La empresa es superavitaria

Sigue el desguace de Arsat: "No tenemos claro qué quiere hacer el Gobierno"

El secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) Buenos Aires, Claudio Marín, afirmó por la 750 que el principal conflicto está en el brutal ajuste sobre los salarios de los trabajadores, que no recibieron aumentos y perdieron un 54 por ciento de poder adquisitivo.

El secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) Buenos Aires, Claudio Marín, advirtió por la 750 la delicada situación que se vive en Arsat, la empresa pública de telecomunicaciones que está siendo asediada desde diciembre pasado por la motosierra de Javier Milei.

“Estamos asistiendo al desmantelamiento de una compañía que es motivo de orgullo por su adelanto tecnológico, su potencial en la inclusión y su aporte a la disminución de la brecha digital”, se lamentó el sindicalista durante una entrevista con Víctor Hugo Morales.

Según denunció Marín, el desmantelamiento comenzó con la negativa a pagar el aumento a los trabajadores, un reclamo que incluso llegó hasta la la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desde donde le dieron la razón al gremio y le pidieron a la gestión libertaria una serie de respuestas.

“Hasta ahora, no sabemos si el Gobierno ha respondido a la OIT, pero la Organización tomó el reclamo como válido y muy fundamentado”, afirmó Marín a la par que sostuvo que, por la falta de aumentos, los trabajadores perdieron un 54 por ciento del poder de compra.

Pero además, remarcó que en medio de un flujo constante de renuncias y pérdida constante de talentos en la empresa por la falta de pagos, que el ajuste se lleva adelante en una compañía que le representa ingresos al Estado.

“Arsat genera ganancias, 30 millones de dólares netos. Y podría generar diez veces más si existiera una estrategia de desarrollo adecuada. Sus activos son satélites, un data center y una red de fibra óptica que cruza todo el país”, afirmó.

Por eso, dijo que no entienden el motivo del ajuste: “No tenemos claro qué quiere hacer el Gobierno. Se menciona a Elon Musk y los satélites pequeños, lo cual está bien, pero nadie dice que quiere comprar Arsat”.

“La verdad es que lo más barato es Arsat, y el Gobierno ni siquiera lo paga. Actualmente, el Gobierno le debe a la empresa más de 200 mil millones de pesos por servicios prestados a escuelas rurales, una cifra real y no pagada. Aun así, Arsat sigue siendo rentable”, sostuvo.

Y respondió: “Lo que intentan hacer es hundir un corcho: hacen todo lo posible para demostrar que esto no funciona, y luego, si no se invierte, se convierte en una profecía autocumplida. El problema es que nos están ahogando al negarnos los aumentos. Nosotros vamos a seguir movilizándonos, participando y llevando a cabo los paros necesarios, entendiendo que nuestro reclamo es válido”. 

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 Vía libre para aumentos

El Gobierno eliminó todas las regulaciones para las tarifas de telecomunicaciones

La medida, publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto normas emitidas entre 2020 y 2023 que establecían controles de precios para servicios de internet, telefonía móvil y televisión por suscripción.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció este jueves la derogación de una serie de resoluciones que regulaban los precios de los servicios de telecomunicaciones, en línea con un reciente decreto presidencial que permite al sector ejecutar aumentos con total libertad.

• El Gobierno desreguló las tarifas de internet, cable y celulares

La medida, formalizada mediante la Resolución 13/2024 del Boletín Oficial, deja sin efecto múltiples normativas emitidas entre 2020 y 2023, que establecían controles de precios para servicios de internet, telefonía móvil y televisión por suscripción. Hasta ahora, el tope permitido para los aumentos era de entre el 5% y 10% mensual.

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Ese último había declarado a los servicios TIC como "servicios públicos esenciales y estratégicos", otorgando al Enacom la facultad de regular sus tarifas.

Con la nueva disposición, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para "salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia".

En sus considerandos, se argumenta que la desregulación de las tarifas del sector obedece a la necesidad de que las compañías puedan "cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación" y se explica que para ello "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables".

La resolución, firmada por la intervención del Enacom, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. De esta manera, se espera que la liberación de los controles de precios impacte en las boletas del mes de julio.

