Entre 1976 y 2001 se aplicaron en la Argentina políticas económicas que redujeron de manera drástica la oferta de bienes públicos con alcance nacional, lo que afectó su acceso y provocó una disminución del bienestar de la población. Esta escasez, asociada a la mercantilización de la vida, trajo consigo un agravamiento de la diferenciación social que es uno de los factores del estancamiento económico como sucede en la mayor parte de los países de la periferia capitalista, y, como señaló oportunamente el profesor Julio H. G. Olivera, una de las causas de la inflación.
El aspecto más relevante e indiscutido es que los servicios públicos en Argentina en los '60 eran superiores en alcance a los de España, Portugal o Grecia y de un nivel similar a los de Italia, como lo eran también los indicadores sociales relevados e informados por las Naciones Unidas en materia de alfabetización, vivienda, salud.
En 2001 esa ventaja había desparecido: los países citados habían avanzado y, en cambio, la Argentina mostraba haber retrocedido en términos absolutos. La destrucción de los ferrocarriles, el levantamiento de ramales, el cierre de talleres y estaciones, y las tercerizaciones de operaciones a ella asociada, el debilitamiento y la fragmentación y el desfinanciamiento de los sistemas de salud y de educación pública, la decadencia de los salarios de docentes e investigadores, y el retroceso de los avances de la economía centrada en el Bienestar, son los resultados de esa evolución.
Al indagar acerca de los servicios públicos se tienen cuatro tipos:
1. Los que son una regalía del Estado: la defensa, la justicia y la seguridad.
2. Los servicios públicos de la Economía del Bienestar: la educación, la salud, la acción social (seguros de desempleo, el ingreso mínimo vital y móvil, los derechos de la ancianidad, la política materno infantil, la cultura.
3. Los servicios públicos de red: el correo postal, los transportes, la electricidad, el gas, las telecomunicaciones, el agua potable y saneamiento, las infraestructuras de caminos rurales y urbanos periféricos, diques, puertos, fibra óptica-internet.
4. Los servicios públicos locales, como el alumbrado, la recolección de residuos, la limpieza y la bromatología.
Ineficacia global
Economistas ortodoxos han afirmado recurrentemente que hay un antagonismo entre el sector público y el sector privado siguiendo los criterios de la corriente inaugurada por la Sociedad de Mont Pelerin, los de pensadores como Milton Friedman y los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.
Han impuesto la privatización de amplias áreas del sector público, restringiendo el acceso de la población a los servicios básicos como derechos humanos, transformándolos en mercancías transables. Creando con frecuencia, como resultado adicional, focos muy importantes de corrupción en los procesos de concesionamiento monopólico, producto de la falta de control de calidad y alcance de los servicios que se prestan, patrocinando así una ineficacia global del sistema.
Además, el desincentivo a la innovación tecnológica, a la mejora continua de los procesos y la renovación del equipamiento involucrado en las prestaciones, llevando a que las operaciones supongan fallas y costos crecientes, provocando el malestar de los usuarios, cuando no el corte de los servicios.
John Maynard Keynes explicó en el Capítulo XII parágrafo VII de la Teoría General que “cuando el Estado realiza una inversión, no oculta que lo hace en base a la presunción general de las ventajas sociales que pueden esperarse, sin preocuparse en saber si la previsión matemática de su rendimiento es superior a la tasa de interés monetaria”, entre otras razones porque nadie saber hacer ese cálculo.
Paul Samuelson en los '50 señaló que un bien podía considerarse como un bien público “si no hay una rivalidad por su utilización, lo cual haga imposible fijar el precio, y si la utilización del mismo no excluye el acceso a otro agente económico”. El mejor ejemplo es el alumbrado publico o la defensa: los agentes económicos se benefician de esos bienes y servicios aun en el caso en que no lo deseen.
Adam Smith, por su parte, en el Libro V de La Riqueza de las Naciones, publicado en su primera edición en 1776 en los tiempos de la primera Revolución Industrial en Inglaterra, consideró que los bienes públicos “aumentan los ingresos del soberano”, el Estado, porque permiten incrementar la actividad económica y por ende la recaudación impositiva, y “rinden” mucho más de lo que cuestan. Vale decir que los servicios públicos son el esqueleto del sistema económico y un factor primordial del crecimiento. Y el concepto del “servicio publico” implica que cada ciudadano que se encuentra donde sea en el territorio nacional tenga acceso al mismo a un costo razonable y de manera continuada, y satisfaga sus necesidades como parte de sus derechos. Ello estimula que los agentes económicos de la producción y el comercio, y las familias, puedan desarrollar distintas actividades, las que generan a su vez nuevos empleos e ingresos y movilizan nuevos rubros en la economía.
