La Cámara Nacional de Casación Penal dará a conocer a las 12, en una audiencia que será pública y trasmitida en directo para aquellos canales de televisión interesados, si avala o no la extracción no consentida de muestras de sangre, saliva o cabello a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para determinar si fueron apropiados durante la última dictadura militar. "Pedimos que nos acompañen en nuestro reclamo de verdad y justicia", convocaron las Abuelas de Plaza de Mayo a asistir a la audiencia.
Los camaristas Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci, con la intervención de la secretaria Sol Deboli, deberán resolver si avalan o no la decisión de tomar pequeñas muestras de sangre, saliva o cabellos a Felipe y Marcela "con o sin su consentimiento" para obtener un ADN y entrecruzarlo con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand que pertenecen a familias en busca de recién nacidos apropiados en centros clandestinos de detención. Aunque la decisión aún puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución fue emitida en diciembre pasado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y ratificada por la Cámara Federal de San Martín, pero llegó a Casación ante la negativa de ambos hermanos de entregar las muestras para analizarlas en el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Según ratificaron sus abogados el jueves pasado, Felipe y Marcela se niegan a que las muestras sean entrecruzadas con la totalidad de las almacenadas en el banco y sólo aceptan el testeo con las de dos familias querellantes en la causa desde su inicio. Pero la Justicia determinó que debe ampliarse el objeto procesal con miras a determinar en general la posiblidad de que hayan sido apropiados, según requirió Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa.
En la audiencia del jueves último, la medida de Arroyo Salgado fue respaldada por la fiscalía ante Casación, a cargo de Raúl Plee, quien sostuvo que debe rechazarse la apelación de los jóvenes en sintonía con Abuelas de Plaza de Mayo y Pablo Llonto, abogado de una de las familias querellantes. La causa penal se abrió hace diez años con la denuncia de Estela de Carlotto ante el entonces juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich.
La audiencia se desarrollará en el edificio de Comodoro Py 2002, Sala AMIA (subsuelo) y no se necesita acreditación previa, excepto para los medios audiovisuales.
Me lo contó: Página 12
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