Milei lo hizo: desregulaciones y despidos en el Enacom

Mientras la desigualdad social aumenta a valores alarmantes en medio de la recesión, la última resolución del Enacom abre las puertas a nuevos aumentos en los servicios de la telefonía móvil, internet y televisión por suscripción que golpearán a los usuarios.

Esta decisión forma parte del proyecto ultraliberal del gobierno de Javier Milei, quien desde comienzos de este año, ejecutó el cierre de numerosas delegaciones regionales del Enacom, organismo encargado de resguardar el derecho ciudadano a la comunicación, dejando en la calle a más de 300 personas, y a la población sin el acceso a información comunicacional u operativa de la utilización del espectro, ni protección contra probables aumentos desmedidos.

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¿Se vienen nuevos aumentos?

El Gobierno desreguló las tarifas de internet, cable y celulares

A través de un decreto, publicado en el Boletín Oficial, se establece que las compañías tendrán "libertad de fijar sus tarifas" para "promover la competencia" en el sector. 

El Gobierno dispuso este miércoles la desregulación de las tarifas de internet, teléfonos celulares y servicios de cable. Lo hizo a través de un decreto en el que se destaca que "resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo" de esos servicios.

A través del Decreto 302/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno modifica ala Ley Argentina Digital N° 27.078, y establece que las empresas licenciatarias de servicios TIC tendrán la "libertad de fijar sus tarifas", con el objetivo de "promover la competencia" en el sector.

"El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”, señala en sus considerandos.

El Gobierno explicó que esta medida busca  "favorecer el dinamismo" del sector de las telecomunicaciones  y "generar un equilibrio competitivo sostenible"  para "asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad", algo que —argumentó— "se contrapone con la regulación tarifaria establecida" con anterioridad.

De este modo, se abren las puertas para nuevos aumentos que golpearán a los usuarios, tal como sucedió con la desregulación de la Medicina Prepaga, un sector que desde el inicio de la gestión de Javier Milei tuvo aumentos del 150 por ciento y que en los últimos días obligó al Gobierno a reconocer que a las compañías "se les fue la mano" con las subas y que arbitrará medidas para determinar si hubo cartelización por parte de las compañías del sector.

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Lo confirmó Jefatura de Gabinete

El Gobierno interviene el Enacom por decreto

Plantea que el objetivo es el "reordenamiento del organismo". El lunes se publicará la medida en el Boletín Oficial. El exvicepresidente del ente Gustavo López cuestionó la decisión al considerar que "no era necesaria" y porque "evita la participación del Parlamento en el directorio".

La Jefatura de Gabinete confirmó que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) será intervenido, decisión que se plasmará formalmente este lunes con la publicación del decreto correspondiente en el Boletín Oficial. En su cuenta de X, el Presidente Javier Milei posteó que será por 180 días y que se realizará "una auditoría de la gestión del massismo". Desde la oposición, el exvicepresidente del ente Gustavo López cuestionó la decisión  al considerar que "no era necesaria" y porque "evita la participación del Parlamento en el directorio".

"La intervención del Enacom es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo", indicó la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, al difundir la decisión y los nombres de quienes conducirán la intervención.

El interventor designado es el consultor y exempleado de Movistar, Juan Martín Ozores; y los interventores adjuntos son la abogada Patricia Roldán; y el exdirector del Enacom en la gestión del presidente Mauricio Macri, Alejandro Pereyra.

En un comunicado que acompaña el anuncio de la decisión, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Alejandro Cosentino, señaló que la intervención realizará "una auditoría del destino de los fondos públicos para promoción y fomento de la actividad en la búsqueda de un uso racional y transparente". Desde la Secretaría indicaron que se revisará toda la regulación vigente, y los diferentes procesos judiciales en los que está involucrado el organismo.

También adelantaron que "luego de la intervención, el Enacom continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado".

Entre las funciones del Enacom figura la gestión del Fondo de Servicio Universal, que se integra con un porcentaje que aportan todas las empresas del sector y que, entre otros casos, permitió la distribución de tarjetas de datos a los grupos sociales más vulnerables en la pandemia.

También financió la mejora en la cobertura y calidad del servicio de internet a una variedad de proveedores de esta red en todo el país, así como sostuvo el programa de internet en barrios vulnerables y financió la conectividad de centros de salud primario y escuelas de todo el territorio.