Monopolios
Los economistas de la corriente conservadora no están de acuerdo con la mayor parte de los conceptos señalados, sin que ello implique que tengan una proposición alternativa, ya que, en su Teoría del Equilibrio General, León Walras excluía del sistema la agricultura, la minería y los servicios públicos. Esto lo obliga a considerar los bienes públicos como si fueran bienes privados, aunque no posean los atributos y propiedades que permiten que sean considerados como tales, en particular porque en su mayoría se trata del producto del funcionamiento de monopolios que, como la teoría ortodoxa lo admite sin ambigüedad, tienen un precio indeterminado.
El funcionamiento de un mercado que provea servicios públicos, aun en el caso poco probable en que existiera una situación de competencia, no permite que estos sean producidos en cantidad, en calidad y a un precio de manera satisfactoria. Como los servicios públicos son indispensables y presentan un interés particular para la colectividad, ningún agente privado tiene interés de asumir su producción si esto supone como condición que lo sean a un precio accesible, ya que este puede no garantizarle una “rentabilidad normal”.
Los economistas ortodoxos han sostenido que no es conveniente que el precio o la tarifa del bien o del servicio sea tan baja como para garantizar la accesibilidad al público, pero que implique un déficit que deba ser provisto por el conjunto de los habitantes, tratando de esquivar la explicación que sostiene que son los mismos ciudadanos los que utilizan el servicio y pagan los impuestos.
Sin embargo en Argentina, entre 1976 y 2001, se procedió a una privatización en masa de los bienes públicos y esta orientación trató de ser retomada durante el gobierno de Cambiemos, como lo muestra el intento de debilitar Aerolíneas Argentinas, aunque se conocieran los desastrosos y nefastos resultados del pasado.
Competencia
La microeconomía supone que la competencia, que muy raramente es perfecta, es la única o la mejor forma de organización de la producción y distribución de bienes, pero los servicios públicos no pueden ser analizados con sus instrumentos porque como su nombre lo indica se trata del microcosmo empresarial y no de las magnitudes nacionales, lo cual impide que se perciba la sinergia macroeconómica.
Esto implica la paradoja según la cual la rentabilidad microeconómica conlleve a déficit macroeconómicos, y que la optimización macroeconómica implique un déficit de algunas unidades del conjunto. Los casos más clásicos son la Defensa o la Justicia, pero también las externalidades o las economías de escala. Pero un costo superior no implica la inutilidad del servicio público, ya que los bienes y servicios producidos en la economía del bienestar son indispensables, y en caso de no existir provocarían gastos individuales superiores a los que existen cuando son colectivos.
El análisis económico permite indicar entonces que el déficit en la oferta global de los servicios públicos constituye una fuente de atraso. Y la imposición de tarifas excesivas para contemplar la rentabilidad microeconómica constituyen un factor de estancamiento económico a largo plazo, un elemento generador de inflación y ,por supuesto, un factor de restricción de los derechos humanos.
Redes
La inmensa mayoría de los servicios públicos se asocian a monopolios naturales o economías de redes: la electricidad, el gas, el agua corriente, las cloacas, los subterráneos, los ferrocarriles, el teléfono, los puertos, la red vial, Internet. Son redes únicas debido al imponente monto de capital fijo que exige su existencia, lo que hace imposible que exista la competencia.
Se debe citar la importancia que tiene para todos los ciudadanos y para el sistema económico el hecho de que el servicio sea colectivo. Otro aspecto es que dichas redes se encuentran en el espacio público que es propiedad del Estado. Todo esto hace que contrariamente a lo que afirma el discurso económico neoliberal el precio deba ser fijado por el Estado y no deben, en ningún caso, generar beneficios, ya que estos serían asimilables a un impuesto.
Un caso específico por su actualidad es el servicio de telefonía e Internet que aparece como paradigma moderno de la importancia de los servicios públicos de red, ya que su accesibilidad es una garantía de inclusión social. La falta de inversiones que limitan la cobertura de los territorios o la discriminación a su acceso vía el precio son factores de segregación y promueven la dualidad social y traban el desarrollo económico.
