada contaron a este diario que, en cambio, el titular de la Marina, almirante Juan Carlos Romay, le informó a Presti pocos minutos antes de que se presentara la denuncia penal.

El episodio refleja las tensiones que, según afirman muchos observadores militares, vienen de antes de que Presti fuera designado al frente de Defensa. Pero en la propia gestión hay contrapuntos. El primero y más importante es el de los sueldos. Como se sabe, están muy atrasados, al punto que se traducen en numerosas deserciones. Los suboficiales no pueden vivir con los ingresos mensuales de la actualidad y dedican parte de su tiempo a otros trabajos. Como ministro, Presti es el representante del Poder Ejecutivo en todas las cuestiones, lo que incluye, por supuesto, los sueldos.

Los contrapuntos no terminan ahí. Los marinos sostienen que se está deteriorando la infraestructura de la Armada como efecto de la motosierra. Ya se sabe que se irá desmantelando la base aeronaval de Punta Indio, reduciendo a la mitad el personal en esa unidad. Antes del rayo malvinizador de las últimas dos semanas, el gobierno de Javier Milei había puesto en venta lo que estaba programado como un terreno que iba a ser parte de la base integrada de Ushuaia. Tras las palabras de Donald Trump, sugiriendo que tal vez reevaluaba la postura norteamericana respecto de Malvinas, se dio marcha atrás en el remate de esa enorme parcela, ubicada en un lugar clave. Pero, además, de reojo se mira a Presti como un alfil en uno de los planes que los marinos ven de máxima gravedad: la idea de Federico Sturzenegger de unificar la Armada con la Prefectura y reducir ambos a la mitad. O a menos de la mitad. De contragolpe, la versión es que Presti está pidiendo el relevo de toda la cúpula de la Armada. Como se ve, los pronósticos son de tormentas crecientes.

Pagina 12

 

ATE lanzó un paro en las Fuerzas Armadas y marchará al Ministerio de Defensa

El gremio estatal convoca a un paro total y movilización en rechazo a los bajos salarios y al intento de cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este jueves 27 de agosto un paro total de actividades en las Fuerzas Armadas, acompañado por una movilización al Ministerio de Defensa, en Azopardo 250, a partir de las 11. La medida busca visibilizar el deterioro salarial y laboral que atraviesa el personal civil del sector.

El anuncio fue confirmado por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo: “El 99% de los trabajadores de las Fuerzas Armadas son pobres y se encuentran endeudados. La situación no da para más. Por eso, tomamos esta medida extrema”.

Aguiar explicó que las familias de los trabajadores “entraron todas en crisis”, ya que los ingresos mensuales resultan insuficientes para cubrir alimentos, alquileres, servicios y compromisos financieros. “Sus salarios no alcanzan ni para lo básico”, enfatizó.

Cierre de la base aeronaval de Punta Indio 

El gremio también alertó sobre el intento de cierre de la Base Aeronaval de Punta Indio, que afectaría a más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares. Según ATE, la medida “arrasaría con el entramado económico y social de Punta Indio y Verónica, impactando en la vida de más de 14.000 personas”.

“El Gobierno tiene que saber que sin trabajadores y docentes civiles no hay defensa ni seguridad y se pone en riesgo nuestra soberanía nacional”, advirtió Aguiar, en un mensaje dirigido a las autoridades.

El sindicato reclama la reapertura inmediata de las paritarias para discutir salarios y condiciones laborales. “Se debe atacar la precarización extrema y el vaciamiento de la obra social”, señaló el dirigente, en referencia a la ex IOSFA, actualmente OSFA.

Los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas perciben sueldos por debajo de las líneas de pobreza e indigencia, sin reconocimiento acorde a la antigüedad, capacitación y responsabilidad. El salario básico del personal civil, determinado por nivel y grado de antigüedad según la Unidad Retributiva (Decreto N° 2539/15), alcanzaba en julio de 2026 los $402.396, cifra considerada insuficiente frente al costo de vida.

ATE denunció que la pérdida sostenida del poder adquisitivo obliga a las familias a endeudarse para cubrir necesidades básicas, lo que repercute en la salud mental del sector. “Se registra un aumento de licencias psiquiátricas por depresión, angustia y agotamiento”, detallaron.

La crisis también impacta en los hospitales de las Fuerzas Armadas y en la planta docente civil, donde las vacantes no logran cubrirse por falta de salarios competitivos. Esto afecta tanto la atención sanitaria como la formación académica en las instituciones, apuntaron en un comunicado.