Reacciones

El dirigente de la Cámara de Pequeños Productores de Internet (Cappi), Jesús Gil, señaló que "al no haber autoridades por las minorías, va a permitir rever la situación de lo que ha hecho el gobierno anterior", y remarcó el apoyo de la entidad "a las medidas del Gobierno porque son pro mercado".

"Desde Catip nunca celebramos las intervenciones. Era una oportunidad para poner en el Directorio del Enacom gente idónea que pueda delinear el rumbo de las Comunicaciones en Argentina a mediano y largo plazo", aseveró por su parte el titular de la Cámara de Comunicaciones Convergentes, Franco Cecchini.

Aclaró que "de ninguna manera estamos criticando negativamente a los interventores designados. Pero sí perder la oportunidad de establecer un Ente que diagnostique el estado actual del Sector y establecer una estrategia a favor de todo el pueblo argentino".

Días atras la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) apoyó públicamente las políticas del Gobierno. Consultadas las grandes empresas del sector coincidieron en que "no tenemos aún un comentario"; mientras que entre las pymes la reacción varía entre las que anhelan que no se recorten los programas que asisten a las más chicas del mercado, y las que esperan tener una mayor participación en la mesa de discusión de las políticas para el sector.

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Será el martes 24 de octubre en el CCK

El gobierno puso fecha para la licitación del 5G

El Enacom subastará tres lotes a un precio base de 350 millones de dólares cada uno. Marcará el punto de partida para el servicio de quinta generación en las comunicaciones.

El próximo martes 24 de octubre, el Gobierno nacional concretará, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar, por lo menos, 1050 millones de dólares. Será en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Al proceso de licitación se presentaron tres empresas prestadoras - Claro, Telecom y Telefónica-, que ya presentaron las garantías de ofertas y fueron precalificadas como oferentes, por lo que el mecanismo de asignación está "muy avanzado", aseguran desde el Enacom.

El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria. En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno.

Tanto el proceso de licitación como el precio base de 350 millones de dólares por lote "se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico", indicaron fuentes oficiales. 

La aclaración del organismo es una respuesta a las críticas formuladas por referentes identificados con la oposición que cuestionaron que el pliego priorizaba lo recaudatorio. Fue durante las 33mas Jornadas Internacionales, organizadas por la Asociación Argentina de Tics, Video y Conectividad (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores (Cappsa), que referentes políticos del Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza criticaron la licitación de 5G.

Rodolfo Bianchi (LLA), Silvana Giudice (JxC) y Andres Ibarra (JxC), coincidieron en cuestionar que el Gobierno encare acciones como la subasta en el último tramo de su gestión. En lo que respecta al plano legal, la Justicia rechazó un pedido del candidato a presidente de la La Libertad Avanza, Javier Milei, para frenar la licitación de 5G.

El titular del Enacom, Claudio Ambrosini, dijo no entender "que un candidato que brega por la libertad, pida una cautelar para frenar un avance", en referencia al pedido del postulante a la presidencia por La Libertad Avanza para que la justicia frene la licitación de 5G.

En cuanto al rol del Estado en el sector de las telecomunicaciones, donde la prestación de los servicios está en manos del sector privado, el titular del Enacom insistió en la necesidad de contar con una política articulada con el sector privado para implementar programas que lleven la conectividad a todos los habitantes. En ese sentido destacó programas como Mi Pueblo Conectado que llevó conectividad a localidades de menos de 500 habitantes. 

En diálogo con diferentes medios subrayó que en el sector de las comunicaciones "el crecimiento va de la mano de los privados pero con un Estado presente, un Estado fuerte, no bobo, que acompañe y no invada", señaló .

Inicialmente, el mismo argumento fue planteado por las empresas a través la Mesa de la Industria TIC, al comparar el proceso que se lleva adelante en Argentina con el realizado en Brasil, pese a que en el país sólo se licitan frecuencias para 5G, mientras que en el vecino la subasta incluyó coberturas de 4G. 

Cuando se anunció la convocatoria, el Enacom explicó que con la nueva tecnología se podrán “conectar varios dispositivos inalámbricos a la vez para brindarles acceso a servicios de Internet y telefonía con características de velocidad y latencia muy superiores” al sistema actual. “El 5G implica un mayor ancho de banda y capacidad de datos, con un importante flujo de información, que genera una latencia, de entre 5 a 1 milisegundos, casi tiempo real”, se explicó oficialmente. "El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios", definió el Enacom.