Las gestiones de la vida diaria, la educación, las actividades económicas, comerciales, de servicios o industriales que pueden desenvolverse con la ayuda de las nuevas tecnologías, son actividades que se potencian con Internet
Costos
Los economistas ortodoxos sostienen que se debe pagar el costo, incluso si se excluye con ello a una cierta cantidad de usuarios, sin calcular cuál es el costo de esa exclusión. Es fácil comprender que un recorte de la red de transportes excluye una parte de la población que no puede llegar a su lugar de trabajo y lleva a una disminución de la tasa de ocupación.
Este enfoque es una posición extremista ya que la exclusión de usuarios vía el precio, por ejemplo, de la provisión de agua potable vía redes, del sistema de cloacas o de los servicios bromatológicos puede generar epidemias cuyo costo sería muy superior al beneficio esperado por el incremento del precio. Sin embargo, una parte de la población condicionada en su comprensión por el discurso dominante ha considerado que el alucinante incremento de las tarifas de los servicios públicos aplicado por el gobierno de Cambiemos para “sincerarlas” y “pagar lo que valen” era inevitable, aunque el precio del kilowatt/hora residencial en el país fuera superior al pagado en Francia, y amplios sectores sociales debieran optar por comer, comprar medicamentos o encender la calefacción.
Los servicios públicos son un factor de desarrollo y crecimiento económico ya que es imposible imaginar el funcionamiento de la economía sin servicios públicos o la producción de bienes sin carreteras, puentes, puertos. Como lo señalaba Adam Smith, preclaro hombre del liberalismo económico dotado de una comprensión integral del funcionamiento económico y, en particular, de los mercados de los bienes y servicios que satisfacen necesidades del conjunto social, estos deben ser administrados por el Estado y deben tener precios que los hagan accesibles.
Demanda
Economistas neoliberales han avanzado en privatizar servicios públicos pero desde una perspectiva claramente distinta, ya que son una fuente inagotable de ganancias fáciles, en tanto son imprescindibles al funcionamiento de la economía pero además porque son monopolios cuyo precio es indeterminado. Pero sobre todo porque tienen consumidores cautivos. Queda claro que si son concesionados al sector privado deben ser regulados por el Estado.
Los servicios públicos tienen además un rol fundamental en la composición de la demanda global porque influyen en el gasto de los hogares y de las empresas privadas. Cuando los trabajadores cobran su salario ya han gastado un parte del mismo, en lo que se denomina en economía los “gastos obligatorios”.
Según los estudios del Observatorio Económico de la Universidad Nacional de Avellaneda, el peso de los servicios públicos con respecto al salario mínimo pasó del 6,1 por ciento en 2015 al 26,0 por ciento en enero de 2019.
Este incremento se dio a pesar de una disminución del volumen utilizado, de la baja del salario real y del aumento de las tarifas. En ese sentido, el 80 por ciento de la población gasta el 100 por ciento de su ingreso en los bienes de “gastos obligatorios” y los bienes en los que puede mediar, pero tampoco puede renunciar, como son los alimentos o la indumentaria, lo cual lleva a excluir toda una gama de otros bienes como el equipamiento doméstico, la cultura, las vacaciones, el esparcimiento, que tienen una demanda dinámica. A ello hay que agregar el endeudamiento previo, producto de la estrechez en las decisiones de consumo.
La problemática del crecimiento económico y su relación con los servicios públicos presenta lo siguiente: la necesidad de estructurar la provisión de los mismos de manera eficaz y centralizada para enlazar la racionalidad económica de recursos limitados con la satisfacción de las necesidades. La centralización de la provisión de servicios en empresas del Estado es la garantía para proveer el mejor servicio al mejor precio, y esto tanto en los llamados servicios públicos de redes, como en los comprendidos en la economía del Bienestar. Esto permite asegurar la calidad de los servicios públicos, que los mismos sean un factor de inclusión social y que su funcionamiento ejerza un rol dinámico en el crecimiento económico.
* Economista. Diputada Nacional del Frente de Todos por Río Negro.
** Doctor en Ciencias Económicas de la Université de Paris. bruno.susani@wanadoo.fr
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