El gremio subrayó que el desfinanciamiento de OSFA repercute directamente en las prestaciones de trabajadores civiles, personal militar y sus familias. La deuda denunciada supera los $223.000 millones, y se reclama una investigación urgente.

“Estamos frente a un vaciamiento planificado que busca desmantelar la defensa nacional”, acusó Aguiar, quien insistió en que la movilización será “masiva y contundente”. Eñ este marco, ATE advirtió que la medida de fuerza es “apenas el inicio de un plan de lucha” que podría extenderse si el Gobierno no atiende las demandas.

El Destape

Milei amplió el secreto militar sobre la salida de armamento de la Fuerza Aérea

La medida incluye partes de aeronaves, motores, repuestos y armamento destinados a mantenimiento y actualización.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la restricción del acceso a la información pública al declarar bajo la condición de "secreto militar" toda exportación de material relacionado con el sistema de armas de los aviones caza F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea Argentina (FFA), así como también los contratos adicionales firmados para incorporar equipos y capacidades complementarias.

La firma de la medida, que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y del teniente general Carlos Alberto Presti, actual titular de la cartera de Defensa, consolida un esquema de discrecionalidad en la gestión de los recursos militares del país. La restricción impuesta por la Casa Rosada no es menor, ya que alcanza a "partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento".

Oficialmente, la gestión libertaria justifica este cerco informativo bajo el argumento de que se trata de "material sensible" cuyo resguardo de información debe primar de manera estricta. Según los considerandos de la norma, estas exportaciones temporales se realizarán con el objetivo de llevar a cabo tareas de "mantenimiento y actualización" en el exterior. Sin embargo, la declaración de confidencialidad exime formalmente a las autoridades de cualquier control civil ordinario sobre los movimientos logísticos y de defensa.

La consolidación de un sistema sin control democrático

Esta nueva disposición no constituye un hecho aislado, sino que representa el cuarto eslabón de una sistemática política de ocultamiento iniciada en el año 2024. El camino de la opacidad comenzó en abril de ese año con el Decreto 370/2024, que amparó bajo el secreto militar la adquisición original de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca.

Posteriormente, en septiembre de 2024, el Decreto 807/2024 extendió el blindaje a la contratación y construcción de las obras de infraestructura de las bases aéreas en la VI Brigada Aérea Tandil (Buenos Aires) y en el Área Material Río Cuarto (Córdoba), además de la importación de materiales. Finalmente, en diciembre del mismo año, el Decreto 1073/2024 clasificó como secretos los contratos complementarios firmados con el gobierno y la Armada de los Estados Unidos bajo el programa Foreign Military Sales.

Paralelamente, bajo la premisa de garantizar la actualización técnica de la flota, la administración libertaria mantiene vigente un programa de modernización denominado "M6.6 OFP and System Modification", gestionado bajo contrato con la corporación estadounidense Lockheed Martin y rubricado originalmente en abril de 2025. A pesar de la envergadura de este soporte corporativo y militar extranjero, el Gobierno optó por blindar jurídicamente la salida del equipamiento de las fronteras argentinas.

La medida se implementa en un momento en que los cazabombarderos ya se encuentran activos en el territorio nacional. Las actividades de vuelo en el Área Material Río Cuarto se iniciaron formalmente el pasado 30 de marzo de 2026. 

El Destape

Prohíben que los militares se quejen en redes por sus bajos sueldos

La orden especial a la que accedió El Destape revela la preocupación de los jefes militares por las quejas sobre los salarios y las condiciones laborales de los uniformados. La mayoría de los militares cobra por debajo de la línea de pobreza y los sueldos perdieron 63% con respecto a la inflación. 

Ari Lijalad

Una orden especial prohibió a todo el personal del Ejército, tanto militares como civiles, “publicar en redes sociales o plataformas planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas vinculadas a asuntos de la institución”. La medida apunta directo a censurar las quejas sobre dos temas que afectan particularmente a las Fuerzas Armadas: los bajos salarios y la atención de su obra social.

El Destape accedió a la orden especial firmada por el general de brigada Roberto Martín Baroni, que es el Secretario General del Ejército. La distribuyó el 24 de junio pasado entre el “público militar”. La medida revela el descontento que reina entre los uniformados, algo que se arrastraba desde la gestión del ministro de Defensa Luis Petri y continúa con el actual Carlos Presti, supuestamente uno de los suyos. 