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 Muy grave: Clarín "amenazó" a cara descubierta al directorio del ENACOM

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, aseguró que el multimedio Clarín "amenazó" con inciar "denuncias penales" al directorio del ENACOM para que "no votáramos una resolución", una acción a la que calificó como "un hecho inédito contra la función pública"

GUSTAVO LOPEZ (ENACOM): "CLARÍN NO QUIERE COMPETENCIA Y AMENAZA A LOS FUNCIONARIOS"

El vicepresidente del ENACOM explicó que "la intimación que nos hicieron, la amenaza, decía que si votábamos esa resolución nos iban a iniciar una demanda penal a cada uno de los directores por incumplimiento de la ley y por estar supuestamente en connivencia con otro para hacer un negocio desde el Estado y que íbamos a pagar con nuestro patrimonio personal los daños y perjuicios.

Es decir, el grupo comunicacional más grande de la Argentina le está diciendo a cada uno de los directores del ENACOM “vamos a ir contra tu patrimonio por esto que vos vas a votar y vamos a tratar de darte de 1 a 6 años de prisión” de algo que todavía no había ocurrido”. En diálogo con Ari Lijalad y el equipo de #HabráConsecuencias por #ElDestapeRadio

NUEVO FALLO - La justicia les pertenece: el grupo Clarín (Telecom - Cablevisión y otros) podrá cobrar lo que quiera

- "Clarín nos mandó una carta documento a cada uno de los directores advirtiéndonos que no votáramos una resolución, que íbamos a votar el jueves de la semana pasada y que finalmente votamos, sobre el operador móvil virtual a favor de Telecentro”.

- "Clarín nos mandó una carta documento que es una amenaza. Nos dice que nos hará una denuncia penal y civil"

JUSTICA A LA CARTA - La justicia prorrogó la cautelar a Clarín(Telecom) contra el decreto que declara la telefonía e internet como servicio público

- "Clarín nos dice que si votábamos algo iba a ir contra nuestro patrimonio y por meternos de 1 a 6 años preso"

- "Es como si Clarín le mandara una carta documento a todos los diputados y senadores para que no voten algo que no quiere"

- “Nos amenazaron porque va a haber un nuevo operador de telefonía celular"

AUDIO:

En Orsai

El Gobierno revisará impugnaciones a la fusión Telecom-Cablevisión

Es a partir de impugnaciones a la fusión del holding de Magnetto ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y en sede Judicial. La Oficina Anticorrupción también analiza el rol de los funcionarios que la avalaron, protegidos en su momento por Laura Alonso.

Ari Lijalad

El Gobierno se presentó en una causa judicial donde fue impugnada la fusión Telecom-Cablevisión y pidió más tiempo para analizarla y plantear su posición. Lo hizo el lunes, el día que se le vencía el plazo para contestar. La fusión Telecom-Cablevisión ya funciona de hecho pese a las impugnaciones que siguen vigentes en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y en sede Judicial, pero desde la Secretaria de Comercio Interior que comanda Roberto Feletti revisarán esta herencia que dejó el macrismo: una mega corporación que concentra el mercado de las telecomunicaciones bajo la batuta de Héctor Magnetto.

Hay un dato no menor: buena parte de la impugnación se basa en que el ex presidente de la CNDC Esteban Greco y la ex vocal Roberta Bidart, que avalaron la fusión, tuvieron consultoras donde Telecom y Cablevisión eran sus clientes. El caso de Greco fue denunciado ante la Oficina Anticorrupción, donde Laura “técnicamente no es delito” Alonso reconoció el vínculo previo pero dictaminó que no pasaba nada. El de Bidart fue denunciado hace poco. La actual gestión de la Oficina Anticorrupción esta analizando el caso y juntando pruebas.

La fusión Telecom-Cablevisión no estaba en la agenda de Feletti, que en su desembarco en la Secretaría de Comercio Interior puso como razonable prioridad el control de los precios de los alimentos y productos de higiene y limpieza y ahora los medicamentos. Pero con apenas unas semanas en el cargo se topó con un vencimiento judicial que tenía fecha del 8 de noviembre, el lunes. Era un plazo de 60 días que le dio el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del juzgado Civil y Comercial Federal 3, para que conteste una demanda presentada por la abogada Liliana Zabala, que patrocina a un grupo de trabajadores de Telecom.

Como la fusión fue impugnada tanto en sede judicial como ante la CNDC los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo -en cuya órbita está la Secretaría de Comercio Interior y la CNDC- presentaron un pedido de excepción por falta de agotamiento de la vía administrativa. En criollo: pidieron más tiempo mientras resuelven la impugnación en la CNDC, que funciona de manera desconcentrada pero bajo su órbita.

En el organigrama la CNDC figura debajo de la Secretaria de Comercio Interior pero en los hechos funciona de manera desconcentrada y la cuestión jurídica la llevan los abogados del Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas. Ahora se les abren varios caminos. Por un lado, analizar la impugnación a la fusión Telecom-Cablevisión que cursa en la CNDC. Es una situación compleja, ya que el mismo organismo la validó durante la gestión Macri. Por otro lado, y en función de lo que resuelva la actual CNDC, el Estado tiene que dar una respuesta en sede judicial, donde puede desde avalar la fusión hasta acompañar el reclamo de la impugnación.

Estas impugnaciones a la fusión Telecom-Cablevisión tanto en sede judicial como ante la CNDC las presentó la abogada Zabala, que patrocina a trabajadores de Telecom. Estos reclaman por su participación en las ganancias de Telecom desde la privatización de Entel. ¿Qué plantea la impugnación? Que “se prohiba la fusión Cablevisión-Telecom por haber sido autorizada por una autoridad incompetente, en contra de legislación vigente y afectando derechos de los consumidores y competidores”. Sostiene además que durante el gobierno de Mauricio Macri los funcionarios que validaron la fusión desde la CNDC violaron la ley de Ética Pública. Se trata de Esteban Greco y Roberta Bidart, presidente y vocal de la CNDC durante la gestión Macri.

Greco trabajó en GPR Economía SA antes de asumir como presidente de la CNDC. La ex titular de la Oficina Anticorrupción, “técnicamente no es delito” Alonso, firmó un dictamen donde dijo que Greco no violó la ley de Ética Pública “toda vez que resulta razonable sostener que desconocía el asesoramiento brindado por GPR Economía S.A. a una de las partes”. La consultora de la que Greco era socio tuvo como clientes a Cablevisión, Telecom y el Grupo Clarín.

La propia “técnicamente no es delito” Alonso reconoce en su dictamen que “el Lic. GRECO asesoró a TELECOM en marzo de 2014 (a través de GPR), en el procedimiento de fusión con la firma FINTECH”. Pero a continuación, en el mismo párrafo, Alonso escribió: “Esa vinculación con TELECOM tornó operativo un deber de abstención respecto de la empresa (en virtud del cual el Lic. GRECO se ha abstenido de intervenir en otras actuaciones), y que subsistió hasta marzo de 2017 (al cumplirse tres años de la última prestación de servicios informada por GPR) pero no se encontraba vigente durante el trámite de la fusión que aquí se analiza, el que comenzó en septiembre de 2017”. O sea, para salvar a Greco alegó que cuando firmó el aval a la fusión de su ex cliente ya habían pasado 3 años desde que dejó la consultora. Como si el entonces presidente de la CNDC recién se hubiera enterado del expediente de fusión Telecom-Cablevisión cuando se lo pusieron arriba del escritorio para la firma.

En el caso de Bidart, ex vocal de la CNDC, firmó a favor de la fusión pese a que había trabajado en la consultora GPR SA, que también tuvo como clientes a Cablevisión y Telecom.

Ambos casos están bajo análisis e investigación de la actual gestión de la Oficina Anticorrupción.

El Destape

 

Con Clarín a la cabeza, las empresas de telecomunicación dispararon las tarifas

Las grandes empresas dedicadas a la telecomunicación aumentaron las tarifas hasta un triple del valor autorizado por el Enacom. Mientras tanto, el Gobierno tiene en vista un proyecto de ley para regular el servicio.

Rodrigo Nuñez

Con el guiño del poder judicial, el Grupo Clarín y el resto de las grandes empresas dedicadas a la telecomunicación aumentaron las tarifas hasta un triple del valor autorizado por el Ente Nacional de Comunicación (Enacom). Mientras tanto, el Gobierno tiene en vista un proyecto de ley que refuerza el espíritu del decreto que declaró público al servicio en 2020 para evitar trabas judiciales.