El presidente Javier Milei les había prometido otra cosa. Varias veces repitió que “los mismos que se llenaban la boca hablando de soberanía se dedicaron a desprestigiar y diferenciar a nuestras fuerzas”, que “en las últimas décadas el kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”, que “contarán con un gobierno que los acompañará y hará todo lo que esté a su alcance para jerarquizar las tres fuerzas”.

Lo cierto es que finalmente en abril de este año el mismo Milei admitió: “Somos conscientes de que hay una deuda en lo salarial con las fuerzas”. Pero no lo mejoró. Al revés. Tal como publicó Gabriel Sued en El Destape, pulverizó el gasto en Defensa y el éxodo de militares ya es récord. “El gasto militar en la Argentina atraviesa su piso histórico, el Gobierno desactivó un programa permanente de reequipamiento de las fuerzas y los uniformados cobran salarios de miseria, lo que hizo que más de 19.000 militares dejaran sus puestos en los últimos dos años”, detalló Sued.

Con ese panorama, ahora les prohíben quejarse.

“Conducta individual del personal del Ejército Argentino en Redes Sociales”, dice la orden especial que emana del Estado Mayor del Ejército, hoy encabezado por el teniente general Oscar Santiago Zarich.

El punto 5 de la orden especial detalla las “Conductas Prohibidas”. Algunas son obvias: no exponer “instalaciones militares, dispositivos de seguridad, armamento, depósitos, sistemas, rutinas operativas, gráficos y otros elementos que puedan comprometer la seguridad física de los cuarteles o vulnerar medidas de seguridad de contra inteligencia”; tampoco “difundir información reservada, clasificada o de circulación restringida”; y menos “efectuar manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario”.

Pero luego hay 2 puntos que exceden lo militar. Prohíben:

1. “Publicar contenidos o imágenes que reflejen conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, particularmente cuando el autor pueda ser identificado como integrante de la Fuerza”.
2. “Publicar en redes sociales o plataformas planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas vinculadas a asuntos de la institución. Toda inquietud deberá canalizarse exclusivamente por las vías reglamentarias establecidas”.

La orden indica una serie de “criterios previos a toda publicación” en forma de preguntas. “¿Podría este contenido difundirse fuera de contexto o viralizarse de manera no deseada?” es una; “¿Resultaría inconveniente si fuera reproducido por medios de comunicación masiva?” es otra.

Si se junta lo prohibido y los criterios de censura la orden es clara: no quieren que se sepa de los malos salarios de las Fuerzas Armadas.

Los datos de los salarios del personal militar son aún peores que los de los demás empleados públicos. Desde que asumió Milei están 63% abajo de la inflación.

Un informe de la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista (PJ), encabezada por el dos veces ex ministro del área Agustín Rossi, plantea que este deterioro de los salarios de los militares genera riesgos institucionales: “Por un lado, el impacto negativo en la profesionalización del personal militar y por el otro, las dificultades para retener al personal capacitado”.

“El deterioro salarial tiene impacto homogéneo sobre toda la estructura militar. ninguna jerarquía logró preservar su nivel de ingresos reales frente al aumento del costo de vida” destaca el informe del PJ del área que también integran Nilda Garré, Joaquín Labarta Liprandi, Guillermo Carmona y Sergio Eissa. Y agrega un dato aún más preocupante: que 12 de los 19 grados militares tiene salarios por debajo de la línea de pobreza. Un capitán del Ejército cobra cerca de un millón doscientos mil pesos; un teniente apenas arriba del millón; un subteniente y un sargento ya abajo del millón; un cabo roza los 900.000 pesos y los voluntarios arañan los 700.000 promedio.

El ejemplo de este deterioro lo resumió Nicolás Lantos: "En el Gobierno de Javier Milei gana más un chofer de Uber que un piloto de F16". El día que Milei presentó esos aviones criticó a los que "desfinanciaron a nuestras fuerzas armadas". El gasto militar de Milei es el más bajo en términos históricos y los salarios no cubren la línea de pobreza. 

La finalidad esgrimida en la orden que les prohíbe quejarse de esto es “orientar a todo el personal del Ejército Argentino sobre el uso responsable de las redes sociales en el ámbito persona, estableciendo los principios, límites y responsabilidades que rigen, como militar, su conducta en el entorno digital”.