De acuerdo a un informe al que accedió El Destape, en lo que va del año, las empresas se aprovecharon de la medida cautelar que otorgó el poder judicial para aplicaron aumentos que hasta casi triplican las subas que autorizó el Enacom. Tanto las tarifas de televisión paga, el servicio de internet y la telefonía móvil muestran la voracidad de las compañías contra los usuarios.

Por ejemplo, para el servicio móvil postpago, el organismo autorizó incrementos del 21%, pero Claro aumentó un 45%, Movistar un 44% y Personal un 49%. Los paquetes que representan el plan prepago son más diversos pero las subas que fijaron las firmas fueron igualmente altos y llegaron hasta un 50%. Asimismo, para el servicio móvil mixto, Claro aumentó la tarifa un 33%, Movistar un 44% y Personal un 49%.

En cambio, para el servicio básico telefónico, Enacom autorizó un incremento del 16%. Sin embargo, Telefónica subió la tarifa un 44% y Telecom un 27%.

Respecto al servicio de Internet al hogar, las autoridades habían estipulado una suba anual del 19%, pero los prestadores siguieron otros planes. En detalle, Claro elevó el costo de la tarifa un 53%, Telefónica un 41% y Telecom un 43%.

Por último, el Enacom había autorizado un incremento del 16% para la televisión paga. Mientras Telecentro aplicó un aumento del 10%, DirecTV lo hizo en un 19% y Cablevisión fue hacia un extremo: elevó el precio un 43%.

La Justicia al servicio de las empresas

El Grupo Clarín seguirá al menos 6 meses más con las tarifas de cable, internet y celular sin límites. Héctor Magnetto y sus socios obtuvieron una prórroga de la medida cautelar que suspende la aplicación del decreto del presidente Alberto Fernández que declaró a las telecomunicaciones como servicio público esencial, lo que habilita al Estado a fijar límites en las tarifas. 

Este nuevo favor a Clarín llega a través de una resolución que beneficia a Telecom, la firma del Grupo que agrupa sus negocios en las telecomunicaciones. Prorroga por 6 meses la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de mayo pasado, que le otorgó una medida cautelar a Telecom con las firmas de los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. La jueza María Claudia Caputi votó en disidencia. La propia empresa informó esta resolución que los beneficia a la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

El decreto suspendido por estos jueces es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cuál el Gobierno estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El organismo a cargo de autorizar los aumentos de precios es el Enacom, que apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, que aún no se expidió

Del decreto al Congreso

El Senado inició un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar a las telecomunicaciones como servicios públicos, los cuales fueron unificados en un texto escrito por el legislador del Frente de Todos, Alfredo Luenzo. La comisión que trata esta idea se encuentra en cuarto intermedio y, según pudo averiguar este medio, se espera que luego de las elecciones se lleve a cabo una reunión para obtener el dictamen. 

Dependiendo de las consecuencias que pueda desencadenar la elección general del 14 de noviembre, quedará en el Gobierno la ambición de avanzar -o no- de cara al tramo final de las sesiones legislativas de este año o postergar el proyecto hasta 2022.

Qué propone el proyecto

Según pudo averiguar este medio, a través de la ley "se busca establecer con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de transporte y distribución de manera que la influencia en uno de esos mercados no genere prácticas que impliquen distorsiones en el otro". En la ejecución, se "garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". 

Por otra parte, también se prevé un Plan Nacional de Conectividad. El objetivo será alcanzar mecanismos de evaluación de los mismos con respecto a la disponibilidad de estos servicios, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. El plan deberá actualizarse sucesivamente en un período no mayor a dos años

"Los licenciatarios y las licenciatarias de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", señala el borrador que circula en el Congreso. A su vez, se estipula que "podrán establecerse a título precario exenciones o reducciones de tasas, tarifas y gravámenes" por motivos puntuales que tengan en cuenta a aquellos prestadores que brinden acceso a contenidos educativos y de salud.

Desde los sectores asociados a los usuarios de estos servicios afirman que hay modelos que se pueden asumir en nuestro país para determinados temas. El servicio publico esencial ya existe en Costa Rica, Venezuela, Dinamarca, Finlandia, Francia, Estados Unidos y Canadá.

El Destape

 

El Gobierno busca frenar los aumentos de Telecom, DirecTv y Telecentro en el Congreso y los tribunales

Tanto por vía judicial como en la legislativa, se intensifican las reuniones para avanzar en un esquema que proteja, definitivamente, el bolsillo de los usuarios que hoy reciben facturas con subas por encima de lo fijado por ley.

Rodrigo Nuñez

Mientras las empresas líderes del mercado en telecomunicaciones suben las tarifas por encima de lo permitido por el amparo en las mieles del poder judicial, en el Gobierno piensan cómo derribar las trabas jurídicas que impiden el pleno funcionamiento del DNU 690 que vino a regular el mercado. Tanto por vía judicial como en la legislativa, se intensifican las reuniones para avanzar en un esquema que proteja, definitivamente, el bolsillo de los usuarios.

A mediados de junio, las compañías consiguieron el aval para aumentar las tarifas sin ningún tipo de control. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la medida cautelar que pidieron de forma conjunta las empresas Telecentro y DirecTV contra el DNU 690/2020, que declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Ya a principios de mayo había ocurrido lo mismo pero con Telecom Argentina como protagonista, cuando la misma Sala, con voto mayoritario, le dio la razón a la compañía ante un recurso de apelación y dictó una medida cautelar a su favor que suspendió los artículos 1 al 6 del mismo DNU.

En la provincia de Córdoba, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) con unos 500 operadores nucleados, tiene vigente otra cautelar y así mantienen la potestad para fijar los precios. Lo que dice el Poder Ejecutivo, a través del DNU, es que "el derecho de acceso a internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión".

n esa línea, ejemplificó que "la ONU ha expresado en diversos documentos la relevancia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo de una sociedad más igualitaria y la importancia de que a todas las personas les sea garantizado su acceso a las mismas". Desde el Enacom interpusieron un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema contra este fallo (de la misma manera que ya lo hicieron contra el aval a Telecom) y "continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias". 

Según pudo averiguar El Destape, desde ese momento, las facturas de las empresas mencionadas efectivamente registraron subas por encima de lo autorizado. Con el amparo judicial, el Enacom no puede obligar a cobrar con un precio más bajo ni aplicar sanciones, por lo cual el usuario se encuentra desprotegido. 

Sin embargo, desde el Gobierno evalúan utilizar otros mecanismos judiciales que se definirán con Procuración del Tesoro, como acelerar el fallo de la Corte o conseguir un fallo contrario que ponga en contradicción al fallo de la Sala II. Cabe mencionar que a principios de septiembre, la Justicia Federal rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la empresa Telefónica al DNU. El fallo de la titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, María Alejandra Biotti, afirmó la validez del DNU, ya que había sido ratificado por el Senado, y sostuvo que "no se cumple con la acreditación de la existencia de un daño que pudiera producirse du­rante el transcurso de la causa" la no aplicación de la norma.

"La declaración de inconstitucionalidad de una norma -aseguró el fallo- es un acto de suma gravedad institucional que debe ser visto como ultima ratio del ordenamiento jurídico", y que debe "ser fundado sobre la base del perjuicio que la disposición le acarrea a la generalidad de las personas, mas no de aquél que sólo se proyecta sobre algunas de ellas". Aún así, la vía de resolución también se busca dirimir en el terreno netamente político.

La lucha por las telecomunicaciones en el Senado

Esta semana, el Senado inició un debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos, en una audiencia que se realizó sin la presencia de la oposición, en el marco de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) desistió de participar de la reunión por considerar que las audiencias deben realizarse de manera presencial y no virtual, según lo manifestaron en una carta enviada a la presidencia del Senado. Las propuestas que se discutieron durante una videoconferencia son seis textos elaborados por los legisladores del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, Daniel Lovera (La Pampa), Antonio Rodas (Chaco) y Silvia Sapag (Neuquén) y de los opositores Juan Carlos Marino (La Pampa) y Gladys González (Buenos Aires).

Uno de los motivos del debate legislativo es blindar al DNU de una eventual judicialización eterna y brindar mayor músculo político a la medida. Durante su participación, Gustavo López, vicepresidente del Enacom, subrayó que se trata de proveer "un instrumento legal" que complemente otras normas como la regulación de las plataformas de internet. El Estado busca que el acceso de la comunicación sea para "todo el mundo" bajo la premisa de que "la idea del derecho humano básico no debería discutirse", indicó.

El Destape