La orden dice que “cualquier publicación que no se haya hecho con el debido cuidado puede afectar de distintas formas a la institución” y que “todo el personal deberá adecuar su conducta en redes sociales”. Incluye a redes como Instagram, Tik Tok, X y Facebook pero también las apps de mensajería como Whatsapp y Telegram. También dice que “cualquier publicación puede difundirse fuera de contexto, viralizarse o ser reproducida por medios de comunicación”, que el alcance de las redes es “potencialmente ilimitado”, que un comentario en redes sociales “equivale a un comentario expresado en persona o dentro del ámbito del cuartel” e incluso afirma que “colocar un like/me gusta equivale a conformidad o acuerdo con lo que se muestra o comunica”.

“La seguridad institucional prevalecerá por sobre el interés individual de publicar contenidos” dice uno de los puntos de la orden. Pero no distingue entre dar información clasificada o de contenido interno militar a quejarse de los bajos sueldos a los que el gobierno los somete.

El Destape

Suba de hasta 25% para altos rangos

El Gobierno intenta frenar el enojo en las Fuerzas Armadas con aumentos selectivos

Se aplicará un “adicional remunerativo” solo para aquellos que tengan un título terciario o universitario, por lo que el plus salarial recaerá sobre suboficiales, oficiales y personal de rango.

En un magro intento de paliar la crisis salarial que atraviesan las Fuerzas Armadas, el gobierno nacional anunció la creación de un adicional remunerativo a través del cual otorgará un plus económico, pero solo al personal militar que tenga un título terciario o universitario.

La medida dice que “alcanzará a todo el personal militar”, pero no es así. Por ejemplo, no llegará a la enorme mayoría de los integrantes de las fuerzas que cumplen el requisito de estudios secundarios completos y que perciben haberes mensuales en un 30 por ciento por debajo del que cobran policías, gendarmes y demás integrantes de las fuerzas de seguridad.

Básicamente, el beneficio será para suboficiales, oficiales o personal de rango en cuya formación pudieron cursar estudios y obtener tecnicaturas, títulos de grado, posgrados, maestrías o doctorados. Es decir, la enorme minoría de la fuerza.

A través de un comunicado que intenta ensalzar el valor cuartelero y que reza que “reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer toda la Fuerza”, el Gobierno dispuso que el plus salarial se calculará sobre el haber mensual de acuerdo al grado que se haya alcanzado y de la siguiente manera:

• 10 por ciento para tecnicaturas o títulos equivalentes.
• 15 por ciento para títulos de grado.
• 25 por ciento para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

La medida fue oficializada a través del decreto de necesidad y urgencia 473/2026 y es apenas una respuesta parcial a una larga demanda general que desde hace meses llueve sobre la Casa Rosada desde distintas dependencias militares y que ni el ministro Carlos Presti puede detener.

El comunicado del Ministerio de Defensa resalta que el supuesto beneficio alcanzará “a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica”. Es decir, raramente a los soldados rasos salvo que hayan elegido cursar una carrera paralela a la carrera militar.

Tal como lo informó Página/12, la crisis en las Fuerzas Armadas es alarmante. Un soldado cobra cerca de 700 mil pesos, un cabo 800 mil y los oficiales de menor graduación que pasaron por el Colegio Militar, algo más de un millón de pesos. Las cifras están 30 por ciento por debajo de lo que se cobra en las fuerzas de seguridad.

Buena parte de ellos tiene trabajos paralelos con los que buscan llegar a un ingreso mínimo que cubra la canasta básica alimentaria, como ser choferes de aplicaciones o personal de seguridad contratado para eventos, entre algunas labores.

La situación en los cuarteles es de tal magnitud que el gobierno tomó la insólita medida de acortar el horario de labor de soldados, suboficiales y oficiales de tal modo que no tengan que almorzar en las unidades y así ahorrar gastos en comida y uso de energía eléctrica y de gas.

El plus salarial por logro académico establecido por el DNU firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mejora la situación de aquellos que pudieron estudiar y que calzan charreteras más lustrosas.

El texto de la cartera de Defensa no lo interpreta así. Indica que el suplemento por título “corrige una asimetría histórica”, ya que existía en otros ámbitos de la administración pública pero no se aplicaba en la castrense, y resalta que el nuevo beneficio “reconoce el esfuerzo de quienes se forman, se perfeccionan y agregan valor a la defensa nacional”.

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